El Senado ha aprobado por unanimidad una proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), para ayudar a las familias que tienen a su cargo personas con enfermedades raras, sean menores o mayores de edad.

La iniciativa defendida en el pleno de la Cámara por la senadora popular, Salomé Pradas, insta al Gobierno modificar el artículo 42.1.c de la Ley General de la Seguridad Social para resolver el vacío legal que existe a la hora de la protección social a estas familias ya que, actualmente, la Seguridad Social no protege a la mayoría de padres o madres con hijos menores o mayores de edad con enfermedades raras.

De hecho, la acción protectora de la seguridad social comprende el cuidado de hijos menores afectados por cáncer o enfermedad grave, así como la reducción de la jornada de trabajo, pero no contempla a pacientes incapacitados mayores de edad, ni la gran mayoría de enfermedades raras.

"A día de hoy hay más de 6.000 patologías consideradas enfermedad rara. Empecemos la casa por sus cimientos, modifiquemos la Ley General de la Seguridad Social para que contemple específicamente la acción protectora para quienes han de cuidar de menores o incapaces afectados por enfermedades raras, durante los desplazamientos fuera del domicilio para someterse a un tratamiento o ensayo clínico, por más de 3 días", ha reclamado Pradas a todos los grupos parlamentarios.

Esta iniciativa, tal y como ha asegurado, "no tiene color político", es de la sociedad a quien tanto debemos y fruto de la labor diaria de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Así, la secretaria general del GPP ha explicado que son muchos los casos de madres y padres que, buscando una cura para sus hijos con enfermedad rara, tienen que solicitar un permiso no retribuido para poder desplazarse a otra provincia o al extranjero, por lo que dejan de percibir ingresos durante el tiempo que dure el tratamiento, ya que esta contingencia no está protegida por la Seguridad Social.

Además, ha recordado los datos facilitados por FEDER, que sitúan en un 50 por ciento el número de pacientes que tuvieron que desplazarse fuera de su provincia para iniciar una terapia o tratamiento y que, en muchos casos, les supone 5 o más viajes.

"Lamentablemente un 17 por ciento de pacientes con una enfermedad rara no pueden viajar por motivos económicos. "Ayudemos a los pacientes de enfermedades raras y sus familias, demos un paso al frente en apoyo de las miles de familias que no tienen respaldo suficiente para seguir mirando el futuro con esperanza", ha pedido a todos los senadores, al tiempo que ha mandado un mensaje de apoyo a "los padres coraje que luchan cada día por los hijos que sufren una enfermedad rara".

A continuación, la senadora por Castellón ha asegurado que esta reforma de la Ley de la Seguridad Social no podrá llegar al cien por cien de los pacientes con enfermedad rara, 3 millones de personas en España, ya que sólo el 20 por ciento de las más de 6.000 enfermedades raras que existen están siendo investigadas y únicamente un cinco por ciento tienen tratamiento.

APOYO DEL SENADO

Por otra parte, Pradas ha recordado que el Senado siempre ha tenido una especial atención con las enfermedades raras, y ha enumerado las distintas iniciativas puestas en marcha por la Cámara en distintas legislaturas. Asimismo, ha resaltado que FEDER ha elegido, durante muchos años, al Senado como sede para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

En este sentido, ha mencionado la 'Ponencia de Estudio' creada en la VIII Legislatura para analizar la especial situación de los pacientes con enfermedades raras; las comparecencias del presidente y la directora general de FEDER en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social en la X Legislatura; así como las mociones aprobadas en la XII Legislatura a iniciativa de diferentes grupos parlamentarios.

Una vez finalizado el debate de la proposición de ley, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier Maroto, junto a Pradas y a la portavoz del GPP en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, Violante Tomás, han mantenido un encuentro con representantes de FEDER.

Durante la reunión, Maroto ha agradecido la labor diaria de FEDER y les ha trasladado el apoyo del Partido Popular a las familias que luchan día a día por el bienestar de sus hijos. Además, se ha comprometido a seguir impulsando el apoyo a las familias que tienen a su cargo personas con enfermedades raras.

Las mejores aportaciones del ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación serán galardonadas en la décima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su Premio de Periodismo que abre su sexta convocatoria.

Así, los periodistas y divulgadores podrán enviar sus trabajos desde este jueves y hasta el próximo 31 de diciembre para optar a un premio único valorado en 3.000 euros por categoría, distinguiéndose entre escritos y audiovisuales, dentro de los cuales se disferencian los procedentes de medios generalistas y de agencias especializadas.

El fallo y la entrega de galardones tendrán lugar durante la celebración del foro los días 17 y 18 de febrero de 2021 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), según ha precisado el mismo en una nota.

Como novedad, en esta edición el jurado puede acordar entregar una mención específica entre los trabajos relaciones con el COVID-19 y un reconocimiento a artículos elaborados por áreas de comunicación de entidades científicas difundidos en medios generalistas. También se hará una mención específica a un medio o artículo internacional publicado por divulgadores españoles en algún país de la Unión Europea y Latinoamérica; una mención y reconocimiento a la trayectoria de un programa, y una mención al mejor proyecto en materia de igualdad.

Todos tendrán que abordar la innovación tecnológica en el ámbito de los sectores estratégicos en torno a los que gira el foro, tales como la promoción de la innovación por parte de las administraciones públicas; aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario; trabajo de las agrupaciones empresariales innovadoras; energía; financiero; industria; infraestructuras y transportes; medio ambiente; papel de las plataformas tecnológicas españolas; sanidad; servicios y tecnologías de la información y la comunicación.

Los proyectos que concurran deberán estar firmados y haber sido publicados a lo largo de 2020 en prensa, radio, televisión o medios digitales, tanto en español como inglés, pudiéndose presentar un único trabajo por participante. Las bases ya se pueden consultar en la página web del evento.

Por su parte, el jurado está conformado por representantes de la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC); el Ayuntamiento de Málaga; el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la CRUE Universidades Españolas; Grupo Joly; la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y la Fundación Descubre; el Ministerio de Ciencia e Innovación; Fycma; la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y finalistas de la pasada convocatoria del premio.

Los criterios del jurado para valorar las obras tienen que ver con el sector del trabajo abordado y su relación con las temáticas del foro, la novedad del tema, la originalidad, la claridad expositiva, la difusión y alcance de la información, la innovación en las temáticas, el interés para los contenidos del evento o la repercusión obtenida, entre otros.

EDICIÓN 2020

En 2020 los premios recayeron en, la categoría de trabajos escritos, el proyecto 'Inmunoterapia. La revolución contra el cáncer' de Jesús Méndez, publicado en 'Ciencia National Geographic'. En la categoría de trabajos audiovisuales fue premiado 'A hombros de gigantes', en concreto, a la sección dedicada a las noticias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presentada por Alda Ólafsson en 'Radio 5'.

Asimismo, en la categoría de trabajos audiovisuales fue finalista el programa 'Investiga que no es poco', en su edición dedicada a la huella de carbono y el cambio climático con el Grupo de Análisis de Energía Global y Economía Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha, presentado por el periodista Jesús Román Escudero y emitido en 'Radio Castilla-La Mancha.

Por su parte, en la categoría de trabajos escritos fue finalista el trabajo 'Pilar Manchón, la española que vendió su empresa de chatbots a Intel por una millonada y se fue a Amazon, advierte sobre privacidad y asistentes virtuales' de Esther Paniagua, publicado en 'Xakata'.

La dirección ejecutiva de Transfiere recae en Fycma y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Toda la información del foro se puede consultar en su página web oficial así como en sus redes sociales.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, ha manifestado este jueves, ante el solapamiento del Ingreso Mínimo Vital con la Renta Garantizada, que "como en parte es lógico ante una norma nueva, está costando más de lo deseado la completa puesta en marcha" del Ingreso Mínimo Vital.

Maeztu ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre este asunto y ha indicado que "debe tenerse en cuenta que estamos en un momento muy especial por la pandemia y la Administración central ha tener que poner en marcha esta prestación en condiciones difíciles". "Esperamos que se vaya subsanando lo antes posible", ha dicho.

Maeztu ha detallado que "hasta el 9 de noviembre se ha notificado el tratamiento en Navarra de 2.056 expedientes, de los que 1.356 son concesiones del Ingreso Mínimo Vital y corresponden por una parte a 1.299 reconversiones de la asignación económica por hijo a cargo del sistema de la Seguridad Social y el resto a concesiones del Ingreso Mínimo Vital; los 700 expedientes restantes son desestimaciones".

La consejera ha indicado que "se valora positivamente la finalización en Navarra de las reconversiones de las prestaciones por hijo a cargo menor en septiembre porque somos una de las CCAA en las que proporcionalmente más concesiones se han realizado".

Maeztu ha añadido que "las unidades familiares que complementan el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada siguen percibiendo la misma cuantía final, solo que ahora mediante dos prestaciones". "Entendemos cierto trastorno generado en las personas al recibir una cuantía como atraso del Ingreso Mínimo Vital de junio hasta septiembre, que dejan de percibir los meses siguientes para compensar ese pago que se ha hecho del Ingreso Mínimo Vital", ha agregado.

Según ha continuado, "no es lo mismo cobrar por adelantado que cobrar con retraso cuando hablamos de Ingresos Mínimos Vitales; estos ingresos extraordinarios están siendo compensados desde octubre y ha afectado a 1.078 unidades familias perceptoras de Renta Garantizada".

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha indicado que "alrededor de mil familias han cobrado la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital como consecuencia de falta de coordinación entre el Gobierno foral y el Gobierno central al poner en marcha este último". "De esta forma, las familias afectadas han generado una deuda con la Administración que tendrán que devolver", ha dicho, para añadir que "esto quiere decir fallo garrafal en la gestión".

Según ha añadido, "no sé de quién ha sido la culpa, del Gobierno de Navarra o del Gobierno de España, de ambas o del PNV". "Un grave fallo en la gestión que tiene consecuencias que se deben minimizar", ha agregado Alvárez, para exponer que "en Navarra el Ingreso Mínimo Vital no va alcanzar mejorar la cobertura a casi ninguna familia".

Los diputados de Vox en el Parlamento andaluz han abandonado este jueves sus escaños durante la sesión de control al gobierno después de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber pactado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 "con los herederos del franquismo".

Las palabras de Susana Díaz han provocado la reacción airada del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, que ha intentado sin éxito tomar la palabra desde su escaño para replicar a esta referencia a su grupo sin esperar a que finalizase la intervención de la líder socialista, algo que no le ha permitido la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs).

Ante esta situación, Hernández se ha levantado de su escaño protestando visiblemente contrariado --se le ha escuchado exclamar "A la porra"-- y ha abandonado el Pleno de la Cámara junto al resto de diputados del grupo parlamentario Vox. Este episodio se produce un día después del acuerdo suscrito por PP y Ciudadanos (Cs) con Vox para desbloquear a la aprobación de los Presupuestos de la Junta para el próximo año.

El enfrentamiento verbal se ha iniciado después de que el presidente de la Junta aludiera en su intervención al Presupuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha pactado con Bildu", a lo que Susana Díaz ha replicado señalando que "el PP, cuando no gobierna, dinamita las instituciones y pierde la memoria", tras lo que ha repasado titulares de prensa que recordaban, por ejemplo, el "diálogo" del Gobierno de José María Aznar con ETA.

Tras ello, la dirigente socialista ha aseverado que Pedro Sánchez "no ha pactado con Otegui, pero usted (Juanma Moreno) sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía", haciendo así alusión al pacto del Gobierno de PP-A y Cs con Vox para los Presupuestos andaluces, lo que ha desencadenado las referidas protestas de Alejandro Hernández.

MORENO: "QUÉ DIFÍCIL RESULTA RECONOCER A SUSANA DÍAZ"

Moreno ha respondido manifestando que resulta "difícil reconocer" a la actual Susana Díaz respecto a la de la anterior legislatura, cuando era presidenta de la Junta, y ha agregado que le "cuesta mucho trabajo" que la dirigente socialista, "con las cosas que ha dicho, acepte, por sumisión o supervivencia política, la relación de Bildu con el Gobierno de la nación".

En esa línea, el presidente andaluz y del PP-A ha enfatizado que los miembros de Bildu "son herederos de ETA" que "siguen sin condenar la violencia y el terrorismo", y sus alcaldes están "alentando en contra de las víctimas". Ha agregado que Susana Díaz "debería conocer mejor que nadie que si hubo una comunidad autónoma que pagó un alto precio en sangre" por los atentados de ETA fue Andalucía, porque "muchos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mataron los terroristas eran andaluces".

Además, Moreno ha espetado a Susana Díaz que, "por dignidad" y por "la memoria de los propios socialistas, debería condenar de manera palmaria que un partido heredero de ETA apoye al Gobierno de Sánchez y de Navarra", al tiempo que ha puesto de relieve que el Gobierno socialista ha pactado con Bildu "sin necesidad, porque podía haber acordado con Cs".

"¿A qué viene ese insulto a la memoria y la dignidad de muchos andauces y españoles por parte del PSOE al que ahora apoya con vehemencia y sumisión?", le ha preguntado Moreno a Susana Díaz, a quien, además, ha animado a oír lo que han dicho sobre la relación del Gobierno con Bildu presidentes socialistas como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o "históricos" socialistas como Alfonso Guerra, que ha puesto "voz a muchos militantes" socialistas "de buena fe que no pueden entenderlo".

SUSANA DÍAZ: VOX VIENE A LAS INSTITUCIONES "A CRISPAR"

Tras este intercambio dialéctico, Susana Díaz ha atendido a los medios fuera del Salón de Plenos y ha subrayado que partidos como Vox "vienen a las instituciones a crispar, a enfrentar, a insultar, a dividir", y el actual Gobierno andaluz "está ahí porque le debe los votos" a dicho partido. Ha lamentado que, al contrario que en "otras democracias europeas", donde "a este tipo de partidos de ultraderecha se les aísla", en Andalucía "se le ha sentado en el puente de mandos de las cuentas" públicas y "se le ha entregado las instituciones de Andalucía".

La líder del PSOE-A ha reconocido que los parlamentarios de Vox "son representantes de los ciudadanos" y, por tanto, "tienen derecho a estar en las Cámaras", pero ha insistido en que "lo que traen es odio, enfrentamiento, rencor, crispación y dividir a una sociedad que lo que menos necesita son representantes como estos".

Ha agregaNavarra no prevé ninguna medida como la del Gobierno central sobre desinformacióndo que, para quienes "amamos la política y nuestro país, que la ultraderecha esté en las instituciones para sembrar odio, enfrentamiento y rencor no va a ser algo con lo que vamos a comulgar". Al contrario; vamos a seguir al lado de la gente", subrayando que "la ultraderecha no tiene cabida en nuestras instituciones" y no se les debe "entregar el futuro de los ciudadanos a quienes vienen a generar rencor entre los españoles", según ha concluido Susana Díaz.

La digitalización de la cadena de suministro, la digitalización de la logística o la localización de plantas productivas y centros de investigación y desarrollo (I+D) en España son algunas de las iniciativas del sector automovilístico que podrían optar a los fondos europeos de recuperación.

Así se ha señalado este jueves durante la jornada 'Plan de Ayudas Europeas' organizada por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) en colaboración con la consultora Deloitte.

En este sentido, la directora de Financial Advisory de Deloitte, Ana Aguilar, ha explicado que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que guiará la ejecución de los 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, cuenta con cuatro ejes prioritarios: la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad.

De esos cuatro ejes, la Unión Europea designará un 20% del gasto a transformación digital y un 37% del total a transición ecológica.

Para optar a los fondos, los proyectos deben cumplir una serie de criterios de evaluación específicos de cada país y que tengan una incidencia duradera en cada estado, con potencial de crecimiento y creación de empleo.

"Cada sector y cada empresa debe pensar bajo qué políticas palanca quieren presentar sus proyectos. Va a ser un proceso riguroso de escrutinio de los fondos y será importante que los sectores y las empresas trabajen en cómo estos proyectos se traducen en planes concretos", ha añadido Aguilar.

INICIATIVAS

Por ello, el socio de Consultoría, Estrategia y Operaciones de Deloitte, Vicente Segura, compartió algunas ideas de proyectos específicos del sector que pudiesen ser interesantes en las diferentes áreas.

En transformación digital, Segura ha destacado iniciativas centradas en la digitalización de la cadena de suministro, la digitalización de la logística, la creación de plataformas digitales de gestión con proveedores o modelos de negocio de pago por uso, entre otros.

En lo relacionado con la transición ecológica, los proyectos podrían centrarse en la gestión energética de las instalaciones, la utilización de fuentes de energía renovables para contribuir a la descarbonización o la apuesta por medios de propulsión que disminuyan los niveles de emisiones.

La localización de plantas productivas y centros de I+D en España, la relocalización de fuentes de suministro para ganar agilidad y flexibilidad, el desarrollo de centros de talento y formación podrían agruparse dentro del apartado de cohesión social.

Mientras que propuestas basados en programas de mantenimiento del empleo y flexibilidad en las interacciones hombre-máquina y el acceso a la movilidad a través de plataformas o modelos de pago por uso podrían estar relacionados con lo referente a igualdad.

"Lo que hagamos y cómo lo hagamos condicionará el éxito futuro", ha destacado el socio responsable del Sector de Automoción y Fabricación de Deloitte, Jordi Llidó.

Por su parte, el director general de Sernauto, José Portilla, ha subrayado que durante los últimos meses el sector ha trabajado "muy activamente" en la identificación de las líneas estratégicas de los proyectos tractores a presentar en línea con los objetivos de los fondos europeos.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha afirmado que no cree que "se vaya a dar un confinamiento total" y ha remarcado que la "ambición" de su departamento es lograr que el presente curso concluya de forma presencial en junio. En ese sentido, ha mostrado su agradecimiento al "extraordinario" trabajo de la comunidad educativa, así como al Departamento de Salud "por toda la ayuda que nos está dando" para que esto "sea posible".

En una entrevista a Onda Cero Euskadi, Bildarratz ha asegurado que la situación del covid-19 va "mejorando" en las aulas con respecto a la semana pasada. "Tener un aula cerrada es malo, pero ante la que está cayendo y viendo como va la evolución, estamos contentos, ha manifestado.

En esa línea, ha querido agradecer el "magnífico trabajo que han hecho los directores y el profesorado en el día a día para que esto sea posible", ya que para ellos "es una gran tensión, gran responsabilidad estar con 20 o 25 alumnos en el aula".

El titular vasco de Educación ha asegurado que no se ha barajado la posibilidad de cerrar las aulas en el LABI, y ha insistido en que "la ambición de este Gobierno y de la comunidad escolar general es poder terminar presencialmente las clases y se están poniendo los recursos y los esfuerzos para que eso sea así". "Somos conscientes de la estabilidad de la que dota el sistema educativo a las familias, a la sociedad, ha remarcado.

Bildarratz ha recordado que el Gobierno Vasco contempla tres posibles escenarios como son "educación totalmente presencial, híbrido entre presencial y telemática, y un tercer escenario donde todo el alumnado trabajase de manera telemática".

"La mayor parte de los centros estamos trabajando en el primer escenario, aunque hay algún centro, por ejemplo en Eibar, que está trabajando de manera híbrida porque ha habido tres cursos que están en estos momentos en casa, con las aulas cerradas, pero el centro está respondiendo de manera excepcional de manera telemática", ha explicado.

SINDICATOS

Preguntado por la situación actual con los sindicatos, tras los conflictos del inicio de curso, el consejero ha asegurado que no percibe que "estén en pie de guerra". "Es verdad que comenzamos el curso escolar con una tensión importante pero en estos momentos estamos trabajando, nos reunimos con periodicidad, tenemos un calendario de trabajo y en eso estamos", ha señalado.

De este modo, ha expresado su "voluntad de diálogo con todo aquel partícipe o miembro del conjunto de la Educación", así como la "ambición de acuerdo" para lo que "se tiene que dar la negociación". A su juicio, "todo esto no va a funcionar si verdaderamente no funcionamos de una manera discreta".

Por boca de este consejero no va a salir ningún tipo de valoración, de información, porque lo que verdaderamente me importa es tener la mano tendida hacia los sindicatos, yo también percibo por parte de ellos que tienen la mando tendida hacia el departamento. Estamos trabajando con normalidad, y así tenemos que hacerlo para que verdaderamente consigamos con ese diálogo, con esa voluntad de negociación, dar con un acuerdo", ha manifestado.

Jokin Bildarratz se ha mostrado convencido de que "es una legislatura ambiciosa en todos los sentidos para la Educación" y ha afirmado que está viendo "una actitud muy positiva hacia nosotros en todos los encuentros". En su opinión, "creo que en los próximos años todo lo que tiene que ver con la educación va a darnos verdaderas sorpresas positivas".

LEY CELÁA

Preguntado también acerca de la conocida como 'Ley Celáa', el consejero vasco ha asegurado que no le toca "valorar el debate que se va generando en torno a esta ley" porque "es el momento del debate de los parlamentos y los grupos parlamentarios".

No obstante, ha destacado que "por primera vez en las comunidades autónomas van a poder establecer el 50% del currículum, que es un aspecto muy importante para nosotros como comunidad autónoma del País vasco". Respecto a la lengua vehicular, ha opinado que "muchas veces se montan fuegos de artificio donde quizá no merece la pena que se den tales".

Asimismo, ha señalado que uno de sus objetivos prioritarios para la legislatura es dotarse de un pacto, que ha denominado 'Hezkuntza Hitzarmena', con las distintas fuerzas políticas para "trabajar en pos y en pro de una buena educación".

Bildarratz ha asegurado que se ha "sorprendido" ante la actitud "positiva" que ha recibido por parte de los diferentes grupos parlamentarios, "empezando por EH Bildu, pasando a Podemos, y terminando con el PP+Cs, además del PNV y PSE, que hemos sido capaces de poner un pequeño diagnóstico en común, hablar sobre Educación, y sobre todo priorizar el alumnado, la next generation".

"Vamos a ver si soy capaz de mantener este ambiente, este espíritu, para que verdaderamente nos dotemos de una verdadera actitud de pacto para lograr ese Hezkuntza Hitzarmena", ha concluido.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a poner en cuarentena nueve aulas en cuatro provincias de la Comunidad.

En concreto, la media afecta este jueves en Burgos a un grupo de Bachillerato del IES Conde Diego Porcelos, localizado en la capital y a otra de Primaria del CEIP María Teresa León de Ibeas de Juarros; dos aulas del CEIP Villares de la Reina en Salamanca; cuatro de Valladolid, todas ellas pertenecientes al CEIP Kantic@ Arroyo, de Arroyo de laEncomienda; y una del CEIP San José de Calasanz en Zamora.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 168 aulas en cuarentena en Castilla y León.

En concreto, de las 168 aulas cuarentenadas, cinco son de Ávila; 47 de Burgos; 17 de la provincia de León; 14 de Palencia; doce de Salamanca; nueve de Segovia; 13 de Soria; 33 de la provincia de Valladolid y 18 de Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 372 casos de alumnos y 34 de trabajadores con PCR positiva, seis de las cuales se han confirmado en la última jornada y corresponden a otros tantos alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

La Universidad de Navarra se encuentra en la posición número 45 del mundo en empleabilidad, según el Global University Employability Ranking, publicado por Times Higher Education y elaborado por la consultora Emerging.

El ranking refleja la opinión de más de 9.000 gestores de empresas que realizan contrataciones internacionales, procedentes de 22 países y de casi todos los sectores económicos. El ranking, que evalúa a 250 universidades, considera que la Universidad de Navarra es segunda de España en empleabilidad, ha destacado el centro académico en un comunicado.

Según la consultora Emerging, la empleabilidad se ha convertido en "fundamental" para analizar la educación universitaria. Los empleadores, indica la consultora, "demandan de la universidad que forme graduados preparados para trabajar desde el primer minuto".

Así, un 82% de los entrevistados considera que la colaboración entre la empresa y la universidad debe "fortalecerse". En ese sentido, el servicio de la Universidad de Navarra encargado del empleo de los graduados, Career Services, contaba en el curso 2018-2019 con más de 2.333 acuerdos con empresas, además de organizar más de 482 encuentros entre sus estudiantes y las empresas de sus sectores.

Estos datos le hicieron acreedora a la Universidad de Navarra del primer puesto en España en el otro gran ranking global de Empleabilidad, de QS, donde obtuvo el puesto 71 del mundo.

Según la consultora gala, la emergencia del Covid-19 "ha generado que padres y futuros alumnos busquen con mayor interés universidades que garanticen la máxima empleabilidad de sus graduados.

En este sentido, el director de Career Services, Roberto Cabezas, ha resaltado que "en los últimos cinco años, hemos aumentado en un 93,94% las oportunidades de empleo ofertadas por la Universidad a sus alumnos".

Según Cabezas, "para mejorar la empleabilidad de los graduados de la Universidad de Navarra, ahora reconocida por el ranking de Emerging, centramos nuestros esfuerzos en cuatro aspectos fundamentales: ofrecer más y mejores oportunidades de reclutamiento a nuestros estudiantes y graduados; dedicar más tiempo al asesoramiento personal y especializado; impulsar programas de formación para dar los primeros pasos en el mundo laboral; y atender muy de cerca las necesidades y demandas de las empresas colaboradoras".

En concreto, siete universidades españolas han conseguido aparecer en este ranking. De ellas, cuatro se encuentran entre las 150 primeras: IE University (25), la Universidad de Navarra (45), la Universidad Autónoma de Barcelona (133) y la Universidad Autónoma de Madrid (149).

Con estos resultados, España se sitúa en la posición duodécima del mundo, empatada con Suecia. El ranking lo encabeza Estados Unidos (51), Francia (18), Alemania (17) y Reino Unido (14). Según el ranking, las universidades con mayor empleabilidad del mundo son la California Institute of Technology, el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford.

El sindicato UGT ha expresado este jueves su rechazo al acuerdo suscrito por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para desbloquear la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 que se marca el objetivo de un "ahorro en gastos de 14 millones de euros" en el próximo ejercicio en la RTVA a través de medidas como la supresión de uno de sus tres canales, en concreto, Andalucía Televisión, y ha criticado el uso como "moneda de cambio del servicio público esencial que presta a los ciudadanos andaluces la RTVA".

En un comunicado, UGT asegura que el plan de eficacia, eficiencia y racionalización sobre la RTVA incluido en el pacto presupuestario "en realidad es todo lo contrario y supone un grave ataque al servicio público que presta la RTVA, un paso adelante en el debilitamiento y el desmantelamiento de la RTVA y un duro ataque a la ya malograda industria audiovisual andaluza, al reducir el presupuesto para la contratación de programas y eliminar la Fundación Audiovisual de Andalucía, destinada a promover, en todos sus aspectos, el sector audiovisual de la comunidad".

En su opinión, medidas como "el recorte del presupuesto, la desaparición de un canal de televisión, la amortización de las plazas vacantes por jubilación o la modificación de la carta de servicio público, ponen en riesgo la prestación de un servicio público de calidad y necesario al que los andaluces y andaluzas tienen derecho".

UGT subraya que "Canal Sur necesita desde hace años una renovación tecnológica porque el actual equipamiento técnico está obsoleto", por lo que lamenta que "de lo único que se habla en el acuerdo es de que se atenderá, especialmente, a la consecución de soluciones técnicas que permitan exportar la emisión de los contenidos a Estados y a los países iberoamericanos, lo que nada tiene que ver con el servicio público que debe prestar a los andaluces".

Según el sindicato, "Canal Sur Radio y Televisión requiere una profunda renovación y un impulso acorde con las actuales tendencias en el sector de la comunicación audiovisual, las nuevas tecnologías y la actual realidad de Andalucía, pero nada de eso se contempla en el acuerdo suscrito para aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021".

Por todo ello, UGT se compromete a "promover y apoyar de manera unitaria todas las acciones y medidas necesarias con el resto de secciones sindicales de la RTVA y asociaciones profesionales andaluzas, encaminadas a salvaguardar la viabilidad de la RTVA, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la defensa del servicio público esencial de calidad".

El socio de la firma Linklaters Jorge Alegre ha declarado este jueves en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que su despacho sólo preparó la documentación jurídica para la ampliación de capital del Banco Popular sin valorar ni revisar los datos financieros.

Según fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, en el marco de la instrucción que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017, Alegre ha venido a respaldar así la declaración del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien dijo que su labor se redujo en ese caso a una labor meramente jurídica.

Durante su comparecencia, al juez Calama le han sorprendido varias de sus afirmaciones, como que el contrato por parte del Popular con la firma se hiciera de manera verbal, algo que Alegre ha indicado que se debía a la urgencia del momento. Quienes hicieron el encargo a la firma fueron los vicesecretarios del consejo de administración, Javier Lleó y Heraclio Peña.

Además, Alegre, que ha afirmado que Albella no se involucró en el trabajo de la asesoría, ha indicado además que el actual presidente de la CNMV --entonces socio de Linklaters-- durante su participación en el consejo de administración del banco previo a la ampliación de capital por valor de más de 2.000 millones de euros en 2016, sólo hizo una exposición sobre las responsabilidades del Consejo ante dicha ampliación, la conocida como 'bussines judgement rule'.

Pero ha insistido en que fue una explicación teórica y no entró a valorar los requisitos del banco. Este extremo le ha chocado a uno de los abogados presente en la declaración, que ha preguntado que de ser así no se explicaba por qué en el acta de ese consejo de administración quedó por escrito que Albella señalaba que el caso concreto del Popular estaba amparado y era ejemplo claro de que todo estaba conforme.

Este hecho, según las fuentes consultadas, ha provocado de nuevo la sorpresa del juez instructor, que le ha sugerido que en caso de ser así, para leer un articulado, cualquiera de los abogados propios del banco podría haberlo hecho. Pero Alegre ha mantenido que la explicación de Albella fue meramente teórica.

PRÓXIMAS DECLARACIONES

A pesar de que para este jueves también estaba programada la declaración del que fuera secretario general técnico del Banco Popular Miguel Ángel Moral, finalmente no se ha podido realizar dado que hubo un problema con el tramite de citación. Por lo que previsiblemente se trasladará al 1 de diciembre.

Antes, están citadas en calidad de testigos la directora de Riesgos del Popular Carmen Riveras el 25 de noviembre, y la directora de Auditoría interna del Popular Yolanda García Cagiao el 26 de noviembre.

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Enrique Arriaga, ha anunciado este jueves que su formación ha presentado más de 320 enmiendas parciales para mejorar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), orientadas a mejorar la vida de las familias, autónomos y pymes, fortalecer la sanidad en un contexto de pandemia y asegurar una gestión responsable de los fondos europeos.

Asimismo, ha explicado que se han presentado también una serie de enmiendas específicas para Canarias, entre ellas, que el Gobierno "adopte las medidas precisas para garantizar la dotación de todos los medios humanos y materiales para mejorar la vigilancia marítima de la frontera en Canarias", en particular, aquellos que "deban ser puestos a disposición de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo".

Además, ha pedido que el Gobierno "habilite las instalaciones adecuadas para la acogida temporal de migrantes que lleguen al archipiélago", así como su posterior derivación a las instalaciones de otras comunidades autónomas, "en función de su disponibilidad".

Por otro lado, Arriaga ha explicado que otra de las enmiendas exige que "se garantice el cumplimiento de los compromisos presupuestarios a favor de Canarias recogidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias".

Al respecto, ha declarado que "el proyecto de los PGE no dota o dota con escaso importe alguna de las partidas vinculadas a las medidas recogidas en el REF", y ha insistido en que "dichas medidas son imprescindibles para garantizar la cohesión económica, social y territorial del archipiélago, así como la competitividad de sectores estratégicos".

La formación naranja también ha presentado una enmienda con el objetivo de "crear una nueva partida de 42.000 euros destinada a la realización de proyectos de infraestructuras y políticas educativas", con el fin de "lograr la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de los canarios al promedio estatal".

Asimismo, la formación naranja pide que "se dote de medios aéreos de extinción de incendios durante la campaña de verano en Canarias porque los incendios de estos últimos años evidencian la insuficiencia de los recursos con los que cuenta Canarias para combatir su propagación".

A su juicio, "es fundamental que las islas cuenten con los medios necesarios para abordarlos con prontitud y eficacia".

CUBRIR LA DEUDA DEL CONVENIO DE CARRETERAS

Ciudadanos también negociará que el Gobierno de España "adopte las medidas necesarias para hacer frente a la deuda que mantiene con Canarias con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo por incumplimiento del convenio de carreteras", y que, además, ese dinero pueda utilizarse "para financiar o cofinanciar también infraestructuras de transportes".

El coordinador autonómico del partido liberal ha señalado igualmente que otra de las enmiendas propone "la cesión de las instalaciones portuarias y aeroportuarias de Canarias para el control de la transmisión de la Covid-19".

En este sentido, Arriaga ha afirmado que "la situación epidemiológica en Canarias, con un bajo nivel de incidencia acumulada, revela que uno de sus principales riesgos es la importación de casos".

Sin embargo, subraya que "la llegada de turistas es fundamental para la reactivación económica del archipiélago, lo que implica la necesidad de aplicar medidas que supongan un equilibrio entre el control sanitario y la actividad económica".

Por ello, Ciudadanos pide "poder contar cuanto antes con espacios para la realización de labores de control y pruebas de detección del Covid-19 en los propios puertos y aeropuertos porque es una medida efectiva y garantista al facilitar la extensión de esos controles y pruebas a todos los pasajeros, con independencia del motivo de su visita".

El Museo Guggenheim de Bilbao inaugura este viernes una exposición dedicada a la evolución artística de Vasily Kandinsky (Moscú, 1846 - París, 1944), pionero de la abstracción y uno de los artistas más innovadores del siglo XX.

A través de 62 obras, de las 152 que componen la colección del artista propiedad de la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York, la muestra traza un recorrido paralelo entre la trayectoria creativa y la vital del artista, al situar las obras expuestas en cuatro secciones geográficas: Munich, Moscú, de nuevo Alemania (Desau) y París, lugares donde residió.

Abierta hasta el 23 de mayo de 2021, la exposición cuenta con el patrocinio de Fundación BBVA y ha sido comisariada por Megan Fontanella, curator de Arte Moderno y Procedencia de la fundación Solomon Guggenheim.

Durante su presentación en el atrio del museo, el director del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, ha destacado que el recorrido por la vida y la obra de este precursor y renovador de la pintura "refleja muy bien la Historia europea durante la primera mitad del siglo XX".

En su opinión, su evolución artística y su biografía están acompasados a los hechos históricos, desde su primera salida de Alemania durante la Primera Guerra Mundial; después de Rusia con el ascenso de Stalin; de nuevo, de Alemania tras el auge del nazismo, para recalar finalmente en París, cuna de las vanguardias artísticas.

Vidarte ha destacado que esta exposición es "muy importante para el museo bilbaíno porque Kandinsky fue un precursor de la idea del arte como eje transformador, algo que lo vincula a este museo, que también nació con esa vocación".

Kandinsky, reconocido teórico de la estética, se marcó en su obra como objetivo "liberar a la pintura de sus vínculos con el mundo natural", para lo que emprende una cruzada contra los valores estéticos convencionales y le llevó a descubrir una temática nueva basada exclusivamente en la "necesidad interior" del artista, en su anhelo de un futuro más espiritual a través del poder transformador del arte.

De esta forma, a medida que sus contornos caligráficos y formas rítmicas revelan cada vez menos rastro de sus orígenes figurativos en sus etapas artísticas iniciales, Kandinsky comienza a desarrollar la abstracción y a formular lo que denomina "el oculto poder de la paleta".

Para Kandinsky incluso las formas más abstractas poseen contenido "expresivo y emocional", donde el triángulo encarna acción y agresividad; el cuadrado significa paz y calma; y el círculo, el reino de lo espiritual y lo cósmico.

La muestra repasa desde sus inicios durante la década de 1900 y comienzos de la de 1910, mientras se encontraba en Múnich, y donde empieza a explorar las posibilidades expresivas del color y la composición.

En ese sentido, y tal y como ha explicado la curator del Guggenheim Bilbao que ha sustituido a Fontanella en la presentación, Lekha Hileman Waitoller, a Kandinsky "le interesaba la idea del color y cómo puede producir o reflejar sentimientos".

Waitoller ha señalado que Kandinsky "sin duda marcó un camino a todos aquellos que trataron de pintar de otra manera, sin vínculos con este mundo sino con el mundo de lo espiritual". Kandinsky pensó que el artista podía aportar algo de su espíritu y que eso podía salir y estar presente en sus obras como algo personal, y es por eso que sigue siendo un siglo después, alguien tan importante en la evolución de la pintura.

Hacia 1913 ya quedan sometidos a la línea y el color los temas recurrentes en su obra, como el caballo y el jinete, las colinas onduladas, las torres y los árboles. A medida que sus contornos caligráficos y formas rítmicas revelan cada vez menos rastro de sus orígenes figurativos, Kandinsky comienza a desarrollar la abstracción y a formular lo que denomina "el oculto poder de la paleta".

El industrial y fundador del Museo que ostenta su nombre, Solomon R. Guggenheim, empezó a coleccionar el trabajo de Kandinsky en 1929, y su entusiasmo por el arte moderno le lleva a inaugurar en Nueva York en 1939 el Museo de pintura no objetiva (Museum of Non-Objective Painting), precursor del Museo Solomon R. Guggenheim. Hoy en día, la Fundación Guggenheim posee más de 150 piezas del artista.

En su último período, Kandinsky sintetiza elementos anteriores de su carrera, de su paso por la Bauhaus y de la práctica de sus coetáneos. Trabaja en formatos de gran escala y emplea fondos oscuros reminiscentes de sus lienzos expresionistas y de sus obras sobre leyendas rusas. También incorpora motivos que aluden a los surrealistas que siguen en activo en París, donde residió sus últimos 11 años de vista y pese a su resistencia a asociarse con este movimiento.

A mediados de 1942, las penurias de la guerra llevan al artista a realizar pequeñas obras sobre tabla, muy alejadas de los grandes lienzos de su anterior trabajo en París. Sin embargo, Kandinsky continúa creando composiciones imaginativas que reflejan cada vez en mayor medida su interés por las ciencias, extrayendo inspiración de revistas y enciclopedias que incluyen ilustraciones relacionadas con la biología.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alemanas confiscan la obra de Kandinsky y la de otros pintores modernos, declarándola como "arte degenerado". Los estalinistas de la Unión Soviética clausuran museos y envían las pinturas de Kandinsky a los almacenes. El artista falleció en 1944 a la edad de 78 años, dejando tras de sí una prolífica obra.

El Ministerio de Interior trasladará en la tarde de este jueves a otro grupo de 200 migrantes desde el Muelle de Arguineguín al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria).

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias, que añade que, por otro lado, se enviarán a las islas dos grupos de 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como refuerzo para hacer frente a la presión migratoria.

Por su parte, estos 200 migrantes se sumarán a los 200 que fueron trasladados ayer miércoles hasta la instalación de Barranco Seco que, con capacidad para 800 plazas, fue levantada con ayuda del Ejército de Tierra dentro de este antiguo polvorín en Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla.

Finalmente, para la jornada de este viernes tienen previsto visitar Canarias los ministros Escrivá y Ábalos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentará las principales líneas del Plan Canarias relativas a su departamento; y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, visitará el Centro de Salvamento Marítimo y el nuevo edificio de Capitanía Marítima en Las Palmas de Gran Canaria.

INTERIOR MANDA DOS GRUPOS DE 'ANTIDISTURBIOS' A CANARIAS

Por su parte, el Ministerio del Interior ha ordenado este jueves enviar dos grupos de 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como refuerzo para hacer frente a la presión migratoria en Canarias, han informado a Europa Press diversas fuentes policiales.

Además, desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha negado que dieran "ninguna orden" para impedir traslados a la Península en barco, como ha denunciado la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas.

Fuentes policiales oficiales han confirmado que se ha aprobado el refuerzo del dispositivo policial con dos grupos de la UIP que se desplazaran desde la Península para estar desplegados entre este jueves y un plazo máximo de dos días.

Otras fuentes policiales consultadas añaden que en total serían unos 250 los policías 'antidisturbios' que formarían parte de este refuerzo, ya que a estos dos grupos se unen otros que forman parte de la plantilla en Canarias. Desde la Península se envía un grupo de A Coruña con refuerzos de Vigo y otro más desde Valencia.

POLICÍAS EN ARGUINEGUÍN

Desde el día 10 estaba desplegado por el dispositivo migratorio un grupo de UIP de Tenerife y ahora lo hará un segundo; al igual que otros dos grupos de Las Palmas que también ayudarán en el operativo por la llegada de inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín. La previsión, aunque aún no es firme, es que este refuerzo de seis grupos de UIP en total esté activado hasta el 13 de diciembre.

El dispositivo policial se reforzará, de este modo, tanto en el muelle de Arguineguín como en otras zonas como el campamento levantado por el Ejército en Barranco Seco, con capacidad para 800 personas.

Hasta este centro de atención temporal para extranjeros (CATE) serán trasladados este jueves otros 200 inmigrantes, que se suman a los que ya lo hicieron ayer en autobuses bajo la supervisión en la zona tanto del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, como del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González.

ORAMAS SEÑALA A MARLASKA POR UN BARCO

La diputada de Coalición Canarias Ana Oramas ha asegurado este jueves que las islas "no se puede convertir en un Lesbos, Lampedusa o Moira" porque "no es una jaula", en alusión a los 2.301 migrantes que permanecen desde este miércoles hacinados en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

"Me ha llamado a las seis de la mañana el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para manifestarme que ayer por la noche 200 inmigrantes han sido trasladados a Tenerife y que iban a embarcar en un barco a Huelva y por instrucciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la Delegación del Gobierno se lo han impedido", ha explicado Oramas en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press.

Fuentes de Interior señalan que este departamento no dio "ninguna orden" de impedir ayer traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península, como ha asegurado Oramas, una diputada que desde hace días está siendo muy crítica con la gestión de Fernando Grande-Marlaska, a quien ha pedido que dimita, al igual como su colega de Migraciones, José Luis Escrivá.

En el Ministerio niegan su participación para impedir la salida de ningún barco y se remiten a los planes ya en marcha para trasladar a los inmigrantes del muelle de Arguineguín a las instalaciones de Barranco Seco, sin dar más detalles de otros traslados a otros puntos de las islas, de la Península o hacia los países de origen. Al menos se ha fletado un avión para devolver a Mauritania a 22 inmigrantes.

PARTIÓ UN BARCO CON 30 PERSONAS, SEGÚN CEAR

Además, las fuentes de Interior señalan que las reubicaciones ordenadas dentro del sistema de acogida requieren de "controles reforzados más intensos" en el caso de que los traslados se realicen entre Canarias y la Península, en comparación con los que están en vigor dentro de las propias islas, donde no abandonan la comunidad autónoma.

A preguntas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha explicado que anoche partió un barco con unas 30 personas que tenían pasaporte y que aún no habría llegado a destino, en Huelva. Además, señalan que en las últimas horas también se ha dejado viajar a otros inmigrantes dentro de Canarias, pero sin abandonar las islas.

Este miércoles en el Congreso, Grande-Marlaska respondió a las peticiones de dimisión por la gestión de la crisis migratoria y, en concreto, confirmó que había abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean a otra decisión polémica: quién dio la orden de liberar a unos 200 inmigrantes en el muelle de Arguineguín que, posteriormente, fueron realojados en unas dependencias hoteleras.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado este jueves la constitución de un Consejo Asesor del Comercio de Proximidad, un órgano consultivo del Gobierno formado por representantes de asociaciones comerciales, sindicatos y responsables de comercio de comunidades autónomas y municipios.

Dicho consejo, según ha explicado durante la clausura del 'Spain Retail Congress', permitirá reforzar la colaboración público-privada con dos prioridades: la primera, hacer frente a las dificultades que atraviesa el sector y la segunda, contribuir a la modernización y competitividad del modelo comercial.

En su intervención, la ministra ha trasladado un mensaje de confianza y de compromiso del Gobierno de España con la recuperación del sector y ha avanzado que la Secretaría de Estado de Comercio trabaja en un 'Plan de impulso al sector del comercio' incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que incluye un proyecto tractor de digitalización del comercio que impulsará la competitividad del sector comercial.

Además, ha señalado que se van a invertir en los próximos tres años 200 millones en la modernización de mercados municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de comercialización, así como 100 millones en el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística.

Otros 15 millones irán dirigidos a la Revitalización del comercio en zonas rurales y dos millones euros a la 'Plataforma Comercio Conectado'.

Asimismo, la ministra ha agradecido y reconocido la "respuesta ejemplar" del sector comercial en los momentos más duros de la pandemia y ha señalado que el Gobierno está coordinando con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un plan de choque con medidas de apoyo a la hostelería y al comercio, particularmente afectados por las restricciones.

La ministra ha reconocido que el Covid-19 ha provocado la aparición de elementos clave para el futuro del comercio: el rol integrador de la tienda física; la transformación digital y los nuevos modelos de negocio; y los factores tecnológicos.

Para la responsable de Comercio, las nuevas tecnologías constituyen una "herramienta imprescindible" para que el 'retail' pueda desarrollar nuevas formas de negocio que le permitan ampliar sus clientes y poder llegar a ellos en distintos canales.

Y junto a la presencia multicanal, adaptar los sistemas de pagos, el análisis de datos, seguir innovando al tiempo que se avanza en la sostenibilidad son aspectos "fundamentales" del presente y del futuro del sector comercial, según señaló Maroto.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que la reforma educativa impulsada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, conocida como 'Ley Celaá', "rompe un modelo de país" y ha confirmado que su partido seguirá dando "la batalla" contra esta norma acudiendo a Europa y presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada definitivamente.

"Hoy no termina nada. Hoy es un paso en un camino largo que este partido va a seguir defendiendo. Creemos en la libertad y la mejor educación pública, concertada y privada para los españoles", ha manifestado la dirigente del PP a las puertas del Congreso, donde se ha celebrado una concentración promovida por la plataforma Más Plurales.

Gamarra ha afirmado que es un "día triste para la libertad" por la aprobación de esta ley en el Pleno del Congreso, pero ha subrayado que "ya nace muerta" ante la falta de "consenso" para "garantizar que se respetan las libertades". De hecho, ha censurado que ni siquiera se haya escuchado a la comunidad educativa.

"Es una ley que tiene un fuerte rechazo por parte de la sociedad española y que lo que busca es imponer un modelo a los españoles, rompiendo el gran acuerdo constitucional de 1978 para garantizar la libertad de los padres a elegir la educación que quiere para sus hijos", ha manifestado.

"UN PAGO" A LOS INDEPENDENTISTAS POR LOS PGE

Aparte de "atacar" la educación especial y concertada, la portavoz del PP ha señalado que la norma "rompe un modelo de país" porque ahora habrá "17 modelos diferentes de educación, con 17 altas inspecciones", algo que, a su juicio, desvertebra la educación en España".

"Es el pago que se hace por parte del PSOE y Podemos a los independentistas para poder sacar unos Presupuestos adelante y con ello poder seguir en el poder. Al final la educación es lo que se entrega, la libertad es lo que se entrega con tal de seguir en el poder", ha abundado.

Por todo ello, ha dicho que quería "mandar un mensaje de esperanza" porque el PP seguirá dando "la batalla" al considerar que "otra ley educativa es posible" para que los españoles "no sean adoctrinados en las aulas sino formados como ciudadanos libres e iguales".

Con ese objetivo, la portavoz del PP ha anunciado que su formación acudirá a las instancias europeas, al tiempo que los diputados del PP promoverán un recurso de inconstitucionalidad que cuando la ley sea aprobada definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado este jueves en el Pleno del Parlamento que en las residencias de mayores han fallecido el 54% de las víctimas en España por coronavirus, mientras que en Andalucía esa proporción es de un 33%. "Veinte puntos menos", ha apuntado el consejero de Salud.

Andalucía presenta una tasa de mortalidad por Covid registrada en las residencias de mayores de 13 víctimas por cada 100.000 habitantes, mientras que en España la proporción es de 48/100.000. "No es justificación", ha afirmado Aguirre, quien ha apuntado que "un solo fallecido es muchísimo", en una respuesta a una pregunta parlamentaria del PSOE sobre la mejora en la atención en las residencias de mayores.

Tras indicar que las víctimas en residencias ascienden a un millar, Aguirre ha explicado que la cifra supone "menos del 5% de los fallecidos en residencias en nuestro país", al tiempo que ha indicado que Andalucía se sitúa como "la quinta comunidad con menos víctimas" en residencias.

La diputada del PSOE, María José Sánchez Rubio, quien ha recordado que en el último Pleno el consejero de Salud le instaba a que encontrara una situación mejor que Andalucía, ha afirmado que "no hay nada peor", al tiempo que ha indicado que la cifra de fallecidos en residencias es de 1.123.

"Un verdadero drama en Andalucía", ha apuntado la parlamentaria, mientras ha esgrimido que "han fallecido 113 personas en las últimas semanas en residencias", por lo que ha concluido que tras "la experiencia nefasta de la primera ola se vuelve a repetir".

Sánchez Rubio, que ha apelado al informe de la Fiscalía de Sevilla sobre las residencias de mayores que ha indicado que "la iniciativa de la Administración ha sido nula y escasa", ha instado al consejero de Salud a remitir a la Fiscalía de Granada toda la documentación que tenga sobre "la gestión sanitaria y la gestión de las residencias", una vez que ha aludido a una información que investiga la gestión en el Área Metropolitana.

La diputada del PSOE, que ha sostenido que el Gobierno andaluz reacciona "tarde y mal", ha reprochado al consejero que "tardan en realizar los PCR" así como que "los resultados tardan prácticamente tres días", ha instado a Aguirre a "sacar a las personas positivas para que no se contagien".

El consejero de Salud ha replicado a Sánchez Rubio que los datos que ha ofrecido no significan que "uno lo haga mejor o peor, es la diferencia que hay", al tiempo que ha contrapuesto mantener "una relación fluida" con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con quien ha asegurado despachar ocho horas a la semana, mientras que ha afirmado "el señor Pablo Iglesias es un desastre, dos horas le ha dedicado, dos horas, que es quien lleva las residencias a nivel nacional".

El Gobierno marroquí ha evitado reaccionar oficialmente a las declaraciones de Podemos y otros partidos en relación con el Sáhara Occidental y los incidentes en Guerguerat porque distingue las posiciones de las formaciones políticas de la posición del Gobierno.

"Marruecos no comenta tuits o declaraciones de partido, trabaja con el Gobierno", ha dicho a Europa Press una fuente diplomática marroquí, recalcando que la relación política entre ambos países es "de Estado".

Hasta el momento, el único comunicado del Gobierno español sobre los incidentes en Guerguerat lo difundió el Ministerio de Exteriores el viernes 13 de noviembre, después de que el Ejército marroquí disolviera las protestas que los saharauis habían comenzado el 21 de octubre, para expresar su apoyo a los esfuerzos del secretario general de la ONU "para garantizar el respeto del alto el fuego" e instar a las partes "a retomar el proceso negociador".

Este miércoles, Podemos emitió un comunicado en el que afirmaba que "no basta con pedir el cese de las hostilidades armadas", sino que España tiene una responsabilidad "histórica y jurídica" con su excolonia y debe trabajar para que la ONU cumpla con el mandato de organizar un referéndum.

Previamente, el domingo, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno tuiteó un texto del Consejo de Seguridad de la ONU de 1995 que hace alusión a celebrar "sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Nada de eso ha generado reacciones públicas de Marruecos, pero está por ver qué sucederá si las tomas de posición pasan al plano institucional.

Por lo pronto, el PNV ha registrado esta semana una proposición no de ley para ser votada en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso en el que pide la retirada de las tropas marroquíes de Guerguerat y una "salida negociada, basada en la libre voluntad expresada por el pueblo saharaui". El texto es susceptible de enmiendas por todos los grupos.

En febrero, Marruecos no dudó en pedir explicaciones cuando el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, recibió en el ministerio a una representante del Frente Polisario y la describió como "ministra" de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), una entidad no reconocida por España.

En aquella ocasión, el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, llamó por teléfono a su colega española, Arancha González Laya, que aclaró que la posición de España sobre el contencioso "no ha cambiado.

La última conversación entre ambos ministros de la que se ha informado públicamente fue el 22 de octubre, un día después de que comenzasen las movilizaciones en Guerguerat, un paso fronterizo separado de Mauritania por una franja que el Polisario considera "territorio liberado" hasta donde llegó la semana pasada el Ejército de Marruecos.

CUMBRE BILATERAL EN DICIEMBRE

Entre tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este viernes a Marruecos con el aumento de la migración irregular hacia Canarias en lo más alto de la agenda política en España y el 17 de diciembre está prevista la Reunión de Alto Nivel (RAN), la Cumbre bilateral entre los dos Gobiernos, con asistencia de varios ministros, que no se celebra desde 2015.

En el Congreso español, los diputados han empezado también a movilizarse con la constitución del 'intergrupo' para el Sahara Occidental. Este grupo es transversal y habitual en todas las legislaturas, pero en esta ocasión aún no se ha había creado y volvió a constituirse este miércoles, precisamente en plenas tensiones.

De ello informó en Twitter el diputado de IU Enrique Santiago, afirmando que el grupo va a "trabajar para que la autodeterminación del Sáhara sea una realidad lo antes posible".

Junto al mensaje publicó una foto en la que puede verse a varios diputados con el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, al que se refiere como "embajador en España". A la reunión también asisió el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara).

En la fotografía puede verse al propio Santiago junto a Joan Josep Nuet y Marta Rosique, del Grupo Republicano; Lucía Muñoz, de Podemos; Néstor Rego, del BNG; Joan Baldoví (Compromís), Josune Gorospe (PNV) y Miguel Ángel Jerez (PP).

Fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que también formarán parte de él Valentina Martínez Ferro (PP), Gerardo Pisarello (En Comú), Antón Gómez-Reino (Galicia En Comú), Inés Sabanés (Más País), Sergi Miquel (Junts) y Ana Belén Fernández Casero (PSOE).

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, viajan este viernes a las Palmas de Gran Canaria para abordar la crisis migratoria con el presidente de las Islas, Ángel Víctor Torres.

Los dos ministros tienen previsto visitar junto a Torres y al delegado del Gobierno en la Comunidad, Anselmo Pestana, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria, que depende del Ministerio de Transportes y que se encarga de las labores de rescate de los migrantes.

La visita tendrá lugar a las 11.00 horas (hora insular canaria, 12:00 horas en la Península) y, posteriormente, se desplazarán al nuevo edificio de Capitanía Marítima en esa ciudad.

Además, Escrivá va a aprovechar para presentar las principales líneas del Plan Canarias relativas a su departamento en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las llegadas de migrantes a Canarias por mar han crecido un 1.019,16% en lo que va de año, según los datos del Ministerio de Interior, y en estos momentos, más de 2.000 personas permanecen en el Muelle de Arguineguín de Gran Canaria, a la espera de ser reubicados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este miércoles que ya ha ordenado una investigación sobre el polémico desalojo de más de 200 migrantes de este muelle el pasado martes, y ha indicado que se tomarán medidas en el caso de que hubiera descoordinación.

CRÍTICAS DE DESCOORDINACIÓN AL GOBIERNO

Precisamente, cada vez son más las voces que desde diferentes fuerzas políticas --incluida Unidas Podemos Canarias-- y organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acusan al Gobierno de descoordinación a la hora de abordar esta situación.

Actualmente no existe ningún órgano interministerial encargado exclusivamente de las cuestiones migratorias, ya que la llamada Comisión Delegada de Asuntos Migratorios que creó el presidente Pedro Sánchez en 2018 tras llegar a La Moncloa no se volvió a conformar en esta nueva legislatura, ya con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

En todo caso, el Ejecutivo defiende que sí se está llevando a cabo la coordinación apropiada entre los diferentes Ministerios implicados, entre los que están, además del de Interior, el del Transportes y el de Migraciones, los de Defensa o el de Exteriores.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, es la encargada de supervisar esta coordinación, mediante reuniones técnicas interministeriales que mantiene de forma regular con técnicos de los diferentes Ministerios con competencias en materia migratoria. La última, tuvo lugar este miércoles, de forma telemática.

El Ministerio del Interior ha ordenado este jueves enviar dos grupos de 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como refuerzo para hacer frente a la presión migratoria en Canarias, han informado a Europa Press diversas fuentes policiales. Además, desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha negado que dieran "ninguna orden" para impedir traslados a la Península en barco, como ha denunciado la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas.

Fuentes policiales oficiales han confirmado que se ha aprobado el refuerzo del dispositivo policial con dos grupos de la UIP que se desplazaran desde la Península para estar desplegados entre este jueves y un plazo máximo de dos días.

Otras fuentes policiales consultadas por Europa Press añaden que en total serían unos 250 los policías 'antidisturbios' que formarían parte de este refuerzo, ya que a estos dos grupos se unen otros que forman parte de la plantilla en Canarias. Desde la Península se envía un grupo de A Coruña con refuerzos de Vigo y otro más desde Valencia.

POLICÍAS EN ARGUINEGUÍN

Desde el día 10 estaba desplegado por el dispositivo migratorio un grupo de UIP de Tenerife y ahora lo hará un segundo; al igual que otros dos grupos de Las Palmas que también ayudarán en el operativo por la llegada de inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín. La previsión, aunque aún no es firme, es que este refuerzo de seis grupos de UIP en total esté activado hasta el 13 de diciembre.

El dispositivo policial se reforzará, de este modo, tanto en el muelle de Arguineguín como en otras zonas como el campamento levantado por el Ejército en Barranco Seco, con capacidad para 800 personas.

Hasta este centro de atención temporal para extranjeros (CATE) serán trasladados este jueves otros 200 inmigrantes, que se suman a los que ya lo hicieron ayer en autobuses bajo la supervisión en la zona tanto del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, como del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González.

ORAMAS SEÑALA A MARLASKA POR UN BARCO

La diputada de Coalición Canarias Ana Oramas ha asegurado este jueves que las islas "no se puede convertir en un Lesbos, Lampedusa o Moira" porque "no es una jaula", en alusión a los 2.301 migrantes que permanecen desde este miércoles hacinados en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

"Me ha llamado a las seis de la mañana el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para manifestarme que ayer por la noche 200 inmigrantes han sido trasladados a Tenerife y que iban a embarcar en un barco a Huelva y por instrucciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la Delegación del Gobierno se lo han impedido", ha explicado Oramas en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press.

Fuentes de Interior señalan que este departamento no dio "ninguna orden" de impedir ayer traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península, como ha asegurado Oramas, una diputada que desde hace días está siendo muy crítica con la gestión de Fernando Grande-Marlaska, a quien ha pedido que dimita, al igual como su colega de Migraciones, José Luis Escrivá.

En el Ministerio niegan su participación para impedir la salida de ningún barco y se remiten a los planes ya en marcha para trasladar a los inmigrantes del muelle de Arguineguín a las instalaciones de Barranco Seco, sin dar más detalles de otros traslados a otros puntos de las islas, de la Península o hacia los países de origen. Al menos se ha fletado un avión para devolver a Mauritania a 22 inmigrantes.

PARTIÓ UN BARCO CON 30 PERSONAS, SEGÚN CEAR

Además, las fuentes de Interior señalan que las reubicaciones ordenadas dentro del sistema de acogida requieren de "controles reforzados más intensos" en el caso de que los traslados se realicen entre Canarias y la Península, en comparación con los que están en vigor dentro de las propias islas, donde no abandonan la comunidad autónoma.

A preguntas de Europa Press, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha explicado que anoche partió un barco con unas 30 personas que tenían pasaporte y que aún no habría llegado a destino, en Huelva. Además, señalan que en las últimas horas también se ha dejado viajar a otros inmigrantes dentro de Canarias, pero sin abandonar las islas.

Este miércoles en el Congreso, Grande-Marlaska respondió a las peticiones de dimisión por la gestión de la crisis migratoria y, en concreto, confirmó que había abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean a otra decisión polémica: quién dio la orden de liberar a unos 200 inmigrantes en el muelle de Arguineguín que, posteriormente, fueron realojados en unas dependencias hoteleras.

La Plataforma Más Plurales en Castilla y León ha convocado varias concentraciones presenciales en Valladolid, León, Palencia, Burgos y Salamanca la próxima semana que dan continuidad a la campaña #MásPlurales, que, como así precisa, lucha contra una nueva ley que restringe libertades sociales y dinamita la pluralidad educativa.

La Plataforma Más Plurales en Castilla y León prosigue con su campaña 'Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos', en defensa de la pluralidad de modelos educativos y de la libertad de enseñanza ante la Lomloe, Ley Celaá, "que se está tramitando en la actualidad y pretende imponer un modelo único de educación y arrincona la libertad social".

En los últimos días se han sucedido multitud de acciones de protesta en diferentes centros educativos de la comunidad, acciones que buscan informar, sensibilizar y movilizar a sus comunidades educativas para mostrar el rechazo generalizado a las reformas "sesgadas y al ataque que supone la Ley Celaá para la educacio*n concertada y especial".

A pesar de la situación de crisis sanitaria actual, los padres y profesionales de la enseñanza concertada de Castilla y León se han volcado en las redes sociales con la campaña y también en estas acciones presenciales en cada centro educativo.

CONCENTRACIONES

Además, continuando con estas iniciativas, la Plataforma Más Plurales ha convocado concentraciones presenciales en varias ciudades para la próxima semana: en León (23 noviembre, 12.00 h, Plaza La Inmaculada), Valladolid (24 noviembre, 18.00 h, Plaza del Milenio), Palencia (26 noviembre, 18.00 h, Plaza de la Inmaculada), Burgos (24 noviembre, 18.00 h calle Vitoria) y Salamanca, 1 diciembre, a las 18.00 horas en la Plaza de la Constitución.

Todas ellas tienen por objetivo mostrar su rechazo a un Proyecto de Ley "fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo".

La pluralidad educativa y la libertad de elección de las familias del tipo de centro que consideren más adecuado para la educación y formación de sus hijos conforme a sus convicciones, deben ser aspectos fundamentales en la organización y planificación del sistema educativo y ambas cuestiones se ven seriamente amenazadas por la LOMLOE, tal y como denuncian los convocantes.

La Plataforma Más Plurales ha registrado esta semana escritos dirigidos a la presidenta del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios solicitando la paralización de la LOMLOE.

MÁS DE 1,5 MILLONES DE FIRMAS

Los apoyos recibidos en las últimas semanas, más de 1,5 millones de firmas recogidas a través de la web www.masplurales.es, constatan la enorme preocupación y rechazo que el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación genera en una parte importante de la sociedad.

En Castilla y León, la Plataforma Más Plurales está formada por la confederación de asociaciones de padres CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO Castilla y León, las patronales Escuelas Católicas Castilla y León y CECE y varias federaciones de asociaciones de AMPAS católicas provinciales como FECAMPA Burgos, Salamanca y Valladolid.

Más Plurales representa en Castilla y León a más de 100.000 alumnos, miles de familias, más de 10.000 profesionales y 200 centros educativos, el 30% de la educación de la comunidad autónoma.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha instado este jueves al Gobierno a "coordinarse" de una vez y a empezar a tomar decisiones para atajar el "drama migratorio" que vive el archipiélago, entre ellas, el envío de migrantes a la Península.

"Para que sea un tema europeo, España tiene que tomar decisiones. Si no deja retornar a la Península y considera que Canarias es una frontera con la Península, ¿por qué Europa va a tener una posición solidaria con España y con Canarias?", se ha preguntado, durante una comparecencia ante los medios en el Congreso.

Oramas ha insistido en que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, le ha informado de que este miércoles por la noche 200 inmigrantes iban a embarcar desde Tenerife destino a Huelva, pero que, por instrucciones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de la delegación del Gobierno, finalmente no se ha podido producir el desplazamiento.

MISMAS MEDIDAS QUE EN 2006

La diputada ha denunciado la "descoordinación" que, desde su punto de vista, se está produciendo tanto en el seno del Gobierno de coalición como entre el Ejecutivo central y el autonómico, en la gestión del drama que viven las islas, y, en concreto, el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) donde permanecen hacinados 2.301 migrantes.

Oramas ha contrapuesto a la situación al actual con la colaboración entre administraciones que sí hubo en la crisis migratoria de 2006 cuando José Luis Rodríguez Zapatero presidía el Gobierno central y Coalición Canaria el insular, que ahora está en manos del PSOE. "Ahora no se coordinan ni con el Gobierno de Canarias ni con sus ministros entre sí", ha denunciado.

La diputada ha insistido en que Canarias "no tiene capacidad" para integrar a estas personas y ha hecho hincapié en que esta situación está deteriorando la imagen del archipiélago y tiene consecuencias para el ya maltrecho sector turístico. "¿Quién iría de vacaciones a Lesbos, Moira o Lampedusa", se ha preguntado, emplazando al Gobierno a tomar cartas en el asunto.

"Necesitamos que esta situación en Canarias sea provisional y que el Gobierno aplique las mismas de coordinación que se tomaron con Zapatero", ha incidido, recordando que ahora no se llega a acuerdos con los países emisores de migrantes, que hay que utilizar las patrulleras de Frontex, arreglar el radar SIVE, "que está estropeado", así como garantizar una acogida humanitaria y una política de trasladado hacia la Península y los países de retorno.

PP, Cs y Vox han acudido este jueves a la concentración convocada por la Plataforma Más Plurales contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como 'Ley Celaá' que previsiblemente se aprobará, para dar su apoyo a las asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector que integran la Plataforma.

El partido que preside Pablo Casado ha decidido sumarse a las manifestaciones que ha convocado Más Plurales en diferentes ciudades de España en defensa de la libertad educativa y la concertada. Por ejemplo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, estará en la manifestación convocada en Murcia.

De la misma manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, estarán en la manifestación que la concertada ha convocado en Madrid, ante el Congreso.

El propio Pablo Casado, que ha asistido al Pleno del Congreso que vota este jueves la reforma educativa, ha salido del hemiciclo al término del debate para dirigirse a una mesa instalada por el PP en la Plaza de las Cortes para recoger firmas contra la 'Ley Celaá'.

Casado, que ha estado acompañado por varios cargos del partido como Cuca Gamarra, Ana Pastor, Jaime de Olano y Ana Camins, ha declinado hacer declaraciones a los medios para dar protagonismo a su portavoz de Educación, Sandra Moneo, que ha defendido la posición del PP en el Pleno del Congreso.

"NO PUEDE HACERSE UNA LEY QUE ROMPA LA LIBERTAD"

Por parte de Cs, se ha sumado la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, que en declaraciones a los medios ha justificado su presencia en la concentración: ""Defendemos la libertad de los padres a elegir la educación de nuestros hijos".

Según ha recalcado Arrimadas, esa decisión no tiene que tomarla "ni la ministra Celaá, ni los nacionalismos ni los gobiernos de ningún color político".

En este sentido también ha afirmado que los 'naranjas' defienden la libertad de los padres a elegir que sus hijos estudien bien en un centro ordinario inclusivo o bien en un centro de educación especial. "No puede hacerse una ley que rompa la libertad de los padres a elegir la educación de nuestros hijos", ha defendido.

Asimismo, ha señalado que los padres también tienen derecho a que sus hijos tengan una educación en los valores que ellos quieran porque se trata de "un derecho reconocido en la Constitución", al igual que los padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano.

LA 'LEY CELAÁ', UNA LEY PARA "ADOCTRINAR"

También ha acudido a la concentración para dar su apoyo el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, junto a otros compañeros de partido, quien ha advertido de que la LOMLOE va a ser una ley que hará "mucho daño" porque quiere "acabar" con la educación concertada y la especial, lo cual "no tiene ningún sentido".

El diputado también se ha referido a la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, tema muy polémico de la reforma. Según Espinosa de los Monteros, es "verdad" que en la práctica hay algunas comunidades autónomas donde, de hecho, el castellano no es la lengua vehicular en educación, pero critica que directamente se haya eliminado del texto esto, porque supone "prohibir a los padres el derecho a reclamarlo".

A su juicio, la 'Ley Celaá' es un "ataque más" a la educación y a la integración de los españoles, pues lo que pretende es "adoctrinar". "La izquierda cada día más totalitaria y el nacionalismo cada vez más rancio se han aliado para asegurarse el adoctrinamiento de nuestros hijos durante muchos años", ha reprochado el diputado, que ha recordado que lo primero que hará su partido cuando llegue al Gobierno será derogar la ley.

Tal y como ha expresado, "aquellos padres que no tienen renta para llevar a sus hijos a un colegio privado, tienen la posibilidad de llevarlos a la educación concertada, y justo eso es con lo que quiere acabar el PSOE, la izquierda y el nacionalismo", ha avisado, para recordar que "los hijos no son del Estado, sí son de los padres, y tienen derecho a elegir qué educación quieren para sus hijos".

El PP ha vuelto a pedir en el Parlament investigar los casos de abusos a menores tutelados, tras conocerse este jueves la detención de un trabajador de un centro del IMAS por presuntos abusos a menores.

Según ha informado el partido en un comunicado, han solicitado a la Mesa del Parlament la creación, con carácter urgente, de una comisión de estudio que investigue estos casos.

"El Govern Armengol no puede continuar negándose a la creación de una comisión que investigue los hechos ocurridos y en la que, a través de la participación de técnicos y expertos, se propongan las medidas oportunas para que estos hechos no vuelvan a producirse", ha declarado la diputada del PP Margalida Durán.

La diputada ha calificado de "terribles" estos hechos y ha subrayado que "avergüenzan". "Sin embargo, parece que a los únicos que nos les avergüenza lo que está pasando es al PSOE, MÉS y Podemos, que sistemáticamente se niegan a investigar lo ocurrido", ha dicho la diputada del PP, en referencia a su voto en contra a crear una comisión de investigación.

Por todo ello, Durán ha reclamado a la presidenta del Govern que "no continúe tapando los casos de abusos sexuales a menores tutelados", y ha pedido el voto favorable de todos los partidos a crear esta comisión.

PROHENS A IGLESIAS: "HA ELEGIDO ENCUBRIR AL VERDUGO"

La noticia de la detención de un trabajador de un centro del IMAS ha llegado al Congreso durante una intervención de la diputada nacional Margalida Prohens, que ha reprochado al vice-presidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su "desinterés" por los temas relacionados con la infancia.

"Durante un año no se ha reunido con las entidades de infancia. Lo de que las menores tuteladas de Baleares no vayan con usted es algo que ya no cabe ni mencionar, porque esa vergüenza le acompañará vaya donde vaya", ha subrayado Prohens.

La diputada ha informado de la noticia de la detención y ha preguntado al vicepresidente "¿dónde queda su caiga quien caiga?". "De momento, lo único que ha caído es su careta de estar al lado de los más vulnerables. Una vez más ha elegido encubrir al verdugo en vez de defender a la víctima", ha incidido la diputada balear.

Representantes de los equipos directivos de las escuelas católicas en la provincia de Las Palmas, así como de las asociaciones de madres y padres de estos centros educativos, se han concentrado este jueves para mostrar su rechazo a la denominada Ley Celaá, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), si bien los representantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya lo hicieron la pasada semana.

Actualmente en Canarias hay más de 40 colegios concertados de escuelas católicas. Así, en la concentración que los representantes de estos centros en la provincia de Las Palmas han realizado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en las islas, en Las Palmas de Gran Canaria, se han congregado unas 60 personas, debido a las normas que establece la situación actual de pandemia.

En la concentración estaba presente el secretario de Escuelas Católicas de Canarias, Juan Manuel Ruiz, quien ha señalado que ante la situación que se vive actualmente con una crisis sanitaria "no" se entiende la "urgencia" de sacar adelante esta norma, a lo que añade que en cualquier ley previamente se ha contado con la participación ciudadana, con expertos.

Sin embargo, agregó que para esta ley, que este jueves prevé salir adelante en el pleno del Congreso de los Diputados, "se ha prescindido de todo ello", por lo que admite que les ha sorprendido la "prisa" que se tiene por aprobarla.

De todos modos, Ruiz afirma en declaraciones a Europa Press que la educación necesita una reforma y apuntó que el "tema de fondo", que llevan solicitando años a todos los gobiernos, es el de un pacto por la educación porque, dijo, la educación "es un derecho" de la Constitución que recoge en su artículo 27.

Por ello, entiende que deben existir distintos proyectos educativos, todos dentro de unos parámetros legales, ya que afirmó que "en el fondo" pública y concertada están defendiendo los mismos valores en cuanto a derechos humanos, si bien afirmó que las escuelas católicas tienen una opinión "ética y moral" pero que difiere de una u otra ideología, ya que consideró que hay "un cierto temor" porque hay quienes piensan que se forma en sectores ideológicos, lo que consideró es también un "temor" a que "otros piensen de forma distinta".

Asimismo, se refirió al concepto de libertad en cuanto al derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, ya que señala que la educación de los niños depende "de sus padres y un Estado que se quiere meter en la educación tiene un tufo a totalitario".

MANIFIESTO

En la concentración se ha leído un manifiesto en el que las escuelas católicas muestran su rechazo a la LOMLOE por ser "tramitada de forma exprés, sin negociación," para aprobarla en el Congreso y "llevarla a toda prisa al Senado".

Asimismo, el manifiesto recoge que se trata de una ley educativa "partidista", que entienden "no responde a los intereses del conjunto de la sociedad", al tiempo que la califican de "injusta y discriminatoria, con una fuerte carga ideológica que elimina y vulnera derechos y libertades individuales y colectivos esenciales".

Otro de los puntos del manifiesto recoge que se trata de una Ley que da un "papel subsidiario a la enseñanza concertada en relación a la pública, condenándola a una rápida desaparición", así como indican pretende "imponer un único sistema gratuito basado exclusivamente en la educación pública, eliminado la pluralidad y la libertad de los padres de elegir otro tipo de educación para sus hijos según sus convicciones".

Sin embargo, recoge el manifiesto, "de acuerdo con la Constitución, el derecho de todos a la educación no se garantiza sólo con plazas públicas, sino con pluralidad de centros que ofrezcan enseñanzas gratuitas. La enseñanza concertada garantiza la libertad de enseñanza".

También critican el que la norma no recoja "cualquier mejora para los profesionales del sector de la enseñanza concertada" y que "mantiene una financiación deficitaria", que aseguran "no cubre el coste del puesto escolar ni permite condiciones laborales equivalentes en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos".

En cuanto a la asignatura de religión, indican que la relega "dificultando el derecho a la formación religiosa según las convicciones de las familias y alumnos que así lo eligen cada año libremente ya, en un porcentaje superior al 60 por ciento".

Por último, creen que se condena "al vaciado y cierre" de los centros de educación especial "obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios aunque esa no sea su elección ni su voluntad", y concluye entendiendo que la norma, que se dice "inclusiva", sin embargo "expulsa y excluye del sistema educativo a más de dos millones de alumnos", así como a trabajadores y centros educativos.

Una 'Ruta naranja' con autobuses escolares decorados con lazos de ese color ha recorrido este jueves calles de València para "visibilizar el rechazo" de colegios concertados al proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá'. Para estos centros, se trata de una normativa "impuesta que quita derechos".

La protesta, prevista también en otros municipios, se ha desarrollado entre las 10.00 y las 12.00 aproximadamente y en ella se han podido ver autobuses escolares portando lazos naranjas con los que estos colegios concertados muestran su desacuerdo con la reforma educativa.

El director de Infantil y Primaria del colegio Dominicos de València, Gorka Arrieta, ha explicado a Europa Press TV que se trata de "una acción reivindicativa con la que los colegios concertados quieren dar visibilidad a su rechazo a una reforma educativa que se está intentando imponer y para la que no se está contando ni con los colegios ni con las familias.

Ha incidido en que esta 'Ruta naranja' quiere que "toda la sociedad valenciana vea cómo nos estamos moviendo por nuestros derechos y los de las familias", ya que, a su juicio, la norma implicar "quita la libertad a las familias" de elegir el colegio al que quieren llevar a sus hijos. "Lo único que queremos --ha proseguido-- es que los que mandan nos escuchen y podamos tener una ley en la que podamos participar todos".

En este sentido, ha abogado por que "haya todo tipo de colegios, públicos, privados y concertados, porque la sociedad es diversa y plural". "Queremos jugar con las mimas reglas, no queremos más que nadie, sino estar igual que todos", ha apostillado.

Por último ha pedido a la ministra Isabel Celaá "que escuche" pero también al resto de políticos y partidos, al tiempo que ha criticado al "inestabilidad" en los últimos años con leyes "sin perdurabilidad en el tiempo", lo que perjudica a los alumnos.

La acción cuenta con el impulso de entidades como FSIE-CV, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana, y la Plataforma Más Plurales.

Con la 'Ruta Naranja', FSIE se suma al movimiento nacional enmarcado en la campaña 'Más plurales, más libres, más iguales', que organiza la Plataforma Concertados en defensa de un modelo plural e igualitario en el que se respeten principios fundamentales como la libertad de enseñanza, señala el sindicato en un comunicado.

"LLAMADA DE ATENCIÓN"

FSIE-CV quiere de esta manera lanzar "una llamada de atención ante una ley que limita la libertad, la pluralidad y la diversidad", así como realizar una defensa la enseñanza concertada, que supone "el 35% de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, donde trabajan casi 15.000 profesionales y estudian 170.000 alumnos". De la misma manera, afirman, "se ven afectados los centros de educación especial y educación infantil de 0-3 años".

De esta manera, FSIE-CV rechaza "cualquier intento de reducir la pluralidad educativa a través de la reducción phttps://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/visto-sentencia-juicio-profesor-acusado-continuos-abusos-sexuales.htmlrogresiva del modelo de educación concertada" y advierte que va a continuar con las movilizaciones con el fin de "manifestar el rechazo a una ley que necesita consenso y trabajo común, amplitud de miras y mucha pluralidad para que la educación, tal y como la conocemos hoy no dé pasos hacia atrás, sino adelante".

La Fundación Vicki Bernadet contra el abuso sexual infantil ha alertado este jueves de que los confinamientos impuestos para frenar la pandemia de coronavirus han aislado a los menores de los recursos que podrían ayudarlos en caso de sufrir una agresión sexual y "del seguimiento necesario" cuando ya han ocurrido para impedir que los episodios se agraven o se repitan.

En un comunicado este jueves con motivo del Día Mundial de Prevención contra el Abuso Infantil, ha destacado que en Europa, Estados Unidos y Canadá un 20% de los menores han sido abusados sexualmente: "Si fueran las víctimas de alguna enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia", ha subrayado su fundadora, Vicki Bernadet.

La fundación ha defendido la necesidad de seguir respondiendo de forma telemática por lo que "ha pisado el acelerador de la digitalización de la entidad", que ha abierto una ventana para atender a víctimas en cualquier lugar de España, Sudamérica y el resto del mundo.

Las terapias en línea se han generalizado y, "aunque no siempre funcionan porque hay quien prefiere la presencialidad", la fundación ha constatado que la pantalla puede contribuir a aumentar el número de demandas y de solicitudes de ayuda.

Según la fundación, "son diversas las investigaciones" que establecen que entre el 80% y el 85% de los abusos sexuales infantiles se producen en el entorno de confianza, de los cuales entre el 65% y el 70% son casos dentro de la familia.

Así, han argumentado que durante los periodos de confinamiento impuestos para intentar frenar la propagación del coronavirus, los menores pueden sufrir "más abusos, más periódicos y recurrentes y con riesgo de que en algunos casos sean más graves".

Durante el primer periodo de estado de alarma, la Fundación Vicki Bernadet recibió 122 nuevas demandas de ayuda, de las cuales surgieron 40 nuevas acogidas de primera visita, 30 nuevos casos de terapia y 11 asesorías jurídica.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio al profesor acusado de seis delitos continuados de abusos sexuales a menores supuestamente cometidos sobre seis alumnas suyas, cuando contaban entre los siete y ocho años de edad. La Fiscalía ha pedido para él penas que suman 30 años de cárcel.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han detallado que el profesor, de unos 40 años de edad, es fraile y estaba encargado de dar clases de Religión en un colegio de la capital cordobesa.

Al respecto, según ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', una vez que el centro tuvo constancia de las denuncias, fue relegado de sus funciones como profesor, a la vez que la orden a la que pertenece tomó la decisión de apartarlo de centros escolares "como medida cautelar para evitar que tuviera contacto con menores". Y en caso de ser condenatoria la sentencia, desde la orden comentan que "una cosa es el proceso civil y otra, el canónico". "Tienen cierta relación, pero de la sentencia no se deriva la expulsión", han aseverado.

Mientras tanto, desde la dirección del centro se han remitido a que los hechos ocurrieron cuando otros responsables se encontraban en el equipo directivo.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, los hechos presuntamente ocurrieron entre los cursos 2011/2012 y 2012/2013, cuando el acusado presuntamente realizó tocamientos a las menores "siendo práctica habitual a lo largo del curso", a lo que añade el fiscal que los hechos también tuvieron lugar supuestamente en un campamento organizado por el propio colegio, en este caso en el curso 2014/2015.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público ha solicitado que le impongan la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores de edad por un tiempo superior de tres años al de la duración de la pena privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia.

Los diputados de Vox en el Parlamento andaluz han abandonado este jueves sus escaños durante la sesión de control al gobierno después de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber pactado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 "con los herederos del franquismo".

Las palabras de Susana Díaz han provocado la reacción airada del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, que ha intentado sin éxito tomar la palabra desde su escaño para replicar a esta referencia a su grupo sin esperar a que finalizase la intervención de la líder socialista, algo que no le ha permitido la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs).

Ante esta situación, Hernández se ha levantado de su escaño protestando visiblemente contrariado --se le ha escuchado exclamar "A la porra"-- y ha abandonado el Pleno de la Cámara junto al resto de diputados del grupo parlamentario Vox. Este episodio se produce un día después del acuerdo suscrito por PP y Ciudadanos (Cs) con Vox para desbloquear a la aprobación de los Presupuestos de la Junta para el próximo año.

El enfrentamiento verbal se ha iniciado después de que el presidente de la Junta aludiera en su intervención al Presupuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha pactado con Bildu", a lo que Susana Díaz ha replicado señalando que "el PP, cuando no gobierna, dinamita las instituciones y pierde la memoria", tras lo que ha repasado titulares de prensa que recordaban, por ejemplo, el "diálogo" del Gobierno de José María Aznar con ETA.

Tras ello, la dirigente socialista ha aseverado que Pedro Sánchez "no ha pactado con Otegui, pero usted (Juanma Moreno) sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía", haciendo así alusión al pacto del Gobierno de PP-A y Cs con Vox para los Presupuestos andaluces, lo que ha desencadenado las referidas protestas de Alejandro Hernández.

MORENO: "QUÉ DIFÍCIL RESULTA RECONOCER A SUSANA DÍAZ"

Moreno ha respondido manifestando que resulta "difícil reconocer" a la actual Susana Díaz respecto a la de la anterior legislatura, cuando era presidenta de la Junta, y ha agregado que le "cuesta mucho trabajo" que la dirigente socialista, "con las cosas que ha dicho, acepte, por sumisión o supervivencia política, la relación de Bildu con el Gobierno de la nación".

En esa línea, el presidente andaluz y del PP-A ha enfatizado que los miembros de Bildu "son herederos de ETA" que "siguen sin condenar la violencia y el terrorismo", y sus alcaldes están "alentando en contra de las víctimas". Ha agregado que Susana Díaz "debería conocer mejor que nadie que si hubo una comunidad autónoma que pagó un alto precio en sangre" por los atentados de ETA fue Andalucía, porque "muchos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mataron los terroristas eran andaluces".

Además, Moreno ha espetado a Susana Díaz que, "por dignidad" y por "la memoria de los propios socialistas, debería condenar de manera palmaria que un partido heredero de ETA apoye al Gobierno de Sánchez y de Navarra", al tiempo que ha puesto de relieve que el Gobierno socialista ha pactado con Bildu "sin necesidad, porque podía haber acordado con Cs".

"¿A qué viene ese insulto a la memoria y la dignidad de muchos andauces y españoles por parte del PSOE al que ahora apoya con vehemencia y sumisión?", le ha preguntado Moreno a Susana Díaz, a quien, además, ha animado a oír lo que han dicho sobre la relación del Gobierno con Bildu presidentes socialistas como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o "históricos" socialistas como Alfonso Guerra, que ha puesto "voz a muchos militantes" socialistas "de buena fe que no pueden entenderlo".

SUSANA DÍAZ: VOX VIENE A LAS INSTITUCIONES "A CRISPAR"

Tras este intercambio dialéctico, Susana Díaz ha atendido a los medios fuera del Salón de Plenos y ha subrayado que partidos como Vox "vienen a las instituciones a crispar, a enfrentar, a insultar, a dividir", y el actual Gobierno andaluz "está ahí porque le debe los votos" a dicho partido. Ha lamentado que, al contrario que en "otras democracias europeas", donde "a este tipo de partidos de ultraderecha se les aísla", en Andalucía "se le ha sentado en el puente de mandos de las cuentas" públicas y "se le ha entregado las instituciones de Andalucía".

La líder del PSOE-A ha reconocido que los parlamentarios de Vox "son representantes de los ciudadanos" y, por tanto, "tienen derecho a estar en las Cámaras", pero ha insistido en que "lo que traen es odio, enfrentamiento, rencor, crispación y dividir a una sociedad que lo que menos necesita son representantes como estos".

Ha agregado que, para quienes "amamos la política y nuestro país, que la ultraderecha esté en las instituciones para sembrar odio, enfrentamiento y rencor no va a ser algo con lo que vamos a comulgar". Al contrario; vamos a seguir al lado de la gente", subrayando que "la ultraderecha no tiene cabida en nuestras instituciones" y no se les debe "entregar el futuro de los ciudadanos a quienes vienen a generar rencor entre los españoles", según ha concluido Susana Díaz.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra han narrado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 cómo abatieron a Younes Aboyaaqoub, autor del atropello masivo en La Rambla de Barcelona. Han recordado que cuando le encontraron, éste empezó a "correr" hacia ellos "gritando Allahu Akbar --Alá es el más grande--" y apretando algo con la mano.

Los dos mossos, que han comparecido como testigos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en la séptima sesión de la vista oral, han explicado que el día 21 de agosto de 2017 recibieron el aviso, en el marco de la denominada 'operación Cronos', de que un testigo había visto al conductor de la furgoneta que se introdujo en el paseo central de Barcelona, que dejó a 14 víctimas morales, cerca de un polígono de Subirats.

"Había más compañeros haciendo la búsqueda y nosotros la iniciamos por una carretera", ha empezado a contar uno de los agentes. "Pasamos un puente y recuerdo que había una depuradora y en una curva, había un camino donde decidimos estacionar nuestro vehículo y continuar la búsqueda a pie por un camino de tres o cuatro metros de ancho, con una pendiente descendiente", ha proseguido.

Justo en ese camino apareció una persona que vestía una "camiseta azul claro y un pantalón rojizo y unas gafas grandes de sol". En ese momento, el testigo cogió la emisora para informar que habían encontrado una persona y para comprobar que la descripción coincidía con la del individuo que tenían enfrente, pero "no hubo tiempo a esperar la respuesta".

"Se subió las gafas, se quedó mirándome fijamente y al segundo después desapareció por unos arbustos o matorrales que tenía al lado. Grité: '¡quieto!'. Y salió y se dirigió hacia nosotros gritando 'Allahu Akbar'. Subió rapido hacia nosotros gritando todo el rato, zizageando", ha recordado su compañero de patrulla, el otro mosso que ha relatado estos hechos.

El primer agente ha apuntado que Aboyaaqoub, antes de iniciar la marcha hacia donde estaban ellos, se levantó la camiseta mostrando "tres o cuatro tubos cilíndricos metálicos y algún cable" que tenía pegado al abdomen, como si fuera un "cinturón de explosivos".

COMENZARON A DISPARAR PORQUE HIZO "CASO OMISO" A SUS INDICACIONES

Ambos mossos han recordado que fue entonces cuando sacaron el arma reglamentaria y comenzaron a apuntarle y a gritarle repetidamente "alto", "quieto", "al suelo", pero al ver que éste hizo "caso omiso" a sus indicaciones, empezaron a disparar cuando se encontraba a poca distancia de ellos. "Corría con el brazo izquierdo a modo de pantalla, se protegía así llevando un escudo imaginario y la otra mano la llevaba cerrada, presionando algo, no sé si era un detonador o un cuchillo, no podíamos ver lo que llevaba", ha recordado.

Asimismo, han contado que el autor de la masacre en Barcelona siguió corriendo pese a recibir los disparos y que "cayó al suelo" cuando se encontraban a tan sólo "10 o 12 metros" de los agentes de la policía autonómica, si bien se volvió a incorporar y reanudó su carrera, por lo que los mossos volvieron a dispararle hasta que finalmente quedó neutralizado.

"Se hizo un silencio inmenso y sólo esperaba que soltase el detonador y explotase y muriésemos", ha admitido con voz entrecortada el primer testigo. "La imagen que me viene de forma continua es la explosion inminente en ese momento de la zona donde estamos y a esa distancia sabía que no había ningun tipo de escapatoria", ha confesado el otro agente.

Los dos testigos han añadido que cuando llegaron sus compañeros seguían apuntando a Aboyaaqoub sin "poder moverse", ya que estaban en "shock", y que les tuvieron que ayudar a guardar las armas y a salir de la zona.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y PESADILLAS

Tras este episodio estuvieron de baja laboral por las secuelas psicológicas que les quedó como estrés postraumático, dificultad para dormir, incluso "pesadillas" repitiendo esta escena. "El grito de esta persona quedó en mi mente durante mucho tiempo", ha dicho uno de ellos.

Antes de estos dos testigos, también han comparecido otros mossos d'Esquadra que participaron en el dispositivo policial que se desplegó en La Diagonal de Barcleona tras el atentado en La Rambla, enmarcado en la 'operación Jaula'. Entre ellos, se encontraban los agentes que fueron heridos por el atropello que Younes Aboyaaqoub también llevó a cabo para saltarse el control con un coche que había robado en la zona de la ciudad universitaria, matando a su conductor, Pau Pérez.

Los cinco agentes han contado que, sobre las 18.45 del 17 de agosto de 2017, cuando Aboyaaqoub se acercaba a la zona del control "giró el volante" para encararse hacia ellos y aceleró embistiendo a varios agentes. Tras ello, los Mossos dispararon el vehículo sin conseguir que éste se diera a la fuga.

"SONREÍA" ANTES DE SALTARSE EL CONTROL POLICIAL

Dos de los testigos han afirmado que consiguieron ver la cara del conductor de este vehículo, que posteriormente la relacionaron con la del autor del atropello de La Rambla, y que le vieron cómo "sonreía" mientras aceleraba hacia donde estaba el dispositivo policial.

El coche fue encontrado en una gasolinera en Sant Just Desvern (Barcelona), a unos "dos kilómetros" de donde estaba el control policial, con el cadáver de Pau Pérez en su interior, según han indicado los agentes que fueron hasta allí para inspeccionar el coche y proceder al levantamiento del cuerpo.

El tribunal de la Audiencia Nacional comenzó a escuchar en la sesión de este miércoles a los agentes de Mossos d'Esquadra que, a través de las grabaciones de distintas varias cámaras de seguridad, reconstruyeron la huida de Aboyaaqoub tras arrollar a cientos de personas en Barcelona.

La exclusión social de las personas de nacionalidad extracomunitaria triplica a la de los autóctonos, según el estudio 'Fronteres in-visibles' elaborado por Càritas Diocesana de Barcelona y presentado este jueves en una rueda de prensa.

El acto ha contado con la participación del director del Secretariado Diocesano para la Pastoral con Migrantes, Joan Cabot; la jefa de análisis social y incidencia de Càritas, Miriam Feu; la jefa del programa de migración de Càritas, Elisabet Ureña, y el director de la entidad, Salvador Busquets.

El estudio analiza la vulnerabilidad que sufren las personas migrantes en Catalunya y destaca que los extranjeros tienen una tasa de paro dos veces mayor que los autóctonos y cuatro veces más posibilidades de caer en la pobreza que los españoles.

Según el trabajo, que se basa en entrevistas personales a usuarios de Càritas y datos de la Fundación Foessa, los migrantes también sufren una mayor exclusión que los ciudadanos autóctonos en el ámbito político --66% frente a 6%--, educativo --10% frente a 5%-- o de la vivienda --69% frente a 29%--, entre otros.

"[Los migrantes] Son nuestros vecinos y vecinas, los padres y madres de las escuelas de nuestros hijos, los canguros y cuidadores de nuestros familiares... Pero sobre ellos existe una frontera invisible: una barrera administrativa que les impide acceder a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano", ha afirmado Feu.

"Las fronteras no sólo pisan la dignidad de las personas, sino que destruyen muchos sueños", ha añadido Cabot, que ha criticado la normalización de la situación de exclusión de las personas en situación irregular, y las vulneraciones de derechos que, ha dicho, viven muchas personas extranjeras en Catalunya y España.

UNA "CARRERA DE OBSTÁCULOS"

Según Feu, las personas migradas viven en España una "auténtica carrera de obstáculos", que empieza al salir de su país por necesidad, y sigue con las dificultades para conseguir una vivienda digna, empadronarse, ser atendidos por los servicios sociales, conseguir trabajo, homologar sus estudios o abrirse una cuenta corriente.

"Es una situación que puede alargarse durante años y que, en ocasiones, puede volver a la casilla de salida, incluso aunque la persona lleve cinco años trabajando o avanzando en los trámites. Es lo que llamamos irregularidad sobrevenida", ha explicado Feu, que ha advertido que esta situación administrativa condiciona las oportunidades de los extranjeros.

"Una situación irregular ubica a las personas a vivir en los márgenes del sistema, optando sólo a trabajos informales --como, por ejemplo, el servicio doméstico-- o a realquilar habitaciones, además de exponerles a prácticas abusivas y de explotación", ha afirmado Feu, que ha advertido que esta realidad ha empeorado con la pandemia.

EL IMPACTO DEL COVID-19

La jefa de análisis social y incidencia de Càritas ha alertado que, durante la crisis sanitaria, los hogares que no reciben ningún ingreso han aumentado en 16,9 puntos entre los migrantes, hasta suponer el 25,1% del total; frente al 6,2% de los españoles que se encuentran en la misma situación.

Además, las personas con trabajos informales --muchos, migrantes-- han perdido hasta el 73,1% de sus ingresos o han quedado en paro, lo que supone, según Ureña, una barrera más para acceder y mantener la regularidad: "La regularización por arraigo social se consigue con tres años empadronado o un contrato de un año", ha recordado.

Por todo ello, Ureña ha afirmado que "hace falta un cambio en la ley de extranjería" que permita vías seguras y legales para la migración; y que garantice el derecho a la vida en familia y la protección de la infancia, facilitando la reagrupación familiar sin necesidad de tener una vivienda.

PROPUESTAS

Ante esta situación, Càritas ha hecho nueve propuestas y peticiones a las administraciones estatal, autonómica y local, con el objetivo de combatir la exclusión social de los migrantes y proteger sus derechos: desde agilizar la concesión de citas previas para los permisos de residencia, a facilitar los permisos de trabajo.

"Si no regularizamos a los migrantes, empujaremos a todas estas familias y todo su potencial a una calle sin salida. Tendrán que vivir en los márgenes y la segunda generación no podrá sostenerlo. Hacen falta soluciones, ya sea mediante flexibilización, arraigo, cambios para acceder al trabajo o la regularización de los extranjeros", ha dicho Busquets.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reiterado que las fiestas de Navidad de 2020 serán "diferentes" a la de otros años como consecuencia de la Covid-19, con "restricciones", y se ha mostrado partidario de llegar a "acuerdos generales" en las medidas a adoptar.

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la campaña de concienciación frente a las agresiones al personal sanitario 'Respetemos a quien nos cuida', en un acto en el que ha estado acompañado de la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El 'president', preguntado por las medidas que se prevén para Navidad, ha recordado que la Comunitat sigue una estrategia y se han adoptado una serie de medidas restrictivas que están en vigor hasta el 9 de diciembre, como el cierre perimetral. Transcurrida esa fecha, se evaluará la situación y la evolución de la pandemia.

En todo caso, ha anticipado que serán unas fiestas navideñas diferentes: "Tenemos que ser conscientes de que no van a ser las fiestas de siempre. Las viviremos de otra manera, aunque lo importante es el sentimiento y no la manera de expresarlo", ha manifestado.

A su juicio, sería "bueno" que hubiera una "visión general" de las medidas en Navidad "que facilitara la comprensión y el apoyo de la ciudadanía". "Pienso que en la medida de lo posible, estaría bien una armonización en el conjunto de medidas, aunque pudiera haber algunas excepciones. Pero llegando a acuerdos generales en cómo organizar la Navidad y las fiestas", ha insistido.

Preguntado por si se contempla una relajación o endurecimiento de las medidas tras el 9 de diciembre, Puig ha indicado que en estos momentos no piensa en relajación. También se ha referido a las compras navideñas y ha pedido empezar "antes" a comprar los regalos para evitar aglomeraciones y ayudar al comercio.

TEST DE ANTÍGENOS

Por otro lado, a Puig se le ha interpelado por su opinión sobre la posibilidad de que las farmacias realicen test de antígenos, y ha señalado que hay que escuchar lo que dicen los expertos "y hacerlo desde la serenidad y la buena organización", ha insistido.

"Hay muchas visiones en el testaje", ha subrayado, para agregar que en el caso en que se pueda finalmente colaborar con las farmacias, "se debe hacer deforma organizada y con condiciones de seguridad básicas, y eso se haría en caso de que se concluya que se pueda apoyar".

Puig ha indicado que en la Comunitat "no hay una posición contraria de base, pero hay que ser efectivos y hacerlo teniendo en cuenta el ecosistema del testaje que es variado".

"Estamos de acuerdo --ha añadido-- con que todos los sectores de la sanidad que quieran colaborar, puedan hacerlo dentro de un marco. Hay que ver cuál es el itinerario más efectivo", ha insistido. "Todo hay que abordarlo con prudencia y con seguridad y estamos pendientes de las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial", ha dicho.

El 'president' ha reiterado que son los técnicos los que tienen que decir si los test son válidos y cómo se deben hacer. "Especular sobre esta cuestión no es conveniente", ha afirmado. "El conjunto de comunidades estamos expectantes por ver los criterios técnicos y los protocolos. Y si sale adelante, haremos un plan consensuados con el sector para ver de qué manera es posible colaborar", ha señalado.

RECONOCIMIENTO AL "SOBREESFUERZO"

Por otra parte, Puig, preguntado por el descontento de sindicatos médicos por la paga reconocida a sanitarios que han trabajado para frenar la Covid-19, ha indicado que se trata de un "reconocimiento a las personas que han sido las que nos han salvado y han dado la cara, las que han hecho un sobreesfuerzo. No al conjunto de profesionales. No tiene nada que ver con retribuciones habituales". Y ha añadido que va destinada a los funcionarios de la sanidad pública.

"Es un reconocimiento y está sometido a la legalidad. Cada uno es dueño de sus palabras y de sus silencios y nosotros hemos querido hacer un reconocimiento especial a trabajadores de la sanidad pública y del sistema sociosanitario que han hecho un esfuerzo plus por la sociedad valenciana", ha repetido.

Al respecto, Ana Barceló ha afirmado que este reconocimiento se trasladó ayer a los sindicatos y "a veces discrepamos", ha dicho. "Ahora hay una discrepancia sobre quién debe recibir el agradecimiento", ha manifestado.

Más de 500 estudiantes de seis comunidades autónomas competirán con sus proyectos de emprendimiento y tecnología en la IV Edición de Gigas for Schools, que busca inspirar y formar a los jóvenes para fomentar un cambio social a través de la mejor idea empresarial o social.

La iniciativa de la multinacional tecnológica de cloud computing se pone en marcha en colaboración con Educación Jesuitas (Educsi) en centros educativos de seis comunidades autónomas para fomentar desde un enfoque práctico, el emprendimiento de jóvenes de 15 a 18 años de los centros eductivos de la Compañía de Jesús para despertar su interés por la innovación y las nuevas tecnologías.

El alumnado participante trabajará en el desarrollo de productos, startups o proyectos que identifiquen y den respuesta a una necesidad concreta, y que aspiren a ser generadores de un cambio social.

Según informa Gigas, el método está concebido además para potenciar la educación en valores y competencias como el trabajo en equipo, la superación, el esfuerzo, el error como fuente de aprendizaje y la distribución de conocimientos y habilidades. De este modo, el alumnado participará en las bases de una red futura basada en el emprendimiento y en la I+D+i y pondrá especial atención a los fines sociales de sus proyectos.

El programa también persigue fomentar el desarrollo y la implantación real de las mujeres en profesiones tecnológicas, ante la realidad actual de que el porcentaje de estudiantes femeninas es notablemente inferior al masculino. La UNESCO calcula que apenas el 35 por ciento de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son mujeres.

El director ejecutivo y cofundador de Gigas, Diego Cabezudo, ha explicado que con la iniciativa buscan impulsar la "empleabilidad y la retención del talento de los más jóvenes como parte esencial en sectores clave para la construcción de un nuevo tejido empresarial".

"Tenemos la obligación de inspirar y apoyar la inclusión e igualdad en profesiones en las que las mujeres tienen mucho que aportar. Y esta progresión solo se puede conseguir desde la educación base", ha defendido.

En el marco de este programa, el alumnado recibe una formación práctica y guiada en materias como marketing, planificación de negocio, desarrollo de productos, ventas y estrategia.

Al final del programa, un jurado valorará los mejores proyectos en función del análisis de mercado y viabilidad o su potencial de aplicación, así como el alcance social de las propuestas presentadas.

La iniciativa de Gigas y Educsi cuenta con el patrocinio de PwC, Universidad Camilo José Cela y Learning Idiomas, así como con la colaboración de Rock Camp, Mar de Niebla y Cambridge.

A lo largo del programa, además, personas vinculadas con el mundo de la empresa, la tecnología o el emprendimiento social impartirán charlas y masterclass relacionadas con las materias, para contribuir con sus conocimientos al desarrollo de los proyectos.

"Todos sabemos que, en el corto plazo aparecerán puestos de trabajo que hoy en día no existen y para los cuales no estamos formando a las generaciones del mañana. Por eso, y a pesar de las limitaciones sobrevenidas por la pandemia, este tipo de iniciativas no se pueden paralizar", concluye Cabezudo.

Los títulos del Grupo Prisa han regresado al parqué con una subida cercana al 25% en el Mercado Continuo tras recibir este jueves una carta firmada por Blas Herrero, propietario de Kiss FM, que contiene los términos de una propuesta, no solicitada por el grupo y no vinculante, sobre sus activos de prensa y radio y que analizará su consejo de administración.

En concreto, los títulos del grupo de comunicación repuntaban un 24,9%, hasta los 0,898 euros, a las 14.04 horas, en su vuelta al parqué después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya levantado la suspensión de cotización adoptada antes de la apertura del mercado.

La carta de Herrero titulada "Oferta firme de adquisición de la unidad de negocio de medios de comunicación de Promotora de Informaciones, S.A." recoge los términos de la propuesta del empresario para comprar los activos de prensa y radio de Prisa.

"La propuesta recibida no ha sido solicitada por Prisa y, de acuerdo con sus propios términos, no es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones", ha precisado el grupo a la CNMV.

El consejo de administración de Prisa analizará la propuesta "y adoptará las medidas oportunas, circunstancia de la que dará cuenta al mercado cuando corresponda, en cumplimiento de sus obligaciones", ha indicado la compañía.

A requerimiento de la CNMV, Blas Herrero ha confirmado también que ha presentado una oferta de adquisición del conjunto de sociedades y activos que integran actulamente la unidad de negocio de medios de comunicación del Grupo Prisa, tanto escritos ('El País', 'Cinco Días' y 'As') como radiofónicos y audiovisuales (Cadena Ser, Los 40 Principales y Cadena Dial).

Herrero ha precisado que la oferta no incluye, por tanto, la unidad de negocio de educación ni constituye una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Prisa.

El empresario ha detallado que la adquisición de Prisa se instrumentaría a través de unasociedad de responsabilidad limitada ('HoldCo') en la que un grupo de inversores liderado por él mismo tendría una participación significativa, "pero no necesariamente de control", ofreciéndose a los accionistas de Prisa participar en la sociedad realizando, al igual que el referido grupo de inversores, aportaciones dinerarias a su capital social.

Según Herrero, la oferta está sujeta a una 'due diligence' confirmatoria y otras condiciones habituales y está pendiente de evaluación por el consejo de administración de Prisa y, en su caso, por la junta general de accionistas de este grupo.

La CNMV suspendió momentos antes de la apertura del mercado la cotización de Prisa al "concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" sobre dichos valores.

La suspensión de la negociación de las acciones de Prisa, que ayer cerraron a un precio de 0,719 euros, con un alza del 2,7%, se produjo después de que 'Expansión' y 'El Confidencial' hayan publicado que el empresario Blas Herrero ha lanzado una oferta junto a un grupo de inversores particulares de capital español para hacerse con los negocios de radio y prensa del grupo Prisa.

Tras entender que se ha puesto a disposición del público información "suficiente" de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión, el organismo supervisor ha decidido levantar la suspensión de cotización a partir de las 13.30 horas.

Blas Herrero también se ofreció a participar en el rescate de la ingeniería asturiana Duro Felguera, que se acogió al fondo creado por el Gobierno y gestionado por SEPI, al que solicitó 100 millones de euros.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que prevé tener un acuerdo con las ONG de acción social y con las comunidades autónomas en el primer trimestre de 2021 para implementar "sin demora" una mejora en el modelo de financiación del Tercer Sector.

"La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha convocado una primera reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de acción social que se va a celebrar la semana que viene y también los abordaremos en el seno del Consejo Territorial, con el fin de que en el primer trimestre de 2021 podamos tener ya un acuerdo que pueda implementarse sin más demora", ha anunciado Iglesias.

Así lo ha adelantado el vicepresidente segundo del Gobierno este jueves 19 de noviembre en el Pleno del Congreso, durante el debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, a través del cual el Gobierno reparte entre 300 entidades los 26,4 millones de euros recaudados del 0,7% del Impuesto de Sociedades.

Este Real Decreto, según ha precisado Iglesias, es una "solución excepcional" en medio de la pandemia de la Covid-19, la cual ha provocado que las ONG hayan tenido que hacer un rápido despliegue de medios y recursos para atender las necesidades de los más vulnerables.

Por ello, el primer objetivo de este Real Decreto-ley, tal y como indica el texto, es "abordar con rapidez la necesidad de liquidez inmediata de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal que llevan años colaborando con distintas administraciones", a través de la concesión directa de subvenciones.

Si bien, Pablo Iglesias ha indicado que "no cabe duda de que la financiación del Tercer Sector necesita una revisión en profundidad" y por ello, ha apostado por llegar a un acuerdo mediante el "diálogo" con las propias ONG y con las CCAA.

En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales se marca tres objetivos: alcanzar un consenso sobre qué parte de los fondos totales se distribuirán por el Estado y por las CCAA, "asegurando el respeto al reparto competencial"; garantizar "una mayor estabilidad en la financiación del Tercer Sector que pueda asegurar la continuidad de las entidades"; y "mejorar la transparencia sobre el destino de los fondos que los contribuyentes destinan", así como "la rendición de cuentas de las entidades".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha revelado este jueves que rechazó una petición para prestar instalaciones militares que estaban ocupadas para la acogida de inmigrantes que llegan a las costas de Canarias y ofreció la instalación de campamentos en otras sedes que estaban sin usar.

En la base de Retamares en Madrid, Robles ha explicado que el Defensa no tiene competencias en materia migratoria y por ello su responsabilidad se limita a la ayuda que puedan solicitar otros ministerios o las instituciones canarias.

"Cuando en su momento se planteó que se prestaran instalaciones militares en uso se entendió que eso no era procedente porque hay un peligro obvio para los migrantes", ha apuntado explicando que a cambio se ofreció "una función más humanitaria" poniendo a disposición de las autoridades otras instalaciones "en desuso".

En concreto, el Ministerio de Defensa ha cedido a los Ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las propiedades de Barranco Seco y antiguas instalaciones del Canarias 50 (Gran Canaria), Las Canteras (Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura) para que las acondicionen para hacer frente a la crisis migratoria.

Con este mismo fin también se ha cedido provisionalmente el acuartelamiento de Las Raíces (Tenerife) y el Ejército de Tierra ha instalado un campamento con 800 plazas disponibles en un antiguo polvorín en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de aliviar la presión que sufre el municipio de Mogán y el Muelle de Arguineguín.

Robles cree que Canarias está sufriendo "un drama humanitario" del que no se puede hacer utilización "política ni partidista" y compete a todas las administraciones implicarse para darle la mejor solución posible.

"Ante un drama humanitario nadie puede mirar para otro lado. Defensa va a actuar con finalidad humanitaria que es en aquello que tenemos competencia", ha garantizado.