La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, ha comenzado pasadas las 17.00 horas, tras recibir el jefe Ejecutivo al mandatario catalán arriba de la escalinata de entrada al Palacio de la Moncloa.

Tras bajar Aragonés de su coche oficial, y subir las escaleras hasta donde le estaba esperando Sánchez, el presidente del Gobierno le ha saludado con el gesto de la mano en el pecho. Por su parte, Aragonés no ha realizado en ese momento ningún gesto visible.

Después, ambos han posado ante los fotógrafos a las puertas de Moncloa, a un metro de distancia el uno del otro y con dos banderas españolas y dos catalanas tras ellos, antes de dirigirse al interior del edificio, sin apenas hablar entre ellos.

El presidente catalán ha mantenido para su encuentro con Sánchez el pin de una flor amarilla que siempre lleva en la solapa, en señal de apoyo a los condenados por organizar el procés –que ya están fuera de la cárcel tras haber sido indultados hace una semana por el Gobierno–, y a los dirigentes independentistas que huyeron al extranjero.

Sánchez y Aragonés se reúnen este martes por primera vez y con el objetivo de sentar las bases de la nueva etapa de diálogo que quieren abrir para solucionar el denominado conflicto catalán; una cita a la que el Ejecutivo central y el catalán llegan desde posiciones alejadas –y con discrepancias incluso dentro de lado independentista entre ERC y Junts–.

Mientras que Aragonés volverá a defender el referéndum de autodeterminación y la amnistía, Sánchez ya ha dejado claro que no va a aceptar nada que quebrante la legalidad. En todo caso, el primer reto que abordarán este martes será decidir cómo y cuándo retomar la mesa de diálogo que servirá para dar cauce a este nuevo intento de negociación.

UNA SEMANA DESPUÉS DE LOS INDULTOS

El encuentro de este martes se produce justo una semana después de que el Gobierno concediera los indultos a los organizadores del procés que seguían en la cárcel, como un «claro» gesto «a favor del diálogo», en palabras de Sánchez, para «pasar página» y buscar una solución al conflicto.

No obstante, los organizadores del procés todavía están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas, por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Y precisamente este martes por la mañana está previsto que un total de 42 ex altos cargos independentistas conozcan la reclamación que les hace este órgano.

El abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que llevará la causa del Tribunal de Cuentas ante «la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica o del tipo que sea».

En declaraciones, Boye ha instado a esperar qué resuelve el tribunal al terminar la vista en la que fija la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos en las delegaciones del Govern en el extranjero: «De momento el tribunal solo ha hecho papeles. Si va a entrar en bienes y efectos de Puigdemont, eso ya es otra cosa».

«Si alguien me mete la mano en la cartera, creo que es claro lo que está haciendo», ha dicho al preguntársele por qué presuntos delitos podría empezar el procedimiento judicial en Bélgica, donde Puigdemont tiene fijada su residencia y donde podría afectarle un posible embargo.

Este martes, el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer Puigdemont por el presunto desvío de fondos para las delegaciones del Govern en el extranjero y al Diplocat.

Boye ha advertido de que los actos judiciales en España pueden tener consecuencias en otras jurisdicciones y ha afirmado que el equipo de la defensa de Puigdemont va a reaccionar a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas, y ha tachado de «espectáculo humillante, abusivo, inquisitorial y absolutamente tendencioso» la vista que ha empezado este martes por la mañana.

SIN SUPLICATORIO AL EUROPARLAMENTO

Boye ha explicado que ha advertido a la instructora del caso que no había pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo para procesar a Puigdemont a pesar de tener inmunidad como eurodiputado: «Se lo he dicho claramente y ha dicho que no lo necesita», ha asegurado.

El abogado ha avisado de que «esto también es una situación que excede el ámbito hispánico y traspasa los Pirineos, pero es una decisión de ella», y ha explicado que este asunto sería competencia de la Eurocámara y del Tribunal General de la UE.

«Hay cuatro o cinco posibles vías. Las tenemos estudiadas en función de lo que ella haga», y ha tachado de inseguridad jurídica la forma en que se está desplegando el procedimiento.

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) ha hecho entrega este mediodía de las Banderas Q y «Safe Tourism Certified» a un total de 324 playas españolas de 98 municipios costeros españoles y a 36 instalaciones náutico-deportivas.

El acto, que ha tenido lugar este martes, ha estado presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente del ICTE, Miguel Mirones.

En lo que a Banderas Q se refiere, que certifican la calidad de los servicios prestados, se han entregado 254 a las playas y 24 a instalaciones náutico-deportivas de 98 ayuntamientos de toda la España costera.

Asimismo, los ayuntamientos han certificado un total de 165 playas y 17 puertos deportivos con el sello «Safe Tourism Certified», creado por el ICTE para garantizar el cumplimiento del protocolo de prevención de riesgos frente al Covid-19.

Durante el evento, Reyes Maroto ha destacado el compromiso colectivo por la calidad y la seguridad turística del ICTE y ha subrayado que su búsqueda constante de la calidad y seguridad en el destino es «un ejemplo que debe marcar la hoja de ruta recuperar el turismo».

ANDALUCÍA LIDERA AMBOS RANKING

La lista de Banderas la lidera Andalucía con 131 playas certificadas, seguida por la Comunidad Valenciana con 51, la Región de Murcia con 23, Galicia con 19, Islas Baleares con 15, las mismas que Cataluña. Cantabria con 11, Asturias con tres, Ceuta con dos y Euskadi y Canarias cierran la lista con una cada una.

En cuanto al sello «Safe Tourism Certified», Andalucía también ocupa la primera posición con 89 playas certificadas, seguida por la Región de Murcia con 20, la Comunidad Valenciana con 17 e Islas Baleares con 16 y Cataluña con nueve.

En el caso de los puertos deportivos, Galicia se sitúa en primera posición con 14, seguida por la Comunidad Valenciana con cuatro, los mismos que Baleares y Andalucía con dos.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha reclamado este martes que las universidades cuenten con la «financiación necesaria» pero también con una «legislación valiente».

«Pedimos la palabra en la toma de decisiones. Queremos que se escuche a la Universidad. No escondan a la Universidad», ha reclamado durante su discurso en su toma de posesión en el campus de Móstoles, y a la que ha asistido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, ha trasladado a sus compañeros que no vale pedir a los demás que tengan en cuenta a la Universidad sino que les ha instado a ser «valientes» a la hora de pronunciarse porque cree que deben «correr riesgos». En este sentido, ha hecho un llamamiento a que se diga lo que piensan sobre las 17 EBAu, sobre el diseño curricular de los grados o sobre el modelo constitucional.

«Debemos abandonar la comodidad de quienes hacemos un trabajo que nos gusta y nos apasiona. Debemos a esta sociedad que nos financia con sus impuestos la valentía de darles voz y respuesta a sus problemas», ha manifestado.

Asimismo, ha pedido trabajar por mejorar el futuro, luchar por la equidad y por no permitir que la Universidad «sea un negocio». «Es de un derecho fundamental, pero solo garantizaremos este derecho si es de calidad, el resto es un engaño», ha dicho. Para el rector, no se trata de pedir a la sociedad que les soporte económicamente sino de garantizar que van a dejar lo mejor en ellas. «La Universidad aislada no es Universidad», ha apostillado.

REDES DE INTEGRACIÓN

Por otro lado, ha hecho hincapié en que el futuro de las universidades no tiene otra alternativa que ser «transnacional» y por ello es necesario trabajar «en sólidas redes de integración que establezcan campus conjuntos en los que la formación sea de manera híbrida y donde la cooperación sea un requisito previo para el aprendizaje».

«Europa y sus universidades no pueden renunciar al liderazgo de la ciencia ni de los valores de libertad y justicia», ha declarado, al tiempo que ha subrayado que considera que España tiene «un papel principal» en la construcción de este continente pero también de nexo con Iberoamérica y África.

En este sentido, ha sostenido que las universidades españolas tienen un papel protagonista en la próxima década. Ramos ha incidido en que en el mundo hay más de 25.000 universidades y la probabilidad de que una persona nacida en España acabe estudiando en una de las mil mejores universidades es la tercera más alta del mundo.

«La URJC consiguió estar en este selecto club hace dos años. Conseguido este gran logro, nuestro nivel de ambición y el de profesores y resto de personal de la URJC ha dado un paso decidido al frente. No nos conformamos. Anunciamos hoy un nuevo nivel de ambición para nuestra Universidad: queremos servir más y mejor a nuestro entorno», ha declarado.

AYUSO LE DA LA ENHORABUENA POR SU TRABAJO

Por su parte, al tomar la palabra tras el rector, la presidenta de la Comunidad le ha dado la enhorabuena en nombre del Gobierno regional y de todos los madrileños. «Has renovado mandato como respuesta a tu gran trabajo al frente de esta universidad», ha señalado.

Ayuso ha puesto en valor que durante los últimos cuatro años Ramos, a quien avala «una brillante formación académica» como ingeniero de Telecomunicaciones, ha liderado «un esfuerzo en transparencia sin precedentes, que se ve reflejado en los ranking de transparencia» así como ha acercado a la URJC hacia a las primeras posiciones en «rendimiento académico o en calidad de sus títulos».

«Te conocemos por tu vocación, por cambiar las cosas desde tu circulo familiar, en el que me consta que te apoyas tanto, hasta toda la comunidad universitaria», ha trasladado. Para la dirigente madrileña, en esta universidad «ha escrito una página importante de la historia» de la región.

Ayuso, quien ha coincidido con el rector en criticar las 17 EBAU en España, ha señalado que la universidad tiene por delante unos retos «enormes» y ha dado su palabra que desde la Comunidad de Madrid van a trabajar a su lado, defendiendo una universidad «fuerte y comprometida» y apostando porque todos los alumnos «puedan llegar a lo más alto según su esfuerzo y su vocación».

Las plataformas de contenidos audiovisuales ‘online’ o servicio de video bajo demanda por retransmisión en directo y de intercambio de video deberán financiar a RTVE, lo que provocará que empresas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube tengan que dedicar el 1,5% de sus ingresos en España a tal fin.

Así consta en la nueva versión del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha sido modificado y se abre a una segunda audiencia e información públicas para que los agentes implicados propongan modificaciones hasta el próximo 12 de julio a las 9.00 horas.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales han detallado que la modificación «más relevante» del texto es el cambio de la Ley de Financiación de RTVE, que establece que su financiación se realice «con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia».

En esta línea, pasan a aportar a la financiación de RTVE los prestadores de vídeo bajo demanda y las plataformas de intercambio de vídeos, junto a la televisión lineal en abierto y la de pago. Deben realizar su aportación tanto aquellos que están establecidas en España como los que están establecidos en otro país de la Unión Europea siempre que ofrezcan sus servicios en España.

«Se da un paso más en esa propuesta, en esa idea de establecer un terreno de juego equilibrado para todos los actores del sector y que todos ellos tengan las mismas obligaciones», han defendido las fuentes de la Secretaría de Estado.

Asimismo, en el texto se habilitan nuevas fuentes de ingreso para RTVE, de modo que la empresa pública podrá obtener ingresos por ciertas formas de publicidad, por ejemplo, por patrocinios o por publicidad en sus canales internacionales y en los contenidos digitales.

También se permitirá la inserción de publicidad en los canales de RTVE en las plataformas de intercambio de vídeos generados por los usuarios o en las funcionalidades digitales que permitan el acceso a sus contenidos con posterioridad a su emisión lineal.

Otro aspecto relevante en este ámbito es que se suprime la aportación directa que realizan en la actualidad los operadores de telecomunicaciones. No obstante, seguirán contribuyendo a la financiación de RTVE de manera indirecta, a través del pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico que se eleva a 480 millones de euros al año.

La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%. Ante la reestructuración de la tasa, las fuentes de la Secretaría de Estado han precisado que la previsión es que la financiación de RTVE se mantenga y que la Corporación «no va a estar infrafinanciada».

PROMOCIÓN DE OBRA AUDIOVISUAL EUROPEA

Por otro lado, el nuevo texto refuerza la promoción de obra audiovisual europea en obras de productor independiente, incrementando las obligaciones de inversión. Así, los prestadores que estén obligados deben cumplir las dos obligaciones, cuyos porcentajes no se suman entre sí.

La primera de estas obligaciones es destinar el 3,5% a obra audiovisual, en cualquier formato, de productor independiente que además deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este porcentaje supone un incremento respecto del 0,9% actual.

La segunda es que deben destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente que también deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Esta obligación ya figuraba en el texto de la primera audiencia y supone un incremento respecto del 1,8% vigente.

Respecto a la definición de productor independiente, se mantiene la del texto sometido a primera audiencia, que considera productor independiente a todo aquel que no esté vinculado empresarialmente con un prestador de servicios de comunicación audiovisual obligado a cumplir con la obligación de financiación de obra audiovisual europea.

Igualmente, se recoge de forma explícita el respeto a la igualdad y la no discriminación por cuestión de género, al tiempo que se incorpora la promoción de códigos de autorregulación que protejan a los usuarios frente a contenidos que puedan atentar contra la dignidad de la mujer o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados.

Asimismo, la nueva disposición adicional tercera prevé el fomento a la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres a través de las convocatorias de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual.

Por último, se ha incluido entre las medidas del Plan Trienal de Impulso del sector audiovisual contemplado en el artículo 149, el fomento y difusión de obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.

FAVORECER LA ACCESIBILIDAD A LOS CONTENIDOS

Respecto a la accesibilidad a los contenidos audiovisuales, se incrementa el porcentaje de contenidos accesibles que tienen que garantizar los prestadores y se incluyen nuevos prestadores en esta obligación, como son los prestadores de televisión lineal de pago y los servicios a demanda.

En relación con la protección de los menores, se retoma la franja de protección reforzada de la tarde en el servicio de comunicación audiovisual televisivo en abierto, dado el reconocimiento y la extensión de su uso por parte de los usuarios.

En lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas se prohíbe que se dirija específicamente a menores y dé la impresión de que su consumo contribuye al éxito social o sexual, o lo relacione con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social, deportivo o profesional.

El horario de emisión de publicidad en televisión de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados se mantiene como en la legislación actual y podrá emitirse entre las 20.30 y las 5.00 horas. La publicidad de bebidas con más de 20 grados solo podrá emitirse en la franja de 1.00 a 5.00 de la madrugada, en línea con lo establecido para juego, esoterismo y paraciencias.

El Gobierno espera poder aprobar el Anteproyecto de Ley General de Comunicación audiovisual en Consejo de Ministros a finales de octubre o primeros de noviembre, para después proceder a su tramitación en el Congreso de los Diputados.

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado este martes la moción presentada el pasado mes de enero por el Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a aprobar y poner en marcha este mismo año el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo.

Dicha Estrategia se aprobó en noviembre de 2015, por unanimidad de todo el arco parlamentario, con el objetivo de servir de marco de referencia para la definición de acciones estatales, autonómicas y locales que mejoren la calidad de vida de las personas en el espectro del autismo y de sus familias. El documento recoge 15 líneas estratégicas que, en el plazo de un año, deberían haberse concretado en un Plan de Acción con medidas y acciones concretas.

Autismo España lamenta que, «cinco años después, el desarrollo de ese Plan de acción está paralizado», pese a que la asociación viene trabajando con los diferentes Gobiernos que se han sucedido desde entonces. Sin embargo, no han logrado medidas concretas ni dotación presupuestaria. Por eso, añaden, «es tan importante esta aprobación para las personas con autismo y sus familias».

«La puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA daría respuesta a una de las principales demandas del colectivo y del movimiento asociativo del autismo en general y permitiría empezar a desarrollarlo en coordinación con las administraciones autonómicas, Ministerios competentes y entidades representativas de familiares y personas con TEA».

POSICIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde el Grupo Socialista en el Senado, Estefanía Martín Palop ha hecho un llamamiento a la concienciación y a la inclusión de las personas con TEA, destacando las medidas llevadas a cabo por el actual Gobierno en relación con la discapacidad, a las que se sumaría la puesta en marcha del Plan de acción de la Estrategia Española en TEA.

Mientras, el Grupo Parlamentario Popular ha visto rechazada su enmienda de adición para impulsar las modificaciones legislativas indispensables para la protección efectiva de los derechos de las personas con autismo y desbloquear la proposición de ley de accesibilidad cognitiva que salió precisamente del Senado, y que actualmente está parada.

Por lo que respecta al Grupo parlamentario mixto, ha destacado la importancia de la atención temprana para los niños y niñas con diagnóstico de TEA, poniendo de manifiesto la disparidad en el acceso a los servicios que se produce entre los diferentes territorios, tomando como base los datos del reciente estudio publicado por Autismo España.

Desde Ciudadanos, por su parte, se ha hecho hincapié en la urgencia de la aprobación de este plan de acción, que ya lleva demasiado retraso, garantizando unos objetivos claros, una dotación de recursos suficientes y una buena coordinación con las administraciones implicadas.

Y por último, el Grupo Parlamentario Vasco también ha votado a favor, aunque se ha mostrado desfavorable a regular mediante una estrategia nacional una competencia que corresponde a las comunidades autónomas.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha condenado al encargado de una tienda de animales de la ciudad hispalense, por un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos, al tener en su establecimiento un geco crestado, un geco diurno de Madagascar, un camaleón pantera, un águila de Harris, ocho serpientes pitón, un varano y una tortuga falsa mapa, sin cumplir los requisitos obligados respecto a estas especies por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el reglamento de la Unión Europea de protección de la fauna y flora silvestres.

En esta sentencia, emitida el pasado 7 de junio, el Juzgado de lo Penal número 15 declara probado, por conformidad entre las partes del procedimiento judicial, que agentes de la Guardia Civil realizaron en enero de 2019 una inspección en la tienda de mascotas que regentaba el acusado, H.G.G., de unos 33 años, descubriendo los mismos que en este establecimiento de Sevilla capital había «para su venta hasta 14 animales de especies amenazadas».

Se trataba, en concreto y según la sentencia, de un geco crestado, un geco diurno de Madagascar, un camaleón pantera, un águila de Harris, ocho serpientes pitón, un varano y una tortuga falsa mapa.

Los ejemplares pertenecían a especies abarcadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el reglamento de la Unión Europea de protección de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, toda vez que estos animales estaban en la tienda «en condiciones no apropiadas, por el incumplimiento del real decreto 7/2018 que establece los requisitos de documentación, tenencia y marcado de especies amenazadas de fauna silvestre», según la sentencia condenatoria.

En concreto, el acusado «carecía de documentación que acreditase el origen legal de los animales, que carecían a su vez de marcado, informe de cesión o, en su caso, de factura de compra con los datos de contacto de criador, nombre de la especie, fecha de nacimiento y origen, careciendo asimismo de certificaciones de la autoridad española administrativa del Ministerio de Comercio» encargada de aplicar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, toda vez que «en algunos casos, pese a la tenencia de un número de permiso, el mismo no amparaba a los concretos ejemplares que poseía».

Y es que el la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o convenio de Washington de 1973 estipula que las especies abarcadas por el mismo no pueden poseerse si no es con una autorización oficial que concede el Ministerio de Comercio.

Así las cosas, el acusado ha sido condenado por un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos a una multa de 1.200 euros y dos años de inhabilitación especial para empleo relacionado con los animales y del derecho de cazar o pescar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la aprobación, este martes, de la Ley Trans en el Consejo de Ministros es una muestra» de la «fortaleza» del Gobierno de coalición y de que cuando «hay que negociar» y se producen «debates profundos» que duran «meses», los socios son capaces de «dialogar» y «cumplir» con el pacto de coalición. «Es un día histórico», ha agregado la ministra.

Montero ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, para explicar el contenido de la norma que recoge los derechos específicos de las personas trans, y también medidas para garantizar los del colectivo LGTBI, así como su no discriminación.

La titular de Igualdad ha destacado que esta norma recoge la «libre determinación» de las personas trans con un sistema de doble comparecencia, «sin testigos», ni «pruebas»; así como su despatologización. Ambas medidas, ha señalado, eran reclamadas por el colectivo y por los principales organismos internacionales para «garantizar los derechos humanos».

El texto también incluye «una batería importante» en materia de derechos LGTBI, legisla «por primera vez» los derechos de las personas intersexuales, permite la filiación de un hijo a parejas de lesbianas o bisexuales sin casarse, el acceso a la reproducción asistida a lesbianas y personas trans con posibilidades de gestar o recoge sanciones frente a las discriminaciones a personas del colectivo, entre otras medidas, según ha apuntado la ministra.

UNA NORMA «MEJORABLE»

Aunque en su intervención ha señalado que se trata de un «buen texto legislativo» y considera que sitúa a España a «la vanguardia» europea en materia de derechos de las personas LGTBI, Montero también ha reconocido que se trata de una norma «mejorable, como toda ley» y, en este sentido, se ha referido al reconocimiento de las personas no binaries o a las garantías de derechos para las personas trans migrantes.

La titular de Igualdad ve posible mejorar la norma en estos y otros aspectos durante el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado y, ha indicado, los grupos tendrán el «apoyo» del Gobierno en este proceso. A las formaciones en las Cámaras también les ha recordado la «urgencia» que supone poner en marcha esta ley, teniendo en cuenta la «realidad» de las personas trans.

La ministra ha recordado que ya pidió perdón ante la Cámara baja por la tardanza en la aprobación de la norma, entre otras cosas. Lo hizo después de que el texto no fuera tomado en consideración en la Cámara baja tras la decisión del PSOE de abstenerse.

UNA NEGOCIACIÓN «LARGA Y DIFÍCIL»

El cambio de posición de los socialistas antes esta ley, especialmente el de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que ha sido crítica con la autodeterminación de género, ha sido una de las principales cuestiones que se ha trasladado a Montero durante la rueda de prensa.

La titular de Igualdad ha señalado que ha sido una negociación «larga y difícil», pero ha indicado que, en dichos encuentros, ha habido «muchos más momentos de acuerdo» que han permitido llegar hasta la aprobación de este martes y a un texto que «cumple con los estándares internacionales».

«Creo que es evidente que ha sido larga u difícil, pero también que ha dado sus frutos y por eso digo que muestra la fortaleza del Gobierno», ha declarado, para indicar que las posibles diferencias que había entre socios no ha «impedido trabajar» en la ley.

Montero también ha sido preguntada por la oposición que ha mostrado una parte del movimiento feminista hacia esta ley. En este sentido, ha señalado que, «siempre» que se aprueban leyes «de este calado», como «el aborto o el matrimonio igualitario» siempre se genera «debate social» e incluso «oposición», pero, a su juicio, «años después nadie se reconoce en oposición» a los textos porque son medidas que sirven para «mejorar la sociedad» y la «vida de las personas».

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado este martes por unanimidad una moción presentada el pasado mes de enero por el Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a aprobar y poner en marcha este mismo año el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo.

Dicha Estrategia se aprobó en noviembre de 2015, por unanimidad de todo el arco parlamentario, con el objetivo de servir de marco de referencia para la definición de acciones estatales, autonómicas y locales que mejoren la calidad de vida de las personas en el espectro del autismo y de sus familias.

El documento recoge 15 líneas estratégicas que, en el plazo de un año, deberían haberse concretado en un Plan de Acción con medidas y acciones concretas.

Desde la confederación Autismo España advierten de que cinco años después, el desarrollo de ese Plan de acción está «paralizado» y han trabajado con los diferentes gobiernos que se han sucedido desde entonces, pero lamentan que aún no han logrado «medidas concretas ni dotación presupuestaria».

Por ello consideran tan importante la aprobación de esta moción porque «la puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA daría respuesta a una de las principales demandas del colectivo y del movimiento asociativo del autismo en general».

Además, destacan que «permitiría empezar a desarrollarlo en coordinación con las administraciones autonómicas, ministerios competentes y entidades representativas de familiares y personas con TEA».

Durante el debate de la moción, desde el Grupo Socialista en el Senado, Estefanía Martín Palop ha hecho un llamamiento a la concienciación y a la inclusión de las personas con TEA, destacando las medidas llevadas a cabo por el actual Gobierno en relación con la discapacidad, a las que se sumaría la puesta en marcha del Plan de acción de la Estrategia Española en TEA.

Martín ha parafraseado al presidente de Autismo España en su última intervención en las Cortes, aludiendo a que las leyes son importantes, pero más importantes son aún las acciones políticas concretas que consiguen cambiar la vida de las personas.

La fundación Músicos por la Salud, en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y Es Música (Federación de la Música de España), ha solicitado a los Gobiernos y organismos sanitarios que sigan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de aplicar políticas que empleen las artes en el sistema sanitario.

Esta iniciativa pretende lograr el soporte de las administraciones que permita incluir a los intérpretes musicales en los entornos sanitarios, con el propósito de mejorar la experiencia y la calidad de vida de los pacientes, residentes y personal sanitario, así como complementar y humanizar los protocolos del tratamiento.

«Es muy interesante apoyar acciones como la de Músicos por la Salud, que permita mejorar las condiciones sanitarias de nuestros pacientes. En esta ocasión, aportando lo mejor de nuestra música, una vez hemos podido comprobar en un último año lo crucial y estratégico que es contar una sanidad sólida, sostenible y de calidad», ha comentado el director de Relaciones Institucionales de la SGAE, Iván García Pelayo.

Por su parte, la directora de Proyectos de Es Música, Lidia Gámez, ha subrayado la importancia de la música «para la salud y para despertar emociones, sobre todo en situaciones de especial vulnerabilidad, como es estar ingresado en un hospital». «La música nos devuelve la capacidad de sentirnos vivos», ha añadido Gámez.

El vicepresidente de AIE, Luis Mendo, ha declarado que, al margen «del indudable efecto terapéutico de la música», esta iniciativa a la que ha calificado de «impagable» significa «dar un paso más y poner en valor la actividad de los artistas, así como dignificar el trabajo de un colectivo que está atravesando momentos difíciles». «Ojalá iniciativa genere trabajo y dentro de un tiempo los músicos consigan plaza fija en los hospitales», ha concluido.

Por último, el presidente de Músicos por la Salud, Guillermo Giner, ha recordado cómo la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto la dureza que supone para las personas el aislamiento social en hospitales y centros sociosanitarios y cómo la música se ha mostrado como «una herramienta de cohesión». También ha animado a la ciudadanía a que respalde el proyecto para solicitar al Gobierno y a los organismos competentes que sigan la recomendación de la OMG e incorporen las artes en el sistema de salud.

Además, de la SGAE, AGEDI, AIE y Es Música, se han sumado también a la petición de la fundación Músicos por la Salud, entre otros, la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA), la Asociación Española Orquestas Sinfónicas (AEOS), Berklee College of Music, la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM), la Fundación Albéniz (Escuela Superior de Música Reina Sofía) y Melboss Music.

La petición cuenta ya con el apoyo de artistas como Álex Ubago, David Otero, Ismael Serrano, Efecto Mariposa, David Summers, Vega, Conchita, Daniel Marco (Despistaos), entre otros.

El Ministerio del Interior está evaluando en la actualidad las peticiones de una docena de presos con expedientes en curso por reasignación de sexo, en aplicación de la instrucción 7/2006 de Instituciones Penitenciarias para internos transexuales. En este sentido, esperará a la aprobación definitiva de la nueva Ley Trans por si debe modificar los criterios de actuación en los centros penitenciarios.

La instrucción sobre ‘Integración penitenciaria de personas transexuales’ derogaba una anterior de 2001 sobre los criterios para ordenar el ingreso en las cárceles «en el marco de la separación interior que, por razón de sexo, establece el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979». La norma establecía como criterio el de la «identidad sexual aparente de estas personas, tomando en consideración sus caracteres fisiológicos y su apariencia externa».

En la etapa de Mercedes Gallizo al frente de Instituciones Penitenciarias se dictó un nuevo procedimiento para «hacer efectivos los criterios de acción positiva, como instrumento para avanzar en su integración social normalizada, dentro y fuera de los recintos penitenciarios».

Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que el criterio con los presos transexuales que regula esta instrucción de 2006 se aplica en la actualidad a una docena de casos, de una población reclusa de 47.000 internos, bien porque habían iniciado el proceso antes de ingresar en el establecimiento, bien porque lo han solicitado una vez iniciado el cumplimiento de la condena.

Las citadas fuentes añaden que esperarán al desarrollo legislativo tras aprobar el Consejo de Ministros de este martes el anteproyecto de la nueva Ley Trans y de Igualdad LGTBI con vistas a actualizar la instrucción de 2006, si esto fuera necesario.

PRECEPTIVOS INFORMES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS

«Podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con esta», recogía el texto aprobado en 2006, que añadía que esto se podía hacer «con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psico-social de género».

La instrucción de 2006 autorizaba los cambios de módulos o centros penitenciarios para los internos ‘trans’ cuya identidad oficial de sexo no concordaba con su identidad psico-social de género, sin que este reconocimiento implicara el de una nueva identidad jurídica en el interior o exterior de las cárceles.

También se regulaba el «acceso a los servicios especializados de salud para el proceso de transexualización, en las condiciones establecidas para la ciudadanía por el servicio público de salud correspondiente», garantizando por ejemplo el tratamiento endocrinológico prescrito bajo supervisión médica periódica.

CACHEOS, ZONAS COMUNES Y CAMBIO DE NOMBRE

De esta forma, Instituciones Penitenciarias regulaba situaciones como los cacheos, que se hacen por «métodos electrónicos y, en todo caso, con respeto a la identidad de género reconocida», así como el acceso a las instalaciones de uso colectivo para «compatibilizar la protección de su derecho a la intimidad y del resto de personas que las utilicen».

«La Administración instará al empleo del nombre adecuado a su identidad de género», continuaba la instrucción de 2006, en vigor en la actualidad, «con exclusión de las de carácter oficial, incluida la documental, en que se seguirá empleando el nombre oficialmente acreditado».

Prisiones fija un plazo de 30 días desde la apertura del expediente de solicitud del interno transexual para emitir informe médico y psico-social, aunque la dirección del centro, previa motivación, puede ampliar el plazo. En el informe debe constar todo el proceso de transexualización y cualquier información relevante de su historia clínica.

La dirección del centro tiene a partir de entonces 15 días para resolver el expediente. En aquellos casos que no se apruebe el traslado a otro centro penitenciario, la instrucción obliga a «adoptar las medidas necesarias para garantizar una integración penitenciaria adecuada a su identidad de género».

El preso que cuente con una resolución negativa puede interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de otras acciones previstas en el ordenamiento penitenciario.

La Comisión Europea ha pedido este martes una reapertura ordenada de museos, cines, teatros y conciertos, con el uso de test PCR y del certificado de vacunación, con la que lograr la recuperación del sector cultural y artístico en Europa.

Bruselas exige a los Veintisiete que levanten todas las restricciones por la pandemia de manera «gradual y estratégica» y que se recupere la actividad cultural con espectáculos para un número limitado de personas.

Para ese fin, el Ejecutivo europeo ha presentado una guía que propone que las instituciones culturales diseñen planes de contingencia con protocolos y acciones ante posibles contagios. Reclama que la vacunación se promueva entre los trabajadores del sector y que los asistentes a actividades tengan que presentar un test negativo, el certificado de vacunación o una demostración de que ha superado la enfermedad.

Aparte de cumplir con una serie de medidas de protección, como el uso de mascarillas, la ventilación y la limpieza de las instalaciones culturales, se propone que los centros culturales aseguren la posibilidad de rastrear a los asistentes ante posibles focos.

En la presentación de la guía, el vicepresidente de Migración de la Comisión, Margaritis Schinas, ha asegurado que es hora de reabrir el sector y de que Bruselas acompañe este proceso. «Los sectores culturales y creativos son un fuerte bien europeo y son importantes para una recuperación sostenible», ha apuntado.

Mientras, la comisaria de Cultura, Mariya Gabriel, ha valorado que con estos parámetros se facilitará la coordinación de medidas a nivel de Estados miembros para lograr una reapertura segura que, según ha apuntado, debe ir de la mano de medidas para garantizar la recuperación del sector.

Esta propuesta comunitaria llega después de conocerse que en el contexto de la pandemia las taquillas de cine vivieron una caída del 70% de ventas, las salas de música del 76 por ciento menos de asistencia y los museos perdieron en torno al 75 por ciento de sus ingresos.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha lamentado que «ha llegado la cuarta ola de la criminalización de los jóvenes», con el ‘macrobrote’ de Mallorca, que ya supera los 1.100 contagios vinculados a viajes de fin de curso a la isla.

«Ha llegado la cuarta ola de criminalización de la juventud antes que nuestro turno de vacunación, se aprovecha cada episodio para situar a la juventud en el foco de la criminalización», ha indicado la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, Margarita del Cisne.

Aunque ha reconocido que «el brote» de Mallorca «es significativo y no se puede obviar», Del Cisne ha precisado que esta «criminalización» ya ha ocurrido en tres ocasiones anteriores y que son «hechos aislados que se sobredimensionan hasta situar a las juventudes en su conjunto como irresponsables».

Frente a esto, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud ha defendido a los jóvenes que son el colectivo de edad «más dispuesto a vacunarse», los que «están sufriendo trastornos de salud mental como consecuencia de la pandemia» así como «las consecuencias económicas».

Por ello, Del Cisne clama contra la «caricaturización» que «nuevamente» se hace de los jóvenes ante este ‘macrobrote’, «como si hubiese solo irresponsables en esa franja de edad».

Además, ha indicado que no solo les preocupa el «tratamiento mediático» sino también «si se siguieron los protocolos» a la hora de informar sobre las medidas de seguridad a los jóvenes que fueron a esos viajes de fin de curso. En este sentido, pide que no se ponga el «foco» solo en los jóvenes sino también en los organizadores de las fiestas y los propios hoteles.

Por otro lado, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud ha reprochado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que «relacionara la mayor proporción de positivos de 15 a 29 años con la relajación de las medidas».

Del Cisne ha afirmado que este sector de la población es en estos momentos «el más desprotegido de la pandemia» porque no se ha iniciado el proceso de vacunación para esta franja de edad. Además, ha defendido que la «mayoría» de los jóvenes siguen llevando la mascarilla y, en todo caso, ha hecho un llamamiento a ser «todos corresponsables».

El Congreso quiere que el Gobierno promueva a España como destino seguro para el colectivo LGTBI, incluyendo la realización de un plan de acogida para personas perseguidas en su país por su orientación sexual. Además, se anima al Ejecutivo a impulsar una investiogación en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra los Estados que persigan a los homosexuales.

Así se recoge en una iniciativa impulsada por Ciudadanos y acordada con el PSOE, que ha sido debatida y aprobada este martes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, con 30 votos a favor y cinco en contra, los de Vox.

El texto de la iniciativa pactada, comienza expresando su solidaridad «con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género».

Y como reconoce la persecución de este colectivo como una forma de «crímenes contra la humanidad», llama al Gobierno a promover ante la Fiscalía del TPI «una investigación oficial e independiente de la persecución que vienen sufriendo las personas LGTBI en alguno de los lugares en los que se están violando sus derechos y libertades, en tanto que crimen de lesa humanidad».

La propuesta, que ha recibido la abstención de Vox, insta al Gobierno a «posicionar a España en el mundo como destino seguro para las personas LGTBI como parte fundamental de nuestra estrategia de diplomacia pública y de acción exterior, promoviendo además con nuestros socios internacionales la necesidad de asegurar el respeto a los derechos y libertades de las personas LGTBI en todo el mundo».

REAGRUPACIÓN DE FAMILIAS LGTBI

Para ello, pide la aprobación de un Plan de Acogida que incluya, entre otras medidas, «reforzar la Oficina de Asilo y Refugio con más recursos humanos y económicos para agilizar los trámites de evaluación, verificación y aprobación de solicitudes de asilo que recibe cada año España», así como «invertir en formación del personal de la Oficina y de las Fuerzas de Seguridad encargadas de la gestión de fronteras en el tratamiento de solicitudes de asilo presentadas por motivo de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género».

Asimismo, ese plan deberá «mejorar el marco de atención a las necesidades específicas de las personas LGTBI que solicitan asilo en España, así como a las posibles consecuencias e impactos psicológicos que puedan presentar por el acoso, persecución o violencia recibida en sus países de origen».

Igualmente, deberá «avanzar en el reconocimiento de la unidad familiar de las familias LGTBI refugiadas, facilitando así la reunificación familiar en condiciones de igualdad con las parejas heterosexuales y sus hijos, evitando así que la concesión de la protección internacional a un miembro de la familia pueda resultar en la fragmentación de esa familia».

En sus intervenciones, los principales grupos han coincidido en señalar los avances en la materia que se han logrado en los últimos años, pero también que aún queda mucho por hacer ya que en cerca de 70 países en todo el mundo están penalizadas las relaciones homosexuales y en once incluso puede condenarse a muerte.

LA ENMIENDA DE VOX, RECHAZADA

Por su parte, Vox ha presentado una enmienda en la que reclamaba que se abandonara el término «género» para sustituirlo «orientación sexual o sexo». El portavoz del grupo, Emilio Jesús del Valle, ha subrayado que el género es «un término sintáctico» y no científico y que al hablar de discriminación hacia personas «por su orientación sexual» se abarca a un «colectivo mucho más amplio» que el de los LGTBI como son las «personas».

Asimismo, Del Valle ha recordado que la propia Constitución ya garantiza la igualdad de todos los ciudadanos. «En Vox nos negamos a hacer política en base a la idea falsa de una sociedad española dividida en colectivos a los que los políticos tienen que proteger como a víctimas», ha aseverado.

«Nosotros no nos metemos en la cama de nadie, creemos en la libertad e igualdad de todas las personas», ha añadido, denunciando que el ‘lobby’ LGTBI no representa a todo este colectivo, ni siquiera a una mayoría dentro de él, y pese a ello «busca imponer su ideología a toda la sociedad».

Desde la izquierda, ha añadido, seguro que «nos llamarán homófobos» por «no querer etiquetar a las personas y victimizarlas predeterminadamente», que es lo que hacen ellos.

Los padres de veintiún estudiantes madrileños confinados en Mallorca por el megabrote que afecta a diferentes viajes de fin de curso han interpuesto esta mañana un ‘habeas corpus’ ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal de sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver.

Las familias están siendo representadas por el abogado de la agencia de viajes con la que viajaron sus hijos. Se trata de veinte estudiantes de la misma clase del instituto Rey Pastor de Moratalaz que se desplazaron a la isla dentro del grupo burbuja que han mantenido todo el año.

Llegaron el pasado 23 de junio a la isla y estuvieron los primeros días sin salir de su grupo burbuja. Ya a su llegada comentaron a los padres que había jóvenes de nacionalidad alemana que estaban en el hotel sin cumplir las medidas sanitarias exigidas por el Covid.

«Mi hijo está muy desanimado porque no han hecho nada y están con PCR negativa», ha comentado la madre de uno de los afectados, quien asegura no entender por qué siguen encerrados después de dos PCR negativas. El próximo 5 de julio se someterán a una nueva prueba y si vuelven a ser negativos podrán volver a sus casas.

Los padres de los chicos han presentado esta mañana a través del letrado de la agencia un ‘habeas Corpus’, una figura jurídica mediante la que un ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.

En el caso de que sea denegado el auxilio judicial, las familias de estos jóvenes madrileños estudian emprender acciones legales por posible detención ilegal, como ya han hechos las familias de otros estudiantes afectados por este confinamiento.

Ayer mismo, el juzgado de guardia en la capital balear rechazó los primeros ‘habeas corpus’ presentados por los padres afectados, según ha publicado hoy el diario ‘El Mundo’.

Esta mañana, los Juzgados han denegado tres solicitudes presentadas ayer por las familias. Una de ellas era la interpuesta por el padre de una menor de la Comunidad de Madrid.

En la resolución, la magistrada considera que el caso de la alumna «no puede encuadrarse» en la normativa reguladora del procedimiento de ‘habeas corpus’ porque la menor «no se encuentra detenida por la perpetración de delito alguno» sino por razones de salud pública.

En Córdoba, varias familias ha presentado una denuncia por la vía penal contra la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma «indebida» a sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver.

En San Fernando (Cádiz), padres de los 45 alumnos de confinados en el conocido como hotel Covid de Palma, donde se encuentran aislados, ven criterio arbitrario y han denunciado al Govern. Según ha explicado la madre de uno de los alumnos, abogada que ha presentado la denuncia, puede existir detención ilegal y prevaricación por parte de las autoridades del Govern.

El presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), el doctor Juan Abarca, considera un «auténtico atropello» que el Gobierno valenciano quiera «excluir el modelo concesional» del sistema sanitario «por cuestiones puramente ideológicas» y ha cargado contra la decisión de revertir a lo público tanto el Hospital de La Ribera en Alzira hace casi tres años, como ahora el Hospital de Torrevieja, que pasará a ser de gestión directa a partir del próximo 15 de octubre.

Para Abarca, «excluir a las sanidad privada por cuestiones ideológicas no es propio de este siglo. Es vergonzoso», ha subrayado durante un encuentro digital con medios de comunicación, en el que han participado también la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva; el director general del Grupo Vithas, Pedro Rico; la consejera delegada de Ribera Salud, Elisa Tarazona; y el doctor Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS.

El presidente de la Fundación IDIS, entidad que aglutina al sector sanitario privado para promover la mejora de la salud y poner en valor a la sanidad privada, ha pedido a la Generalitat Valenciana que «se aproveche» de la sanidad privada para «complementar la pública», dado que según ha dicho la Comunitat hace «menos uso» del sector privado que otras autonomías como Madrid o Barcelona.

En su opinión, «si la sanidad pública no es capaz de hacerlo eficientemente es su obligación buscar a quien pueda hacerlo de manera eficiente» y en este sentido ha reivindicado el modelo concesional. «Es necesario contar un sistema colaborativo que involucre a todos, procurando buscar sinergias, complementariedades y fenómenos de integración que vayan en beneficio del paciente que ha de ser el auténtico objetivo de nuestros esfuerzos», ha incidido.

En el caso del hospital de Torrevieja ha advertido además que la reversión «va en contra del sector turístico» puesto que «el sistema público no tiene capacidad en sí mismo» para atender el volumen de turistas extranjeros que llegan a la zona alicantina, ha asegurado.

La consejera delegada de Ribera Salud, Elisa Tarazona, ha reivindicado la gestión del grupo, en su momento en el hospital de Alzira y ahora en el de Torrevieja y ha expresado su «confianza en la justicia». «Creemos que el Tribunal Supremo indicará que la reversión de Alzira no se ajustó a la legalidad y por tanto esto no se podrá aplicar en Torrevieja y no habrá reversión en Torrevieja», ha remarcado.

Además, Tarazona ha argumentado que en el caso de Alzira, desde la reversión a lo público las listas de espera se han triplicado de 56 a 157 días, las consultas han descendido un 3% y la valoración de los usuarios ha descendido.

En cuanto al hospital de Torrevieja, Tarazona ha recordado que un informe de la Sindicatura de Comptes concluía que tiene mejores resultados asistenciales, menos demoras y mejores valoraciones que los públicos. Asimismo, ha defendido la capacidad de los hospitales privados para «poner a la Comunitat Valenciana en el centro de la gestión sanitaria innovadora».

858.218 VALENCIANOS TIENEN SEGURO PRIVADO

Durante el encuentro, se ha puesto de relieve la aportación de la sanidad privada al sistema sanitario de la Comunitat Valenciana, donde 858.218 personas tienen un seguro privado y que el sector sanitario privado dispone de 24 hospitales (el 38,1% del total de la comunidad) y 2.451 camas (17,5% del total).

Según datos del Informe ‘Sanidad privada, aportando valor: Análisis de Situación 2021 en la Comunidad Valenciana’, la sanidad privada en esta región representa el 31% del gasto total (incluyendo los conciertos).

El estudio precisa que el gasto sanitario per cápita total en la Comunitat es de 2.093 euros (suma del gasto público, 1.497 euros, y el gasto privado, 596 euros). Además, se ha registrado un incremento anual del 4,85% en el número de asegurados y del 5,25% en el volumen de primas en el período 2016-2020, representando el 7,1% del mercado nacional en volumen de primas.

El director general del grupo Vithas, Pedro Rico, ha resaltado la actividad asistencial que han llevado a cabo los hospitales privados de la Comunitat: 23,9% de las intervenciones quirúrgicas, el 21,7% de las altas y 22,9% de las urgencias. Asimismo, cuenta con el 45% de los equipamientos de resonancia magnética y el 39% de los mamógrafos».

En 2019, ha apuntado, el 2,9% del gasto total en sanidad, 2,3 puntos porcentuales menos que en 2018. Los conciertos con centros hospitalarios son los que representan un mayor porcentaje de presupuesto (64,7%), seguido de asistencia concertada con especialistas (24,4%) y los conciertos con servicios de hemodiálisis (6,7%).

EL 75% DE LOS VALENCIANOS AVALA LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Durante el encuentro, se han dado a conocer los datos de una encuesta elaborada por la Fundación IDIS que concluye que más del 75% de los valencianos consideran necesario impulsar esa cooperación entre los sectores de la sanidad pública y privada y casi 8 de cada 10 creen muy o bastante necesario coordinar la atención sanitaria y sociosanitaria.

Esta encuesta también revela que 3 de cada 4 valencianos aumentarían la partida de presupuestos dedicada a sanidad. De hecho, tal y como señala la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, «la sanidad recibe un porcentaje del 74,5%, seguida de la educación con un 53,9% o la I+D+i con un 39,8%».

Para Villanueva, estos datos revelan que un 70,2% de los valencianos cree que la sanidad no está adecuadamente financiada y que un 82,2% ve necesario o bastante necesario aumentar los recursos dedicados a la salud. Además, el 98% de la población considera necesario mejorar la gestión y el control eficiente de recursos y 8 de cada 10 creen relevante que los centros asistenciales hagan públicos sus resultados sanitarios y de salud para favorecer la libertad de elección informada del paciente.

Según la encuesta, la calidad es esencial; casi la totalidad de la población, el 96%, la considera entre importante y muy importante. Y un 71% está satisfecho con la calidad recibida. Además, para prácticamente el 100% de los encuestados la igualdad en el acceso es esencial, sin embargo, el 80,9% piensa que los servicios no se cubren por igual.

IMPLANTAR INNOVACIONES

Cuando se pregunta sobre la necesidad de implantar innovaciones para mejorar la asistencia sanitaria, un 76,1% de los encuestados cree que la sanidad necesita un «esfuerzo de adaptación para afrontar los nuevos retos de salud».

El 94,2% de la población ve necesario incorporar las últimas innovaciones tecnológicas y digitales en todos los procesos de salud. A modo de ejemplo, la gestión de citas (94,3%) y el acceso del médico a los datos del paciente (92,2%) son los dos aspectos que los ciudadanos creen que mejorarían más gracias a la tecnología.

La Real Sociedad Matemática Española (RSME) ha concedido a Daniel Sanz-Alonso (Valladolid, 1989) el Premio José Luis Rubio de Francia, la más alta distinción que se otorga a investigadores en matemáticas menores de 32 años, españoles o que hayan realizado su trabajo en España.

En su edición de 2020, el jurado ha elegido por unanimidad la candidatura de este investigador vallisoletano, actualmente residente en Chicago, entre un total de 14 presentadas, de todas las cuales se ha querido elogiar la «impresionante» calidad de sus trabajos.

Licenciado por la Universidad de Valladolid en 2012 y Doctor por la Warwick University (Reino Unido) en 2016, realizó su etapa postdoctoral en la Brown University entre 2016 y 2018, año desde el que desarrolla su labor investigadora como Assistant Professor y miembro de la Computational and Applied Mathematics Iniciative (CAMI) en la University of Chicago.

«Mi investigación se centra en desarrollar marcos generales para combinar modelos matemáticos con datos, estudiando tanto cuestiones teóricas como computacionales», resume el galardonado, quien apunta a la predicción meteorológica, el aprendizaje de máquinas y las ciencias geofísicas como algunas áreas de aplicación de su trabajo.

Tal y como destaca el fallo del jurado, su labor a la hora de combinar la estadística computacional, los análisis numérico y estocástico y los problemas inversos ha situado a este investigador en una posición privilegiada para afrontar los problemas en la intersección de la ciencia de datos y el aprendizaje automático, por un lado, y de las ecuaciones en derivadas parciales y el cálculo de variaciones, por otro.

El jurado añade, además, que su capacidad para ofrecer una base matemática profunda a los algoritmos necesarios para la manipulación del Big Data, junto al sólido programa de investigación impulsado con Nicolás García Trillos (UW Madison College of Letters and Science), demuestra «un nivel de independencia y liderazgo poco común en una etapa temprana de su carrera».

Según ha destacado Sanz-Alonso, el Premio José Luis Rubio de Francia 2020, supone un «importante reconocimiento» a la investigación que ha desarrollado junto con «excelentes colaboradores y alumnos». «Este galardón va a facilitar la continuación de mi investigación», ha reconocido.

Y es que, junto al premio de 3.000 euros que la RSME concede con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad de Zaragoza (UZ), el galardonado recibirá una ayuda de 35.000 euros de la Fundación BBVA para desarrollar su investigación durante los próximos tres años.

El Premio José Luis Rubio de Francia reconoce y estimula desde 2004 la labor científica realizada en Matemáticas, en la que se valoran especialmente los trabajos o resultados de gran relevancia científica, así como las contribuciones individuales, por encima de la cantidad de las aportaciones. Desde su creación, este galardón ha apoyado y dado visibilidad a algunos de los mayores talentos de España en matemáticas, investigadores muchos de ellos, en la actualidad, que cuentan con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Ciudadanos ha celebrado que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes un anteproyecto de ley para las personas transexuales que permitirá la rectificación del nombre y el sexo en el Registro Civil a partir de los 14 años, y ha avanzado que propondrá mejoras en su tramitación parlamentaria con el fin de reforzar «la seguridad jurídica y las garantías» para este colectivo.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en esta Cámara, Edmundo Bal, ha afirmado que el texto del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos presenta «muchas similitudes» con la proposición de ley que la formación naranja presentó en su momento.

Ha dicho que Ciudadanos está de acuerdo con que se regule la autodeterminación de género y ha recordado que habían pedido a los socialistas y a Podemos que se pusieran de acuerdo y resolvieran las discrepancias que mantenían sobre esta cuestión como consecuencia de que «el PSOE se encontraba presionado por los colectivos feministas».

DESPATOLOGIZACIÓN

Por tanto, «saludamos como una buena noticia que el Gobierno nos haya hecho caso y haya realizado este proyecto de ley», ha concluido. Tras señalar que la formación naranja defiende «la libertad y los derechos de las personas transexuales», ha llamado a alcanzar un consenso político para garantizar la protección de este colectivo que «pasa muchas penurias».

Bal ha precisado que la iniciativa legislativa registrada por su partido introducía el concepto de la autodeterminación de género y se basaba para ello en otra cuestión aún «más importante», a su juicio, que es la despatologización de cambio de sexo.

Esta idea está recogida en el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas transexuales y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobado por el Gobierno, que apuesta por eliminar los trámites que en la actualidad se exigen a quien quiera cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil: tratamiento hormonal durante dos años y un informe médico que diagnostique una disforia de género.

Tras las negociaciones, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para incluir en la norma la autodeterminación a través de un proceso de doble verificación en el que la persona interesada debe comparecer ante el Registro Civil y presentar una solicitud que deberá ratificar posteriormente. Eso sí, no se hace mención al género, sino al sexo de la persona.

Los socialistas ya mostraron en 2020, en un documento interno del partido, su oposición a la autodeterminación de género por dos cuestiones. La primera, porque «desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico»; y la segunda,porque el género «no existe», sino que es un conjunto de «estereotipos» que se asignan a hombres y mujeres y que «configura expectativas y oportunidades».

El presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, será el encargado este miércoles de la clausura del curso ‘Periodismo antes, durante y después del Covid-19’, dentro de la programación de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, situada en la casa palacio de Los Briones.

La clausura tendrá lugar a las 18,00 horas, con la ponencia ‘Cómo la vulnerabilidad de los periodistas mina la fortaleza de la democracia. La misión del servicio público audiovisual’, impartida por el presidente de RTVE, según ha informado la UPO en un comunicado.

La jornada comenzará a las 10,00 horas con la conferencia ‘Mentiras y bulos en tiempos del COVID-19. ¿://www.merca2.es/noticias/tecnologia/» title=»tecnología» data-wpil-keyword-link=»linked» data-wpil-monitor-id=»30653″>tecnología de la información durante la pandemia y la inteligencia artificial. Robots que elaboran información. Las máquinas que sustituyen a los periodistas son ya una realidad en España’, con la presencia del fundador y CEO de la empresa Narrativa, David Llorente; y el responsable de Innovación de Contenidos de RTVE, David Corral.

Por otra parte, continúa la celebración del curso ‘Coaching vocal de alto rendimiento: preparación técnico-vocal de audiciones, concursos y giras de conciertos. 2ª edición’, impartido y dirigido por la soprano profesional Juana Castillo.

El programa del miércoles comenzará a las 10,00 horas con la conferencia impartida por el otorrinolaringólogo Rafael Ramírez ‘El instrumento de canto desde el punto de vista médico, su funcionamiento correcto y patologías’.

Y ya a las 11,00 horas comenzará la conferencia ‘Método de trabajo vocal para mantener sano el instrumento y aumentar su rendimiento’, seguida del taller teórico práctico ‘Entrenamiento para estados problemáticos: resfriados, afonías, endurecimientos’.

Los asistentes al curso de coaching profesional asistirán a las 17,00 horas a un taller que les servirá de ensayo para la gala del concierto de los alumnos, que se celebrará a las 21,30 horas en la Plaza de Abastos de Carmona, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Carmona.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido este martes, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, la política pública desarrollada en España contra las adicciones, si bien ha destacado la necesidad de mejorar la prevención y tratamiento de las mismas.

«Las adicciones son un problema muy serio para la salud pública. El consumo de drogas ilegales es de una de las amenazas más persistentes en la sociedad para la salud y el bienestar y, además, afecta a la vida de millones de personas, además de suponer un elevado coste económico, social y, especialmente, para la salud y bienestar de las personas», ha detallado la ministra.

En este sentido, Darias ha recordado que una cuarta parte de la población ha consumido alguna droga ilegal a lo largo de su vida, siendo las sustancias adictivas legales las más consumidas como, por ejemplo, el alcohol, tabaco y hipnosedantes, al igual que el uso compulsivo de Internet o el juego patológico.

«Todo el mundo tiene un riesgo potencial de estos consumos a lo largo de su vida», ha alertado Darias, para recordar que en la actual Estrategia Nacional de Drogas se aborda el problema de las adicciones desde la visión de salud pública y colectiva.

Además, la ministra ha recordado que ya se está elaborando la nueva estrategia nacional de adicciones de cara al próximo año 2024, en la cual se incluye el plan de acción 2021-2024, en el que se apuesta por reforzar y ampliar las capacidades estratégicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) a nivel preventivo, asistencial y de equidad y cohesión.

«España es un país de referencia en la lucha contra las adicciones, pero hay que renovar y reforzar nuestro compromiso con esta tarea, ya que queda mucho trabajo por hacer y nuestras prioridades pasan por contribuir a construir una sociedad más saludable y mejor informada y que se sienta más segura y resiliente ante el fenómeno de las adicciones», ha apostillado Darias.

Dicho esto, la ministra ha llamado la atención sobre el problema del consumo de alcohol en los jóvenes, donde en los últimos años se ha producido un «notable incremento» de la ingesta de bebidas alcohólicas, y ha recordado que ya hay un camino legislativo «recorrido», por lo que ha propuesto al Congreso de los Diputados seguir recorriéndolo a través del debate y análisis de más iniciativas.

Finalmente, Darias ha subrayado la necesidad de mejorar la infraestructura de los sistemas de información y de los centros de atención a las adicciones, así como que tengan acceso a la receta electrónica, e incluir las adicciones comportamentales en las estrategias de lucha contra las adicciones.