El Juzgado de Instrucción número 7 de Granada, este jueves en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor de 31 años detenido después de que el pasado domingo por la mañana atropellara a un ciclista de 51 años en una carretera cercana a Quéntar (Granada) y se diera a la fuga, dejando a la víctima con lesiones graves.

Está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa y por otro contra la seguridad vial, según han detallado fuentes judiciales, después de que el detenido pasara a disposición en la mañana de este jueves y de que la investigación de la Guardia Civil haya concluido que lo hizo de manera intencionada.

Por su parte, el ciclista continúa ingresado este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Traumatología y su estado es estable dentro de la gravedad, dadas las múltiples lesiones que presenta, entre ellas, fractura de pelvis y de algunas vértebras, según han detallado fuentes sanitarias.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio a las 08,30 horas, en el kilómetro 15,950 de la carretera GR-3210, en el término municipal de Quéntar, cuando se produjo la colisión entre el turismo y el ciclismo, aunque la investigación practicada por la Guardia Civil ha determinado que «no fue fortuita» sino que según varios testigos el vehículo impactó de forma intencionada contra el ciclista, presuntamente porque anteriormente le había recriminado que no hubiese guardado la distancia de seguridad en un adelantamiento.

Como consecuencia de la embestida, el ciclista salió despedido cayendo por un desnivel de unos 30 metros, lo que le provocó lesiones graves que le mantienen hospitalizado. El conductor del vehículo se dio a la fuga y desde aquel momento la Guardia Civil lo ha estado buscando, según ha detallado en una nota el Instituto Armado.

Se sabía, a través de varios testigos, que se trataba de un Volkswagen Golf de color rojo y la Guardia Civil dio traslado de ello a las Policías Locales de la zona, que colaboraron activamente desde el inicio para tratar de localizar al vehículo y sus ocupantes. Finalmente, fue la Policía Local de Alfacar la que alertó sobre un vehículo estacionado en Víznar que podría coincidir con el que se buscaba.

Los agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico de la Guardia Civil de Granada se trasladaron al lugar y con los datos de los que disponía confirmaron que se trataba del vehículo implicado en los hechos.

A partir de ahí, las pesquisas de los agentes se encaminaron hacia la localización de la persona que conducía el coche en el momento en que se produjeron los hechos, finalizando en la tarde del miércoles, cuando la Guardia Civil lo detuvo como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y contra la seguridad vial. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada este jueves, que ha decretado su ingreso en prisión.

El nuevo ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha iniciado este jueves una primera toma de contacto telefónico con los portavoces de distintos grupos parlamentarios de la oposición, con los que prevé reunirse a partir de septiembre, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político.

Bolaños ha empezado una ronda de llamadas, contactando a los grupos de mayor a menor, y prevé continuar este viernes. Las conversaciones han oscilado entre los 10 y los 30 minutos de duración, y, según Moncloa, se han desarrollado en un «tono cordial».

Se ha tratado de un contacto «genérico» y de «presentación» después de que a principios de mes asumiera su nuevo cargo como ministro de Relaciones con las Cortes en el marco de la amplia remodelación llevada adelante por el presidente, Pedro Sánchez.

El sucesor de Carmen Calvo en esta cartera se ha estrenado al frente del Ministerio con el Parlamento en periodo no ordinario y este miércoles no se acercó al Pleno extraordinario que tuvo lugar en el Congreso para convalidar los cuatro decretos pendientes del Gobierno, entre ellos el de los interinos o el que suavizó el uso de las mascarillas en el exterior.

TONO DIALOGANTE

Es por ello por lo que ha decidido ponerse en contacto telefónico con los portavoces de la oposición para presentarse y emplazarse a un próximo encuentro. Así se lo ha trasladado a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, con quien ha mantenido una conversación «cordial» y «dialogante» durante unos quince minutos y con la que quiere reunirse de forma presencial en septiembre.

Parecido ha sido el mensaje que Bolaños ha hecho llegar al resto de portavoces con los que ha hablado este jueves: Edmundo Bal (Ciudadanos), Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Ferrán Bel (PDeCAT), según confirmaron fuentes parlamentarias.

En concreto, la conversación con Rufián se han alargado durante media hora pero por que, según apuntaron fuentes del partido independentista catalán, ellos ya tenían relación previa por distintos asuntos. Con todo, en la reunión de septiembre tratarán de entrar en materia sobre los temas que ocupan y preocupan a Esquerra.

Lo mismo le ha comunicado a Bel, según detallaron fuentes del PDeCAT, a quien Bolaños le ha traslado, además, su voluntad de interlocutar con los distintos grupos parlamentarios en una conversación en la que ambas partes han mostrado su disposición a «colaborar».

Desde Bildu han informado de que su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha analizado con el ministro diversas cuestiones de actualidad y que ambos han intercambiado posiciones sobre el futuro de la legislatura, en un tono cordial y respetuoso.

Además, la portavoz de la coalición abertzale ha aprovechado para quejarse de que el Gobierno siempre acabe «negociando a contrarreloj» como quedó patente, por ejemplo, este miércoles cuando logró in extremis’ los apoyos para convalidar el decreto ley sobre interinos. También han hecho lo propio otros portavoces que protestan habitualmente por el modo de ‘negociar’ del Ejecutivo, al que acusan de dejar todo para el último momento.

En este contexto, Aizpurua le ha instado a reforzar el diálogo con las fuerzas de izquierdas y a trabajar con suficiente antelación los consensos para ganarse los apoyos y afianzar la mayoría progresista.

CERRARÁ CON PSOE Y UNIDAS PODEMOS

El ministro también ha llamado al grupo parlamentario de Vox, pero, según indican fuentes de Moncloa, a esta hora no se ha producido la conversación con su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.

No obstante, Vox ya ha avisado a primera hora de este jueves que no atendería ninguna llamada del Gobierno, con quien, según ha dicho, sólo piensa relacionarse desde la tribuna del Congreso para pedir su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones generales.

Bolaños tiene previsto continuar mañana con la ronda de llamadas al resto de grupos parlamentarios, ya que esta tarde debe presidir la Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios.

Aún tiene que hablar con el resto de formaciones del Grupo Plural –Más País-Equo, Compromís, Junts y BNG– y con el Grupo Mixto. Su intención es cerrar esta primera ronda con los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

LOS ASUNTOS PENDIENTES

Entre los asuntos que Bolaños tiene en la cartera de pendientes con vistas al próximo periodo de sesiones está, en primer lugar, las renovaciones de los órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

Un asunto que casi con seguridad tratará principalmente con la portavoz de los ‘populares’, cuyos votos son necesarios para poder actualizar estas instituciones, en tanto que requieren una mayoría de 210 diputados.

Otra de las cuestiones que el ministro previsiblemente llevará a sus reuniones con los portavoces será la Ley de Memoria Democrática que impulsó su antecesora en el cargo y cuyo proyecto se acaba de remitir al Congreso.

La representante en España de ACNUR, Sophie Muller, ha recibido este jueves en la Universidad Pública de Navarra el Premio Internacional Jaime Brunet a la defensa y promoción de los derechos humanos, concedido en 2019 y cuyo acto de entrega no fue posible celebrar en su día debido a la pandemia.

La ceremonia ha estado presidida por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en calidad de presidenta honoraria de la citada fundación, y por el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo. Han asistido también la presidenta del Gobierno foral, María Chivite; el presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde, y el vicepresidente de la Fundación Brunet, Joaquín Mencos, entre otros representantes.

Sophie Muller ha señalado, en su intervención en el acto, que es un «honor» recibir este premio y ha manifestado que «la solución satisfactoria a los problemas cuyo alcance internacional ha sido reconocido por Naciones Unidas no puede lograrse sin solidaridad internacional, pero tampoco sin la sociedad civil, sin las empresas, sin las ONG…, sin la sociedad en su conjunto, junto con las personas refugiadas».

ACNUR, con presencia actualmente en 138 países, fue creado por la Asamblea General de la ONU para ayudar a las personas desplazadas en Europa a causa de la Segunda Guerra Mundial. En 2021 y con más de 82 millones de personas desplazadas forzosas, la Agencia de la ONU para los Refugiados cumple 70 años durante los cuales no ha dejado de brindar asistencia y protección a millones de refugiados y desplazados en todo el mundo que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la guerra, la persecución y los conflictos que se sucedieron en distintos países y continentes. También ayuda a millones de personas apátridas en todo el mundo a quienes se les ha negado el derecho a una nacionalidad y que carecen de los derechos más básicos.

En el acto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha manifestado que acudir a esta ceremonia a Pamplona es expresión de sus «convicciones políticas y personales respecto de la defensa de los derechos humanos». Como presidenta del Congreso, ha dicho, «me corresponde tutelar los derechos de los diputados y diputadas en el ejercicio de su cargo y con ellos, la expresión de las posiciones y la voluntad de los ciudadanos y la amplitud y representatividad del debate político democrático».

Batet ha señalado que «son los valores constitucionales, compartidos con los Estados de nuestro entorno, los que vertebran nuestra sociedad y requieren ser recordados, reconocidos, protegidos y ensalzados cada día».

La presidenta del Congreso ha comentado que «hoy es más necesaria la defensa de los derechos humanos, de los excluidos, los discriminados, los pobres… de quienes necesitan ayuda de los demás, de la sociedad». «Si queremos una sociedad cohesionada, fuerte y capaz de progresar y hacer reales los valores que nos identifican, la inclusión, la cohesión social son tareas prioritarias, imprescindibles», ha dicho, para destacar así la tarea de ACNUR.

Ha expuesto que ACNUR se ocupa de «quienes están en las situaciones más necesitadas y peligrosas y defendiendo sus derechos». «En los países democráticos y desde luego en España el asilo y la protección subsidiaria no son medidas de gracia ni acciones solidarias dejadas a la voluntad de las mayorías; son auténticos derechos subjetivos reconocidos en la Constitución», ha manifestado.

Meritxell Batet ha defendido los derechos de «quienes con más frecuencia y menos justicia son tantas veces agredidos». «Porque con la misma convicción y exigencia que debo defender la libertad de discusión de los parlamentarios, debo recordar que nuestro pacto constitucional sigue incluyendo los derechos de los extranjeros, el asilo, los derechos de protección social o las obligaciones de justicia y solidaridad», ha afirmado.

El rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, ha indicado que con el premio a ACNUR se reconoce «la labor y el trabajo de una institución que nació a raíz de la Segunda Guerra Mundial para brindar ayuda humanitaria y protección a refugiados, desplazados internos, retornados, apátridas y solicitantes de asilo en todo el mundo». «Durante más de seis décadas, ha asistido a millones de refugiados y desplazados en todo el mundo que han tenido que abandonar sus hogares a causa de los conflictos que se han sucedido en las décadas siguientes», ha dicho.

Ha destacado que ACNUR es una organización «singular», «es la organización líder de las Naciones Unidas en el Pacto Mundial para los Refugiados». «Y lo es tanto por la envergadura del problema que aborda, como por la agilidad y rapidez en su respuesta», ha comentado.

Según ha dicho, «estamos ante uno de esos casos en los que la voluntad, la convicción y resolución de una institución y, sobre todo, de las personas que están detrás de ella trabajando duramente día a día, han sido capaces de producir cambios en cientos de miles de seres humanos viviendo en condiciones inhumanas sufriendo innumerables injusticias». «Y ello sin pretender la quimera inútil de cambiar las estructuras económicas y de poder que producen y perpetúan las situaciones de injusticia, sino actuando desde la base y de forma directa sobre las condiciones de vida de las personas que las padecen», ha agregado.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha señalado que «la pandemia mundial nos ha trastocado nuestras vidas» y ha expuesto que «los problemas de antes de la pandemia siguen ahí y no los debemos dejar de lado, algunos de los problemas son mayores y mayor tiene que ser nuestro esfuerzo por solucionarlo». Ha destacado así la importancia del «trabajo de las instituciones, de ONG y colectivos para solucionar situaciones que merman los derechos humanos».

Ha reconocido Hualde la labor de ACNUR con los millones de refugiados y ha añadido que «la defensa de los derechos humanos es una cuestión que une a la sociedad navarra y debiera ocurrir en todo el mundo pero vemos lo que ocurre en otras partes del mundo y vemos que queda mucho por hacer». «Es fundamental ayudar a esas personas que huyen de las guerras y persecuciones en sus países de origen», ha dicho.

EN EL ACTO

El acto, al que han acudido alrededor de 150 invitados, ha comenzado a las 13 horas con el acceso a la sala de autoridades y personas premiadas. La parte musical ha sido interpretada por el cuarteto Zura Quartet.

En primer lugar, se ha procedido a la entrega de diplomas a los ganadores de los premios universitarios -destinados a alumnado de la UPNA- y de los premios a tesis doctorales relacionadas con los derechos humanos, su defensa y promoción. En el primer caso, los ganadores ex aequo en 2019 fueron Irune Bayano, Iranzu Equisoain Azcona y Hugo Montoya, mientras que en 2020 lo fueron David Garciandía, María Dolores Martínez y Angie Marcela Bejarano. En cuanto a las tesis doctorales, los premios recayeron en Lucía Serrano Sánchez (2019) y Núria Reguart Segarra (2020). En nombre de todos ellos, David Garciandía Igal ha pronunciado unas palabras de agradecimiento.

A continuación, ha tenido lugar la entrega de diplomas de las ayudas de 10.000 euros otorgadas este año por la Fundación Brunet a instituciones que en la situación de pandemia han destacado por su labor humanitaria en defensa y ayuda de las personas necesitadas en Navarra. Las galardonadas han sido Fundación Gizakia Herritar (proyecto comedor solidario París 365), Auxiliares del Buen Pastor-Villa Teresita y Asociación teléfono de la esperanza de Navarra.

El Premio Internacional Jaime Brunet al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) está dotado con 36.000 euros, diploma y una escultura conmemorativa.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus promesas sobre no pactar ni con Pablo Iglesias ni con Bildu, así como lo que decía sobre los indultos, la subida de la luz o no subir impuestos, para desmontar la afirmación que ha realizado en su visita a Estados Unidos de que es «un político que cumple».

Casado se hace eco de las declaraciones del jefe del Ejecutivo en su gira económica por Estados Unidos esta semana para buscar inversiones tras la crisis provocada por la pandemia, donde aseguró que él se define como un político que cumple.

«Lo dirá por sus promesas de no pactar con Bildu, Podemos e independentistas, bajar el precio de la luz, frenar desahucios o no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras», le ha espetado el presidente del PP.

EL PP RECUERDA CUANDO DIJO QUE «NO DORMIRÍA» CON IGLESIAS EN MONCLOA

El jefe de la oposición ha tirado de hemeroteca y ha difundido un vídeo para desmontar esa afirmación de que es un político que cumple. «Miente con descaro, pero ya nadie le cree», ha recalcado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En la cinta, el PP recoge las declaraciones de Sánchez en las que ante de las generales de abril de 2019 dijo que no pactaría con Pablo Iglesias ni con Podemos porque sería un «presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos».

También recuerda sus manifestaciones subrayando que con Bildu no iba a acordar «nada». «Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez», aseveró Sánchez entonces.

Además, el PP hace hincapié en las declaraciones de Pedro Sánchez recriminando a Podemos que defienda que «hay presos políticos». «Y no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad», afirmó. En el vídeo, los ‘populares’ se hacen eco después de sus palabras cuando el Consejo de Ministros aprobó los indultos a los condenados por el ‘procés’.

También recuerda el PP en la cinta las promesas de Sánchez acerca de que no iba a subir los impuestos a la clase media trabajadora y que no habría desahucios con un Gobierno del PSOE, así como sus críticas a Mariano Rajoy en el congreso tras la subida de un 13% de la factura de la electricidad, en un momento en que el precio de la luz está en máximos históricos.

MONTESINOS: «¿CÓMO PUEDE TENER TANTA CARA?»

Desde Valencia, donde ha visitado un banco de alimentos, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, se ha preguntado cómo puede tener «tanta cara» el presidente del Gobierno al decir «sin ningún tipo de sonrojo» desde Estados Unidos que él es una persona que cumple la palabra. A su juicio, «los españoles se estarán llevando las manos a la cabeza».

«¿Cómo puede decir el presidente que ha llevado a su acción de gobierno la mentira sistemática que cumple la palabra?», se ha preguntado, para añadir que si está tan seguro de su acción de gobierno, que convoque elecciones «y entonces los españoles le darán su opinión sobre sus mentiras y sobre gestión ineficaz».

Sin embargo, Montesinos ha asegurado que Pedro Sánchez no acude a las urnas porque sabe que, si los españoles van a una votación en unas elecciones generales, «tiene un pie fuera de La Moncloa como recogen todos los sondeos».

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado la primera sentencia de Galicia en la que se revoca una multa por saltarse el confinamiento tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró nulas las restricciones de circulación del primer estado de alarma.

El magistrado ha estimado el recurso interpuesto contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por un vecino de Tui sancionado con 601 euros por salir a un parque infantil con su hija. La administración, por tanto, deberá devolverle 300,5 euros, que fue la cantidad que abonó al acogerse al descuento por pronto pago.

En su resolución, contra la que no cabe interponer recurso, el juez recuerda que la prohibición de circulación establecida en el Real Decreto por el que se impuso el estado de alarma «acaba de ser declarada nula por el Tribunal Constitucional». Además, subraya que en la sentencia se señala «con carácter expreso» que esa declaración de nulidad afecta, retroactivamente, a las sanciones administrativas impuestas por incumplir el confinamiento.

En este caso concreto, el recurrente, que se encontraba en un parque infantil del paseo de Tui (Pontevedra) a las 18,40 horas del 31 de marzo de 2020, acompañado por su hija, fue multado «única y exclusivamente por haber incumplido, sin causa justificada, la prohibición de circulación». El demandante explicó en el juicio que se vio obligado a bajar al parque porque la menor «entró en estado de ansiedad tras varios días de encierro».

EL ESTADO ALEGÓ DESCONOCER LA SENTENCIA DEL TC

El Estado, según la sentencia, solicitó «la suspensión del proceso por desconocer el contenido detallado de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la espera de que se publique en el BOE». El magistrado, sin embargo, entiende que no es necesaria esa espera «por la sencilla razón de que en el recurso de inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo, representado y defendido por el abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del contenido íntegro de la sentencia, que se ha publicado completa hace ya unos días en la web oficial».

Además del fallo del Tribunal Constitucional, el juez advierte de que, en este caso, concurre otra causa adicional de anulación de la multa, «por infringir los principios de legalidad y tipicidad», pues el recurrente y su hija regresaron a su domicilio cuando se lo requirieron los agentes de la Guardia Civil y no desobedecieron a la autoridad.

Así, recuerda que todos los juzgados contencioso-administrativos de la provincia de Pontevedra han emitido «multitud de sentencias sobre casos análogos» en las que anularon las sanciones al no haber desobedecido los multados una orden directa dictada por un agente de la autoridad, sino los mandatos de una disposición de carácter general.

Al respecto, el magistrado censura la «manifiesta temeridad» que supone dictar la sanción cuando ya los juzgados de lo contencioso-administrativo de Pontevedra habían alcanzado «unánimemente esta misma conclusión en reiteradas sentencias notificadas a la Subdelegación del Gobierno». Así, impone a la Administración del Estado el pago de las costas del litigio, aunque limita su importe máximo, por honorarios de letrado, a 100 euros más IVA.

El joven británico detenido este pasado miércoles en el municipio malagueño de Estepona por el presunto hackeo a más de 130 cuentas de Twitter, incluidas las pertenecientes a personajes relevantes, está acusado además de cometer ‘swatting’; es decir, dar falsos avisos a la policía de la comisión de un delito grave en el domicilio de una víctima.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se trata de dos delitos de orden público. El investigado se dedicaría en dos ocasiones a engañar a los servicios de emergencia, dando un falso aviso de que se está produciendo un incidente grave en el domicilio de las víctimas y requiriendo una rápida respuesta e intervención de las unidades de élite de la policía estadounidense (SWAT).

Esta práctica, han añadido, se utiliza generalmente como venganza y ha causado numerosas víctimas mortales en Estados Unidos, ya que pone en peligro a víctimas, policías y a la comunidad en general, alejando a los servicios de emergencias de incidentes reales.

Al arrestado se le suman una presunta intrusión ilegítima en más de 130 cuentas de Twitter, delitos de ciberamenaza, ciberextorsión y ciberacoso; así como su implicación en un ataque informático a usuarios de las aplicaciones TikTok y Snapchat.

En un comunicado del Departamento de Justicia se recoge también el ciberacoso a una víctima juvenil y cargos por acceder sin autorización a numerosos ordenadores para obtener información protegida.

La detención se produjo en la tarde del pasado miércoles en el domicilio donde actuaba el hacker, sito en Estepona. La investigación en España se inició en abril de 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de ciberdelincuentes dedicados a cometer estafas en la red. Han participado en la misma el Federal Bureau of Investigation (FBI) y numerosos equipos de como el Servicio Secreto de los Estados Unidos, autoridades del Reino Unido y el Cuerpo Nacional de la Policía.

Entre las cuentas afectadas, estarían las de personajes como el expresidente de EE.UU. Barak Obama, o el actual, Joe Bieden; además de magnates como Bill Gates o las empresas Apple y Uber. Desde estos perfiles ofrecía a los seguidores poder doblar el dinero que ingresaban en Bitcoins en una cuenta virtual, llevando acabo así una estafa.

Tras varias gestiones policiales, los agentes detectaron el domicilio del investigado, situado en una urbanización de Estepona. Por este motivo, pusieron en marcha un dispositivo –que contó con la participaron de dos agentes de la Oficina del FBI en San Francisco y uno de su Agregaduría en España– que permitió su detención.

En el registro del domicilio, la policía intervino dos ordenadores y un teléfono móvil para su posterior estudio, ya que el análisis en caliente no permitió obtener información relevante por haber reconfigurado los dispositivos recientemente.

Más Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM) y ha pedido que se tomen medidas cautelares.

Según ha explicado la formación en un comunicado, la reforma de la Ley de Telemadrid, aprobada por la Asamblea hace dos semanas con el voto a favor del PP y la abstensión de Vox, establece que, tres meses antes de que el Director General cese, el Consejo Director de Telemadrid debe iniciar un proceso de búsqueda de candidato.

Establece además que, si ese proceso no concluye con un nuevo candidato, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá la potestad de nombrar a un nuevo administrador del ente.

«El pasado 8 de julio, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso reformó la ley y designó a José Antonio Sánchez como nuevo Director General del ente sin respetar los tres meses establecidos por la ley de reforma», explican desde Más Madrid.

En este sentido, su portavoz, Mónica García, ha calificado de «chapuza» este nombramiento porque el Ejecutivo regional «no cumple ni sus propias leyes» por la «prisa» por «asaltar Telemadrid».

Desde Más Madrid se ha pedido al juez que tome medidas cautelares debido a los efectos directos que ya está teniendo el nombramiento del actual administrador, como son el despido de toda la dirección de Telemadrid y Onda Madrid. «El verdugo nombrado por Ayuso va camino de revertir en menos de un mes el trabajo riguroso y profesional de los últimos tres años que ha logrado remontar la audiencia, la profesionalidad y la credibilidad de Telemadrid», ha añadido García.

La formación madrileña ya solicitó el pasado 6 de julio al Gobierno de España que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad para frenar la designación de Sánchez al no «haber respetado los procedimientos establecidos».

«Desde Más Madrid estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para frenar los abusos del gobierno de Ayuso, esperemos que el gobierno de España haga lo mismo y no mire hacia otro lado», ha añadido García.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha escenificado este jueves la unidad contra los delitos de odio y los ataques Lgtbifóbicos con su apoyo a una moción de PSOE en la que se apuesta por la diversidad y el fomento de la tolerancia, una propuesta que sólo ha contado con el rechazo de Vox al entender que es «sectaria».

La moción, con el apoyo de PSOE, PP, Cs, Adelante Sevilla y la concejal no adscrita Sandra Heredia, recoge la condena expresa del Pleno de Sevilla a los ataques homófobos y Lgtbifóbicos; respalda la labor del Ayuntamiento en materia de diversidad y fomento de la tolerancia, apoyando acciones que logren la erradicación de conductas Lgtifóbicas en la sociedad, educación o deporte; a la par que acuerda la adhesión del Ayuntamiento a la Declaración de Mérida relativa a los compromisos con los derechos humanos Lgtbi en el mundo ante «la deriva de gobiernos europeos como Hungría y los mensajes ofensivos y con graves consecuencias que está promoviendo la extrema derecha en España».

De su lado, Vox se ha ausentado del Pleno cuando se iba a producir la votación, lo que de acuerdo al reglamento supone que consta en acta como una abstención, ya que su portavoz, Cristina Peláez, asegura que su formación «condena la violencia» y considera que se les «acusa directamente» de estar detrás de estos delitos. Además, tras asegurar que se está utilizando lo ocurrido con el joven del Samuel, por cuyo asesinato hay detenidos tres españoles, Peláez asevera que «no será que las agresiones homófobas han aumentado a consecuencia de la inmigración ilegal de países islámicos radicales».

Ante este argumentario, la portavoz socialista, Adela Castaño, que recuerda que los delitos de odio por la orientación sexual o identidad de género se han incrementado más de un 60 por ciento entre 2016 y 2019, ha advertido a Peláez de que «no mide» lo que dice y ha exigido una explicación a las palabras dichas por Peláez al finalizar su intervención en un tono elevado con un «aténganse a las consecuencias», ante lo que la edil de Vox asegura que sólo se refería a «electoralmente». «Señalan directamente a cualquiera que piense diferente. Están pasando un umbral que puede provocar que la gente luego cometa delitos de odio», denuncia Castaño, que ha criticado a «la extrema derecha empeñada en destruir la democracia, la igualdad, la tolerancia y la convivencia intercultural, liquidando las conquistas alcanzadas en esta materia, donde el mayor de todos es el derecho a la vida».

En la misma línea, el portavoz adjunto del PP José Luis García ha mostrado su apoyo a la implementación de más medidas en la ciudad en línea con la igualdad y contra la Lgtbifobia. «Estamos coprometidos al cien por cien. «España es un país avanzando pero la realidad es que siguen existiendo ataques homófobos y ataques violentos. La violencia hay que condenarla sea de quien sea. Mientras en algún rincón de los barrios de la ciudad haya una persona que sufra violencia por su sexualidad o por su capacidad o discapacidad, lo condenaremos. La forma que tenemos los demócratas de este Pleno de defender que esto no vuelva a ocurrir es con una moción», apostilla, dejando claro que hay que usar la ley «implacablemente» contra ellos los agresores.

Asimismo, el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, alerta de los «importantes retrocesos democráticos en el país» que se producen, con la «discriminación, e incluso asesinato, de personas Lgtbi». «En la moción no se dice que Vox sea culpable, pero sí lo es de señalar. Lo que la democracia les ha dado, que es la representación, la usan para señalar siempre a los más vulnerables, a los que peor lo pasan», recalca, apostando por poner desde su formación un «granito de arena para que se avance, pero falta para que esa igualdad legal se convierta en igualdad real». «Ante el negacionismo, los partidos demócratas de verdad tenemos que poner sobre la mesa que los delitos de odio están creciendo», sentencia.

La concejal de Cs Amelia Velázquez ha subrayado que «cada uno es consecuente con lo que habla y lo que hace». «Nadie de Cs ha dicho nada que discrimine o apoye cualquier tipo de violencia homófoba. Que cada uno ame a quien desee sin que coarten su libertad. Lo triste es que se tenga que traer una propuesta de este tipo porque no nos respetemos. Mantengamos la cordialidad», insiste, tras recordar la «agresión» a miembros de su formación en una celebración del Orgullo Gay, destacando que «Cs siempre ha defendido la libertad sexual de cada uno».

Por su parte, Sandra Heredia ha dejado claro que se seguirá condenando «cualquier ataque homófobo» y se seguirá velando por «el refuerzo de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación a cualquier persona».

El Tribunal de Cuentas concluye su mandato este viernes y pasará así a engrosar la lista de órganos pendientes de renovación de la que ya forman parte el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo.

Lo hace en las mismas condiciones que el resto de órganos constitucionales caducados, es decir, sin que existan a corto plazo perspectivas para elección de nuevos consejeros. Además, el fin de su mandato llega en plena polémica por la causa que ha abierto contra ex cargos de la Generalitat de Cataluña, lo que ha llevado tanto a los partidos independentistas como al propio Gobierno a cuestionar al fiscalizador.

La renovación del tribunal que preside María José de la Fuente requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados.

Y ahora ese pacto antoja aún más complicado después de que el fiscalizador se haya situado en el ‘punto de mira’ del independentismo por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista.

COMO EN LOS AÑOS DE MAYORÍA DEL PP

Por su parte, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, y ya han avisado de que, tras los indultos, es «muy complicado» pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura. Además, como la composición actual de estas instituciones procede de los años de mayoría del PP, los ‘populares’ aún dominan buena parte de ellas.

La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.

La Presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato, que arrancó en 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución –lo estuvo seis años– y desde 2018 lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.

Esta institución se une así al listado de órganos pendientes de acuerdo y cuyo mandato ya ha caducado: el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, PENDIENTE DESDE 2017

El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.

Las negociaciones entre Gobierno y PP ya encallaron al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018.

Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».

EL CGPJ, CADUCÓ EN 2018 Y EL TC EN 2019

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.

La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.

También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.

Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.

Tres artículos publicados en la revista ‘The Lancet’ con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) reclaman que se actúe «de forma inmediata y urgente» para dar prioridad a la investigación y a las medidas de salud pública para mejorar la actividad física en todo el mundo, así como garantizar que la actividad física se incorpore a la vida cotidiana.

«No se ha avanzado lo suficiente en la lucha contra la inactividad física en todo el mundo, y los adolescentes y las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de población con menos probabilidades de contar con el apoyo necesario para cumplir las directrices de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los esfuerzos mundiales para mejorar la actividad física se han estancado, y el número total de muertes causadas por la actividad física sigue siendo de más de 5 millones de personas al año», señalan los autores del trabajo.

La inactividad física está vinculada a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiopatías, la diabetes y algunos tipos de cáncer, y supone un coste de al menos 54.000 millones de dólares al año en gastos sanitarios directos, de los cuales 31.000 millones los paga el sector público.

A pesar del creciente número de jóvenes a los que se les diagnostican enfermedades no transmisibles (ENT), incluidos los trastornos cardio-metabólicos y de salud mental, los autores señalan que la investigación sobre la actividad física de los adolescentes es limitada.

Un análisis global muestra que el 80 por ciento de los adolescentes escolarizados no cumple con las directrices recomendadas por la OMS de 60 minutos de actividad física al día, y que apenas se ha avanzado desde 2012. Además, el 40 por ciento de los adolescentes nunca va andando a la escuela y el 25 por ciento permanece sentado durante más de 3 horas al día, además de sentarse en la escuela y para hacer los deberes.

Los investigadores también examinaron el tiempo delante de pantallas en adolescentes de 38 países europeos y descubrieron que el 60 por ciento de los chicos y el 56 por ciento de las chicas pasaban dos horas o más al día viendo la televisión. Además, el 51 por ciento de los chicos y el 33 por ciento de las chicas pasaban dos horas o más al día jugando a los videojuegos. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo afecta esto a su salud cardiovascular y mental.

«Necesitamos desesperadamente explorar las consecuencias a corto y largo plazo que tiene la inactividad física en los adolescentes, e identificar formas eficaces de promover el aumento de la actividad física, especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19″. La escolarización virtual y el distanciamiento social han reducido drásticamente la actividad física y han aumentado el uso de las pantallas, y las consecuencias de estos cambios podrían durar toda la vida», explica la autora principal del trabajo, la doctor Esther van Sluijs, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

La actividad física puede aportar una serie de beneficios para la salud física y mental de los 1.500 millones de personas de todo el mundo que viven con una discapacidad física, mental, sensorial o intelectual. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las personas con discapacidad tienen entre un 16 y un 62 por ciento menos de probabilidades de cumplir las directrices de actividad física y corren un mayor riesgo de sufrir graves problemas de salud relacionados con la inactividad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad.

La proporción de adultos con discapacidades que viven en países de ingresos altos que cumplen las directrices de actividad física oscila entre el 21 por ciento y el 60 por ciento, en contraste con las estimaciones que van del 54 por ciento al 91 por ciento para los adultos sin discapacidades. La magnitud de las disparidades en la actividad física de las personas con discapacidad varía según el tipo de discapacidad y es mayor en el caso de las personas con múltiples deficiencias.

Además, los investigadores evidenciaron que cualquier cantidad de actividad física, aunque sea inferior a los 150 minutos semanales recomendados por la OMS, es beneficiosa para las personas con discapacidad. Entre los beneficios se encuentran la mejora de la salud cardiovascular, la fuerza muscular, las habilidades funcionales y la salud mental.

Los autores del estudio hacen un llamamiento para que los planes de acción de actividad física en todo el mundo «cuenten con los recursos adecuados, se supervisen y se pongan en práctica para promover realmente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad a participar plenamente en la actividad física».

El interés por el deporte para discapacitados sigue creciendo y podría ser un motor clave para promover una mayor capacitación, participación e inclusión de las personas con discapacidad. Pero también necesitamos más investigación centrada en las personas con discapacidad, así como políticas y directrices cohesivas y específicas para garantizar que se respeten sus derechos y permitir su participación plena y efectiva en la actividad física», afirma la doctora Kathleen Martin Ginis, de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), y autora principal del artículo.

Los autores destacan que el 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, en esta revisión, prácticamente todos los datos poblacionales disponibles sobre la actividad física en las personas que viven con una discapacidad proceden de países de renta alta de Norteamérica y el noroeste de Europa, lo que indica la necesidad urgente de investigar más sobre la actividad física de estas personas a escala mundial.

LA IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Según los autores, los eventos deportivos masivos, incluidos los Juegos Olímpicos, ofrecen una oportunidad para promover la actividad física en las poblaciones mundiales, incluidos los adolescentes y las personas con discapacidad. Sin embargo, descubrieron que los Juegos Olímpicos tuvieron un impacto mínimo en la actividad física en las ciudades anfitrionas y son una oportunidad perdida para mejorar la salud a nivel de la población.

Los investigadores observaron que no se ha producido ningún cambio apreciable en la participación en los deportes ni inmediatamente antes ni después de los Juegos Olímpicos. Esto fue así incluso después de que los Juegos Olímpicos iniciaran el proyecto de impacto global en 2001, que sugería que las ciudades recopilaran datos de indicadores antes y después de los Juegos Olímpicos que incluyeran específicamente información de legado sobre la participación deportiva de base.

«Los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos masivos son una oportunidad perdida para cambiar la salud y la actividad física a nivel de la población, no sólo en la ciudad o país anfitrión, sino en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos ofrecen un escenario mundial para que la gente se interese y se entusiasme con la actividad física. El reto es cómo traducir ese entusiasmo en programas sostenidos de salud pública que sean realizables y agradables para el público en general», afirma el autor principal del artículo, el profesor Adrian Bauman, de la Universidad de Sydney (Australia).

Los autores piden que se planifique antes y después del evento y que se establezcan asociaciones entre los gobiernos locales y nacionales y el Comité Olímpico Internacional (COI), así como un marco de evaluación exhaustivo de las ciudades y países anfitriones de la actividad física para construir un legado que conduzca a una mayor actividad física y mejore la salud pública.