El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ha respondido este miércoles en el Congreso a la "preocupación" sobre el efecto que tendrá el cierre de fronteras en la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos estas Navidades, afirmando que se facilitará su llegada.

En concreto, ha dicho que dará instrucciones a las Embajadas que cubren la ruta de los Reyes Magos hacia España para que "les franqueen el paso". En el caso de Papá Noel, propondrá a la presidencia alemana de la UE una declaración que deje claro que su movilidad está garantizada.

Así lo ha señalado en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE en respuesta a una pregunta de la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno. La diputada ha aprovechado la comparecencia para preguntarle "cómo van las negociaciones" para que estas personalidades no tengan problema alguno en las fronteras en Navidad.

González-Barba ha estado de acuerdo en hacer algo en esta cuestión "tan simbólica" para muchos niños y niñas europeas "que lo han pasado mal" en los meses de pandemia, sobre todo "en países con confinamiento duro", como fue España, donde estuvieron meses sin poder ir al colegio.

Así, ha confiado en contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para pedir a la presidencia alemana de la UE que haga una declaración y garantice a los niños europeos que se preocupan y que "Papá Noel tendrá garantizada la movilidad".

Luego se ha referido a la especificidad española de los Reyes Magos, que "siguen otra ruta" --desde Oriente--. Aunque ha dejado claro que ésta "no se puede desvelar porque es un secreto que tienen bien guardado", ha dicho que se instruirá a las Embajadas para "que les franqueen el paso".

CIUDADANOS AGRADECE LAS EXPLICACIONES

En el turno de réplica, Martín Llaguno ha agradecido la respuesta sobre un asunto que, ha dicho, tenía "inquietos a muchos niños en este país" y ha confiado en que las negociaciones sean fructíferas.

En cambio, el portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha avisado en el debate de que las "frivolizaciones alejan a una parte de la ciudadanía de las instituciones".

Gómez-Reino ha dicho que no quería ser "aguafiestas" pero ha avisado de que la situación actual es muy complicada y de que también hay menores que llegan a las fronteras europeas. "Claro que hay que preocuparse por estas cuestiones, pero hagámoslo con el tono de madurez necesaria para una institución como ésta", ha dicho.

González-Barba le ha respondido que él no lo ve como una frivolidad, sino que más bien cree que la "preocupación" infantil por si Papá Noel podrá llegar a España "simboliza uno de los grandes logros" de la UE, que es la movilidad entre países y el cruce de fronteras. La posibilidad de viajar sin pasaporte, a su juicio, es una de las expresiones de la UE que los niños más pueden entender.

Es más, ha aprovechado para señalar que algunas propuestas para reformar Schengen suscitan en España "preocupaciones mayores" porque, siendo además un "país periférico", considera que la libre circulación es un logro que no se puede perder.

Así, ha recalcado que el Gobierno tiene presentes preocupaciones como la pobreza infantil, pero cree que no son asuntos incompatibles. De hecho, ve "significativo" que los niños, que no entienden la Política Agrícola Común (PAC) o qué es la Comisión Europea, "vean que la UE también influye de alguna manera en las cosas más queridas de su vida".

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de 15 años a un hombre procesado por intentar asesinar a su expareja de quince cuchilladas en su bar de Lugones en febrero de 2019.

A la mujer le quedaron importantes secuelas físicas y psicológicas por lo sucedido. El escrito de acusación provisional de la Fiscalía ya ha sido presentado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado inició en mayo de 2018 una relación de amistad con la mujer, que posteriormente tomó caracteres íntimos, sin convivencia. La mujer tenía a su cargo a sus dos hijos menores de edad, fruto de relaciones anteriores, y no deseaba que su nueva pareja viviera en el mismo domicilio con ellos.

Esto, en principio, fue aceptado por el procesado, que confiaba en conseguir doblegar la voluntad de la mujer, utilizando para ello todo tipo de recursos, incluso adquiriendo un bar a nombre de la mujer para que ella lo explotase.

El procesado comenzó a mostrar una actitud obsesiva y controladora y le procesaba insultos en presencia de los clientes del bar, "por quienes sentía unos celos exagerados, pues presumía que todos pretendían mantener relaciones con ella", han indicado desde Fiscalía.

En esta situación, la mujer tomó la decisión de poner fin a la relación (ya lo había intentado en ocasiones anteriores) y así se lo hizo saber al procesado en las navidades de 2018.

El procesado, en un principio, respetó su decisión y no trató de disuadirla, como había hecho otras veces. Sin embargo, a finales de enero de 2019, comenzó a enviarle mensajes, instándole a retomar la relación. Tras ese contacto, mantuvieron relaciones íntimas y, a partir de ese momento, el procesado volvió a comportarse de un modo controlador, exigiéndole saber con quién y dónde estaba en cada momento, e insultándola.

Así, el martes 5 de febrero de 2019, el procesado se presentó en el bar de la mujer, en Lugones, en el que también se encontraban unos amigos de la mujer que solían acudir ese día de la semana. Tras cerrar el establecimiento, estuvieron en otros locales tomando unas consumiciones.

El procesado adoptó en todo momento una actitud crítica y despreciativa hacia la mujer, observando y vigilando su comportamiento, llegando a insutarla. Ella hizo caso omiso, reaccionando con total indiferencia e ignorándole a partir de ese momento, sin contestar posteriormente a ningún mensaje ni llamada, lo que provocó en el procesado una fuerte sensación de rechazo y frustración.

A la mañana siguiente, sobre las 11.00 horas, cuando la mujer abrió el bar y se encontraba en su interior, el procesado se presentó en el local, sin previo aviso, iniciándose una discusión entre ambos.

En un momento dado, cuando la mujer accedió al almacén, él, tras coger un cuchillo, de forma repentina y sorpresiva, se lo clavó por la espalda, sin que la mujer pudiera advertir y defenderse del ataque.

La acuchilló, al menos, en 15 ocasiones, causándole otras tantas heridas, siendo la localizada en la parte cervical media-derecha horizontal la de mayor tamaño y profundidad, produciendo desgarro longitudinal de vena yugular que afectó a estructuras vitales, si bien la muerte no se produjo dada la rápida y eficaz intervención de las personas que acudieron en su auxilio y de los servicios médicos.

El tiempo total de curación fue de 343 días y le quedaron varias secuelas, entre ellas, parálisis de cuerda vocal derecha con ligera disfonía aeréa y disfagia para líquidos, zona de anestesia mandíbula inferior izquierda y parálisis del nervio marginal derecho facial, deformidad labio inferior, asimilable a secuela descrita como paresia rama mandibular, limitación de movimientos de extensión y lateralización derecha del cuello, sintomatología compatible con un trastorno de stress postraumático y numerosas cicatrices, algunas de ellas, en la cara y el cuello, muy visibles.

Teniendo en cuenta el número de cicatrices, localización y visibilidad de las mismas y cicatrización hipertrófica de bastantes de ellas, se estima un perjuicio estético importante.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1 y 16 y 62 del Código Penal. Concurres las circunstanciad agravantes de parentesco y de desprecio de género.

Por todo ello, solicita que se condene al procesado a 14 años, 11 meses y 29 días de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la medida de libertad vigilada por un período de 5 años y con cumplimiento de las medidas previstas en los apartados a), c), e), f) g) y h) del Art. 106.1 del Código Penal:

También solicita la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente, la de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo, y la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

Además, ha reclamado la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, la prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos y la prohibición de residir en determinados lugares.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga al procesado la prohibición de aproximación a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, ocio o cualquier otro frecuentado por aquella a una distancia inferior a 500 metros, y de comunicación con ella por cualquier medio, todo ello durante 16 años.Abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice a la mujer con 115.000 euros por las lesiones, secuelas, daños morales y psicológicos padecidos y, al SESPA, con la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a la víctima. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 176 nuevos positivos y dos fallecimientos a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas, de forma que el total acumulado es de 23.726 casos notificados y 405 muertes desde el inicio de la pandemia en las Islas.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, en las últimas 24 horas se han detectado 156 pruebas de diagnóstico de COVID-19 positivas (18 más que este miércoles) y la tasa de positividad se sitúa en el 4,69%.

Desde el inicio de la pandemia se han realizado un total de 605.353 pruebas para detectar el coronavirus en la comunidad, de las cuales 3.326 se han llevado a cabo en el último día.

Por otra parte, en estos momentos el Servicio de Salud atiende a 3.696 personas a causa de la COVID-19. En total, hay 218 personas ingresadas en plantas de hospitales (tres menos que ayer) y 51 pacientes en UCI (tres menos que este miércoles). Además, se han registrado en las últimas horas 28 altas hospitalarias y 233 curados en Atención Primaria.

Por islas, en Mallorca hay 178 ingresos en planta activos (39 en UCI), en Ibiza son 33 los pacientes ingresados (ocho en UCI) y en Menorca hay siete personas ingresadas (cuatro en UCI).

Respecto a los casos en residencias de las Islas, hay 56 usuarios y 61 profesionales con contagio activo. Además, 53 residentes están hospitalizados debido a la COVID-19. De acuerdo con Salud, en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos fallecimientos en residencias, por lo que la cifra se mantiene en 192 muertes desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 85 casos con contagio activo y 202 en vigilancia.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido reforzar la Atención Primaria y la atención hospitalaria y terminar con la precariedad y la temporalidad laboral de los sanitarios, durante su comparecencia este jueves en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar un resumen de las actuaciones realizadas por la Institución con motivo de la pandemia de la COVID-19.

Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso que esta crisis ha agudizado algunas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud, "cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos".

Entre dichas carencias, el Defensor ha destacado "la debilidad de la atención primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental".

Según ha explicado, "la restricción de gasto durante la crisis económica redujo los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, lo que se tradujo en una menor inversión en equipos y obras de mantenimiento (sobre todo en los hospitales más antiguos), así como en una reducción de las plantillas, que además tenían peores condiciones laborales, contratos menos estables y menores salarios.

No obstante, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha revelado también las fortalezas del sistema sanitario, como "la buena formación de miles de profesionales, el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios y una organización muy experimentada".

En su opinión, para robustecer el sistema "hay que revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia". En este contexto, Fernández Marugán ha resaltado que "la sanidad en España no requiere edificios más grandes ni infraestructuras espectaculares, necesita que se apoye el sistema público sanitario y realizar una gestión más eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales". El Sistema Nacional de Salud es garantía de igualdad y de seguridad y los poderes públicos no pueden relajar su cuidado y mantenimiento", ha enfatizado.

Por ello, el Defensor ha instado a reforzar la atención primaria "con profesionales, medios técnicos y organizativos" y la atención hospitalaria "para reducir listas de espera", así como a terminar con la precariedad y la temporalidad en el trabajo que "son el mayor problema para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que "la salud no conoce fronteras o límites territoriales" y también ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

Atención sanitaria durante la pandemia

Fernández Marugán ha señalado que al inicio de la pandemia se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos. Así, ha explicado que los ciudadanos lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria. También se recibieron quejas sobre la escasez de camas, personal entrenado y respiradores y sobre la falta de material de protección para el personal sanitario, que ponía en riesgo su salud y su trabajo.

Tras el levantamiento del estado de alarma, el Defensor ha apuntado que las quejas de los ciudadanos se centraron el cierre de consultorios locales; el retraso de citas para consulta y operaciones; el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas diagnósticas PCR.

La Institución emitió un comunicado el 20 de marzo, dirigido a todas las administraciones sanitarias, en el que recordaba que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado resultaba crucial y en el que pedía a todas las administraciones que coordinasen lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario y social, en especial el residencial, público o privado. Además, el Defensor también resaltaba en dicho comunicado que el suministro de material de protección era imprescindible para los trabajadores sanitarios, personal asistencial y enfermos.

El Defensor también le trasladó al Ministerio de Sanidad la preocupación de la Institución sobre la aplicación de procedimientos de priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para Fernández Marugán, "lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza sobre cada paciente".

La Institución también dirigió actuaciones de oficio a todas las consejerías de sanidad o salud autonómicas para conocer de forma estructurada la respuesta dada por cada territorio a la emergencia sanitaria. Asimismo, requirió a las CCCA que informaran sobre las medidas que estaban tomando para atender las necesidades de los centros residenciales, incluidos los protocolos aplicados sobre derivación de residentes enfermos a los hospitales.

El 29 de mayo, tras el inicio de la desescalada, el Defensor volvió a dirigirse a todas las consejerías sanitarias para conocer las medidas adoptadas para la vigilancia y control de la pandemia a partir de ese momento.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha presentado este jueves la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil, correspondiente al primer semestre de 2020 y el primero que recoge cómo ha afectado la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 en la situación socioeconómica de los jóvenes en España.

Y según sus resultados, estos primeros meses de 2020 reflejan los peores niveles de emancipación desde el año 2001, pues sólo el 17% de los jóvenes españoles viven emancipadas. De hecho, la caída en la tasa de emancipación ha sido la más profunda desde 1988, aunque no ha afectado por igual a todas las comunidades autónomas.

El Observatorio asegura que las causas que explican el empeoramiento de los datos de emancipación juvenil se encuentran en el empeoramiento de la situación laboral de la juventud española. La pandemia ha afectado especialmente al mercado laboral de las personas jóvenes, caracterizado por la temporalidad y la terciarización, por lo que el cierre de este sector económico ha hecho que se alcancen datos sin precedentes en la serie histórica de la Encuesta de población activa (EPA).

Como refleja el estudio, actualmente solo 3 de cada 10 jóvenes tiene un empleo y al menos un tercio con empleo se encuentra en situación de ERTE. El Observatorio advierte de que los datos de empleo serían aún peores de no ser por la red de seguridad que han supuesto los ERTE, ya que la juventud ha sido el colectivo de edad más beneficiado.

Así, mientras que el 24% de las personas trabajadoras mayores de 30 años se han acogido a un ERTE durante la pandemia, entre las personas jóvenes trabajadoras esta cifra alcanza el 29,6%, indicando la necesidad de seguir manteniendo esta medida para no dejar atrás a la juventud.

La destrucción de empleo generada por el parón económico ha hecho descender el número de jóvenes con un contrato temporal un 26%, provocando una reducción de la temporalidad, que se sitúa en el 49%, niveles que no se alcanzaban desde la crisis de 2008. Sin embargo, no se debe a causas positivas, según el informe, pues la reducción de la tasa de temporalidad es producto de la mayor destrucción de empleo temporal, un tipo de contrato que no se ha visto beneficiado de la puesta en marcha de los ERTE.

SALARIO MEDIO DE MENOS DE 1.000 EUROS

En cuanto a la tasa de paro juvenil, dobla la del resto de la población: 30% entre 16 y 29 años, mientras que entre 30 y 34 años es del 17,3% y a partir de los 34 años es del 12,2%.

Otra consecuencia del parón económico es que la tasa de inactividad laboral ha alcanzado el 52%, la cifra más alta desde 2002, año en que la EPA empezó a recoger dicho dato, multiplicándose por 6 el número de jóvenes inactivos respecto a 2019. Más de la mitad de las personas jóvenes actualmente no trabajan ni buscan activamente empleo por las dificultades para llevar a cabo dicha búsqueda de empleo y por el desánimo que generan las expectativas negativas de la situación económica.

Como consecuencia de esta precariedad laboral, la juventud española se encuentra cada vez en una posición más difícil para acceder a una vivienda. Así, el salario medio de las personas jóvenes con empleo en España es de 11.682,91 euros anuales (973 euros al mes).

Los bajos salarios de la juventud hacen que una persona joven trabajadora tenga que destinar el 93% de su salario al alquiler si quisiera vivir de manera independiente sin compartir vivienda, superando ampliamente la recomendación de no destinar más del 30% del salario para garantizar la sostenibilidad financiera, lo que obliga a la mayoría de los jóvenes a compartir piso.

La combinación de altos niveles de paro, bajos salarios y elevados precios del alquiler tiene graves consecuencias para las personas jóvenes, pues el 20% de los hogares jóvenes tienen a todos sus miembros en paro actualmente y 1 de cada 5 jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

REGULACIÓN DEL ALQUILER E IMV PARA JÓVENES

Ante la situación de emergencia social que padece la juventud española, el Consejo de la Juventud de España propone regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas para que la juventud, y el resto de población, pueda acceder a una vivienda digna con el 30% de su salario.

El Consejo considera, asimismo, urgente igualar los criterios de obtención del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la juventud con el resto de la población, pues indica que no es "coherente" limitar el acceso del colectivo por edad con más riesgo de pobreza.

También señalan que es el "momento crucial" para reformular la Garantía Juvenil y acercarla a la juventud para formarla y orientarla.

Y, por último, sugieren que se haga un "buen" seguimiento a la aplicación y evaluación del Plan de Choque por el Empleo Joven para que sea útil para los jóvenes.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha criticado este jueves el acuerdo entre el Gobierno y ERC sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por considerarlo "insuficiente y recentralizador", y ha lamentado la división de las fuerzas independentistas en el Congreso en esta negociación.

"Si desde una perspectiva autonomista sería un mal acuerdo, desde una perspectiva independentista este acuerdo no tiene sentido. A lo mejor hay quien quiere reformar o arreglar España, pero lo que nosotros necesitamos es disponer de un estado propio que gestione sus recursos", ha manifestado en rueda de prensa telemática, junto con la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi.

Tras precisar que han presentado más de 350 enmiendas al proyecto de PGE, ha criticado la "falta de unidad" de las fuerzas independentistas para encarar esta negociación, teniendo en cuenta que, con los diputados de ERC y PDeCAT, sumarían 23 votos que podrían ser determinantes en beneficio de Cataluña.

"El independentismo tendría que ir junto en el Congreso. Esta fuerza se ha malgastado con acuerdos que no son nada positivos para Cataluña. Estos PGE no son los que necesitamos", ha apuntado.

Para Borràs, que el acuerdo prevea el levantamiento del control financiero sobre las finanzas de la Generalitat supone cumplir con un compromiso adquirido en el pasado y "devolver a los catalanes lo que ya tenían, por lo que en realidad no se está dando nada".

INVERSIONES

En materia de inversiones, ha señalado que desconocen el detalle y en qué se concretarán los más de 2.300 millones de euros que se prevén para Cataluña, pero ha asegurado que esta cifra ya se consideró insuficiente en 2018, por lo que "proponer la misma cifra de hace dos años, en plena pandemia y con la existencia de fondos europeos, demuestra un incumplimiento sistemático".

"La experiencia demuestra que no hay la garantía del cumplimiento de las inversiones. No ha existido nunca, gobierne quien gobierne en el Estado", ha lamentado.

Sobre los fondos europeos por el coronavirus, ha indicado que deberían llegar con independencia de los PGE, y ve un paso atrás el pacto para que la Generalitat gestione directamente el Ingreso Mínimo Vital porque supondrá una "cogestión".

En relación al incremento en la financiación de becas educativas, Borràs defiende que lo importante sería que el Gobierno traspasara su gestión, y critica que el acuerdo se limite a proponer una moratoria de la cotización de los autónomos hasta febrero y no se les den ayudas directas.

"OCASIÓN PERDIDA"

Según Artadi, los PGE son una "ocasión perdida" para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria del coronavirus porque, a su juicio, no prevé ayudas para familias, pymes y autónomos, ni inversiones en términos de sostenibilidad ni productividad, ni el pago de las deudas pendientes con Cataluña.

También ha criticado y ve incomprensible el acuerdo sobre la armonización fiscal: "Cuando Cataluña reclama más soberanía, y pide la independencia, lo que sabemos es que vamos a una armonización fiscal, a una Loapa fiscal, una uniformidad de como debe ser el sistema tributario en todo el Estado".

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, ha solicitado la condena, que incluiría prisión, alejamiento y retirada de la patria potestad durante 3 años, para una madre acusada de maltratar física y psicológicamente a su hija de forma habitual, en Avilés.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el día 15 de diciembre de 2018, la acusada, tras una discusión en el domicilio familiar con su hija menor de edad, porque no le dejaba su móvil, le dijo: "No me sirves para nada, eres una parásita y ni para eso sirves", "No te quiero, quiero más a tu hermano que a ti", y le dio una bofetada en la cara.

También le preguntó si la ropa que llevaba se la había comprado ella y, al responder la menor que sí, la acusada cogió unas tijeras y le cortó todas las prendas, según han explicado desde Fiscalía a través de nota de prensa. "La acusada viene repitiendo este tipo de conductas con su hija desde hace unos seis años, todas ellas en el domicilio familiar, consistiendo las mismas en agresiones físicas, así como en insultos y vejaciones", han indicado.

Así, han detallado que le decía casi a diario expresiones vegatorias y en alguna ocasión llegó a amenazarla con un cuchillo, diciéndole: "Vete o atente a las consecuencias, tú misma". Debido a esta situación, la menor se fue del domicilio el 16 de diciembre de 2018.

Por auto de fecha 18 de diciembre de 2018, dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, se acordaron las siguientes medidas cautelares: la prohibición de que la acusada se aproximara a la persona, domicilio y centro de estudios de la menor a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, medidas que deberían estar vigentes en tanto en cuanto recaiga resolución judicial firme que ponga fin a este procedimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art.153.2 y 3 del Código Penal y de un delito de maltrato habitual del artículo 173.2.

Por todo ello, ha solicitado que se condene a la acusada, por el primer delito, a 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y prohibición de aproximarse a la persona, domicilio y centro de estudios de su hija a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas durante 2 años.

Por el segundo delito, ha solicitado 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 3 años, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 3 años y prohibición de aproximarse a la persona, domicilio y centro de estudios de su hija a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas durante 3 años.

Además, se incluye el abono de las costas y en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a su hija con 4.000 euros por los daños morales causados, más los intereses legales correspondientes.

La vista oral está señalada para este viernes, 27 de noviembre de 2020, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a las 9.30 horas.

La diputada del Partido Popular Ana Pastor ha propuesto realizar test de antígenos a las personas que se muevan entre comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de controlar la transmisión del virus del COVID-19.

Así se ha pronunciado la ex ministra de Sanidad durante su intervención este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el escaso tiempo que se dedicó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al plan para preparar la Navidad en el contexto de la pandemia.

"No le dedicaron ayer ni cinco ni tres minutos al plan de Navidad", ha lamentado Pastor. El Gobierno ha propuesto a las CCAA limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente. Estas medidas aún no son definitivas y se están negociando con las comunidades autónomas. Se prevé que el próximo miércoles se apruebe en el CISNS.

Ana Pastor ha señalado, sin embargo, que el "mejor plan" para la Navidad sería realizar test masivos a la parte de la población que se desplace durante estas fiestas. "Como médico se lo digo, pido que se hagan test de antígenos y PCR, todas las que se puedan, previo a la Navidad. Es el mejor plan que puede tener nuestro país. Por favor, no lleguen tarde a la Navidad", ha explicado.

Así, ha reclamado a Illa que trate esta cuestión con los consejeros autonómicos, en lugar de discutir sobre el número de personas que como máximo pueden estar reunidas o el toque de queda. A lo mejor el plan de Navidad es extender el test de antígenos a toda la gente que se va a mover entre CCAA. Sería bueno coordinarse con los consejeros y hacer un test a los ciudadanos que se muevan, a todos los que se pueda. Haciendo test masivos a una parte de la población bajas mucho la transmisión", ha justificado.

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann ha reivindicado la utilidad de los test antígenos en la lucha contra la pandemia y ha recriminado al Gobierno que, a su juicio, no apostara por ellos decididamente. "Lo que ha funcionado es lo que VOX propuso desde el principio: los test masivos, como en la Comunidad de Madrid. No sean cicateros con Madrid, han hecho las cosas bien y hay que reconocerlo", ha manifestado.

LA OPOSICIÓN CUESTIONA LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Por otra parte, Ana Pastor, al igual que el resto de la oposición, ha preguntado acerca de algunas dudas sobre el plan de vacunación del Gobierno, que prevé vacunar a 2,5 millones de personas hasta marzo, principalmente residentes en centros de mayores, sanitarios y dependientes. "Me alegro de que se asegure de que la vacunación se ajuste a los principios de igualdad, pero aquí solo sabemos la primera etapa, que llegará a un 5 por ciento. La gente quiere saber más cosas", ha criticado.

Steegmann ha expresado algunas dudas acerca de la eficacia del Gobierno para elaborar una estrategia de vacunas contra el COVID-19. "VOX creen en la ciencia, es irrefutable. Y creemos en la industria farmacéutica capitalista que tantas vidas salva. Las vacunas han salvado millones de vidas, pero en estos momentos desconocemos información importantísima. Confiamos en las agencias regulatorias, pero desconfiamos de que puedan ser suficientemente fuertes para resistirse a ustedes como Gobierno", ha espetado a Illa.

En cualquier caso, ha pedido al Ejecutivo un 'plan B' por si Europa "falla" en la distribución de las vacunas, conocer quiénes son los expertos que han participado en la elaboración del plan y cuantificar por comunidades autónomas cuánta gente será vacunada dentro de la primera fase.

Josune Gorospe, del PNV, ha cuestionado a Illa algunos puntos del plan, como la estrategia para que los sanitarios acepten vacunarse, un colectivo que suele tener unas tasas de cobertura de vacunación mayores que la población general pero no suficientemente altas en la gripe, por ejemplo. Sergio Sayas, de Unión del Pueblo Navarro, ha criticado que el plan de vacunación haya concretado de momento solo cuatro de los 18 grupos de población que van a priorizarse en la vacunación.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha centrado buena parte de su tiempo de intervención en cargar contra los movimientos antivacunas. "Hay que detectar si hay grupos más sensibles a la desinformación. Me preocupa mucho, veo que estos pensamientos tienen cabida en la prensa, veo encuestas y medios generalistas que empiezan a dar alas a este asunto que hay que cortar ya de raíz", ha expresado, preguntando a Illa si el plan del Gobierno cuenta con alguna herramienta para combatir esta amenaza.

DUDAS SOBRE LAS RESTRICCIONES EN NAVIDAD

Sobre las restricciones en Navidad, el diputado 'naranja' ha reclamado al ministro que no de "bandazos". "No demos bandazos con las navidades, Son las personas más delicadas y sensibles al virus quienes más pueden sufrir una mala gestión, no jueguen a pasarse la patata caliente con las comunidades autónomas. Intenten que esta cuestión sepamos afrontarla con la madurez y responsabilidad necesaria", ha sostenido.

Entonando un villancico, el diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo ha pedido que la ciudadanía esté preparada ante una posible tercera ola en los primeros meses del año que viene. Así, se ha mostrado en contra de flexibilizar las restricciones durante el período navideño. "No debemos repetir los errores. Lo importante no es salvar unas Navidades de consumistas, sino saber que el resto está bien y estamos asegurando la salud de toda la población", ha expresado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido urgentemente este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique en cuanto a la armonización fiscal y los "maltratos" que recibe la comunidad andaluza por parte del Ejecutivo en este sentido.

Así lo ha subrayado el presidente de la Junta en una visita a las obras de reforma del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches en la localidad cordobesa de Pozoblanco, donde ha advertido de que al Ejecutivo autonómico se le "agota la paciencia" a tal efecto.

Al respecto, sobre la negociación del Gobierno central para aprobar los presupuestos con ERC con la condición de impedir que las comunidades autónomas puedan bajar impuestos, Moreno ha calificado la situación como "un disparate colosal que un partido político, además independentista y de manera unilateral, quiera condicionar al resto de comunidades autónomas la autonomía fiscal".

En este caso, ha advertido de que "vengan a decir que en Andalucía, que hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, que hemos bajado el IRPF, los actos jurídicos documentados, y que hemos bajado la presión fiscal, ahora tenemos que subir los impuestos a los andaluces porque a un señor independentista de Cataluña así le parece".

Por tanto, ha recomendado que, "si se quiere equiparar, que se equipare por abajo, que bajen los impuestos en Cataluña", dado que "ellos tienen los mismos instrumentos fiscales que tenemos nosotros", de manera que les ha pedido que "los bajen".

Y es que, a su juicio, "no tiene sentido que nos obliguen a bajar impuestos", todo ello "cuando no solamente ha supuesto un alivio a las familias andaluzas, sino que ha supuesto en la bajada escalonada del IRPF y la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones ingresar 550 millones de euros más".

En este sentido, ha subrayado que "Andalucía ha generado más actividad económica y más capacidad, porque muchos ciudadanos que no estaban censados en Andalucía, se han censado buscando esos beneficios fiscales", de ahí que tache las peticiones de ERC de "disparate".

ADVERTENCIA A SÁNCHEZ

En definitiva, Juanma Moreno ha advertido "de una manera muy clara" al Gobierno de Sánchez de que en la región no están "dispuestos a ni un solo maltrato más". "Ni uno más", ha avisado, para resaltar en este caso "el esfuerzo" de la comunidad.

Al hilo, ha detallado que "en el reparto de los 8.000 millones de euros de los fondos Covid, Andalucía en 2020 recibirá 2.199 millones, 13,75% de fondos, pese a representar más del 18% de la población", de modo que ha cuestionado que al ser "la comunidad que más servicios tiene que dar, al tener 8,5 millones de habitantes, limitan y no se hace una cuantificación por población, como se hace en el conjunto europeo y se hace en el resto del país".

De este modo, ha apuntado que "el Estado transferiría 261 euros por andaluz", si bien eso sitúa a la región "en las últimas posiciones, muy lejos de la media, que son 340 euros, cuando Madrid va a recibir 502 euros; Cataluña, 412, y La Rioja, 401", de forma que "una vez más, hay un olvido de una comunidad autónoma, que es leal, equilibrada, ponderada, que no busca enfrentarse a nadie, pero buscamos que tengamos los mismos recursos para tener los mismos instrumento para la sanidad, la educación y la reactivación económica", ha subrayado.

Por eso, ha pedido a Sánchez y al Gobierno que "rectifique, porque las comunidades tenemos autonomía fiscal y atacar la autonomía fiscal significa atacar a la autonomía", a lo que ha agregado que "rectifique en la política de maltrato que se lleva aguantando más de un año y, además, haciéndolo con lealtad y con humildad", si bien "los acuerdos con partidos independentistas al final priman para el beneficio de unos territorios sobre otros", ha criticado, para apostillar que "curiosamente, territorios más ricos sobre territorios más pobres".

Así, ha enfatizado que "Andalucía será beligerante", a la vez que ha señalado sobre los citados fondos Covid que la aportación a la comunidad "debería estar por encima del 18%" que representa la comunidad. En su opinión, se trata de "un capítulo más de la confrontación" y "del ataque a la autonomía y maltrato a esta tierra".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que las fiestas de Navidad de este año serán "diferentes" por la situación de la pandemia de COVID-19, pero ha pedido a la ciudadanía que siga respetando, como hasta ahora, las restricciones contra el virus para doblegar la curva de la segunda ola.

"Nos encontramos a las puertas de un puente largo y de unas fiestas muy señaladas, pero es necesario seguir manteniendo nuestro compromiso con todos los que nos rodean. Serán fiestas diferentes, la celebración será distinta a como lo hicimos durante años anteriores. Entiendo que son unas fiestas señaladas y que queremos reencontrarnos con nuestras familias. Entiendo que todos estamos un poco cansados, pero llamo a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora. Tenemos que construir entre todos unas navidades distintas, apelando a un sentimiento muy navideño, la solidaridad", ha afirmado en su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, según se establece en el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas. Sin embargo, el documento aún no es definitivo y se está negociando con las CCAA para fijar las medidas definitivas. Se prevé que el próximo miércoles se apruebe en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En su intervención, el ministro ha realizado un balance del primer mes del nuevo estado de alarma para contener la segunda ola. "Los datos epidemiológicos son mejores que hace un mes. Lo estamos consiguiendo porque sabemos que las medidas que se están adoptando, como la limitación de la movilidad o de los contactos sociales, funcionan", ha celebrado.

En este contexto, ha informado de que España lleva "tres semanas seguidas" reduciendo la incidencia de casos a 14 días por 100.000 habitantes, desde 530 en la primera semana de noviembre a un promedio de 350 esta semana. A la vista de estos datos, ha afirmado con rotundidad que "la cogobernanza con las comunidades autónomas y el estado de alarma están funcionando".

De hecho, ha aplaudido que "todas las CCAA están reduciendo sus niveles de transmisión" y, progresivamente, el número de hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, el número de fallecidos sigue en tendencias ascendentes. El ministro espera que su reducción se produzca "en los próximos días". Como ejemplo de la bajada de la transmisión, el ministro ha señalado que Navarra ha pasado de una incidencia de 1.140 a principios de noviembre a 360 ayer, o Andalucía, donde se partía de 540 y ya se encuentra en 395.

"Que las medidas que están implementando las comunidades autónomas dentro del estado de alarma estén funcionando y que la transmisión esté descendiendo son buenas noticias, pero seguimos en unos niveles de incidencia muy altos, muy por encima de lo que nos marcan los organismos internacionales", ha advertido, recordando que el objetivo es llegar a una incidencia por debajo de 50 "e idealmente de 25", el límite que marca como seguro el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

"Vamos por el buen camino, lo estamos consiguiendo sin tener que recurrir a medidas más extremas que sí han tenido que activar otros países europeos. Nuestro país, dicho sea con toda la prudencia, tiene una situación menos desfavorable que otros países europeos, aunque sigue siendo preocupante", ha expuesto.

De esta forma, Illa ha agradecido que la ciudadanía "está demostrando nuevamente el enorme compromiso en luchar contra esta pandemia" pese al "cansancio generalizado" tras casi nueve meses de pandemia. "El final está más cerca, aunque aún es necesario mantener el esfuerzo. El camino que nos queda durará aún unos meses. No debemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos en esta reducción de la curva", ha señalado.

"Hay que mantener la tensión para seguir doblegando la curva y no dar pasos atrás. Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva, aunque estamos lejos de alcanzar el objetivo", ha detallado, indicando que "esta carrera no es un 'sprint'", sino "una maratón" en la que hay que seguir aplicando las medidas de higiene de manos, distancia social, uso de mascarilla, ventilación, actividades al aire libre, reuniones de seis personas como máximo y quedarse en casa si hay síntomas, positivo o un contacto estrecho.

Para concluir, el ministro se ha dirigido a los ciudadanos, resaltando que España está "en un momento crítico de la pandemia". "Nos encontramos ante un horizonte que ofrece signos de esperanza pero que requiere de varios meses. Hay esperanza porque las medidas que estamos tomando están doblegando lentamente la curva. Y cada vez está más cerca la llegada de las primeras dosis de la vacuna, un primer paso hacia la normalidad. Pero la vacunación será un proceso progresivo y requerirá un tiempo conseguir que un número suficiente de personas vacunadas para reducir las medidas. Tenemos motivos para ver un horizonte de esperanza, con toda la prudencia, estamos en el buen camino", ha concluido.

El 23 por ciento de las mujeres españolas está en riesgo de tener un embarazo no deseado, lo que supone el 6,2 por ciento de la población general; según se desprende de la Encuesta de Anticoncepción en España, llevada a cabo por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción a más de 1.500 mujeres de entre 15 a 49 años.

En este sentido, tal y como ha explicado uno de los miembros de dicha sociedad, el doctor José Vicente González, las mujeres en riesgo de embarazo no deseado son aquellas que, pudiendo tener hijos, no quieren tenerlos en este momento y mantienen relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo. Las razones que han esgrimido algunas de estas mujeres para no utilizarlos son, entre otras: problemas de salud, efectos secundarios, el hecho de que no les resulten cómodos o que les sienten mal, que el varón no quiera, su ideología y el precio.

Así las cosas, de entre el 70,7 por ciento de las mujeres que usan métodos anticonceptivos, el más común es el preservativo, utilizado por el 31,3 por ciento de las encuestadas. Al respecto, el doctor González ha afirmado que "la eficacia anticonceptiva depende no solo de los mecanismos de acción, sino también de un adecuado complimiento por parte de ambos miembros de la pareja, y este hecho tiene especial relevancia en el uso de este método". De esta forma, un 70 por ciento de las encuestadas utiliza el preservativo desde el principio de la relación, pero un 28 por ciento lo hace una vez que esta ha comenzado.

En este sentido, según el estudio, el 65,7 por ciento de las mujeres que utilizan el preservativo como método principal, lo hace de forma consistente, es decir lo utiliza siempre. Por el contrario, el 33,3 por ciento no lo utiliza en todas sus relaciones sexuales.ONAL

La anticoncepción hormonal

Un 22 por ciento de las mujeres participantes en la encuesta, en cambio, afirma usar métodos anticonceptivos de corta duración, esto es, aquellos que exigen un intervalo menor en su administración. El más común de estos es la píldora, consumida por un 18,5 por ciento de las encuestadas, la mayoría de ellas de entre 15 y 34 años, seguida por el anillo vaginal (2,1%) y el parche (0,7%), cuyas usuarias son sobre todo mujeres de entre 25 y 34 años.

En relación a ello, otro mensaje repetidamente lanzado desde la Sociedad Española de Contracepción ha sido la recomendación de no realizar descansos durante el uso de anticoncepción hormona combinada. "El hacer descansos con el uso de anticoncepción es algo que no está indicado y que además no es bueno hacer, porque, si la mujer necesita anticoncepción y descansa, se puede quedar embarazada", ha advertido la presidenta de la Fundación Española de Contracepción, la doctora Paloma Lobo; añadiendo que, si se descansa en un tratamiento hormonal, "no solamente no se están teniendo beneficios, sino que podría haber riesgos en cuanto a la seguridad, ya que habría cambios en los mecanismos de coagulación, por ejemplo".

En este sentido, ha recalcado que este mensaje "parece estar calando entre los profesionales sanitarios", ya que la recomendación de realizar descansos por parte de personal sanitario ha pasado del 79,3 por ciento de la encuesta de 2014 al 29,7 por ciento actual. No obstante, avisa de que, pese a que se mantiene la tendencia a la disminución, "siguen siendo muchos los descansos que se observan sin ser necesarios".

Métodos de larga duración

Por otro lado, una de cada diez mujeres utiliza los métodos de larga duración reversible (LARC), es decir, los que proporcionan efectividad anticonceptiva por un periodo de tiempo sin necesidad de intervención de la usuaria; siendo el más utilizado el DIU de cobre (4,3%) y el DIU hormonal (4%).

En relación a ello, los investigadores han observado, a través del estudio, que los LARC son explicados, sobre todo, a partir de los 25 años; sin embargo, como han señalado desde la sociedad, "estos métodos son muy interesantes para mujeres jóvenes, pues son muy fértiles y, por tanto, es muy importante que usen métodos muy fiables, eficaces y de larga duración".

Otro aspecto analizado en la encuesta es el la utilización del doble método, esto es, la combinación del preservativo junto con cualquier otro método anticonceptivo para la prevención conjunta de un embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual. Así, el 73,8 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años no hace uso del doble método, el 8,8 por ciento lo hace de forma ocasional (casi nunca o de vez en cuando), y el 16,9 por ciento lo utiliza siempre o casi siempre. Esta práctica de uso combinado tiende a ser más habitual entre las mujeres más jóvenes (15 a 19 años).

Además, según datos del estudio, el 38 por ciento de las españolas en edad fértil declara haber tenido que recurrir en alguna ocasión a la toma de la píldora del día después o anticoncepción de urgencia. El porcentaje supera el 40 por ciento entre las mujeres de 20 a 39 años de edad.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este jueves de que la protección del entorno marino de la Unión Europea no es suficiente y a pesar de que los objetivos y la financiación son claros, los Veintisiete no ha logrado detener la pérdida de biodiversidad marina en los mares europeos ni sus hábitat marinos más significativos.

En el 'Informe especial 26/2020: Medio marino: la protección de la UE es extensa pero poco profunda', el tribunal concluye que la protección del entorno marino "no profundiza lo suficiente" en la restitución de los mares a un buen estado medioambiental, mientras que los fondos de la UE "rara vez" apoyan la conservación de especies y hábitats marinos.

Además, los auditores alertan de que incluso las zonas marinas protegidas proporcionan una escasa protección real cuando persiste la sobrexplotación pesquera, "especialmente" en el Mediterráneo.

El documento fiscaliza los datos desde 2008, cuando se aprobó la Directiva marco de la estrategia marina hasta marzo de 2020, y se centra en el golfo de Vizcaya y la costa de la Península Ibérica, Macaronesia y el Mediterráneo occidental, para lo que los auditores visitaron España, Francia, Italia y Portugal.

Incluso va más allá y añade aunque se asignaron 6.000 millones de euros al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el periodo 2014-2020, solo cuatro Estados miembro de los Veintisiete --España, Francia, Italia y Portugal-- emplearon apenas el 6 por ciento de esta financiación en medidas directamente relacionadas con la conservación y otro 8 por ciento en medidas con impacto menos directo en la conservación.

De estas, los Veintisiete habrían utilizado el 0,2 por ciento, menos de 2.000 millones de euros para limitar el impacto de la pesca sobre el medio marino. El informe del Tribunal de Cuentas Europeo destaca que la financiación de la UE puede marcar una diferencia como se observa en buenos ejemplos de proyectos financiados a través de los programas LIFE e Interreg de la UE.

En este contexto, recuerda que a pesar de que la UE se compromete a la protección del entorno marino a través de sus políticas medioambiental y de pesca, incluida la creación de una red de zonas marinas protegidas o el objetivo de garantizar una pesca ambientalmente sostenible que minimice el impacto negativo en los ecosistemas marinos, "no ha logrado detener la pérdida de biodiversidad marina en los mares de Europa.

El responsable del informe y miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, Joao Figueirido considera que "por su importancia económica, social y medioambiental, los mares son un verdadero tesoro". "Sin embargo, hasta la fecha, la acción de la UE no ha podido restituir los mares de Europa a un buen estado medioambiental, ni ha conseguido que la pesca vuelva a niveles sostenibles", ha lamentado.

Figueirido asegura que la auditoría constituye una "señal clara de alarma" en cuanto a la protección de los mares europeos, ya que en la práctica, el marco de la UE solo da una protección "limitada" de la biodiversidad marina.

Las zonas marinas protegidas, que ascienden a más de 3.000 son probablemente las medidas de conservación más emblemáticas pero los auditores aseguran que esta protección es "poco profunda".

La observación del informe del tribunal coincide con la última evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) que apunta que menos del 1 por ciento de las zonas marinas protegidas de Europa podrían considerarse como zonas que gozan de plena protección.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

En su informe, el Tribunal considera que para que las medidas sean eficaces, las áreas marinas protegidas deben ofrecer suficiente cobertura a las especies marinas más vulnerables de la UE y a sus hábitats, así como introducir restricciones a la pesca cuando fuera necesario y estar gestionadas adecuadamente, lo cual dista mucho de la realidad.

No obstante, advierte de que las herramientas normativas que vinculan la biodiversidad marina de la UE a su política pesquera "no funcionan adecuadamente" en la práctica y además no se han desarrollado con éxito.

Por otro lado, respecto al impacto de la pesca, el tribunal señala que aunque "había comenzado a mejorar" las poblaciones de peces en el Atlántico no hay "indicios significativos de progresos" en el Mediterráneo, donde la actividad "duplica con creces los niveles sostenibles".

Por otro lado, el informe estima que la financiación de la UE podría "marcar una diferencia" como se observa en algunos proyectos financiados por los programas LIFE o Interreg.

La fiscalización abarca desde 2008, cuando se aprobó la Directiva marco de la estrategia marina hasta marzo de 2020, y se centra en el golfo de Vizcaya y la costa de la Península Ibérica, Macaronesia y el Mediterráneo occidental.

Los ingresos derivados de la publicidad en televisión alcanzaron los 318 millones de euros durante el segundo trimestre de 2020, que coincidió con los meses de confinamiento por la pandemia de la Covid-19, registrando una caída histórica del 45% respecto al mismo periodo del año anterior.

"Este retroceso se explica por el estado de alarma decretado en España por la crisis del Covid-19", ha explicado la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) tras hacer públicos sus últimos datos disponibles.

En este sentido, el organismo estatal ha puesto de relieve que los dos principales grupos de televisión privada, Mediaset España y Atresmedia, concentraron el 80% de los ingresos de publicidad en televisión en el citado periodo.

Asimismo, los datos de la CNMC apuntan que, durante el segundo trimestre de 2020, la facturación de la televisión de pago registró retrocesos prácticamente en todos los medios de transmisión.

En concreto, la televisión de pago por IP (transmitida por las redes xDSL o FTTH) facturó 375 millones de euros, un 10% menos que en el año anterior, y se mantuvo como la tecnología con mayores ingresos. En segundo lugar, se situó la televisión por satélite con 70 millones y un retroceso del 29%; y, en tercer lugar, la televisión por cable con 34 millones y una disminución del 20%.

Por otra parte, en el segundo trimestre de 2020, el total de abonados a la televisión de pago alcanzó los 7,9 millones, y la tecnología con más usuarios fue la televisión IP, con 4,7 millones de abonados.

Durante el segundo trimestre, el consumo promedio de televisión aumentó a 246 minutos por persona y día (4 horas y 6 minutos). Estos datos reflejan un aumento de 15 minutos por espectador/día con respecto al trimestre anterior y de 39 minutos con respecto al mismo trimestre de 2019.

El 41 por ciento de los españoles reconoce que ha empeorado su salud emocional a raíz de la pandemia, de los cuales la mitad es por el desánimo y el 40 por ciento por el miedo y la ansiedad, según el informe 'La salud de los españoles durante la crisis COVID-19', que han presentado la Fundación MAPFRE y Salvetti .

No obstante, cerca del 60 por ciento considera, además, que su salud física "está igual que antes de la pandemia", el 19 por ciento que "ha mejorado", y un 22 por ciento que "ha empeorado", principalmente los jóvenes entre 20 y 26 años. Los más perjudicados destacan como causas principales el hecho de haber ganado peso (54%), hacer menos deporte (53%), sentirse más cansados (51%) y tener menos energía (49%) y más dolores de cabeza (42%).

La salud emocional ha sido la más impactada por la pandemia, especialmente en la franja de edad de 20 a 35 años. Cuatro de cada 10 españoles (41%) reconocen sentirse peor emocionalmente en estos momentos debido a la situación de incertidumbre (66%), menor estado de ánimo (51%), miedo y ansiedad (44%) e inseguridad, desmotivación y apatía (43%).

Aunque el siete por ciento reconoce sentirse "muy mal" a nivel mental, el confinamiento también ha hecho mella en los ciudadanos y un 25 por ciento considera que su agilidad mental y memoria han empeorado debido a un "mayor cansancio" (63%), estrés (51%) y dificultad para concentrarse (48%), así como para manejar la tensión del día a día (42%), entre otros factores. Las mujeres (28% frente al 21% de los hombres) y las personas entre 27 y 35 años, son las más afectadas.

Del mismo modo, el estudio, resultado de un total de 2.500 entrevistas que se han realizado en septiembre de este año, ha puesto también de manifiesto que el confinamiento se vivió como una etapa de reflexión; la desescalada, como una etapa de liberación física pero no emocional; y la nueva normalidad, como un momento de incertidumbre. Quienes más se han visto afectados son mujeres, jóvenes menores de 35 años, residentes en ciudades, hogares con mayor número de miembros y zonas con menor poder adquisitivo.

La salud en su conjunto es la gran protagonista y pasa a un primer plano para la mayoría de los españoles. Así, 9 de cada 10 cree que la salud es "muy importante en su vida", considera que "sentirse bien emocionalmente es tan importante como hacerlo físicamente", admite que el entorno y la falta de relaciones sociales afectan a su bienestar e intenta llevar hábitos saludables.

Además, siete de cada 10, declaran que les gustaría llevar un estilo de vida más saludable que el actual, y 3 de cada 10, confiesan que hasta que no ha llegado la pandemia "no han sido conscientes de lo importante que es la salud".

El coronavirus y la sanidad son algunos de los temas que en conjunto más preocupan (93%), por encima de la crisis económica (80%), el paro (59%) y el entorno político (45%), pero cuando el ciudadano mira hacia el futuro, lo que más le preocupa son las consecuencias de la crisis económica (56%), por encima de las consecuencias de la crisis sanitaria (44%).

Impacto económico negativo

En este sentido, el informe ha revelado que los encuestados han sufrido un impacto económico negativo, especialmente debido a un ERTE (29%), a la disminución de los ingresos (28%), reducción de jornada (16%), y despido (10%), entre otros motivos.

La investigación también ha permitido identificar los nuevos hábitos que están adoptando los ciudadanos. En salud, por ejemplo, la mayoría de los encuestados (91%) reconoce que ha cambiado o incorporado hábitos relacionados con la prevención, como el distanciamiento social (83%), evitar espacios cerrados y aglomeraciones (78%) y no utilizar el transporte público (50%), entre otros.

También son más conscientes de la necesidad de protegerse más. En este sentido, un 63 por ciento manifiesta que desinfecta más su hogar con productos específicos, y un 57 por ciento está reforzando su salud, prestando más atención a las revisiones médicas periódicas (31%), eliminando o reduciendo hábitos nocivos (25%) y desarrollando técnicas de meditación/relajación (21%).

En alimentación también se han producido cambios. En concreto, el 38 por ciento se alimenta de forma más saludable, un 40 por ciento prepara más comida casera, el 34 por ciento evita los alimentos procesados y el 25 por ciento consume más vitaminas.

En cuanto al estilo de vida, el 70 por ciento limita las salidas fuera de casa (bares y restaurantes); evita viajes largos (56%); paga con tarjeta o móvil en lugar de con efectivo (49%) y compra online (43%). Además, las relaciones sociales se reinventan para el 54% de españoles y en este sentido el 44 por ciento reconoce que pasa más tiempo con la familia y que organizan más "reuniones" virtuales e interactivas.

Un 36 por ciento ha comenzado a realizar más actividad física y el 32 por ciento trabaja desde un lugar diferente al habitual (teletrabajo). También ha crecido la concienciación por la sostenibilidad. El 43 por ciento manifiesta que compra solo aquello que verdaderamente necesita; el 33 por ciento recicla más; y el 44 por ciento apuesta por productos de proximidad y proveedores locales.

Finalmente, el estudio ha mostrado que Madrid es donde más han cambiado los hábitos de alimentación y el estilo de vida durante la pandemia; Cataluña y País Vasco, son dos de las comunidades más impactadas por los ERTES; en Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia están más preocupados por las consecuencias económicas; Andalucía, donde consideran que más ha empeorado su estado de salud físico; y Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde existe mayor percepción de miedo durante la nueva normalidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que las fiestas de Navidad de este año serán "diferentes" por la situación de la pandemia de COVID-19, pero ha pedido a la ciudadanía que siga respetando, como hasta ahora, las restricciones contra el virus para doblegar la curva de la segunda ola.

"Nos encontramos a las puertas de un puente largo y de unas fiestas muy señaladas, pero es necesario seguir manteniendo nuestro compromiso con todos los que nos rodean. Serán fiestas diferentes, la celebración será distinta a como lo hicimos durante años anteriores. Entiendo que son unas fiestas señaladas y que queremos reencontrarnos con nuestras familias. Entiendo que todos estamos un poco cansados, pero llamo a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora. Tenemos que construir entre todos unas navidades distintas, apelando a un sentimiento muy navideño, la solidaridad", ha afirmado en su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, según se establece en el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas. Sin embargo, el documento aún no es definitivo y se está negociando con las CCAA para fijar las medidas definitivas. Se prevé que el próximo miércoles se apruebe en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En su intervención, el ministro ha realizado un balance del primer mes del nuevo estado de alarma para contener la segunda ola. "Los datos epidemiológicos son mejores que hace un mes. Lo estamos consiguiendo porque sabemos que las medidas que se están adoptando, como la limitación de la movilidad o de los contactos sociales, funcionan", ha celebrado.

En este contexto, ha informado de que España lleva "tres semanas seguidas" reduciendo la incidencia de casos a 14 días por 100.000 habitantes, desde 530 en la primera semana de noviembre a un promedio de 350 esta semana. A la vista de estos datos, ha afirmado con rotundidad que "la cogobernanza con las comunidades autónomas y el estado de alarma están funcionando".

De hecho, ha aplaudido que "todas las CCAA están reduciendo sus niveles de transmisión" y, progresivamente, el número de hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, el número de fallecidos sigue en tendencias ascendentes. El ministro espera que su reducción se produzca "en los próximos días". Como ejemplo de la bajada de la transmisión, el ministro ha señalado que Navarra ha pasado de una incidencia de 1.140 a principios de noviembre a 360 ayer, o Andalucía, donde se partía de 540 y ya se encuentra en 395.

"Que las medidas que están implementando las comunidades autónomas dentro del estado de alarma estén funcionando y que la transmisión esté descendiendo son buenas noticias, pero seguimos en unos niveles de incidencia muy altos, muy por encima de lo que nos marcan los organismos internacionales", ha advertido, recordando que el objetivo es llegar a una incidencia por debajo de 50 "e idealmente de 25", el límite que marca como seguro el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

"Vamos por el buen camino, lo estamos consiguiendo sin tener que recurrir a medidas más extremas que sí han tenido que activar otros países europeos. Nuestro país, dicho sea con toda la prudencia, tiene una situación menos desfavorable que otros países europeos, aunque sigue siendo preocupante", ha expuesto.

De esta forma, Illa ha agradecido que la ciudadanía "está demostrando nuevamente el enorme compromiso en luchar contra esta pandemia" pese al "cansancio generalizado" tras casi nueve meses de pandemia. "El final está más cerca, aunque aún es necesario mantener el esfuerzo. El camino que nos queda durará aún unos meses. No debemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos en esta reducción de la curva", ha señalado.

"Hay que mantener la tensión para seguir doblegando la curva y no dar pasos atrás. Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva, aunque estamos lejos de alcanzar el objetivo", ha detallado, indicando que "esta carrera no es un 'sprint'", sino "una maratón" en la que hay que seguir aplicando las medidas de higiene de manos, distancia social, uso de mascarilla, ventilación, actividades al aire libre, reuniones de seis personas como máximo y quedarse en casa si hay síntomas, positivo o un contacto estrecho.

Para concluir, el ministro se ha dirigido a los ciudadanos, resaltando que España está "en un momento crítico de la pandemia". "Nos encontramos ante un horizonte que ofrece signos de esperanza pero que requiere de varios meses. Hay esperanza porque las medidas que estamos tomando están doblegando lentamente la curva. Y cada vez está más cerca la llegada de las primeras dosis de la vacuna, un primer paso hacia la normalidad. Pero la vacunación será un proceso progresivo y requerirá un tiempo conseguir que un número suficiente de personas vacunadas para reducir las medidas. Tenemos motivos para ver un horizonte de esperanza, con toda la prudencia, estamos en el buen camino", ha concluido.

El consumidor se ha mostrado este año, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, más exigente a la hora de elegir su establecimiento de confianza para comprar alimentos, primando la calidad por encima de la cercanía por primera vez desde que se realiza este estudio, según los datos de la encuesta sobre hábitos de consumo 2020 de la Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores (MPAC).

En concreto, el perfil mayoritario de los consumidores y probablemente a causa de la pandemia del coronavirus, la calidad se equipara a la seguridad, seguido de factores como la cercanía y el precio.

El informe también subraya el incremento de más de tres puntos en la compra 'online', impulsada por el periodo de confinamiento durante el cual un 8,3% indicaba su uso.

Por otro lado, el estudio señala que un 12% más de encuestados asegura aprovechar más la comida y, en la misma medida, se reduce la proporción de consumidores que busca las ofertas. Tan solo un 14% ha rebajado su gasto en alimentación, dos puntos menos que el año pasado, y el 19% (un 2% más que en 2019) diversifica más su compra por motivos económicos.

En sintonía con la tendencia observada desde la irrupción de la pandemia, se eleva en seis puntos el porcentaje de encuestados que asegura no comer o cenar fuera de casa ni una vez a la semana, pasando del 35% al 41%. Cabe destacar que 2020 es el año, de los últimos cuatro, en que menos familias indican comer o cenar fuera del hogar.

Por otro lado, algo más de la mitad de los consumidores se sienten desinformados en materia de alimentación y gran consumo a pesar de que las fuentes de consulta se diversifican, siendo la principal la etiqueta del producto (51%), seguida por Internet (20%).

El consumidor medio en España otorga una importancia fundamental a la alimentación, tanto de manera aislada como en sinergia con otras cuestiones. Más del 90% de los encuestados es consciente de la importancia del binomio alimentación y salud, pero casi un 21% de la población no está seguro de si sus hábitos son saludables o no.

De esta forma, el estudio revela el incremento del consumo tanto de verduras como de frutas y legumbres respecto al año pasado. Así, el consumidor apuesta por los productos frescos, pero mientras la carne y pescado fresco mantienen su porcentaje respecto a años anteriores, el pescado congelado aumenta casi 1 punto, en la misma medida en que cae el consumo de pescado en conserva.

Cambio de hábitos por el coronavirus

Por su parte, el presidente en funciones del Consejo Económico Social (CES), Pedro Fernández, ha advertido en la presentación del estudio de que "todo está afectado por el coronavirus". "Los hábitos de consumo van a cambiar cuando nos hayamos recuperado y se vuelva a la esperada normalidad", ha indicado.

Fernández ha recordado que esta segunda ola "ha provocado la caída más grande de la actividad" y ha advertido de que en el caso de una tercera el "impacto" que tendrá para el tejido empresarial, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

"Las cifras son malas y hay sectores especialmente dañados como la hostelería y la restauración, mientras que otros sobreviven en la medida de lo posible. Hay que llevarlo a un sistema económico en el que veamos oportunidades como la digitalización, a una lucha contra la economía sumergida y la formación que es una oportunidad importante", ha subrayado.

Por su parte, la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha subrayado que este estudio "será una herramienta muy útil para contribuir a la política públicas de consumo cada vez más acertadas".

"En los meses del confinamiento observamos que hay ciertos cambios de conductas positivas como un consumo más sostenible y más responsable, porque hay una mayor preocupación por la salud", ha señalado.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha avisado este jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no se puede construir un "proyecto de futuro" en España como "Estado nación" con partidos como ERC y Bildu, partidarios de que "se desguace" el país "con supuestos derechos autodestructivos de autodeterminaciones". Además, ha reivindicado su derecho a seguir dando su opinión, y ha avisado de que no va a consentir que nadie le mande callar.

"Para mí no son interlocutores válidos", ha afirmando en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha criticado el acuerdo sellado entre el Gobierno y ERC para los Presupuestos, y el apoyo que Bildu ya ha anunciado que va a prestar.

Según González, estos dos partidos quieren "acabar con España" y, por ello, no se les debe tener en cuenta a la hora de construir un horizonte a medio y largo plazo, sino que se debería apostar por alianzas con el PP y Ciudadanos, como está ocurriendo, a su juicio, en Europa.

"No es progresista querer romper España o dividirla. Es tanto como dividir a los españoles", ha afirmado, al tiempo que ha confesado que a veces tiene "un sentimiento de orfandad" con la actual dirección del PSOE. "Ahora hay cosas que no entiendo y que creo que nos pasan a muchos y por eso esa no compresión y que a veces te preocupe e inquiete o ese sentimiento de orfandad representativa", ha ahondado.

Además, ha criticado que, a su parecer, cada vez haya menos debate interno en el PSOE y el resto de formaciones, pero ha asegurado que él va a seguir dando su opinión. "No voy a consentir nunca que nadie me mande callar", ha avisado, al ser preguntado por la respuesta de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, a las críticas de dirigentes históricos del partido, afirmando que ahora es el tiempo de su generación.

El sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado a los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Universidades, Manuel Castells, que impulsen una nueva planificación de las plazas del Grado de Enfermería que conllevaría que en el próximo curso 2021-2022 se ofertasen cerca de 4.000 plazas más en el conjunto del Estado con el objetivo de que España cuente a medio plazo con el número "suficiente y adecuado" de estos profesionales para "garantizar la salud y seguridad" de los pacientes y ciudadanos.

Satse se ha dirigido por carta a los responsables ministeriales de Sanidad y Universidades tras haber realizado un estudio sobre la oferta universitaria que hay, en la actualidad, en España para cursar los estudios de Grado de Enfermería y que concluye que resulta necesario aumentarla para poder dar respuesta a las necesidades asistenciales y de cuidados de la población en los próximos años.

El estudio, realizado por un grupo de expertos, constata que la realidad actual es que, mientras se incrementan de manera paulatina las necesidades de atención y cuidados a las que deben dar respuesta los profesionales sanitarios "cualificados y competentes" para ello, como son las enfermeras, España sigue manteniendo un "déficit histórico y estructural" de estos profesionales que provoca que no se pueda atender de manera óptima y satisfactoria a los pacientes y ciudadanos en general.

Por ello, Satse ha destacado la necesidad de adoptar nuevas medidas para que los centros sanitarios y sociosanitarios y otros ámbitos, como los colegios e institutos, puedan contar lo antes posible con las suficientes enfermeras, siendo una de ellas la de acordar una nueva planificación de la plazas formativas del Grado de Enfermería en el conjunto de las universidades de España.

En la actualidad, se gradúan al año en los centros universitarios del país en torno a 12.000 jóvenes enfermeras y enfermeros, una cifra que resulta absolutamente insuficiente, de ahí que se proponga un aumento progresivo y continuado en el tiempo de las plazas ofertadas en las universidades para poder contar con más profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Este estudio concluye que el próximo curso 2021-2022 debería iniciarse con un 24 por ciento más de plazas para el primer año de carrera con respecto a la oferta actual, o lo que es lo mismo, 3.974 plazas más en el conjunto de las universidades. "Esta cifra planteada para el primer año de carrera del curso 2021- 2022 debería mantenerse anualmente en cada curso de primero de Grado al menos, cuatro años más", ha dicho el sindicato.

Entre los argumentos esgrimidos en el estudio para justificar la propuesta realizada se destaca el hecho de que España es el país con mayor esperanza de vida de Europa y el segundo del mundo, y que ha experimentado en los últimos años un aumento de las enfermedades crónicas, las pluripatologías y las personas en situación de dependencia.

Una situación que ha llevado a muchos organismos, expertos y profesionales a concluir que nuestro sistema sanitario, como los del resto del mundo, "está abocado a un profundo cambio" si realmente quiere atender estas necesidades de salud que no son otra cosa que necesidades de cuidados para que los ciudadanos puedan vivir y morir con calidad.

"Un nuevo modelo organizativo y asistencial en el que las enfermeras y enfermeros son, sin lugar a dudas, una pieza fundamental por sus conocimientos, habilidades y juicio profesional para promover, mantener y mejorar el bienestar integral de los ciudadanos a lo largo de toda su vida. En definitiva, nuestro sistema sanitario requiere a corto, medio y largo plazo más enfermeras pero, lamentablemente, a fecha de hoy en nuestros centros sanitarios y sociosanitarios hay un grave déficit estructural", han zanjado desde Satse.

El pleno del Parlamento europeo ha pedido este miércoles nuevas reglas para impulsar el consumo sostenible y actuar contra las prácticas que acortan la vida útil de los productos, además de apuntar la necesidad de reconocer el "derecho a la reparación" de los consumidores.

Para ello, los eurodiputados piden en una resolución medidas para hacer más atractivo la reutilización y la reparación de piezas averiadas, así como ampliar los periodos de garantía de los productos y también de las piezas de recambio y ofrecer mejor información sobre el mantenimiento.

Otra vía para impulsar el consumo más responsable es fortalecer el apoyo a los mercados de bienes de segunda mano y actuar contra la obsolescencia programada, es decir, aquellas prácticas con las que los fabricantes acortan la vida útil de sus productos.

La Eurocámara insiste también sobre la necesidad de que exista un cargador único para reducir los residuos electrónicos e incluir en el etiquetado de los productos información sobre su durabilidad, ha informado la institución en un comunicado.

Para alentar a las empresas y los consumidores a hacer elecciones sostenibles, los eurodiputados apuntan a una contratación pública más sostenible, así como por una comercialización y una publicidad responsables. Por ejemplo, cuando al publicitar características respetuosas con el medio ambiente, deben aplicarse criterios comunes para justificar dicha afirmación, como haber obtenido una etiqueta ecológica.

La resolución también pide que se refuerce el papel de la etiqueta ecológica de la UE para incentivar su uso y sensibilizar a los consumidores.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la necesidad de incluir los cuidados paliativos en los planes de respuesta al Covid-19, asegurando que la pandemia ha evidenciado que esta atención debe estar disponible para "todas las enfermedades y grupos de edad".

"Además de responder a la pandemia de Covid-19, una parte clave del trabajo de la OMS este año ha sido ayudar a los países a mantener los servicios de salud esenciales, incluidos los cuidados paliativos. Las personas mayores que viven en residencias, así como los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, o cualquier otra persona con afecciones potencialmente mortales, pueden requerir cuidados paliativos", ha dicho Tedros.

Por ello, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha subrayado la importancia de que los profesionales sanitarios y los sistemas estén preparados para "aliviar el sufrimiento" mientras se garantiza el respeto a la "dignidad y calidad de vida" de los pacientes.

Dicho esto, Tedros ha mostrado su preocupación por las "disparidades mundiales" que hay en la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos que se utilizan para los cuidados paliativos. "Este es un problema incluso en tiempos normales, si bien la pandemia ha causado graves interrupciones en las cadenas de suministro y escasez de estos medicamentos críticos", ha apostillado.

Asimismo, Tedros ha destacado que la colaboración de la OMS con las organizaciones de la sociedad civil en cuidados paliativos ha incluido el desarrollo de documentos de orientación y herramientas de evaluación, y la promoción del acceso equitativo.

"Estas alianzas deben fortalecerse, especialmente en lo que respecta a la difusión de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades en los países y la coordinación entre los diferentes niveles de atención. Necesitamos acordar acciones concretas para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales para los cuidados paliativos, tanto para adultos como para niños, y en todos los niveles de atención", ha dicho, para zanjar avisando de que el beneficio de los cuidados paliativos depende de que los pacientes y sus familias participen activamente en los procesos de toma de decisiones.