La mitad de las pequeñas empresas y autónomos españoles no aplican las normativas de protección de datos (GDPR) en su negocio y un 92 por ciento no utiliza una certificación SSL (Secure Socket Layer) en su página web, a pesar de que el 60 por ciento asegura conocer el término, según datos de la tercera oleada del informe 'Radiografía de las pequeñas empresas y autónomos españoles', realizado por la compañía GoDaddy.

Esta certificación es fundamental debido a que permite a los principales navegadores reconocer una página web como segura, ya que sigue el protocolo de seguridad HTTPS para el cifrado de extremo a extremo de la información que se transmite entre el navegador y el servidor.

El informe, centrado en el uso de la tecnología, destaca que, además de la seguridad, hay otros factores que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar y crear una página web, y destaca el hecho de que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado la necesidad de dar el salto al mundo digital.

Como resultado, durante esta crisis, el 15 por ciento de las pequeñas empresas y autónomos españoles han creado su página web desde cero, y de estos, un 10 por ciento también implementaron un canal de ventas online, según datos de la Encuesta Mundial de Emprendimiento de GoDaddy.

UN GRAN MARGEN DE MEJORA

No cabe duda de que la tecnología juega un papel muy importante para las pequeñas empresas, sobre todo a la hora de dar el salto al mundo digital. En este sentido, la gran mayoría de los negocios cuenta con margen de mejora sobre cómo aplicar correctamente aquellas soluciones tecnológicas que tienen a su disposición, especialmente en términos de seguridad y diseño, que pueden ofrecer una experiencia de usuario más satisfactoria", explica Gianluca Stamerra, director regional de GoDaddy para España, Italia y Francia.

En este sentido, GoDaddy busca dotar a estas empresas del conocimiento necesario para ayudarles a sacar el máximo partido de las herramientas de seguridad y adaptar el diseño de su página web a cualquier dispositivo.

Contar con un diseño 'responsive' (se adapta a cualquier dispositivo) es clave para ofrecer una experiencia de usuario plenamente satisfactoria. De hecho, un 43 por ciento no sabe lo que es, y tan solo un 11 por ciento lo usa, aunque un 89 por ciento podría aplicarlo para mejorar la experiencia de sus clientes potenciales y aumentar así sus ventas.

Otra de las claves para dar el enfoque adecuado a una página web es la extensión elegida en su dominio: el 62 por ciento utilizan la variante internacional (.com), mientras que el 35 por ciento opta por la propia del país (.es).

EL 45% SE ENCARGA PERSONALMENTE DE SU WEB

Según datos de GoDaddy, casi la mitad de los autónomos y pequeños empresarios españoles (45 por ciento) se encargan de sus necesidades tecnológicas ellos mismos. De hecho, cuando se trata de crear una página web, el 38 por ciento de las empresas deciden hacerlo ellas mismas sin ayuda (mediante el uso de gestores de contenidos y herramientas de creación de páginas web), mientras que el 37 por ciento recurre a profesionales del diseño y desarrollo web.

"Muchos creen que la creación de una página web requiere más conocimientos técnicos que la actualización de nuevos contenidos, una tarea que, según los encuestados, requieren un menor nivel de competencias específicas", explican desde la compañía.

Para facilitar el proceso de creación de una página web, GoDaddy cuenta con el servicio 'Páginas Web + Marketing', que combina la creación sencilla de páginas web con la venta online y herramientas de marketing. Gracias a esta herramienta, las pequeñas empresas y autónomos pueden crear su propia web con todas las garantías en términos de seguridad (cuenta con un certificado SSL incluido) y cuyo diseño 'responsive' se adapta a cualquier dispositivo.

Asimismo, la empresa también ha ofrecido su programa 'School of Digital', una iniciativa gratuita para pequeñas empresas y autónomos que buscan nuevas formas de impulsar sus negocios. En España se han celebrado dos sesiones los días 18 y 19 de noviembre, durante las cuales los expertos de GoDaddy ayudaron a pequeñas empresas a digitalizarse y montar su página web.

El consejero de Cultura, Educación y Universidades, Román Rodríguez, ha cargado este jueves contra el Gobierno central, coincidiendo con el debate en el Congreso de la 'Ley Celaá', y ha acusado al bipartito de "vender una parte de a convivencia lingüística" para "captar y beneficiarse" de los votos de Esquerra Republicana (ERC) y lograr sacar adelante la reforma.

A preguntas de los medios, Rodríguez se ha referido expresamente a la enmienda pactada con esta formación, criticada por los miembros y representantes del PSOE como Alfonso Guerra, y que elimina la mención al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, aunque la Ley reconoce a todos los idiomas vehiculares del sistema educativo.

"El Congreso va a aprobar una ley absolutamente contradictoria, que está generando y va a generar muchos problemas sociales y políticos y que se está impulsando de modo unilateral por parte de las fuerzas del Gobierno de España", ha reprochado.

El titular autonómico del ramo ha criticado que el Ejecutivo central "despreció" todos los avances alcanzados en las conversaciones por el Pacto por la Educación en España y "en ningún momento hizo partícipes ni a las comunidades autónomas ni a los principales agentes educativos".

En contraposición, ha situado el modelo gallego como referencia para otras comunidades del Estado, donde se favorece "el uso y dominio de ambas lenguas oficiales" y "sin ningún tipo de conflicto", avalado además por los datos de conocimiento y destreza del informe PISA.

Es por ello que insista en que la LOMLOE "genera un problema donde no lo había" y es una norma "profundamente partidista" y que no pone el acento "en la educación" o "el futuro", puesto que está "orientada fundamentalmente a pagar deudas políticas" y "utilizando la educación para ello".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado este jueves contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por sus discrepancias en asuntos como el Sáhara Occidental o la enmienda presentada al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) relativa a los desahucios.

"Formar parte de un Gobierno exige también unas responsabilidades", ha advertido Robles, que cree que las diferencias deben dirimirse en el seno de la coalición y, una vez tomadas las decisiones, todos los miembros del Ejecutivo deben ser "solidarios" y salir en su defensa.

"Cualquier miembro del Gobierno puede tener sus opiniones personales, pero el Gobierno es un órgano colegiado y tiene que estar a las decisiones que se tomen", ha insistido la ministra de Defensa desde la base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), desde donde ha realizado una videoconferencia con rastreadores militares.

LA POLÍTICA EXTERIOR LA MARCAN SÁNCHEZ Y LAYA

En concreto, respecto a la situación de Marruecos y el Sáhara Occidental, Robles ha subrayado que la política exterior de un Gobierno la marcan su presidente y la ministra de Asuntos Exteriores. "Eso tiene que quedar muy claro. Cualquier otro miembro del Gobierno que tenga otra posición será a título particular, pero la postura la marcan el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores", ha avisado.

Después de que Iglesias o el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, hayan hecho público su apoyo al Sáhara Occidental, Robles ha insistido en que la postura oficial del Ejecutivo es la que marcan Sánchez y Arancha González Laya y el resto de opiniones serán "a título particular".

Robles ya se ha desmarcado en anteriores ocasiones de las posturas adoptadas por Iglesias. Fue el caso recientemente del viaje en el que el vicepresidente segundo acudió junto al Rey a la toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, y aprovechó para mantener un encuentro con los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador y Perú y firmar la 'Declaración de la Paz', en la que sitúan al "golpismo de la ultraderecha" como la principal amenaza de la democracia y la paz social.

La ministra de Defensa hizo hincapié entonces en desvincular las actividades "particulares" de Iglesias del "objetivo" del viaje junto al monarca, al que iba como "invitado especial".

Robles ha calificado de "lógico" que Podemos quisiera formar parte del Gobierno --ha recordado que tuvieron que repetirse las elecciones generales por su negativa a apoyar un Ejecutivo en solitario del PSOE--, pero ha insistido en que una vez que se pertenece a un Gobierno de coalición deben asumirse "unas responsabilidades".

"Aunque tengamos opiniones contrarias, cuando hay una posición que se ha debatido en el seno de un Gobierno que hay que defenderla", ha emplazado incluyendo también en este planteamiento el proyecto de Presupuestos Generales, al que Unidas Podemos ha presentado en el Congreso una enmienda junto a ERC y Bildu para frenar los desahucios.

Robles cree que las cuentas públicas para el próximo año deberían salir adelante con el apoyo de los 350 diputados de la Cámara Baja porque deben marcar el camino de la "recuperación" de España. Por ello, ha rechazado "exclusiones" a fuerzas políticas o "vetos cruzados" entre partidos".

PRESUPUESTOS SIN EXCLUSIONES NI VETOS CRUZADOS

"No me gusta que ninguna fuerza política trate de hacer política partidista de unos Presupuestos que son de todos los españoles --ha defendido--. El Gobierno es Gobierno no solo de las personas que lo han votado sino de todos los españoles. A veces a lo mejor algunos miembros del Gobierno se olvidan de que tenemos que gobernar para todos los españoles y no solo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos".

Robles se ha situado así en contra de las "exclusiones" a partidos políticos o los "vetos cruzados" entre ellos y cree que en la actual situación "no sobra ningún voto". Según ha defendido, es momento de "generosidad" en política y atender a la petición que hacen los ciudadanos para dejar al margen "posiciones partidistas" y trabajar "conjuntamente".

El suplicatorio que el Tribunal Supremo va a pedir al Congreso para investigar a Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, deberá aprobarse en comisión y en sesión plenaria, lo que implicaría el voto a favor del PSOE, socio de Podemos en el Gobierno.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral ha acordado elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta --o delito leve-- de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

DOS MESES DESDE QUE LLEGUE A LA CÁMARA

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a los afectados, bien sea en persona o por escrito, para que puedan presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante; y el también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

El Ayuntamiento de Barcelona realojará a las personas sin hogar atendidas en los pabellones de Fira de Barcelona en Montjuïc en tres hoteles y residencias de la ciudad, que ofrecerán 221 plazas que se suman a las ya existentes en otros equipamientos que activó a raíz de la pandemia.

Lo han anunciado este jueves la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, y la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, en una rueda de prensa, en la que han destacado que los hoteles y residencias darán a estas personas "un espacio más seguro ante posibles contagios, con más autonomía y mayor privacidad".

El consistorio puso a disposición al inicio de la pandemia dos pabellones de Fira de Barcelona que permitían acoger a unas 450 personas y, ante la reducción de la ocupación, en octubre las reubicó en un único pabellón para optimizar recursos.

Ahora, reubicará a las cerca de 170 personas que están en este pabellón en hoteles y residencias, un traslado que se realizará la segunda quincena de diciembre, y está previsto que estos equipamientos funcionen hasta el mes de abril.

Se trata de un edificio con 95 plazas ubicado en el distrito de Gràcia, que gestionará la Fundació Salut i Comunitat; otro de 100 plazas en el distrito de Sant Martí, que gestionará la Cruz Roja; y un último de 26 plazas, más pequeño, solo para mujeres en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, gestionado por el Centre Assís.

El consistorio no ha especificado las direcciones exactas de los hoteles y residencias para "no generar presión mediática y permitir un acompañamiento más tranquilo" durante el traslado.

Estos espacios se sufragarán con dos millones de euros del total de 3,5 millones que la Generalitat comprometió para atender a personas sin hogar en Barcelona y el área metropolitana, aunque el Ayuntamiento contempla destinar 45 millones a las políticas de sinhogarismo.

Así, estas nuevas 221 plazas se suman a las 150 de equipamientos especializados para mujeres, jóvenes y drogodependencias, y a las 400 plazas adicionales de las que dispone en caso de posibles rebrotes de la Covid-19 o bien porque las temperaturas caigan por debajo de los 0 grados centígrados, entre ellas las del pabellón de Fira, que no se desmontará del todo por si fuera necesario.

MÁS DE 1.500 PERSONAS ATENDIDAS

Durante la pandemia, Barcelona ha atendido a 1.522 personas en los equipamientos de emergencia, de las cuales 1.286 eran hombres, 232 mujeres y cuatro personas que se identifican como no binarias.

Se han realizado 121 aislamientos preventivos y 33 derivaciones a hospitales o Hoteles Salud, 331 pruebas PCR mediante las que se han detectado 38 casos positivos de Covid-19, y no se ha registrado ninguna defunción entre las personas atendidas.

En paralelo, los equipos de calle del Servei d'Inserció Social en Medi Obert (SISMO) detectaron en octubre un total de 982 personas durmiendo en la calle, una cifra inferior a la de los últimos dos años: en noviembre de 2018 localizaron a 1.050 y en el mismo mes de 2019 a 1.091.

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid, con datos que apuntan a que es una de las autonomías donde "las cosas van en la mejor dirección", confirma la "estrategia fallida" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra la presidenta madrileña.

"Ayuso se va a encumbrar como presidenta de la Comunidad de Madrid por esfuerzo y mérito propio y a pesar de Sánchez", ha manifestado Maroto en el encuentro telemático NEFOnline organizado por Nueva Economía Fórum, en el que también ha participado la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra.

Maroto ha señalado que las medidas que Sánchez" intento imponer a la brava" a la Comunidad de Madrid, "provocó que los jueces le tiraran de la oreja porque se había pasado de la raya y se había excedido". Sin embargo, ha dicho que las medidas propuestas por Ayuso "han tenido éxito", como ha ocurrido "con otros presidentes del PP".

"ATAQUE GRATUITO DE SÁNCHEZ A LOS MADRILEÑOS"

Así, ha subrayado que "hoy" Madrid es la comunidad en la que, según los datos, "las cosas van en la mejor dirección" y ha añadido que esa evolución de la pandemia hace que pueda "dormir tranquila", algo que, a su entender, no puede hacer el jefe del Ejecutivo con sus decisiones.

"Creo que la estrategia de Sánchez de arremeter contra Ayuso como una manera de arremeter contra el PP, pues ha acabado siendo una estrategia fallida y esa provocación de Sánchez se ha traducido ante los madrileños como un ataque gratuito a los madrileños, más que a la presidenta de la CAM", ha manifestado.

Además, ha arremetido duramente contra la gestión de la pandemia que está realizando Pedro Sánchez, ya que, según ha dicho, es el país que "más contagiados ha tenido y que más fallecidos ha tenido proporcionalmente a su población". Además, ha recalcado que España es el país que "peores datos económicos arroja en el conjunto de la UE".

"El Gobierno actual no está preparado ni capacitado para liderar ni la crisis sanitaria ni la crisis económica que tenemos encima", ha manifestado el portavoz parlamentario de los 'populares' en la Cámara Alta.

ARREMETE CONTRA VOX

Por otro lado, el parlamentario 'popular' ha recordado la moción de censura de Vox y ha arremetido duramente contra esta formación. Maroto considera que sirvió para conocer el "ideario político" del partido de Santiago Abascal, "que difiere mucho del que tiene el PP"."La moción ha servido para quitar la careta a Vox", ha abundado.

Así, ha criticado que Santiago Abascal se refiriera al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez como el "peor gobierno en 80 años" porque los 'populares' tienen esta "línea roja". Según ha defendido, el PP considera que cualquier Gobierno "en democracia es mejor que una dictadura": "Eso nos separa, es una línea fundamental".

Con todo, ha restado importancia al apoyo de Vox en los territorios donde gobierna el Partido Popular y ha explicado que la formación de Santiago Abascal "no ha tomado la decisión de respaldar las investiduras por voluntad propia".

Maroto cree que no está en peligro este respaldo de Vox en algunas autonomías, si bien ha advertido que "no es la primera vez que el partido de Abascal pone palos en la rueda" recordando cuando se alinearon con PSOE y Podemos para votar en contra de la bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid.

"SI LA DERECHA VOTA DIVIDA, SÁNCHEZ SE QUEDA"

Maroto ha defendido la unión del centro-derecha y ha avisado de que "si el centro derecha vota dividido, Sánchez se queda". De hecho, ha asegurado que el presidente del Gobierno "está encantado con que exista una opción como Vox y la alimenta todos los días para evitar que pueda existir una alternativa a su Gobierno".

"Desde el PP tenemos que ofrecer la ilusión de un proyecto que represente a todo lo que está a la derecha de Sánchez, porque sólo desde la unidad podremos evitar todo lo que está sucediendo", ha manifestado, para insistir en que el "fraccionamiento del centro-derecha solo beneficia al Gobierno actual" y que hay que hacer "pedagogía" para explicar a los españoles que el PP representa "la alternativa" a Pedro Sánchez.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse), ha denunciado ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que autorizar la realización de test Covid-19 en las farmacias españolaspropiciaría nuevos focos de contagio de la enfermedad.

En una carta dirigida a la máxima responsable de la Comisión Europea, tras conocer la recomendación de impulsar la realización de test rápidos como alternativa, en ciertos casos, a las pruebas PCR, la Mesa de la Profesión Enfermera ha reiterado su "gran preocupación" ante la posibilidad de que se autorice esta práctica asistencial en establecimientos comerciales, como son las oficinas privadas de farmacia.

Según la Mesa, "no tiene ningún sentido" que desde la Comunidad de Madrid se haya pedido también a la UE que se impulse la realización de este tipo de pruebas diagnósticas en las oficinas privadas de farmacia cuando la incidencia de la pandemia en la autonomía, según valoraciones y datos oficiales, incluidos los del Ministerio de Sanidad, ha mejorado en los últimos días, sin necesidad de realizar estos test en las oficinas de farmacia.

Además, a la Mesa de la Profesión Enfermera le llama la atención que la actual comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, forme parte del Partido Popular Europeo, como la presidenta madrileña. A su juicio, da la impresión que, desde el punto de vista político, la balanza se pudiera estar inclinando "a favor" de la regidora de Madrid asesorada por su jefe de gabinete, Miguel Angel Rodríguez, y no hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, y su jefe de Gabinete, Iván Redondo.

En la carta, la Mesa ha recordado que en España existe una red "100% pública" para la asistencia sanitaria en el ámbito de la Atención Primaria que es la que lleva a cabo de forma habitual todas las actuaciones en materia de prevención, seguimiento de pacientes crónicos, asistencia domiciliaria o cobertura vacunal en todas las etapas de la vida, entre otras, mientras que el régimen de las oficinas en farmacia no está regulado como en la gran mayoría de los países europeos.

"Según nuestra regulación estatal, una farmacia está considerada como un establecimiento sanitario privado de interés público, y en ningún caso, puede llevar a cabo labores asistenciales/clínicas con los pacientes o ciudadanos en general", ha dicho la organización, para subrayar que "los farmacéuticos ni tienen en España competencia legal ni cuentan con formación que les habilite para realizar las técnicas de recogida de muestras de las pruebas de detección de COVID-19".

Y es que, prosigue, con carácter general, las funciones de la farmacia se limitan primordialmente a la producción, conservación y dispensación de medicamentos, no pudiendo realizar ningún tipo de intervención sobre pacientes ni mucho menos pruebas diagnósticas sobre los mismos.

"NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD"

De otro lado, la Mesa ha informado a la presidenta de la CE que en España estas acciones de detección del virus se han puesto en marcha a través de los Servicios Regionales de Salud, y son llevadas a cabo por el personal cualificado y autorizado para ello en España, como son las enfermeras y médicos, así como en establecimientos y lugares habilitados con las mayores garantías de seguridad tanto para los profesionales sanitarios como para los ciudadanos.

Por ello, la Mesa incide en que las oficinas de farmacia en España, no reúnen "en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos" a los que se pudiera realizar este tipo de pruebas, así como del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta en este tipo de establecimientos (geles, cremas, champús o dentífricos).

Al respecto, la Mesa ha añadido que, para hacer este tipo de test en condiciones de seguridad se necesita contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas y personal cualificado para la realización e interpretación de los mismos, así como realizar una gestión óptima de la eliminación de los residuos generados contaminados y propiciar el registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública, entre otras cuestiones.

Además, ha apuntado que la intención de los farmacéuticos va "en contra" de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos que han implementado las autoridades sanitarias en España, al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad.

"De llevarse a cabo estas pruebas en las oficinas de farmacia privadas estaríamos propiciando la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio del COVID-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, no olvidemos, es cerrado y limitado en su estructura y capacidad y, por ello, con dificultades para su ventilación natural", ha zanjado.

La psicóloga María Jesús Álava Reyes ha expuesto este jueves como pocas profesiones suscitan tanta intromisión y comentarios alrededor de su trabajo como la del docente. Esta ha sido una de las ideas que ha desarrollado en el encuentro digital CEU TALKS organizado por el grupo educativo CEU, en el que habló de los momentos que atraviesa este sector, especialmente desde la llegada del coronavirus.

La psicóloga ha asegurado que, durante los últimos meses, se ha incrementado el número de docentes que deciden visitar a un especialista para aprender a adaptarse a esta nueva situación laboral: "Ahora hay más exigencia hacia los profesores y el personal de administración de los centros educativos. El ambiente además ha cambiado, la alegría de las aulas se ha convertido en inquietud y esto afecta directamente a los trabajadores y alumnos", ha indicado.

También ha hecho referencia a la intromisión que ha sufrido y que sufre esta profesión. "Es una labor que suscita muchos comentarios. En otros países es una de las profesiones más valoradas y ahora las familias, tras vivir el confinamiento, se han dado cuenta realmente de lo difícil que es enseñar".

Precisamente sobre la tarea de los padres, la psicóloga ha apuntado que, aunque estos "se han preocupado más que nunca por la educación de sus hijos, han estado realmente perdidos al tener que ocuparse ellos mismos de tareas que por lo general desempeñan profesionales".

Álava Reyes ha compartido con los asistentes una serie de claves para adaptarse a esta nueva situación, como aprender a desconectar después del trabajo, mejorar los hábitos emocionales y practicar ejercicio. "Es importante para todos que trabajemos nuestra capacidad de adaptabilidad a las incertidumbres, la resiliencia y la valentía y debemos limitar el tiempo que dedicamos a ver las noticias", ha afirmado.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha explicado que los técnicos del Comité de Seguimiento del Covid en la Región ya acordaron la semana pasada en elaborar una propuesta basada en los niveles de incidencia para aplicar medidas específicas por municipios. Esta propuesta será presentada en la próxima reunión del Comité de Seguimiento del Covid que tendrá lugar este jueves por la tarde, para que se pueda implementar tras su examen y evaluación por los miembros.

Villegas ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que no ha podido adelantar nada sobre los umbrales previstos a partir de los que se podrán relajar las medidas, porque los técnicos "están trabajando todavía en ello" y esta tarde se comunicarán, en cuanto termine la reunión del Comité.

No obstante, ha recordado que hay un informe epidemiológico que todos los días recoge la incidencia acumulada de cada uno de los municipios de la Región, y la gente "puede saber qué localidad está más o menos afectada y las posibilidades que, en principio, puede tener para ser más o menos restrictivo.

Al ser preguntado por si tiene mideo a que haya un aumento de los casos por efecto llamada y que la gente acuda de forma masiva a los bares en cuanto se flexibilicen las medidas, Villegas ha reconocido que en la Consejería están "preocupados" y ha hecho una llamada a la "prudencia".

Y es que ha recordado cuando se cerró el sector de la hostelería hace diez días. Ha dicho entender que la sociedad "se solidarice, de alguna manera, con todas las personas que están trabajando y con las empresas que se dedican al sector", pero ha lamentado que "se vieron conductas imprudentes en ese contexto".

Por su parte, la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha señalado sobre la posible apertura de la hostelería que su departamento siempre va respaldar las decisiones que se adopten por parte de las autoridades sanitarias. "Nuestro deseo es que se retome la actividad cuanto antes con las mejores garantías", ha afirmado.

LAS MEDIDAS ESTÁN DANDO "RESULTADOS POSITIVOS"

Villegas ha destacado que las medidas restrictivas adoptadas para disminuir el contacto social, sobre todo en ámbitos cerrados en los que no se usan mascarillas, están dando "resultados positivos". De hecho, la incidencia acumulada en la Región en los últimos siete días ha caído desde los 895 casos por cada 100.000 habitantes la semana pasada a 623 casos por cada 100.000 habitantes a día de hoy, lo que ha atribuido al "esfuerzo de todos".

Así, ha señalado que se ve una "mejora sustancial" en el número de casos, pero "pasan dos o tres semanas hasta que repercute en los hospitales y en las UCI". De hecho, ha indicado que todavía se están incrementando diariamente el número de pacientes que ingresan en la UCI. "Esto quiere decir que, si se decide abrir algunos establecimientos esta tarde después del Comité, y la gente adopta conductas imprudentes, desgraciadamente no vamos a poder seguir bajando la curva de contagios y volveremos a tener un repunte, lo que originará un problema en la UCI", ha advertido.

Ha manifestado que la situación hospitalaria, sobre todo en las UCI, "comenzará a mejorar solo a partir de la semana próxima si continuamos con esta tendencia". Ha valorado que son "datos esperanzadores que tienen que consolidarse en los próximos días, y que nos indican que vamos en la buena dirección". Así, destaca que el esfuerzo de la sociedad en su conjunto y las medidas "están dando resultados y tenemos que persistir en ellas".

Ha advertido, no obstante, que "no podemos relajarnos" porque "nos queda mucho camino por andar. Así, ha detallado que la situación en las UCI de la Región "es muy preocupante aún" aunque la Consejería ha detectado una cierta "estabilización" en los últimos días.

UN NUEVO BROTE EN ÁGUILAS

Ha advertido que "esto no se ha acabado" y "cualquier irresponsabilidad, por pequeña que sea, puede hacer que se eleven los casos en un municipio en concreto". Por ejemplo, ha dicho que se ha registrado un aumento de casos en Águilas, cuya situación "siempre ha sido buena". Este incremento se debe a un brote originado en el ámbito del ocio familiar, y ya suma 14 afectados.

También ha puesto como ejemplo el brote del Hospital Rafael Méndez de Lorca, originado por la visita a un paciente, y que suma nueve positivos.

Ha recordado que las medidas más eficaces para parar la pandemia "son sencillas" y dependen "solo de nosotros mismos". Se trata, añade, de "limitar la vida social al mínimo imprescindible, limitar las salidas a lo esencial, el uso de la mascarilla obligatoria, normas de higiene y lavado de manos, así como la ventilación de espacios.

TETS DE ANTÍGENOS EN FARMACIAS

Por otro lado, el Gobierno murciano solicitó a la Agencia Española del Medicamento y al Ministerio de Sanidad la posibilidad de que las farmacias pudieran realizar test de antígenos. De hecho, la Consejería de Salud está desarrollando el protocolo y espera que esté listo la semana que viene.

Al ser preguntado por las medidas a adoptar de cara al puente de diciembre, Villegas ha reconocido que su departamento está preocupado por esta festividad, tal y como manifestó al ministro la semana pasada. "Cada vez que hay un puente o una fiesta tenemos un repunte", ha admitido. No obstante, ha señalado que todavía no están trabajando en ese escenario ni en el de la Navidad.

Ha recordado que en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles se anunció la creación de un grupo para intentar que las medidas a adoptar sean "más o menos homogéneas" en todo el territorio nacional", que es lo que a Villegas le parece "lo más oportuno". Este grupo mantendrá este viernes su primera reunión.

SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS

En cuanto a los colectivos más vulnerables, Villegas ha agradecido el "ingente esfuerzo de todos los profesionales que se están dejando la piel día a día en las residencias y centros sociosanitarios de la Región". Ha destacado que, en el momento en el que se detecta un caso positivo o un brote en una residencia, esta es intervenida por Salud y son los médicos los que deciden en cada uno de los casos qué hacer con el paciente: si debe ser trasladado al hospital o si puede seguir siendo atendido en la propia residencia por profesionales facultados para ello.

En la actualidad explica que hay 329 sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) trabajando en centros sociosanitarios de la Región, a los que se han sumado este lunes 80 enfermeras más.

Villegas también ha agradecido la "implicación" del sector educativo por su labor ejemplar, haciendo que los colegios sean zonas "seguras", siguiendo el protocolo "a rajatabla" y haciendo una labor "encomiable con los más pequeños y nuestros jóvenes a nivel de información y concienciación sobre las medidas a cumplir".

En cuanto al llamamiento del Centro Regional de Hemodonación, que está viendo disminuir sus reservas, Villegas ha destacado que"donar sangre es un acto totalmente necesario para el sistema sanitario, que se siga interviniendo a los pacientes". Ha afirmado que donar sangre "es un acto de mucha necesidad y muy seguro".

Para finalizar, Villegas ha admitido que se han pedido médicos voluntarios para hacer frente a la situación en las residencias del área de Salud VII. Además, ha indicado que es algo que se está llevando a cabo en Caravaca para hacer frente a un brote en las residencias. "Yo creo que esto es más el Área de la Salud la que se organiza en función de las necesidades que se establecen y se pide el número de voluntarios", ha zanjado.

Varios diputados de Unidas Podemos-Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid han participado este jueves en la concentración celebrada por sindicatos frente al Parlamento autonómico por la muerte de dos trabajadores durante la construcción del Hospital Isabel Zendal, accidentes que este partido vincula con "irregularidades" laborales.

Entre ellos se ha encontrado la portavoz, Isa Serra, quien ha indicado que se están investigando pero entiende que la "exigencia de rapidez" a la hora de construir la infraestructura "puede haber influido". "Es un hospital que la señora presidenta (Isabel Díaz Ayuso) ha puesto por delante hacer campaña que proteger los derechos laborales y las vidas de los madrileños", ha reprochado.

Así, ha insistido en que "por la insistencia de construir rápido" han pasado "cosas terribles" como el fallecimiento de los dos trabajadores y ha exigido que se pongan "medidas para garantizar la protección" de estos empleados y "sobre todo" en obra pública.

En este aspecto también ha profundizado la portavoz adjunta, SOl Sánchez, quien ha puesto el foco en que "no se están cumpliendo las normas" y que hay indicios de que "no llevaban cosas como protecciones". "Uno de los que murieron, fue por una caída en altura. Una cosa perfectamente prevenible", ha reprochado.

Sánchez ha ido más allá y ha cuestionado que desde el Ejecutivo regional "se esté diciendo la verdad" sobre las medidas de protección y ha remarcado que "Inspección de Trabajo tiene que tener la última palabra". Entre las presuntas deficiencias laborales que podrían estar teniendo lugar en el Zendal ha citado la ausencia de respeto a los turnos, la falta de prevención de riesgos laborales y la poca seguridad de los empleados.

Una situación que el diputado Jacinto Morano ha reprochado por supeditar "hacer campañas publicitarias" se ponga "en riesgo" la salud de los trabajadores por lo que ha instado a Ayuso y al vicepresidente, Ignacio Aguado, ha anteponer la salud a "cualquier interés", ya sea de imagen o económico.

LA COMUNIDAD DEFIENDE QUE CUMPLE EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL

Por parte del Ejecutivo autonómico, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ya defendió en la Asamblea de Madrid que el Hospital Isabel Zendal cumplió con todas las inspecciones y requisitos en materia de seguridad laboral así como todos los pasos preceptivos y las normas respecto a lo que es una construcción de esa magnitud y nivel.

Según expuso, esta es una obra que ha sido visitada por los profesionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y cuya construcción se enmarca dentro de una campaña específica que son las Obras Singulares, que conlleva especial protección por sus características y mayores controles.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral no se plantea poner en marcha ningún procedimiento de actuación contra la desinformación como el previsto por el Gobierno de España.

Según ha señalado Remírez en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, "el Gobierno de Navarra no piensa tomar ninguna medida más allá de seguir a través de su servicio de comunicación y su gabinete de prensa garantizando el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, o lo que es lo mismo, una información cierta, contrastable, auténtica y real, que es lo que venimos haciendo y hemos hecho durante la pandemia".

El consejero ha añadido que "así lo entiende la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra, que a lo largo de estos meses ha confiado en el rigor de nuestras fuentes oficiales, como queda patente en el incremento de las visitas de las noticias publicadas en la página web de navarra.es".

Además, ha señalado que "en el último mes la media de visitas diarias a los datos Covid que ofrece el Gobierno de Navarra es de 3.160, por encima de las alrededor de 600 consultas al inicio del confinamiento".

Javier Remírez ha asegurado que el Gobierno de Navarra "es garante de la comunicación, de la libertad de la comunicación, para que los profesionales en Navarra, independientemente de la línea editorial de cada medio pueda informar con libertad, cosa que no pasa cuando el PP gobierna a nivel de Gobierno de España o de algunas comunidades autónomas.

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha sido muy crítico con el procedimiento contra la desinformación anunciado por el Gobierno de Navarra. "No discutimos el riesgo cierto de la desinformación producida por potencias extranjeras, como así nos han alertado desde la Comisión Europea, pero sí cuestionamos el procedimiento de actuación que ha establecido el Gobierno de España", ha dicho, señalando que, según ese procedimiento, las Comunidades Autónomas serían "parte activa para perseguir la desinformación".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a Unidas Podemos que solo vea "violencia morada" por ser el color de su partido, cuando en realidad son una organización con "violencia pura" e "igualdad ante el delito y el odio".

Así lo ha lanzado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, en la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, sobre cuáles son las políticas de igualdad que van a poner en marcha.

"Yo si estoy donde estoy es fruto de mi trabajo y no por ser la pareja de nadie, como ocurre en su partido. Su organización es violencia pura y han estado en contra de la violencia de género con sus aliados de Bildu. (...) Trabajan muy poquito, se ponen frente a una pancarta y no dan ejemplo luego", ha lanzado Ayuso.

Asimismo, les ha acusado de permitir "una red de explotación infantil a costa de sus socios en Baleares" y de ver "solo violencia morada por ser el color de su partido político".

A su juicio, Podemos es un partido donde para ascender "hay que ser pareja de alguien", algo que la presidenta cree que es "nefasto" por el ejemplo de las mujeres que luchan por ascender sin ayuda de nadie, sin ayuda de sus machos".

En la pregunta que le ha dirigido sobre esta misma cuestión la líder de Más Madrid, Mónica García, la dirigente autonómica ha lamentado que desde su partido "digan a las mujeres lo que tienen que hacer" cuando ellas lo que quieren es "tomar las riendas de sus vidas. "Creo que ninguna mujer quiere ser víctima, sino independiente", ha sostenido.

Así, ha trasladado que la Comunidad ha realizado diversas medidas como la oficina central para la víctima del delito, una red de asistencia para mujeres y sus hijos en estas situaciones, lucha contra la trata o plazas residenciales para madres e hijos víctimas de violencia de género, entre otras.

"INVISIBILIZAN A LAS MUJERES", DICE PODEMOS

Por su parte, Isa Serra ha lamentado que desde el Gobierno regional "desprecien y abandonen" a las mujeres, y más a las sanitarias o cajeras de supermercado a las que "invisibilizan sin reconocimiento y sin derechos".

Ha expuesto que las mujeres sufren más pobreza y exclusión que los hombres y le ha afeado que en lugar de querer combatir esta situación, salen "en tromba a quejarse de que en el año 2020 los colegios concertados, que son los que más segregan, van a dejar de tener un solo euro". "Usted representa el neoliberalismo, el machismo, individualismo y egoísmo", ha lanzado.

En esta línea, Mónica García ha indicado que se niega a pensar que no son capaces de utilizar la política como herramienta para acabar con esta lacra, para educar a sus hijos en una sociedad "de libres e iguales". "Dejan de gastar 1 de cada 4 euros para hacer frente a la violencia machista. Desmárquese de aquellos que militan del machismo y que utilizan las agresiones solo cuando siembran el odio contra otros colectivos", ha zanjado.

Una 'Ruta naranja' con autobuses escolares decorados con lazos de ese color ha recorrido este jueves calles de València para "visibilizar el rechazo" de colegios concertados al proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá'. Para estos centros, se trata de una normativa "impuesta que quita derechos".

La protesta, prevista también en otros municipios, se ha desarrollado entre las 10.00 y las 12.00 aproximadamente y en ella se han podido ver autobuses escolares portando lazos naranjas con los que estos colegios concertados muestran su desacuerdo con la reforma educativa.

El director de Infantil y Primaria del colegio Dominicos de València, Gorka Arrieta, ha explicado a Europa Press TV que se trata de "una acción reivindicativa con la que los colegios concertados quieren dar visibilidad a su rechazo a una reforma educativa que se está intentando imponer y para la que no se está contando ni con los colegios ni con las familias.

Ha incidido en que esta 'Ruta naranja' quiere que "toda la sociedad valenciana vea cómo nos estamos moviendo por nuestros derechos y los de las familias", ya que, a su juicio, la norma implicar "quita la libertad a las familias" de elegir el colegio al que quieren llevar a sus hijos. "Lo único que queremos --ha proseguido-- es que los que mandan nos escuchen y podamos tener una ley en la que podamos participar todos".

En este sentido, ha abogado por que "haya todo tipo de colegios, públicos, privados y concertados, porque la sociedad es diversa y plural". "Queremos jugar con las mimas reglas, no queremos más que nadie, sino estar igual que todos", ha apostillado.

Por último ha pedido a la ministra Isabel Celaá "que escuche" pero también al resto de políticos y partidos, al tiempo que ha criticado al "inestabilidad" en los últimos años con leyes "sin perdurabilidad en el tiempo", lo que perjudica a los alumnos.

La acción cuenta con el impulso de entidades como FSIE-CV, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana, y la Plataforma Más Plurales.

Con la 'Ruta Naranja', FSIE se suma al movimiento nacional enmarcado en la campaña 'Más plurales, más libres, más iguales', que organiza la Plataforma Concertados en defensa de un modelo plural e igualitario en el que se respeten principios fundamentales como la libertad de enseñanza, señala el sindicato en un comunicado.

"LLAMADA DE ATENCIÓN"

FSIE-CV quiere de esta manera lanzar "una llamada de atención ante una ley que limita la libertad, la pluralidad y la diversidad", así como realizar una defensa la enseñanza concertada, que supone "el 35% de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, donde trabajan casi 15.000 profesionales y estudian 170.000 alumnos". De la misma manera, afirman, "se ven afectados los centros de educación especial y educación infantil de 0-3 años".

De esta manera, FSIE-CV rechaza "cualquier intento de reducir la pluralidad educativa a través de la reducción progresiva del modelo de educación concertada" y advierte que va a continuar con las movilizaciones con el fin de "manifestar el rechazo a una ley que necesita consenso y trabajo común, amplitud de miras y mucha pluralidad para que la educación, tal y como la conocemos hoy no dé pasos hacia atrás, sino adelante".

El sábado es el día preferido por los españoles para comprar un vehículo de ocasión, tanto a través del portal 'online' como en tienda, ya que el 17,5% del total de compras de coches usados en 2020 tiene lugar el sábado, el día con más ventas, según un estudio de OcasionPlus.com.

En 2020, han aumentando las compras de coches de ocasión los lunes (un 16,5% frente al 15,7% en 2019), los miércoles (un 15,6% frente al 14,9% en 2019) y los viernes (un 15,5% frente al 15% el año pasado). En el lado opuesto, se encuentra el domingo, día en el que bajan, con un 4,6% de las ventas totales de 2020 frente al 5,9% que se registraba en 2019.

De hecho, el estudio señala que en el sábado se formalizan el triple de ventas de coches de segunda mano que el domingo, que es el día de la semana con menos adquisiciones.

Aunque el día de la semana en el que se compran más coches en España es el sábado, es durante la mañana de ese día cuando se produce el mayor volumen llegando a venderse hasta un doble de las unidades que se venden el mismo día por la tarde, según el informe.

LAS TARDES, LA MEJOR FRANJA HORARIA

Las ventas por franjas horarias y días indican que el mayor número de formalizaciones de reservas que tienen lugar de lunes a viernes se realizan por la tarde, mientras que el domingo por la tarde es la franja horaria de la semana en la que menos coches se compran.

Los días y franjas horarias en que los españoles han comprado más coches de ocasión en 2020 han sido las mañanas de los sábados de febrero, seguidos de los lunes por la tarde de junio y los miércoles por la tarde de julio. Los que menos, los domingos por la tarde de marzo, mayo y septiembre y los domingos por la mañana de abril.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "fuese pionero en asfixiar" el idioma propio de Galicia y se ha preguntado "cuánto gallego menos quiere" el PP "en nuestro país".

A preguntas de los medios en rueda de prensa a propósito del debate de la ley educativa, Pontón ha señalado que "la gran mentira de la derecha, que el español está perseguido". "Es falaz; si una lengua está en posición de minorización en nuestra sociedad es el gallego y la pregunta es cuánto gallego menos quiere el PP en la sanidad, en los medios de comunicación, en la educación?", ha reflexionado.

La líder nacionalista ha considerado "lamentable" que el presidente de la Xunta "fuese pionero en asfixiar el gallego" y que ahora "sea pionero de la derecha y extrema derecha a la hora de querer arrinconar más nuestra lengua".

Pontón ha explicado que el BNG presentó "muchas propuestas" en la reforma educativa que no se recogieron y que atendían a otro modelo. Así, ha explicado que la abstención se debe a la "distancia" que tiene el Bloque con el resultado de la reforma en su conjunto.

Dicho esto, insistió en que le "preocupa que, una vez más la derecha y la extrema derecha, coinciden en su modelo educativo, en el que parece que estorba el plurilingüismo y quieren seguir arrinconando la lengua gallega". "Es lamentable que el presidente de la Xunta quisiera ponerse al frente de esta reivindicación", ha juzgado Pontón, quien ha sentenciado que "la pregunta es cuánto gallego quiere en nuestro país".

La comunidad de Extremadura mantiene en la actualidad una situación "aún preocupante" ante la Covid-19, aunque la curva "está aplanándose" y "parece" que hay una "tendencia a una cierta mejoría", según ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha añadido también que, pese a la "esperanza" que suponen las informaciones de las vacunas quedan "al menos seis meses de duro trabajo" frente a la pandemia.

De este modo, ha afirmado que la curva de la pandemia de la Covid-19 está en una situación "aún preocupante" en todo el país y también en Extremadura, y ha considerado que si bien "es cierto que está aplanándose, que parece que tiene una tendencia a una cierta mejoría", no hay que caer "indudablemente" en la "complacencia" porque se siguen manteniendo unos niveles de contagios "suficientemente altos" y una cifra de incidencia acumula "suficientemente alta" como para que haya que seguir "trabajando con todo el esfuerzo del mundo para poder de forma adecuada ir combatiendo la situación", ha indicado.

Asimismo, ha tachado de "buenas noticias" las informaciones relacionadas con las vacunas frente a la Covid-19 que se están produciendo en los últimos días, y ha considerado "positivamente" el papel que está teniendo el Gobierno español en la negociación europea con respecto a las mismas, aunque ha rechazado que esto pueda llevar a "relajar" a la población.

"Pero eso debe ser una luz de esperanza, en ningún caso debe ser entendido como que hemos llegado a un momento y a una situación en la que ya tenemos la situación y en la que ya nos podemos relajar", ha espetado el consejero, quien ha subrayado que pese a la "esperanza" sobre la vacuna en la que hay que "seguir trabajando, incidiendo de forma importante" le quedan "al menos seis meses de duro trabajo" a la sociedad.

Finalmente, ha agradecido a la sociedad su "esfuerzo mayoritario", así como su "resiliencia" y su "resistencia" frente a la pandemia, y la ha felicitado "por lo que están haciendo de forma mayoritaria con algunas excepciones que tienen que ser objeto de sanciones", de tal forma que según ha subrayado "la sociedad está cumpliendo y estamos dando la talla, al menos en la comunidad autónoma de Extremadura".

De este modo se ha pronunciado Vergeles en una comparecencia este jueves a petición propia en la Asamblea dentro de las que periódicamente realiza en los plenos de la Cámara regional para informar sobre la evolución de la pandemia de la Covid-19 y medidas adoptadas en la región.

La Comisión Europea (CE) ha informado este jueves de que remitirá a la Autoridad de la Competencia y los Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) el análisis de la fusión de los negocios de Telefónica (O2) y Liberty Global (Virgin Media), tal y como solicitó recientemente la autoridad británica.

Aunque la operación le fue notificada a Bruselas el pasado 30 de septiembre, la autoridad británica para la competencia solicitó días después que le fuera trasladado el expediente ya que podría tener un impacto relevante en los mercados minorista y mayorista de las telecomunicaciones en Reino Unido.

En concreto, la CMA planteó problemas de competencia en los servicios móviles al por menor y al por mayor, así como en el mercado de arrendamiento de líneas, además de recordar que pronto expirará el periodo de transición que aplazó el Brexit hasta este el 31 de diciembre, cuando Reino Unido dejará ser parte del Mercado Interior.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explica que ha decidido inhibirse porque tras examinar la documentación recibida está de acuerdo en que la operación "puede afectar a la competencia" en el sector en Reino Unido, país en el que Telefónica y Liberty Global "son actualmente dos grandes operadores del mercado".

"Sobre la base de una evaluación global, la Comisión decidió remitir la operación propuesta a la CMA, que se ocupará del asunto con arreglo a la legislación nacional de Reino Unido", explica el comunicado, que añade que existe una "estrecha cooperación" entre la autoridad británica y los servicios de la Comisión, por lo que la investigación continuará "sin interrupción".

Por su parte, el consejero delegado de la CMA, Andrea Coscelli, ha agradecido a la CE su decisión y ha remarcado que los mercados afectados por la operación son "increíblemente importantes" y están en continua evolución, por lo que el acuerdo debe revisarse "cuidadosamente para asegurarse de que los consumidores estén protegidos".

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con la Comisión Europea hasta ahora y nos basaremos en el trabajo que ya se ha realizado para asegurarnos de que el caso se pueda investigar de la forma más rápida y eficaz posible", ha asegurado.

POSICIÓN DE O2 Y VIRGIN

Tras conocerse la decisisón de Bruselas, Liberty Global y Telefónica han remarcado que la Comisión Europea ha completado su revisión de la propuesta de fusión de las empresas del Reino Unido en la Fase 1 antes de remitirlo a la CMA, por lo que le han solicitado a esta última que inicie una "vía rápida" en la Fase 2 en el Reino Unido.

"Hemos estado en estrecho contacto con la CMA y Ofcom durante todo este proceso y confiamos en que la transición será perfecta. Nuestra opinión sigue siendo que esta transacción favorece la competencia y seguimos esperando el cierre a mediados del próximo año", ham señalado.

La CMA confirma que ha recibido la petición realizada por las dos compañías de telecomunicaciones y adelanta que prevé aceptar esta solicitud, "a menos que reciba objeciones válidas al uso del proceso de vía rápida".

A este respecto, recuerda que la mayoría de los casos de fusiones necesita una investigación completa de la Fase 1 para determinar si se puede aprobar la operación o se requiere un mayor escrutinio. Sin embargo, añade que las empresas pueden solicitar que la investigación avance más rápidamente a la Fase 2 cuando está claro desde el principio que el acuerdo requiere una investigación en profundidad.

En este contexto, la CMA ha invitado a presentar antes del 26 de noviembre opiniones sobre cómo la fusión podría afectar la competencia y sobre la solicitud de las empresas de un proceso acelerado, aunque añade que se darán nuevas oportunidades para enviar opiniones durante la investigación de la Fase 2.

FUSIÓN DE O2 Y VIRGIN

Telefónica y Liberty Global llegado a principios de mayo a un acuerdo para unir sus negocios en Reino Unido en una 'joint venture' participada al 50% por ambas compañías, una operación que creará el operador de servicios fijos y móviles "líder" de mercado en el país.

Esta operación, que unirá a la operadora de banda ancha fija Virgin Media y a la de móvil O2, generará "sustanciales sinergias" valoradas en 6.200 millones de libras (6.808 millones de euros a tipo de cambio actual), en términos de valor actual neto y excluyendo los costes de integración.

La operación otorga un valor de empresa a O2 de 12.700 millones de libras (13.945 millones de euros) y a Virgin Media de 18.700 millones de libras (20.533 millones de euros). El negocio de Telefónica se aportará libre de deuda, mientras que Virgin Media se aportará con 11.300 millones de libras (12.408 millones de euros) de deuda neta y similares.

El Instituto de Política Social (IPF) ha lanzado un vídeo para rechazar la 'Ley Celaá' coincidiendo con su aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados y con el objetivo de sensibilizar y exponer su total rechazo a lo que consideran un ataque hacia la libertad de los padres y hacia la libertad de enseñanza.

En el vídeo aparecen personalidades públicas como MazalyAguilar, euro-parlamentaria por Vox; Alicia Rubio, diputada en la Asamblea de Madrid; la política Gotzone Mora, a la cuál la banda terrorista ETA amenazó en numerosas ocasiones con asesinarla; la cantante Miriam Fernández, ganadora del concurso 'Tú si que vales' de Telecinco; la periodista María Montero o representantes de colectivos como Instituto de Política Familiar, Asociación REMAR, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, Plataforma Actúa Familia vida y libertad y padres de familia preocupados por la situación.

"Hemos reunido a líderes sociales, políticos, personajes públicos, porque debemos dar voz a todas las familias, tenemos que dar voz a las escuelas concertadas, públicas, privadas, pero sobre todo a las escuelas de educación especial; por ello hemos seleccionado a las diferentes personas para dar voz a la libertad y combatir esta ley totalmente vergonzosa que arremete contra las familias", ha señalado el presidente del Instituto, Pablo Hertfelder García-Conde.

El Instituto ha señalado que el cierre de las escuelas concertadas supone "un atentado muy grave contra la libertad de enseñanza, contra la libertad de los padres y contra los docentes". La entidad denuncia que el cierre de las escuelas de educación especial tiene un fín y "es dar menos ayudas a las familias con hijos enfermos y sobre todo menos ayudas a las madres embarazadas con un hijo con malformaciones".

Para el Instituto, con esta ley "quieren potenciar el aborto, es una ley que está pensada para dar menos facilidades a las madres embarazas que saben que sus hijos vienen con malformaciones, pretende quitarse del medio a aquellos que a juicio de la ministra Celaá, sobran en este mundo", ha explicado Hertfelder García-Conde.

En el video, la artista Miriam Fernández explica cómo se puede vivir con discapacidad. "Se puede luchar por un mundo mejor, esmás lo que aportan los centros de educación especial que lo que uno puede aportar en un centro ordinario. Por ello, pedimos de inmediato que se respete la libertad de los padres y que la Ministra Celaá deje en paz a los niños. No queremos ni consentimos este atropello hacia la libertad de los padres", ha indicado Fernández.

EEl conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegura que se recurrirá a farmacéuticos para que hagan test de antígenos "si en algún momento se necesita" en Galicia.

A preguntas de la prensa este jueves --durante su participación en una rueda de prensa del PPdeG sobre la reforma de la ley de salud gallega--, el conselleiro ha recordado que Galicia fue "la primera comunidad" que se valió de las farmacias para hacer test "dada la situación que había" en la provincia de Ourense. Si bien en aquel momento eran pruebas rápidas de anticuerpos en vez de test de antígenos, ya que "no estaban desarrollados".

De tal forma, la Xunta "valoró positivamente la aportación que los colegios de farmacéuticos pueden hacer en el control de la pandemia".

"Si en algún momento necesitamos ese apoyo nuevamente de colegios de farmacéuticos por una cuestión epidemiológica concreta volveremos a plantearlo", avanza.

En el Consejo Interterritorial de Salud, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, instó a las comunidades que así lo deseen a presentar un plan detallado sobre personal y medios para que se puedan hacer test de antígenos en farmacias.

Al respecto, el conselleiro de Sanidade apunta que, "si se diera el caso", como ya se hizo en su día, recurrirán de nuevo a los farmacéuticos. "Volveremos a hacerlo", afirma.

MEDIDAS PARA NAVIDAD

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade ve "positivo" que se vaya a consensuar un documento conjunto entre Gobierno y comunidades para que haya recomendaciones comunes de cara a los puentes de diciembre y la Navidad.

Así, explica que en el Consejo Interterritorial de Salud se ha creado un grupo de trabajo, que se reúne este viernes por la tarde con la presencia de Galicia, para "discutir" sus opiniones acerca de las medidas a tomar.

"Del resultado de ese documento decidiremos después cómo se traslada a los gallegos", ha apuntado García Comesaña sin referirse a actuaciones concretas.

Euskadi ha detectado este pasado miércoles 1.069 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 19 más que en el día anterior y una tasa de positivos del 7,2%. Además, se han producido 56 nuevos ingresos en los hospitales vascos, 23 menos que durante la jornada del martes, y son 133 los pacientes ingresados en la UCI, cuatro menos.

Según recoge el boletín publicado hoy por el Departamento de Salud con la actualización de los datos de incidencia, a lo largo de este pasado miércoles se han efectuado 14.886 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de las 14.929 del día anterior. De ellas, 1.069 han sido positivas, frente a las 1.050 del martes, de forma que la tasa de positivos se ha elevado en dos décimas, del 7% al 7,2%.

Del total de casos positivos, el 49,5% de las pruebas se habían realizado por ser contactos de personas con covid y el 35,3% por presentar síntomas, la tasa más baja de los últimos siete días.

Con las cifras del miércoles, Euskadi suma 781,58 casos por 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Guipúzcoa se mantiene por encima del millar, con 1.013,81 casos acumulados, mientras que Vizcaya y Álava están por debajo de la media vasca, con 689,59 y 534,50, respectivamente.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es inferior a 1, en concreto, 0,92 para el conjunto de Euskadi. Por su parte, el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, es de 0,86.

Por territorios, Guipúzcoa ha contabilizado ayer 478 positivos, frente a los 459 del martes. San Sebastián suma 116 nuevos casos (cinco menos), Irún 41, Eibar 32, Errenteria 23 y Azkoitia 21.

Además de la capital, superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días Andoain, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona, Zarautz y Zumarraga.

En Bizkaia se han detectado 432 nuevos contagios, 27 menos que el martes. Bilbao suma el mayor número de nuevos positivos, con 183, lo que supone seis más que en la jornada anterior, seguido de Barakaldo, con 38, Getxo, con 29, Portugalete, con 19, y Santurtzi, con 18.

Según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, se mantienen en 'alerta roja' en este territorio su capital y Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Güeñes, Gorliz, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapaga y Zalla.

En Álava suman 136 nuevos positivos este miércoles, 14 más que en la jornada anterior. Vitoria contabiliza 109 positivos, 21 más que el día anterior, y, en este territorio, se mantiene en 'rojo' por su tasa de incidencia la capital alavesa (559,01) y vuelve a entrar en alerta roja Agurain, con 5 nuevos positivos y una tasa de incidencia de 528,70.

Además, los casos de positivos de personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca detectados este pasado miércoles ascienden a 23, lo que supone diez contagios más que en la jornada anterior.

EDADES

Por edades, de los 1.069 nuevos casos en Euskadi, 398 se engloban en el franja entre 40 y 64 años y 257 en la personas de 19 a 39 años. En la población de hasta 18 años se dan 197 casos, mientras que los mayores de 65 y menores de 80 concentran 112 contagios, y los mayores esa edad otros 101 casos.

La mayor tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se da en la población de 19 a 39 años, 869,29, mientras que la menor tasa se da entre la población de 65 a 79 años, con una tasa de 579,87. El tramo de edad entre 13 y 16 años, con 65 nuevos contagios detectados este martes, acumula una tasa de incidencia de 1.109,85.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresados en planta 56 pacientes este miércoles, 23 menos que el martes, y las personas que permanecen ingresadas en planta han descendido hasta las 477, lo que supone ocho menos que en la jornada anterior.

Asimismo, este miércoles se mantienen 133 personas con covid-19 ingresadas en las UCI de los distintos centros hospitalarios de Euskadi, cuatro menos que el día anterior.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la "mezquina" LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'Ley Celaá', porque es "liberticida" y busca "igualar a la baja".

Así lo ha señalado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una pregunta sobre la normativa formulada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Para la dirigente madrileña, esta ley "atenta contra la esencia de Madrid que es la libertad y que ha dado muy buenas cuotas de progreso y de resultados académicos".

"Nosotros defendemos la libertad de las familias para elegir cualquier modelo educativo: público, privado, concertado, especial, de excelencia, diferenciada. Vamos por eso a aprobar un proyecto de ley para blindar la libertad educativa en la Comunidad de Madrid", ha reiterado.

Ayuso ha preguntado si hay alguien en la Cámara regional que esté en contra de que el español sea lengua vehicular, que esté a favor de que "se expulse al español de su tierra" o que este en contra de la Educación Especial.

La presidenta de la Comunidad considera que esa ley es "un despropósito" así como "inoportuna" porque "llega en un momento en el que nadie lo había pedido de esta manera". A su parecer, es una normativa que no goza de "ningún tipo de consenso" y que no ha sido tratada con la comunidad educativa.

Ayuso considera que "regalar el aprobado no sirve más que para justificar una igualdad pretendida que lo único que hace es empobrecer a los niños y no les ayuda en absoluta". También ha censurado que vaya en contra de la religión católica o contra la autoridad del profesor.

"Todo lo que viene en ese texto está fuera de lugar, es mezquino y además rompe con el compromiso del PSOE en su programa electoral que decía defender la Educación Especial y también la libertad de las familias. Mentira tras mentira, lo único que hay con ello es imposición", ha lanzado.

Para Ayuso, la izquierda solo tiene una hoja de ruta: "el odio al español, a España, a la libertad y sobre todo el odio y la intención de que los alumnos sean libres en base al esfuerzo y estudio sino que todos sean igualados a la baja". Así, ha incidido que lo que pretenden siempre el "socialismo y el comunismo" es igualar a la baja, empobrecer y someter.

Por su parte, la portavoz de Vox ha sostenido que la 'Ley Celaá' cumple con los objetivos del "sanchismo de hoy" que es "sacrificar los derechos fundamentales de los españoles con tal de garantizarse un puñado de votos que les permita perpetuarse en La Moncloa".

"Atacan un elemento común integrador de España, como es la lengua", ha lanzado, al tiempo en el que ha subrayado que dicha normativa "desprecia el mérito y el esfuerzo", penaliza "al más débil" es "antisocial" y ataca el derecho de los padres para elegir la mejor educación para sus hijos.

Los rectores de las universidades gallegas han reivindicado sus instituciones como espacios seguros en los que debe apostarse, siempre que se pueda, por la presencialidad para así garantizar una enseñanza "de calidad".

En este mensaje han concidido los tres rectores de las universidades gallegas --Antonio López (USC), Julio Abalde (UDC) y Manuel Reigosa (UVigo)-- en su comparecencia conjunta este jueves ante la comisión de reactivación que desde hace semanas tiene lugar en el Parlamento de Galicia.

Allí, los tres han analizado el impacto de la pandemia en las instituciones académicas y han advertido sobre una realidad que, subrayan, se ha agudizado con esta crisis: la desigualdad en criterios económicos de los estudiantes, que está haciendo que, algunos, lleguen al extremo de tener que abandonar sus estudios por no poder costearlos.

En el caso de la Universidade de A Coruña, el rector ha señalado que unos 200 alumnos renunciaron a su matrícula por problemas económicos, lo que le ha llevado a reclamar ayudas desde las administraciones para que estos estudiantes puedan continuar con sus carreras y que la universidad siga ejerciendo su papel de "igualador y ascensor social".

Así, como han recordado los tres responsables de las instituciones académicas, las universidades pusieron en marcha planes de ayudas para el alumnado durante la pasada primavera de cara a sufragar parte de los gastos derivados del paso a la semipresencialidad obligado por la pandemia.

"Nos acostamos un viernes con una universidad presencial y nos levantamos el lunes con una docencia totalmente telemática funcionando plenamente", ha señalado Abalde, en la línea de lo expresado por sus homólogos en Santiago y Vigo, que han puesto el foco en el "esfuerzo" realizado por alumnos, profesores y administrativos de la tres universidades a la hora de adaptarse al nuevo escenario obligado por la irrupción de la pandemia.

Según ha apuntado Manuel Reigosa, la universidad fijó como objetivo primordial durante el pasado curso "que nadie se quedase atrás" y "no perder a ninguno de los alumnos", un mensaje similar al lanzado por homólogo en Santiago, Antonio López, que recordó las ayudas de la USC y las otras dos universidades gallegas para la cobertura de gastos adicionales vinculados a la teledocencia como planes de cobertura de datos móviles o el préstamo de equipos informáticos.

Con todo, Antonio López ha señalado la existencia de condicionantes socioeconómicos que afectaron al seguimiento de las clases telemáticas, como la falta de espacios del alumnado en sus propios domicilios para seguir las actividades.

UNIVERSIDADES "ESPACIOS SEGUROS"

Por ello, López, Abalde y Reigosa han hecho un alegato a favor de la presencialidad de las clases, toda vez que reivindican las universidades como "espacios seguros" en los que se siguen las medidas de seguridad, con protocolos "efectivos" que, en caso de ser necesario, decretan la teledocencia "sin" que el desarrollo del curso se vea alterado.

Tras semanas en las que los estudiantes universitarios estuvieron en el foco mediático por su supuesta falta de compromiso con las medidas sanitarias, los rectores han aprovechado su presencia en la Cámara para recordar que los estudios serológicos y las pruebas llevadas a cabo en los campus gallegos no concuerdan con la imagen de la comunidad universitaria actuando como elemento de transmisión del virus.

Con todo, después de apuntar que las cifras de prevalencia y positividad en la comunidad universitaria se mueven en niveles similares a los de la sociedad gallega en general, los rectores han apelado a la responsabilidad de alumnos, profesorado y personal académica para que los campus sean espacios seguros y solo tenga que limitarse la presencialidad cuando sea necesario.

INVESTIGACIÓN Y FINANCIACIÓN

Apostar por la investigación y reformular el modelo de financiación de las universidades son las dos asignaturas que han puesto sobre la mesa los rectores, que consideran que la crisis del covid debe hacer reflexionar sobre el papel de los equipos investigadores y su capacidad para ofrecer respuestas ante situaciones inesperadas.

Como ejemplo de ello, el rector de la UDC ha apuntado a la existencia de grupos investigadores que llevan años trabajando en el desarrollo de vacunas para virus SARS que, al estallar la crisis de la covid, han podido aportar avances de inmediato. Por ello, ha apelado a "mantener abiertas" las investigaciones científicas para estar listos "cuando cambien las prioridades".

En este sentido, Antonio López ha recordado que equipos de la USC trabajan en dos proyectos de desarrollo de vacuna para la covid-19 financiados por el Instituto Carlos III y colaboran en una macroinicitava coordinada desde Barcelona para encontrar soluciones a esta crisis sanitaria, línea en la que también ahonda el mapa genómico desarrollado por el grupo que dirige el profesor Ángel Carracedo.

Por su parte, como antes habían hecho sus homólogos, Manuel Reigosa se ha detenido en los problemas de financiación de las universidades, que, según ha incidido, no necesitan más fondos por parte de las administraciones, sino que estas lleven a cabo "una reformulación" del plan de financiación de las entidades académicas.

"No puede ser que situaciones como una reducción de estudiantes afecte de una forma directa a las estructuras de las universidades", ha remarcado el rector de la UVigo, quien ha añadido que la bajada de tasas (medida que ha dicho respaldar) no debe producirse sin que exista una "compensación económica" para las universidades que palie la reducción que supone en sus "ingresos estructurales".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de los grupos, el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, ha aplaudido que las universidades hayan apostado por priorizar la presencialidad en los primeros cursos, ya que considera que los alumnos recién llegados lo necesitan más que aquellos que ya llevan más tiempo en la universidad.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, puso el acento en que los estudios "demostraron" que la universidad "no era responsable" del empeoramiento epidemiológico de la comunidad gallega, al tiempo que ha demandado más compromiso económico de la Xunta con potenciar unas instituciones académicas que "tienen muchas fortalezas pero también muchas debilidades".

Por último, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha manifestado que la existencia de alumnos que abandonan sus estudios universitarios debe "encender las luces de alarma" a nivel social.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, si "va a seguir mirando hacia otro lado" con lo que está sucediendo en España y en su partido.

"Quería saber si va a seguir mirando para otro lado cuando están expulsando a los españoles de las aulas en Cataluña y, próximamente, en otras autonomías. Si va a seguir mirando hacia otro lado cuando Bildu le quiere subir los impuestos a todos los madrileños y dicen venir a Madrid a acabar con nuestra democracia o si está de acuerdo con crear una especie de Ministerio para la Verdad", ha lanzado antes de contestar a una cuestión planteada por el socialista sobre el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad en el Pleno de la Asamblea.

Por su parte, Gabilondo le ha contestado que va a hablar exclusivamente pregunta porque él no acude a la Cámara regional este jueves a comparecer. Así, el diputado del PSOE ha sostenido que los programas de inversión regional "no están propiciando con su planteamiento y ejecución la imprescindible cohesión y equilibrio territorial" de la región.

"Cualquier ciudadano ha de disponer de las condiciones estructurales y de los servicios suficientes y adecuados para poder vivir en los municipios y zonas de la región. Y no es lo que sucede", ha apuntado.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de contar con "un procedimiento claro para estos programas", que responda a "unos objetivos bien definidos y que garantice, para empezar, que las dotaciones sean públicas y transparentes". Pero, según ha expuesto, se ha procedido "con una concepción que favorece la discrecionalidad, cuando no la arbitrariedad, con decisiones poco claras o sencillamente injustificables".

Gabilondo ha considerado "imprescindible propiciar un pacto local, por los municipios con los municipios, para garantizar la sostenibilidad, la equidad y la cohesión territorial".

"MOVER LA ECONOMÍA"

A este respecto, la dirigente madrileña ha remarcado que el PIR busca mejorar la calidad de vida de los municipios y por ello el Gobierno "no ha hecho otra cosa" que trabajar para diseñar el nuevo con el objetivo de mejorar el anterior. Quieren "mover la economía por toda la Comunidad" y ha recordado que está dotado con 1.000 millones de euros para dotar de infraestructura y servicios a todos los municipios. Además, ha incidido que con este también quieren eliminar la burocracia.

Ayuso ha defendido que "han recogido todas las propuestas de los ayuntamientos". "Eso si es equidad, igualdad y oportunidades pero no lo es cuando el PSOE ha intentado quedarse con los ahorros de los municipios de manera unilateral", ha lanzado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a los militantes del PSOE para defender la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con "el mayor respaldo posible", después de la polémica generada por el apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas, que ha provocado críticas desde la derecha pero también malestar en las filas socialistas.

En su misiva, el jefe del Ejecutivo también acusa a los "adversarios del Gobierno" de crear "polémicas artificiales y noticias inventadas", para desviar la atención "hacia asuntos del pasado, como la lucha antiterrorista, que nada tienen que ver con los Presupuestos ni figuran por fortuna desde hace años entre los problemas de España y los españoles".

"Nuestra misión no es sencilla", avisa Sánchez, antes de explicar a sus militantes que lo que les "corresponde", en esta tesitura, es "explicar en todas partes que eso no sucede por casualidad". "Los Presupuestos son tan indispensables y su orientación es tan indiscutible que los adversarios del Gobierno progresista evitan hablar de ellos y desvían la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas", afirma el presidente.

CRITICA EL "GRITERÍO PARTIDISTA"

"Nuestra obligación como socialistas es explicar sin cesar el alcance histórico de estos presupuestos. Reiterar una vez y otra que nuestro país necesita salir adelante con el concurso de todos. Que no hay excusa que justifique desentenderse de este esfuerzo y menos aún oponerse a él", asegura.

En este sentido, el líder de los socialistas llama los suyos a "estar a la altura" ante el que considera el "mayor reto que ha vivido nuestro país en un siglo y ante una oportunidad histórica". "Debemos estar a la altura. Más allá del griterío partidista hay una sociedad golpeada y maltrecha que espera respuestas y soluciones", avisa.

"Entre declinar responsabilidades y ser responsables, los socialistas elegimos ser responsables. Entre desentenderse de los demás y fortalecer nuestros servicios públicos, el PSOE elige lo segundo", asegura el presidente. "Sigamos trabajando en la dirección correcta, desde la democracia, con humildad. Sigamos avanzando para construir la España que queremos sin dejar a nadie atrás", añade.

UN RESPALDO "QUE NO EXCLUYA A NADIE"

Según defiende Sánchez en su carta, España "necesita" los Presupuestos que ha elaborado el Gobierno porque "constituyen una respuesta excepcional a la altura del desafío" que representa la crisis del coronavirus. Incluyen la mayor movilización en inversión pública de nuestra historia democrática y aceleran la transformación de nuestro modelo productivo", defiende.

Por ello, el jefe del Ejecutivo argumenta que deben contar con un respaldo parlamentario que se extienda "cuanto sea posible y no excluye a nadie". Todos los apoyos son precisos en un momento en que debemos unirnos para proteger vidas y empleos y para recuperar nuestra economía", afirma.

"Hemos conseguido franquear un primer obstáculo y en el primer trámite parlamentario se han rechazado las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado con 198 votos en el Congreso de los Diputados, el mayor respaldo a una tramitación presupuestaria en la historia de España", celebra.

CONTRA EL "POPULISMO REACCIONARIO" DE LAS "FAKE NEWS"

Y frente a ese amplio respaldo, el presidente critica que los "adversarios del Gobierno" hayan decidido no "arrimar el hombro" y se dediquen a "desviar la atención" con "polémicas artificiales", en lo que supone, a su juicio, un claro ejercicio de "populismo reaccionario" como el del presidente de Estados Unidos, Donadl Trump.

"El populismo reaccionario crea en primer lugar fake news, noticias falsas que presenta como hechos para desacreditar a sus adversarios. A continuación, se sirve de estas falsedades para fomentar la polarización y la división social. Y, en tercer lugar, jamás acepta su derrota, aunque eso ponga en riesgo las instituciones democráticas", asegura.

Según Sánchez, esto es algo que se ha visto "hace muy poco en Estados Unidos" y que se ve también "desde hace meses en España". "Se difunden primero acusaciones falsas y llamativas, fake news; se promueve en segundo lugar el odio y la polarización; y, en tercer lugar, se niega legitimidad a los resultados electorales, y se escamotean sus consecuencias, sea en el ámbito del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional o en cualesquiera de los demás órganos constitucionales", denuncia.

UN AÑO DE LAS ELECCIONES

El presidente del Gobierno también aprovecha su carta para recordar que se ha cumplido ya un año de las elecciones generales que el PSOE ganó y que sirvieron para consolidar "el nuevo tiempo político iniciado tras la moción de censura".

"Muchas cosas han pasado desde entonces. Comenzamos el 2020 conformando el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España. Lo hicimos firmando un histórico acuerdo de Gobierno, una hoja de ruta ambiciosa para ejecutar las cuatro grandes transformaciones que necesita nuestro país: la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la plena igualdad de género", señala, antes de explicar en detalle en qué consisten cada uno de estos ejes.

Y a continuación, afirma que estas cuatro grandes transformaciones "tiene un calado suficiente como para dar sentido a una legislatura completa". "Y debemos acometerlas todas a la vez. Ésta es nuestra tarea, éste es nuestro momento y éste es nuestro proyecto", añade, antes de señalar que, para ello, necesitan todo el respaldo posible, incluido el del resto de fuerzas parlamentarias.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo de nacionalidad brasileña que tenía en vigor una reclamación judicial internacional para su detención y extradición por tráfico de drogas, ha informado este viernes la Dirección General de la Policía en una nota de prensa.

El arrestado participó en la exportación de 240 kilogramos de cocaína desde Brasil a España, que fueron incautados en el Puerto de Paranaguá-Paraná. Al prófugo se le considera miembro de una organización dedicada al tráfico internacional de droga, quien desde Brasil enviaba grandes cantidades de cocaína a Europa escondidas entre carga lícita, destinada a la exportación y transportada en contenedores.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento, gracias a la cooperación policial internacional, de una operación internacional contra el tráfico de cocaína a gran escala desarrollada por las autoridades policiales de Brasil junto a las de Colombia, y cuyo principal investigado se encontraba en territorio español.

Una vez recibida la información y tras varias pesquisas, los policías pudieron establecer que el investigado no disponía de un domicilio permanente en España, si bien sí tenía varias empresas en España dedicadas al transporte internacional de mercancías con sede en Galicia y Castilla-La Mancha.

Con el avance de las investigaciones, los agentes determinaron un domicilio donde acudía ciertos días del mes a pernoctar, muy cerca de la comisaría de Madrid Centro, situada en la calle Leganitos. Por todo ello activaron vigilancias en torno a este lugar, donde fue finalmente detenido.

Alberto J.C., el joven de 26 años detenido anteayer por la muerte de Iván V.S, un hombre de 39 años el viernes en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio, ha pasado poco después de las 10.30 horas de este jueves a disposición de los Juzgados de Coslada, han confirmado fuentes judiciales.

El arrestado, que no ha querido prestar declaración ante los agentes, está siendo interrogado ahora por el titular del Juzgado número 1 de Coslada número 1, que determinará a lo largo del día si le deja en libertad o le priva de ella y le envía provisionalmente a prisión imputado de homicidio o asesinato.

Alberto sería presuntamente el único autor material de la muerte de Iván, ya que la Guardia Civil ha descartado más arrestos. Y todo pese a que los últimos días tanto vecinos como el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, apuntaban a nuevas detenciones, quizá dirigidas a los posibles menores de edad que hubieran participado o encubierto el crimen.

Los agentes del grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Rivas Vacimadrid, quien se han hecho cargo de la investigación, registraron el martes por la tarde la casa del detenido con ayudas de guías caninos expertos en restos biológicos, en busca de ropa, calzado o pruebas que le podrían incriminar de lo ocurrido. También inspeccionaron la taquilla de su puesto de trabajo.

En ellas, según fuentes de la investigación, habrían encontrado restos de sangre que el laboratorio analizará si corresponden a Iván. Los indicativos policiales también ha tomado declaración a una decena de menores y a otros posibles testigos oculares y ya tienen el informe de la autopsia.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el viernes minutos después de las 20.30 horas cerca de la casa de la víctima. Todo comenzó con unas pintadas en una pared de la calle Frascuela de Velilla que supuestamente estaría realizando el fallecido, un mensaje dirigido a su exnovia y unos insultos dirigidos a la actual pareja de ella.

Entonces, se topó con varios menores, con los que discutió, aunque fue luego cuando apareció el mayor de edad ahora detenido con el que se enfrentó a golpes, supuestamente porque estaba pintando en el edificio que vivía o por rencillas anteriores vecinales, ya que vivían muy cerca.

Sea como fuera, Iván recibió patadas y golpes por todo el cuerpo y cayó al suelo entre dos vehículos, fracturándose la cabeza contra un bordillo, lo que le provocó una fuerte conmoción cerebral. El herido fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil del municipio al hospital de la Princesa de Madrid, donde ingresó en estado crítico. Entró en coma y domingo por la tarde falleció.

Según algunos vecinos, tanto víctima como el arrestado, que vivían en el mismo bloque, eran personas problemáticas y tenían problemas por culpa de los perros pitbull que Alberto paseaba en ocasiones sin correa o por las pintadas en el edificio. Acusan al detenido, al que apodan como 'El Sinsa', de peleas anteriores y apuntan que sabía artes marciales. El arrestado tenía antecedentes por lesiones y violencia de género.

Funcas ha advertido este jueves de que el confinamiento y las restricciones a la movilidad producirán un "mayor deterioro generalizado de los indicadores de desigualdad social y pobreza" en España, al tiempo que ha alertado de que si la crisis se prolonga, existen "serios riesgos" para la cohesión social.

La institución reconoce que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras medidas adoptadas por el Gobierno para compensar la menor actividad han "mitigado" el aumento de la desigualdad. No obstante, Funcas avisa de que la cobertura de las medidas de prevención y contención de la crisis "está sujeta a condiciones que limitan su universalidad y no se ha podido evitar que aumente la pobreza efectiva en algunos colectivos".

Así lo señala la institución en un estudio que ha realizado para evaluar el impacto social de la pandemia, en el que constata que la crisis ha provocado una importante reducción de los ingresos de familias y trabajadores.

Citando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la entidad recuerda que el número de hogares sin ningún tipo de ingresos aumentó en el segundo trimestre en 105.600 respecto al último trimestre de 2019, con un total de 278.000 familias afectadas.

Además, a finales de septiembre los trabajadores que cobraban prestaciones por desempleo, incluyendo trabajadores de ERTE y autónomos en cese de actividad, habían aumentado en 1,25 millones de personas respecto a febrero, percibiendo muchos de ellos un 30% menos de su salario habitual.

A ello hay que sumar los 2,2 millones de empleos que Funcas estima que están en riesgo por pertenecer a empresas con cierto riesgo de insolvencia. Su mantenimiento, avisa, "sólo será posible si las empresas en hibernación pueden reactivarse".

La institución constata en este estudio la "asimetría" con la que ha impacto la crisis en la sociedad, pues la pérdida de ingresos se ha concentrado en los estratos de menor renta, asociados a actividades y sectores muy afectados por el confinamiento, como el turístico, que presenta mayores dificultades para reanudar su actividad. "Las personas más castigadas principalmente trabajaban en los sectores donde ya se concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral", apunta Funcas al respecto.

AUMENTA LA NECESIDAD SEVERA

Dado que el deterioro de las rentas de las familias se ha concentrado en los estratos sociales que ya tenían rentas más bajas, el estudio constata un aumento "considerable" de las situaciones de necesidad severa. En consecuencia, "y ante los huecos en la cobertura de las políticas sociales, por diseño o por su implementación", la demanda de acción social por parte de las ONG ha crecido "enormemente", según Funcas.

En concreto, la entidad estima que la demanda de acción social de las grandes ONG (Cáritas, Cruz Roja, FESBAL, entre otras) ha aumentado entre un 40% y un 60% durante los seis primeros meses de la pandemia. Entre una cuarta parte y un tercio de esa demanda está formada por personas que han recurrido por primera vez a los servicios que ofrecen estas organizaciones (entre 150.000 y 200.000 personas.

Los perfiles predominantes de los nuevos solicitantes de ayuda se asemejan a los de los usuarios previos (personas sin ingresos o con ingresos muy bajos e irregulares, inmigrantes y miembros de familias monoparentales), aunque Funcas subraya que hay diversas evidencias que apuntan a la mayor juventud de los nuevos solicitantes.

Ante este escenario, la entidad considera que los principales desafíos pasan por reactivar el empleo en hibernación o restringido por las medidas de contención de contagios; mejorar la situación de los colectivos vulnerables no cubiertos o insuficientemente cubiertos por las medidas actuales; coordinar las políticas sociales; garantizar la sostenibilidad financiera de las medidas anticrisis, y buscar consensos políticos y sociales para aprobar de manera ágil políticas eficaces contra las repercusiones sociales más negativas de la pandemia.

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, no se ha pronunciado este jueves sobre una posible alianza de PP y Cs en Cataluña alegando que es una decisión que tomarán el líder de su formación, Pablo Casado, junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández. Eso sí, ha defendido a nivel general la tesis de la unión del constitucionalismo alegando que la división perjudica al centro-derecha.

"Si votas dividido, Puigdemont se queda", ha manifestado Maroto en un encuentro telemático NEFOnline organizado por Nueva Economía Fórum, en el que también ha participado la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra.

Al ser preguntado si cree que debería haber listas conjuntas de PP y Cs en Cataluña --en las elecciones vascas del 12 de julio ambos concurrieron en coalición--, Maroto ha indicado que el presidente del PPC es la persona que debe "dar las claves" sobre este tema "de acuerdo con el presidente nacional".

Maroto ha defendido una tesis general, que ha aplicado también a nivel nacional, acerca de que "el fraccionamiento del voto" perjudica al centro-derecha y ha asegurado que el "reto" que tienen por delante es "convencer" de que hay que apostar por la "unidad" en el futuro.

"ESPACIO CONCENTRADO DEL VOTO MODERADO"

Dicho esto, ha señalado que hay que trasladar un mensaje que, a su juicio, en la última ocasión "no se concretó", y es que hay "una mayoría de catalanes, muchas veces silente, que desea que el independentismo no arruine más tiempo la convivencia y la economía de una región tan rica como Cataluña.

"Haciendo las cosas bien y ofreciendo un espacio concentrado de ese voto moderado, que simplemente quiere entender que una manera absolutamente extraordinaria de ser español es ser catalán, como lo es ser gallego, vasco o castellanoleonés. Esta realidad se debe trasladar también a las elecciones. Si votas dividido, Puigdemont se queda. O se queda Torra o a saber a quién ponen en esta ocasión detrás de los hilos del señor Artur Mas", ha manifestado.

Maroto ha indicado que en Cataluña las últimas elecciones las ganó Cs, que "no quiso presentarse a la investidura", y ha añadido que hoy las encuestas le sitúan en una baja posición. Dicho esto, ha subrayado que el PP debe apostar por trasladar un "mensaje de esperanza" ante esos comicios.

"Casado escucha mucho al PPC y escucha mucho a los catalanes. Tiene confianza en Alejandro Fernández para lidera ese proyecto y entender cuál es la posición más favorable para los intereses de Cataluña en esas elecciones", ha concluido.

Precisamente, el presidente del PP, volverá este viernes a Cataluña por tercera semana consecutiva en este mes de noviembre, una presencia con la que se implica de lleno en la precampaña electoral para las elecciones autonómicas que se celebrarán previsiblemente el 14 de febrero.

Un total de 56 víctimas de las desapariciones forzadas infantiles, han denunciado de forma conjunta ante la Fiscalía General del Estado sus casos alegando que las madres "fueron las víctimas primigenias" de la trama conocida como de 'bebés robados', y por lo tanto son víctimas de violencia contra la mujer.

Las víctimas, representadas por las asociaciones 'Por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía', 'S.O.S Bebés Robados', 'Asociación Sin Identidad Biológica' o 'Save Our Souls Bebés Robados', han denunciado por primera vez en una acción de este tipo, la vulneración de los Derechos de la Mujer de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en España.

Según han explicado, la falta de interés por parte de las fiscalías autonómicas frente a denuncias individuales ha propiciado que estas 56 víctimas de todo el territorio español hayan presentado esta denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado, en un último intento de que sea el Estado, y no las víctimas, quien soporte la carga de la prueba con las consecuencias emocionales y económicas que esto supone.

Como afirma la abogada Nuria González, especialista en derechos de la mujer, "la desaparición forzada de bebés sustraídos a las mujeres en todos los lugares del mundo tiene como primera víctima a la propia madre". "Un delito de género que solamente perjudica a mujeres por ser las únicas que pueden dar a luz", ha explicado.

UNA SUBORDINACIÓN NORMALIZADA

Es por eso por lo que las denunciantes han decidido pedir "explicaciones directas" al Estado, por "sufrir el desamparo de los que más debían haberles protegido y que no lo hicieron", ni durante ese momento tan traumático, ni después.

Tal y como se recoge en la denuncia, "esta violencia sufrida por parte de las mujeres formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición".

El también abogado Rodrigo Lledó, ha explicado que "las prácticas ilegales de tráfico de bebés en España se mantuvieron hasta bien entrada la Democracia", por lo que no se está hablando de un fenómeno exclusivamente de la época franquista

La denuncia plantea, además, la comisión de otros delitos, como el de Alteración de la Filiación, exigiendo responsabilidad para aquellos que han decidido ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo o hija, entregándolos a terceros, negándoles su verdadera filiación y ocasionando que dichas personas vivan con documentación falseada.

OTROS DELITOS

Además, se denuncian delitos internacionales como la Desaparición Forzada Infantil y los Crímenes de lesa humanidad, así como delitos nacionales como la Falsedad documental o la Suposición de parto. "Que no se haya podido identificar al o la responsable no es óbice para desechar la investigación y no hacer los esfuerzos necesarios para indagar sobre las identidades arrebatadas y poner término al delito, posibilitando el reencuentro con sus madres", recoge el texto presentado.

El documento incide, además, en una visión más amplia de la Justicia, no sólo punitiva, sino también restaurativa o anamnética.

La presidenta de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te Estamos Buscando', que engloba a las denunciantes, María Bueno, ha afirmado que "es la Fiscalía quien debe realizar una investigación, dado que es ella la que tiene todas las herramientas necesarias para llegar hasta el fondo del asunto.

Según ha explicado, las víctimas están "defraudadas por la Justicia española hasta ahora", pero han decidido "darle una última oportunidad" a su lucha. "Si nos preguntan si después de los archivos masivos en las fiscalías provinciales aún tenemos esperanza en que esta denuncia prospere, las víctimas decimos: Rotundamente, sí. Los datos están ahí, se los hemos facilitado a la Fiscalía General del Estado y sólo es necesario que haya una voluntad real de acabar con la impunidad", ha concluido.

Un total de 74 presos de ETA han sido acercados desde septiembre de 2018 y otros 16 están pendientes de traslado, según ha informado este jueves, según la asociación de familiares y allegados de reclusos de la banda, Etxerat, que ha pedido a la sociedad vasca, a las instituciones de Euskadi y Navarra, y al Gobierno central, que "no permitan que el lobby inmovilista bloquee el final de la dispersión.

han precisado que desde setiembre 2018 en España han trasladado a cárceles más cercanas a 74 presos, mientras que hay 16 "anunciados y pendientes de culminar el traslado". "De todos ellos, 15 acercados a cárceles vascas, de los que han quedado libres, con posterioridad, cuatro", han finalizado.

En una rueda de prensa elebrada en Hernani (Gipuzkoa), los portavoces de Etxerat Urtzi Errazkin y Patricia Vélez han asegurado que "se ha rebajado ligeramente la presión que la política penitenciaria ejerce" sobre los eclusos y sus familiares, pero "no lo suficiente", y han recordado que "centenares de personas, 200 familias, siguen sufriendo las consecuencias del alejamiento".

Vélez y Errazkin han apuntado que el cambio en la política penitenciaria "se está haciendo lentamente, de forma gradual" y, sin embargo, "hay quienes están intentando condicionar ese cambio".

Según han afirmado, se trata de "diferentes sectores que intentan legislar-influir en los centros de decisión del Estado español sin que les corresponda, que no están por la labor de avanzar en la convivencia y prefieren mantener el enfrentamiento, ponen palos en las ruedas e intentan condicionar el cambio en la política penitenciaria". "Distintos sectores que conforman un lobby que intenta bloquear por todos los medios cualquier avance", han añadido.

Por ello, han pedido a la sociedad vasca, a los agentes políticos y sindicales, a las instituciones vascas, navarras y al Gobierno de Pedro Sánchez, que "no cedan y no permitan que ese lobby inmovilista obstaculice el paulatino fin de la dispersión y el alejamiento".

"A nuestros familiares no se les está regalando nada, su derecho es a que sean traídos a cárceles de Euskal Herria, y a poder realizar el recorrido jurídico y penitenciario ordinario", han subrayado.

CIFRAS

Los portavoces de Etxerat han apuntado que en la actualidad 221 reclusos conforman el Colectivo de Presos de ETA, EPPK. De ellos, 17 se encuentran en prisiones de Euskadi y Navarra (tres presos en su domicilio), 173 en 40 cárceles del Estado español (sin contar los anteriores 17), y 31 en siete cárceles del Estado francés.

De los 173 presos en el Estado español, el 49% se encuentra en prisiones situadas a entre 600 y 1.100 kilómetros de distancia, el 19% entre 400 y 590 kilómetros, y el 32% a menos de 390 kilómetros.

Etxerat ha apuntado que el 75% "se encuentran ya realizando el camino de la legalidad penitenciaria". Asimismo, han detallado que en el Estado español hay un preso en aislamiento en Soto del Real, 129 en primer grado (48 de ellos, con flexibilización artículo 100.2), 53 en segundo grado (dos en prisión atenuada) y ocho en tercer grado.

También ha apuntado que, al concluir 2020, habrá seis presos de más de 70 años y 37 que superarán los 60 años de edad. Un total de 49 presos llevan más de 20 años en prisión y 11 de ellos más de 25 años en la cárcel. Además, según ha indicado, hay 18 presos con enfermedades graves e incurables (cuatro no públicos).

Finalmente, han precisado que desde setiembre 2018 en España han trasladado a cárceles más cercanas a 74 presos, mientras que hay 16 "anunciados y pendientes de culminar el traslado". "De todos ellos, 15 acercados a cárceles vascas, de los que han quedado libres, con posterioridad, cuatro", han finalizado.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reconocido que la pandemia de Covid-19 ha ralentizado el traspaso de competencias a Navarra pero ha asegurado que las negociaciones con el Gobierno de España "avanzan".

"Las negociaciones avanzan, nos gustaría que avanzaran más rápido de lo que están avanzando, pero estos meses lo urgente era lo que era -la pandemia-. Se han ralentizado los tiempos, pero el compromiso está, se avanza, y los acuerdos se materializarán más pronto que tarde", ha señalado la presidenta, en respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra.

Chivite se ha referido a tres competencias: la de tráfico, la del ingreso mínimo vital y la de sanidad penitenciaria.

En el caso de tráfico ha dicho que es "la más compleja de llevar a cabo, el Estado nos va a remitir en breve la información técnica que corresponde a su parte y por la nuestra tenemos los trabajos muy avanzados y será cuestión de avanzar con las dos informaciones técnicas para llegar a una propuesta final que evidentemente no va a suponer un traspaso de inmediato, sino una calendarización de la transferencia".

Chivite ha señalado que está pendiente una reunión de las dos Administraciones para abordar esta cuestión y ha esperado que sea "con pocos meses de demora". "Es importante que técnicamente no nos dejemos ni un solo fleco para que el acuerdo quede bien. Queremos que esta transferencia se ejecute de manera ordenada, realista y efectiva y calculamos que serán necesarios 149 agentes más para esa tarea", ha explicado.

En cuanto al ingreso mínimo vital, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que la transferencia "no es tan sencilla como pudiera parecer" y ha apuntado que "estamos en conversaciones con la Comunidad Autónoma Vasca, que tiene el mismo problema que nosotros para adaptar la transferencia".

Por último, Chivite ha apuntado que el pasado 6 de noviembre Navarra recibió la documentación del Gobierno de España con la propuesta definitiva en torno a la sanidad penitenciaria, que es "técnicamente más sencilla de ejecutar, pero hemos pedido alguna pequeña aclaración técnica y entendemos que esto se concretará en breve".

La jefa del Ejecutivo ha explicado que "nos gustaría que los tiempos fueran más rápidos pero estos meses de pandemia nos están suponiendo un retraso, desde luego tenemos la responsabilidad y la obligación de anteponer lo urgente pero también avanzar en lo importante y entendemos que las transferencias son cuestiones importantes".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que una vez "encauzadas" las tareas en torno a los Presupuestos y los fondos europeos, es "fundamental" centrarse en las transferencias pendientes.

Ha admitido que la pandemia haya retrasado las conversaciones, pero ha advertido de que "de los efectos sociales y económicos de la pandemia se derivan compromisos que el Gobierno de Navarra ha de gestionar por la vía de la transferencia de competencias".

Así, ha afirmado que "parece razonable que el esfuerzo político del Gobierno se centre con más intensidad en la cuestión competencial", una vez acordados los Presupuestos. "No es un debate competencial abstracto, es el debate de la realidad de las cosas y de la capacidad de Navarra para encarar la crisis con mayor fortaleza que sin esas competencias. Presione en el cumplimiento de la firma de las materias acordadas para transferir", ha pedido Barkos a Chivite.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves anunciar en el BOE un concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 139 plazas, entre ellas la que ha dejado libre el hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que se incorpora como miembro de nuestro aís en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal Eurojust, con sede en La Haya.

De acuerdo con el artículo 329.5 de la LOPJ, esta plaza se resolverá "a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón".

También sale a concurso otra plaza en la Audiencia Nacional, pero en la Sala de Apelaciones, vacante por el nombramiento de Ángel Hurtado Adrián como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha informado este jueves el órgano de gobierno de los jueces.

La plaza de juez central número 5 ha estado siempre cubierta por jueces mediáticos, tanto por su carácter como por la trascendencia de los asuntos que ha llevado, ya que por este juzgado han pasado el popular exmagistrado Baltasar Garzón, Pablo Ruz (que instruyó el grueso de la trama 'Gürtel') y hasta este momento De la Mata, que se ha encargado de asuntos como el caso Pujol o la trama del '3 por ciento' en Cataluña.

ASPIRANTES

Se trataba, por ello, de uno de los jueces clave en las investigaciones de corrupción en nuestro país, abandonará la Audiencia Nacional para incorporarse como miembro de nuestro país. La convocatoria abierta este jueves por el CGPJ permitirá conocer a los aspirantes a la plaza, aunque según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press se da por casi seguro pedirán entrar en la Audiencia Nacional magistrados que ya lo intentaron en otras ocasiones como son la juez Mercedes Alaya, que instruyó la causa de los ERES en Andalucía o Rosa Freire, que llevó al PP a juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas.

También suena como aspirante Antonio Viejo, decano de Madrid y excargo en el Ministerio de Justicia. Fue el juez queechazó tramitar la citación realizada por un juez belga al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus 'exconsellers'.

Cualquiera de ellos o el que resulte finalmente designado -el más antiguo en el escalafón de la carrera de los que se presenten- 'heredará' las causas que De la Mata no ha podido terminar de instruir, como son los 'Papeles de Bárcenas' y el ya mencionado '3 por ciento en Cataluña', además de piezas que quedan pendientes por presunta corrupción en las empresas Defex y Mercasa o la macrocausa por presunto fraude en iDental.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este jueves que todos aquellos que puedan apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 estarán teniendo un comportamiento patriótico porque "es un momento de sumar".

Así ha respondido este jueves, en una rueda de prensa en la sede del Consejo Regulador del Cava (DO Cava), en Vilafranca del Penedès (Barcelona), al ser preguntado por la enmienda presentada por Podemos.

"Tenemos un objetivo fundamental, que es la aprobación de los Presupuestos del año que viene. Esto es lo que nos pide la sociedad española y lo que nos piden las empresas. Ese es el auténtico objetivo que tenemos. En eso estamos todo el Gobierno trabajando", ha defendido.

Ha sostenido que queda aún mucho recorrido en el Congreso de los Diputados y el Senado y que se tendrán que analizar muchos aspectos de las diferentes partidas pero que lo fundamental es su aprobación.

Planas ha defendido que son unos Presupuestos ajustados a la situación y que buscan la complementariedad con los fondos de recuperación europeos, y ha dicho que ahora es necesario acabar con el coronavirus y ha pedido hacerlo tan unidos como la situación lo requiere.

"Todos aquellos votos que como Gobierno podamos sumar en este proyecto de Presupuestos me parecen legítimos. Son parte de un Parlamento que suma todo lo que los ciudadanos han querido que representara", ha añadido, tras ser preguntado si el Gobierno estaría más cómodo con el apoyo del PP o de Bildu.

La cifra de nuevos casos en la Región de Murcia se ha situado en 455 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido diez personas. Se trata de 4 hombres y 6 mujeres de 98, 75, 80, 88 , 91, 84, 88, 77, 67, 79 años. De ellos, 6 pertenecían al municipio de Murcia y los demás fallecidos a Bullas, Jumilla, Torre Pacheco y Cehegín.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 520, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este miércoles a las 23.59 horas.

El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 50.598 casos, de los que 48.892 han sido acreditados mediante PCR o test de antígenos, y 1.706 a través de pruebas de anticuerpos.

De los 455 nuevos casos, 85 corresponden al municipio de Murcia, 51 a Totana, 40 a Lorca, 39 a Cartagena, 35 a Yecla, 28 a Jumilla, 21 a San Javier, 22 a Torre Pacheco, 12 a Molina de Segura, 10 a Alcantarilla, 10 a Alhama de Murcia, 10 a Caravaca de la Cruz, 10 a Cieza, 8 a Cehegín, 7 a Los Alcázares, 6 a Águilas, 6 a Ceutí, 5 a Archena, y 5 a La Unión. El resto están repartidos entre diversas localidades.

El número de casos activos asciende a 11.145 en la Región de Murcia (280 más que en la jornada anterior), de los que 571 están ingresados en centros hospitalarios (27 menos). De ellos, 109 se encuentran en cuidados intensivos (tres más respecto al día anterior).

El resto, 10.574, permanecen en aislamiento domiciliario (307 más) y hay 37.227 personas curadas, 1.036 de ellas el día anterior. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 465.937 PCR y antígenos y 77.970 de anticuerpos.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha dicho este jueves que desconocen si los diputados de EH Bildu que se sientan hoy en la Cámara han sido "copartícipes" de atentados porque no colaboran con el "esclarecimiento" de los asesinatos y se desconoce quién los ha producido.

En una entrevista en 'TVE', ha sostenido que cuando ha preguntado a un diputado si condena el terrorismo de ETA, lo que le han respondido es que condenan toda la violencia. Ha criticado que no rechazan los 850 asesinatos y "lo que es peor no colabora con los esclarecimientos de los otros 300 que hay sobre la mesa".

Preguntado por las declaraciones del líder de su partido, Pablo Casado, que acusa a Sánchez de "pactar con los terroristas de Hipercor" y por los motivos por los que el PP habla de ETA en vez de sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha manifestado que "el que habla de ETA es Sánchez", que es quien ha decidido pactar con Bildu, ha argumentado.

En cuanto a las cuentas, las ha calificado de "regresivas" y "fake", y ha advertido de que van en el sentido contrario de lo que hacen el resto de países de la Unión Europea.

Por otra parte, González Terol ha señalado sobre los aspectos que serían necesarios para que los 'populares' normalizaran a Bildu que "la línea negra que hay que superar, nunca la va a superar el PP", pero que lo primero que deberían hacer es pedir perdón a todas las víctimas.

ILLA "ABDICA" DE SU RESPONSABILIDAD

Respecto al anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias que dio a conocer el pasado miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha señalado que al final "le ha dado la razón a un Gobierno al que se le ha atacado continuamente como ha sido el de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha acusado a Illa de vivir "muy bien amparándose en la cogobernanza" y de "abdicar" de su responsabilidad de coordinación de las autonomías. Ha aprovechado para reconocer la labor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha conseguido bajar la incidencia acumulado a menos de 300 casos por casa 100.000 habitantes.