La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, quiere que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aclare el próximo miércoles en el Congreso si la tramitación de los indultos para los condenados por el proceso independentista catalán es «la respuesta política que ofrece el Gobierno para la resolución del conflicto político en Cataluña».

Según la relación de preguntas registradas para la sesión de control al Gobierno en el Congreso de la semana que viene, esa es la pregunta que la dirigente independentista ha planteado para el ministro.

De esta forma, Borràs quiere intentar continuar con el titular de Justicia el debate que mantuvo con él este miércoles cuando, en respuesta a la pregunta que le planteó en el Pleno, Campo anunció que los indultos para los condenados por el ‘procés‘ se empezarán a tramitar la semana que viene.

El Gobierno ha negado que la tramitación de la medida de gracia sea un gesto hacia los partidos independentistas y el propio Campo lo ha desvinculado de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aunque ha admitido que si contribuye a que llegue a buen puerto, le parecerá bien.

La propia Borràs reconoció este miércoles que el asunto de los indultos y de la crisis catalana no se puede desvincular de ninguna de sus negociaciones con el Gobierno, si bien insistió en que su grupo quiere ver el proyecto de cuentas públicas antes de pronunciarse sobre su posible apoyo.

INTERPELACIÓN DE PP

De su lado, el PP ha registrado para la sesión de control una interpelación con el fin de que el Gobierno evalúe su gestión política y la defensa que hace «del Estado de Derecho y del orden constitucional».

En la exposición de motivos de la iniciativa, los de Pablo Casado aluden sin citarlo expresamente al anuncio sobre la tramitación de los indultos que Campo hizo en sede parlamentaria y muestran su preocupación al respecto.

«Somos testigos de cómo las posiciones del Gobierno de España derivan a pasos agigantados hacia postulados extremos, completamente ajenos a su obligación de defender la Constitución que juraron guardar al tomar posesión de sus cargos», alerta el PP, que podrá someter a votación una moción sobre este asunto la semana de 12 de octubre.

El juicio que celebra la Audiencia Nacional contra los etarras Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozabal por el asesinato en 1990 en Vizcaya del policía Ignacio Pérez Álvarez por medio de una bicicleta bomba se reanuda este viernes con el informe de conclusiones del fiscal, que inicialmente pide para ellos la pena de 30 años de prisión.

En la primera sesión de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, tanto Guisasola –que se acogió a la denominada ‘vía Nanclares’– como los otros dos acusados negaron ante el tribunal haber participado en el asesinato del policía nacional.

Según explica el fiscal en su escrito de acusación provisional, que mañana anunciará si lo hace definitivo o introduce modificaciones, en enero de 1990 Abad y Martínez, como integrantes de la banda terrorista ETA, accionaron por medio de radio control de iniciación eléctrico el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.

Guisasola y un cuarto, Julián Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terroristas en nombre de la banda y facilitaron la información sobre el día a día del policía. Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado.

Achurra no está siendo juzgado por estos hechos debido a que la Fiscalía se encuentra a la espera de que se resuelva la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ha cursado a las autoridades francesas para poder formular acusación contra él.

La postura mantenida por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ante las declaraciones a medios realizadas el lunes por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha provocado una reacción encontrada entre las diferentes asociaciones de fiscales. Así, mientras que la Asociación de Fiscales (AF) critica a la Fiscal General por no reaccionar con «contundencia», la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sale en defensa de Delgado y acusa a la AF de intentar «mancillar» la imagen de la Fiscalía.

Este mismo jueves, tras el fallido Consejo Fiscal –se anuló por un positivo por Covid-19– la AF cargaba las tintas contra Delgado por no haber reaccionado de forma «contundente» a las declaraciones de Navajas, y le reprochaba que en cuarenta años «nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la Carrera Fiscal».

La reacción de la UPF no se hacía esperar y lanzaba su propio comunicado en defensa de la fiscal general del Estado y de la FGE frente a los intentos de «mancillar» el Ministerio Público mediante la difusión de «una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad».

EL «DESCRÉDITO» DEL NOMBRAMIENTO DE DELGADO

Con el intento de «mancillar», la UPF se refería a lo que afirmaba la AF en su nota, en la que destacaba que el descrédito de la institución «nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como fiscal general».

Y apuntaban que esa pérdida de crédito llegaba hasta la actualidad, cuando han tenido que sufrir «los ataques que desde la figura del número 2 de la carrera –Navajas– se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de Dolores Delgado».

Se refería la AF a las declaraciones de Navajas realizadas este lunes en Onda Cero en las que denunció haber recibido presiones de fiscales «contaminados políticamente», de hecho afirmó que uno de ellos era la exFGE Consuelo Madrigal. El teniente fiscal enmarcó esas presiones en el proceso de estudio de las querellas contra el Gobierno por la pandemia, que finalmente fueron inadmitidas.

Ante esta complicada situación, la UPF reclamaba respeto a la institución del Ministerio Fiscal y a los valores que representa, y pedía «posicionarla por encima de cualquier interés personal o partidista». «No es admisible de ninguna manera la difusión de una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad», subrayaba.

Y en este sentido, recordaba a la AF que la institución está formada por 2.553 fiscales que cada día procuran dignificarla con «su trabajo incansable desde todos los rincones de España, trabajando en equipo y siempre con la colaboración indispensable de los compañeros y compañeras, con respeto a los principios de exclusivo sometimiento a la ley y de objetividad e imparcialidad, con absoluta honradez».

Por eso, desde la UPF demandaban que «los últimos acontecimientos han de encontrar solución interna por los cauces legalmente establecidos», recordando que «ya se ha puesto en marcha el procedimiento para ello, lo que demuestra el funcionamiento de la institución».

La Inspección Fiscal ha abierto dos pesquisas internas en relación con estos asuntos, una por las supuestas presiones de Madrigal a Navajas y otra por el artículo de opinión publicado por la antigua jefa del Ministerio Público el pasado 3 de mayo en ‘El Mundo’, donde critica la gestión que ha hecho Moncloa de la crisis del coronavirus.

«Es momento, por tanto, de dejar trabajar a la institución, esperar a su resolución, poner fin a la crispación que solo puede contribuir a deteriorar inmerecidamente nuestra imagen y demostrar como siempre hemos hecho, con nuestro trabajo, lo que somos, servidores públicos al servicio de la Justicia», concluía la UPF.

El líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha admitido que en su partido están «incómodos» con el Gobierno por sus anuncios sobre la reforma del delito de sedición y la tramitación de indultos para los presos del ‘procés’ y por su decisión de que el Rey no acuda a un acto institucional en Barcelona este viernes. Sin embargo, seguirán apostando por negociar los Presupuestos con el Ejecutivo porque su objetivo, según ha dicho, es evitar que los pacte con Esquerra y EH Bildu.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, a Carrizosa le han preguntado si a Cs le desagrada esta situación, a lo que ha contestado que están «incómodos» y «mucho».

«Es horrible. El Gobierno de Pedro Sánchez no nos gusta nada, no ayudamos a su formación, no estuvimos en su investidura. Y si ahora estamos en el apoyo a los Presupuestos, es por el bien de los españoles», ha explicado.

El dirigente de Ciudadanos ha reconocido que a su partido, especialmente en Cataluña, le cuesta afrontar esta situación porque siempre se han opuesto con firmeza a los «condicionamientos del totalitarismo independentista«.

NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS NO ES APOYAR AL GOBIERNO

Según ha declarado, entiende la postura de quienes, «desde el ámbito más visceral de la politización», equiparan el negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con apoyar al Ejecutivo. Pero ha dejado claro que la formación naranja está en contra de los gestos de Sánchez a los partidos independentistas y ha abogado por «deslindar» una cosa de la otra.

En su opinión, el Gobierno y sus socios «quieren modificar el modelo de Estado», pero para conseguirlo «necesitan unas mayorías (parlamentarias) que no tienen». Así que lo que van haciendo es «erosionar los fundamentos del Estado«, y eso «no lo vamos a poder evitar», ha añadido.

Pero si a esto se suman unos Presupuestos donde Unidas Podemos tenga una influencia importante y que estén respaldados por Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, Carrizosa cree que la situación será aún peor.

Por ello, el partido liderado por Inés Arrimadas aspira a pactar unas cuentas públicas «razonables, que piensen en los españoles y no en las reivindicaciones de ERC y (Arnaldo) Otegi» y que puedan tener el visto bueno de las instituciones europeas.

Sobre la posibilidad de que finalmente Sánchez decida pactar los PGE con los partidos independentistas y deje de lado a Cs, el candidato a las próximas elecciones catalanas ha dicho que su formación es consciente de ese riesgo y lo asume.

«La negociación es larga y creo que por el objetivo de hacer unos Presupuestos mejores para los españoles, en los que no manden Esquerra, Bildu y Podemos sin límite ninguno, vale la pena correr este riesgo», ha argumentado, insistiendo en que al final Sánchez tendrá que elegir si pacta con Cs o con las fuerzas nacionalistas.

«Pero creo que no podemos a estas alturas romper la baraja. Están tensionando mucho el tránsito de esta negociación, pero para romper siempre estamos a tiempo», ha manifestado.

«BUENA PARTE» DEL GOBIERNO PREFIERE A Cs

A la pregunta de si Sánchez ha transmitido a Ciudadanos que estén tranquilos porque su opción preferida es negociar con ellos, Carrizosa ha respondido que no puede confirmar ni desmentir esto porque lo ignora.

Lo que sí le consta es que «buena parte» del Gobierno «está por el pacto con Cs, por separarse de las imposiciones de Podemos y por no ligarse a ERC y a Bildu», y que en el PSOE también «hay voces» que van en esa línea.

«Por eso no es imposible que, si nosotros aguantamos la tensión y seguimos trabajando por los españoles, consigamos lo que ahora nos esta costando a todos, aguantar este tránsito tan difícil que nos están poniendo», ha indicado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se han reunido este jueves telemáticamente con las consejeras y consejeros de igualdad de las CCAA para poner en marcha un «plan de cogobernanza» en las políticas de igualdad.

Durante la reunión, Montero, Vera y Rosell, junto al resto de consejeras y consejeros, han tratado temas como los cuidados y la corresponsabilidad en tiempos de COVID-19 o las experiencias de buenas prácticas para atender las necesidades de conciliación de las familias en las diferentes CCAA.

También han llevado a cabo un balance y actualización conjunta del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y la explotación sexual, así como las medidas que formarán parte de la Estrategia Nacional para la erradicación de las violencias machistas.

«Este Ministerio de Igualdad aspira a poner en marcha un plan de cogobernanza en las políticas de igualdad», ha afirmado Irene Montero, al tiempo que ha destacado que es especialmente relevante que así sea, «no solo por la cuestión competencial, sino por razones políticas de gran calado».

«Lo que les propongo es sencillo pero imprescindible: consensuar, coordinar, cooperar y cogobernar», ha planteado Montero, quien ha recalcado que esta forma «feminista» de hacer política debe convertirse en habitual.

Por su parte, Noelia Vera ha puesto como objetivo del Ministerio de Igualdad perseverar en la incidencia de la desigualdad del cuidado en el empleo. «Por eso queremos promover esa Ley de Tiempo Corresponsable, junto al Ministerio de Trabajo, que anunció la ministra y cuyos trabajos esperamos que avancen a buen ritmo», ha indicado.

Vera ha anunciado también la puesta en marcha de la elaboración de un Mapa Estatal de Cuidados, «que pueda servir de herramienta común, adaptada a las condiciones de cada autonomía o municipio».

Victoria Rosell, ha explicado por su parte, las medidas que se están preparando, en coordinación con otros ministerios, para garantizar los derechos de las víctimas de violencia machista y la explotación sexual en esta fase de la pandemia.

También ha explicado la puesta en marcha del proceso de elaboración conjunto de la nueva Estrategia Nacional para Combatir las Violencias Machistas que «incluirá medidas dirigidas a combatir todas las formas de violencias de género, desde el reconocimiento de la interrelación de las violencias: las características comunes y la superposición entre todas ellas».

Para su elaboración contarán con la participación de los ministerios implicados, CCAA, entidades locales, asociaciones feministas y de mujeres y expertas. «Qqueremos establecer un sistema de cogobernanza eficaz y responsable, coordinado desde la Delegación del Gobierno, que permita alcanzar la eficacia y eficiencia máximas», ha subrayado.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha contestado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la semana pasada aseguraba que había una «evidente falta de médicos y enfermeras». «Hay muchísimos», ha explicado Castells, para añadir que son «más precarios» y «cobran menos» que en otras comunidades.

Así se ha expresado en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, en donde ha acudido a informar sobre el inicio del nuevo curso académico.

Durante su intervención el ministro ha explicado que los sanitarios de Madrid tienen «trabajos más precarios», lo que les lleva a irse «a la privada», a «otras comunidades autónomas» o «al extranjero.

En este sentido, ha reconocido que los ejecutivos regionales no tienen siempre los recursos suficientes para contratar los profesionales necesarios, pero «habrá que priorizar recursos» ha declarado, antes de añadir que para el Ejecutivo la Sanidad y la Educación son prioritarias. «Lo demás viene después», ha concluido.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado este jueves una propuesta del PP para pedir la creación de una comisión interministerial para estudiar los efectos sobre Ceuta y Melilla de las «acciones unilaterales» de Marruecos, como el cierre de la aduana de Beni Enzar y tomar medidas al respecto.

La propuesta solo ha tenido el apoyo de Vox y Ciudadanos. Estos tres grupos también pedían que la UE estudiase, previo acuerdo de ambas ciudades, incorporarlas a la Unión Aduanera.

La socialista Gemma Araujo ha respondido que los problemas son más profundos y tienen que ver con la «dejadez» de los gobiernos del PP en ambas ciudades y, en todo caso, ha recalcado que conforme al Estado autonómico esa no es una propuesta para la Comisión de Exteriores.

La Comisión sí ha aprobado este jueves una serie de proposiciones no de ley (PNL) sobre en las que se apuesta por la cooperación global para una vacuna accesible contra el COVID-19, se reclaman medidas internacionales contra el racismo y se piden políticas de apoyo a la juventud en el marco de la pandemia.

La PNL relativa a la vacuna ha salido adelante con el voto en contra de Podemos porque su proponente, la diputada Marta Martín de Ciudadanos, no aceptó su enmienda de «mejora técnica». El texto final insta a «detallar la participación de centros de investigación y profesionales científicos españoles en los esfuerzos internacionales» para la vacuna y la financiación pública dedicada.

También pide defender en la ONU la necesidad de que se respete el carácter de bien público global de la futura vacuna de forma que sea accesible para todos, apoyar los esfuerzos del sector privado español, presentar a las Cortes un plan para garantizar la adquisición de la futura vacuna y su distribución entre la población española con especial atención a los más vulnerables y pedir a la ONU una estrategia antivacunas.

En cambio, de la PNL contra el racismo quien se ha descolgado ha sido Vox porque no se han aceptado sus enmiendas para eliminar aspectos que consideraba repetitivas, aunque el diputado Alberto Asarta ha recalcado que Vox está «en contra de cualquier tipo de discriminación por género, raza o credo y de toda la violencia venga de donde venga».

El PP ha optado por apoyarla pese a que el PSOE no ha aceptado su enmienda para pedir esfuerzos que separen el antirracismo de las críticas al legado español en América. El socialista Sergio Gutiérrez ha rechazado todas las enmiendas presentadas para intentar que ningún grupo se excluyera.

Así, el Congreso ha pedido a la comunidad internacional «medidas decididas para atajar el racismo y las desigualdades estructurales existentes», pedir un debate de urgencia en el seno del Consejo de los Derechos Humanos –que ya se ha celebrado–, apoyar la petición de la Eurocámara de una cumbre europea contra la discriminación, reclamar la Directiva horizontal de no discriminación que lleva bloqueada desde 2008 y apoyar campañas de concienciación europea.

Por último, se ha aprobado con el solo rechazo de Vox otra PNL del PSOE para impulsar políticas en favor de la juventud en el marco de la pandemia. Vox ha alegado que incluía puntos que eran más para la Comisión de Cooperación y que la multilateralidad es un instrumento poco efectivo y poco transparente.

Castilla y León y otras autonomías han solicitado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que su departamento lidere el cierre de prostíbulos en toda España, ante la imposibilidad de hacerlo los distintos gobiernos autonómicos con la actual legislación.

La petición es una de las que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y sus homólogos en otras autonomías han trasladado a Montero durante la videoconferencia mantenida esta mañana y en la que, entre otros asuntos, se han abordado cuestiones como la prostitución, la violencia de género y políticas de conciliación y corresponsabilidad.

Blanco, en declaraciones recogidas por Europa Press, reconoce que muchas CCAA, la práctica totalidad de las que se postularon a favor del cierre de prostíbulos, han reconocido las dificultades para acometer esta medida debido a la actual legislación.

De hecho, la consejera recuerda que en Castilla y León que aquellos negocios con licencia de locales de copas y ocio ya fueron cerrados, si bien el problema, tal y como han puesto de manifiesto las asociaciones dedicadas a atender a las mujeres objeto de explotación sexual, radica en que tras la clausura de esos negocios las prostitutas son trasladadas a pisos donde siguen realizando esta actividad e incluso la realizan a domicilio, «y además desaparecen de la red de ayuda que prestan estos colectivos».

Por eso, las distintas CCAA, entre ellas Castilla y León, han demandado a Montero una ley integral que actúe para poner fin a esta actividad, si bien Montero ha advertido de que se están realizando una serie de reformas sobre el proxenetismo. «Sin embargo, nosotros entendemos que hay que dar un paso y liderar el cierre de los prostíbulos».

Durante el encuentro, la ministra ha aprovechado para presentar una macroencuesta sobre violencia de género y para anunciar que se está tramitando una serie de modificaciones de la Ley de Protección Integral de Libertad Sexual, con especial preocupación ante las dificultades de las afectadas de acercarse a las administraciones.

ACERCAR LAS VÍCTIMAS AL SISTEMA

En este sentido, la consejera ha recordado a la ministra el modelo de ‘Violencia de Género Objetivo Cero’ en el que los Centros de Acción Social (CEAS) se han convertido en la puerta de acceso al sistema de las víctimas de esta lacra. «La ministra quiere articular mecanismos para facilitar su acceso al sistema, pero nosotros también queremos facilitar su salida a fin de que se reincorporen a la sociedad y puedan tener una vida normalizada», ha puntualizado Blanco.

La titular de Familia ha recordado igualmente que Castilla y León fue pionera en esta materia al ser la primera en incorporar en la Ley de Violencia de Género la trata como explotación sexual, así como el referido modelo ‘Objetivo Cero’ y la puesta en marcha de una red social, atendiendo a las peculiaridades derivadas de la extensión de la Comunidad y la existencia de núcleos de población muy pequeños, para facilitar la presentación de denuncias.

Los participantes en el encuentro también ha analizado la puesta en marcha de medidas de conciliación y corresponsabilidad, las primeras centradas en la mujer y las segundas en la familia, algo en lo que, como así ha subrayado Blanco, viene trabajando desde hace tiempo Castilla y León con la puesta en marcha de programas tales como ‘Conciliamos’, ‘Crecemos’ o la extensión de ayudas para la reducción de la jornada laboral o excedencias para aquellos padres que han de cuidar a menores por confinamiento.

A este respecto, la consejera se ha felicitado del carácter pionero del ‘Cheque-Servicio’ y las ‘Ayudas a Domicilio’, si bien ha aprovechado el encuentro para demandar de la Administración central más fondos con los que poder afrontar este tipo de iniciativas.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con el apoyo del PSOE, un texto de Unidas Podemos sobre políticas de derechos humanos en el marco de la pandemia, en el que se ha incluido una enmienda de ERC que su portavoz, Marta Rosique, ha justificado por la situación de sus «compañeros que son presos políticos».

«Ahora que tenían ciertos derechos se les ha vulnerado de manera absoluta y de forma maléfica y terrible», ha dicho, aludiendo a la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de impedir a los condenados por el 1-O confinarse en sus casas. «Es un doble confinamiento», ha añadido, recalcando que la enmienda era imprescindible para su grupo.

El texto de la Proposición no de Ley (PNL) aprobada no menciona la situación de Cataluña ni de los condenados por el 1-O, sino que habla de «promover que el cumplimiento de penas de privación de libertad» respete las medidas sanitarias y, al mismo tiempo», «las condiciones de vida dignas y los derechos penitenciarios incluyendo los derechos salida de los centros y de realización de actividades dentro y fuera de los módulos».

Todo ello, añade, «priorizando en todo caso el cumplimiento de penas por medio de medidas alternativas a la privación de libertad» como han recomendado organismos de la ONU.

El documento original se refería a «países donde no se cumplan las condiciones mínimas de salubridad y haya un alto riesgo de contagios» –se trata de la Comisión de Exteriores– y pedía «sumarse a la petición humanitaria de medidas alternativas a la privación de libertad de las personas presas en esos países.

En su turno de explicación, la socialista Susana Sumelzo se ha limitado a hacer un repaso general de la PNL y ha dicho que el PSOE apoya el «espíritu» de apostar por el multilateralismo ante los retos colectivos y quería dejar claro «quién está por el multilateralismo y quién por el conflicto».

En cambio, la ‘popular’ Teresa Jiménez Becerril ha advertido de que los organismos internacionales no piden la «excarcelación de terroristas» y ha advertido a Podemos de que si su idea de gobernanza internacional es la de Venezuela o la de Irán no pueden contar con el PP. Desde Vox, Alberto Asarta ha reprochado que presente un texto sobre derechos humanos un partido «responsable de cercenar» hasta 11 derechos fundamentales durante el estado de alarma.

Junto al capítulo penitenciario, la PNL pide promover en la UE treguas en los actuales conflictos bélicos, levantar las sanciones a los países para que puedna combatir la pandemia, pedir en la UE medidas específicas de protección de los migrantes frente al Covid y una política migratoria que respete los derechos humanos, promover que los gobiernos que actúan contra los derechos humanos reviertan sus acciones, impulsar la reestructuración de la deuda de los países menos avanzados y de renta media y un sistema de gobernanza multilateral.

Una proposición no de ley (PNL) contra la represión en Bielorrusia y apostando un diálogo que sirva para celebrar nuevas elecciones, tras un debate en el que los portavoces independentistas han dicho que también ha habido «abusos policiales» en Cataluña.

«Lo que se ve en Minsk lo vimos hace tres años en las calles de Barcelona», ha dicho el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu. La de Junts, Mariona Illamola, ha afirmado que el texto es aplicable a la situación de Cataluña y por ERC Joan Josep Nuet se ha sumado a las peticiones de autocrítica.

El portavoz socialista, Héctor Gómez, que ha defendido la PNL, había argumentado en cambio que España como «país ejemplar» no puede tolerar situaciones como la de Bielorrusia.

A los independentistas les ha contestado en su turno el ‘popular’ Alberto Casero, advirtiéndoles de que en Bielorrusia no podrían ni sentarse en el Parlamento, como cualquiera «que no piense como el presidente».

UNIDAS PODEMOS NO VOTA CON EL PSOE

Finalmente, los tres partidos independentistas se han abstenido en la votación del texto, al igual que el Grupo Confederal de Unidas Podemos, cuyo portavoz, Antón Gómez Reino, se ha mostrado «muy preocupado» por los derechos humanos en este país, pero ha pedido a la UE que aprenda de sus «errores» como fue el caso de Ucrania, que desarrolle una política exterior independiente de Estados Unidos y que no opte por sanciones, sino por respetar la soberanía bielorrusa.

El texto, apoyado por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, tiene en cuenta que la UE ha rechazado reconocer el nuevo mandato de Lukashenko, surgido de las elecciones del 9 de agosto que considera fraudulentas y pide al Gobierno que exija junto a la UE que se garantice el derecho de manifestación, la liberación de los detenidos ilegalmente, el fin de los abusos, su investigación y la reparación de las víctimas.

También pide diálogo para un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales. A propuesta de Ciudadanos, se apoya que la oposición bielorrusa reciba el premio Sajarov de Derechos Humanos 2020 que concede la Eurocámara.

Junto a la PNL, la Comisión de Exteriores ha dado trámite a la ratificación de un convenio para prevenir la doble imposición entre España y Bielorrusia, junto a otros cinco convenios internacionales.

La sesión, en la que se han debatido nueve PNL, ha estado salpicada de rifirrafes sobre la existencia o no de «presos políticos» en España, con frecuentes alusiones de los portavoces independentistas.

EXAMEN PERIÓDICO DE DERECHOS HUMANOS

El rifirrafe entre independentistas y constitucionalistas sobre la existencia o no de «presos políticos» ha surgido también en el debate de una PNL de ERC para reclamar al Gobierno que acepte todas las recomendaciones que le hicieron otros países en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«No hay delitos de tipo político en España, en el EPU no hay ninguna recomendación sobre despenalizar delitos políticos porque no existen, ha dicho el socialista Marc Lamuà, que ha afeado a Marta Rosique (ERC) que le cueste aceptar que el Gobierno ha aceptado más del 90 por ciento de esas recomendaciones.

El diputado del PSC también le ha advertido contra algunas de esas recomendaciones: una de Pakistán contra la regulación de lugares de culto en Cataluña que hizo en su día el tripartito y otra de Islas Salomón contra la obligatoriedad de la educación convencional que, a su juicio abriría la puerta al pin parental.

Finalmente, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos se ha aprobado una enmienda transaccional en la que se insta al Gobierno a comprometerse a dar seguimiento a las recomendaciones, con indicadores del grado de cumplimiento y a implicar al Congreso en ese seguimiento, incluyendo una explicación a la Comisión de por qué algunas no se han aceptado.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales; la secretaria general de la Consejería de Igualdad y Portavocía, Antonia Polo, y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras, han participado este jueves, mediante videoconferencia, en la sectorial convocada por el Ministerio de Igualdad en la que se han abordado las medidas de lucha contra la Violencia de Género, el plan de contingencia contra la trata y la explotación sexual y el Ingreso Mínimo Vital, entre otros asuntos.

Durante la reunión, han trasladado al ministerio las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, con el fin de «fomentar la igualdad de género en todos los ámbitos y conseguir la revitalización demográfica en la región».

Además, y según han puesto de manifiesto en este encuentro, desde el IMEX se está trabajando en la elaboración de un estudio diagnóstico acerca de la Conciliación, Corresponsabilidad y Brecha Salarial en Extremadura.

Esto supone el primer paso para la puesta en marcha de la Estrategia de Conciliación y Corresponsabilidad y la Estrategia de Igualdad Salarial y Laboral, actuaciones enmarcadas dentro de la Mesa de Igualdad de Género del Pacto para la Concertación Social de Extremadura, según informa el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Por otro lado, la directora del IMEX, Estela Contreras, ha resaltado que Extremadura cuenta a día de hoy con un Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual para «garantizar la atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual y en contextos de prostitución», ha explicado.

Asimismo, ha trasladado que el Gobierno regional está trabajando en el desarrollo de medidas adicionales dirigidas a mujeres víctimas de la trata y de la prostitución, junto a organizaciones y entidades privadas, a través de la comisión técnica puesta en marcha por el IMEX, tras la decisión del Consejo de Gobierno de decretar el cierre de los prostíbulos en la región.

Según señala, esta comisión técnica tiene como objetivo la implantación de un Plan de Recuperación Integral que permita garantizar los derechos de las mujeres víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, y dentro de las líneas estratégicas de actuación, se está trabajando en la recopilación de datos que permitan diseñar un mapa regional de recursos tanto del ámbito público como del privado.

Por último, Estela Contreras ha destacado que, desde el año 2008, Extremadura cuenta con una «amplia y profesionalizada» red de atención a víctimas de violencia de género distribuida por todo el territorio y compuesta por los dispositivos públicos de emergencia y de atención especializada a las víctimas de dicha violencia.

El portavoz parlamentario y coordinador territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha afirmado que su formación dialogará con el Gobierno central para abordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el fin de «responder» al archipiélago, que necesita un tratamiento «singular», así como con la voluntad de consenso para sacar una ley estatal que sirva para comenzar a remontar la crisis del coronavirus.

En este sentido, Campos valoró la predisposición demostrada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si bien añadió que el territorio «más castigado» de España, como «demuestran los datos sociales y económicos objetivos», necesita de un tratamiento «singular», complementado con el cumplimiento de las nuevas leyes del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Asimismo, Campos consideró que Montero expuso este miércoles, en el Congreso de los Diputados, un «espíritu de colaboración valorable, que no puede quedarse en la fase de entender la situación porque el problema es muy grave», según informó NC en nota de prensa.

Añadió que el que Montero haya dicho que cuando tenga el núcleo fundamental del proyecto de ley presupuestario para el próximo año estará «en condiciones de hablar» con NC «para ver cuáles son los requerimientos», entiende que abre un «espacio para el diálogo», siendo conscientes de la necesidad de superar los prorrogados desde 2018 porque la pandemia exige otras medidas para el Estado, así como «respuestas singulares, adaptadas al enorme daño» de la crisis en las islas.

Canarias, dijo, concentra el 10 por ciento de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) de todo el Estado, «cuando sólo representa el 4 por ciento de la población del conjunto estatal, y la caída del Producto Interior Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2020 es de 14 puntos más que la media estatal».

A ello, sumó las previsiones de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias que en el comienzo de la elaboración de los presupuestos regionales para el próximo año prevé «1.000 millones de euros menos de ingresos», mientras que la disminución de las entradas de los tributos propios será de unos 450 millones de euros respecto a los presupuestos iniciales de 2020 y la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica –el 72% de los ingresos de la comunidad–, «son esenciales», por lo que de «no actualizarse la pérdida ronda los 600 millones de euros».

Por último, apuntó que si el Consejo de Ministros de la próxima semana despeja el objetivo de estabilidad (déficit, deuda y techo de gasto) se buscará que el Gobierno central satisfaga la deuda pendiente desde 2018 de los 500 millones de euros de la sentencia del convenio de carreteras, ganada por Canarias al Estado en el Supremo, así como la autorización del endeudamiento a largo plazo para ser empleada en el caso de que no se actualice la financiación autonómica.

«Podemos formar parte de la mayoría imprescindible para aprobar los PGE de 2021 pero nuestros derechos y el tremendo impacto de la crisis exigen medidas diferenciadas para el archipiélago», apuntilló para incluir también la distribución de los 140.000 millones de euros que recibirá el Estado del fondo para la recuperación de la Unión Europea.

La Asociación de Fiscales (AF) ha cargado este jueves contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por no haber reaccionado de forma «contundente» a las declaraciones a medios del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y le reprochan que en cuarenta años «nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la Carrera Fiscal».

En un comunicado de la AF, se apunta además que ese descrédito «nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como fiscal general». Y apuntan que llega hasta la actualidad, cuando han tenido que sufrir «los ataques que desde la figura del número 2 de la carrera –Navajas– se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de Dolores Delgado».

«Consideramos intolerable que la fiscal general del Estado no haya dado una respuesta contundente e inmediata ante esta actuación del teniente fiscal, que ampare a los fiscales afectados –por las críticas– e impida que se pueda poner en tela de juicio a quienes desempeñan fielmente sus funciones», explican.

De esta manera, la AF responde a las declaraciones de Navajas realizadas este lunes en Onda Cero en las que denunció haber recibido presiones de fiscales «contaminados políticamente», de hecho afirmó que uno de ellos era Consuelo Madrigal. El teniente fiscal enmarcó esas presiones en el proceso de estudio de las querellas contra el Gobierno por la pandemia, que finalmente fueron inadmitidas.

La AF concluye que Navajas «descalificó» a sus compañeros de carrera. En este sentido, desde la AF apuntan que faltó a los fiscales de Sala del Tribunal Supremo «al poner en entredicho su buen hacer en uno de los juicios más importantes de la democracia española» –el procés independentista catalán– e «imputándoles supuestas presiones sobre su persona, nunca denunciadas por él y sin la menor corroboración objetiva».

También denuncian que descalificó a los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, «a quienes atribuyó filtraciones del contenido de las causas judiciales, llegando a atacar y lesionar el honor y la presunción de inocencia de uno de sus miembros».

EL ESCRITO DE LOS VOCALES DE LA AF A DELGADO

Por eso, y dado que consideran que Delgado no ha actuado con contundencia, inciden en que la AF «no permanecerá callada y se encontrará siempre al lado de los fiscales», sin que el miedo les impida «continuar denunciando cualquier ataque contra el prestigio de la institución y sus miembros».

Por otro lado, los vocales de la AF en el Consejo Fiscal han remitido un escrito a Delgado para trasladar el ruego y preguntas que tenía preparada para la reunión del órgano consultor de la fiscal general que se iba a celebrar este miércoles y se suspendió por un posible contacto con un positivo por covid-19.

La cuestión se iba a centrar en las manifestaciones públicas del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Según indican en el escrito los fiscales, se trata de un asunto que «no tiene espera, por la relevancia que el asunto tiene para la institución y la Carrera, y por motivar honda preocupación en los fiscales».

INFORME SOBRE DILIGENCIAS A MADRIGAL

En este sentido, solicitan a Delgado que informe sobre las diligencias que se han abierto a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, después de que Navajas la apuntara como una de las personas que trató de presionarle. Pero también piden conocer si la fiscal general va a adoptar alguna*medida con relación a las declaraciones del teniente fiscal debido a la «repercusión» y a la «grave*relevancia» que suponen.

Los representantes de la AF en el Consejo Fiscal, que resaltan la «alta consideración» que merece Navajas tras «cuarenta años de servicio a la Justicia», entienden que las supuestas presiones denunciadas «ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal y la honorabilidad de concretos miembros de la Carrera Fiscal, con grave perjuicio para la imagen pública de la Institución».

Añaden que estas declaraciones no sólo arrojan dudas sobre la «independencia» y la honorabilidad de Madrigal y de otro compañero, sino que vienen a «confirmar la sospecha ciudadana de mediatización política» de Ministerio Público, pues parece hacerse referencia a que los fiscales actúan «en virtud de sus convicciones ideológicas en lugar de sometidos, como es su obligación, a la Constitución y el imperio de la ley».

Por último, los vocales también lamentan que Navajas haya «descalificado» a la Junta de Fiscales de Sala al referirse a ella como «‘tropa’ con la que no puede ir a la guerra».

La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo telemática con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con representantes del resto de comunidades autónomas para hacer balance de las medidas adoptadas contra la violencia de género durante la pandemia y abordar las actuaciones sobre cuidados y corresponsabilidad.

Desde la Consejería se ha resaltado la labor que se está desarrollando a través del dispositivo de acogida temporal y tránsito para el alojamiento, manutención, cobertura de necesidades básicas y atención social y educativa de mujeres víctimas de trata de explotación sexual, así como de sus hijos, que son también víctimas de la violencia de género.

Además, se destacaron dos recursos de acogida que se van a desarrollar en la Región: uno específico para mujeres gestantes y otro destinado a mujeres con problemas de salud mental. También el ‘Punto violeta’ que tratará de abordar la violencia sexual y poner en marcha un programa integral de sensibilización y formación, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Asimismo, se expuso el desarrollo de las campañas ‘Si la oyes, llama’ y ‘Mascarilla 19’, dirigidas a los distintos sectores de la población con el fin de buscar la colaboración ciudadana en la denuncia de casos de violencia machista que se pudieran estar produciendo durante el confinamiento y de disuadir a los agresores de sus conductas.

Todas las comunidades autónomas coincidieron en que hay que seguir trabajando ante un escenario que presenta especiales dificultades, tanto económicas como sociales.

En este sentido, la consejera ha explicado la importancia del ‘Proyecto Carmen’ que persigue que las mujeres tengan suficiente autonomía a través del empoderamiento y la asistencia letrada gratuita, que se presta mediante turno de oficio especializado, a las mujeres víctimas de la trata de la Región.

CORRESPONSABILIDAD, CUIDADOS Y CONCILIACIÓN

A lo largo de la reunión se abordó el cuidado, la corresponsabilidad y la conciliación, también prioritarias para la Consejería de políticas de igualdad. Muchos trabajadores han solicitado la excedencia o la reducción de la jornada laboral para el cuidado de hijos, personas mayores, o personas con discapacidad, acogiéndose al Plan ‘Me Cuida’, y que esto afecta especialmente a las mujeres.

Ante esta situación, agravada por el COVID-19 y con el fin de atajarla, se ha recalcado que la Región de Murcia está trabajando en distintas ayudas a los trabajadores para compensar las pérdidas económicas sufridas, además de otros incentivos económicos específicos para familias monoparentales y numerosas.

Al igual que la Región de Murcia va a acordar un decreto de ayudas para trabajadores con excedencia o reducción de jornada, se le ha pedido una medida de este tipo al Gobierno central, para que establezca prestaciones económicas a los trabajadores que se acojan al Plan ‘Me Cuida’.