La Guardia Civil de Barcelona ha iniciado el registro en el despacho del presidente de Aguas de Cataluña, David Madí, detenido la mañana de este miércoles en una operación contra el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista.

Según ha podido comprobar Europa Press, David Madí ha sido trasladado a su despacho en el Paseo de Gracia de Barcelona sobre las 17.30 horas, e iba acompañado de su abogada Olga Tubau y custodiado por dos agentes de la Guardia Civil.

David Madí fue portavoz y secretario de Comunicación y Estrategia de CDC en gobiernos de Jordi Pujol y mano derecha de Artur Mas.

Tras dejar la política, fundó su propia empresa, Nubul Consulting, pero también ha sido asesor o miembros de empresas como Deloitte, Telefónica y Endesa, y en la actualidad es presidente de la compañía general Aigües de Cataluña.

La mañana de este miércoles también se ha detenido dentro de la misma operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona al exdirigente de ERC Xavier Vendrell, al editor Oriol Soler y al historiador y jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.

El Instituto Armado ha detenido en total a 21 personas y ha realizado 31 entradas y registros en Girona y Barcelona por delitos relacionados con la corrupción y desórdenes públicos, dentro de una investigación en una pieza secreta durante un año y medio hasta este viernes y que deriva las Diligencias Previas 111/2016, referentes a un presunto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona.

Otros de los investigados son el presidente de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, Xavier Vinyals; empresarios relacionados con eventos deportivos como Antonio Fuste; Roc Aguilera; el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, y el interventor delegado, Jordi Serra; y Pilar Contreras y Marta Molina.

Unidas Podemos apoyará también la propuesta de resolución de Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso una propuesta de resolución, aceptada ya por el PSOE, para que el presidente Pedro Sánchez rinda cuentas cada dos meses de la aplicación del nuevo estado de alarma.

Además, según han explicado fuentes de la formación morada, se votará también a favor de la enmienda al decreto presentada por el PNV para que enclaves como el Condado de Treviño, que está en territorio alavés pero pertenece a la provincia de Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben para Álava.

Por otro lado, la formación morada se abstendrá en la propuesta planteada por Bildu, que también plantea una comparecencia bimensual de Sánchez, y votará en contra del resto de las enmiendas del resto de formaciones.

ERC recoge en su iniciativa que en marzo la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pueda decidir si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo.

El Ejecutivo plantea en su decreto extender el estado de alarma hasta el 9 mayo, si bien este miércoles Sánchez ha ofrecido revisar la vigencia de esta medida excepcional dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia.

Para el debate que tendrá lugar este jueves en el Congreso, el PP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) quieren que comparezca en el Congreso cada 15 días. A su vez, Ciudadanos, Más País y Compromís abogan por que acuda a la Cámara mensualmente.

De su lado, Junts quiere que el Congreso vote todas las prórrogas de la alarma y que sean, como mucho de dos meses, una propuesta que se suma a otra batería de enmiendas en las que plantea mejoras fiscales para autónomos, la extensión de los ERTE y que el Gobierno catalán mande sobre la Policía y la Guardia Civil y coordine Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otras medidas.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, percibirá de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año un salario anual de 142.510 euros, mientras que el resto de vocales que estén en la Comisión Permanente percibirán un salario de 122.908 euros.

No obstante, en caso de que los grupos políticos lleguen a un acuerdo y se renueve el CGPJ, en aplicación de la última reforma sobre el funcionamiento de este órgano lo que cobran los siete miembros de la Permanente pasará a ser cobrado por todos los vocales de este órgano, que son 20. Esto se debe a que se amplia a todos ellos la exclusividad en el cargo de la que hoy sólo gozan los primeros mencionados.

Pero el sueldo del presidente del Supremo no es el más alto de toda la carrera judicial, porque el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, recibirá un salario anual de 157.576 euros. El resto de magistrados del Constitucional percibirán un sueldo de 133.623 euros, salvo el vicepresidente (148.116€) y el secretario de sección (140.869€) que perciben un poco más.

Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas, el presidente de Sección y los consejeros cobrarán un salario anual de 123.267 euros, mientras que el secretario general de esta institución será remunerado con 106.124 euros.

EL SUPREMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL

Si bien el sueldo del presidente del Supremo es superior, el del vicepresidente alcanza los 127.519 euros, mientras que el de los presidentes de Sala se ubica en los 120.203 euros, el mismo que el del presidente de la Audiencia Nacional. En un escalafón salarial inferior se encuentran los magistrados del Supremo y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, que cobrarán en 2021 un sueldo de 117.075 euros sin contar dos pagas extras.

A la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le corresponderá este 2021 un salario de 124.647 euros, a percibir en doce mensualidades y sin derecho a pagas extraordinarias, mientras que al teniente fiscal del Tribunal Supremo se le pagará 120.203 euros mas otras dos pagas extras que rondarán los 7.000 euros.

Por su parte, el fiscal jefe inspector, el fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibirán un total de 118.617 euros.

Los casos de COVID-19 en los centros educativos y escuelas infantiles continúan incrementándose. Los positivos detectados hasta este miércoles suman 914, casi medio centenar más que los comunicados la jornada anterior, y Vigo se consolida como el principal foco de incidencia en el sistema educativo gallego.

La tendencia que experimentaron el ritmo de contagios en las últimas jornadas apunta a que Galicia pasará esta semana el millar de casos confirmados en las escuelas. Esta cifra, aunque implique un peso reducido en términos porcentuales respecto a la población escolar, resulta significativa teniendo en cuenta que los casos activos en toda la comunidad ascienden ya 7.535.

La situación epidemiológica obliga, además, a mantener casi medio centenar de aulas cerradas, unas 46, además de dos escuelas. En concreto, la guardería Golfiños de Lugo, que cuenta con al menos cuatro positivos confirmado, y el punto de atención a la infancia de Boborás, que cuenta con seis contagios por coronavirus.

El número de aulas cerradas, en todo caso, es mayor a las cifras aportadas por la Xunta, puesto que el balance recoge únicamente las unidades y escuelas clausuradas por decisión del Sergas pero no otros cierres que se producen en el territorio por iniciativa de los equipos directivos, a pesar de que se apliquen siguiendo el protocolo de acción ante la COVID-19.

VIGO, LA MÁS AFECTADA

Las áreas de Vigo, A Coruña y Santiago son las más afectadas de toda la comunidad, especialmente la zona de influencia de la ciudad olívica que ya sobrepasa los 200 positivos con una decena de aulas cerradas.

Vigo cuenta a su vez con uno de los brotes más importantes detectados desde el inicio del curso, en el centro privado Apóstol Santiago, con al menos 10 casos confirmados de COVID-19 en sus instalaciones.

En Mos, el plurilingüe Lar mantiene ocho positivos, los IES Antón Alonso Ríos e Indalecio Pérez Tizón, de Tomiño y Tui, respectivamente, cuentan con siete y seis casos, y hay cinco aulas cerradas en cuatro escuelas infantiles de la ciudad olívica.

En el área coruñesa, por su parte, los positivos ascienden a 154 y las aulas cerradas a seis. El IES Agra Leborís de A Laracha, con ocho casos, y el CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral, con seis, son los centros más afectados, aunque destaca la escuela infantil Vagalume, de Arteixo, con dos aulas cerradas debido a tres contagios registrados en las instalaciones.

EVOLUCIÓN DE SANTIAGO Y FERROL

La capital gallega y Ferrol son otras zonas especialmente preocupantes debido a la evolución de los casos en la última semana. Compostela cuenta con 133 positivos y tres aulas cerradas en la escuela infantil Cativos de Conxo, además de otros cinco casos en A Magdalena (Ames).

En todo caso, los centros privados Compañía de María, La Salle y Cluny son las escuelas con mayor número de casos, al registrar siete, seis y cinco positivos, respectivamente, además de otras situaciones como los siete contagios confirmados en el CIFP Politécnico. El primero de estos centros cuenta, además, con una unidad cerrada por iniciativa del equipo directivo (y que no recoge el parte de la Xunta), según pudo saber Europa Press.

En el área de influencia de la ciudad departamental, por su parte, la evolución epidemiológica sitúa a esta zona cerca del centenar de casos, en concreto 85 y al menos cinco aulas cerradas.

La situación de la zona de Ferrol destaca especialmente por pasar de ser la zona menos afectada, con una incidencia mínima, hasta incrementar exponencialmente el número de positivos. Ourense, por su parte, se sitúa en 134 positivos, Pontevedra en 107 y Lugo en 95.

NUEVOS CENTROS

Entre los nuevos centros con contagios confirmados de COVID, las autoridades sanitarias han detectado positivos en el CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma (A Coruña), el CPI Castro Baxoi de Miño, la escuela infantil de Fene, el CEIP de Sillobre y el CPI Xunqueira, del mismo municipio, además del IES As Telleiras de Narón, con dos casos.

El resto se han registrado en dos centros de Arzúa, el Nuestra Señora del Rosario y el propio IES de Arzúa, en Lugo, Monforte, Verín, Marín, O Grove, Pontevedra, Gondomar, Ponteareas, Tomiño, y Vigo, con cinco nuevos centros con casos confirmados de COVID-19.

El Departamento de Derechos Sociales ha informado de la detección de un nuevo brote de COVID-19 en la residencia Nuestra Señora de la Caridad de Tafalla que afecta a 22 de las 67 personas residentes quienes, hasta el momento, no presentan síntomas que aconsejen su traslado.

Se ha determinado la realización de pruebas PCR al conjunto de residentes y personal del centro y se ha procedido a la sectorización del mismo para proceder al aislamiento de las personas con resultado positivo. Una evaluación individualiza, atendiendo a la situación clínica de los residentes afectados, determinará la conveniencia o no de su traslado a un centro hospitalario o a un recurso intermedio.

Los casos identificados en Tafalla rompen la tónica de descenso de casos activos en residencias de mayores de Navarra en las últimas semanas, que ha caído un 61% en esta última.

Derechos Sociales ha explicado en un comunicado que "a pesar de tener una situación de relativa contención en las últimas semanas, periódicamente se producen brotes de cierta importancia como este caso, con consecuencias para las personas".

"Sin alcanzar las cifras negativas de la primera ola, sigue habiendo una alta letalidad del virus entre las personas mayores que viven en residencias y que alcanza el 16% de las que lo contraen", ha destacado.

Por todo ello, a pesar de "la dureza de las medidas tomadas", como la cancelación de las salidas y visitas, desde el Departamento de Derechos Sociales se insiste en "la necesidad de mantener la máxima precaución y prevención para evitar la entrada del virus a los centros residenciales, al mismo tiempo que se busca fórmulas para aliviar la situación de confinamiento de las personas residentes sin poner en riesgo su salud.

Estas medidas se irán flexibilizando conforme la situación epidemiológica mejore, "sin bajar la alerta puesto que en los centros confluyen dos de los principales factores de contagio: el contacto estrecho y el hecho de tratarse de personas de edad, con una salud ya frágil".

El Departamento ha insistido en la necesidad de "extremar las medidas de protección y prevención, así como actuar con responsabilidad puesto que una persona contagiada puede convertirse en contagiadora, incluso en un escenario más favorable".

"Es muy importante ser consciente de que nuestros actos pueden tener consecuencias nefastas para las personas mayores", señalan desde Derechos Sociales, apelando a la "responsabilidad colectiva para poner freno a la pandemia".

La Comunitat Valenciana ha registrado otros 1.606 nuevos positivos desde la última actualización, la segunda cifra más alta de la pandemia tras el pico de 1.690 del pasado sábado, y siete fallecidos, uno de ellos un residente, mientras que las personas hospitalizadas ascienden a 1.061, 158 en UCI, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

Así, con estos 1.606 casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos la cifra total de positivos se sitúa en 58.596 personas. Por provincias, los nuevos positivos se sitúan 242 en Castellón (6.184 en total); 587 en Alicante (20.236 en total), y 777 en la provincia de Valencia (32.172 en total). Se han reasignado 2 casos a la provincia de Alicante y 3 a la de Valencia, por lo que el número total de pacientes sin asignar es de 4.

Asimismo, la presión asistencial sigue en aumento en los hospitales valencianos que tienen un total de 1.061 personas ingresadas, 43 más que ayer, de las que 158 están en la UCI, 11 más. Por provincias, 102 de los hospitalizados están en Castellón, con 15 pacientes en UCI; 360 en la provincia de Alicante, 66 de ellos en la UCI; y 599 en la provincia de Valencia, 77 de ellos en UCI.

Por su parte, el total de defunciones es de 1.801 personas: 262 la provincia de Castellón, 622 en la de Alicante y 917 en la de Valencia.

Asimismo, desde la última actualización se han registrado 822 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 56.343: 6.413 en Castellón, 18.921 en Alicante y 30.968 en Valencia. Además, el total de altas sin asignación asciende a 41. De esta forma, en estos momentos hay activos 10.441 casos, lo que supone un 15,22% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.344.234, de las que 1.188.327 han sido a través de PCR y 155.907 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

La Comunitat tiene en la actualidad 49 casos positivos en residencias de mayores (5 en la provincia de Castellón, 14 en la provincia de Alicante y 30 en la provincia de Valencia) y 7 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 4 en la provincia de Valencia.

Asimismo, se han notificado 11 residentes positivos 7 trabajadores y un fallecidos. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 7 residencias en la Comunitat Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia.

El Gobierno de Cantabria está estudiando modificar la Orden de Calendario del curso actual, 2020-2021, para suspender la semana no lectiva prevista a partir del próximo lunes, día 2 de noviembre, de forma que los centros educativos continuarían ininterrumpidamente la actividad docente presencial hasta las vacaciones de Navidad.

Esta posibilidad está siendo analizada esta tarde por la consejera de Educación, Marina Lombó, junto a toda la comunidad educativa, tras el empeoramiento de la crisis sanitaria del coronavirus y el riesgo añadido que, según Salud Pública, supondría en este momento la celebración de ese periodo no lectivo.

"En la práctica, tendríamos a cientos de estudiantes cántabros al cuidado de sus abuelos, a jóvenes interactuando en espacios menos controlados y un aumento de la movilidad que ahora mismo no podemos permitirnos", ha dicho Lombó.

Así, la consejera está analizando esta posibilidad junto a toda la comunidad educativa en unos encuentros que se irán sucediendo a lo largo de la tarde, según ha informado el Gobierno en nota de prensa.

En concreto, se reunirá con los vocales de las permanentes de directores de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y Educación Concertada, la Junta de Personal Docente, la Mesa de las Familias, integrada por las asociaciones de padres FAPA y CONCAPA, y, finalmente, el Consejo Escolar.

"Este primer bimestre de curso nos ha demostrado que los centros educativos no son parte del problema, sino parte de la solución, porque en ellos se cumplen las medidas en todo momento y, además, permite tener muy identificados los contactos de cada estudiante, lo que facilita enormemente el rastreo", ha afirmado.

En este punto, ha mandado un mensaje de "agradecimiento inmenso a todo el cuerpo docente" y les ha pedido "comprensión" en caso de que esta medida finalmente se lleve a efecto.

"Sé que los docentes viven este curso con mucha más tensión, porque continúan con la docencia al tiempo que vigilan el cumplimiento de las medidas en las aulas y acompañan emocionalmente al alumnado, y contaban con ese descanso", ha dicho la consejera, para quien, sin embargo, es necesario adoptar todas las medidas necesarias, tanto individual como colectivamente, para "bajar ya" el nivel de contagios.

Castilla y León contabiliza un total de 84.083 positivos por coronavirus, de ellos 1.179 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este miércoles registran, asimismo, 21 fallecimientos en hospitales y el total en este ámbito es de 2.786 defunciones, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 12.783, tras sumarse otras 145 nuevas.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 657 y los casos positivos a ellos vinculados, 5.580. De ellos, Ávila contabiliza 64, los mismos; Burgos, 58, dos menos; León, 22, uno menos; Palencia, 59, siete más; Salamanca, 98, seis más; Segovia, 83, ocho más; Soria, 37, los mismos; Valladolid, 183, 16 más, y Zamora 53, cuatro menos que este martes.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 84.083 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.179 más. Según los datos de la Administración regional, 77.477 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 375 POSITIVOS

Por provincias y en total, Ávila suma 75 positivos más, con un total de 5.143; Burgos suma 149 positivos, con 12.882 en total; León 165 más, hasta 13.370; Palencia 86 más, con 5.516; Salamanca suma 204 más hasta un total de 13.212; Segovia incorpora 37 nuevos positivos hasta los 6.641 en total; Soria añade 33 más hasta 4.250; Valladolid incorpora 375 positivos, hasta 18.407, y Zamora incorpora 55, hasta los 4.662.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.786, 21 más que este martes. La mayor parte se registra en la provincia de León con 572 --cuatro más--, le sigue Valladolid con 560 --los mismos--; a continuación figura Salamanca, con 485 --cinco más--; Burgos, con 302 --tres más--; Segovia se sitúa en 234 --los mismos--; Ávila registra 190 --cuatro más--, Zamora 171 --uno más--, Soria 139, dos más, y Palencia suma tres más, hasta 133.

En el caso de las altas, un total de 12.783, se han computado 3.035 en Valladolid; 2.290 en León; en Salamanca 2.004; en Burgos 1.556; en Segovia 1.072; en Ávila 918; en Zamora 721; en Palencia, 628 y en Soria 559.

UN TOTAL DE 22 HOSPITALIZADOS MENOS QUE AYER

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.465 personas --22 menos--. Del total, 1.294 pacientes se encuentran en planta --23 menos-- y 171 en unidades de críticos --uno más que el martes--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 55 por ciento de las camas en unidades de críticos, misma cifra que ayer.

Así, hay 29 en el Clínico Universitario de Valladolid; 27 en el Complejo Asistencial de Salamanca, 26 en el Complejo Asistencial de Burgos; 25 en el Universitario de León; 17 en el de Palencia; 16 en el Río Hortega de Valladolid; ocho en el complejo de Ávila; siete en los de Segovia y Zamora y cuatro en el de Soria.

UN TOTAL DE SIETE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 2.937 --siete más que en el último parte emitido el martes-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.832 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, siete más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.937 finados, 1.837 personas han perdido la vida en su residencia o centro, dos más, mientras que cinco personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.100.

Un total de 58 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, siete más que en los datos de este martes, y 1.358 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 150 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos alcanza los 259 fallecimientos, uno más que ayer, de ellos 142 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 48 residentes, uno menos, mientras que 777 son los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, seis más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que se mantienen 133 aislados de forma preventiva sin síntomas, siete menos.

La comunidad autónoma de Extremadura mantiene hasta ahora un total de 86 aulas en enseñanza telemática como consecuencia del Covid-19, teniendo en cuenta las clases que retoman la docencia presencial y las que comienzan la enseñanza a distancia.

En concreto, en las últimas horas, las autoridades sanitarias le han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de 15 aulas, de 15 centros educativos de la región.

Se trata de una clase del Colegio San Luis y de un aula del Colegio Docente Atenea, ambos en Mérida; de un grupo del CEIP Santísimo Cristo de la Salud, de Aldeanueva de la Vera; un aula del CEIP Nuestra Señora del Pilar, de Don Benito; un grupo del CEIP Sotomayor y Terrazas, de Jerez de los Caballeros; un aula del CRA Nuestra Señora de la Paz, de Valuengo (pedanía de Jerez de los Caballeros); y una clase del CEIP Pío XII, de La Morera.

También, una clase del IESO Vicente Ferrer, de La Parra; un grupo del Colegio San José, de Villafranca de los Barros; una clase del CRA Entre Canales, de Holguera; un grupo del CEIP Conquistador Loaysa, de Jarandilla de la Vera; un aula del CRA Orden de Santiago, de Montánchez; una clase del CEIP Gonzalo Encabo, de Talayuela; un aula del CRA Tras la Sierra, de El Torno; y una clase del IES Eugenio Frutos, de Guareña.

Estas aulas seguirán ahora, mientras dure su proceso de aislamiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera telemática, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, las que dejan ya atrás este modelo para retomar las clases presenciales son siete aulas, de cuatro centros educativos de la comunidad.

Con ello, desde este jueves, día 29, vuelven ya a su centro los y las estudiantes de las cuatro aulas del IES Muñoz Torrero, de Cabeza del Buey; una clase del CEIP Ramón Cepeda, de Jerte; un aula del Colegio Salesiano María Auxiliadora, de Mérida; y un grupo del Colegio Privado de Educación Especial San Marcos, de Almendralejo.

De esta manera, teniendo en cuenta las clases que retoman la docencia presencial y las que comienzan la enseñanza a distancia, hasta ahora, hay 86 aulas en enseñanza telemática en Extremadura.

Un total de cuatro Zonas Básicas de Salud (ZBS) de la capital y seis de cinco municipios de la región presentan una incidencia acumulada superior a los 500 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes sin estar confinadas de forma perimetral.

Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Andrés Mellado (Chamberí), Portazgo (Puente de Vallecas) e Ibiza (Retiro) superan la tasa de incidencia de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en Madrid. En la Comunidad, Valle de la Oliva (Majadahonda), Doctor Tamames y Barrio del Puerto (Coslada), Nuestra Señora del Pilar (Alcalá de Henares), El Naranjo (Fuenlabrada) y V Centenario (San Sebastián de los Reyes) son las ZBS con una incidencia superior a los 500 casos.

La Dirección General de Salud Pública ha establecido la tasa de incidencia en 500 casos por 100.000 habitantes para determinar esas zonas, rebajándola desde los 750 que había anteriormente. Además de la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, la Dirección General de Salud Pública atiende a la incidencia acumulada en los últimos 14 días con una tendencia estable o creciente; y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han trasladado a Europa Press que Salud Publica revisará la situación "como todas las semanas con criterios técnicos".

Tal y como se observa en el último informe sobre la 'Situación epidemiológica en municipios', correspondiente a los últimos 14 días, estas cuatro zonas básicas de la capital superan el valor establecido por el que se confina a los vecinos de una determinada zona.

Valdezarza es la ZBS que mayores contagios presenta cono una tasa de 974,06 por cada 100.000 habitantes; la zona de Andrés Mellado presenta una tasa de 589,35 por cada 100.000 habitantes; Portazgo cuenta con 574,62 contagios por cada 100.000 habitantes e Ibiza registra 506,03 contagios por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, Coslada cuenta con dos zonas básicas de salud, la de 'Barrio del Puerto' y 'Doctor Tamames', con una incidencia acumulada por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes, según consta en el último informe sobre la 'Situación epidemiológica en municipios' correspondiente a los últimos 14 días.

La zona de salud de 'El Naranjo', en Fuenlabrada, ha superado la tasa de incidencia acumulada de Covid-19 de 500 casos por cada 100.000 habitantes al llegar a los 531.

ÁREAS RESTRINGIDAS

Un total de 32 zonas básicas de salud (ZBS) en la Comunidad de Madrid cuentan con restricciones a la movilidad desde este lunes, medida decretada el pasado viernes por el Gobierno regional para aquellas áreas con una incidencia de coronavirus de 500 casos por 100.000 habitantes.

En Madrid capital las áreas ya restringidas pertenecen a nueve distritos y son Núñez Morgado (distrito de Charmartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán).

Las áreas sanitarias con restricciones afectan a doce municipios de toda la región: Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.

El polígono comercial de Majadahonda donde se encuentra el centro comercial Gran Plaza 2, entre otros establecimientos comerciales y de restauración, ha sido excluido de las restricciones que se encuentran vigentes en la zona básica de salud en la que se localiza -- Majadahonda 'Cerro del Aire'-- al tratarse de un área sin viviendas, según la Consejería de Sanidad.

La plantilla de trabajadores municipales del Alcázar de Sevilla ha registrado hasta la fecha cuatro positivos por coronavirus, tres de ellos confirmados en las últimas 48 horas, por lo que reclama a la dirección del monumento que se les practique test masivos con carácter urgente.

Los trabajadores critican, además, que los responsables del Alcázar no se hayan dirigido a la plantilla para notificarles los casos positivos ni el protocolo que deben seguir en esta situación, según afirman fuentes municipales del Alcázar a Europa Press.

"Hace un par de semanas nos enteramos del primer positivo por medio del propio afectado. El pasado martes nos comentaron otros dos y este miércoles, otro compañero, que presentaba síntomas, ha confirmado que también tiene Covid", aseguran esas mismas fuentes.

La plantilla critica, además, que no se les haya realizado más pruebas, "más allá de la que nos hicimos con motivo de la reapertura del monumento; desde entonces, ninguna más". Una situación que "contrasta con los trabajadores del servicio de limpieza, que se someten a esos test una vez al mes".

"Existe preocupación en la plantilla porque no hay ni posicionamiento ni información al respecto desde la direccción y todos tenemos familiares que forman parte de la población vulnerable", añaden. "Los trabajadores de las áreas de mantenimiento y jardinería comparten vestuarios, en espacios muy cerrados, al igual que herramientas u otros enseres, con lo que el riesgo de contagio es alto". Además, "existe escasez de medios de prevención frente al Covid".

En este sentido, la plantilla ha enviado "hasta tres escritos" a la dirección sin que, de momento, "hayamos tenido respuesta oficial alguna". "Cuando hemos tenido algún tipo de contestación, ha sido a través de la Mutua, "que nos ha llegado a declarar que nuestros contactos no son de riesgo".

El conjunto monumental de la Alhambra y Generalife, abierto a visitas al 50 por ciento de su aforo desde el sábado 17 de octubre, cuando entró en vigor el primer paquete de medidas de la Junta para Granada y 30 municipios de su área metropolitana para frenar la segunda ola de la pandemia de covid-19, ha vendido las 150 entradas disponibles para la visita nocturna del próximo sábado a los Palacios Nazaríes.

Así lo han indicado fuentes consultadas por Europa Press en el Patronato de la Alhambra y el Generalife, un monumento cuya visita en estos días, tras el cierre perimetral de la ciudad de Granada este pasado lunes, queda reservada a residentes de la capital granadina. Para la visita nocturna a Palacios del próximo viernes ya se han vendido 139 entradas, un 92,67 por ciento de la ocupación.

Tras el confinamiento decretado por el Gobierno para frenar la primera ola de la pandemia, el monumento reabrió al 50 por ciento de su aforo y, posteriormente éste se amplió al 75 por ciento. Tras las medidas publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario del pasado 16 de octubre, volvió a limitar las visitas a la mitad.

Según han destacado estas fuentes, la Alhambra está abierta en horario de invierno, de 8,30 a 18,00 horas, y para las visitas nocturnas (Palacios y Generalife), los viernes y los sábados, de 20,00 a 21,30 horas.

En este contexto, hay disponibles cada día, en cuanto a las visitas diurnas, un máximo de 2.700 entradas de las denominadas generales, y 500 para Alcazaba y Generalife. En lo referente a las nocturnas, limitadas a viernes y sábados, hay 150 para Palacios Nazaríes, y 150 para Generalife.

Suman un total de 3.300 tickets (3.500 viernes y sábados), ahora para granadinos, y siempre a la espera de las próximas medidas que está previsto que implemente la Junta en las próximas horas.

ENTRADAS VENDIDAS

Entre el 21 de octubre y este pasado martes se vendieron 8.238 entradas, y hay vendidas para el periodo que va desde este miércoles hasta el lunes 2 de noviembre, que incluiría el puente de Todos los Santos, un total de 2.131 entradas.

En referencia a quienes, en esta situación, están solicitando la devolución de entradas adquiridas para visitar la Alhambra, el Patronato ha elevado consulta al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Se hace así, según se ha hecho saber a estas personas, "debido a la situación generada como consecuencia de las distintas disposiciones normativas que se están publicando con medidas preventivas ante la covid-19, y a efectos de garantizar una mayor seguridad jurídica".

"Una vez se analice la diferente casuística que puede darse y atendiendo a los criterios jurídicos que resulten de aplicación, se realizarán todas aquellas devoluciones que resulten procedentes conforme al marco normativo aplicable, y a la mayor brevedad posible".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado y defendido este miércoles en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que ha calificado de "extraordinario, inédito e histórico" por la pandemia, y que busca aportar un "colchón social" y "blindar" los servicios públicos, así como impulsar el crecimiento y acelerar la transformación del tejido productivo y las reformas.

Montero ha destacado que estas cuentas se centrarán en colectivos como infancia, juventud, mujeres e igualdad, mayores y autónomos.

Así lo ha señalado en la rueda de presentación de los Presupuestos en 2021, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, en la que ha subrayado que "no son unos PGE normales", por lo que ha pedido "cautela y prudencia" en las comparativas, al haber un contexto "absolutamente inédito y extraordinario" por la pandemia.

Montero ha explicado que las nuevas cuentas públicas buscan impulsar las grandes transformaciones que permitan acometer reformas en materia de transición ecológica, digital, disminuir la precariedad del mercado laboral y conseguir un sistema productivo "más resiliente", así como proteger a los más vulnerables.

En este sentido, ha remarcado que los PGE buscan aportar un "colchón social" parra la cohesión social y territorial y la garantía del acceso a servicios públicos, dejando atrás las políticas de recortes realizadas desde 2008, ya que en la crisis actual Europa y los Estados miembros dan una respuesta "anticíclica distinta" con estímulo económico para amortiguar la caída de PIB y recomponerse "en el plazo más breve.

"El Presupuesto no pretende apuntalar el crecimiento de antes de la crisis, sino que tienen que ser elementos que aceleren los proyectos de transformación del tejido productivo para ser menos vulnerables ante situaciones económicas, producir mayor calidad del empleo y potenciar la internacionalización y el valor añadido empresarial.

"No se trata de volver donde estábamos, sino de aprovechar esta herramienta para impulsarnos más allá y ser capaces de acelerar los proyectos con los recursos de la UE para acometer las reformas", ha apostillado.

INGRESOS Y GASTOS

En cuanto a las partidas, ha apuntado que se incluyen cantidades "muy importantes" de aumento de la inversión y "acomodo" para planes específicos de sectores especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, turismo o automoción.

Con una previsión de ingresos financieros de 255.631 millones, un 14,5%, se proyectan unos ingresos tributarios de 222.107 millones, un 13% más, ha defendido los "ajustes" tributarios recogidos en los PGE para corregir la diferencia de 7 puntos en recaudación con la media europea, como el alza del IRPF, Sociedades y Patrimonio, el diésel, las primas de seguros, un nuevo impuesto a los envases de plástico o un IVA del 21% a bebidas azucaradas.

La reforma "en profundidad", ha dicho, se acometerá por un grupo de expertos con ayuda de organismos evaluadores como la AIReF o el IEE, y buscará adaptar el sistema tributario al siglo XXI y ser "justo" "progresivo" con el fin de "blindar el colchón de seguridad" para tener una fiscaliad "más verde y digital".

En cuanto al gasto, ha apuntado igualmente que la diferencia es de 4 puntos, por lo que también se busca reducir la brecha con países como Alemania, Francia o Suecia para "no dejar absolutamente a nadie atrás".

Sube el gasto en pensiones (163.297 millones, +3,2%), equivalente al 35,8% del total; otras prestaciones (20.623 millones, +7,9%), Sanidad (5.088 millones, +151,4%); Educación (4.893 millones, +70,2%), con récord en becas; Cultura (1.148 millones, +25,6%); desempleo (25.012 millones, +20,1%), fomento del empleo (7.405 millones, +29,5%), infraestructuras (11.527 millones, +114,8%), Vivienda (2.253 millones, +367,9%); Agricultura, Pesca y Alimentación (8.405 millones, +10,2%), Industria y Energía (11.166 millones, +103,9%), Comercio, Turismo y Pymes (2.230 millones, +150%) o I+D+i (11.483 millones, +80,1%).

No obstante, Montero ha dicho que se continúa con la "responsabilidad" fiscal y ya se reducirá en 2021 el déficit del 11,3% al 7,7%.

La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han reforzado este miércoles, en un acto conjunto en Alicante, su postura compartida en la defensa del trasvase del Tajo-Segura como "básico e imprescindible" y han solicitado al Gobierno central que acepte las alegaciones que presentarán al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del Plan Hidrológico del Tajo para garantizar el interés de regantes y el abastecimiento, al tiempo que reclaman a Castilla La Mancha que "haga sus deberes" en depuración e infraestructuras.

Así lo han expuesto la consellera de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, y el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, quienes se han reunido en Elche (Alicante) con el sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y con la Comunidad de Riegos de Levante.

Desde los regantes se insiste en que el proyecto supondría "dejar a la mitad" los recursos disponibles, y por tanto, "sería inviable poder continuar con la actividad agrícola de hoy en día".

"Esto es un acuerdo político que sobrepasa un ámbito territorial y que tiene un objetivo claro, que es el interés ambiental y agrario de todos los que formamos parte de esta red", ha declarado Mollà.

En la misma línea, ha señalado que este trasvase es "básico e imprescindible" y cumple sus objetivos. "Espero que el Gobierno de España acepte las alegaciones, esto no se trata de ningún interés partidista, es una guerra por una cuestión obvia", ha matizado.

Asimismo, ambos dirigentes políticos han instado al Ejecutivo de Castilla-La Mancha a "hacer los deberes" en materia de depuración y contaminación del agua, así como hacer las inversiones en infraestructuras necesarias.

"Todo esto se resolvería si se invirtieran en las actuaciones necesarias de depuración en Castilla-La Mancha, es decir, no vamos a resolver un problema de contaminantes diluyendo el agua con ese caudal que se menciona en los Esquemas de Temas Importantes; vayamos a la raíz del problema para no cargar las espaldas de los regantes de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía", ha indicado la consellera.

Por su parte, el consejero murciano ha puesto en valor la importancia económica, social y ambiental del trasvase ante "los ataques sectarios del Gobierno de España" a dicha infraestructura: "Es la principal herramienta para luchar contra la desertificación y el cambio climático", ha defendido.

SIETE "ATAQUES"

"Durante este año hidrológico han sido siete los ataques que ha recibido el trasvase Tajo-Segura; no podemos permitir que el Gobierno de España lleve a cabo medidas con el objetivo de eliminar estas infraestructuras que durante más de 40 años han unido a cinco comunidades autónomas y han llevado al desarrollo económico y social de todo el Levante español", ha declarado Luengo.

El consejero ha insistido en que "aquí no hay colores políticos" sino una "unidad para defender los intereses agrarios" y ha añadido que "no es necesario llevar a cabo subidas de caudales que pueden, de alguna forma, condicionar la llegada del agua" a la zona.

Por último, Mollà ha puesto encima de la mesa la posibilidad de buscar "un ámbito judicial" si el Gobierno de España no acepta las alegaciones al EPTI. "Vamos a defender el trasvase hasta donde haga falta; si las alegaciones no se tienen en consideración, algo que no contemplo, pues nos tendríamos que ir a un escenario con un ámbito judicial", ha detallado.

Las aportaciones al Esquema por parte de la Comunitat Valenciana --el plazo de presentación termina el 30 de octubre-- defienden dedicar recursos al estudio de modelos para incrementar la calidad del agua en todo el recorrido de la demarcación, con especial incidencia en los tramos del Tajo Medio frente al incremento "injustificado" de los caudales ecológicos.

El aumento del caudal ecológico "puede parecer a algunos una solución a corto plazo que conduciría, según las estimaciones, a una reducción del 20 por ciento, de los volúmenes que se podrían trasvasar", sostiene la Generalitat Valenciana, que apela a la regeneración hídrica, al diseño de una agricultura de precisión y a la modernización de regadíos, en lo que coincide "plenamente" con los regantes.

Luengo ha confirmado que su gobierno presentará sus aportaciones "en los próximos días" y exigirá una modificación del documento al considerar que "se está confundiendo a la sociedad haciendo creer que el aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que supone un descenso del agua trasvasable al Segura, es la única forma de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, algo que vamos a demostrar que no es cierto y que hay otras vías para garantizar la sostenibilidad ambiental del ecosistema son afectar al trasvase".

"MÁS RECORTES" ESTE OCTUBRE

Por otro lado, los regantes han criticado que se han vuelto a producir "recortes" en el trasvase aprobado para este mes de octubre."El Ministerio solo ha concedido 5,5 hectómetros cúbicos para regadío este mes, por lo tanto, vuelven a recortarnos a menos de la mitad y no han hecho caso a la Comisión Central de Explotación", han indicado.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado trasvasar 13 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía durante el mes de octubre, aunque esta transferencia de agua no se efectuará hasta que terminen las obrasen La Bujeda.

De este volumen, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 5,5 hm3 para regadío. Un volumen que quedará almacenado hasta que el sistema vuelva a estar operativo.

El obispo de la Diócesis de Huelva, Santiago Gómez, ha visitado este pasado martes el asentamiento de 'Las Madres', en Moguer, junto a un equipo de técnicos de Cáritas Diocesana, encabezado por su directora, Pilar Vizcaíno; el párroco de Mazagón, Francisco Pérez Zambrano, así como voluntarios de Cáritas parroquial de Nuestra Señora del Carmen.

Así, Gómez tuvo ocasión de conocer de primera mano las condiciones "infrahumanas" en las que viven unos 200 inmigrantes, una muestra de las más de 2.000 personas que pueblan la veintena de asentamientos chabolistas que de forma directa y periódica atiende Cáritas en la provincia onubense, según ha indicado el Obispado en nota de prensa.

El obispo de la diócesis ya había definido como "particularmente sangrante" la situación de los asentamientos en la provincia en su carta publicada el pasado 22 de octubre, con motivo de la última encíclica del papa Francisco 'Fratelli Tutti', y se dirigía así a todos los cristianos y personas de buena voluntad invitando a "abordar de modo urgente este drama desde una mirada integral, coordinada y eficaz", pues "no podemos seguir sobrellevando esta realidad en la que nuestros hermanos malviven privados de algunos de los derechos humanos más elementales".

"No podemos vivir de espaldas al dolor del hermano con rostro e historia concreta que encontramos en nuestro caminar ordinario por la senda de lo cotidiano, que lo vemos en nuestras calles y plazas, en nuestros campos trabajando y que, al culminar su jornada, regresa a estos lugares donde malvive", subrayó el obispo.

Así, desde la diócesis han apuntado que en su encíclica el papa Francisco ha expresado que "los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos".

Por eso, el obispo, haciéndose eco de la insistente petición de Cáritas, ha hecho un llamamiento "especial" a todos los agentes sociales y políticos "para no evadir la responsabilidad de cada una de las partes y, en un diálogo sincero y permanente, encontrar soluciones más humanas y definitivas que vayan más allá de la insuficiente ayuda asistencial que se lleva a cabo por las distintas entidades implicadas en dar solución a este drama".

Para Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana, "no hay que irse muy lejos de nuestra geografía para ver que hay quienes viven cerca de nosotros y siguen siendo invisibles para nosotros. Muchas veces, muchísimas, levantamos muros ante ellos, los juzgamos, los descartamos, pensamos que viven de una manera concreta por gusto, por capricho, porque quieren".

Por ello, desde el Obispado han destacado que "en medio de estos tiempos difíciles a causa del Covid-19 y de todos los efectos sociales y económicos que padece la sociedad, estas personas ven aún más agravada su situación".

Por esto, al terminar su visita, el obispo destacó la labor de los voluntarios y técnicos de Cáritas por "despertar las conciencias, ensanchar la mirada y el corazón y generar redes de solidaridad capaces de acoger, proteger, promover e integrar" y agradeció la labor constante de los mismos "por la defensa de los derechos humanos de estas personas y el acompañamiento y la respuesta a sus múltiples necesidades", tarea que "hace presente y cercana la Iglesia a estos hermanos nuestros", finalizó Gómez.

La directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, ha anunciado este miércoles la constitución de una Mesa del Libro, un marco estable de diálogo de la administración con el sector del libro, cuya primera reunión será antes que finalice noviembre.

Lo ha anunciado en su intervención en la feria Liber, organizada por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y Fira de Barcelona, señalando que la Mesa contará con un consejo permanente y diversos grupos de trabajo "abiertos y ágiles" de los distintos subsectores del sector del libro, como el libro digital, infantil y juvenil, de texto, académico, cómic y editores independientes, entre otras.

Ha afirmado que sus líneas estratégicas serán la igualdad de género, el reto demográfico, la pluralidad lingüística y el vínculo entre comercio e industria, y sus objetivos principales serán la internacionalización, la formación, el fomento de la lectura y la sostenibilidad.

Ha señalado que en la internacionalización incidirá "en nuevas estrategias y formatos para ferias, en reforzar la presencia en el exterior, mejorar la competitividad y la apuesta por la traducción".

También ha incidido en la apuesta por la transformación digital y la modernización del sector, así como en el fortalecimiento de la red de librerías y bibliotecas.

Gálvez ha señalado que el sector y el Gobierno podrán tener con esta Mesa un "foro multilateral y diverso" para hacer propuestas y ver obstáculos, soluciones y retos comunes con el objetivo de mejorar el diseño de acciones y programas.

"La Mesa del Libro hará que seamos más eficaces y útiles en los próximos tres años", ha asegurado la directora general.

El consejo permanente de la Mesa estará formado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, la Subdirección General y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

SECTOR DEL LIBRO

La Asociación de Cámaras del Libro de España (Fedecali) ha aplaudido en un comunicado la creación de la Mesa del Libro, y libreros, distribuidores, gráficos y editores se han mostrado "esperanzados" de que su puesta en marcha pueda sentar las bases para situar el libro y la lectura en el centro de la sociedad española.

Ha mostrado su disposición a colaborar para que la Mesa del Libro permita obtener resultados que desarrollen "una estrategia a medio y largo plazo", y confía en que el avance de los trabajos permita poner en valor a la industria del libro.

La Fedecali ha considerado "esencial" que la mesa se plantee la creación de diferentes grupos de trabajo ya que la cadena del libro es muy diversa, y que contenidos y ejes temáticos responden a los puntos planteados por el sector en su diálogo con la Dirección General del Libro.

El sector del libro ha señalado que viene años reclamando la necesidad de un Pacto de Estado por la Lectura y el Libro, por lo que entiende la mesa como "un paso en esa dirección", y ha considerado imprescindible que las conclusiones que salgan de la mesa permitan construir ese pacto.

La diputada nacional por el PSOE de Huelva María Luisa Faneca ha destacado que el Gobierno central destinará un millón a reforestar la zona afectada por el incendio de Almonaster la Real (Huelva).

"Una medida aprobada en Consejo de Ministros que deja patente la consideración del Ejecutivo con la provincia y con una zona que se ha visto gravemente perjudicada por el incendio que alcanzó varios municipios y arrasó unas 18.000 hectáreas de bosque", ha manifestado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Del mismo modo, María Luisa Faneca ha aplaudido "la premura y amparo" del Ejecutivo central para actuar en la provincia ante este tipo de situaciones sobrevenidas, como es un incendio.

Así, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico recoge el acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en el área afectada por el gran incendio forestal 2020 en la provincia de Huelva, por un importe máximo de un millón de euros.

Asimismo, ha ensalzado que se ponga sobre la mesa "un montante económico para ayudar a la reforestación de estas tierras, que evidencia el compromiso del Gobierno con el medio ambiente y la restauración ecológica". De hecho, "estamos hablando de un Ministerio que en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla 11.935 millones de euros para ejecutar políticas verdes", ha proseguido.

Faneca ha incidido en que "son muy necesarias las ayudas y el amparo de las administraciones por catástrofes y aquí el Estado ha primado que había que actuar en Huelva, porque ha sido víctima del peor incendio que se ha producido en España este verano y no había tiempo que perder".

Así, pese a la situación de gran excepcionalidad provocada por la Covid-19, "no se puede dejar nada ni a nadie atrás y aquí el Ejecutivo de Pedro Sánchez está demostrando una sensibilidad y una altura de miras ejemplar", ha remarcado la socialista.

La diputada socialista ha señalado que Huelva, desgraciadamente, es una provincia que cada año sufre algún tipo de incendio y "es de agradecer tanto la ayuda económica como la agilidad para que en cuanto antes se empiece a actuar".

"Para este Gobierno, las políticas medioambientales, nuestro ecosistema, la protección al medioambiente, a la biodiversidad, son trascendentales para nuestro desarrollo social y económico, así como para nuestra salud, forman parte de nuestra vida, además de ser una fuente de riqueza y empleo, que hay que preservar y en las que hay que invertir", ha concluido.

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha lamentado que la Comisión de Explotación del Trasvase "retoma la senda del agotamiento de recursos a pesar de que en el Levante se almacenan 212,8 hm3 de agua en el post trasvase".

Así han reaccionado desde esta asociación en nota de prensa, después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya acordado trasvasar 13 hectómetros cúbicos desde los Embalses de Entrepeñas y Buendía durante el mes de octubre, aunque esta transferencia de agua no se efectuará hasta que terminen las obras en La Bujeda.

"Las obras de La Bujeda van para largo, por lo que el agua no podrá salir realmente de Entrepeñas y Buendía, aunque quede apalabrada; lo que podría provocar un megatrasvase demoledor al terminar las actuaciones. La Mancomunidad de Aguas del Taibilla tiene agua garantizada para siete meses, por lo que no se necesita realmente para beber. Los informes proyectan situación hidrológica excepcional para la cabecera del Tajo hasta, por lo menos, abril".

Desde la asociación señalan que "velar por la salud de la cuenca cedente no está entre las prioridades de la Comisión, ni siquiera entre las prioridades de la Confederación Hidrográfica del Tajo" pues "la cuenca del Segura tiene acumulado en el post trasvase 212,8hm3, de los cuales 108,8 pertenecen a pozos y desaladoras, mientras que 104 hm3 son directamente agua del Tajo; un volumen que por ley debería almacenarse en la cuenca cedente, no en la receptora.

Se trata, a su juicio, de un "volumen suficiente como para aguantar, por lo menos, hasta abril y procurar que Entrepeñas y Buendía no sufran de una situación hidrológica excepcional a costa de pagar la fiesta de la agroindustria levantina".

"Tienen agua de sobra como para dejar que la cuenca cedente se recupere en parte durante el invierno", denuncia el vicepresidente, Borja Castro. "Ya no hablamos de satisfacer nuestras necesidades, que están garantizadas por ley y no se respetan, nos las imponen; hablamos de trabajar para evitar la excepcionalidad hidrológica, que es lo mínimo que debería garantizar la Comisión".

La presidenta, María de los Ángeles Sierra, por su parte, reclama la puesta en marcha urgente de unas "nuevas reglas de explotación, para que la Comisión no decrete miseria para nuestros pueblos, mes tras mes, amparada en unas reglas rígidas, basadas en planteamientos irreales e imposibles datos en mano".

Mientras, las obras de La Bujeda parece que se prolongarán más tiempo del planteado inicialmente, por lo que podría darse el caso "si siguen aprobándose trasvases máximos mes tras mes que 2021 fuese recibido con un megatrasvase de más de 100 hm3, legal pero absolutamente delirante viendo la situación de los embalses".

La oposición ha planteado hasta tres alternativas para obligar a Pedro Sánchez a rendir cuentas periódicamente sobre la aplicación del nuevo estado de alarma decretado ante la segunda ola del coronavirus: el PP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) quieren que comparezca en el Congreso cada 15 días; Ciudadanos, Más País y Compromís abogan por que acuda a la Cámara mensualmente ,y Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, que lo haga cada dos meses, el plazo más largo, que es precisamente el que acepta e PSOE.

El Ejecutivo plantea en el decreto que someterá este jueves a debate y votación del Congreso extender el estado de alarma durante seis meses, esto es, hasta el 9 mayo, si bien este miércoles Sánchez ha ofrecido revisar la vigencia de esta medida excepcional dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia.

Sin embargo, en las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, y que también se votarán en la sesión plenaria de este jueves, el PP plantea rebajar a ocho semanas la duración del estado de alarma, hasta justo antes de Navidad, mientras que Ciudadanos propone tres meses, la mitad que el Gobierno.

Los 'populares' también plantean que el jefe del Ejecutivo desfile por el Congreso cada quince días para informar de la aplicación del estado de alarma, al igual que el Bloque Nacionalista Galego, mientras que Ciudadanos, Más País y Compromís abogan por que lo haga cada mes, y Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, cada dos.

EN PRIMAVERA, ILLA CADA SEMANA Y SÁNCHEZ CADA DOS

De entrada, el PSOE ha aceptado la propuesta planteada por los independentistas catalanes, por lo que se prevé que Sánchez comparezca en el Congreso bimensualmente, hasta que concluya el estado de alarma, y que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien lo haga mensualmente en la comisión parlamentaria del ramo.

En el primer estado de alarma, el ministro Illa acudía cada semana al Congreso y Sánchez cada quince días defendía la prórroga en el Pleno, ya que debía someterse la votación, un examen parlamentario que ahora el gobierno quiere evitar a toca costa.

Además, los socialistas también han apoyado la idea de ERC de que sea la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la que formule al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses del estado de alarma, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.

JUNTS QUIERE VOLVER A LAS VOTACIONES

De su lado, Junts quiere que el Congreso vote todas las prórrogas de la alarma y que sean, como mucho de dos meses, una propuesta que se suma a otra batería de enmiendas en las que plantea mejoras fiscales para autónomos, la extensión de los ERTE y que el Gobierno catalán mande sobre la Policía y la Guardia Civil y coordine Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otras medidas.

El PNV, por su parte, ha presentado una enmienda para que enclaves como el Condado de Treviño, que está en territorio alavés pero pertenece a la provincia de Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben para Álava, en la misma línea que la registrada en el anterior estado de alarma.

Por último, la CUP se centra en reclamar una tasa Covid para los patrimonios de más de un millón de euros, permitir el uso de instalaciones de la sanidad privadas durante el estado de alarma y promover medidas para garantizar los servicios y derechos básicos, mientras que Foro ha aprovechado sus enmiendas para cuestionar que el Gobierno deje en manos de las comunidades la autoridad del estado de alarma o que con esta medida el Ejecutivo pretenda restringir la movilidad nocturna o limitar las reuniones de mas de seis personas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que instruye la macrocausa 'Tándem' ha acordado este miércoles archivar la pieza separada en la que se investigaba un supuesto encargo de la examiga del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo para obtener información sobre una asistente española de la que sospechaba.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así a la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que pidió el sobreseimiento provisional de la pieza número 5, denominada 'Carol', al entender que "no existen elementos suficientes que permitan sostener la comisión de delitos de cohecho ni de descubrimiento de secretos en los dos supuestos encargos que constituyen el objeto de la presente investigación".

Esto ocurre después de que el juez García-Castellón recibiera el pasado mes de septiembre un oficio policial en el que se detallaba que Villarejo está jubilado desde el 22 de junio de 2016 y las grabaciones de la reunión donde se habría realizado el supuesto encargo son posteriores.

Además, también se apuntaba que tampoco consta que solicitara colaboración de otros funcionarios policiales ni que se efectuaran consultas en bases de datos policiales.

REAPERTURA DE LA CAUSA

El juez García-Castellón acordó la reapertura de la investigación el pasado 27 de julio tras recibir diversos oficios policiales en los que se analiza el material intervenido en los domicilios de los investigados, y tras encontrar un archivo localizado en la casa del comisario de cuyo contenido se desprendía unos tratos previos entre Larsen y Villarejo.

'Carol' --por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana-- fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había "datos" ni "documentaciones" que prueben las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el Rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.

La pieza versaba sobre supuestos encargos que Larsen habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, la ex amiga del Rey emérito relataba los supuestos negocios opacos del Rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.

Tras tener constancia de nuevos datos sobre el supuesto encargo de obtener datos de la asistente de Larsen, el actual instructor de la causa decidió investigar sobre estos hechos para esclarecer si el encargo llegó a materializarse y si llegó a abonarse y por tanto se podría haber cometido un delito de cohecho.

NO HAY OBTENCIÓN ILÍCITA DE INFORMACIÓN

El juez explica en su auto que los investigadores sólo han podido constatar una sola búsqueda en la base policial sobre la asistente de la empresaria alemana en el periodo de tiempo comprendido entre el 7 de octubre de 2016 --fecha de las grabaciones-- y 3 de noviembre de 2017 --día en el que se detuvo a Villarejo-- y que la realizó la entrada en el fichero fue un funcionario de la Agencia Tributaria.

"En consecuencia, las consultas realizadas en estos ficheros permiten descartar cualquier acción encaminada a la obtención ilícita de información", indica el juez.

Por otra parte, explica, el oficio policial contiene una serie de extractos procedentes de la agenda de Villarejo, en donde se refieren diversas notas en la que aparece Larsen.

"De las entradas transcritas se podría inferir que se mantuvo el contacto entre el señor Villarejo y la señora Corinna Larsen, si bien es cierto que no se ha podido encontrar ninguna entrada que confirme que el día 8 (se desconoce de qué mes) se vieran de nuevo ambos, ni han aparecido más audios o grabaciones que constate que pudo haber nuevas citas y con qué finalidad", explica García-Castellón.

Por tanto, "pese a lo llamativo de las anotaciones, estas entradas no aportan elementos indiciarios relevantes para poder esclarecer las encomiendas objeto de investigación, no pudiendo configurarse como el soporte sobre el que sostener una nueva línea de investigación", continúa el instructor.

"Llegado a este punto no queda otra opción más que el archivo de la causa", dice el juez, ya que los indicios existentes "no permiten razonablemente sostener la imputación". No obstante, advierte de que se trata de un archivo provisional y que no puede descartarse que, si aparecen nuevos indicios "se procediera a una nueva reapertura", como ya ha ocurrido.

Galicia registra este miércoles un total de 360 usuarios de residencias contagiados de la covid-19, una cifra superior a la del martes tras la detección de una treintena de casos nuevos entre ancianos que viven en estos centros --la mayoría, 20, en la residencia DomusVi Ribadumia, que ha sido intervenida por la Xunta--.

Además de los 20 casos de usuarios detectados en DomusVi Ribadumia, también se computan otros positivos nuevos de residentes en varios centros geriátricos: la residencia de Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (1), el hogar residencial San Miguel de Silleda (1), la vivienda comunitaria Pepe Isa I de Entrimo (1), la residencia Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia (1) y la residencia de Viana do Bolo (7).

Del cómputo se retiran diez usuarios, tres de la residencia de mayores Val de Monterrei; dos de la residencia Virgen Blanca de Ourense, y los cinco restantes de los centros de Las Salinas de Ourense, de Nosa Señora do Viso de Lobeira, de la vivienda comunitaria Pepe Isa II de Entrimo, de San José-Hermanitas de Narón y de la residencia Mi Casa de Ferrol.

Además, a última hora de la pasada jornada, las autoridades sanitarias informaron del fallecimiento en el Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) de un anciano que procedía de la residencia de Os Gozos, de Pereiro de Aguiar.

EVOLUCIÓN

Así, según los datos de Política Social, la residencia con más usuarios contagiados es la de Salvaterra do Miño, con 84 casos activos; seguida de la de Os Gozos, en Pereiro de Aguiar, que suma 78; y la Residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 76. Los centros geriátricos DomusVi Ribaduma y la Residencia Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia acumulan 20 usuarios infectados, en cada uno de los casos.

Con 16 casos positivos se mantiene la Ballesol de Oleiros, mientras que con 13 están el Fogar Residencial San Miguel de Silleda, la DomusVi Lugo de Outeiro de Rei y la residencia de Viana do Bolo.

En la Residencia Santa Olalla de Boqueixón hay siete casos en residentes, mientras que en La Saleta de San Cristovo de Cea hay cinco usuarios con covid-19, tres en la residencia de San Cibrao de Cervo y dos tanto en la residencia San José Hermanitas de Narón como en la Val de Monterrei.

Otros ocho centros registran un caso en cada uno de ellos: la residencia Torrente Ballester de A Coruña, la Padre Rubinos (también de A Coruña), el centro de mayores Bibres de Cambre, la residencia de Oleiros, la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, la vivienda comunitaria Pepe Isa I de Entrimo, la vivienda comunitaria Pepe Isa II de Entrimo, y la residencia de O Viso de Lobeira.

195 TRABAJADORES CONTAGIADOS

En cuanto a los trabajadores de centros de mayores, el parte de este miércoles computa 195 positivos, con 13 casos nuevos y 27 altas, 15 de ellas de personal de la residencia de Os Gozos, en Pereiro de Aguiar.

Los geriátricos con más trabajores infectados son la Residencia de Salvaterra do Miño (26), Os Gozos (26) y la Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (34). En la residencia Ballesol de Oleiros hay 15.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su parte, los centros de atención a personas con discapacidad en la Comunidad gallega ven elevados a 23 los usuarios con COVID-19: 18 en la residencia DomusVi Bóveda, uno en la Ricardo Baró de Oleiros y cuatro en la residencia San Vicente de Paúl (Lugo).

Hay seis usuarios de centros de discapacidad que figuran como nuevos casos en el parte de Política Social de este martes y que se suman a los 17 computados en la pasada jornada hasta totalizar 23 positivos.

Además, hay 22 trabajadores afectados en estos centros: 14 contagiados en la DomusVi Bóveda, uno en la residencia Ricardo Baró de Aspronaga en Oleiros, uno en la Residencia Souto de Leixa, uno en la Residencia de Aspanaes en As Ponte, dos en San Vicente de Paúl (Lugo), uno en la residencia Domingo Gómez Freire de Ourense, uno en Santa María Pita (Ourense) y uno en la Residencia de Chapela.

En el caso de los trabajadores, hay dos nuevos positivos y un alta.