La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), en colaboración con el Consejo Evangélico de Aragón, interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las normas del gobierno regional que impiden cantar en los lugares de culto.

FEREDE considera que esta medida "no estuvo justificada en ningún momento", y prueba de ello, según indican, es que en el resto de las comunidades autónomas se puede cantar en las iglesias y no se ha producido ningún brote o contagio asociado a ello, que se conozca.

"Además de injustificada, la medida es discriminatoria, ya que sí se permite cantar en las academias de canto, en auditorios, teatros y otras actividades. Por si esto fuera poco, su duración desproporcionada tampoco está justificada", dice FEREDE, al tiempo que recuerda que "la libertad religiosa y de culto es un derecho fundamental que no puede restringirse si no es de forma excepcional y muy justificada".

Por tal motivo, FEREDE dirigió dos cartas al Gobierno de Aragón, pero ninguna de ellas tuvo respuesta, según afirman. En consecuencia, la Federación denunció los hechos al Defensor del Pueblo pero precisan que aún no se ha pronunciado sobre el asunto.

"A nuestro juicio, en diciembre no estaba justificada la limitación del derecho fundamental de libertad religiosa. Ahora lo está aún menos; por la vacunación, por los meses que lleva durando esta prohibición, porque en ninguna CCAA se ha impuesto esta restricción y porque en el resto de las actividades sí está permitido cantar", añaden.

Por otro lado, FEDERE también considera "desproporcionadas" las medidas tomadas en las últimas semanas por el Gobierno de La Rioja, establecidas pare el nivel de riesgo 3, en las que "se restringe el ejercicio del culto". En concreto, denuncian que el aforo máximo en los lugares de culto es del 33% mientras "casi todas las demás actividades y establecimientos tienen un aforo al 50%".

Por esta razón, y si esta situación no es revocada por la Justicia durante el fin de semana, FEREDE está valorando, junto al Consejo Evangélico Autonómico de La Rioja, escribir una carta a la presidenta y a la consejera de Salud y portavoz del Gobierno de la Comunidad de La Rioja, Concha Andreu y Sara Alba, respectivamente, para pedirles que reconsideren esta situación.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha mantenido contactos con sus homólogos israelí y palestino así como con otros interlocutores de la región con vistas a frenar la actual escalada de violencia.

Según ha indicado ella misma en su Twitter, ha hablado con el ministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, así como con el palestino, Riyad al Malki, y "con interlocutores regionales pidiendo contención y desescalada".

"La prioridad debe ser proteger a la población civil particularmente los niños", ha defendido la ministra, para la que "la solución negociada al conflicto es más urgente que nunca".

González Laya ya expresó el martes su condena de la violencia horas después de que comenzara el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra territorio israelí y de que Israel respondiera con bombardeos aéreos en la Franja. Asimismo, hizo un llamamiento a todos los actores a "evitar actos de provocación, odio o incitación a la violencia".

REUNIÓN CON EL JEFE DE UNRWA

Por otra parte, la ministra ha mantenido este viernes un encuentro con el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, que se encuentra de visita en España.

En dicho encuentro, le ha agradecido la labor del personal de la agencia humanitaria "por el apoyo que prestan a los más de 5 millones de refugiados palestinos" y le ha recalcado que "cuenta con el pleno apoyo de España", según ha escrito en otro mensaje.

Exteriores ha resaltado que la visita de Lazzarini se produce en un momento en que la agencia afronta serios problemas presupuestarios por la reducción de las contribuciones de los donantes en los últimos años y las mayores necesidades provocadas por la pandemia del COVID-19.

En este sentido, el responsable de UNRWA ha agradecido a España la contribución especial que hizo a finales de 2020 en respuesta a su llamamiento para mantener el funcionamiento de los servicios básicos que presta la agencia a la población palestina en campos de refugiados.

González Laya ha tenido también unas palabras de reconocimiento parael Comité Español de UNRWA, uno de los pioneros a nivel mundial, quecanaliza las contribuciones de las comunidades autónomas, ayuntamientos y sociedad civil, según ha precisado Exteriores en un comunicado.

Por otra parte, Lazzarin ha aprovechado la ocasión para explicar a la ministra los esfuerzos que está llevando a cabo para reformar la agencia y aumentar su eficiencia y transparencia, tras las críticas contra esta por su funcionamiento, con vistas a lograr el apoyo de los donantes, que se habían distanciado en los últimos años.

Así las cosas, González Laya le ha trasladado el de España de seguir colaborando y de reforzar nuevas vías como el despliegue de expertos destacados y voluntarios españoles en la agencia.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que "no castigue" a miles de familias con hijos que se sienten "en tierra de nadie" al ser "penalizadas por las políticas u olvidadas porque no se han tenido en cuenta sus circunstancias".

"El Gobierno no tiene en cuenta las necesidades de miles de familias que están en territorio de nadie, pasan grandes dificultades, pero no llegan a ninguna ayuda; son familias castigadas por la crisis y, a veces por las propias políticas que las penalizan, o también olvidadas porque no se ha tenido en cuenta sus circunstancias y necesidades especiales, como hemos visto en los ERTE o en el Ingreso Mínimo Vital, que no han sido proporcionales al número de menores a cargo", explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

Con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra este sábado 15 de mayo, la FEFN subraya que "las familias numerosas son una pieza muy importante para el funcionamiento de la sociedad; un motor de desarrollo económico y social, por su alto nivel de consumo, y porque son las únicas capaces de frenar el envejecimiento de la población".

"Las consecuencias aún no se aprecian, pero se van a ver a medio plazo porque los expertos llevan años hablando del invierno demográfico, alertando de baja natalidad y de que es imposible sostener las pensiones. A ello se une el tremendo gasto social que se está generando y que hace falta afrontar con perspectiva, no a costa de subir los impuestos o hacer pagar a las familias por usar las carreteras", subraya Trigo.

La FEFN critica que en las últimas medidas planteadas desde Moncloa, se "castiga de manera especial a los que más hijos tienen cuando son los que más aportan a la sociedad".

En concreto, señala que el nuevo complemento por maternidad en las pensiones, que se aprobó hace unos meses, "penaliza a miles de madres, en especial a las que más hijos han tenido y más han sufrido la brecha salarial, precisamente por sus dificultades para entrar, mantenerse o promocionarse en el mercado laboral".

Igualmente, critica que el Gobierno haya barajado la supresión de la deducción fiscal por declaración conjunta en el IRPF pues "afectaría de lleno a las familias con hijos" en las que uno de los dos progenitores ha dejado de trabajar para dedicarse a su cuidado.

También perjudicaría, según precisan, a aquellos hogares en los que el padre o la madre opta por jornada reducida, con la consiguiente rebaja de ingresos, para poder compaginar el trabajo con la crianza y cuidado de los hijos.

En el caso de las familias numerosas, según el estudio realizado por la FEFN en 2019, antes de pandemia, el 85% de los padres y el 65,9% de las madres trabajan fuera de casa, aunque en muchos casos, uno de los dos lo hace con jornada reducida.

"Estamos hablando de muchas familias que no es que no trabajen porque no quieran o lo necesiten económicamente, sino porque cuando tienes varios hijos a veces es imposible compaginar los horarios laborales con los familiares", explica el presidente de la FEFN.

RECLAMAN "MÁS SENSIBILIDAD" A SÁNCHEZ

Por ello, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "mayor sensibilidad en su gestión" tras un año en el que, según afirma, las familias numerosas han soportado una "carga física y emocional" por las consecuencias "económicas" de la pandemia y por "el confinamiento, las restricciones, los cierres de colegios y el teletrabajo".

El Estudio Anual sobre las Familias Numerosas en España elaborado por la FEFN en junio de 2020, el 45% de las familias numerosas ha visto afectada su situación laboral o económica y un 55% ha sufrido una reducción de ingresos.

Lo más "preocupante", según la Federación, es que "esta realidad social no se ha traducido en apoyos reales por parte del Gobierno". Según el mismo estudio, "solo" un 15% de las familias numerosas que necesitaron ayuda por la crisis han podido contar alguna de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo, mientras que un 33% no ha podido acceder por no cumplir los requisitos (22,2%) o por superar el límite de ingresos establecido para el acceso a las prestaciones (12,1%).

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha desvelado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le ha reconocido en "petit comité" que es "defectuoso" el marco jurídico que hay en este momento en España para poder afrontar la pandemia, una vez finalizado el estado de alarma.

López ha recalcado que países como Alemania, Francia o Gran Bretaña han actualizado su ordenamiento jurídico ante el Covid-19, pero ha subrayado que en España siguen "esperando" a que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "haga algo".

Es más, ha criticado que el Ejecutivo se dedique a "insultar" al Partido Popular acusándole de "generar alarma" por reclamar una ley de pandemias. El Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para modificar la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública.

Según ha explicado, esa ley de 1986 cuando se aprobó estaba prevista para una crisis epidemiológica "en un hotel, un barrio, en una casa o en un pueblo", justo cuando "la gran epidemia en ese momento era el SIDA, que se transmitía por contacto físico y no por aerosoles", sin que entonces "se pudiera prever una situación de esta naturaleza".

"HAN GENERADO UNA GRAN CRISIS JURÍDICA"

Por eso, ha defendido la necesidad de que España también adapte su ordenamiento jurídico como han realizado países de su entorno."A mi el ministro de Justicia en petit comité, evidentemente porque es juez como yo, me ha reconocido que el mimbre jurídico que tenemos es absolutamente defectuoso", ha enfatizado.

De hecho, el secretario de Justicia e Interior del PP ha aludido a que esta misma semana Campo se abrió a cambios legales para afrontar la pandemia, pero luego el presidente del Gobierno "le ha llamado la atención".

A su entender, es "vergonzoso" lo que está pasando porque esa regulación la han solicitado el Consejo de Estado, los tribunales de Justicia e incluso Europa se ha "interesado" por los pasos que está dando el Ejecutivo. "Es que no dan una, éste es un Gobierno inasequible a la gestión y al acierto", ha resaltado.

Enrique López ha criticado que el presidente del Gobierno no atienda a la propuesta de ley de pandemias del PP por "soberbia" y "arrogancia". "Viven instalados en la pereza legislativa y echan la culpa siempre a los demás", ha aseverado, para afirmar que el Gobierno ha generado "una gran crisis jurídica".

Además, ha indicado que el Ejecutivo ha creado "un atajo" para que el Supremo genere doctrina pero ahora "están prohibiendo a las comunidades que recurran" al alto tribunal porque, según ha dicho, el Supremo "de forma oficiosa" ya les ha dicho que no va a poder determinar la aptitud de esas medidas, algo que provocaría "tener que sentarse al día siguiente con el PP y pactar una ley de pandemias".

López ha realizado estas manifestaciones en un podcast del PP sobre la alternativa jurídica que propone el PP ante el fin del estado de alarma que ha sido moderado por el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. También han participado la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, y la secretaria general del Grupo Popular en el Senado, Salomé Pradas.

Cuatro grupos, 200 policías nacionales, llegarán de fuera de Madrid en las próximas horas para el operativo especial de 1.100 agentes nacionales de varias unidades, entre ellas la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) o la de Caballería, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

La delegada, Mercedes González, se reunió este jueves por la tarde con la concejala de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, y mandos de la Policía Nacional y Municipal de Madrid para concretar dicho dispositivo, continuación del encuentro mantenido en el Ayuntamiento con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, el martes.

El despliegue de Policía Nacional comenzó anoche e irá 'in crescendo' hoy y sobre todo mañana, Día de San Isidro. "Pondremos todo de nuestra parte pero los madrileños tienen que poner de su parte también, a través de la responsabilidad y la prudencia. Quiero hacer un llamamiento a ellos, porque estamos casi rozando el final del túnel y no podemos dar pasos atrás. No se pueden producir pasos atrás cuando estamos tocando con los dedos la normalidad gracias a vacunación", indicó González.

Los agentes estarán muy presentes en la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, Usera, Pradolongo, el centro de la capital, en la plaza de toros de Vistalegre --ya que hay programada una corrida en la que se esperan 6.000 asistentes-- o en el entorno de Ifema, donde previsiblemente se celebrarán diferentes actividades artísticas y culturales con aforo limitado.

"Vamos a estar aquí siempre que nos necesiten para que no se puedan volver a producir esas imágenes del otro día. Se va a permitir que la gente celebre y festeje San Isidro. El límite es la salud", apostilló la delegada que apuntó que aunque la movilidad y perseguir los botellones es competencia de la Policía Municipal y no suya, harán ese "esfuerzo de corresponsabilidad" ahora que pueden. Y es que, ha indicado que las tasas de delincuencia todavía son bajas respecto a época prepandémica pero creen que se irá poco a poco recuperando.

DESPLIEGUE OPERATIVO "SIN PRECEDENTES"

Por su parte, el dispositivo de Policía Municipal se sumará al que se puso en marcha el fin de semana pasado por el Puente de Mayo, llegando a sumar otros 180 agentes municipales más cada día de refuerzo a los 200 ya movilizados diariamente. Es decir, en total serán hasta 380 agentes municipales cada día, lo que suman 1.140 policías municipales de refuerzo durante todo el fin de semana.

Además, el dispositivo se completará con otros recursos de la Policía Municipal como son los drones de la Sección de Apoyo Aéreo, la Unidad de Escuadrón de Caballería, la Sección Canina y la Unidad Central de Seguridad, según datos facilitados hoy por el Cuerpo Local.

El dispositivo arranca hoy viernes a las 20 horas y se prolongará durante todo el fin de semana en la Pradera (Parque de San Isidro) y en Las Vistillas (durante todo el día), reforzando además las tardes-noches del viernes y del sábado en las zonas de la ciudad donde se suelen producir concentraciones para consumir alcohol en vía pública.

En el recinto ferial instalado en Ifema la Sección de Evaluación e Inspección de Servicios (SIES) realizará las inspecciones necesarias a las instalaciones y atracciones, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a espectáculos públicos, seguridad y evacuación del recinto.

La Comisaría Principal de la Zona Oeste será la encargada del operativo, con la participación de las Comisarías Principales de Policía Judicial y Seguridad, y de Seguridad Corporativa.

"Este esfuerzo operativo no tiene precedentes y que, por tanto, los madrileños han de tener la seguridad de que se van a poner todos los medios para que no se produzcan incidentes. No podemos garantizarlos sin contar con la responsabilidad de los madrileños. Es un despliegue operativo sin precedentes pero Madrid tiene más de 9.000 calles y cientos de parques", agregó el primer edil.

Para Almeida lo más urgente es acabar con las aglomeraciones, más aún cuando estamos en puertas de "unas fiestas tradicionales y tan arraigadas" por los madrileños. Por eso, alabó la "coordinación" entre Policía Municipal y Nacional pero recordó a los madrileños que sigue habiendo contagios, hospitalizaciones y muertos por Covid todos los días. "Que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia", remarcó.

MANIFESTACIONES

Los agentes nacionales y municipales no solo vigilarán las aglomeraciones y botellones ante el primer fin de semana completo sin toque de queda ni estado de alarma y por los eventos programados por las fiestas de San Isidro, también controlarán las manifestaciones previstas para este fin de semana.

En total, según datos facilitados por Delegación del Gobierno, son 23 manifestaciones, concentraciones o eventos los comunicados.

Entre los más importantes, las protestas en apoyo a Palestina, que discurrirá a mediodía de Atocha a Sol; contra la vulneración de los Derechos Humanos en Colombia, desde las 17 horas entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de España; y la concentración por el décimo aniversario del 15M en la Puerta del Sol también mañana entre las 18.30 y las 22 horas, cuyos convocantes han previsto la asistencia de solo 350 personas.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha dejado sin efecto la orden por la que se confinaba el municipio granadino de Montefrío por la alta incidencia de la Covid-19 en el mismo, al no haber sido ratificada esta medida, por segunda vez en una semana, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De esta manera, el departamento que dirige Jesús Aguirre en el Gobierno andaluz ha dictado una orden este mismo viernes, 14 de mayo, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que deja sin efecto la del 12 de mayo por la que se confinaba el citado municipio de la provincia de Granada "por razones de salud pública para la contención de la Covid-19, porno haber sido ratificada judicialmente".

La Junta recuerda que la orden que ahora queda sin efecto estableció la medida de salud pública consistente en el confinamiento de Montefrío desde el día 13 hasta el 19 de mayo, ambos inclusive, "conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada, reunido el día 12 de mayo de 2021, por razones de salud pública para la contención de la Covid-19".

Al haber decaído el estado de alarma decretado por el Gobierno central ante la pandemia, y "de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía", se dio traslado de esta medida "al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial de la medida adoptada en la referida orden".

Y es que, según recuerda la Junta, el artículo 10.8 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "dispone que las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

Este mismo viernes, 14 de mayo, se ha notificado el auto número 269/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Granada, por el que la Sala en Pleno acuerda no ratificar dicha orden para el confinamiento de Montefrío, por lo que procede dejarla "sin efecto", según entiende la Junta.

LA TSJA VUELVE A NO RESPALDAR EL CONFINAMIENTO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA no ha respaldado esta orden, como ya hizo el pasado martes con el primer confinamiento que había decretado la Junta sobre este municipio granadino en un escenario sin estado de alarma, advirtiendo de que la Ley de Salud Pública no ampara restricciones de derechos fundamentales a gran escala como esta, algo que "solo tiene cobertura con la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio".

Paralelamente, la Junta ha presentado este viernes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de la citada sala del TSJA que no avaló el primer confinamiento de Montefrío que había decidido la administración autonómica por tener una tasa de incidencia de más de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La Junta defiende en el recurso que se trata de una medida "proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente".

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio ha vuelto a pedir a sus vecinos que mantengan el confinamiento voluntario para lograr bajar la tasa de contagio, a pesar de que el TSJA no haya ratificado la orden de la Consejería por la que se confina la localidad, y ha lamentado el "caos total" que está produciendo la disparidad de criterios del tribunal, ya que el mismo --también su Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero con sede en Sevilla-- sí ha avalado esta semana otros confinamientos perimetrales decretados por la Junta también por alta incidencia de casos de coronavirus, como ha hecho este mismo viernes con el de La Campana (Sevilla).

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 292 nuevos casos por infección de coronavirus, 34 casos menos que este jueves.

Por provincias, Toledo ha registrado 167 casos, Ciudad Real 53, Guadalajara 41, Albacete 25 y Cuenca 6. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 189.309.

Por provincias, Toledo registra 69.340 casos, Ciudad Real 46.226, Albacete 28.721, Guadalajara 25.718 y Cuenca 19.304.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 282, 22 menos que este jueves. Por provincias, Toledo tiene 182 de estos pacientes (152 en el Hospital de Toledo y 30 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 44 (12 en el Hospital de Puertollano, 9 en el Hospital Mancha Centro, 8 en el Hospital de Ciudad Real, 8 en el Hospital de Valdepeñas, 4 en el Hospital de Manzanares y 3 en el Hospital de Tomelloso), Guadalajara 32 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 17 (13 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Hellín, 1 en el Hospital de Almansa y 1 en el Hospital de Villarrobledo) y Cuenca 7 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 76. Por provincias, Toledo tiene 33 de estos pacientes, Ciudad Real 22, Guadalajara 16, Albacete 3 y Cuenca 2.

En las últimas 24 horas se han registrado 3 fallecimientos por COVID-19, todos en la provincia de Toledo. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 5.988.

Por provincias, Toledo registra 2.225 fallecidos, Ciudad Real 1.715, Albacete 885, Guadalajara 623 y Cuenca 540.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Siete centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes.

De los siete centros, cinco están en la provincia de Toledo, uno en Cuenca y uno en Guadalajara. Los residentes con caso confirmado son 13.Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.042.

La Guardia Civil ha detenido al responsable de una tienda de animales de Burgos y a otra persona en Almería por la presunta falsificación de cartillas de vacunación y venta ilegal de medicamentos, según ha informado el Instituto Armado.

Otras tres personas, una de ellas en Valladolid, se encuentran también investigadas en una operación que se inició el pasado mes de diciembre cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con base en Vigo (Pontevedra) detectó una serie de irregularidades en los documentos que amparaba la recepción de dos perros en una tienda de animales de esta ciudad.

En el momento en el que la patrulla inspeccionaba la tienda, llegaron dos cachorros de perro a través de una empresa de paquetería y al comprobar las cartillas de vacunación de los animales se detectó una serie de anomalías, entre ellas los datos de la vacuna y del propio veterinario.

Al examinar la documentación de otros envíos anteriores que había recibido del mismo remitente, que resultó ser un establecimiento comercial con domicilio social en Burgos, se pudo constatar que los números de colegiados que figuraban en las cartillas de vacunación se correspondían con veterinarios que ya habían fallecido o ya no residían en Burgos.

La primera fase de la investigación concluyó con la detención del responsable de este establecimiento en Burgos como presunto autor de los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsificación de documentos.

REGISTRO

En el registro que se efectuó en su local se incautaron varias cartillas de vacunación, algunas en blanco y otras con datos falsos. Se intervino también algo más de 400 inyectables de distintos medicamentos para los que se necesita receta veterinaria, agujas, jeringuillas, e instrumental clínico.

Dentro del mismo orden de actuaciones, se le atribuyó también un presunto delito contra la salud pública, habida cuenta de que la actividad ilícita de esta persona en relación con los animales, supuestamente, se extendía también a la venta de medicamentos para consumo humano como viagra.

La operación concluyó con la detención, como colaborador necesario, del responsable de una empresa farmacéutica en Almería que supuestamente le suministraba los medicamentos, sin receta veterinaria, al establecimiento de Burgos.

También se procedió a la investigación del gerente de una empresa distribuidora de Valladolid a la que se le atribuye la venta de un importante lote de medicamentos.

En este caso, se pudo comprobar que los dos facultativos, que también fueron investigados por estafa y falsedad documental, firmaban las recetas con posterioridad, después de haber sido dispensados los medicamentos, sin tener contacto con los clientes ni haber examinado a los animales.

Junto con la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Vigo (Pontevedra), colaboraron efectivos del Seprona de Burgos y de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de Valladolid y Almería. Las diligencias instruidas se entregaron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos.

La que fuera ministra de Sanidad y Fomento, y actual vicepresidenta segunda del Congreso de Diputados, Ana Pastor, ha reclamado este viernes una ley de pandemias en España y ha criticado la "inacción" del Gobierno nacional.

Así lo expuso este viernes durante una visita a Arrecife (Lanzarote), donde explicó que esta ley es "esencial" no solo por lo que ha pasado, sino por lo que puede pasar en el futuro. "La respuesta al virus no puede ser política, tiene que ser técnica", matizó.

"Es inadmisible --aseveró la popular-- la inacción del Gobierno y que España no disponga de una ley que ya existe en otros países europeos".

Pastor ha solicitado además al Gobierno de Sánchez que ponga en marcha de manera urgente el certificado COVID, el certificado verde, fundamental para que las islas puedan recuperar el turismo, estableciendo corredores seguros, insistiendo en la importancia de establecer ayudas directas y específicas para este sector tan dañado por la pandemia.

Por otro lado, Pastor visitó el Ayuntamiento de Arrecife junto a la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, y ambas fueron recibidas por la alcaldesa, Ástrid Pérez, y los portavoces de los distintos grupos políticos del gobierno.

La diputada nacional valoró de forma positiva este tipo de visitas en cuanto que le permiten pulsar la situación y conocer de primera mano cuales son las necesidades y las propuestas que el PP puede hacer. "Es nuestra obligación como políticos", dijo.

Por su parte, la alcaldesa y presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, agradeció a Ana Pastor su disposición con Arrecife y con Lanzarote, destacando la sensibilidad que siempre ha mostrado con la isla en todas sus visitas y en sus responsabilidades públicas.

Tras su visita al Consistorio, Pastor, Navarro y Pérez se desplazaron a la zona comercial abierta de la Calle Real donde constataron la preocupación y la desesperanza que sienten muchos autónomos y pequeñas empresas ante esta crisis y los efectos catastróficos que ha provocado en la economía insular el parón turístico; de ahí que "lo prioritario es que lleguen las ayudas", ha señalado Navarro, "porque de momento el gobierno solo ha entregado 15 millones de euros de los 84 previstos en la primera convocatoria.

Dos políticos municipales, un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia, se encuentran entre los 14 arrestados en la operación Azud por presuntamente cobrar mordidas para favorecer adjudicaciones urbanísticas, según han confirmado fuentes conocedoras del caso. Otro de los detenidos en la operación es el empresario Federico Ferrando, hermano del expresidente de la antigua patronal Cierval, Rafael Ferrando.

En esta segunda parte de la operación figura como investigado el exresponsable de Finanzas del PSPV José Cataluña, como supuesto "facilitador" de contactos al constructor detenido Jaime Febrer, que está considerado como parte central de la trama, según la información avanzada por Levante-EMV. La UCO registró este jueves el domicilio de Catalunya.

En total, en la segunda fase de la operación Azud, que se instruye en el Juzgado número 13 de Valencia junto a Fiscalía Anticorrupción, se ha detenido a 14 personas por presunta corrupción urbanística.

La operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se desplegó ayer por varios puntos de la geografía española --Valencia, Alicante, Madrid, Tomelloso e Ibiza--, donde se practicaron diferentes registros para intervenir documentación. Hoy continúan los registros en diferentes sedes y domicilios.

Uno de los primeros detenidos a primera hora de la mañana fue el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, a quien la delegada del Gobierno, Gloria Calero, cesó de manera fulminante tras conocerse su detención en su domicilio. El PSPV también le suspendió de militancia.

Así mismo, los agentes detuvieron a Alfonso Grau (PP), mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Junto a ellos, otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado ayer en Ibiza.

Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia. Se investiga si Grau pudo cobrar alrededor de un millón de euros en mordidas y Rubio otros 300.000 euros. También hubo cuantiosos regalos por parte de empresarios a cargos públicos.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado.

La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 90 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo cual supone un repunte frente a los 66 notificados la jornada anterior.

En esta jornada no se han comunicado fallecimientos por el coronavirus, que mantiene la cifra total de víctimas desde el inicio de la pandemia en 1.761.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 45 personas, cinco menos que el jueves, 12 de ellas en UCI, una más, y se han dado 112 altas en un día, lo que eleva la cifra total desde el comienzo de la pandemia hasta las 73.309.

En esta última jornada se ha producido un descenso de la incidencia acumulada a los 14 días, si bien se incrementa a los siete. En concreto, están en 84,85 y 40,37, respectivamente, frente a los 85,60 y 38,31 del jueves.

Además, se notifican cinco brotes, en Los Santos de Maimona, con 8 casos y 7 contactos; Badajoz, con 4 casos y 16 contactos; en Hornachos, con 6 casos y 17 contactos; en Trujillanos, con 11 casos y 40 contactos; y en Jaraíz de la Vera, con 7 casos y 35 contactos.

Al mismo tiempo, se cierran otros nueve, tres de ellos en Cáceres, uno en Don Benito; Garbayuela; Sierra de Fuente-Albalá; Cañaveral; Arroyo de la Luz; y Torrecillas de la Tiesa.

ÁREAS DE SALUD

En cuanto al reparto por áreas de salud, la de Badajoz notifica 18 casos positivos. Tiene cuatro pacientes hospitalizados, un de ellos en la UCI. Registra 310 fallecidos y ha dado 20.617 altas; mientras que Cáceres registra nueve casos positivos. Tiene 10 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 470 fallecidos y ha dado 13.057 altas.

Por su parte, el área de Mérida registra 26 casos confirmados. Tiene 14 pacientes hospitalizados por COVID-19, dos de ellos en UCI. Acumula 236 fallecidos y ha dado 13.111 altas, y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica cuatro positivos. Hay dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 237 víctimas mortales y ha dado 9.618 altas.

A su vez, Plasencia registra ocho casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. Ha registrado un total de 198 fallecidos y ha dado 5.648 altas; y Navalmoral de la Mata notifica 10 casos positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19 y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.437 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra 15 casos positivos. Tiene seis pacientes ingresados. Ha registrado un total de 121 fallecidos y ha dado 5.586 altas; y Coria no registra casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado por COVID-19. Registra un total de 81 personas fallecidas y se han dado 2.235 altas.

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta en la actualidad con 36 aulas en enseñanza telemática por la Covid-19, frente a las 44 de este pasado jueves.

En esta misma situación se mantiene el CEIP Santiago Apóstol de Marchagaz (sólo tiene 2 aulas).

En concreto, en las últimas horas, las autoridades sanitarias han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de siete aulas de seis centros educativos de la región. Es debido a casos de Covid-19 confirmados entre su alumnado.

Estas clases están en el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Hornachos (2); en el CEIP San Miguel Arcángel de Plasencia (1); en el CEIP Santa Ana de Villanueva de la Vera (1); en el CEIP Arias Montano de Badajoz (1); en el Colegio La Asunción -Josefinas- de Cáceres (1); y en la Escuela Infantil Los Bolindres de Jaraíz de la Vera (1).

Ahora, mientras duren sus cuarentenas, seguirán el proceso de formación a distancia, desde casa, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Mientras, el próximo lunes, 17 de mayo, retomarán ya las clases presenciales 15 grupos, de 13 centros educativos de la región.

Estas aulas se localizan en Badajoz, en el Colegio El Tomillar (1) y en el CEIP Cerro de Reyes (1); en Jaraíz de la Vera, en el CEIP Ejido (1) y en el IES Maestro Gonzalo Korreas (1); en Mérida, en el IES Albarregas (1) y en el CEIP Dion Casio (1); así como en el IES Los Moriscos de Hornachos (1); en el CEIP Nuestra Señora del Socorro de Palomas (1); en el CEIP Conquistador Loaysa de Jarandilla de la Vera (3); en el CEIP Virgen del Carmen de Mohedas de Granadilla (1); en el CEIP Alfonso VIII de Plasencia (1); en el CEIP Santa Bárbara de Guijo de Santa Bárbara (1); y en el CEIP El Vetón de Majadas de Tiétar (1).

Además, el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional del IES Turgalium de Trujillo podrá ya el próximo lunes retomar sus clases presenciales con normalidad. Cabe recordar que esta semana, debido a las cuarentenas que han debido efectuar 19 docentes del centro, la Consejería de Educación y Empleo ha pasado al modelo 3, de formación telemática, al alumnado de estas etapas, por razonas organizativas.

La Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid ha realizado un análisis de las resoluciones adoptadas hasta el momento por diferentes tribunales superiores de justicia sobre restricciones acordadas por las comunidades autónomas frente al covid 19 una vez se ha levantado el estado de alarma. Los expertos concluyen que existen dudas sobre la capacidad de estos órganos para limitar derechos fundamentales.

"Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado", según concluyó uno de los primeros tribunales superiores en pronunciarse, el del País Vasco, en su resolución del pasado 7 de mayo.

Este órgano es uno de los doce TSJ que hasta el momento han tomado su decisión en una semana marcada por la polémica, ya que son muchos los juristas y expertos que han manifestado su disconformidad sobre la potestad de las Comunidades Autónomas para tomar decisiones que afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Así quedó patente durante la jornada de debate sobre las claves del nuevo marco jurídico para combatir la pandemia del Covid-19 organizada por el ICAM el en colaboración con la Asociación de Comunicadores en Informadores Jurídicos (ACIJUR), cuyo análisis el Colegio ha hecho público este viernes.

"Lo que las Comunidades Autónomas no pueden hacer es tomar decisiones sobre medidas que afecten a los derechos fundamentales de las personas como la libre circulación territorial, el confinamiento domiciliario, o la limitación del aforo máximo en el interior de los hogares. Esto solo se podría restringir con medidas más extensas como los estados excepcionales de Alarma o Excepción", según expresó el presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, Alberto Dorrego.

RESUMEN DE DECISIONES

En su documento, el Colegio de Madrid detalla qué comunidades abogan por seguir adelante en el plan de restricciones de ocio y espectáculos, como el horario de apertura y cierre de los establecimientos y el aforo máximo en las mesas y a la movilidad, y cuáles han decidido poner fin a estas limitaciones tras el estado de alarma.

Así, el TSJ del País Vasco decidió no avalar las restricciones. Según dispone en un auto publicado el pasado 7 de mayo, el ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas que supongan una privación para la ciudadanía de sus derechos fundamentales.

Por su parte, el TSJ de Cataluña restringe a seis las personas que pueden estar juntas en encuentros y reuniones familiares. A su vez limita a la mitad el aforo máximo para celebraciones religiosas y ceremonias civiles; mientras que el TJJ de Valencia ha autorizado hasta el 24 de mayo medidas restrictivas en la circulación de personas y en la permanencia de grupos en espacios públicos y privados.

En cuanto al TSJ d ella Comunidad de Madrid, el alto tribunal de justicia madrileño restringe hasta el 17 de mayo la movilidad de varios núcleos de población correspondientes a diferentes zonas básicas de salud como consecuencia de la evolución epidemiológica. Limita además a un máximo de 15 personas la estancia al aire libre, siendo 10 si se encuentran en espacios cerrados. Fija además a las 23:00 la hora de cierre en hostelería y restauración.

También se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que autoriza hasta el 23 de mayo el toque de queda entre las 23:00 horas y las 6:00 horas. Impone además limitaciones de entrada al territorio con la obligación de control sanitario. Además reduce a 6 el máximo personas para reuniones familiares y de ocio.

RECURSO AL SUPREMO

El alto tribunal de Canarias ha denegado restringir la entrada y salida a las Islas y la restricción de circulación de las personas en horario nocturno. Sin embargo autoriza limitar el número máximo de no convivientes en encuentros familiares y sociales. De momento, este órgano es el único que ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que espera responder la próxima semana, tras haber dado plazo a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.

Por otro lado, e Tribunal de Justicia de Navarra limita hasta las 22:00 horas el horario de cierre para hostelería y restauración y restringe a 6 el número de personas que pueden reunirse. No autoriza la limitación de circulación en horario nocturno.

También se ha pronunciado sobre restricciones el TSJ de Castilla La Mancha, que impone la obligación de adoptar medidas de protección en centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y servicios sociales. Limita a su vez a un máximo de 10 las personas que pueden practicar actividades físicas al aire libre.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha decidido limitar las reuniones de no convivientes tanto en espacios públicos como privados, a un máximo de 10 personas. Reduce además el aforo en velatorios a un 50 por ciento e impone hasta la 1:00 el horario de cierre para la hostelería y la restauración.

En Andalucía, el alto tribunal andaluz ha emitido hasta el momento tres autos diferentes y contradictorios en relación a confinamientos en Montefrío (Granada)-no autoriza el confinamiento del municipio-, Castro del Río (Córdoba) - autoriza el confinamiento del municipio hasta el 15 de mayo-, y Bornos y Villamartín (Cádiz) en donde autoriza el confinamiento hasta el 15 de mayo.

Por su parte, el alto tribunal gallego autoriza las medias restrictivas en determinadas zonas limitando la entrada y salida al territorio. Restringe a un máximo de 4 las personas que pueden estar en espacios cerrados y de 6 en espacios al aire libre, e impone el toque de queda a partir de las 23:00 horas.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ratifica las medidas restrictivas planteadas por la Comunidad, hasta el 16 de mayo. Entre ellas se encuentran la limitación de reuniones a un máximo de 6 personas. En espacios abiertos no hay limitación siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad.

Canarias ha registrado 118 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en las islas se eleva a 54.414 en el archipiélago, al tiempo que el número de fallecidos alcanza los 757 óbitos tras sumar una muerte en Gran Canaria, según los datos que la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico avanza diariamente pasadas las 14.00 horas.

El fallecido en la isla de Gran Canaria es un bebé de 4 meses, que según ha especificado la Consejería tenía una patología previa severa. La muerte de este bebé eleva a dos los fallecimientos de menores que se han producido en Canarias durante la pandemia a causa del virus, después de que esta misma semana se registrara el óbito de un menor de 6 años en Tenerife, también con patologías previas de gravedad.

Así del total de casos, 2.497 se encuentran activos (-63), de los cuales 62 están ingresados en UCI (-2), 235 están hospitalizados (-5) y 2.200 están en su domicilio (-56). Además, 51.160 personas ya han superado la enfermedad en las islas tras recibir el alta 180 en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias está en los 39,57 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días desciende a los 83,5 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 1.090.256 pruebas PCR en las islas, de las que 57.829 han dado positivo, lo que representa el 5,3 por ciento del total.

Por islas, Tenerife suma 61 nuevos contagios con un total de 23.681 casos acumulados, de los que 1.613 están activos epidemiológicamente (-28), 420 han fallecido y 21.648 han superado la enfermedad; mientras Gran Canaria cuenta con 22.133 casos acumulados (+32), de los que 643 están activos (-45), 265 han perecido (+1) y 21.225 recibieron el alta.

Lanzarote, por su parte, acumula 5.175 (+19), de los que 200 son activos epidemiológicamente (+4), 48 han muerto y 4.927 recibieron el alta; Fuerteventura tiene 2.280 casos acumulados (+2), de los que 18 están activos (+3), 13 fallecieron y 2.249 han superado la enfermedad.

La Palma, por su parte, suma un nuevo caso y acumula 541, de los que 11 están activos (+1), seis han muerto y 524 superaron la enfermedad; El Hierro suma dos casos y acumula 370, de los que siete están activos (+1), cuatro perecieron y 359 han recibido el alta.

La Gomera suma un nuevo caso y acumula 232, de los que hay cuatro activos, una persona ha fallecido y 227 superaron el virus.

El Partido Popular sigue con su hoja de ruta de renovación territorial y celebrará este sábado 15 de mayo los congresos provinciales de Jaén y de Vizcaya, que llegan con un único candidato, y que se suman a la casi treintena de cónclaves que se han celebrado en los últimos meses.

En el congreso del PP de Jaén, el parlamentario autonómico y ex alcalde de Guarromán, Erik Domínguez, sustituirá a Juan Diego Requena en la dirección provincial del partido. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tomarán la palabra en la clausura.

Ese sábado 15 de mayo está fijado también el congreso del Partido Popular de Vizcaya, en el que se reelegirá presidenta a Raquel González, quien ha vencido en la fase previa a Luis Eguíluz, exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao. En la clausura participará el vicesecretario de Territorial del partido, Antonio González Terol.

'GÉNOVA' APELA A LA UNIDAD

La dirección nacional del partido apela a la unidad en este proceso de renovación interna y "puesta a punto" de las estructuras territoriales porque el objetivo es ganar más gobiernos en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y ayudar a Pablo Casado en su carrera hacia La Moncloa, según han señalado fuentes de la formación.

Estos dos nuevos congresos se suman a los 28 que se han celebrado en los últimos meses, dentro del proceso de renovación territorial que busca la "puesta a punto" del PP con el objetivo de ganar más gobiernos municipales y autonómicos en las próximas citas electorales, según fuentes de la formación.

En concreto, ya se han realizado los cónclaves de Zaragoza, Huesca, Teruel, Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Mallorca, Ibiza, Menorca, Ciudad Real, Albacete, Valencia, Alicante, Ávila, Valladolid, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Hierro, Lanzarote, Gomera, La Palma, Álava, Guipúzcoa, Castellón, Palma de Mallorca y Valencia (estos dos últimos locales).

Fuentes de la cúpula del PP han indicado que, salvo algunas excepciones como el congreso de Sevilla, la unidad ha sido la tónica dominante en casi todos ellos. De hecho, hablan de un proceso de renovación interno de "guante blanco y ordenado" en el que se acaba integrando "a todas las sensibilidades".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que presentó el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la Resolución 19/2017 del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, por la que se ordenaba aspectos del ejercicio profesional de estos profesionales en el ámbito de los cuidados corpo-estéticos y de la prevención del envejecimiento para la salud.

De este modo el TS establece que en el ámbito de la Medicina estética corresponde a la profesión médica y no a la de enfermeros la planificación y aplicación de tratamientos e intervenciones y, en consecuencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería no puede ordenar determinados aspectos del ejercicio profesional del enfermero en el ámbito de los cuidados corpo-estéticos y de la prevención del envejecimiento para la salud.

La sentencia analiza la regulación de las profesiones sanitarias por la que se distinguen las funciones que realizan el personal médico y el de enfermería. El tribunal explica que estas funciones no son las mismas, ni siquiera homologables pero que ambas resultan esenciales por su complementariedad, para la protección de la salud de los pacientes, "pues coadyuvan, desde su distinta formación y su diferente función, para alcanzar dicha finalidad".

El tribunal argumenta que las funciones reconocidas a los Colegios Profesionales no apoderan al Consejo General de enfermeros para regular, en los términos en los que se hace en la resolución recurrida en la instancia, "las funciones de los profesionales de enfermería, desvinculadas de la actividad asistencial del médico, y de la coordinación médica cuando resulte precisa".

Para la Sala, si existe o no la especialidad de medicina estética, es una cuestión tangencial a las que suscitaron el interés casacional porque incluso la sentencia del TSJ no afirma que exista esa especialidad, al contrario, señala que "aunque no es una especialidad" (fundamento de derecho octavo), ello no significa que el Consejo General recurrente pueda tener competencia para ordenar dicha regulación del modo en que lo hace en la resolución impugnada en la instancia" .

Por ello la Sala estima que una eventual ausencia de específica regulación, legal y reglamentaria, según el caso, en la prestación de servicios sanitarios relativos a la estética y prevención del envejecimiento en modo alguno puede comportar "la habilitación del Consejo General recurrente para ordenar y regular la delimitación de funciones profesionales entre el personal médico y el de enfermería. Pues siguen siendo de aplicación las normas generales señaladas sobre los contornos en los que debe desenvolverse cada una de las profesiones sanitarias".

La sentencia concluye que a tenor del contenido de la Resolución 19/2017 del Consejo General de los enfermeros, las funciones que se atribuyen a estos profesionales no resultan conformes a Derecho y que el Consejo General Recurrente no puede ordenar, en los términos en que se hace en la citada Resolución, el ejercicio profesional del enfermero en el ámbito de los cuidados corpo-estéticos y de la prevención del envejecimiento, que afectan esencialmente a la salud.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado, a través del CDTI, la nueva convocatoria 2021 del Programa NEOTEC, con un presupuesto de 36,5 millones de euros en subvenciones para empresas de base tecnológica.

En concreto, esta convocatoria, que cuenta con 11,5 millones más que en 2020, financia proyectos empresariales de pequeñas empresas innovadoras (empresas de base tecnológica, EBTs) que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio esté basada en el desarrollo de tecnología propia y en el dominio intensivo del conocimiento científico y tecnológico.

Esta nueva convocatoria cuenta con el refuerzo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, lo cual permite un mayor presupuesto disponible en relación al de la convocatoria anterior y más capacidad para poder apoyar un número mayor de proyectos, primando aquellos proyectos-empresas cuya propuesta incluya la contratación de doctores para mejorar sus capacidades de absorción y generación de conocimiento, como subraya Ciencia.

El objetivo del programa NEOTEC es fomentar la tecnología y la innovación como factores competitivos para el desarrollo de las empresas. Las ayudas de esta convocatoria financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

El Ministerio precisa que no serán elegibles para recibir ayudas los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. Tampoco podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología ni aquellas que, directa o indirectamente, ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente.

Las subvenciones concedidas en esta convocatoria se financiarán con cargo a los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Las ayudas podrán financiar hasta el 70% del plan de empresa presentado, de uno o dos años de duración (solo 2022 o 2022 y 2023), con un presupuesto mínimo de 150.000 euros y un límite de 250.000 euros por beneficiario. Los proyectos que contraten doctores en los términos previstos por la convocatoria recibirán hasta el 85% de financiación de su plan de empresa, con un límite de 325.000 euros.

Las compañías beneficiarias de las ayudas serán pequeñas empresas con menos de tres años de vida, con un capital social mínimo de 20.000 euros y no podrán haber distribuido beneficios ni estar cotizadas.

Estas ayudas podrán ser compatibles con la percepción de otras ayudas que procedan de otras Administraciones, entes públicos o privados, nacionales, internacionales o de la Unión Europea, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre.

Esta nueva convocatoria prevé financiar más de 110 proyectos de pequeñas empresas, de cualquier ámbito tecnológico y sectorial. En las convocatorias de 2015 a 2020, se aprobaron 575 proyectos NEOTEC cuyo presupuesto total asciende a 233 millones de euros. El CDTI ha aportado 124 millones de euros de ayudas públicas para el desarrollo de estos proyectos.

El plazo para la presentación de solicitudes concluirá el 8 de julio de 2021 a las doce horas del mediodía, hora peninsular. En cualquiera de los casos, la fecha definitiva de apertura de la convocatoria será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes para la obtención de estas ayudas se realizarán a través de la sede electrónica del CDTI.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha mostrado su preocupación ante la falta de medidas que flexibilicen las pruebas de oposición para aquellos aspirantes que estén confinados y/o sean positivos en coronavirus.

A través de una nota de prensa, Comisiones Obreras ha señalado que el Gobierno de Aragón convocó a las organizaciones sindicales para una reunión informativa en la que se adelantaron sus propuestas de medidas, antes de la validación de las mismas por parte tanto del Servicio de Prevención de la Administración General y Educación, como de Salud pública. "Como en toda planificación relativa a la COVID-19 a lo largo del curso, siguen escudándose en el visado de Salud Pública", ha criticado el sindicato.

La máxima de la Administración autonómica con respecto a las oposiciones de 2021 es la seguridad jurídica y, por ello, no se contempla la repetición de la primera prueba. Una repetición en base, por ejemplo, a una declaración jurada, ya que podría dar pie a impugnaciones que podrían ser admitidas a trámite.

CCOO ha aclarado que en la comunidad aragonesa, no se otorgan justificantes por ser positivo en coronavirus o estar en cuarentena domiciliaria, y que hay opositores que viajan de otros territorios, con distintos protocolos y justificación en cuanto a la pandemia.

Aunque una persona positiva en COVID-19 debe permanecer confinada en su domicilio, CCOO Aragón ha argumentado que las medidas propuestas por el Gobierno aragonés para la realización de este proceso de concurso-oposición no podrán evitar el hecho de estas personas contagiadas se presenten a las pruebas, incluyendo en estas a todas las que desconocen su estado de salud al no presentar síntomas.

Además, se da la circunstancia de que, a día de hoy, el grueso de los docentes está vacunado únicamente con la primera dosis de AstraZeneca y se sigue sin noticias acerca de la segunda dosis.

De este modo, la formación sindical ha advertido de que se corre el riesgo de llegar a las oposiciones en un estado "precario" de vacunación, pese a que la Administración tiene la previsión de que una gran parte de los opositores estarán vacunados por completo o con una dosis, y que el contagio de la enfermedad es fácilmente evitable haciendo uso de las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla, entre otros

CCOO ha propuesto que la entrega de la programación fuera por medios informáticos para minimizar desplazamientos y traspaso de materiales pero la el Departamento no ha habilitado el sistema informático PADDOC. El sindicato ha defendido que esta medida, junto con la repetición de pruebas para personas confinadas, reduciría la exposición de aspirantes y tribunales al virus.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto jugar los próximos días 18 y 19, a V.C.L., acusada de un delito de atentado de asesinato, con la circunstancia agravante de parentesco, por el que el Fiscal pide una pena de 12 años de prisión, cometido contra C.E.G.P., a quien asestó varias puñaladas y con quien había mantenido una relación sentimental análoga al matrimonio.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la casa que ambos habían compartido desde diciembre de 2016 a febrero de 2018, cuando cesó la convivencia y la relación sentimental, fruto de la cual nació un hijo común, que había quedado en custodia de la acusada. En el domicilio mencionado se quedó viviendo la mujer.

Tras una demanda presentada por el hombre el 8 de febrero de 2018 sobre guardia y custodia contra la acusada, que fue admitida a trámite, el hombre visitó al menor, sobre las 20.30 horas del 6 de abril de 2018 como había ocurrido en anteriores ocasiones.

De inmediato comenzó una fuerte discusión entre la expareja a causa de la demanda interpuesta por el denunciante, diciéndole ésta que no vería más a su hijo hasta que hubiese resolución judicial.

En un momento determinado, la acusada pidió al denunciante que cambiara el pañal de su hijo, procediendo de inmediato a efectuar dicho cambio, sentándose en la parte corta del sofá tipo Chaise Longue azul oscuro de espaldas a la puerta de la cocina situada a dosmetros de distancia.

Aprovechando dicha circunstancia, la acusada se dirigió al interior de la cocina, cogiendo un cuchillo de 17 centímetros de hoja y 28,05 centímetros de longitud, y dirigiéndose al lugar donde se encontraba su expareja, "con ánimo de acabar con su vida, y, sorpresivamente, sin posibilidad de defensa alguna por parte del denunciante que se encontraba de espaldas a su atacante, acometió violentamente con el cuchillo en la mano" propinando una fuerte puñalada por la espalda a C.E.G.P.

Acto seguido y tras producirse ese primer apuñalamiento, el denunciante, con merma de su capacidad física, se levantó delsofá, poniéndose de frente a la acusada, quien, con idéntico ánimo homicida, propinó una segunda puñalada dirigida a la zona del pecho que el denunciante logró desviar impactando en la cara anterior del tercio superior del brazo izquierdo.

Tras esta segunda puñalada, se inició un forcejeo en el que el denunciante trató en todo momento de arrebatar, sin éxito, elcuchillo a la acusada, cayendo ambos al suelo. En el curso de este forcejeo la acusada profirió una tercera puñalada en la cara posterior del antebrazo derecho a la altura del codo derecho.

De igual modo y como consecuencia de coger el filo del cuchillo con su mano derecha, C.E.G.P. sufrió heridas defensivas en zona palmar derecha y sus dedos. De la totalidad de ellas, tardó en sanar un total de 202 días, de los cuales, 12 días fueron de perjuicio grave (hospitalización), 146 días de perjuicio moderado (impeditivos) y 44 días de perjuicio básico (no impeditivos).

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

A estos días de sanidad de las lesiones se añade la pérdida de calidad de vida por las intervenciones quirúrgicas sufridas, quedándole como secuelas la pérdida de movilidad de los tres últimos dedos de su mano derecha, que le impiden hacer pinza con el pulgar, así como puño eficaz valorado en 12 puntos y perjuicio estético moderado por las cicatrices persistentes sanadas con sutura por las puñaladas sufridas y valoradas en 24 puntos.

La acusada tenía íntegras sus capacidades cognitivas y volitivas. La acción llevada a cabo por la acusada fue en presencia del hijo biológico habido en común que permaneció en todo momento presente.

Por auto de fecha 9 de abril de 2018 por el Juzgado de Instrucción número 7 de Ciudad Real se acordó la prisión provisional de la acusada con prohibición de aproximación a menos de 200 metros y comunicación por cualquier medio respecto de la víctima. Un auto posterior de 22 de octubre de 2018 del Juzgado de Instrucción número 5 de Ciudad Real acordó la libertad Provisional de la acusada, manteniéndose la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y de comunicación por cualquier medio con dispositivo de control telemático.

El Ministerio Publico pide también que se prohíba a la acusada aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio directo o indirecto con la víctima durante 18 años, con el pertinente dispositivo de control telemático.

Además, la acusada indemnizará a C.E.G.P. en la cantidad total de 121.350 euros, por los días de hositalización, los días de sanación, las secuelas, el perjuicio estético, el daño moral causado por la pérdida de autonomía para el desempeño de sus actividades cotidianas básicas, y por Incapacidad Permanente para realizar su actividad laboral de conductor de autobús.

La Federación Plataforma Trans ha advertido este viernes de que fusionar una ley específica para el colectivo con un texto LGTBI; como propone el PSOE, supondría un "acto de violencia" contra las personas trans.

La entidad ha enviado una carta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que le pide su apoyo a la Ley Trans Integral y específica. Solo a través de una norma de estas características, explican, se podrán lograr las "demandas históricas de loscolectivos de personas trans y de familias" españolas.

Es, explican, la "herramienta necesaria para conseguir la igualdad de oportunidades para el acceso a derechos básicos y saldar la deuda que la democracia tiene con las personas trans".

Desde las organizaciones que forman esta plataforman recuerdan, además, que el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, de comprometen ha realizar "dos leyes": una Ley Trans y una Ley LGTBI, una medida que consideran apropiada ante la "necesidad de reconocimiento de la identidad a nivel jurídico desde la autodeterminación, incluyendo a las personas no binarias y migrantes".

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

"El acceso a la sanidad y a tratamientos específicos que no sea patologizante, el poder disfrutar de una educación respetuosa con la identidad inclusiva, resolver el continuo desabastecimiento de hormonas, la protección de la infancia y juventud trans, sonalgunas de las demandas que de forma específica el colectivo trans exige resolver mediante una ley integral", recoge la misiva enviada a Montero.

La Federación Plataforma Trans recuerda que, según las evidencias, "las opresiones y violencias que sufre el colectivo trans tienen carácter estructural y son consecuencia de una sociedad construida por y para personas cis, en las que las personas trans no son contempladas ni tan siquiera esperadas".

Es por eso que, en la carta, la organizaciones exigen a Igualdad y a Unidas Podemos que luchen por cumplir con el acuerdo de Gobierno y exijan a su socio de Gobierno el cumplimiento del mismo. Además, le llaman a respetar los compromisos adoptados en el marco de la Mesa Trans del Ministerio de Igualdad y a instar al Gobierno a que apoye el trámite del texto que salió del acuerdo de dicha mesa.

MOVILIZACIONES

Esta entidad, junto con la organización 'Euforia. Familias Trans-Aliadas', han convocado este sábado 15 de mayo una concentración e diferentes puntos de la geografía española, con el objetivo de pedir al PSOE que apoye la Ley Trans que se va a debatir en el Pleno del Congreso de la próxima semana.

Se trata de un texto similar al redactado por Igualdad que han registrado en la Cámara baja, tras un acuerdo con estas dos entidades, ERC, Junts, CUP, Compromís, Más País y Nueva Canarias.