Los Servicios Epidemiológicos de la Junta en Burgos han registrado un nuevo foco, de ámbito sociosanitario, localizado en la zona básica de salud de Santa Clara, en la capital de la provincia, y que afecta a un total de 75 personas.

La Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio Territorial de Sanidad en Burgos ha iniciado la vigilancia y el control epidemiológico de los brotes en la capital burgalesa, a través del seguimiento de casos y de las correspondientes encuestas de contactos e investigación de las relaciones sociales de estas personas, tanto en sus entornos familiares como sociales y laborales, según informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La Junta apela a la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, respetando las medidas básicas de distancia social, higiene de manos y uso obligatorio de la mascarilla en los supuestos legalmente establecidos, así como con el cumplimiento de las actuaciones preventivas sanitarias para la contención de la transmisión comunitaria de la COVID-19 en aquellos municipios en los que se han decretado, con el fin de evitar situaciones que pudieran suponer riesgo de contagios y nuevo brotes de la enfermedad.

Desde la Delegación Territorial de la Junta en Burgos se facilitarán las oportunas actualizaciones informativas sobre la evolución de esta situación epidemiológica a medida que se produzcan novedades reseñables al respecto.

El eurodiputado del PP y portavoz de Agricultura del Grupo Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido, ha pedido que, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la próxima semana, la UE comience a trabajar con el nuevo presidente "para lograr que se eliminen los aranceles que desde hace dos años gravan los productos agroalimentarios europeos y españoles, causándoles un grave perjuicio".

"Tan pronto como se sepa el resultado de las elecciones, la Comisión Europea y el Gobierno de España deberán retomar con prioridad las negociaciones para la eliminación de los aranceles, ya sea con la nueva administración de Donald Trump o con el equipo de transición de Joe Biden", ha dicho Zoido, según ha informado el PP en un comunicado.

El eurodiputado 'popular' ha defendido que "este asunto va más allá de ideología", y "miles de productores de vino, espirituosos, aceite de oliva, aceituna de mesa y otros tantos productos están al borde de la quiebra por culpa de la pandemia", por lo que "lo mínimo que podemos hacer es eliminar la pesada traba de los aranceles estadounidenses", según ha insistido Zoido durante una reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo con representantes de la Comisión Europea.

"Debemos buscar en la UE y en España el fin de una guerra injusta y absurda con Estados Unidos", ha añadido el eurodiputado andaluz, que ha preguntado a los representantes de la Comisión Europea si ya están trabajando en este sentido con la contraparte estadounidense.

AMENAZA DEL 'BREXIT' "DURO"

Zoido también ha advertido que la difícil situación de los productos agroalimentarios españoles por los aranceles de Estados Unidos "puede agravarse si se confirma la amenaza de un 'Brexit' duro si no se alcanza próximamente un acuerdo entre la UE y Reino Unido".

"Las consecuencias del veto ruso podrían parecer una broma a su lado si se implantan aranceles de manera automática en Reino Unido, uno de los principales mercados de exportación del sector agroalimentario español", ha avisado Zoido.

Por ello, el eurodiputado 'popular' ha pedido a la Comisión Europea que "explique si ya está preparando planes de contingencia, en especial para los productos perecederos, en caso de que llegue a producirse un escenario de 'Brexit' duro".

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha denunciado este miércoles en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana el estado de loa migrantes que alberga el campamento de emergencia ubicado en el Muelle de Arguineguín.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que el motivo de esta denuncia son "las condiciones infrahumanas" que sufren los migrantes al encontrarse estos hacinados en unas instalaciones que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias de habitabilidad y en las que tampoco es posible respetar de medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes para la prevención de contagios por COVID-19.

Esta actuación se ha producido tras más de dos meses de intentos por la vía institucional que el Gobierno desmantele el campamento y que las personas que llegan en pateras y cayucos puedan recibir un trato digno, ha optado por trasladar el asunto a los tribunales.

Al respecto, la alcaldesa confió en que la Justicia refirmará lo que diversas Autoridades han manifestado públicamente en numerosas ocasiones, que el dique del Muelle de Arguineguín no es el lugar idóneo.

El campamento ha llegado a acoger hasta 1.575 personas en un aforo que se ha calculado es para tan solo 420, estando en momentos más de 700 personas en el lugar, 300 de ellas al raso, es decir, sin protección de las carpas de lona de Cruz Roja instaladas a tal fin.

Mientras, la denuncia también señala otros aspectos a tener en cuenta como la comida que reciben las personas migrantes en el Muelle de Arguineguín. "La alimentación que les es proporcionada se basa exclusivamente en bocadillos y zumos. Esto es, bocadillo y zumo para el desayuno, almuerzo, merienda y cena", apuntó Bueno.

Para la edil, este paso llega ante "la inacción del Gobierno de España". "Hemos tenido la visita en el muelle del ministro Escrivá y hasta en tres ocasiones del Delegado del Gobierno en Canarias, y nada se ha hecho para desmantelar el campamento".

Bueno ha expresado que prefiere que las personas migrantes se hospeden en hoteles "y no estén tirados sobre el asfalto en el 'campamento de la vergüenza'", aunque afirmó que "si volvemos a recuperar el turismo esto será incompatible y así con total seguridad nos lo harán saber los turoperadores y los empresarios hoteleros".

La Escuela de Igualdad María Vinyals de la Diputación de Pontevedra y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) han organizado este miércoles una serie de conferencias emitidas por Internet en el marco de la jornada 'Las mujeres y los efectos de la Covid-19 en la Galicia rural'. En ella han pedido "ser tenidas en cuenta" en el debate del futuro modelo de desarrollo que incluya los nuevos fondos europeos.

Mujeres de la agricultura, la ganadería, la horticultura y los servicios públicos como la educación en el rural, compartieron reflexiones sobre la influencia de la pandemia en sus respectivos sectores laborales, han avanzado sus opiniones sobre la salida de la crisis sanitaria, y reivindicaron "ser tenidas en cuenta" en el debate político.

Las mujeres del rural de la provincia de Pontevedra han pedido "paso, protagonismo y liderazgo" para formar parte en el debate del futuro modelo de desarrollo que incluya los nuevos fondos europeos.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha propuesto a las participantes en la jornada "elaborar un documento con las conclusiones de esta jornada para que sean elevadas a las administraciones públicas. "Si no lideramos esto nadie va a mirar para nosotras", ha apostillado.

"Este debate debe estar en el centro de la actuación política a nivel estatal", ha afirmado la anfitriona de este acto, que ha destacado que el rural precisa de un cambio de paradigma centrado en la lucha contra la despoblación y con una apuesta por la innovación para lo cual será necesario un esfuerzo en digitalización y un nuevo modelo económico en el que se respete el medio ambiente.

Silva también ha citado la importancia de la política local y ha destacado que durante el confinamiento ha resultado fundamental porque alcaldesas y alcaldes conocieron los problemas de los vecinos y ayudaron incluso a imprimir materiales educativos para ayudar a las familias sin acceso a internet. "Muchos despachos desconocen la realidad del día a día", ha apuntado la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que ha recordado la importancia de la política más próxima a la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta de Fademur Galicia, Rosa Arcos, ha incidido que desde marzo las mujeres del rural tuvieron "que reinventarse personal y profesionalmente" y ha subrayado que solamente con el análisis del sucedido se podrá "construir elementos de oportunidad en el mundo rural" en el que se quiere vivir.

En las jornadas se ha incidido en la importancia de la economía verde y circular, el comercio de proximidad, la puesta en valor de los proyectos innovadores que están desarrollando las mujeres del rural. También se ha evidenciado que la violencia de género tiene un componente distinto en medio rural que en las ciudades y que los recursos para atenderla tienen que ser más dinámicos y buscando conexión con las familias.

La compañía Ruti Immune ha recibido la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina para realizar el primer ensayo clínico internacional con la vacuna española Ruti, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La vacuna está siendo desarrollada para ser eficaz contra infecciones víricas de amplio espectro --también el Covid-19-- y "podría estimular la inmunidad entrenada, que refuerza la capacidad innata del organismo para defenderse de virus desconocidos y modular la respuesta inflamatoria".

Se trata de la primera vacuna española que entra en un ensayo clínico internacional contra el Covid-19 por lo que, para ello, Ruti Immune "ya ha iniciado los trámites logísticos" para que la vacuna llegue a Argentina y se pueda empezar a administrar al personal sanitario.

El objetivo principal del estudio será "evaluar la eficacia de la vacuna para evitar la infección y/o disminuir la morbilidad por SARS-CoV-2 en personal sanitario" y, en España, de la mano del Institut Germans Trias i Pujol (IGTP), la vacuna Ruti también podría ser probada en un ensayo clínico muy parecido.

El estudio aprobado en Argentina, que durará nueve meses, consiste en un ensayo clínico "exploratorio doble-ciego, aleatorizado, controlado con placebo", para evaluar la eficacia de la vacuna Ruti en la infección por SARS-COV-2 en personal sanitario.

La representación legal de la multinacional Alcoa ha apelado a la existencia de "pérdidas severas y recurrentes" para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), para paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores.

La cautelar pide, en concreto, la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y "subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme".

En su exposición ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada -- Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L-- ha cifrado en 170 millones las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que ha cifrado en 58 millones. "En las que no está incluido el impacto de la huelga", ha precisado sobre las protestas de los trabajadores.

"Hay una causa estructural", ha dicho para justificar el despido colectivo, del que ha rechazado que obedezca a un "capricho". "No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí", ha añadido sobre el interés de Liberty House, cuyas exigencias para la compra ha cuestionado.

Otro de los argumentos a los que ha aludido ha sido el coste energético y la falta de un estatuto electrointensivo. "El 40% de los costes total de la planta, entre 10 y 17 millones de euros cada mes", ha cuantificado.

INTERVENCIÓN DE LA PLANTA

A la cuestión de la intervención o administración judicial de la planta por parte de la SEPI, se ha referido el abogado del Estado, que representa al Ministerio de Industria. En su intervención, no ha considerado "adecuado" plantear una medida "de este calibre" por no estar en el procedimiento representada la SEPI, de la que ha dicho que es "una entidad con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administracion General del Estado"

"No es la más adecuada y la que mejor se ajusta al caso", ha dicho en base a este argumento. Con todo, ha trasladado el ofrecimiento del Ministerio de Industria para buscar una solución "pactada" al conflicto entre las partes en su condición de "mediador cualificado".

Y es que, sobre la intervención, el letrado ha precisado que es un término que "puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo o de expropiación o de nacionalización", pero ha apuntado que son "opciones" que "no son objeto de este procedimiento". "No parece adecuado que se adopte una medida de este calibre sin oírla previamente", ha dicho sobre la SEPI.

SITUACIÓN DE LAS CUBAS

La situación de las cubas y el precio de la energía han centrado parte de las intervenciones de las partes y de las testificales. El representante de la multinacional ha manifestado que son "el foco fundamental de las pérdidas". "Pérdidas de más de un millón de euros por semana", ha expuesto sobre unas cifras respaldadas por los peritos aportados por esta parte y cuestionadas por los de los sindicatos.

La "mala fe", planteada por los demandantes, ha sido otra de las cuestiones tratadas. A ella, se ha referido, en su declaración como testigo, el presidente del comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, quien acusó a la multinacional de "mentir desde el primer momento".

"Ocultación", ha resumido, a su vez, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, sobre el procedimiento de la empresa en las negociaciones y al ser preguntado por la información facilitada cuando Liberty House se interesó en comprar la fábrica y hacerlo con las cubas en funcionamiento.

"Hubo un entorpecimiento al proceso", ha expuesto en línea con lo manifestado por el presidente del comité de empresa, quien, como otro trabajador que ha declarado, ha cuestionado que pueda retomarse la actividad de las cubas con normalidad una vez que se paralice las mismas, aludiendo a cuestiones como la falta de inversiones en 20 años.

ESTADO Y XUNTA

A ello, se ha referido también el abogado del Estado quien ha cuestionado que el rearranque de las mismas pueda producirse "con la misma calidad o el mismo nivel productivo". "Un simple trágala por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores", ha añadido el letrado de la Xunta sobre las negociaciones.

VALORACIÓN DEL COMITÉ

Tras la sesión celebrada en la jornada de mañana, el presidente del comité de empresa de San Cibrao ha considerado un "fracaso como país" que se haya tenido que recurrir a los tribunales.

Así, ha denunciado la "inacción de dos gobiernos --en referencia a Xunta y Gobierno central-- que son los que tienen que intervenir la empresa", ha vuelto a pedir. "Y decir basta ya a Alcoa", ha argumentado convencido de que les concederán las medidas cautelares planteadas. "No se puede tirar al cubo de la basura todas las propuestas", ha dicho sobre las opciones de venta.

Navarra registró este martes 461 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 4.051 pruebas por PCR y por test de antígenos, con un 11,3% de positivos.

En la jornada de este martes, en los hospitales navarros se produjeron 31 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, tres en la UCI, y se registraron los fallecimientos por Covid-19 de siete personas. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 695.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 60% de los positivos, el área de Tudela tiene el 20% y a la de Estella pertenecen el 8% de los casos. El resto de positivos (12%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26% del total. A continuación, los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 44, ambos con un 19%; les siguen los grupos de 60 a 75 años y el de menores de 15, los dos con el 15%; y, finalmente, el de mayores de 75 años, con el 6% del total. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 41,3 años. Respecto al género, el 52% de los casos son mujeres y el 48%, hombres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 387 personas ingresadas con Covid-19 (nueve menos que ayer), 50 de las cuales se encuentran en puestos UCI (igual que ayer) y otras 68 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 269 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la actualidad hay 167 activos, y en la última semana se han producido 82 nuevos contagios.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en 30.144.

EL 60% DE LOS CONTAGIOS, ENTRE CONVIVIENTES Y AMIGOS

Según el último informe epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 19 al 25 de octubre, en el que todavía no se reflejan las medidas restrictivas en vigor, ya que necesitan de un tiempo de 2-3 semanas para verse su efecto, se han confirmado 3.929 casos por PCR o antígeno (595 por 100.000 habitantes), un 16% más que en la semana anterior. El 68% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 63% habían sido contactos de otros casos confirmados.

Aumenta la transmisión en el domicilio, que supone el 39% de los casos, y también la transmisión en la categoría de otros que incluye los contactos con amigos y familiares no convivientes. Esto indica que muchos de los contagios ocurren en entornos de "confianza". Entre ambas situaciones explican el 60% de los nuevos contagios. El ámbito laboral y escolar se asoció con el 5% de los contagios.

La incidencia ha aumentado en las áreas de Pamplona (536 por 100.000) y Estella (317 por 100.000), y se ha estabilizado en la de Tudela (609 por 100.000), con lo que las diferencias geográficas se han reducido.

Entre el 19 y 25 de octubre se produjeron 261 ingresos hospitalarios por Covid-19, frente a los 148 de la semana anterior (+76%). Se han registrado 23 ingresos en la UCI, con un aumento respecto a los 18 de la semana previa, y 29 defunciones atribuibles a Covid-19, frente a las 32 de la semana anterior.

Entre los casos confirmados desde la semana 20, el 64% fueron sintomáticos; el 5,5% requirió ingreso hospitalario; 5 de cada mil ingresó en la UCI y 6,4 de cada mil falleció a causa del Covid-19.

El riesgo de hospitalización entre los casos confirmados de Covid-19 desde la semana 20 es apreciable en menores de 5 años, desciende en niños de 5 a 14 años, y aumenta progresivamente en los siguientes grupos de edad. Los casos de mayores de 65 años ingresan en una proporción que supera el 10% y, a partir de los 75 años, superan el 20%. Los ingresos en la UCI se han producido a partir del grupo de 25 años, y los fallecimientos a partir del grupo de 45 años.

VALORACIONES DEL INFORME

El informe hace referencia a que Navarra ha tenido un despegue temprano de la segunda onda pandémica, "lo que sitúa temporalmente a nuestra comunidad entre las regiones europeas con mayor tasa de incidencia". Además, se añade la evidencia de que el cambio de estación al otoño e invierno "favorece la transmisión del SARS-CoV-2, y que las medidas preventivas que mantuvieron la transmisión en niveles moderados durante el verano, son ahora insuficientes".

Desde el informe se insiste en que "la mayoría de los contagios se producen a partir de personas que desconocen estar infectadas cuando tienen contacto próximo con otras personas. Por ello, las precauciones han de mantenerse en todo contacto entre personas durante la vida cotidiana".

La mayoría de los contagios ocurren entre personas que han tenido contacto estrecho, es decir, que han estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sin utilización correcta de mascarilla por ambas personas.

El informe refleja además que la transmisión se extinguiría si se consigue que los contactos estrechos de cada persona a lo largo del día fueran solo las personas convivientes en el domicilio y las personas cuidadoras en caso de dependencia.

El uso adecuado de mascarilla, guardar la distancia, reunirse en un espacio exterior bien ventilado y las demás medidas, deben mantenerse siempre cuando se produce el encuentro con una persona que no es conviviente habitual del domicilio, independientemente del vínculo familiar o de confianza.

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado la expulsión del grupo de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, toda vez que se ha sometido a votación el escrito que registró la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, en nombre de Podemos Andalucía, para situarles como diputados no adscritos al entender que son "tránsfugas" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

La decisión de la Mesa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Vox y la abstención de Ciudadanos (Cs), mientras que desde las filas de Teresa Rodríguez ya han anunciado que recurrirán el acuerdo adoptado.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que si bien la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha planteado en la Mesa que dicho escrito no se votara a fin de solicitar previamente un informe sobre lo ocurrido a los servicios jurídicos de la Cámara, "la mayoría ha decidido someter el escrito a votación y ha salido adelante".

De esta manera, Teresa Rodríguez junto a los portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo, pasan automáticamente a adquirir condición de diputados no adscritos.

TERESA RODRÍGUEZ: "ME ODIAN"

Por su parte, Teresa Rodríguez ya ha anunciado que recurrirán esta decisión de la Mesa y ha censurado que PSOE-A, PP-A y Vox hayan aprobado a propuesta de IU su expulsión y la de siete de sus compañeros del grupo parlamentario mientras permanece de permiso por maternidad.

"Tanto tocar las narices con las dietas y las bajadas de sueldo los ha puesto de acuerdo en algo: me odian", ha escrito en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, donde asegura que lo acordado "es un atropello jurídico" y que recurrirán.

A su juicio, esto ha ocurrido porque han mantenido a Inmaculada Nieto (IU) como portavoz "aunque no tuviera la mayoría del grupo respetando los acuerdos" y le ha reprochado que haya "aprovechado esa posición para presentar un escrito en nombre del grupo sin preguntarle y previo acuerdo con PP-A, PSOE-A y Vox". "Lamentable", apostilla Teresa Rodríguez.

De hecho, desde las filas de la líder de Anticapitalistas aseguran que "el voto de estas tres fuerzas se ha dado contra el criterio del Letrado del Parlamento y de la propia Marta Bosquet", y recuerdan que "es la primera vez que se presenta un escrito de este calado sin consultar con la mayoría del grupo parlamentario de manera totalmente unilateral por Nieto, que supone una vulneración democrática del grupo y así lo ha defendido también el letrado".

Asegura que "se ha decidido expulsar a ocho diputados y mantener a tres en el grupo parlamentario que no son de IU --Maribel Mora, María García Bueno y Ana Villaverde--, solamente para poder alegar que tienen mayoría del grupo parlamentario, cosa que no es cierta, pues IU sola cuenta con seis de 17 diputados".

"Está claro que quieren destrozar Adelante como una alternativa desde Andalucía y que no se pliega al bipartidismo. En plena pandemia esto es una idea horrible que solo refuerza a Juanma Moreno", agregan antes de asegurar que recurrirán la decisión de la Mesa "en todas las instancias posibles" y que pedirán medidas cautelares ya que "jurídicamente no tiene ningún recorrido y supone una vulneración de derechos de representación parlamentaria".

También sobre esto se ha pronunciado quien fuera número dos de Teresa Rodríguez cuando lideraba Podemos, Pablo Pérez Ganfornina, que ha censurado que "el régimen está unido a una sola voz", que "Andalucía no puede tener voz propia", y que "la palabra del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no vale nada".

"Pactar hasta con PP y Vox para negar un proyecto andaluz de izquierdas forma desde hoy parte de la estrategia frente populista. Andalucía es clave y la quieren sumisa", ha sentenciado en su Twitter.

PODEMOS E IU PROMUEVEN SU EXPULSIÓN

Todo esto viene por que Podemos Andalucía ha reclamado en el Parlamento, a través de un escrito elevado por la portavoz del grupo y miembro de IU, Inmaculada Nieto, que Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, salgan del grupo parlamentario y pasen a ser no adscritos por "tránsfugas", lo que ha conllevado poco después a que los diputados de Adelante afines a Rodríguez hayan decidido cesar "temporalmente" a Nieto como portavoz, en una reunión en la que no han participado ninguno de los seis parlamentarios que forman parte de IU, de los 17 que conforman el grupo.

Nieto, en rueda de prensa, ha considerado "normal" la solicitud del partido morado porque "si una organización tenía once representantes --los que lograron escaños tras las elecciones andaluzas del 2018 de la mano de Podemos-- y ahora no cuenta con ellos, es normal que demos pasos para recuperarlos".

Como réplica al escrito registrado por Nieto con las reclamaciones de Podemos, encauzadas por el secretario de Organización, Jesús de Manuel; los diputados acusados de "tránsfugas", a través de la representante de Adelante en la Mesa, quien llegó al Parlamento también por la cuota de Podemos pero que se considera independiente, Maribel Mora, han presentado otro escrito en el que solicita a la Mesa que inadmita el primer texto por "no resultar acreditada la legitimidad y legalidad de lo que solicita". No obstante, la Mesa no ha considerado el escrito firmado por Maribel Mora.

También sobre todo esto, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha explicado que han intentado en todos estos meses "alcanzar un acuerdo y solucionar la discrepancia desde el diálogo y la serenidad, pero Anticapitalistas ha roto todos los puentes y torcido la democracia interna de Adelante". "El secuestro de Adelante por los diputados de Anticapitalistas, una vez que se han marchado voluntariamente de Podemos, es un impedimento para que el grupo pueda cumplir con la labor que los votantes nos han encomendado", afirmó antes de sentenciar que "la unidad electoral entre Podemos e IU no está en cuestión".

Un total de 184 docentes y 1.622 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 652 personas --65 docentes y 587 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 252 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 32 nuevos positivos --seis docentes y 17 alumnos--, con respecto al último balance aportado por la Comunidad este martes.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 184 docentes aislados representan el 0,68% del total, y los 1.622 alumnos, el 0,57%.

En concreto, un total de 3.331 estudiantes y 347 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, el Centro Equipo de Orientación Cartagena 2 ha registrado un docente positivo y dos aislados (el positivo y un docente) y el colegio concertado Divino Maestro de Murcia, un docente positivo y 17 aislados (el positivo, 15 alumnos y un docente, esto es, el aula de Infantil).

En el colegio público La Pedrera Yecla hay un docente positivo y 17 aislados (el positivo y 16 alumnos, el aula de Infantil) y en el instituto Sanje de Alcantarilla, hay dos alumnos positivos sin relación entre ellos, con dos aislados en cada caso (los positivos y dos alumnos).

En el colegio concertado Vistarreal de Molina de Segura se ha registrado un alumno positivo y nueve aislados (el positivo y ocho alumnos); en el colegio público Pedro Martínez Chacas de Barqueros, en Murcia, un docente positivo y nueve aislados (el positivo y ocho alumnos) y en el colegio concertado Escuela Equipo de Murcia un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos).

En el colegio concertado La Merced-Fuensanta de Murcia hay un alumno positivo y 24 aislados (el positivo, 21 alumnos y dos docentes, el aula de Infantil), y en el instituto Alquerías, en Murcia, dos alumnos han dado positivo, sin relación entre ellos, con un total de dos aislados en el primer caso (el positivo y un alumnos) y cinco en el segundo (el positivo y cuatro alumnos).

En el colegio público Santiago el Mayor de Murcia hay docente positivo y 24 aislados (el positivo y 23 alumnos, el aula de Infantil); en el colegio público Río Segura de Javalí Nuevo, en Murcia, un alumno ha dado positivo y hay dos aislados (el positivo y un docente), y en el colegio concertado Samaniego de Alcantarilla, hay un alumno y dos aislados (el positivo y un alumno).

En el colegio público Francisco Noguera de San José de la Vega, en la capital, hay un alumno positivo y 21 aislados (el positivo, 17 alumnos y tres docentes, el aula de Infantil) y en el instituto Juan Carlos I de Murcia, hay un alumno positivo y cuatro aislados (el positivo y tres alumnos).

En el colegio concertado Amor de Dios de Bullas se ha registrado un alumno positivo y un total de 23 aislados (el positivo, 21 alumnos y un docente, el aula de Infantil), y en el colegio público Virgen del Rosario de Monteagudo, un docente y un alumno sin relación entre ellos han dado positivo, con un total 12 aislados en el primer caso (el positivo y once alumnos, el aula de Infantil) y doce en el segundo (el positivo, 10 alumnos y un docente, el aula de Infantil).

En el instituto Gerardo Molina de Torre Pacheco, un alumno ha dado positivo y hay tres aislados (el positivo y dos alumnos) y en el colegio concertado Monteagudo-Nelva de Murcia, un alumno ha resultado infectado y hay 26 aislados (el positivo y 25 alumnos, el aula de Infantil).

Por último, en el colegio concertado Los Olivos de Molina de Segura hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno) y en el colegio concertado Severo Ochoa de Los Garres, en Murcia, hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos).

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo que acordó el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por la supuesta filtración del sumario de la investigación por terrorismo a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en la Audiencia Nacional.

Ya en febrero de este año, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investigaba la filtración a medios de comunicación de información obrante en el sumario de los miembros de los CDR investigados por terrorismo no vio ningún delito de revelación de secretos ya que la causa "ya no era secreta" cuando se publicaron las noticias.

Pero ahora la sentencia responde a los recursos de apelación presentados por las defensas de los CDR y señala que no hubo "vulneración del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva" y que tampoco hubo revelación de secreto, a pesar de que los recurrentes señalaban que hubo filtraciones de las imágenes de los registros y de los autos de prisión con su texto íntegro cuando a las defensas solo se les había notificado parte de los mismos. Apuntaban que la filtración había salido tanto de la Guardia Civil como de la Fiscalía, pues el Auto de prisión completo únicamente era accesible para el ministerio público.

El magistrado instructor explicaba que gracias a un "exhaustivo y brillante informe" de la policía judicial a la que se encomendó la investigación de la filtración, se ha "acreditado extremos que aclaran de una manera fehaciente los hechos denunciados".

Daba por "acreditado que la causa ya no era secreta y que todas las partes de la misma recibieron copia mediante una plataforma digital o 'cloud'". "Ningún funcionario judicial o policial filtró las actuaciones a la prensa, sino únicamente que el funcionario dio traslado de las mismas a una parte --por problemas informáticos-- cuando no eran secretas", apostilla.

El juez señalaba que había que tener en cuenta que cuando esto ocurrió todas las partes tenían ya acceso a las actuaciones "y además de un número indeterminado de personas", a lo que se sumaba que los periodistas que publicaron dichas informaciones se acogieron a su derecho a no revelar las fuentes de información.

La investigación comenzó después de que las defensas de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2018 y que estuvieron unos tres meses en prisión provisional, denunciaran ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor de esta causa, que pese a que el procedimiento había sido declarado secreto se había filtrado.

Los abogados aseguraron que estaban apareciendo en los medios de comunicación detalles del modo en que se había desarrollado el operativo policial y filtraciones "masivas" de las diligencias sumariales, por lo que solicitaron la incoación de pieza separada encaminada a averiguar la autoría de las filtraciones denunciadas. El juez de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del fiscal, acordó el desglose de los referidos escritos y su remisión al Juzgado Decano de Madrid, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

Fue entonces cuando el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, comenzó a practicar diligencias de investigación y citó a declarar como investigados a periodistas de ocho medios de comunicación --El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE--. Posteriormente este juzgado se inhibió en favor del 47.

RECURSOS DE APELACIÓN DE LAS DEFENSAS

La defensa de Jordi R.S. alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la falta de notificaciones y la imposibilidad de acceso a la causa, pero la Sala señala que a los solos efectos dialécticos, aun cuando se estimara producida dicha vulneración, únicamente podría dar lugar a la declaración de nulidad de las actuaciones que pudieran estar afectadas de tal vicio y la reposición del procedimiento al momento en el que produjo la infracción procesal a fin de que se llevara a cabo lo procedente.

Y recuerda que el recurrente no ha interesado declaración de nulidad alguna, limitándose a interesar que este órgano revoque el auto de sobreseimiento y ordene que otro Juzgado de Instrucción de Madrid distinto al 47 asuma la instrucción de la causa.

Jordi R.S., en una segunda alegación sostenía que se ha limitado de forma arbitraria el objeto de las diligencias, considerando el recurrente que el objeto de la investigación va mucho más allá de lo que el instructor ha intentado delimitar arbitrariamente --se acordó que la investigación se centrara en la marca de agua que se apreciaba en una edición del diario la Vanguardia--. Pero la Sala le replica que ese auto al que se refiere no es objeto de análisis "y no consta haya sido recurrido por la parte".

Por otro lado, también reprochaba la defensa del CDR la insuficiencia de las diligencias practicadas, pero el tribunal le responde que de las diligencias que pide, "ninguna persigue averiguar otros hechos distintos a los que el instructor había limitado la investigación".

En cuanto al recurso de apelación formulado por la representación de Eduardo G.B., David B.A. y Clara B.E., en él se quejaban de la limitación del objeto de la investigación, a lo que responde la Sala nuevamente que no se recurrió el mismo.

Y sobre el recurso interpuesto por Alexis C.B. y Xavier B.L., que señalaba que el auto impugnado era nulo de pleno derecho por contravenir el derecho fundamental al juez predeterminado por la Ley, querían ser juzgados por el del 41, la Sala indica que el motivo ha de ser rechazado porque no existe motivo alguno para entender que el juzgado número 47 se quedara con la causa "con el fin de alterar las normas de reparto".

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha advertido de que el gobierno valenciano no descarta tomar nuevas medidas "en las próximas horas" en localidades con un "índice de mayor agresividad del virus".

Así lo ha indicado Puig en declaraciones a los medios antes de asistir a un acto en el Centre del Carme de Valencia, donde ha recordado que la Comunitat Valenciana "se encuentra en una situación complicada" que requiere "estar permanentemente observando lo que pasa".

También ha resaltado la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia del toque de queda implantado la semana pasada y el estado de alarma, por lo que ha avanzado que el Consell "utilizará todos los mecanismos" para llevarlas adelante. "Ahora tenemos garantías legales", ha agregado.

No obstante, preguntado por si esto podría suponer un confinamiento en las próximas horas, ha manifestado: "No se trata de especular en estos momentos".

Por otra parte, respecto a un posible cierre de la Comunitat Valenciana de cara al puente de Todos los Santos de este fin de semana, Puig ha dicho que en el Consell están "expectantes" ante las "decisiones que van a tomar otras comunidades autónomas, sobre todo aquellas limítrofes".

En este sentido, ha considerado: "Creo que en estos momentos el conjunto de la ciudadanía es consciente de que no parece muy adecuado ese traslado masivo de otras comunidades autónomas", y ha apelado al "ejercicio de corresponsabilidad" de la población.

Las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Coagret y Ansar han considerado este miércoles que el avance en la aprobación de nuevos proyectos de regadío en Los Monegros alterarían de forma irremediable los hábitat esteparios y pondrían en peligro las especies esteparias amenazadas.

"El Departamento de Agricultura y Ganadería olvida constantemente que es también el Departamento de Medio Ambiente, aunque a lo largo de la legislatura ha estado ausente de esta responsabilidad y sin compromiso ambiental, como queda constatado en el caso de Monegros", han criticado las ONG.

Estas organizaciones han solicitado de forma reiterada al Gobierno de Aragón que cumpla con todos sus compromisos ambientales en Los Monegros, "siendo los principales y mayoritariamente pendientes de cumplimiento la creación de un Parque Natural en Los Monegros, la aprobación de planes de conservación de especies para avutarda, sisón, ganga, ortega y rocín (alondra ricotí), la disponibilidad de medidas agroambientales específicas para los agricultores y ganaderos monegrinos y la ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)".

Las ONG han afirmado que los nuevos proyectos de transformación de secano en regadío requieren de una revisión de la evaluación de impacto ambiental, que tengan en cuenta que durante los últimos 10 años las poblaciones de aves esteparias como el sisón o el cernícalo primilla han sufrido un descenso y no soportarían en Monegros una alteración del hábitat sin medidas ambientales.

"Si se quieren añadir nuevos impactos ambientales en Monegros, como son las nuevas transformaciones de secano en regadío, es necesario avanzar en medidas ambientales que puedan corregir o compensar el daño ambiental que van a provocar. El Gobierno de Aragón, junto con el Ministerio de Agricultura, deberían proporcionar un presupuesto similar al que se va a invertir en obras hidráulicas y agronómicas, e invertirlo en mejoras del hábitat estepario en Monegros", han subrayado.

Por otro lado, las organizaciones conservacionistas no quieren afectar a los agricultores y regantes --expectantes por las promesas de nuevos regadíos-- y responsabilizan exclusivamente al Gobierno de Aragón, "por no cumplir sus deberes ambientales", de "los agravios y desilusiones provocados por la situación en la que se encuentran".

"El Gobierno de Aragón mantiene un constante engaño a agricultores y a ecologistas y, por tanto, a toda la sociedad aragonesa, debido a su inacción en materia de medio ambiente", han declarado.

"El Gobierno de Aragón debería plantearse sus responsabilidades políticas y la apuesta por un equipo en el Departamento de Medio Ambiente que sea capaz de afrontar los retos ambientales pendientes", han asegurado.

Durante los últimos seis años "ha sido el propio Departamento de Agricultura el que ha provocado conflictos ambientales en Aragón, mientras tenía todas las herramientas necesarias a su alcance para su resolución", han concluido.

El Tribunal Supremo ha rebajado entre uno y cuatro años las condenas de inhabilitación que la Audiencia Provincial de Vizcaya impuso en 2018 por prevaricación a los tres condenados en el denominado 'caso Margüello', de irregularidades en contratos públicos del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, al aplicarles atenuantes, entre ellas, la de dilaciones indebidas.

De esta forma, la Sala Segunda del TS reduce de nueve a ocho años de prisión la pena del ex director de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga; de nueve a cinco años y tres meses la del ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, y de siete a tres años y medio la de la que fuera su socia, María Nieves Fernández.

La Audiencia vizcaína condenó el 7 de septiembre de 2018, por delitos de prevaricación, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a Margüello y al exdirector de Sanidad de Vizcaya José Ramón Elorriaga, así como a siete años a la que fuera socia de Margüello, María Nieves Fernández, mientras que absolvió al exviceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán.

RECURSO DE FISCALÍA

La Fiscalía impugnó la resolución judicial y el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso y ha estimado parcialmente los presentados por los acusados. Por ello, aplica a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y, en el caso de José Carlos Margüello y María Nieves Fernández, también la atenuante prevista en el artículo 65.3 del Código Penal que puede aplicarse al inductor o el cooperador necesario en quienes no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor.

La Audiencia Provincial de Vizcaya absolvió a los tres procesados de los delitos de malversación de caudales públicos y fraudes ilegales. Además, Margüello fue absuelto también del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El Ayuntamiento de Pamplona recomienda realizar las visitas al Cementerio San José,con motivo de la festividad de Todos los Santos, fuera del fin de semana. Teniendo en cuenta la situación actual de crisis sanitaria se quieren espaciar al máximo las visitas para evitar que pueda coincidir al mismo tiempo un número elevado de personas. Por esta razón recuerda que hasta el 2 de noviembre el horario de apertura del cementerio es de 8 a 19 horas y a partir del 3 de noviembre de 8 a 18 horas.

Con el fin de controlar que se puedan producir aglomeraciones se ha establecido un aforo máximo, de manera que nunca podrá haber en el interior más de 2.000 personas. Además de contabilizar las personas que entren y salgan, en los controles de acceso se tomará la temperatura corporal (no se permitirá el acceso a quien tenga más de 37,5º centígrados) y se comprobará que llevan mascarillas. Se entrará exclusivamente por la puerta principal y la salida se realizará siempre por la puerta del río.

Asimismo, se controlará que las visitas se realizan en grupos de máximo 4 personas del mismo núcleo familiar. El tiempo máximo de visita será de una hora. Todos estos aspectos también estarán vigilados en el interior del recinto al igual que el que se mantenga la distancia interpersonal de 1,5 metros. Para ello, el Ayuntamiento ha contratado a diez auxiliares de protección civil.

El Ayuntamiento colocará geles hidroalcohólicos en las entradas y distribuidos por el recinto. Los aseos permanecen abiertos y se pueden utilizar las plataformas y escaleras de uso común además de las fuentes, excepto 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. El domingo 1 de noviembre, Día de Todos Los Santos, no se permitirá el acceso al cementerio con flores. Queda prohibido, en el interior del cementerio, fumar, comer, beber y celebrar ceremonias u otros actos.

MÁS DE 2.500 SERVICIOS FUNERARIOS EN ESTE 2020

En lo que llevamos de este año 2020, el cementerio municipal de San José ha realizado 2.583 servicios funerarios. De ellos, un 78,5% se corresponden con cremaciones, un 13,1% con enterramientos en nichos y el resto con otro tipo de enterramientos. En concreto, a fecha 27 de octubre, se han llevado a cabo 2.162 cremaciones, 363 enterramientos en nichos, 191 enterramientos en panteones y 37 enterramientos en tierra.

El cementerio de Pamplona cuenta con 128.000 metros cuadrados y tiene capacidad para 4.000 sepulturas en tierra, 4.000 panteones, 1.800 columbarios y 800 columbarios cinerarios, además de alrededor de 16.500 nichos.

MODIFICACIONES DE TRÁFICO

Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre el acceso al cementerio desde la avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan, estará destinado solamente al tránsito peatonal. Esos tres días, de 8 a 20 horas, quedarán cerradas al tráfico la rotonda de avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan; la rotonda en la que confluyen las calles Orcoyen y Biurdana, junto al I.E.S. Julio Caro Baroja-La Granja, y la carretera de Miluze a partir de su acceso más próximo a Barañáin. No obstante, durante las horas en que la asistencia de personas y, sobre todo, de vehículos no sea muy numerosa, Policía Municipal permitirán el paso de vehículos en la rotonda de Orcoyen y Biurdana y en la carretera de Miluce.

Para quienes lo deseen está disponible el estacionamiento provisional en superficie junto a la rotonda de la avenida de Navarra, entre la Agrupación Deportiva San Juan y el parque de Biurdana, con acceso desde la avenida de Navarra. Además, como los viales del Barrio de San Juan cercanos al Cementerio son de estacionamiento regulado, existirá un gran número de plazas de rotación disponibles, ha informado el Ayuntamiento.

Se permitirá el libre acceso a los taxis, a los vehículos de las empresas de floristería (con tarjeta expedida al efecto por Policía Municipal) y a los vehículos con tarjeta de discapacidad en vigor, siempre que el titular de la citada tarjeta vaya en el vehículo. Estos vehículos podrán estacionar en las inmediaciones del cementerio durante un tiempo limitado máximo de 1 hora.

Asimismo, las personas que tengan un motivo justificado o impedimento físico temporal, debidamente acreditado y documentado, podrán solicitar ante la Jefatura de Policía Municipal, un pase que habilite a un único vehículo el acceso hasta las inmediaciones del cementerio. El horario de atención para esta solicitud es de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa penal contra los detectives privados que espiaron a la víctima de La Manada, el grupo condenado a 15 años de cárcel por violación grupal en los Sanfermines de 2016, los meses previos al juicio y ha reprochado la falta de protección hacia la joven durante el proceso.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Quinta estima el recurso interpuesto por la defensa de la joven contra la decisión del juez instructor, el del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, de sobreseer la causa de forma provisional. El archivo se produjo a instancias de la Fiscalía de Madrid al no apreciar delito en los hechos.

Los magistrados ordenan ahora continuar con la instrucción de la causa, que "se habrá de concluir conforme a Derecho". El origen del procedimiento se remonta a la denuncia de la víctima en la que afirmaba haber sido objeto de seguimientos durante tres meses de 2016, coincidiendo con las semanas anteriores a la celebración al juicio.

Según el auto de la Audiencia, fue la madre de uno de los condenados la que contrató a los detectives privados para obtener información de la joven. Los investigados no solo accedieron a la identidad y al domicilio de la joven, sino que accedieron a sus chat privados en el transcurso de la investigación contra sus agresores. Además, la fotografiaron en su piscina.

De hecho, el tribunal que juzgó a los integrantes de La Manada aceptó como prueba el informe de seguimiento realizado por los detectives sobre la vida diaria de la víctima a través de sus redes sociales.

El informe recogía un resumen de las fotografías que la joven subió en su cuenta de Instagram con posterioridad a los hechos denunciados por la violación grupal y que pretendía reflejar la normalidad de su vida.

AFEAN SU FALTA DE PROTECCIÓN

En el auto, los magistrados reprochan que la joven "debería haber sido protegida en su intimidad" durante el proceso por "quienes tienen la obligación legal de garantizar su protección".

Y señalan también que esa responsabilidad alcanza también a quienes "hacen uso ilegítimo de las mismas para atentar contra los bienes personalísimos de ésta".

Concluyen que los hechos denunciados encajan en el artículo 197.1 del Código Penal al producirse "la captación no consentida de imágenes de contenido explícitamente sexual de personas menores de 16 que no están en condiciones de madurez para consentir.

Los cinco miembros de La Manada fueron condenados por el Tribunal Supremo en junio de 2019 a 15 años de prisión por delito de violación. Uno de ellos sumaba entonces otra condena de 2 años de prisión, hasta un total de 17, por robo con intimidación del móvil de la víctima.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado este miércoles en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Hostelería 2020, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de la capital, y donde ha defendido que "la hostelería es segura, no es un foco de contagio".

También han estado presentes la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto y el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Almeida ha puesto de relieve que el contagio de la Covid-19 en los lugares de restauración es "prácticamente inapreciable", no alcanza el 3 por ciento, y por ello, ha invitado a los ciudadanos a hacer uso de los locales hosteleros porque "la hostelería es segura, no es un foco de contagio y por acudir a un bar o a un restaurante uno no corre con un riesgo adicional al que puede correr realizando cualquier actividad de la vida ordinaria".

El alcalde ha aplaudido la resiliencia del sector hostelero español, así como su esfuerzo para adaptar sus locales a las restricciones impuestas y ha indicado que "lo lógico es que se les deje trabajar".

También ha adelantado que el Consistorio prepara para el próximo ejercicio un marco fiscal que ayudará a este sector y ha recordado diversas medidas llevadas a cabo por el Gobierno municipal para ayudar a la hostelería como la rebaja del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la eliminación de tasas a las terrazas y las líneas de subvenciones de dos millones de euros en digitalización.

Los Premios Nacionales de Hostelería han galardonado en esta edición 2020 a 17 empresas, organizaciones, instituciones y clientes en reconocimiento a su innovación, el fomento de la cultura, la sostenibilidad, la responsabilidad, el apoyo a las personas con discapacidad o el impulso de acciones dirigidas a favorecer y dinamizar la hostelería de toda España y que sirven como modelos a seguir dentro del sector hostelero y de otras administraciones.

El PP ha registrado este miércoles una propuesta de resolución en el Congreso para rebajar la duración del nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno ante la segunda ola del coronavirus, de tal manera que se acabe antes de navidad y que no tenga que durar dure hasta mayo, y para exigir que el presidente Pedro Sánchez comparezca quincenalmente para rendir cuentas en el Parlamento sobre su aplicación.

En concreto, y frente a los seis meses de prórroga que pide el Gobierno, la propuesta del PP plantea que el estado de alarma sólo esté en vigor hasta las cero horas del 20 de diciembre, tal y como reclamaba Pablo Casado cuando habló de pactar sólo ocho semanas de aplicación.

En el texto, exigen también que, mientras el estado de alarma esté en vigor, el presidente del Gobierno comparezca cada 15 días en el Pleno de la Cámara para informar de su aplicación.

EL ACUERDO PSOE-ERC ES INSUFICIENTE

Fuentes 'populares' aseguran que ha habido contactos con otras formaciones políticas para garantizar el control parlamentario, pues consideran que las comparecencias de Sánchez cada dos meses que el PSOE ha pactado con ERC son algo "totalmente insuficiente".

Por ello, en el debate de la prórroga del estado de alarma que se celebrará este jueves el PP no descarta que apoyar propuestas de resolución de otras formaciones políticas para mejorar esa oferta de PSOE y ERC.

De igual forma, reiteran su exigencia de que sea Pedro Sánchez quien comparezca en el Congreso de los Diputados. "Los españoles no se merecen que el presidente del Gobierno no dé la cara", sostiene el PP.

Además, en la resolución del Grupo Popular se emplaza al Gobierno a acometer los cambios jurídicos necesarios en la legislación ordenaría para evitar la excepcionalidad del estado de alarma.

El Ayuntamiento de Getafe ha contratado a una psicóloga, una abogada y una técnica de empleo al Programa Violeta para mejorar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, a través de la Delegación de Mujer e Igualdad.

El objetivo es ampliar el número de atenciones y dar cabida "de forma rápida y eficaz" a las necesidades que puedan presentarse, por lo que también se incorporará a una gestora de redes para difundir la información y los programas del Centro Municipal de Mujer e Igualdad para que lleguen a más personas.

La concejala de Mujer e Igualdad, Ángeles García, ha asegurado que siguen apostando por "la visibilización de la lacra social que es la violencia de género, que sigue presente en la sociedad, y que la crisis sanitaria ha agudizado".

Asimismo, ha señalado que se trata de complementar el programa de búsqueda activa de empleo en el que se trabajan planes individualizados para mejorar la atención a todas las variables que influyen en el nivel de empleabilidad y la inserción socio laboral de las mujeres.

Con las nuevas incorporaciones, el Programa Violeta cuenta ya con 3 psicólogas, 1 psicóloga infantil, 2 abogadas y 2 trabajadoras sociales, "mejorando ahora la atención integral que ofrece, en la que están contempladas la atención psicológica y jurídica, terapia grupal y empleo".

Las nuevas incorporaciones están dirigidas "especialmente" a reforzar la mejora de la empleabilidad e inserción socio laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que se establecen itinerarios laborales en colaboración con la Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, adaptando los currículos a las nuevas necesidades del mercado laboral, "mejorando la cualificación profesional, la experiencia laboral y el reciclaje de las competencias laborales".

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participan los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, va a aprobar previsiblemente esta tarde un nuevo acuerdo prohibir en España la asistencia de público en las competiciones internacionales de fútbol y baloncesto de carácter profesional, como consecuencia de la expansión del virus del coronavirus en España.

Según el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, las autoridades sanitarias de las comunidades, y dentro de una declaración de actuación coordinada en salud pública, no van a permitir la presencia de público en los acontecimientos deportivos que se celebren en el marco de competiciones internacionales de fútbol y baloncesto de carácter profesional.

Esta medida se aplicará, al menos, mientras no se permita dicha asistencia en las competiciones profesionales de ámbito nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Esta declaración estará en vigor desde su notificación a las comunidades y hasta que el Ministerio de Sanidad no anuncie la finalización de su vigencia. Se trata de una medida que, tal y como señala el texto, es "necesaria e imprescindible" para atajar la situación de "especial riesgo" para la salud pública derivada del incremento de casos positivos por Covid-19.

Y es que, según se recuerda, la asistencia de público en estas competiciones tiene un impacto "muy significativo" a la hora de poder prevenir y controlar la expansión de la enfermedad. "La declaración pretende ofrecer una respuesta conjunta ante la actual situación epidemiológica, tanto en nuestro país como en buena parte del mundo, la cual desaconseja de todo punto en este momento que se produzcan situaciones de riesgo como las que se podrían producir en caso de permitir la asistencia de público a eventos deportivos como los señalados", señala el documento que va a ser tratado en el CISNS.

Actualmente, todas las comunidades autónomas, excepto Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia, se sitúan en el nivel de alerta extremo fijado en el plan de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19', aprobado la pasada semana por el Interterritorial.

El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha subrayado este miércoles que las investigaciones no lograron constatar una red de explotación sexual en el seno del IMAS, aunque sí casos graves aislados, y que Baleares registró en 2019 una "disminución importante" de los procedimientos penales.

El presidente del Parlament, Vicenç Thomas, ha recibido en audiencia este miércoles en el Parlament al fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, antes de la celebración de la comisión de Asuntos Institucionales y Generales para debatir la Memoria de la Fiscalía de Baleares del año 2020, correspondiente al ejercicio de 2019.

El fiscal superior se ha referido a las conclusiones de la comisión de expertos de los casos de explotación sexual de menores tutelados del IMAS y ha insistido en que se investigó profundamente por Guardia Civil y Policía Nacional y que ambos cuerpos coincidieron en que no hubo una red orquestada por parte de educadores del IMAS aunque sí casos aislados.

Según consta en la memoria, tras las correspondientes investigaciones hasta el momento "no se ha podido demostrar" la existencia de tal red y que dichos supuestos, que no tenían conexión entre sí, ya habían sido investigados en su totalidad.

En este sentido, durante su comparecencia en la Comisión, Barceló ha asegurado que la Fiscalía ha archivado la causa que investiga los casos de explotación sexual en el seno del IMAS.

En todo caso, la memoria contempla un incremento del 12,13 por ciento de los delitos contra la libertad sexual. El fiscal ha destacado la utilidad de la memoria de la Fiscalía como una de las estadísticas más fiables en cuanto a la evolución de la criminalidad.

DILIGENCIAS PREVIAS

Según ha quedado recogido en la memoria, el número de diligencias previas incoadas por los Juzgados de Instrucción de Baleares durante el año 2019, según los datos informáticos de la Fiscalía, ha disminuido sensiblemente.

Así, en 2019 se incoaron 39.563 más 4.973 de Ibiza (44.536 en total) y en 2018 se incoaron 51.413 en total. En el año pasado 21.292 se sobreseyeron bien por ser hechos sin relevancia penal, bienpor no quedar acreditada la perpetración del hecho o bien por resultar desconocido su autor.

En definitiva, sólo 7.378 se acumularon o se transformaron en otros procedimientos que permiten la celebración del juicio oral.

En todo caso, la misma memoria advierte que el número de diligencias previas puede estar "sobredimensionado" en relación a la delincuencia, aunque es frecuente que en unas mismas diligencias previas se investiguen varios delitos relacionados.

JUICIOS POR DELITOS LEVES

Durante el año 2019 se incoaron 8.368 más 849 en Ibiza (9.217 en total) y en el año 2018, se incoaron 10.378 juicios por delitos leves lo que supone un descenso importante.

Respecto al número de sumarios durante el año 2019 se incoaron 107 más 4 en Ibiza (111 en total) y en 2018 se incoaron 140 sumarios lo que supone un descenso significativo.

TRIBUNAL DEL JURADO

Según la memoria de la Fiscalía, los procedimientos ante el Tribunal del Jurado son los procedimientos penales menos numerosos y sólo se incoan por los delitos relacionados en el art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (homicidio, amenazas condicionales, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos y determinados delitos relacionados con la corrupción).

Durante el año 2019 se incoaron 10 más 1 de Ibiza (11 en total) y en 2018 se incoaron 14 procedimientos ante el Tribunal del Jurado por lo que, también, han disminuido.

La memoria apunta que sería conveniente la modificación de la Ley para limitar este procedimiento a los delitos de asesinato u homicidio.

Por otra parte, por el Ministerio Fiscal se presentaron durante el año pasado 8.089 escritos de acusación en total frente a los 8.772 del año 2018.

Durante el año 2019 se efectuaron por los fiscales 442 peticiones de prisión provisional sin fianza de las cuales 403 fueron acordadas por el órgano judicial, 67 peticiones de prisión provisional con fianza de las cuales 65 fueron acordadas por el órgano judicial. Portanto, son bastante significativos los números de resoluciones judiciales en esta materia conformes con las peticiones del Ministerio Fiscal.

Respecto a los juicios orales ante los Juzgado de lo Penal, se han celebrado 3660 (incluyendo Ibiza) y se han suspendido 2.034 durante el año 2019 incluyendo en estas cifras los de enjuiciamiento rápido y abreviados. Muchos de los juicios que se han suspendido se han vuelto a señalar y se han celebrado computándose como tales.

Respecto a los juicios orales ante la Audiencia Provincial, se han celebrado 293 y se han suspendido 127 incluyendo en estas cifras los abreviados y los sumarios. Igualmente, muchos de estos juicios se han vuelto a señalar en el año y se han celebrado computándose como tales.

En cuanto a los juicios ante el Tribunal del Jurado se han celebrado 13 sin que haya habido suspensiones.

En 2018 no se ha celebrado ningún juicio ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Los principales problemas siguen siendo la dilación en los señalamientos y el importante número de suspensiones que se siguen produciendo.

La dilación en los señalamientos está motivada por la carga que sufren los órganos judiciales. Las suspensiones son debidas, principalmente, a la incomparecencia de acusados, testigos y peritos, a veces por voluntad propia y otras por defectos en las citaciones.

El número total de sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en diligencias urgentes y procedimientos abreviados ascendió a 3.561. De estas sentencias, 2.416 fueron condenatorias y 1.145 absolutorias.

El número total de sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en diligencias urgentes y procedimientos abreviados ascendió a 3.561. De estas sentencias, 2.416 fueron condenatorias y 1.145 absolutorias.

EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD

Por delitos de homicidio se incoaron 71 diligencias previas, 2 por asesinato, 21 por homicidio imprudente y 4 por auxilio e inducción al suicidio. El número de procedimientos incoados por estos delitos ha aumentado en un 1,43% respecto a 2018.

Según la memoria, los delitos más frecuentes son los delitos contra la integridad física. En este caso, excluyendo los casos de violencia de género y doméstica, asciende a un total de 14.794 delitos de lesiones dolosas y 930 delitos de lesiones imprudentes durante el año 2019. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Durante el año 2019, el Servicio de Violencia sobre la mujer, mantienen los mismos parámetros que en años anteriores, reflejándose un aumento en el número de denuncias, que viene repitiéndose año tras año, y que hacen necesario, tal y como se está reclamando desde las instancias judiciales, la creación de un tercer Juzgado de Violencia sobre la mujer, por cuanto en la actualidad ambos Juzgados están con una sobrecarga de trabajo y que serviría para paliar las deficiencias que arrastran y que se traduce en el retraso en la tramitación de los asuntos, y el perjuicio que ello supone paralas víctimas de la violencia de género. En las Baleares se han dictado un total de 961 órdenes de protección así como 130 autos de alejamiento.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el Gobierno regional está estudiando cómo adaptar la prohibición de reuniones durante las 00 a las 6 horas, que aprobó el 24 de septiembre, al estado de alarma.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el decreto firmado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que adecua las medidas al estado de alarma no lo recogiese y las ampliase a seis personas.

Según ha desvelado, los técnicos de la Consejería de Sanidad están trabajando junto con la Abogacía General para ver de qué manera "se puede recoger esa voluntad bajo el paraguas del estado de alarma". "Imagino que en las próximas horas darán una solución", ha apuntado.

Aguado ha hecho hincapié en que ya recogieron su "voluntad" de que no se produjesen en la orden. Así, ha explicado que se está trabajando en esta línea, en ver "cómo esta medida", que siguen considerando "necesaria", se acopla al nuevo marco tras el estado de alarma para que no solo existan el toque de queda para que no se pueda salir del domicilio sino que además no puedan existir reuniones.

"No debemos reunirnos en los pisos, en las casas, no debemos hacerlo por un tema de convencimiento propio porque esa ahí donde se están produciendo el 80 por ciento de los contagios. Hasta que se pueda resolver ese problema jurídico, este encaje de la normativa, sí que ruego a los madrileños que sigan siendo igual de responsables", ha declarado.

El Ayuntamiento de València no descarta cerrar los cementerios este fin de semana, festividad de Todos los Santos si la situación epidemiológica empeora y en caso de que se mantenga abiertos desaconseja que personas mayores y otra población de riesgo acudan el sábado y domingo y adelanten las visitas.

Así, lo ha señalado el concejal de Cementerios y Servicios Funerarios, Alejandro Ramon, antes de realizar un recorrido por el Cementerio General de València para efectuar la supervisión del dispositivo especial de Todos los Santos.

Al respecto, ha explicado que el protocolo de seguridad que remitió la Conselleria de Sanidad para la festividad de Todos los Santos no ha variado por el empeoramiento que está registrado la situación epidemiológica. No obstante, ha señalado que están a "expensas" de recibir una nueva orden y de la evolución de la pandemia porque "no descarta cerrar el cementerio el día 1, incluso el sábado".

Ramon ha explicado que el dispositivo especial de Todos los Santos, que este año se ha reforzado con nuevas medidas de seguridad por la covid-19: el control del aforo en todos los camposantos a través de tecnología led infrarrojo y la división del Cementerio General, el tercero más grande de España, en cuatro zonas, con accesos separados e independientes, para asegurar que no se supera el número máximo autorizado de personas.

Asimsimo, ha pedido que las visitas se realicen "de manera escalonada" para que no haya aglomeraciones y ha recomendado que "aquellas personas mayores o con una situación delicada de salud eviten acudir a los cementerios este fin de semana.

"Llevamos semanas haciendo un llamamiento a la población para que adelante su visita y no espere al día 1 de noviembre, que, además, es domingo, es fin de semana", ya que "lo que estamos intentando evitar precisamente es que ese fin de semana, ese día 1, se produzca una aglomeración".

Al respeto, ha destacado que "algo que sí que estamos notando, sobre todo a partir del sábado pasado, del domingo, del fin de semana, cuando sí que hubo una gran afluencia de gente" y también "ahora entre semana, a pesar de ser días laborables, sí que se aprecia que la gente en gran parte está adelantando sus visitas.

AFORO RESTRINGIDO

El edil ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento es "ofrecer el servicio de visitas con la mayor normalidad posible", respetando las normas sanitarias decretadas por las autoridades, entre ellas, "el aforo restringido a una persona por cada 2,25 metros cuadrados".

Para ello, se instalará una tecnología de led infrarrojo en los accesos de todos los recintos funerarios que "indica en tiempo real tanto la gente que está entrando como la gente que está saliendo", de manera que "podemos conocer el aforo en todo momento".

Además, en el caso del Cementerio General, el tercero más grande de España, se ha compartimentado en cuatro secciones, con entradas y salidas independientes para cada una de las zonas, por lo que el concejal ha recomendado "informarse con el personal de los cementerios en los diferentes accesos".