La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, se ha reunido este lunes "a iniciativa propia" con el representante del Gobierno de Nicolás Maduro en Madrid después de que el mandatario venezolano diera orden de revisar las relaciones con España.

Según han informado fuentes diplomáticas, Gallach ha trasladado al encargado de negocios venezolano, Mauricio Rodríguez Gelfenstein, la "decepción" del Gobierno por la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas decidida la semana pasada.

Asimismo, la secretaria de Estado ha aprovechado para indicarle que actuaciones como esa o las declaraciones de Maduro tras la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la frontera entre Colombia y Venezuela "no favorecen que pueda concretarse el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis".

La reunión, sobre la que la Embajada venezolana en Madrid no ha querido hacer comentarios, se ha producido dos días después de que Maduro diera orden de "revisar a fondo todas las relaciones con España". El mandatario echó en cara a González Laya su visita a la frontera con Venezuela junto a la canciller colombiana, Claudia Blum, para conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos.

¿Qué hace la canciller de España en la frontera colombo-venezolana, en vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el Mar Mediterráneo? ¿Por qué la canciller de España viene a meterse en los asuntos de Venezuela?", señaló, acusando a la ministra de "injerencia" y de "doble rasero".

ACUSACIONES DE GOLPISMO

La visita de González Laya ya había suscitado críticas por parte del Gobierno de Maduro desde que se conoció una semana antes. Así, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez articula con el presidente colombiano, Iván Duque, "planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia".

La propia ministra salió al paso de estas acusaciones, defendiendo que "el Gobierno de España no se dedica a actividades golpistas ni en Latinoamérica ni en ningún otro lugar del mundo", y tras las palabras del sábado de Maduro contra ella, se limitó a reclamar "respeto", defendiendo el objetivo de su visita, que no era otro que respaldar a Colombia en el proceso de paz y también en su acogida de 1,7 millones de venezolanos.

Este rifirrafe a nivel bilateral también se ha visto acompañado de otro a nivel europeo. El lunes pasado, la UE decidió ampliar las sanciones contra dirigentes implicados en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, cuyo resultado los Veintisiete no reconocen.

En respuesta, Caracas decidió el miércoles expulsar a la embajadora de la UE, a la que dio 72 horas para abandonar el país si bien, su salida aún no se ha producido pero tendrá lugar "en los próximos días".

Además, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, entregó notas de protesta a los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y Países Bajos, denunciando que estos cuatro países actuaron "con mayor mala intención para fomentar nuevos ataques contra Venezuela".

MENSAJES CRÍTICOS CONTINUADOS

Pero al margen de estos dos últimos hechos, en las últimas semanas han sido varios los reproches enviados desde Caracas. Por una parte, las acusaciones han estado centradas en la supuesta complicidad de España, y principalmente del que fuera el embajador español en Caracas, Jesús Silva, en supuestas acciones violentas orquestadas por el líder opositor Leopoldo López, quien permaneció refugiado durante más de un año en la Embajada española antes de huir el pasado octubre a Madrid.

En este sentido, el propio Maduro dijo que el Gobierno español "se hace el sordo" frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López, recriminando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su "falta de coraje" para entregar a quien considera un líder "golpista".

Precisamente, a finales de enero, el presidente de la nueva Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López de ordenar y planificar un ataque con bombas contra la sede del legislativo.

Rodríguez se refirió en particular a las gestiones realizadas por López durante los meses que pasó acogido en la Embajada española en Caracas, señalando expresamente al antiguo embajador, que dejó el cargo a principios de noviembre.

Según el dirigente chavista, Jesús Silva "fue el mayordomo de Leopoldo López mientras se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela" y todos los delitos en los que participó el líder opositor "se planificó con la complicidad de Jesús Silva".

Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que el Gobierno español "no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados". Mientras estuvo al frente de la Embajada en Caracas, Silva actuó "siempre con arreglo a estos principios que rigen nuestra política exterior", se defendió.

Tanto Maduro como otros líderes chavistas han aprovechado los acontecimientos internos en España para poner en entredicho al Gobierno. Así, el propio mandatario se refirió al caso del rapero 'Pablo Hasél', que "ha alarmado a la comunidad internacional. "Solamente por cantar está preso", aseveró, defendiendo que el rap "es un género de música rebelde, crítica, necesaria".

Su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo por su parte que es "imposible no expresar solidaridad" con Hasél tras "un caso incomprensible". "Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López... ¿Qué les puedo decir?", escribió en Twitter.

Los casos diarios de Covid-19 en Extremadura han bajado hasta los 12 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que se ha registrado el fallecimiento de una persona.

Asimismo, en los hospitales extremeños hay ingresadas 78 personas (una menos que en la jornada anterior), y 20 de ellas se encuentran en UCI (dos menos que el pasado día).

De igual modo, con la nueva persona fallecida con diagnóstico Covid-19 positivo (un varón de 75 años de Malpartida de Plasencia), la cifra de muertos por dicha enfermedad desde el inicio de la pandemia en Extremadura asciende a un total de 1.704.

También, en las últimas 24 horas se han dado 143 altas en la comunidad, lo que equivale a un acumulado de 67.659 altas.

Por otra parte, en la última jornada se cierran dos brotes, en concreto, el 502 de la Residencia El Valle de Montijo y el 089 de Badajoz, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

ÁREAS DE SALUD

Con ello, por áreas de salud, la de Badajoz notifica en las últimas 24 horas un caso positivo. Tiene 22 pacientes hospitalizados, ocho de ellos en UCI. Registra 307 fallecidos y ha dado 19.661 altas.

A su vez, el Área de Salud de Cáceres registra un caso positivo. Tiene 13 pacientes ingresados, de los que seis están en UCI. Acumula 457 fallecidos y ha dado 12.221 altas.

También, el Área de Salud de Mérida registra un caso confirmado. Tiene 13 personas hospitalizadas, de las que tres están en UCI. Acumula 228 fallecidos y ha dado 12.316 altas.

De su lado, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica tres casos positivos. Hay 14 pacientes hospitalizados, de los que dos están en UCI. Acumula 219 víctimas mortales y ha dado 8.657 altas.

Mientras, el Área de Salud de Plasencia registra un caso positivo. Tiene 12 pacientes hospitalizados, de los que uno está en UCI. Ha registrado un total de 186 fallecidos y ha dado 4.342 altas.

Igualmente, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata tiene un caso positivo. Tiene un paciente ingresado y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.287 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra cuatro casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Ha registrado un total de 118 fallecidos y ha dado 5.049 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria no registra casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por covid-19. Registra un total de 81 personas han fallecido y se han dado 2.126 altas.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao ha condenado a cinco meses de prisión a cada una de las regentes de una pastelería bilbaína por contratar irregularmente a personas extranjeras indocumentadas, según ha informado CC.OO. en un comunicado.

En concreto, según ha precisado el sindicato, han sido condenadas por un delito contra los derechos de las personas trabajadoras y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

CC.OO. ha indicado que, de la sentencia se desprende que las regentes de la pastelería desde, al menos, 2017, ofrecieron trabajo en su negocio como camareros o cocineros a personas extranjeras sin permiso de trabajo en España y que se emplearon" en aquel establecimiento, sin ser dados de alta en la Seguridad Social ni ponerse en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores".

El sindicato ha señalado que contrataron reiteradamente de manera irregular y en un espacio de 15 meses, a cinco personas trabajadoras, cuatro mujeres venezolanas y un hombre de origen chileno.

CC.OO. ha explicado que, en el caso de una de las mujeres, "una de las acusadas abonó el billete de avión a su prima para que viajara a España desde su país de origen, Venezuela, vía París, entrando como turista para luego permanecer con ayuda de la referida acusada en este país de forma ilegal, en su domicilio, y prestando servicios en su negocio de pastelería".

Por otro lado, la Inspección de Trabajo reafirma que, durante la visita a la pastelería, se encontraban prestando servicios tres trabajadores sin permiso de trabajo, y solo una cuarta se encontraba de alta en la Seguridad Social. En el informe constan consta cinco trabajadoras sin alta en seguridad social.

PROPUESTA DE SANCIÓN

El sindicato, ha añadido que, como consecuencia de todo ello, se ha levantado acta por una infracción "muy grave" y se ha propuesto una sanción por un importe de 30.000 euros, más un incremento correspondiente a las cuotas de la seguridad social por importe de 10.088,31 euros a la sociedad. Este procedimiento administrativo quedó suspendido hasta la finalización del procedimiento penal.

La central sindical ha explicado que ha sido el centro de información al trabajador extranjero de CCOO de Euskadi (CITECCOO) el que ha llevado el proceso que termina con la condena de las dos personas que regentan la pastelería por vulnerar los derechos de cinco trabajadoras indocumentadas.

Además, CITE CCOO, ha tramitado con éxito la autorización de residencia de estas trabajadoras, por colaboración con las autoridades policiales. El centro ha asegurado que va a seguir "denunciando y persiguiendo el abuso laboral" y todas las irregularidades que "una persona migrante sufre por el mero de su origen y, aun más, cuando su situación administrativa es irregular".

"Consideramos de gran importancia esta sentencia ya que rompe barreras y empodera a las personas migrantes irregulares para defender y luchar por sus derechos laborales, y con especial incidencia en el colectivo femenino, ya que se trata de cinco mujeres inmigrantes irregulares que, gracias al apoyo de CITE- CCOO, han defendido sus derechos laborales con repercusiones favorables para ellas", ha añadido.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido este lunes de que su formación estará presente el próximo 8 de marzo en la celebración del Día Internacional de la Mujer, aunque en esta ocasión, con actos que respeten las indicaciones sanitarias contra el coronavirus y no conlleven ningún riesgo.

"Durante los próximos días terminaremos la preparación de los actos en los que el PSOE estará presente, como no puede ser de otra manera, siendo el feminismo parte de nuestra principal seña de identidad, así como la lucha contra cualquier tipo de desigualdades", ha afirmado en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Así lo ha asegurado, antes de señalar que todo lo que se organice, tendrá en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias, para "evitar a toda costa" que los actos que se celebren representen algún riesgo, desde el punto de vista de la propagación de la pandemia.

En este sentido, ha avanzado que serán "otro tipo de iniciativas las que llevarán a cabo" para "apoyar la lucha de las mujeres por la plena igualdad", pero "respetando siempre las condiciones" que se exigen para frenar la pandemia y evitar nuevos riesgos.

PODEMOS RESPALDA LAS MOVILIZACIONES "EN LA CALLE" Y EN OTROS FORMATOS

Por su parte, sus socios del Gobierno de Podemos sí han avanzando que respaldarán las movilizaciones "en la calle" y en otros formatos que convoque el movimiento feminista para el 8M, siempre que estos cumplan con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El partido morado ha ha criticado que se cuestione la celebración de movilizaciones por el 8 de marzo y no otras. En concreto, su portavoz, Isa Serra, ha cargado contra la estrategia de las "derechas y la extrema derecha" de utilizar la pandemia para criminalizar el movimiento feminista del 8M.

Dada la situación de pandemia, las calles de Madrid y otras grandes ciudades no acogerán este 8M grandes movilizaciones, como si ocurrió hace un año, una semana antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma para hacer frente al estallido de la pandemia del coronavirus.

POLÉMICA Y DIVISIÓN POR EL TIPO DE ACTOS

Tras la polémica del año pasado por haberse permitido la celebración de estos y otros eventos multitudinarios el fin de semana anterior a que la situación se confirmara descontrolada, la organización del 8M de este año ha generado de nuevo división entre convocantes y partidos, por el tipo de actos que deben celebrarse.

Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias sentenció que este año "no ha lugar" a manifestaciones en las calles. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Madrid señaló que autorizaría actos con una presencia inferior a 500 personas.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad que dirige la 'número dos' de Podemos, Irene Montero, aseguró que seguirá las recomendaciones de Sanidad, pero también las de las Delegaciones del Gobierno y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.

Ante las dudas, la Secretaría de Igualdad del PSOE --que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo-- ya dejó claro el pasado jueves que, dada la situación pandémica, iban a apoyar "las actividades que, sin perder el carácter reivindicativo que para los y las socialistas conlleva esta fecha, sean compatibles con la situación sanitaria".

El Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (ULL) ha criticado este lunes los macrocampamentos de migrantes levantados en los barrios de Las Raíces y Las Canteras, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

"No son lugares adecuados para que centenares o miles de personas puedan vivir en condiciones adecuadas, más bien parecen campos de reclusión forzada para criminales", advierte en un comunicado en el que muestra su "preocupación" con la situación humanitaria de los emigrantes llegado a las islas.

El centro señala que muchos de los migrantes africanos que hay en las islas "tienen papeles en regla y desean continuar su viaje hacia lugares que les permitan colmar sus expectativas de vida", entre ellas, reencontrarse con sus familiares que ya viven en Europa, "y no existe razón suficiente ni política ni jurídica para no dejar que estas personas puedan continuar con su aventura vital".

En esa línea, indica que no se puede limitar la movilidad de los migrantes y de los solicitantes de asilo, no solo por razones de índole histórico, "pues Canarias es una tierra que desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX envió mucha gente fuera a buscarse una vida mejor", sino por mera humanidad, porque los migrantes son seres humanos como cada uno de nosotros, "algo que parece se olvida con mucha frecuencia.

Los investigadores apuntan que con tantos "obstáculos" se somete a los migrantes "a un limbo que solo proporciona frustración, marginación y exclusión", e insisten en que "no son delincuentes por el hecho de querer mejorar sus vidas y las de sus familias", como hicieron los canarios en el pasado.

"Hoy, ha sido la solidaridad de la ciudadanía canaria la que ha impedido que la situación se deteriorase y fuese muchísimo peor la estancia que estas personas encuentran en nuestra isla", señala el Centro.

Además, comenta que hay que evitar que las islas se conviertan en un "territorio de encierro y castigo para miles de personas que solo buscan un porvenir con las mínimas garantías de bienestar a que toda persona tiene derecho".

Aquí, prosiguen, "que alardeamos tanto de nuestra tricontinentalidad, es preciso que las islas actúen como puente entre culturas, y en este caso los puentes deben facilitar la continuación de los viajes emprendidos desde el continente africano con destino al continente europeo".

"DESALMADOS" QUE ALIENTAN EL RACISMO

Asimismo, muestran su preocupación por que "determinados desalmados alienten el racismo para buscarse un puñado de votos provocando una estigmatización de los migrantes, cada vez más frecuente por el aumento de medidas de vigilancia".

De esta forma, desde la Universidad de La Laguna quieren convertir el conocimiento y la comprensión de otras realidades y diversidades "en un arma que ayude a unificar a los pueblos en vez de a separarlos", al tiempo que esperan una "respuesta eficaz" de la política para garantizar los derechos humanos.

La portavoz de Economía, Empleo y Competitividad del PP en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez- Camacho, ha registrado una iniciativa que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que solicite al Gobierno de la Nación la derogación de los recortes efectuados en el complemento de maternidad de las diferentes pensiones, de jubilación, viudedad e incapacidad permanente.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, y los diputados regionales José Virgilio Menéndez y Mª Dolores Navarro han mantenido una reunión telemática con representantes de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas (FEDMA), a la que las familias les han mostrado su preocupación por la aprobación del nuevo complemento por maternidad en la pensión que "perjudica claramente a las familias numerosas", ha informado el PP en un comunicado.

Sánchez-Camacho ha contextualizado la situación explicando que "la reforma legislativa aprobada por el Gobierno del Partido Popular reconociendo por primera vez en el Estado de Derecho un Complemento de Maternidad, fue pionera en reconocer a las mujeres trabajadoras su esfuerzo".

"Este complemento de maternidad suponía el mejor instrumento para reducir la brecha de género, que muchas madres trabajadoras sufren frente a la brecha salarial, en otras ocasiones frustrándose sus promociones profesionales y prometedoras carreras, o que en muchas ocasiones son expulsadas del mercado laboral", ha continuado explicando la diputada regional.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social RDL 8/2015, de 30 de octubre, reconocía un complemento de pensión por aportación demográfica a la Seguridad Social a las mujeres que hubieran tenido hijos biológicos o adoptados y fueran beneficiarias de cualquier régimen de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad, o incapacidad permanente.

La diputada regional ha explicado que dicho texto "supuso un aumento de las pensiones de las madres con dos hijos del 5 % de la base reguladora, un 10% a las mujeres con tres hijos, y un 15 % a las mujeres con 4 o más hijos".

De esta manera, "se incidía en el hecho de que las pensiones de jubilación de estas mujeres eran de media inferiores entre un 26% y un 30% especialmente entre mujeres de mayor edad, que son las que han padecido mayor discriminación".

Sánchez-Camacho ha añadido que "este complemento de maternidad supuso por tanto un reconocimiento del Estado a la natalidad y al esfuerzo de muchas mujeres que decidieron ser madres, y un reconocimiento y apoyo importante a las familias".

"El Gobierno de España Sánchez-Iglesias, ha acometido el mayor recorte en las pensiones de las madres, especialmente en las de quienes tienen dos o más hijos", ha subrayado Sánchez-Camacho.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de once años y seis meses de cárcel impuesta a un recluso que intentó matar a otro preso en el Centro Penitenciario de Valladolid tras negarse este último a asumir la autoría de un crimen en Salamanca por el que ambos estaban investigados.

En su fallo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso del condenado y confirma íntegramente la condena antrior de la Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid que consideró al condenado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y de otro de obstrucción a la Justicia, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellaleonés.

Según los hechos probados, el agresor, Cristóbal M.V, alias 'El Viñas', asestó el pasado 20 de marzo a la víctima, el también interno Rafael S.J. ('Rafi'), dos pinchazos en el cuello con unas tijeras cuando ambos participaban en un taller en la prisión de Villanubla en la que están recluidos.

El texto considera al condenado autor criminalmente responsable de un delito de obstrucción a la justicia, por el que se le impone una pena de dos años y seis meses de prisión, en concurso real con una tentativa acabada de asesinato alevoso, por la que se le sentencia a nueve años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Asimismo, por el primero de los ilícitos se le impone multa de doce meses, con cuota diaria de 5 euros, lo que supone un total de 1.800 euros, con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el condenado indemnizará a la víctima con 650 euros por las lesiones, más otros 2.685 euros por las secuelas. Además, deberá abonar al Sacyl la cuantía que se acredite en ejecución de sentencia, derivada de los gastos de asistencia médica dispensados a cantidades que generarán el interés legal.

La fiscal del caso había mantenido invariable su petición de condena de 12 años de cárcel por un delito de asesinato intentado y otro contra la Administración de Justicia --por haber conminado al herido a modificar su versión por el crimen de Salamanca--, mientras que la defensa mantuvo también su petición absolutoria.

La sentencia considera hechos probados que la víctima fue conminada por el acusado para que asumiese la autoría de los actos que se investigaban en ese procedimiento, la muerte violenta en Salamanca de 'El Chispi', que fue tiroteado a principios de 2020 mientras sostenía en brazos a su hija.

Llegado el momento de declarar 'El Rafi' ante el Juzgado de Instrucción el pasado 2 de marzo en concepto de investigado, negó su participación en los actos que en ese procedimiento se investigaban, lo cual fue conocido por el acusado en fecha muy próxima al 20 de marzo, por lo que a partir de ese momento "concibió el propósito de acabar con la vida de Rafael S.J.

Así, el citado 20 de marzo coincidieron ambas personas en el taller de madera y cuero en el citado Centro Penitenciario aunque sentados en diferentes mesas. Alrededor de las 18 horas el acusado se levantó de la mesa que ocupaba y se acercó a la de la víctima para, "de manera inesperada", asestarle por la espalda dos golpes en el cuello con las tijeras que usaba para realizar la tarea en el taller.

Los golpes propiciaron que Rafael S.J. cayera al suelo, lugar en el que el acusado le propinó algunas patadas.

Ante la situación creada, varios de los internos que en ese lugar se encontraban procedieron a quitarle las tijeras al agresor y a evitar que siguiera pinchando "como era su propósito" a 'El Rafi', quien pudo ser retirado del lugar por otro interno y trasladado minutos después a la enfermería del Centro, lugar en el que fue curado, y desde allí se precisó su traslado urgente al correspondiente servicio del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendido a las 20.06 horas antes de recibir el alta a las 00.23 del día 21.

"MUY CERCA DE LA YUGULAR"

Consecuencia de la agresión efectuada por el acusado con las tijeras, y según lo que testificaron los expertos forenses una de las lesiones, compatibles con haberse producido por la espalda, fue superficial pero la otra, de cinco centímetros de profundidad, pasó muy próxima a la carótida y la yugular. De haber afectado a una de las dos, la víctima podría haber muerto en el acto o desangrarse en menos de tres o cuatro minutos debido a que se trata de arterias y venas de "gran calado".

El acusado, un esquizofrénico reconocido, reiteró durante el juicio, que aquella tarde él se hallaba pintando un caballo con alas en el taller de manualidades y que tan sólo tenía en su mano un lápiz. Únicamente recuerda que se produjo un "revuelo" y que él, al intentar de acercarse para ver qué ocurría, fue agarrado por otros dos reclusos y le tiraron al suelo.

Por ello, 'El Viñas' se desmarcó por completo de aquel episodio violento, a la vez que aseguró que su hijo, que se suicidó meses después de los hechos en la cárcel de Dueñas (Palencia) y que también se encontraba inicialmente encausado, y la víctima eran amigos, "como uña y carne".

La víctima, por contra, señaló al ocupante del banquillo, sin ningún género de dudas, como la persona que, acompañado de su hijo, le asaltó por la espalda de forma traicionera cuando él estaba haciendo manualidades.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 426 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana, mejorando los registros del fin de semana anterior, cuando se detectaron 494 positivos. Además, se han registrado 18 fallecimientos, cuando el fin de semana pasado fueron 23, y ninguno de ellos se ha producido en residencias de mayores de la región.

Así, el viernes se registraron 212 casos, el sábado 168 y el domingo 46. Por provincias, Toledo ha registrado 158 casos, Guadalajara 111, Ciudad Real 89, Albacete 38 y Cuenca 30, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 170.865. Por provincias, Toledo registra 61.954 casos, Ciudad Real 42.583, Albacete 27.645, Guadalajara 20.725 y Cuenca 17.958.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 248. Por provincias, Toledo tiene 114 de estos pacientes (96 en el Hospital de Toledo y 18 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 54 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 42 (24 en el Hospital de Albacete, 7 en el Hospital de Hellín, 7 en el Hospital de Almansa y 4 en el Hospital de Villarrobledo), Ciudad Real 29 (11 en el Hospital de Ciudad Real, 9 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Valdepeñas, 1 en el Hospital de Puertollano y 1 en el Hospital de Tomelloso) y Cuenca 9 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 109. Por provincias, Toledo tiene 44 de estos pacientes, Ciudad Real 31, Guadalajara 19, Albacete 11 y Cuenca 4.

Durante el fin de semana se han registrado 18 fallecimientos por coronavirus, 6 en la provincia de Toledo, 6 en Ciudad Real, 4 en Guadalajara y 2 en Cuenca.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.683. Por provincias, Toledo registra 2.056 fallecidos, Ciudad Real 1.658, Albacete 862, Guadalajara 580 y Cuenca 527.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

11 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus entre los residentes. De los 11 centros, 8 están en la provincia de Toledo, 2 en Guadalajara y 1 en Ciudad Real. Los residentes con caso confirmado son 11.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.021. Durante el fin de semana no se ha registrado ningún fallecido en las Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha.

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso 'Púnica', un careo con el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, a los efectos de "acreditar la falsedad" de los hechos manifestados por éste último el pasado día 25 de febrero.

Bárcenas manifestó en calidad de testigo que entregó, entre 2007 y 2008, junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder para financiar campañas electorales.

En un escrito, la defensa de Granados solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 la diligencia del careo "en el sentido de negar la veracidad de los hechos en ella relatados" y para aclarar "con carácter inmediato" los motivos que llevaron a Bárcenas a situar en dicho encuentro al exsecretario general del PP de Madrid.

Según el relato de Bárcenas, el dinero fue recibido por Lapuerta, y se metió en un sobre marrón de los que se usaban en la Tesorería del partido. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede del PP en la calle Génova de Madrid y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía de Granados y del que fuera el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

El escrito firmado por el abogado José Javier Vasallo apunta que Bárcenas confundió el cargo de Granados como secretario general de la formación regional con el de secretario de campaña de las elecciones de 2007, que en ese momento ostentaba el que también fue presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, investigado en los casos 'Púnica' y 'Lezo'.

GRANADOS "NO TENÍA NADA QUE HACER EN ESE DESPACHO"

Esto demuestra, a juicio de la defensa de Granados, que esta circunstancia es "manifiestamente falsa", ya que el exsecretario general del PP madrileño "no tenía nada que hacer en ese despacho y en esas elecciones", pues no tenía ninguna responsabilidad en las mismas.

El abogado de Granados incluso señala que el propio Bárcenas se "sorprendió" cuando la Fiscalía aclaró quien era en 2007 el secretario de la campaña electoral y emplaza al juez instructor a revisar la grabación de la comparecencia y "ver el rostro" del testigo. "Algo le fallaba en el plan establecido, dicho todo ello en términos legales y de defensa", destaca.

Asimismo, el abogado José Javier Vasallo también considera que el careo es pertinente para dilucidar por qué Bárcenas declaró "absolutas generalidades y sobre procedimientos que no forman parte de 'Púnica'", como pueden ser la pieza denominada 'Época I: 1999-2005' del caso Gürtel, ya juzgada y por la que el extesorero del PP está condenado a 29 años de prisión, o con las relativas a las parcelas de Majadahonda y Arganda del Rey, pendientes de juicio.

En este sentido, asegura que Bárcenas hizo un "totum revolutum" de los hechos relativos a otras causas judiciales para "enfatizar, e incluso, dotar de mayor fuerza y fiabilidad extremos ajenos a esta causa".

FALTA DE PRUEBAS

Y todo, ello, continúa el escrito, "sin contar con ningún tipo de prueba documental, gráfica o escrita". Según el letrado, realizó tal afirmación siguiendo "las instrucciones recibidas por alguna persona interesada en traerlo al presente procedimiento, fuere cual fuere la causa para ello".

De hecho, considera que es "tremendamente curioso" que el único testigo de lo manifestado sobre la financiación irregular del PP sea el fallecido Álvaro Lapuerta y que siempre utilice como "recurso común" la referencia al que fuera predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP.

Así, el abogado de Granados considera que la testifical del extesorero de la formación política tuvo "mucho bombo y revuelo mediático" pero en verdad no tiene "relevancia alguna" para el curso del caso 'Púnica', que se inició a instruir en 2014. En su opinión, ha supuesto una "pérdida de tiempo".

NO EXISTÍA RÉGIMEN SANCIONADOR PENAL

El escrito enmarca la presunta entrega de 60.000 euros en la financiación de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, ya que, según explica, estos fueron los únicos comicios a los que Aguirre se presentó en esas fechas. Al año siguiente se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo y la expresidenta regional no participó en dicha campaña, apunta Granados.

En cualquier caso añade que debe tenerse en cuenta que en mayo de 2007 no existía "ningún régimen sancionador, ni penal ni de ninguna otra índole, salvo chascarrillo, revuelo mediático y perjuicios ocasionados a cada uno de los agraciados con el título de ser nombrados en la declaración".

Recuerda que la ley Orgánica aprobada en julio de 2007 sobre financiación de los partidos políticos no establecía régimen sancionador penal, que se introdujo con la reforma del Código Penal en 2015. Aún así, en el caso de considerarse constitutiva de delito, la defensa de Granados subraya que los hechos habrían prescrito, pues desde que tuvo lugar la entrega del dinero hasta la supuesta revelación de Bárcenas han transcurrido 14 años.

Canarias ha registrado 115 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, acumulando un total de 40.840, mientras que los fallecidos alcanzan los 592 tras la muerte de tres personas en Gran Canaria, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.486 se encuentran activos (-160), de los que 81 están ingresados en UCI (-2), 283 permanecen hospitalizados (+6), mientras que 5.122 se encuentran aislados en sus domicilios (-257). Además 34.762 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 365 en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a los 7 días en Canarias se sitúa en 53,92 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 103,14 casos por 100.000 habitantes. Asimismo, hasta el momento se han realizado 873.371 pruebas PCR en las islas, de las que 45.833 fueron positivas, lo que supone un 5,25 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 51 casos, lo que eleva el acumulado a 17.078, de los que 2.241 se encuentran activos epidemiológicamente (-112), 340 fallecieron y 14.497 obtuvieron el alta médica.

Gran Canaria, por su parte, acumula un total de 16.742 casos al sumar 44 en el último día y los activos son 2.768 (-103), 195 murieron (+3) y 13.779 superaron la enfermedad.

Lanzarote, por su parte, se mantiene y acumula 4.431 casos, de los que 219 están activos (-34), 39 murieron y 4.173 recibieron el alta médica; mientras que Fuerteventura acumula 1.683 casos (+10), de los que 218 están activos (+10), ocho no pudieron superar la enfermedad y 1.457 se curaron.

Asimismo, La Palma suma un caso y acumula 403, de los que 24 están activos (-2), seis murieron y 373 se curaron; El Hierro se mantiene con 290 casos acumulados, de los que tiene 11 activos (-12), mientras que cuatro fallecieron y 275 recibieron el alta.

Finalmente, La Gomera se mantiene con un acumulado de 213, de los que cinco están activos y 208 que recibieron el alta. Es la única isla que no ha tenido que lamentar óbito alguno durante la crisis del coronavirus.

Bares y restaurantes reabrirán sus terrazas desde este martes en Mallorca y Formentera, mientras que en Ibiza se mantienen las restricciones y en Menorca, donde las terrazas ya podían abrir al 75 por ciento, ahora podrán utilizarse los interiores de los bares y cafeterías con limitaciones.

Otro de los cambios que entran en vigor este martes son las nuevas limitaciones en cuanto a las reuniones sociales, que podrán ser de hasta seis personas en Mallorca, Menorca y Formentera, de máximo dos núcleos de convivencia. En Ibiza, en cambio, sólo se permiten reuniones de convivientes.

Si hace una semana las cuatro Islas se encontraban en nivel 4 de alerta sanitaria, ahora Mallorca y Formentera han pasado al nivel 3, mientras que Menorca ha avanzado directamente al nivel 2 por su situación epidemiológica e Ibiza se mantiene en el 4.

ABREN LAS TERRAZAS

En Mallorca y Formentera las terrazas podrán abrir desde este martes al 50 por ciento de capacidad. En cada mesa se podrán sentar hasta cuatro personas, de un máximo de dos núcleos de convivencia diferentes.

La diferencia entre las dos islas es que en Mallorca las terrazas deben cerrar a las 17.00 horas mientras que en Formentera pueden funcionar una hora más, hasta las 18.00 horas.

Mientras, en Menorca, bares, restaurantes y cafeterías podrán hacer uso de sus espacios interiores, a un máximo del 30 por ciento de aforo y con cuatro personas por mesa (también de hasta dos núcleos de convivencia). El cierre de estos espacios se fija a las 17.00 horas.

Además, las terrazas de bares de Menorca funcionarán a un 75 por ciento de capacidad, se podrán sentar hasta seis personas por mesa y el cierre se retrasa a las 22.00 horas (excepto en viernes, sábados y vísperas de festivo, en los que se cierra a las 18.00 horas).

Como hasta ahora, estos negocios podrán seguir prestando los servicios de entrega de comida a domicilio y pedidos para llevar. Ésas son las únicas actividades que se permiten en la restauración en Ibiza (comida para llevar hasta las 22.00 y entregas a domicilio hasta las 00.00 horas).

Por otro lado, la ampliación de aforos en el comercio, hasta el 50 por ciento, en Mallorca, Menorca y Formentera entró en vigor sábado 27 de febrero.

La primavera meteorológica, que ha comenzado este lunes 1 de marzo y que se extenderá hasta el 31 de mayo, será algo más seca de lo normal en la mitad oeste de la Península y, en general registrará temperaturas en torno a los valores habituales, menos en la meseta sur, Andalucía, Murcia y en Baleares, donde serán hasta 1 grado centígrado (ºC) más altas que la media.

El experto en meteorología de Meteored Samuel Biener espera que las temperaturas durante la estación climatológica ronden los valores medios en gran parte de la Península Ibérica y que llueva menos de lo normal en la mitad oeste de la Península.

Biener ha recordado que el invierno ha estado caracterizado por "una sucesión de fenómenos extremos", como la "gran nevada" de la borrasca 'Filomena', la "tremenda" ola de frío de la primera quincena de enero, las altas temperaturas de la segunda y las "peligrosas" concentraciones de polvo sahariano que todavía se mantiene.

El metorólogo ha indicado que los días irán creciendo y las temperaturas subirán progresivamente aunque destaca que esta es "la época más variable del año".

La primavera será cálida en el sur peninsular y Baleares mientras que en gran parte del país las temperaturas durante la primavera rondarán "probablemente" los valores normales. "Solo en algunas zonas de la meseta sur, Andalucía, Murcia y Baleares es posible que sean más altas: de 0,5 a 1 °C por encima de la media", ha comentado.

En ese contexto, ha apuntado que durante la primavera meteorológica el escenario meteorológico estará condicionado por un potente bloqueo anticiclónico en el entorno del Mar del Norte y Centroeuropa.

El departamento de Meteorología de Meteored añade que el anticiclón se opondrá al desfile normal por norte de Europa. Por tanto, será habitual que lleguen masas de aire subtropicales que son templadas, desde el norte de África y además las precipitaciones no atenderán a la distribución y las cantidades normales.

De ese modo, prevé que los próximos meses serán más secos de lo normal en la mitad occidental del país y que los próximos tres meses lloverá menos de lo normal en la mitad oeste peninsular, especialmente en Galicia, donde las previsiones apuntan a que las precipitaciones totales mostrarán déficits de entre 50 y 100 litros por metro cuadrado.

En la Comunidad de Madrid, Extremadura o Castilla y León se podríanechar en falta alrededor de 50 litros por metro cuadrado al final del trimestre.

El experto señala que la insistencia de las altas presiones en el Atlántico norte y en Centroeuropa parece que beneficiará a la zona del Mediterráneo y Canarias, donde las precipitaciones serán normales. Así, previsiblemente, en estas zonas el viento del este será persistente y acumulará la humedad del Mediterráneo.

A esto, añade que el tránsito de los embolsamientos de aire frío o borrascas por el sur y este de la Península, favorecerá que llueva en estas regiones.

Biener ha apuntado que igual que en enero, que tuvo temperaturas particularmente frías durante la primera quincena y primaverales durante la segunda, la previsión de temperaturas y precipitaciones que se ajusten a la media no garantiza que el tiempo se mantenga estable durante toda la estación.

Por último, espera que a lo largo de la primavera podrán surgir distintos tipos de escenarios meteorológicos debido al dinamismo de la atmósfera y al tránsito del oeste, que suele ir dejando paso a una corriente en chorro meandrizante con vaguadas o alguna DANA.

El diputado regional del PP, Jesús Cano, ha afirmado que el Gobierno regional "está cumpliendo la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, quien está incumpliendo sus obligaciones es Pedro Sánchez que no ha destinado un solo euro a su regeneración".

Así lo ha hecho saber Cano tras la comparecencia de la directora de la Fundación Ingenio esta mañana en la comisión especial del Mar Menor, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Para Cano, ha quedado claro "el compromiso del sector agrícola con la trasformación del modelo de agricultura para hacerlo compatible con la conservación del Mar Menor", y se ha referido, en este sentido, a la iniciativa de crear un anillo protector ambiental alineado 'Plan Vertido 0', que el Gobierno regional, la comunidad científica y los ayuntamientos vienen reclamando al Gobierno de España.

El diputado 'popular' ha resaltado calificado el modelo agrícola como "sostenible, de precisión, representante de una agricultura vanguardia, tecnológicamente muy avanzado y comprometido con el medio ambiente" para resaltar que la ley aprobada por la Asamblea "hace posible ese compatibilidad entre agricultura sostenible y Mar Menor".

Cano ha puesto al descubierto los "incumplimientos" del Ejecutivo de Sánchez que "no ha puesto en marcha el 'Plan Vertido 0', ni destina presupuesto, ni aplica bonificaciones fiscales".

"La respuesta del Gobierno de la Nación siempre es negativa", ha dicho para recordar las 7 enmiendas por importe de 77 millones de euros presentadas por el Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado que "fueron rechazadas por los diputados socialistas".

"El PSOE le ha dado la espalda al Mar Menor mientras se dedica a criminalizar a la agricultura concienciada con la protección de la laguna salada ", ha incidido para reprochar a la Confederación Hidrográfica del Segura que "lejos de trabajar con los agricultores para cumplir su deber de garantizar el agua se dedica a perseguirlos".

"Sin el apoyo del gobierno de España no será posible la recuperación del Mar Menor que necesita menos demagogia y más inversiones estatales" ha insistido.

2.100 AGRICULTORES HAN IMPLANTADO BARRERAS VERDES

Por su parte, el diputado autonómica 'popular,' Juan Antonio Mata, ha reprochado al PSOE que "falta a la verdad con el mantra de que no se cumple la Ley del Mar Menor", y lo prueba que "no son capaces de decir un solo artículo que se esté incumpliendo".

También se ha referido al modelo de agricultura sostenible implantado en el Campo de Cartagena "con soluciones basadas en la naturaleza". y ha mencionado las 67 jornadas formativas promovidas por la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente que ha llegado a 2.200 agricultores. Y especialmente ha destacado las 2.100 declaraciones responsables realizadas para implantar barreras vegetales en el entorno de la alguna salada.

Ha lamentado "la política de brazos caído del Gobierno socialista2. "Una inacción que es lo que mas daño está haciendo al Mar Menor".

Respecto a las acciones emprendidas para el control del regadío ilegal, ha dicho que la consejería ha realizado 400 inspecciones. Y que ya hay 115 expedientes con resolución firme.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han mostrado sintonía institucional y operativa frente a los altercados en Barcelona de las últimas semanas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Lo han expresado tras una reunión en la que también han participado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó; el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, y el intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, entre otros.

Sàmper ha asegurado que ambas instituciones lanzan un mensaje de unidad institucional y de rechazo a la violencia, así como una petición para que "entre todos se pueda separar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación de las acciones violentas".

Ha explicado que han convocado al Ayuntamiento para conocer "la visión de los dispositivos de seguridad del consistorio y poner a disposición de la Guardia Urbana todos los elementos de estudio que se puedan hacer para proteger sus comisarías".

Además del incendio de una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente en su interior este sábado, Sàmper ha recordado que el pasado 16 de febrero se produjo un ataque "inaudito" contra la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Vic (Barcelona), así como incendios en un semáforo y entidades bancarias que han puesto en riesgo las viviendas próximas.

Colau ha asegurado que "la violencia nunca está justificada, nunca es el camino, y menos cuando se pone en peligro la integridad de las personas", y ha remarcado la coordinación operativa y de confianza entre los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona.

Sàmper también se reunirá la tarde de este lunes de forma telemática con Aragonès, Budó y alcaldes de otros municipios afectados por los altercados, incluida Colau, a iniciativa de la Conselleria de Interior, que el sábado por la noche ya empezó conversaciones con todos ellos.

APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL

Preguntado sobre un hipotético refuerzo de la Policía Nacional a los Mossos frente a los altercados, el conseller ha afirmado que la opción no se ha planteado: "Espero que el momento álgido de la violencia ya haya pasado".

"Si no ha sido necesario hasta ahora esperamos que no lo sea. Quizá las manifestaciones continuarán pero esperamos que la violencia no lo haga", ha añadido Sàmper, que ha recalcado la coordinación entre Mossos y Guardia Urbana.

La Guardia Civil de Palencia investiga a dos hombres, de 51 y 36 años, por supuestos delitos contra recursos naturales y medio ambiente, relativos a la protección de la flora la fauna y animales domésticos, por un delito de caza furtiva nocturna y sin autorización del titular del coto y careciendo de licencia de caza.

Según fuentes del Instituto Armado, durante un servicio de vigilancia y control en prevención de la caza furtiva de piezas de caza mayor, se localizó un cebadero con restos de corderos y teneros en el coto de Cubillo de Castrejón para atraer a los lobos.

Tras realizar vigilancias nocturnas en el paraje conocido como 'Tremedo' sobre las 00.25 horas, los detenidos fueron sorprendidos 'in fraganti' en el interior de una caseta tiradero en clara actitud de caza nocturna, quienes al percatarse de la presencia de los agentes se ocultaron en una caravana abandonada situada a escasos metros donde se agazaparon para no ser vistos.

Cuando salieron de la misma se comprobó que uno de ellos portaba un rifle en la mano con un cartucho en la recámara, lista para su uso. El otro llevaba una cámara térmica activada, siendo de gran ayuda para la caza nocturna. También portaban en una mochila un precinto para caza de lobo de un coto diferente a donde se encontraban, supuestamente para poder hacer legal el acto de la caza furtiva.

Así, se les decomisó un rifle, un cartucho metálico alojado en la recámara del rifle, un cámara-visor térmico de visión nocturna y un visor térmico de visión nocturna, acoplado al arma como mira telescópica.

Uno de ellos es un cazador-guía que realiza actividades frecuentes de caza furtiva de lobo (canis lupus), utilizando métodos como cebar la zona con cadáveres bovinos y ovinos, la colocación de cámaras de foto trampeo para el control de actividad en la zona o la realización de esperas nocturnas en una zona cebada previamente mientras se espera en una caseta-tiradero provisto de rifle con visor nocturno, permitiendo realizar un tiro fácil cuando el lobo se acerca.

Los investigados tienen ya numerosos antecedentes de denuncias administrativas de caza y al reglamento de armas.

Se instruyen diligencias para su remisión al Juzgado de Instrucción nº 2 de Cervera de Pisuerga.

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman seis años de prisión, a sustituir por la expulsión de España durante 18 años, para el ex militar senegalés, Papagore Ndoye, acusado de agredir a cuatro policías en Gijón.

La vista oral está señalada para este martes, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, a las 10.30 horas, según la información facilitada por la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 20.58 horas del día 8 de agosto de 2019, cuatro agentes de la Policía Nacional se dirigieron a la calle Juan Alvargonzález, de Gijón, porque el acusado, que se encontraba muy alterado, causaba daños en el mobiliario urbano e increpaba a los viandantes.

Al ver llegar a los policías, les dirigió improperios como "no me toquéis los cojones porque os mato" y, pese a los requerimientos para que se calmase, respondió de forma aún más agresiva, hasta el punto de que lanzó varios puñetazos que alcanzaron a uno de los agentes en el rostro, así como a otro, que acudió en auxilio de su compañero.

Se inició entonces un forcejeo en el que los tres cayeron al suelo, por lo que fue precisa la intervención de los otros funcionarios y de dos ciudadanos para conseguir reducir al acusado, dada su "violenta" oposición.

El acusado, dirigiéndose a uno de los policías le dijo: "Sé perfectamente quién eres y dónde paras, vas al gimnasio *, donde yo iba, te puedo matar cuando quiera".

En cuanto a los heridos, el primer agente agredido sufrió lesiones consistentes en contusión facial con equimosis en labio superior, contusión en el bíceps braquial izquierdo y erosiones en lasrodillas, de las que curó en 20 días.

El segundo de los agentes sufrió lesiones consistentes en distensión de tobillo y dolor en rodilla izquierdos, de las que curó en 28 días.

El tercer policía sufrió lesiones consistentes en contusión en la mano izquierda con fractura del tercer metacarpiano, en cuya curación invirtió 159 días. Precisó tratamiento quirúrgico y le queda como secuela una cicatriz curva de tres centímetros en el dorso de la mano izquierda. El cuarto policía agredido sufrió contusión en la muñeca derecha, de la que curó en siete días.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal, de dos delitos de lesiones del artículo 147.1, de dos delitos leves de lesiones del artículo 147.2 y de un delito leve de amenazas del 171.7.

Por este motivo, solicita que se condene al acusado a dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de atentado; dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por cada uno delos delitos de lesiones del artículo 147.1; y 3 meses de multa con una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, por cada uno de los delitos leves de lesiones y por el delito leve de amenazas.

En total son seis años de prisión y abono de multas que suman 2.700 euros. Se pide para el procesado también el abono de las costas procesales.

El Ministerio Fiscal interesa que cada una de las penas de prisión sean sustituidas por la expulsión del territorio nacional del acusado durante seis años, lo que suma esos 18 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Fiscal solicita que el acusado indemnice a uno de los policías con 1.120 euros por las lesiones y 150 euros por daños morales; a otro con 280 euros; a un tercero con 800 euros y a un cuarto con 9.450 euros por las lesiones y en 500 euros por la secuela; y al Hospital de Jove y al Hospital de Begoña, con la cantidad que se acredite por los gastos de asistencia a las policías lesionados.

Un hombre se ha declarado culpable de la muerte de otro tras "romperle la nuez" y de deshacerse del cadáver en un huerto de Castellón y ha desvinculado totalmente a una segunda acusada de los hechos en el juicio con jurado que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón.

La fiscal pide para el acusado 25 años de prisión y otros 20 años para la acusada por un delito de asesinato, así como 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, por un delito de robo con violencia, mientras que las defensas de los procesados han solicitado su libre absolución.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio fiscal, el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante varios años mientras cumplía una condena en la cárcel. Incluso la víctima llegó a contratar un seguro de vida por 25.000 euros a favor de su cónyuge. Cuando el procesado quedó en libertad y regresó a Castellón, ambos mantuvieron la relación hasta octubre de 2018, cuando la víctima se enteró de que el acusado mantenía una relación sentimental con la otra acusada.

Tras enterarse el acusado de que la víctima le había denunciado por apropiarse de su coche y conociendo la existencia del seguro de vida, junto con la otra procesada, decidieron acabar con la vida del otro hombre, de modo que el 24 de febrero de 2019 pasaron a recogerlo por el Albergue Municipal con un vehículo. El vehículo era conducido por el acusado, mientras que la acusada iba en el asiento trasero.

Según la fiscal, al llegar a un parking, y tras una discusión, el acusado detuvo el vehículo, momento en el que la procesada cogió el cable de una plancha y lo colocó alrededor del cuello de la víctima, comenzando a apretarlo con fuerza. Mientras, el acusado, para intentar evitar que los descubrieran, arrancó el coche y siguió conduciendo hasta que paró el vehículo en un huerto de naranjos, donde comprobaron que había fallecido. Además, se apoderaron de un anillo de oro que llevaba la víctima y de cuatro teléfonos móviles y abandonaron el cuerpo en el huerto.

A pesar de que la abogada del acusado, cuando se ha dirigido a los miembros del jurado, ha señalado que la única autora de la muerte había sido la procesada tras mantener "por celos" una discusión con la víctima, su defendido se ha declarado culpable y ha desvinculado a la otra acusada de los hechos.

Así, el acusado ha indicado que el día de los hechos fue a recoger a la víctima al albergue junto a la otra acusada, a la que -según ha dicho- dejó en un lugar donde ejercía la prostitución. Según ha dicho, el continuó el camino con la víctima, hasta que pararon y se pusieron ha hablar un rato. Entonces, tal y como ha relatado, cuando abrió el maletero del coche para enseñarle a la víctima que llevaba en su interior sus pertenencias, esta le envolvió con un cable.

Entonces, según el acusado, se giró y cogió a la víctima por el cuello hasta que le rompió la nuez y, posteriormente, le enrolló el mismo cable para meterle en el coche. Posteriormente, ha indicado que fue a buscar a la otra acusada, a la que le dijo que la víctima estaba durmiendo y, posteriormente, él se deshizo del cadáver.

"ACTO REFLEJO"

El acusado ha aclarado que él no tenía conocimiento de que era beneficiario del seguro de la víctima y que no tenía intención de causar la muerte, sino que fue "un acto reflejo". Preguntado por qué en declaraciones anteriores había acusado a la otra procesada de la muerte, el acusado ha explicado que se había enterado que ella había dicho cosas negativas de él a la Policía "que no correspondían con la realidad". "Por eso le tiré toda la mierda, cuando en realidad fuí yo", ha añadido.

Por su parte, la acusada, que se ha declarado inocente, ha corroborado prácticamente la versión de los hechos que ha ofrecido el acusado en el juicio, aunque sí ha señalado que el procesado le había dicho que creía que la víctima había hecho un seguro de vida a nombre de él.

Ante las contradicciones en las que, según la fiscal, ambos acusados han incurrido en el juicio, ha solicitado que se aporten las declaraciones que habían realizado con anterioridad. El juicio continuará este martes.

Castilla y León suma 144 nuevos casos confirmados de COVID-19, cifra que nos retrotrae a fechas previas a la Navidad, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 211.343, al tiempo que registra nueve nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 26.766 altas médicas, de ellas 20 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este lunes registran nueve fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.377 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 339 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 2.137. De ellos, Ávila contabiliza 16 --cuatro menos--; Burgos, 68 --tres menos--; León, 51 --los mismos--; Palencia, 11 --seis menos--; Salamanca contabiliza 52, ocho menos; Segovia 32, tres menos; Soria 40, siete más; Valladolid 55 --cinco menos-- y Zamora 14, uno menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 211.343 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 144 en la última jornada. De esa cifra total, 204.543 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS A LA CABEZA, CON 40 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 40 casos y un total de 30.694; le sigue Soria, con 28 y 8.780; Valladolid, con 22 y un total de 47.452; Segovia, con 19 y 15.389; León, con 15 y un total de 37.026; Palencia, con nueve y un total 17.637; Salamanca, con seis y un total de 29.831; Ávila, con tres y 11.895, y Zamora, con dos y un total de 12.639.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.377, nueve más que ayer. La mayor parte de esa cifra total se registra en la provincia de León con 1.107 --uno más--, le sigue Valladolid con 1.061 --dos más--; a continuación figura Salamanca con 808 --dos más--; Burgos con 651 --los mismos--; Palencia se sitúa en 415 --uno más--; Zamora se coloca con 412, dos más; Segovia, con 351 --sin variación--; Ávila registra 323 --los mismos-- y Soria registra 249, uno más.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 26.766, de las que se han computado 6.474 en Valladolid; 4.787 en León; en Salamanca, 3.732; en Burgos 3.497; en Palencia, 2.027; en Zamora, 1.828; en Segovia 1.702; en Ávila, 1.647, y en Soria 1.072.

AUMENTAN LOS HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, aumentan ligeramente los ingresados tanto en planta como en UCI. A día de hoy hay un total de 767 hospitalizados, 19 más que en el anterior parte. De estos pacientes, 547 se encuentran en planta --17s más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) aumentan hasta los 220, dos más que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 66 por ciento de las camas en unidades de críticos, mismo porcentaje que en los últimos dos días.

Así, se informa de 38 en el Clínico Universitario de Valladolid; 35 en el Complejo Asistencial de Burgos; 30 en el Río Hortega de Valladolid; 21 en los complejos de León, Salamanca y Soria; 17 en el de Palencia; 13 en Segovia; 12 en el Hospital del Bierzo; ocho en el de Zamora, y cuatro en el de Ávila.

SIN FALLECIDOS EN RESIDENCIAS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 persiste en 4.053 en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.948 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio de 2020.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 4.053 finados hasta el momento, 2.172 personas han perdido la vida en su residencia, sin variación, mientras que otras 1.881 lo han hecho en hospitales, dos más.

Ningún residente se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, y 374 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 44 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se sitúa en 300, sin cambios en la última jornada, de ellos 183 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.

Además, se encuentran hospitalizados 28 residentes, dos más, y se sitúa en 1.017 --dos menos-- el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, ningún residente se encuentra en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que otros 23 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, sin cambios.

El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha ordenado nuevas diligencias en el marco de la investigación abierta sobre el Banco Popular. En concreto solicita más documentación al Banco Santander relativa a las tasaciones inmobiliarias realizadas en 2017 con el objetivo de contar con la máxima información posible para poder realizar una pericial.

En esta causa, el magistrado de la Audiencia Nacional investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

En esta nueva providencia, el juez da 20 días al Santander para aporte hasta siete grupos de documentos e información relativa al extinto Banco Popular. La entidad presidida por Ana Patricia Botín fue la que adquirió en 20117 el Popular por el simbólico precio de un euro.

Así, detalla que debe entregar el informe final del proceso de retasaciones que se hizo en el primer semestre de 2017 por encargo de Miguel Escrig Melia, quien era el director general adjunto al presidente Emilio Saracho. El objetivo de esa retasación era actualizar la cartera de adjudicados, y el juez señala que en el mismo deben constar "los impactos producidos tras la retasación".

Al hilo, demanda al banco que también aporte los informes de análisis de inmuebles que se proveyeron por Escrig Melia y que se realizaron en el marco y con motivo de ese proceso de retasaciones, y los nombres y cargos de los comités encargados de la revisión de ese análisis de inmuebles, así como las actas de esos grupos elaboraran.

Calama también pone el foco sobre la oficina de valoración y trasacción inmobiliaria de la entidad y solicita al Santander las actas e informes que elaborara desde 2014 hasta su extinción. También quiere poder cotejar los informes proporcionados por el equipo de tasación dentro del área de 'Métodos de Contratación' del periodo 2014-2016 en el área de Intervención General.

Por último, le solicita al banco toda la documentación que obre en la oficina de control y gestión de tasaciones y que se generó desde su creación en enero de 2017 hasta que su desaparición. El juez indica además al Santander que para facilitar la labor de los peritos debe aportar la identidad de la persona que se haga responsable ante el Juzgado de la integridad la documentación e información solicitada.

En octubre de 2019, el expresidente del Popular Ángel Ron, imputado en la causa al igual que su sucesor Saracho, señaló sobre las tasaciones de activos inmobiliarios que estaban realizadas en más del 90 por ciento de los casos por entidades registradas en el Banco de España o por expertos internacionales, y se encontraban actualizadas. Según ha apuntado, cuando no cumplían la normativa ECO es porque estaban sujetas a otras normas perfectamente homologables.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Si bien en esta ocasión Calama se ha centrado en la retasación de inmuebles en la época de Saracho, hace aproximadamente 20 días reclamaba más documentación al Santander. En esa ocasión quería profundizar en una de las ramas de la investigación que ha cogido peso en los últimos meses, la posible financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital de mayo de 2016.

Estudia si en esa ampliación, que fue por más de 2.505 millones, se financió a clientes y si "de forma deliberada no la restó del capital regulatorio". Por eso, acordó una investigación pericial para acreditar si "la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo" mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

Ciudadanos ha afirmado este lunes que el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos confirma el temor de la formación naranja a que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acabe repartiendo ese dinero "a dedo" entre "sus amigos", y por eso ha insistido en su demanda de que se cree una agencia independiente para administrarlos.

En el dictamen sobre el decreto, realizado el pasado 21 de diciembre y cuyo contenido se ha conocido ahora, el Consejo de Estado muestra su "preocupación" por la eliminación o modulación de mecanismos de control "en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha recordado que su partido ya advirtió de que "era una cacicada dejar los fondos europeos en manos de (Pedro) Sánchez y sin control" y "por eso ocultaron este informe que lo constata".

PIDE UNA AGENCIA INDEPENDIENTE

"PSOE, Podemos y Vox deben rectificar y aceptar nuestra propuesta de crear una agencia independiente para la gestión de los fondos", ha añadido Arrimadas sobre la propuesta que la formación naranja planteó como enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedente del decreto convalidado en diciembre por el Congreso.

Esa agencia independiente que defendía Ciudadanos fue rechazada por el Pleno de la Cámara Baja y a ello contribuyeron los votos de Vox, que previamente también había facilitado con su abstención que el decreto del Gobierno obtuviera el visto bueno del Congreso.

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Cs, Melisa Rodríguez, ha declarado en rueda de prensa que el informe del Consejo de Estado viene a respaldar la idea de su partido de que el decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre cómo se gestionarán los fondos europeos que reciba España tras la crisis del coronavirus "es una chapuza", principalmente por "la ausencia de control del gasto".

Huele a ese tufillo de que algunos pretenden repartir el dinero a dedo y a sus amigos, sin controlar para qué va destinado y si la inversión ha sido rentable para la sociedad", ha señalado, incidiendo en la necesidad de crear una agencia independiente que fiscalice el uso de esas ayudas para garantizar que se invierten correctamente y que sean "una oportunidad para España", no solo para "los amigos de unos pocos.

VOX COLABORA PARA ESA FALTA DE CONTROL DE LOS FONDOS

Además, Rodríguez ha criticado la posición de Vox, pues cree que no puede afirmar que defiende que se controle el uso del dinero público cuando al mismo tiempo "está colaborando de manera directa, ya sin esconderse, con que Sánchez e Iglesias se lo asignen a aquellos que ellos quieren".

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos ha destacado que el Consejo de Estado también ha encontrado incidencias en la memoria remitida por el Gobierno. "No aportan datos y esto puede incidir incluso en la legalidad del decreto ley", ha indicado.

El órgano asesor observa "graves insuficiencias" en el contenido de la memoria porque "se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario", se explica "en términos genéricos" la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar el decreto y no se alude a que "no pocas previsiones" de la norma "resultan de aplicación exclusivamente al sector público estatal".

El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Esteban Escudero como obispo auxiliar de Valencia al alcanzar la edad de jubilación, según ha informado el Vaticano.

El propio Esteban Escudero ha anunciado la noticia en un acto que ha tenido lugar este lunes en el Palacio Arzobispal, durante el rezo del Ángelus presidido por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.

Según informa el Arzobispado de Valencia, Escudero, que cumplió 75 años el pasado 4 de febrero, ha agradecido la "ayuda y comprensión" de la diócesis y del cardenal Cañizares, y ha dicho que seguirá estando a su disposición y servicio no como obispo pero sí como "Esteban".

Además, ha explicado que la renuncia al cumplir sus 75 años --conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico-- tiene "efectos jurídicos" porque deja de ser obispo, pero ha añadido que, a "efectos personales" seguirá siendo "Esteban para todos".

Escudero ha agradecido al cardenal Cañizares "todos los favores a lo largo de este tiempo" y ha afirmado que continuará con su misión de formar a agentes de pastoral en el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, al frente del cual permanecerá por expresa petición también del cardenal Antonio Cañizares.

Igualmente, entre otros cometidos, seguirá con la realización de Ejercicios Espirituales y los viajes a Tierra Santa, dado que ha sido también guía-animador religioso por el Patriarcado de Jerusalén de numerosas peregrinaciones a los Santos Lugares.

Asimismo, ha expresado que mantendrá su misión pastoral en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y dedicará "más tiempo a trabajos de investigación". Actualmente, está desarrollando una investigación sobre las relaciones entre la Ciencia, la Filosofía y la Teología, para publicar un libro dirigido a docentes, en el marco de la Universidad Católica de Valencia.

Por su parte, el cardenal arzobispo de Valencia ha agradecido a Esteban Escudero su ayuda en estos años y su dedicación y servicio a la diócesis de Valencia, porque "siempre" ha estado a su "lado" y ha expresado su deseo de que "continúe colaborando con ella".

Tras el anuncio de la aceptación de la renuncia, realizado ante los obispos auxiliares de Valencia Arturo Ros y Javier Salinas; el Vicario General, Vicente Fontestad, y miembros del Consejo Episcopal y la Curia, Escudero ha recibido aplausos y, como obsequio y recuerdo, le han entregado una réplica del Santo Cáliz, con motivo también este año de la celebración del Año Jubilar del Cáliz de la Pasión.

"Es expresión de nuestro cariño y nuestro agradecimiento y nuestra unión contigo", ha expresado el cardenal Cañizares en referencia a la réplica.

BIOGRAFÍA

Esteban Escudero Torres nació en Valencia el 4 de febrero de 1946. Cursó los estudios primarios y el bachillerato superior en el Colegio de los Padres Agustinos, de Valencia. A los 17 años entró en el Seminario Metropolitano, en Moncada, donde cursó tres años de Filosofía y tres de Teología. Tras el bachillerato en Teología, obtuvo, en 1970, la Licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Con permiso del entonces arzobispo de Valencia, José María García Lahiguera, inició estudios de Filosofía en la Universidad literaria de Valencia obteniendo en 1974 la Licenciatura en Filosofía pura.

Fue ordenado sacerdote el 12 de enero de 1975 y destinado, como coadjutor, a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Carlet.

Durante seis años fue profesor de Filosofía en el CEU San Pablo de Moncada y, desde 1988, profesor, jefe de estudios y posteriormente director de la Escuela Diocesana de Pastoral.

Al erigirse en 1994, por el Arzobispo Agustín García-Gasco, el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, fue nombrado director, recorriendo regularmente todas las sedes del mismo, e impartiendo clases de Fe-Cultura y Teología Dogmática. Desde 1982 impartió diversas asignaturas optativas en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer.

Desde 1988 es miembro de la asociación 'Viajes a Tierra Santa con los PP. Franciscanos'. Asimismo, en 1999, Agustín García-Gasco le nombró canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, donde desempeñó el cargo de Secretario Capitular.

El 17 de noviembre de 2000, fue nombrado por el Papa Juan Pablo II obispo auxiliar de Valencia, recibiendo la consagración episcopal el 13 de enero de 2001. El 9 de julio de 2010 se hacía público su nombramiento como obispo de Palencia, sede de la que tomó posesión el 29 de agosto de 2010. El 7 de mayo de 2015, el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de Valencia.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe desde marzo de 2020. Igualmente, en la CEE fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y de la Subcomisión Episcopal de Universidades desde marzo de 2017. Ya había sido miembro de esta Comisión de 1999 a 2002 y de 2008 a 2011.

Media docena de Estados miembro, entre ellos España, han firmado este lunes una declaración conjunta pidiendo unificar criterios para reactivar los viajes no esenciales y se han mostrado partidarios de contar con un certificado médico sobre coronavirus que sirva de "pasaporte" para los ciudadanos que acrediten estar inmunizados o no contaminados.

"Creemos que es hora de que al menos fijemos condiciones bajo las cuales los viajes no esenciales, en particular para el turismo, puedan ser reanudados", indica el documento firmado por los ministros de Turismo de Austria, Bulgaria, Grecia, Malta, Eslovaquia y España.

Los ministros han difundido esta posición tras una reunión informal por videoconferencia a Veintisiete para continuar la discusión que los líderes de la UE ya tuvieron el pasado jueves sobre el modo de coordinar mejor las restricciones fronterizas que afectan a la libre circulación dentro de la UE, así como para evaluar la situación del sector.

La carta de Reyes Maroto y los otros cinco ministros toma nota de las restricciones severas que se aplican en estos momentos en las fronteras de varios Estados miembro, pero reclaman proporcionalidad para asegurar que estas medidas "drásticas" no se aplican más allá de lo "estrictamente necesario" para salvaguardar la salud pública.

En este contexto, este grupo de países apuntan a la creación "rápida" de herramientas digitales interoperables que permitan incluir información sanitaria "con todos los datos necesarios relacionados con la infección por covid-19", por ejemplo certificados de vacunación, resultados de test o la presencia de anticuerpos por una reciente recuperación de la enfermedad.

Esta herramienta, que dicen podría llamarse "pasaporte sanitario", debería "facilitar viajes seguros" por lo que creen que sería útil para "relanzar" los desplazamientos.

Precisamente este lunes, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció en un encuentro con diputados alemanes de sus partido que preveía presentar "este mes" una propuesta legislativa para crear un "Pase Digital Verde" que sirviera para acreditar que el viajero no es un riesgo por covid y puede viajar dentro de la Unión Europa o al exterior.

El vicepresidente responsable de Salud y Seguridad, Margaritis Schinas, ha precisado más tarde que la propuesta de Bruselas llegará el próximo 17 de marzo y estará centrada en un certificado que ayude a la movilidad y los viajes, con datos sobre vacunación, resultados de test y anticuerpos del titular del documento.

De este modo, la jefa del Ejecutivo cede a los países que como Grecia y España reclamaban una suerte de "pasaporte" para los viajeros inmunizados con el fin de reactivar el turismo tras la tercera ola de la pandemia, a pesar de que el jueves tras una cumbre con los líderes de la UE avisó de que Bruselas trabajaría en los próximos tres meses en un certificado solo de uso médico porque no había el consenso suficiente entre los Veintisiete para discutir qué usos se le podría dar más allá.

Preguntado por el cambio de posición de Von der Leyen, su portavoz ha dicho que la presidenta de la Comisión "escucha" a los Estados miembro y es consciente de cómo el debate ha ido evolucionando y ha entendido que existe una "necesidad de dar una solución concreta" a este asunto.

En la actualidad, varios Estados miembro mantienen sus fronteras cerradas a los viajes considerados no esenciales, como Bélgica o Alemania, y una mayoría exige un resultado de PCR negativo antes y un segundo test o cuarentena después del viaje para asegurar que no es portador de coronavirus.

En este contexto, el anuncio de Von der Leyen ha sido celebrado por países como España, cuya ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha dicho a través de Twitter que es una "buena noticia" que en la UE se comparta la necesidad de "agilizar las herramientas para garantizar una movilidad segura en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan".

El anuncio de Bruselas, no obstante, ha despertado también dudas, por ejemplo en Bélgica, en donde su ministra de Exteriores y primera ministra durante la primera ola de la pandemia, Sophie Wilmès, ha avisado de que "de ninguna manera" se deberá vincular la libertad de movimiento de los europeos al hecho de estar o no vacunados.

"El respeto del principio de no discriminación es más fundamental que nunca ya que la vacunación no es obligatoria y el acceso a la vacuna aún no está generalizado", ha razonado la ministra belga.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece en sentencia que las investigaciones sobre hechos relacionados con fosas de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo no puede tener carácter penal, estableciendo las diferencias entre la verdad histórica y el proceso penal, cuyo objetivo es dirimir la culpabilidad o no de una determinada persona o personas.

En este caso, confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Soria de archivar una causa instada tras el descubrimiento de una fosa con restos de seis desaparecidos durante la guerra civil, condenando en costas a la asociación denunciante.

La causa cuyo archivo se confirma ahora de forma definitiva se instó ante un juzgado de Almazán, donde se hallaron los restos, y a este respecto el alto tribunal recuerda las pretensiones de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad "legítima en su planteamiento de demanda de tutela", no puede ser atendida, ya que debe quedar fuera de la respuesta penal lo relativo a los denominados 'juicios de la verdad'.

Insiste el alto tribunal en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, que en nuestro sistema procesal no es posible una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena.

El sistema penal en España implica la existencia de responsabilidades penales exigibles y con, al menos potencialmente, la presencia del imputado con pleno ejercicio de su derecho de defensa y con la intervención activa que la ley procesal establece y le garantiza, añade la resolución.

Entienden que, con su querella, la asociación buscaba "más bien (*) la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció, en la manera en que se han desarrollado estos denominados juicios de la verdad en otras latitudes", una pretensión de las víctimas que, "aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender esas legítimas pretensiones".

CORRESPONDE AL ESTADO

Así, el Supremo afirma que "la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria", si bien "corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores".

Insiste que esta búsqueda de la verdad no le corresponde al juez de instrucción, "cuya función aparece definida en la ley procesal con un objeto de indagación que se va concretando en el devenir procesal y ve limitado su ejercicio por las normas que rigen el proceso penal y el derecho penal sustantivo. Es preciso un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo".

Sigue argumentando la sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho", y que las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, la disciplina de garantía de la prueba, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, etc., como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, "se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la guerra civil y la subsiguiente posguerra" .

"No procede mezclar la verdad histórica con la forense -insiste el Supremo en su sentencia-, pues la histórica es general e interpretable, no está sometida a la perentoriedad de términos y plazos y, con frecuencia, precisa de cierta distancia temporal para objetivar su análisis".

"La judicial, por el contrario, se constriñe a un hecho, impone unas consecuencias con carácter coercitivo, está sometida a requerimientos temporales y formales y es declarada con observancia de las garantías propias y se refiere a la depuración penal de una responsabilidad exigida desde una acusación", concluye.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que no van a aceptar, ni tampoco el Gobierno de coalición, el veto del PP a las propuestas de nuevos vocales que traslada la coalición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al entender que solo busca controlar a los jueces.

En rueda de prensa en la sede del partido este lunes, Serra ha acusado a los populares se seguir empeñados en "bloquear" el órgano de gobierno de los jueces y mantener su "ilegitimidad", pues su objetivo es usar al CGPJ como "ariete" para tratar de "chantajear" al Gobierno de coalición.

Por tanto, Podemos no va a aceptar las "prácticas mafiosas" del PP que rechaza de forma "escandalosa" a los "jueces valientes" que persiguen la corrupción, en alusión sin citar al magistrado José Ricardo de Prada, mientas trata de "ascender" a jueces de su órbita o incluso "comprarlos". La formación morada ha cargado contra la propuesta del magistrado Alejandro Abascal en el cupo del bloque conservador.

En esta línea crítica con el PP, Serra ha manifestado que tratan de mantener su afán de tratar de salir "impunes" de los diversos casos de corrupción a los que se enfrentan, así como "fabricarlos" contra adversarios políticos, en referencia al caso Kitchen.

CARGA CONTRA LA OPINIÓN DEL CGPJ SOBRE LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Por otro lado, Serra ha arremetido contra el dictamen desfavorable del actual CGPJ al proyecto de Ley de Libertad Sexual, conocida como 'Ley del solo sí es sí, en su voluntad de "impedir avances sociales".

En esta línea, ha observado resistencia del órgano judicial bloqueado en aceptar el "cambio de paradigma" que supone esta normativa en la protección de las mujeres, tal y como defienden diversas organizaciones sociales y el convenio de Estambul. Al hilo, ha aludido también que ya trató de bloquear la ley de matrimonio igualitario.

DENUNCIA EL INTENTO DE CRIMINALIZAR EL 8M

A su vez, Isa Serra ha cargado contra la estrategia de las "derechas y la extrema derecha" de utilizar la pandemia para criminalizar el movimiento feminista del 8M, que Podemos va a defender frente a las posiciones "excluyentes y de odio".

De hecho, ha vaticinado que no lo van a conseguir para detallar el respaldo de su formación a las movilizaciones "en la calle" y en otros formatos, cumpliendo siempre con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.