La Guardia Civil ha detenido en Melilla a tres personas dedicadas al tráfico de drogas que lanzaban a la ciudad española del norte de África desde Marruecos a través de la doble valla fronteriza. Dos de ellos son adultos y utilizaban, en primera línea, a un menor de edad para recoger los paquetes con la sustancia estupefaciente a cambio de 100 euros, mientras ellos esperaban en el interior de un vehículo.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Comandancia, los hechos ocurrieron sobre las 16.45 horas del día 6 de abril en las inmediaciones del control fronterizo de Barrio Chino. Con motivo del cierre de los controles fronterizos terrestres, a causa de la alerta sanitaria de la Covid-19, la Guardia Civil había constatado como los narcotraficantes volvían a introducir la droga en Melilla, lanzándola desde territorio marroquí por lo alto del vallado fronterizo.

El ‘modus operandi’ de este grupo organizado era el de usar a un menor de edad en primera línea para recepcionar y buscar los paquetes de droga lanzados a través del vallado perimetral. Una vez recogidos los paquetes, el menor se dirigía al vehículo estacionado en una zona próxima al lugar de la recepción y entregaba la droga a los ocupantes.

El portavoz ha explicado que los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia apoyados por prismáticos oficiales observaron como el menor se bajaba de un vehículo marca Volkswagen color gris y a la carrera se acercaba a una zona abundante en matorrales y arboledas, muy próxima al control fronterizo de Barrio Chino, mientras el vehículo se marchaba a baja velocidad para retornar en escasos minutos al lugar donde se apeó el adolescente.

En ese momento, uno de los agentes se acercó a la zona donde el menor se encaminó, así como un coche patrulla se dirigió hacia el vehículo que le aguardaba para, de esta forma, evitar su posible fuga. Al percatarse de la presencia policial, el menor se agachó entre la vegetación intentando eludir a los agentes; una vez localizado, le encontraron bajo su cuerpo dos paquetes de, al parecer, una sustancia estupefaciente que por su olor, color y textura podría tratarse de hachís.

A raíz de ello, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo, identificando a dos hombres mayores de edad.

Los dos adultos y el menor han sido detenidos como supuestos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Los arrestados son dos jóvenes mayores de edad, uno de nacionalidad española y otro de origen marroquí, de 23 y 27 años de edad respectivamente, que han sido puestos a disposición judicial. El menor de edad es residente en el Centro de Educativo de Estancia de la Purísima, que ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de Melilla.

La sustancia intervenida ha arrojado un peso de dos kilogramos de hachís, que hubiera supuesto más de 8.000 dosis en el mercado ilícito de este tipo de estupefaciente.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado este jueves la denuncia presentada por un particular acerca de posibles cuentas bancarias que tendría, junto su mujer, Rosalía Iglesias, en Canadá y Delaware (Estados Unidos), a las que se habrían traspasado 25,5 millones de dólares (unos 21,5 millones de euros) desde Suiza.

En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Bárcenas ha rechazado «rotundamente» las informaciones en las que se le vincula con cuentas bancarias en Canadá y Estados Unidos.

Así, se ha puesto a disposición del juzgado «a los efectos de colaborar activamente con todas aquellas medidas que estimen oportunas para certificar con la mayor celeridad posible la falsedad de dicha información». Según el extesorero del PP, la aparición de esta noticia coincide por «casualidad» con su primer permiso penitenciario.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de investigar el caso Gürtel, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la denuncia presentada por un particular acerca de posibles cuentas del extesorero ‘popular’. Según han confirmado fuentes jurídicas, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha recibido un escrito en el que se informa de que Bárcenas e Iglesias podrían ser titulares de cuentas abiertas en el Royal Bank de Canadá y en el Calvin Taylor Bank de Delaware a las que se habrían traspasado 25,5 millones de dólares (unos 21,5 millones de euros) desde Suiza.

Antes de tomar una decisión, el magistrado ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie acerca de la pertinencia o no de investigar las cantidades que, según el denunciante, tendría el extesorero ‘popular’ en Norteamérica.

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que, en caso de que Anticorrupción no vea trascendencia para analizar los depósitos denunciados, el juez instructor tampoco dará recorrido a la denuncia y rechazará abrir una línea de investigación al respecto.

Bárcenas se encuentra en este momento disfrutando de un primer permiso penitenciario de seis días –le queda otro pendiente del mismo tiempo– al haber cumplido ya más de una cuarta parte de la condena de 29 años y un mes que le fue impuesta por el Tribunal Supremo por la primera época de actividades del caso ‘Gürtel’. Rosalía Iglesias también se encuentra en el centro penitenciario de Alcalá-Meco cumpliendo la pena de 12 años y 11 meses de cárcel por los mismos hechos.

Vox ha criticado este jueves en Getafe que se prometa «un falso paraíso» a las personas inmigrantes por parte de los políticos «progres», aunque ha asegurado que no son xenófobos sino que son «comunistófobos y socialistófobos».

Así lo ha asegurado el presidente de la formación, Santiago Abascal, que ha celebrado esta tarde un acto de precampaña en Getafe junto a la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y donde ha destacado que los políticos atraen a la inmigración ilegal a un país en que no se puede «atender dignamente a las personas».

Arropada por un centenar de personas, Monasterio ha aludido a lo ocurrido ayer en Vallecas y ha vuelto a criticar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «el cobarde que nos gobierna y una vergüenza para toda España».

Insiste en que van a ir «a todos los barrios» ya que son «de todos los madrileños». «Ya está bien de esta izquierda pija que dice dónde podemos ir y dónde no, a quién podemos votar y a quién no», ha lanzado.

También, Monasterio ha aludido al exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas, Pablo Iglesias, del que ha dicho que mientras «ve series de Netflix resulta que sus amigos iraníes campan a sus anchas abriendo mezquitas salafistas o financiando el yihadismo con el dinero de todos los españoles».

«Es que mientras que la izquierda se dedica a escribir poesía en los pasos de cebra resulta que tu abuela está abandonada en una residencia (…) Mientras la izquierda se dedica al Tik Tok y a hablar de la diversidad los menas acosan a las mujeres», ha manifestado.

En esta línea, la candidata de Vox ha cargado contra los «mantras de género» y ha subrayado que Vox quiere «proteger» a los madrileños y a las familias. Además, ha señalado que el PP es «sumiso» a la izquierda y permite que los niños estén «adoctrinados». «Los niños saben más se género que de matemáticas», ha apuntado.

«CUMPLIMOS CON NUESTRA OBLIGACIÓN»

Por su parte, el presidente de Vox ha agradecido a los vecinos que se han acercado a Plaza de la Magdalena de Getafe y, aunque les ha agradecido su «reconocimiento», ha afirmado que cumplen con su obligación y que los vecinos no pueden hablar «con libertad».

«No llegaríamos a ningún lado si no es por vosotros», ha traslado a Abascal, que ha destacado que Vox es «un auténtico movimiento social», mientras que Marlaska para ir a los barrios se «disfraza con una sudadera».

Abascal ha sostenido que la violencia en Vallecas ha sido «justificada por muchos comunicadores y políticos». «Dicen que la culpa es nuestra por hablar, por existir, por alzar la voz», ha expresado.

También, ha hablado del líder del PP, Pablo Casado, del que ha asegurado que «esperaba algo más ayer» y ha añadido que no quieren su «solidaridad equidistante al estilo PNV».

«MOVIMIENTO PATRIÓTICO»

Asimismo, el presidente de Vox ha reivindicado que su partido es un «movimiento patriótico» de crítica al estado de las autonomías que hace a los españoles «desiguales», de libertad y contra los impuestos «abusivos» y de defensa de las fronteras. «Venimos a hablar con claridad y no necesitamos disfrazarnos», ha sostenido Abascal, por ello cree que les «silencian y ocultan».

Por último, ha insistido en que quieren acabar con un «estado de excepción camuflado» que ha utilizado el Gobierno para «limitar las libertades» mientras el Tribunal Constitucional está «callado como un muerto».

«Vox viene a decir que tenemos que protegernos pero que hay que acabar con todo tipo de confinamiento de cierres y de toque de queda», considera Abascal, a lo que ha agregado que los españoles «tienen que recuperar el derecho a circular a la que hora que quieran».

El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participarán este sábado en la primera jornada del XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, que elegirá a la diputada vasca Beatriz Fanjul como presidenta de la organización juvenil del PP, según han informado fuentes ‘populares’.

El propio Casado anunció en la Junta Directiva Nacional del PP del pasado 23 de marzo que este cónclave se celebraría los días 17 y 18 de abril, pero finalmente se ha optado por adelantarlo una semana al coincidir la fecha fijada inicialmente con el arranque de campaña de las elecciones madrileñas. El pistoletazo oficial de apertura de la campaña para los comicios del 4 de mayo es las 00.00 horas del domingo 18 de abril.

No es la primera vez que la dirección nacional del PP mueve la fecha de este congreso de Nuevas Generaciones, dado que a primeros de año se iba a celebrar el 23 y 24 de enero en Barcelona, en plena precampaña de las elecciones catalanas. Sin embargo, al empeorar a la situación provocada por la pandemia y afectar el Covid a varios de sus organizadores, se acordó aplazarlo.

BEA FANJUL SUSTITUIRÁ A DIEGO GAGO

En este congreso de Nuevas Generaciones saldrá elegida presidenta la diputada del PP por Vizcaya Bea Fanjul, que sustituirá en el cargo al gallego Diego Gago, que también ocupa en este momento un escaño en el Congreso de los Diputados.

A finales de noviembre, Fanjul llegó a un acuerdo con el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Nuevas Generaciones, Carlo Angrisano, que también se había postulado para presidir Nuevas Generaciones. En virtud de ese pacto, la diputada vasca ocupará la presidencia de NNGG y Angrisano será el secretario general.

El cónclave, que se prevé que clausure el domingo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, contará con el debate de cinco ponencias que debatirán y aprobarán los compromisarios de NNGG (natos y elegidos): Estatutos; educación; Europa; innovación y empleo; y política social.

FOTO DE AYUSO Y CASADO EN PRECAMPAÑA

El congreso de Nuevas Generaciones será una plataforma electoral del PP ante las elecciones madrileñas del 4 de mayo y en esa primera jornada coincidirá Ayuso y Casado, según han indicado fuentes del partido.

En ‘Génova’ aseguran que sus perspectivas electorales ante el 4 de mayo «son buenas» pero piden «no confiarse». La mayoría de las encuestas coinciden en que Ayuso puede llegar a duplicar sus actuales 30 escaños, muy cerca de los 69 escaños que supone la mayoría absoluta.

El PP quiere que los votantes del espectro de centroderecha apuesten por Ayuso. El propio Casado ha reclamado a los electores de Vox que apoyen a la candidata ‘popular’ para que su partido gobierne «solo» en la Comunidad de Madrid y pueda ejecutar su programa electoral «sin obstáculos», con «manos libres» y sin «palos en las ruedas» de otros partidos.

«Si aglutinamos esfuerzos en torno a una sola sigla, como va a pasar en Madrid, podremos ganar a Sánchez», recalcó el líder del PP hace unos días en una entrevista en Telecinco, donde afirmó que la gente «empieza a ver que hay una alternativa» y que «se puede ganar.

El sector forestal agrupado en la plataforma Juntos por los Bosques ha celebrado la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética este jueves en el Congreso de los Diputados porque el texto hace un reconocimiento expreso a los servicios estratégicos que brindan los bosques para luchar contra el cambio climático, así como el papel de los selvicultores.

En un comunicado, la entidad ensalza especialmente la mención «expresa» que hace el texto legislativo a la «inconclusa regulación del reconocimiento a los selvicultores privados y locales», que conforman el 95 por ciento de la superficie de bosques de España por los vitales servicios ambientales que han aportado de manera gratuita al conjunto de la sociedad.

Para las 80 entidades que forman parte de la plataforma, es muy positivo también el reconocimiento de la ley a la bioconstrucción con materiales de huella de carbono mínima, para el secuestro de CO2 y el óptimo aislamiento, porque consideran que sitúa al sector de la madera y de los productos forestales asociados en una «situación estratégica»

«Desde los representantes del sector forestal quisiéramos trasladar nuestra satisfacción tanto por este hito como por la incorporación sustantiva de los bosques, su gestión sostenible y el uso de los biomateriales que nos ofrecen, como claves para alcanzar los objetivos», explican.

En concreto, la nueva ley –una vez aprobada en el Senado y esté en vigor– obliga al Gobierno a que en un año desarrolle el artículo de la Ley de Montes sobre los incentivos por las externalidades ambientales de los bosques, de modo que la citada ley estará en plena operatividad.

Otro de los aspectos que valoran del texto que este jueves ha obtenido el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox que ha votado en contra, y PP y Más País Verdes Equo, que se han abstenido, es el hecho de que en el reconocimiento a las energías renovables sitúa a la biomasa de origen agrícola o forestal, como «pieza clave» para compensar las emisiones de carbono por uso de energías fósiles.

Por otro lado, el sector destaca que la ley subraya la importancia de las infraestructuras verdes en los entornos urbanos para mejorar la calidad de vida y reducir la isla de calor asociada a las ciudades así como la importancia de la «corrección hidrológico-forestal» y prevención de incendios en las medidas de prevención de avenidas.

De ese modo, Juntos por los Bosques agradece «a todas las formaciones políticas» su contribución al resultado final de la ley y especialmente a ERC, que ha negociado la enmienda transaccional que aborda la retribución de los servicios ambientales antes mencionado, así como a Teruel Existe, por las múltiples enmiendas focalizadas en la actividad forestal, así como al Gobierno por su «receptividad» a sus propuesta.

El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha solicitado la indemnización a la que tiene derecho por haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses, lo que se traduciría en una cantidad mensual de unos 5.300 euros.

La percibirá durante un mes dado que tras las elecciones del 4 de mayo tiene el compromiso de tomar posesión como diputado de la Asamblea de Madrid como candidato de Unidas Podemos, según ha confirmado fuentes conocedoras de su petición.

El medio ‘Maldita.es’ ha avanzado, a través de una solicitud a la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Ministerio de Política Territorial, que el pasado 6 de abril entró en registro la solicitud de Iglesias de acogerse a esta retribución compensatoria.

La ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado pauta esta opción para cargos que hayan cesado su función y siempre que no ostenten ningún cargo público ni trabajo en el sector privado. Y es que la normativa pauta que es incompatible con cualquier otra retribución.

De esta forma, los exmiembros del Ejecutivo pueden recibir esta pensión indemnizatoria durante un periodo igual al tiempo durante el que desempeñaron este cargo y que corresponde al 80% del salario, que se formaliza al mes siguiente de solicitarla.

Según los Presupuestos Generales del Estado, la retribución de Iglesias fue de 79.746,24 euros anuales durante su etapa en el Gobierno, por lo que la indemnización en términos mensuales equivaldría a unos 5.300 euros al mes.

TOMARÁ POSESIÓN DE SU ACTA EN LA ASAMBLEA TRAS EL 4M

No obstante, la previsión es que Iglesias utilice esta retribución compensatoria únicamente un mes, pues ha manifestado que su compromiso es tomar posesión de diputado autonómico. De hecho y como ha repetido en varias entrevista, su voluntad es ocupar el puesto que decidan los madrileños con su voto en los próximos comicios.

Hace dos años, el exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta renunció a esta retribución compensatoria, que en su caso ascendía a poco más de 1.000 euros tras estar solo seis días en el Ejecutivo. Tampoco la solicitó el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, la extitular de Sanidad Carmen Montón sí pidió esa retribución compensatoria cuando dejó el Ejecutivo en 2018 tras estar 94 días en el cargo.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y el Consejo General de la Abogacía Española han firmado este jueves un convenio que permitirá que todos los internos dependientes de la Administración General del Estado (AGE) se puedan comunicar con sus abogados a través de videoconferencia.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, el objetivo de la medida es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas y, en concreto, de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de IIPP.

Así, la Administración penitenciaria se ha comprometido a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la Ley y con las debidas garantías de confidencialidad. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados.

Además, el convenio prevé que ambas partes desarrollen un protocolo de uso del sistema para que quede garantizado el carácter complementario y no sustitutivo de las entrevistas presenciales entre letrados y personas privadas de libertad, que seguirán siendo la base fundamental de su defensa.

En la firma del acuerdo han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, quien ha destacado que el convenio supone «un paso más en la mejora del derecho de defensa de las personas privadas de libertad en un doble sentido: por un lado, la agilidad en el acceso de internas e internos a sus defensores y, por otro, las facilidades en el desempeño de la labor de letradas y letrados».

Victoria Ortega ha subrayado, por su parte, que con la extensión de esta opción a todas las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias se conseguirá «ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes». Todo ello, «sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos», ha asegurado.

El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica de las personas privadas de libertad en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Malaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, el año pasado el sistema se extendió a los centros penitenciarios Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real).

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado sentencia en la que absuelve a un acusado de maltratar a su pareja, obligarla a prostituirse y retenerla en contra de su voluntad por falta de pruebas y porque, según el tribunal, la mujer tuvo «posibilidad de huir».

Este acusado fue juzgado, junto a otro varón y su mujer (otros acusados fueron declarados en rebeldía y no se presentaron a la vista), por varios supuestos delitos, entre ellos el de extorsión, maltrato y detención ilegal.

La Fiscalía, que pedía para el exnovio de la víctima más de 19 años de cárcel, lo acusaba de obligar a su pareja a ejercer la prostitución y de haberla raptado en septiembre de 2017 para trasladarla a una vivienda en Betanzos, donde la habría tenido retenida contra su voluntad durante varios días, además de ejercer actos de violencia sobre ella.

Sin embargo, la Audiencia considera que no han quedado acreditados esos hechos, aunque sí estima probado que, en noviembre de 2017, el acusado junto a un acompañante no identificado fue a buscar a esta mujer al local donde ejercía la prostitución y la obligó a meterse en la parte trasera de un coche. Por ello, el tribunal provincial sí lo declara autor de un delito de coacciones de género y lo condena a 7 meses de prisión.

«TUVO POSIBILIDAD DE HUIR»

En su sentencia, la sección primera señala que no hay pruebas de los hechos planteados por la Fiscalía y supuestamente ocurridos en septiembre de ese año. Así, ha señalado que, si bien la mujer estuvo en el domicilio de Betanzos, no fue privada de libertad, ya que en esos días salió a la calle, conservó y usó su teléfono móvil, tuvo contactos con terceros a los que pudo haber pedido ayuda e incluso estuvo sola en la vivienda; en definitiva, según el tribunal, «tuvo la posibilidad de huir» y no lo hizo.

Por otra parte, en la sentencia también se apunta que «nada consta» sobre posibles lesiones o malos tratos, y que no se pudo probar que el principal acusado la obligase a ejercer la prostitución. De hecho, apunta la Audiencia, en el momento del juicio la mujer seguía ejerciendo esa actividad «por voluntad propia».

Además, la sala afirma que la única prueba de cargo es la propia declaración de la mujer, que «choca con el resto de la prueba practicada, y que su relato presenta «lagunas» e «incoherencias», así como aspectos «muy díficiles de creer».

CONDENA

No obstante, la Audiencia estima que el exnovio cometió un delito de coacciones de género, en noviembre de 2017, cuando una noche se presentó en el local en el que trabajaba ella.

En un momento en que la mujer salió a fumar al exterior del establecimiento, el acusado y otra persona la abordaron y, a empujones, la obligaron a entrar en la parte trasera de un vehículo. Los dos varones se sentaron a ambos lados de ella para «evitar cualquier posibilidad de huida».

Unos hechos que han quedado corroborados, señala la sentencia, por las imágenes grabadas por una cámara de seguridad, y por los que la mujer recibió atención médica.

Por estos hechos, condenan a este hombre a 7 meses de prisión y le prohíben tener o portar armas durante un año y 7 meses. Asimismo, los magistrados establecen la prohición de comunicarse o acercarse a la mujer durante 2 años y tendrá que indemnizarla en 3.050 euros. Los otros dos acusados han sido absueltos de todos los delitos, también por falta de pruebas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves que el Ejecutivo autonómico ha tratado sin éxito reiteradamente de negociar con el Gobierno para «convencerle» de que retire de la Ley de Cambio Climático el artículo 18, al entender que pone en riesgo a la industria gallega, y ha reafirmado la voluntad de recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente ve la luz sin cambios.

Así lo ha trasladado en la misma jornada en la que la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado por mayoría, pero sin el apoyo de VOX, PP y Más País Verdes Equo, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, al contar la comisión con competencia legislativa plena.

El texto legislativo ha contado con los 22 votos favorables de PSOE, UP, CS, EH-BILDU, PNV, ERC y Teruel Existe; 5 votos en contra de VOX y 10 abstenciones, las de los diputados de PP y Más País Verdes Equo.

Por su parte, el diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha presentado una enmienda transaccional al artículo 18 de la ley para exceptuar a las actividades vinculadas al sector pesquero y marisquero en el cómputo del plazo para concesiones. Sin embargo, PSOE, PP y Podemos han votado en contra, según se ha quejado el nacionalista.

El pasado miércoles, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya anunció que la Xunta recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático. Feijóo lo ha reiterado este jueves y ha esgrimido que habrá que ver «el procedimiento» que se sigue, pero ha incidido en que no solo la Asesoría Xurídica autonómica, sino también el Consello Consultivo avalan la inconstitucionalidad de preceptos de esta normativa.

El presidente gallego ha lamentado que el Gobierno planteó afectar a la industria de la Comunidad mediante una modificación de la ley de costas incluyendo cuestiones que finalmente quedaron «sin efecto» y ahora lo hace –ha recriminado– a través de una normativa que, con otro nombre, «incluye una parte clarísima de modificación de la ley de costas».

El diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha celebrado la aprobación de la Ley de Cambio Climático este jueves en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde donde se remitirá al Senado para su tramitación final y ha confesado estar «tremendamente emotivo» por haber presidido dicha comisión después de sus años como activista ecologista.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para explicar el contenido de la ley, López de Uralde, que ha recordado sus años como activista ambiental. No obstante, fue director de Greenpeace de 2001 a 2010 y un año antes de abandonar la organización para fundar el partido verde Equo, en 2009 fue encarcelado por «colarse» en una cena de jefes de Estado y de Gobierno ofrecida por la Reina Margarita de Dinamarca con motivo de la Cumbre del Clima que se celebró en Copenhague (COP15).

«Comprenderán que, para mi, que he sido durante muchos años activista y en 2009 fui encarcelado en una cumbre de jefes de Estado por reclamar acción contra el cambio climático es tremendamente emotivo haber podido presidir la comisión de hoy en la que el Congreso ha aprobado la ley para su fase final que es su paso por el Senado y si no hay modificaciones entraría en vigor», ha expuesto emocionado.

El diputado ha agradecido los apoyos que a lo largo de la tramitación ha ido sumando el proyecto de ley, que finalmente ha sido aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Cs y Teruel Existe. Vox ha votado en contra y el PP y Más País-Verdes Equo se han abstenido.

Por ello, ha calificado este jueves como «un día histórico» y ha negado las acusaciones de falta de diálogo, que han manifestado prácticamente todos los grupos de la oposición incluidos los que han votado a favor.

Para el diputado la primera petición parlamentaria para elaborar una ley de cambio climático tuvo lugar en 2008 y por eso considera que ha habido «mucho tiempo» a pesar de que los distintos Gobiernos, de PSOE y del PP «no han podido aprobar una ley», hasta ahora.

En materia de información pública, ha destacado que durante la tramitación parlamentaria de la ley se ha informado de los elementos más relevantes y asegura que la norma es «mucho más ambiciosa que la que salió del Ministerio para la Transición Ecológica».

«Está enriquecida por las aportaciones de todos los grupos», ha recordado.

Entre las cuestiones más destacadas de la que será la primera ley española contra el cambio climático, ha subrayado aspectos como que incluye objetivos de reducción ambiciosos de partida, pero que además se revisarán al alza en 2023; supone el fin de los sondeos de los combustibles fósiles para que estos «permanezcan bajo tierra»; establece la prohibición de la minería de uranio.

Además, se ha referido a que se pondrán en marcha zonas de bajas emisiones para luchar contra la contaminación, obligatorias para municipios de más de 50.000 habitantes y también para municipios de más de 20.000 que incumplan o superen los límites de emisión de contaminantes atmosféricos.

Otro de los aspectos de la nueva ley es el impulso que dará a la rehabilitación urbana y la consideración, incorporada al texto este mismo jueves, de que el despliegue de las renovables se hará de manera compatible con el patrimonio natural.

Del mismo modo, ha incorporado la creación de un comité de expertos científicos en cambio climático y establece un marco que guiará la descarbonización de la economía para los próximos años.

Respecto a las enmiendas transaccionales asumidas por la Comisión ha explicado que finalmente se ha aceptado revisar los objetivos de la ley –de reducción de emisiones de CO2, penetración de renovables, electrificación, eficiencia energética–. «Echamos ahora a andar y los objetivos se revisarán en 2023 al alza», ha confirmado.

La segunda de las enmiendas transaccionales que ha pasado el trámite de votación este jueves está dirigida a que el despliegue de la instalación de plantas de energías renovables se haga compatible con la protección de la biodiversidad.

«Es una ley que habla por sí misma. Va a ayudarnos a cambiar nuestro futuro hacia uno más bajo en emisiones de carbono y ahora se trata de que termine el proceso y que hagamos realidad la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero», ha concluido.

Preguntado por las críticas manifestadas por Más País Verdes Equo que denuncia que la ley «responde» a los intereses de los lobbies de las empresas de hidrocarburos ha negado que esto sea así, sino que considera que la ley responde a la voluntad de los partidos que la han apoyado para acometer la necesaria transición energética.

Si bien, admite que «más allá de discrepancias sobre tal o cual punto», la ley aprobada por el Congreso cuenta con consenso político y social amplio y no responde a los lobbies ni intereses de ninguna empresa.

Por último, ha dicho que el «muy amplio» respaldo parlamentario se demuestra que finalmente «solo Vox» ha votado en contra de la ley, aunque en su momento ya presentó una enmienda a la totalidad porque, según López de Uralde «como todo el mundo sabe son negacionistas».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir, tras el anuncio realizado por el Gobierno central de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley gallega de salud, la necesidad de sentarse en la Comisión Bilateral para analizar el texto sin «judicializarlo». También ha vuelto a urgir la Conferencia de Presidentes, con este asunto en cartera, pero también otros como las incertidumbres por el fin del estado de alarma o las vacunas.

No en vano, el presidente gallego ha incidido en que el dictamen del Consejo de Estado –que apoya aclarar en el TC las dudas sobre vacunación, pero limita los aspectos recurribles y avala las multas de la ley gallega– ratifica una demanda formulada por la Xunta desde hace meses al ratificar que «es necesario» actualizar la legislación para gestionar la pandemia del coronavirus.

En concreto, el Consejo de Estado «sugiere» la necesidad de reformar el la ley estatal: «Con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir que el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción».

Pero también reprende al Legislativo gallego por incluir su postura política en la exposición de motivos de la normativa en cuestión. Si bien acepta que «la legislación sanitaria estatal no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura», advierte que «la inclusión de consideraciones de esta naturaleza en una ley autonómica de salud pública no se compadece ni con la vocación de generalidad que se le presume, ni con el objeto de su regulación».

En su intervención tras el Consello, Feijóo ha pedido al Gobierno que «no boicotee» una ley autonómica cuya constitucionalidad ha defendido, una norma «avalada jurídicamente» y que, ha recalcado, «no solo es oportuna sino imprescindible».

«Pido que se mire con rigor», ha remarcado, antes de recordar la importancia de sentarse a tratar de solucionar en conflicto en una Comisión Bilateral, como le ha trasladado –ha ratificado– el vicepresidente Alfonso Rueda al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Feijóo, por su parte, también había enviado un escrito a Iceta para abordar los traspasos de la AP-9 y de las competencias de costas.

REITERA LA PETICIÓN ANTE ÁBALOS

En esta coyuntura, Feijóo también ha vuelto a urgir que se reúna la Conferencia de Presidentes y ha puesto el foco en abordar el asunto de la ley de salud gallega, pero también otras cuestiones como la previsión de las vacunas y el fin del estado de alarma.

No en vano, ha asegurado que la situación a la que aboca el fin del estado de alarma en mayo, sin «una ley de pandemias», es a que los presidentes autonómicos queden «indefensos».

Así, ha incidido en que hay «cosas» que podrán decidir como «cerrar un colegio». «Pero en otras tenemos serias dudas», ha apostillado y ha recordado que hay decisiones adoptadas por comunidades que fueron «tumbadas» por los tribunales. «¿Y qué pasa si un presidente, en esta situación, dice que no gestiona la pandemia. Hay que reflexionar sin seguir esta huida hacia delante dejando a los presidentes autonómicos en una situación de indefensión», ha zanjado.

Más tarde, en el acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Galicia al que ha acudido el ministro José Luis Ábalos, responsable de Transportes, Feijóo ha insistido en el mismo mensaje y ha vuelto a reivindicar la «lealtad» del Gobierno para la cogobernanza. «Necesitamos tener claro cuál va a ser el escenario posterior al fin del estado de alarma», ha subrayado.

Greenpeace ha lamentado este jueves que el Congreso ha aprobado este jueves una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «descafeinada», mientras que Amigos de la Tierra considera que la norma «no impulsa la transformación ecológica y social que España necesita» y para SEO/BirdLife «llega una década tarde, pero es bienvenida».

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha explicado que la ONG saluda «sin ninguna duda» la norma por ser «la más relevante desde el punto de vista ambiental y social» de la legislatura.

«Hoy estamos más cerca de poder exigir con la ley en la mano la acción climática que necesitamos para alcanzar la ambición necesaria para no ser el desierto de Europa», ha declarado, al tiempo que ha hecho especial mención a que se ha logrado que «el avance de las renovables sea responsable con la biodiversidad», lo que ha calificado de «buena noticia».

Tras la aprobación de la ley, Greenpeace ha afirmado que el texto del proyecto de ley «se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, hecho inadmisible».

No obstante, la organización ecologista sí reconoce algunas mejoras, como la prohibición de la minería de uranio, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero.

«Es una ley fundamental y largamente esperada, pero carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y también por el Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran tanto el Parlamento como el Gobierno, entonces este país tiene un grave problema, ya que no podrá cumplir con el Acuerdo de París», ha declarado el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez.

Ha destacado que, según el texto, «España apenas reduciría un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, tal y como aparece ya contemplado en el recién aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)». Esta cifra se revisará al alza en 2023, periodo que está contemplado también en el PNIEC.

En este sentido, Greenpeace señala que este objetivo debería haberse elevado a al menos un 55% «para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, según establece el Acuerdo de París, ratificado por nuestro país». «El objetivo de cero emisiones netas debería haberse adelantado a 2040 en vez de 2050», ha subrayado.

Asimismo, Greenpeace considera «una cesión inadmisible ante el lobby de los combustibles fósiles» que se permita el uso «indiscriminado» de ‘combustibles alternativos’ en todo el sector transporte, «gracias a un cambio de última hora en el artículo 11 que nos aleja del 1,5º y abre la puerta a la promoción del gas fósil para el transporte por carretera».

La organización apoya el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión de la ley, pero lamenta que se retrase hasta 2040 la implementación de estas medidas, horizonte muy lejano de la necesaria fecha del 2028.

La ONG también lamenta que la ley tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que «perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial».

ASPECTOS QUE REFUERZAN LA LEY

Por otro lado, Greenpeace reconoce algunas mejoras durante su tramitación en el Congreso, como la ampliación del artículo 8 (artículo 8 bis), que incluye ahora la prohibición de las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio.

También que se refuerza la apuesta por la rehabilitación energética de edificios, incluyendo la gestión de la demanda, la promoción del autoconsumo y su orientación a fijar las medidas para la población más vulnerable.

Además, añade que «el hecho de que se contemplen medidas de gestión sostenible del medio terrestre y marino facilita el desarrollo de políticas positivas para el reto demográfico».

Por último, durante el proceso de tramitación también se ha incorporado una «tímida» mención sobre la necesidad de una reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde, aspecto que, para la organización ecologista, «es uno de los pilares de la recuperación verde y justa y que se ha visto escasamente reflejada en el texto que se aprueba hoy con muchos condicionantes y sin realizar una apuesta valiente».

«Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con el 1,5º. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Descarbonizar la economía española exige radicalidad política y ambición legislativa», ha concluido Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace.

Por su parte, Amigos de la Tierra ha aplaudido la aprobación de la Ley, aunque ha lamentado que «no responda de manera ambiciosa al reto de transición ecológica y social al que España se enfrenta».

Así, la organización ha denunciado la «falta de ambición» en el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llamando a un mínimo del 55% para el año 2030 «como marca la ciencia y demanda la ciudadanía».

«La transición energética debe responder a la crisis ecológica impulsando la democratización de la energía a través de la participación ciudadana y no responder tan solo a las presiones de la industria», ha manifestado la organización, que apunta a que «se debe cerrar la puerta al gas, así como a cualquier otro combustible fósil, responsables de la emergencia climática».

«La falta de coherencia de políticas es una señal clara de que estamos dando palos de ciego en la transición ecológica que necesitamos. De poco sirve aprobar leyes si no hay coherencia entre ellas y si no dan respuestas a las causas de la crisis en las que nos encontramos. Necesitamos una Ley más ambiciosa, alineada con la ciencia, con la llamada de la ciudadanía y que impulse la transición ecológica y social que España necesita», ha concluido Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves, ante otras líderes iberoamericanas, la abolición de la prostitución y el fin de la trata con fines de explotación sexual.

La ‘número dos’ del Ejecutivo ha participado, junto a sus homólogas de Colombia, Marta Lucía Ramírez; de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; y de Uruguay, Beatriz Argimón; en el encuentro digital ‘Hacia la XXVII Cumbre Iberoamericana. El liderazgo de las mujeres para un pacto de futuro incluyente.

En este acto, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y las instituciones que integran el Task Force Interamericano para el Liderazgo de las Mujeres, también han participado las representantes de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; de ONU Mujeres, María Noel Vaeza y de la CIM/OEA, Alejandra Mora Mora.

En el debate, Calvo ha señalado que «hay que exigir» en el ámbito internacional «el fin de la prostitución y de la trata con fines de explotación sexual», además de «no bajar la guardia» en la lucha contra la violencia de género.

DEVOLVER A LA MUJER A LA HISTORIA EN LAS AULAS

De hecho, Calvo ha puesto las violencias machistas entre los principales temas a trabajar «en este momento», junto con «el refuerzo a la educación» y el impulso a la «participación de la mujer». «Quitar la violencia, ampliar conocimiento y forzar la participación, sobre muchas otras cuestiones, son las principales», ha declarado.

Precisamente, en materia de Educación, Calvo ha llamado a devolver a las mujeres a las aulas, tras la «eliminación» que «el patriarcado» ha hecho de ella en la historia. A su juicio, devolviendo a las mujeres a los libros de texto se podrá «empoderar» a las niñas «desde pequeñas».

En cuanto a liderazgo de las mujeres, la vicepresidenta primera ha indicado que «lo importante no es solo llegar» sino «estar para influir y representar los intereses generales que son también los de las mujeres». «Tenemos que ser claras y decididas en esto: Las mujeres nos miran y piensan que cuando estamos ejerciendo un líder y posición institucional de poder estamos interpretando qué les ocurre a ellas», ha declarado.

Durante el debate, las líderes iberoamericanas han hablado de la ausencia generalizada de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sobre Covid-19 en todo el mundo.

LIDERAZGO

En este sentido, han insistido que la igualdad de género debe ser colocada en el centro de los espacios de diálogo multilaterales y de las políticas públicas y han reiterado la necesidad de acelerar los esfuerzos y compromisos para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a través de compromisos que se traduzcan en acciones concretas para su consecución.

En el acto, han destacado la importancia de que las mujeres participen en igualdad de condiciones en la toma de decisiones para garantizar que sus necesidades específicas, miradas y voces diversas, sean parte de la agenda, tanto en las respuestas frente a la pandemia, como para el logro de la Agenda 2030 y la construcción de un pacto de futuro más sostenible, incluyente e igualitario tras la crisis.

El Consejo de Estado ha aconsejado al Gobierno la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sanitaria que, entre otras cosas, sirve a los Ejecutivos autonómicos como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia, cuando no está vigente el estado de alarma.

Se trata, en concreto, de la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyo contenido entienden que «podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública».

Así lo pone de manifiesto el principal órgano consultivo del Gobierno en un dictamen que le remitió el pasado 22 de marzo para asesorarle sobre la conveniencia de interponer un recursos de inconstitucionalidad a la reforma de ley de salud gallega impulsada recientemente por el Ejecutivo autonómico de Alberto Núñez Feijóo –el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada interponer dicho recursos–.

En su dictamen, el Consejo de Estado entiende que sí es procedente llevar al Tribunal Constitucional la citada norma autonómica al entender que, por ejemplo, sobrepasa los límites en asuntos como la vacunación obligatoria.

No obstante, este órgano también aprovecha para señalar la necesidad de modernizar esa legislación sanitaria estatal ya que, según reconoce, «no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura».

UNA LEY DE «HACE CASI 40 AÑOS»

En este sentido, señalan que se trata de una norma que implementó «hace casi cuarenta años», y que «contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas».

«Podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes», reconoce el Consejo de Estado en su informe.

En todo caso, el informe del Consejo de Estado, que es preceptivo pero no vinculante, aprecia que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad a uno de los apartados concretos de la ley de salud gallega, el relativo a las medidas para luchar contra la pandemia –en concreto, el apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero–.

Dicho apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte: la que habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Además de otras medidas generales, la reforma de Feijóo establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

La nueva norma también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del «entorno inmediato» de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de «zonas afectadas» (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

RECHAZA LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA DE LA LEY GALLEGA

El Consejo de Estado pone el acento, especialmente, en el aspecto de la vacunación. Sobre ello, el informe dice que «debe de ser analizada, y en su caso cuestionada, sobre la base del reparto competencial entre el Estado y las comunidades. Es decir, apoya elevar esta cuestión al TC.

Por contra, viene a avalar aspectos como la limitación de movilidad. Según advierte, aunque no está recogida en la ley orgánica 3/1986 (la ley estatal que sirve de marco legal para el desarrollo de las normativas autonómicas), cree que es «indudablemente una de las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato».

En este sentido, recuerda que el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) estableció medidas de confinamiento perimetral autonómico que, con alguna excepción, fueron ratificadas por los tribunales superiores de justicia. A este respecto, avala que los acuerdos de ese Consejo sean «de obligado cumplimento».

Así las cosas, analiza que la ley gallega acota las restricciones al «entorno inmediato» de los enfermos y zonas afectadas «en los términos» de la ley orgánica estatal. «No contempla la adopción de medidas de limitación o restricción de la circulación de un alcance más general que serían propias, por su mayor grado de afectación de los derechos fundamentales y libertades públicas, de la declaración del estado de alarma», añade al respecto de este punto concreto que el Gobierno prentendía recurrir ante el TC.

Por último hace mención a una tercera medida del ya mencionado apartado cinco, en lo referido a las restricciones de agrupaciones de personas. Por un lado, constata que las medidas que la ley gallega establece «no parece que sean diferentes» de las que ya se han adoptado y siguen en el último año de pandemia.

Pero matiza que lo relevante es si, desde el punto de vista constitucional, las comunidades pueden desarrollar la ley estatal para incluirlo en la legislación autonómica. En este sentido, el Consejo de Estado sostiene que hay materias sobre derechos fundamentales y libertades que deben reservarse al Estado para garantizar, entre otras cuestiones, que «sean adoptadas por una mayoría cualificada y constituyan un mínimo común denominador en toda España».

Por todo ello, el Consejo de Estado observa fundamentos para llevar al TC el artículo 38 de la ley de salud gallega (el mencionado apartado cinco), pero entiende que los requisitos para adoptar las medidas (artículo 38 ter o apartado siete) y el régimen específico de infracciones y sanciones (apartados del 12 al 15 o artículos 41 bis al 44 bis) «no parecen contrarios al orden constitucional».

El portavoz de la asociación Infancia Robada e impulsor de la campaña en Change.org ‘El abuso no prescribe’, Miguel Ángel Hurtado, ha mostrado su «profunda decepción» con el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que se aprobó este miércoles en Comisión del Congreso; asegura que se queda «corto» y pide que el plazo de prescripción comience a contar cuando la víctima cumple 40 años y no 30 como se recoge en el texto.

«Con esa cifra (30 años), el grueso de los casos de abuso sexual infantil prescribirían en cuanto la víctima tenga entre 35 y 40 años. Se tarda más en aceptar lo que te sucedió», aseguran las víctimas que esperan que la próxima semana, cuando el dictamen llegue al Pleno, se rectifique la edad.

Miguel Ángel Hurtado, quien sufrió abusos de pequeño en la Abadía de Montserrat lanzó una campaña en Change.org, que ya suma más de 530.000 firmas, solicitando que los tiempos de prescripción de los delitos de abuso sexual se amplíen. En la actualidad comienzan a contar una vez que la víctima cumple los 18 años.

Hurtado considera «profundamente decepcionante» el resultado de la tramitación de la norma hasta ahora en este sentido. «Se está estableciendo de momento que el plazo de prescripción sea cuando la víctima cumpla 30 años de edad. Esto significa que el grueso de casos de abuso sexual infantil prescribirán cuando la víctima tenga entre 35 y 40 años», advierte.

A su juicio, es «una reforma que sabe a poco, que llega tarde y que está mal hecha». «Desgraciadamente, el Gobierno ha decidido practicar el ‘analfabetismo científico’ a la hora de escoger cuál debe ser el nuevo plazo de prescripción para este tipo de delitos, dando la espalda a la evidencia empírica y condenando a la nueva ley al fracaso. Un triste ejemplo de obsolescencia programada legislativa», ha calificado Hurtado.

El impulsor de la iniciativa toma como muestra el estudio realizado por la Comisión Real de Investigación sobre las Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, realizado en 2017 por la Iglesia Católica Australiana, que analizó las experiencias vividas por 4.445 supervivientes de pederastia que fueron abusados durante cinco décadas, y estableció que las víctimas tardaron de media 33 años en denunciar el delito, cuando ya tenían una media de 44 años de edad.

«Lamentablemente no podemos dar cifras sobre la realidad en nuestro país, porque España es un desierto estadístico. Tanto la Conferencia Episcopal como el Gobierno se niegan a realizar una investigación similar. Pero por pura lógica, las cifras no serían muy diferentes, probablemente incluso peores», ha explicado Hurtado.

En todo caso, se felicita porque la «mayoría» de partidos han escuchado su reclamación y existe una enmienda transaccional que pide al Gobierno ampliar el plazo, aunque no fue aprobada este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad que aprobó este miércoles el informe de la ponencia.

«En una muestra de cerrazón difícil de comprender PSOE y Podemos se niegan a llegar a un acuerdo», expone Hurtado, mostrando su confianza en que esa enmienda pueda salir adelante la próxima semana en la votación en el Pleno.

El club de opinión «La España que reúne» integrado por personalidades de ideología socialdemócrata y liberal ha condenado el «boicot» sufrido por la candidatura de Vox en la plaza de la Constitución del madrileño barrio de Vallecas, donde este miércoles se produjeron incidentes violentos y cargas policiales.

En un comunicado emitido ese jueves «La España que reúne» destaca que todos los partidos políticos tienen derecho a realizar sus actos en todo el territorio nacional y rechaza la «apropiación» de partes del territorio común a manos de partidos o ideologías concretas. «Aceptar esa usurpación sería aceptar que algunos tienen el derecho de veto en determinados pueblos o comunidades de España», han subrayado.

«Hemos denunciado la política extrema que realizan algunos partidos y en esas denuncias hemos dejado claras nuestras grandes diferencias con Vox. Pero hoy no es el momento de detenernos en las diferencias. Es el momento de reivindicar el derecho general y fundamental a la libre expresión de todos los protagonistas políticos que actúan dentro de la legalidad constitucional», añade el texto publicado por este grupo de opinión fundado por Francesc de Carreras, Nicolás Redondo Terreros, José María Múgica, Juan Claudio de Ramón, César Antonio Molina y Elisa de la Nuez.

Así, destacan la especial gravedad de lo sucedido en el barrio madrileño dado que el acto estuvo precedido por una «campaña propagandística a favor del boicot» realizada por «partidos con representación parlamentaria y responsabilidades institucionales que llegan hasta el mismo Gobierno de la Nación» señalan en referencia a líderes de Unidas Podemos que se han pronunciado en contra de la realización del acto.

En la misma línea han rechazado que el incidente «ha estado epilogado» por «justificaciones tan esquivas a la verdad como irresponsables de estos mismos partidos» y condenan el modo de actuar de los responsables políticos que «están llamados a defender la libertad de todos», aunque «se complacen en limitar la libertad de algunos, justo de los que no piensan como ellos.»

Recordemos que no hay libertad sin seguridad. Sin la seguridad mínima necesaria, la libertad se convierte en un privilegio, del cual sólo unos pocos pueden gozar de él. Y son los poderes públicos los encargados y los responsables de asegurar nuestros derechos. Nosotros no nos sentiremos nunca satisfechos ejerciendo nuestros derechos si otros, aunque piensen de forma diferente a la nuestra, no los tienen igualmente asegurados.