El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido en sesión extraordinaria este domingo por videoconferencia, ha aprobado el mantenimiento de las medidas restrictivas aprobadas para el puente de San José y para Semana Santa, entre el 17 de marzo y el 9 de abril, de forma ininterrumpida.

De esta forma, durante este periodo se establecerá el cierre perimetral de la comunidad autónoma y la limitación del derecho a la movilidad nocturna entre las 23,00 y las 6,00 horas.

Además, se limitará la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro por mesa en los interiores de establecimientos de hostelería y restauración y seis en exteriores. En espacios privados las reuniones se limitarán exclusivamente a los convivientes.

Esta decisión se ha adoptado tras el aumento de casos positivos por Covid-19 en la región en los últimos días y el consiguiente aumento de la incidencia acumulada a los 7 y a los 14 días.

Según especifica la Junta, el sábado superó los 50 casos por 100.000 habitantes a los 14 días en la Comunidad Autónoma, y este domingo vuelve a subir hasta los 54,13 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y de 35,12 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días, siendo además el 89% de los contagios de la variante británica del virus.

De esta manera, desde el Gobierno Regional se lleva "al máximo" aplicable la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad de 11 de marzo y hace un llamamiento a la sociedad extremeña para acudir a los diferentes cribados que se están realizando, así como a no bajar la guardia y a guardar las medidas de seguridad y protección.

Con todas estas medidas que entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura la Junta de Extremadura analizará diariamente, como viene haciendo hasta ahora, los datos y semanalmente las medidas que "podrían ser menos o más restrictivas" dependiendo de la evolución de la pandemia.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno, también se ha reunido este domingo en sesión extraordinaria, con el objetivo de analizar los trabajos que ya se están llevando a cabo para la puesta en marcha en nuestra Comunidad Autónoma del nuevo paquete de ayudas de 7.000 millones de euros contempladas en el Real Decreto Ley de ayudas a las empresas para paliar los daños ocasionados al sector productivo que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Estas ayudas serán compatibles con los decretos 1/2021, 2/2021 y 3/2021 de 60 millones de euros que la Junta Extremadura comenzará a abonar en los próximos días.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este domingo que "el protagonismo" sea el único objetivo político de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y que ponga "el poder" al servicio de intereses particulares y no al servicio de lo común.

"No se han hecho reformas, no se han hecho transformaciones, no se han hecho regeneraciones pero lo que sí ha habido es mucha distracción en la figura de la presidenta", ha remarcado a continuación en un encuentro telemático organizado por las Juventudes Socialistas de Madrid.

Frente a esto, ha reivindicado el "respeto a la tolerancia, al diferente", al que no piensa de la misma manera. "Respetar a los que no están afiliados, a los que son de otros partidos, a los que viven una vida quizás de pura supervivencia. Respetemos, busquémosles, tratemos de incorporarlos al proyecto de su propia libertad. Me parece que ese Madrid está todavía como un Madrid inexplorado", ha declarado.

Para Gabilondo, "en una comunidad con tanta desigualdad" hay impulsar políticas públicas, sociales, de igualdad. Así, se ha referido a unas declaraciones de la presidenta, en un programa en 'Telecinco', en las que afirmó que los hombres sufren "incluso más agresiones" que los mujeres.

"Últimamente ha habido unas declaraciones que van en la dirección de que todo es violencia, de que hay muchas violencia. Sí, muy bien, de acuerdo, estamos en contra de todas la violencia, de muchas violencias, pero estamos específicamente identificando la violencia de género, machista, contra la mujer. Esto ha de quedar explícitamente claro", ha recalcado.

En este punto se ha preguntado si la presidenta está incluyendo en los Presupuestos una partida específica para luchar contra la violencia de género y si lo va a hacer con Vox. Y es que Gabilondo ha apuntado que se temen que cualquier acuerdo que vaya en la dirección de alinear a Vox con el PP, no hará de esto "una prioridad".

Por otro lado, ha criticado que se convoquen elecciones en medio de una pandemia. "Pero sí se convocan que se sepa que nosotros vamos a ir con toda la determinación a defender la voluntad de los ciudadanos", ha manifestado.

FRANCO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

Por su parte, en su intervención, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que "por una vía u otra" (elecciones o moción) se conseguirá que Gabilondo sea el presidente de la Comunidad de Madrid, como ya le "correspondía" al ganar las elecciones de 2019 tras más de treinta años.

"Los socialistas no le tenemos miedo a las elecciones, nunca le hemos tenido miedo a las elecciones. Los que seguramente le tienen miedo son los que cuando no le gusta el resultado son los herederos de los que incluso rompían las urnas", ha declarado.

Según Franco, estos herederos si no hay una "gran" movilización "pueden llegar a gobernar en la Comunidad de Madrid". Para el socialista, deben salir "con la cabeza muy alta" porque hay un "Gobierno en España que sabe gobernar para todas y para todos" frente al "caos y la dejadez más absoluta" del actual Ejecutivo regional.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha destacado el "sobresfuerzo" que han hecho y siguen haciendo las entidades sociales para atender el "aumento exponencial" de la pobreza y la exclusión social que está viviendo España debido a la pandemia de la COVID-19.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha recordado el papel que están jugando las ONG en la lucha contra el virus, ya que "son ellas las que están contribuyendo con sus estructuras y redes al sostenimiento de las necesidades de las personas más vulnerables para que de verdad nadie quede atrás".

Cuando se cumple un año de la declaración del Estado de Alarma, la Plataforma recuerda que, desde el primer momento de la emergencia sanitaria, las entidades del Tercer Sector de Acción Social movilizaron sus propios recursos para atender las nuevas demandas que surgían cuando los servicios sociales se encontraban "totalmente desbordados".

Un año después, siguen reclamando que "las voces y las necesidades de las ONG de Acción Social sean escuchadas", ya que "son éstas las que conocen de primera mano la verdadera realidad social" y defienden que "el diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de una democracia avanzada y participativa".

Además, piden que el Tercer Sector sea dotado de recursos suficientes y cuente con una financiación estable y duradera. En este sentido, han pedido participar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de cara a colaborar en las estrategias y la ejecución de planes de trabajo con el fin de "reducir las desigualdades, frenar la brecha digital y recuperar derechos sociales".

La Plataforma del Tercer Sector fue fundada en enero de 2012 por siete organizaciones representativas del ámbito de lo social en España (Plataforma del Voluntariado, la Plataforma de ONG de Acción Social, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE). Posteriormente, se sumaron la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia.

A lo largo de esta semana, y con motivo del primer año de pandemia, distintas ONG han presentado su balance en los que se refleja un incremento en el número de personas atendidas.

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS PIDIERON AYUDA POR PRIMERA VEZ

Así, Cáritas informaba de que en torno a medio millón de personas han acudido por primera vez o después de mucho tiempo a pedir ayuda, debido a la pandemia de la Covid-19.

Según el informe de la labor social de la Iglesia, presentado el pasado martes, una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo "se triplicaban las solicitudes de ayuda".

Sobre las denominadas 'colas del hambre', desde Cáritas han advertido de que estas no han desaparecido pero han precisado que estas filas de personas esperando una bolsa de comida, "no son un fenómeno nuevo" que haya traído la pandemia.

Por su parte, Cruz Roja ha mostrado cuál es el nuevo perfil de la persona que acude a pedir ayuda en la pandemia: mujer de 44 años, en situación de desempleo y con hijos a cargo. Así se desprende de su Boletín sobre Vulnerabilidad Social.

"El nuevo rostro es femenino, tiene cara de mujer, ha sufrido un impacto muy acusado tanto en la parte del empleo como del estado de salud y en el tema de cuidados", ha destacado esta semana el técnico del Departamento de Estudios e Innovación Social en Cruz Roja Española, Pedro Luis Benavente.

Además, el estudio revela que la mitad (50,2%) de las familias nuevas que han acudido a pedir ayuda a Cruz Roja debido a la pandemia son hogares donde vive algún menor de 16 años, con una tasa de pobreza infantil del 95,6% y mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión (95,2%) y desempleo (30,5%).

UNO DE CADA TRES NIÑOS VIVEN EN HOGARES EN PARO

La infancia es precisamente uno de los grupos más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Según el informe de Save The Children 'Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?', uno de cada tres niños vulnerables vive en familias que actualmente tienen a todos sus miembros en paro, como consecuencia de la pandemia.

El estudio, presentado el pasado miércoles y basado en entrevistas a 1.290 familias vulnerables a las que la ONG apoya en diferentes comunidades autónomas, revela que el 46% de los padres y madres a los que atiende la organización ha perdido el empleo por la crisis económica.

Además, de los datos se desprende que un 12,2% de las familias no tiene ningún ingreso frente al 7,5% de hace un año. "El informe muestra una realidad marcada por la pérdida del empleo, la caída drástica de los ingresos familiares, y por una situación de privación material muy grave", ha alertado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

IMPACTO GLOBAL: HAMBRE, POBREZA Y ABUSOS

A nivel global, los datos de UNICEF descubren "una nueva normalidad devastadora y distorsionada para los niños del mundo", con un retroceso "en prácticamente todos los indicadores claves sobre la infancia".

"El número de niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas de abuso, sufren ansiedad, viven en la pobreza y se ven obligados a contraer matrimonio ha aumentado. Al mismo tiempo, su acceso a la educación, la socialización y algunos servicios esenciales como la salud, la nutrición y la protección ha disminuido. Las señales de que los niños sufrirán las peores consecuencias de la pandemia durante años son inconfundibles", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Manos Unidas también destaca el "impacto brutal" de la pandemia en los países en vías de desarrollo, donde ha se ha acentuado la vulnerabilidad de los que ya eran vulnerables antes de la Covid-19.

"La pandemia del coronavirus está teniendo un impacto brutal, del que les va a ser muy difícil recuperarse en mucho tiempo. Se habla ya de décadas de retroceso en los planes de desarrollo. ¿Cuántas de estas personas no han tenido que plantearse durante estos meses la disyuntiva de morir de hambre o de Covid? Una elección que nunca debería plantearse un ser humano", indicó la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo.

La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, admite que en este año de pandemia está viviendo "momentos muy duros con algunos de esperanza", pero que "nunca" se detiene a pensar en si está cansada. "No me planteo en ningún momento cuál va a ser mi futuro, ni siquiera el inmediato, mi único objetivo es ponerme al frente de esta conselleria y resolver los problemas que vienen en cada momento, en cada hora, cada minuto", afirma.

Barceló, en una entrevista con motivo del primer año desde que el Ejecutivo aprobó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, comenta que cuando se puso al frente de la sanidad valenciana "nunca" pensó encontrarse con "un escenario" como el que generado por el SARS-CoV-2 y que afronta "viviendo el día con pasión, con ganas y trabajando".

Preguntada por si le gustaría ver el final de la pandemia como consellera, precisa: "Estas circunstancias no me las planteo como qué me gustaría, sino como qué es mejor para la Conselleria de Sanidad".

En ese sentido, constata que "el momento más duro, el más doloroso" siempre es el "de dar el número de fallecidos", un dato que es "difícil de comunicar porque hay que intentar humanizar esas cifras para que los ciudadanos comprendan la gravedad de la pandemia". "Nunca te acostumbras", admite.

Así, señala que "las noches son duras" y le cuesta conciliar el sueño: "Nos vamos de la conselleria muy tarde, a veces pasadas las 00.00, y al llegar a casa, yo que vivo sola, la cabeza se te llena de problemas, preocupación, pensando cómo resolver la situación y siempre en alerta por si se produce una llamada de madrugada".

Asimismo, arremete contra "los bulos" que "tanto daño han causado a la sanidad". En especial, lamenta la noticia falsa de que el Hospital de Elche usó la capilla como morgue y la denuncia anónima sobre una supuesta mala atención prestada en el centro Ernest Lluch. "Han sido muy dolorosas y hecho bastante daño", constata.

BULOS DE LA OPOSICIÓN

Para Barceló, en este año ha habido una "excesiva información interesada que ha generado inquietud" y "eso es lo peor en una pandemia". Al respecto, critica que "la oposición desde el primer momento se subió un poco a los bulos" y el PP "incluso los utilizó en Les Corts para atacar a la Conselleria" como cuando mostró un cartel colgado en un centro de salud para denunciar la falta de médicos diciendo que era Alicante cuando estaba en Fuenlabrada. "La oposición ha ido más a caballo de la desinformación que de proponer, y ahí ha fallado", se lamenta.

Por contra, ha destacado que "en ningún momento" se ha sentido cuestionada por sus compañeros del Consell que, de hecho, se han preocupado "en muchísimas ocasiones no solo por saber cómo iba la situación epidemiológica sino por cómo nos encontrábamos porque sabían que estábamos viviendo momento muy duros".

Sobre las diferencias públicas mantenidas con la vicepresidenta Mónica Oltra ha comentado que en un gobierno de coalición "se pueden producir discrepancias a la hora de adoptar determinadas medidas", pero "se han resuelto perfectamente en la comisión interdepartamental y no le doy mayor trascendencia a una discrepancia puntual en una situación concreta".

CUARTA OLA: "PREPARADOS PERO EVITABLE"

Por otra parte, garantiza que la Comunidad Valenciana está "preparada" para afrontar una cuarta ola, pero recalca que es "evitable dependiendo de las medidas y de la acción social" y, al respecto, advierte de que su llegada dependerá "del comportamiento" de la ciudadanía durante estas semanas de Fallas y Semana Santa y del ritmo de vacunación.

Si llega, asegura que ahora se dispone de "suficiente material" y los equipos directivos de todos los departamentos han aprendido a "reorganizar los centros para ganar espacios" porque un sistema "no puede estar preparado" en una situación de normalidad para atender el número de ingresos en unidades de Críticos que se registró en el pico.

En esta línea, destaca el modelo de hospital de campaña valenciano, por el que ya ha pasado 250.000 personas, frente al del Zendal madrileño porque, además de la ventaja de que al estar al lado del hospital de referencia se puede ingresar de inmediato en las UCI a los pacientes si empeoraran sin necesidad de traslado, permiten no tener que duplicar recursos profesionales en un momento en el que las bolsas están "prácticamente agotadas" y los profesionales "agotados". Por ello, "permanecerán el tiempo que sea necesario".

FATIGA PANDÉMICA

Barceló afirma comprender la fatiga pandémica, en especial para determinadas generaciones que "sienten que han perdido un año", pero les anima: "Nos queda muy poquito". "Lo importante es llegar al momento de vacunación porque no podemos retroceder", recalca, y, para ello, hay que afrontar esta espera con "mentalidad de deportista" y pensar que para "ganar hay que cruzar la meta".

Asimismo, defiende, ante la crudeza de la tercera ola, la actuación del Consell en Navidad: "Actuamos como consideramos según estaba la situación, pero sí que había en el ambiente lo que sentimos ahora, que estamos deseando poder ir a una terraza y encontrarnos". De hecho, fue "aquel espíritu navideño de salir de compras y de sentirnos un poco más liberados" lo que "hizo que nos confiáramos todos.

Por ello, advierte de que si el mayor número de brotes, entre el 65-70%, se da en el ámbito familiar y social, las medidas que se tiene que adoptar "también son de responsabilidad de cada uno" porque "sabemos que en Navidad hubo muchas reuniones familiares en casas a pesar de que estaban restringidas". "No llegamos a comunicar lo suficientemente bien a la ciudadanía que los espacios cerrados son un riesgo", asume.

Con todo, confía en cumplir el objetivo de llegar a verano con un 70% de la población vacunada, pero apunta que serán los expertos los que determinen con qué porcentaje de inmunidad de rebaño es "suficiente" para poder aliviar muchas de las medidas aunque "otras, como la mascarilla y la distancia, han venido para quedarse".

En cualquier caso, ha resaltado que el pasaporte sanitario que está poniendo en marcha la Unión Europea facilitará la circulación y en cuanto concrete los requisitos "lo pondremos en marcha y lo exigiremos". Por contra, descarta implantar 'una cartilla verde', como se ha puesto en marcha en Israel, que certifique que estás vacunado para acceder a actividades en el ámbito interno, como conciertos o interiores de locales.

En cambio sí que se plantean exigir estar vacunados como requisito para ejercer determinados puestos laborales, como médicos de primera línea o cuidadores de personas mayores o diversidad funcional. No obstante, admite que obligar a la vacunación es "muy controvertido" y requiere cambios legislativos. Por ello, están a la espera de si el Gobierno central "da algún paso para acogernos a él".

Barceló confirma que aún no se ha vacunado y se mantiene en su intención de hacerlo la última como los capitanes de barco, aunque no se atreve a poner fecha porque además se encuentra en "esa franja de edad que aún no tiene vacuna".

Asimismo, resalta que ya están trabajando en una Estrategia postcovid para prestar ayuda psicológica tanto a la población como a los sanitarios, y una atención fisioterapeuta y de control y seguimiento de los efectos que el virus ha provocado. Además, en el Presupuesto de 2021 están recogidos 50 millones para reducir las listas de espera mediante el plan de choque y el autoconcierto.

El PSOE quiere que el Congreso manifieste la "urgente" necesidad de renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace más de dos años, y censure al PP, al que considera culpable del actual bloqueo.

El PSOE y PP cerraron ya un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE y estaban hasta hace unos días ultimando los nombres para hacer lo propio con el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el veto del PP al juez de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, parece haber 'congelado' las negociaciones.

Así las cosas, el PSOE registró una proposición no de ley con la que busca que el Congreso se pronuncie sobre la necesidad de actualizar los órganos constitucionales pendientes y rechace "cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución Española a través del bloqueo de dicha renovación".

EL PP, A LA DERIVA

Con esta iniciativa, el PSOE pretende que la Cámara señale directamente a los 'populares' como los culpables de esta situación. En concreto, en su texto, denuncia que el acuerdo que para renovar los órganos constitucionales venían dándose hasta el año 2018 se ha visto quebrado "por un PP a la deriva, incapaz de definir su espacio ideológico, presumiendo hoy de centrismo y moderación y alineado mañana con la extrema derecha".

"La peor de las políticas se instala en nuestra organización colectiva cuando el rédito electoral se impone al interés general, cuando la búsqueda de la inestabilidad de la democracia se convierte en el arma elegida", señalan los socialistas en su iniciativa.

Los socialistas inciden en que la estrategia general de bloqueo que, a su juicio, practica el PP resulta "especialmente obscena" cuando España atraviesa "una de sus más duras etapas desde el inicio del periodo democrático" como consecuencia de la pandemia del Covid.

Actualmente entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ y el TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar al menos 55 votos a los 155 que suman entre ambos en el Congreso.

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.

EL TC CADUCÓ EN NOVIEMBRE DE 2019

También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019.

La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

Y EL DEFENSOR EN JULIO DE 2017

Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

Para este puesto sonaba con fuerza el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, pero ahora ha sido reelegido candidato para las elecciones que la Comunidad de Madrid celebrará previsiblemente el próximo 4 de mayo.

Desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS CADUCARÁ EN POCOS MESES

Entre las instituciones que culminarán si mandato próximamente está el Tribunal de Cuentas, que lo hará el próximo mes de julio. La legislación establece que los 12 consejeros que lo conforman los eligen el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 votos). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.

La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente.

El Gobierno ha suscrito un contrato de 18.000 euros con la Universidad de Barcelona para la recopilación de información sobre las personas que siguen enterradas en la cripta del Valle de los Caídos cuyos familiares quieren recuperar sus restos.

Se trata de un proceso previo a la futura exhumación de los cuerpos que sea posible recuperar y que servirá para dar una primera respuesta a las peticiones recibidas por parte de los familiares de los que yacen allí enterrados.

El objetivo es recabar y compilar de forma pormenoriazada toda la información existente sobre cada una de las víctimas de las que se haya recibido una solicitud de exhumación. La idea es hacer fichas que incluyan su perfil biográfico, su registro penal o represivo si existiera, el proceso técnico y administrativo de traslado al Valle de los Caídos y la documentación relativa al registro de entrada en el monumento.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática entregará estas biografías a los familiares, que adoptará la forma de dosier personalizado con respecto a cada una de las víctimas, como parte del proceso de reparación, según detalla el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a varios diputados de Vox, que pidieron cuentas por el contrato menor de 18.000 euros suscrito con este fin con la Universidad de Barcelona.

UNA EXPERTA EN LA MATERIA

En su escrito, Moncloa explica que se ha elegido a esta universidad porque allí ejerce la doctora Queralt Solé, Profesora Agregada de Historia Contemporánea, que es "una de las principales y más experimentadas especialistas en España sobre el Valle de los Caídos".

Los trabajos de Solé, señala el Gobierno, se han centrado de manera específica en el proceso de traslado de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil hasta sus criptas, temática en la que sus investigaciones son pioneras, "lo que la configura como la investigadora más adecuada para llevar a cabo este encargo, atendiendo a su alto grado de especialización y conocimiento del Valle de los Caídos".

Solé publicó en 2008 'Els morts clandestins' (Los muertos clandestinos), el primer estudio integral sobre fosas comunes de la Guerra Civil en Cataluña, donde se hacía una síntesis exhaustiva del proceso social, político y administrativo de los traslados de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil al Valle de Cuelgamuros desde Cataluña.

Además, esta historiadora ha formado parte del equipo de investigación de varios proyectos del Plan Nacional de I+D+i, todos ellos dedicados al análisis científico del proceso de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil, en una perspectiva interdisciplinar, transnacional y comparada.

Asimismo, el Gobierno subraya que Solé, "por su formación historiográfica y por su trayectoria de investigación, dispone de un profundo conocimiento de los fondos documentales existentes sobre esta materia, así como de las herramientas metodológicas necesarias para manejar con solvencia las fuentes archivísticas disponibles".

NIEGA INCOMPATIBILIDAD

Por otra parte, el Gobierno ha negado que el antropológo forense especialista en exhumaciones Francisco Etxebarria Gabilondo, contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, haya incurrido en incompatibilidad, como apuntaba Vox en otra de sus preguntas.

Según explica el Ejecutivo, Etxebarria cesó el 31 de julio de 2017, como presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, así como del Instituto Aranzadi para el Desarrollo de Proyectos, Sociedad Limitada Unipersonal (del que es socio único la Sociedad de Ciencias Aranzadi). Esta entidad se ocupa, entre otras cosas, de labores de exploración de fosas.

Dicho instituto, señala Moncloa, elevó a público el acuerdo del Consejo de Administración relativo a dicho cese, revocación de poderes e inscripción en el registro mercantil, pero la sociedad no lo realizó hasta diciembre de 2020 por "razones ajenas al asesor".

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que los pactos entre nacionalistas en Euskadi "han entrado en vía muerta" porque EH Bildu "lo único que está persiguiendo es la mayoría numérica para desplazar al PNV como sea y con quien sea".

En una entrevista que este domingo publica Deia, Egibar se ha referido al cumplimiento de un año de pandemia y se ha mostrado convencido de que "las instituciones vascas, con Osakidetza en primera línea, ha respondido con solvencia, señal inequívoca de que es una institución sólida".

"Si no fuera sólida no hubiera sido capaz de responder. El sistema sociosanitario ha respondido y el conjunto de las instituciones también, desde ese concepto que no es nuevo en Euskadi, como es el de la corresponsabilidad institucional", ha asegurado.

En este contexto, cree que la oposición "tiene como misión controlar al Ejecutivo pero, por ejemplo, la primera fuerza de la oposición desgraciadamente no ha querido unirse a esa corresponsabilidad". "Y digo desgraciadamente porque estoy convencido que los acuerdos tienen un efecto multiplicador", ha indicado.

Egibar ha señalado que "en vez de detectar al virus como objetivo, y combatirlo una vez detectado", EH Bildu "ha cambiado de objetivo y ha combatido y siguen combatiendo al entramado institucional, y en concreto al PNV y al lehendakari".

"Creo que eso es un error y ellos han decidido actuar de esa manera pensando que la pandemia o la proyección en el tiempo de la pandemia puede suponer un desgaste tal que el PNV se resentirá y perderá el voto popular", ha dicho.

A su juicio, esta postura "es una equivocación" pero "siguen actuando de la misma manera". "Yo creo que falta un poco de madurez política en la izquierda abertzale para que entren en parámetros de corresponsabilidad. La defensa del bien común exige corresponsabilidad política y no estrategias destructivas", ha indicado.

Por otra parte, ha asegurado que "hay una cuestión de fondo que Bildu siempre soslaya". "Nosotros hacemos un planteamiento a Bildu que no le gusta: la construcción nacional y la construcción social son dos caras de la misma moneda. Bildu no admite eso, no lo hace por su historia y por su fracaso estratégico. Le produce auténtico vértigo entrar a acordar con el PNV en escenarios socioeconómicos o en temas presupuestarios", ha añadido.

A su juicio, "lo único que está persiguiendo" la coalición soberanista "es la mayoría numérica para desplazar al PNV". Los acuerdos entre abertzales han entrado en vía muerta porque Bildu busca desplazar al PNV como sea y con quien sea", ha apuntado.

Joseba Egibar ha señalado que, en política "hay que proponer temas y proyectos que precisen la concurrencia, y la corresponsabilidad y a Bildu no hay que dejarle escapar de los acuerdos. Y huye de los acuerdos. No quiere la corresponsabilidad".

Según ha lamentado, en la crisis generada por la covid, la estrategia de EH Bildu "ha sido inconsistente". "Esto de cuestionar todo, pontificando y sin corresponsabilidad... En situaciones de emergencia y calamidad la oposición tiene que ayudar y colaborar con el Gobierno, sin pretender suplir a Osakidetza", ha advertido.

Por otra parte, cree que en la relación existente entre la coalición soberanista en Navarra y en Madrid "hay un estado de necesidad". "El PSOE tiene en Nafarroa una necesidad y en el Congreso de los Diputados otra. Y el PSOE sabe que Bildu tiene un estado de necesidad, que son los presos. Si el PSOE tiene un estado de necesidad Bildu ahí estará", ha explicado.

CATALUÑA

Preguntado por si el acuerdo en la Mesa del Parlamento en Cataluña entre las fuerzas soberanistas puede llevar a un pacto en el Gobierno de la Generalitat, ha afirmado que "es el primer paso para proyectar una mayoría absoluta en la acción de gobierno para los temas relacionados con la crisis socioeconómica".

"Pero también, como algo más de fondo, para lo que deviene de la relación entre Cataluña y el Estado español o, en su caso, la de Euskadi con el Estado español. Creo que ahí tenemos una materia común en torno al modelo de Estado, y que sería bueno que, de manera coordinada, catalanes y vascos pudiéramos presentar una reflexión compartida en torno al modelo de Estado para que el PSOE y Podemos entren a ese debate", ha apuntado.

Egibar cree que, pese a que "el PSOE y Sánchez estaban en el 155" y "no han dejado de estar", han visto "un problema político de fondo al que le tienen que aportar alguna solución desde el diálogo y la negociación política". "En ese voto independentista late una exigencia de arreglo, acordado y no impuesto, y eso es lo que va a permanecer", ha manifestado.

También cree que, al "existir el problema político de fondo" y una "judicialización del problema", desactivar "toda esa maquinaria judicial que actuó a la par que la estrategia política va a costar". "En política la paciencia democrática aplicada a un objetivo claro creo que es una cuestión clave. Al objetivo claro hay que aplicar las mayorías y la paciencia democrática, y el Estado en algún momento tendrá que adentrarse en ese debate para encontrar una solución", ha apuntado.

TRANSFERENCIAS

Joseba Egibar se ha referido también a la negociación de las transferencias, para destacar que el cronograma pactado a finales de la legislatura anterior "ha tenido un nuevo retraso, va teniendo retrasos puntuales que suman meses". "Veremos si se convierte en realidad", ha dicho.

Según ha defendido, el Estatuto completo "tendría que ser saneado", porque "la afección que ha tenido con todas las sentencias del Constitucional va a requerir de esa restauración, además de sentar las bases o principios para un nuevo estatus".

"Si algo demuestra el tiempo transcurrido, desde el 79, es que el Estatuto sí tuvo y tiene base política y tiene anclajes suficientes como para proyectarse en el futuro, pero el hecho mismo de que hayan pasado más de cuatro décadas significa que ese edificio estatutario tiene unas debilidades o una fatiga estructural, porque no ha sido cumplido. El estatus de relación entre Euskadi y el Estado español precisa de una renovación", ha explicado.

La renovación debe darse, según el presidente del PNV de Guipúzcoa, "desde el reconocimiento del sujeto político y jurídico", de forma que, "sobre el anclaje de los derechos históricos y la voluntad libre y democráticamente expresada de la ciudadanía vasca, se pueda abrir una negociación para que pactando un fondo de poder se preserve no solo la singularidad sino el derecho del pueblo vasco a definir su futuro".

"Ese es el debate. Euskadi y Cataluña, desde el derecho a decidir de nuestros pueblos, deberíamos proponer al Estado un nuevo modelo de relación y convivencia política", ha dicho.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que le parece una "gilipollez" escuchar hablar del supuesto 'milagro extremeño', tras pasar en un mes de ser la comunidad con mayor incidencia de casos de Covid-19 a la que menos, y atribuye esa reducción "a un ejercicio de responsabilidad" de toda la sociedad extremeña.

"De milagro nada", ha señalado Vara, quien ha afirmado que no cree en "titulares" llamativos como este, al tiempo que ha lamentado que la expresión corriera de un medio de comunicación a otro, porque "los ciudadanos tienen memoria y saben lo que hay", en alusión a que "los malos y buenos momentos se van intercambiando".

"Un esfuerzo que no tiene nada de milagroso", ha insistido Vara, quien ha remarcado que los extremeños "no somos mejores que nadie", y que todas las comunidades han actuado "en función de lo que creía mejor" para sus ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le resulta "obsceno" ver en este escenario a "algunos presidentes salir a presumir. "Me produce pudor, que nadie presuma de nada en este escenario", porque en esta situación "nadie puede permitirse el lujo de presumir de nada".

Por otro lado, en una entrevista en la Cadena Cope, ha dicho que ya se está trabajando con el fin de que las anunciadas ayudas a las empresas pueda tramitarse lo antes posible.

Según ha dicho, en el último Consejo de Gobierno del pasado viernes se abordó la forma en la que se deben ir canalizando estas ayudas, tanto las de la propia comunidad, que ha puesto sobre la mesa 60 millones de euros, como la parte que le corresponda de los 7.000 millones anunciados por el presidente Pedro Sánchez para el comercio, la hosteleria y la turismo.

Al respecto, ha señalado que ha pedido a sus consejeros que hay que hacer llegar estas ayudas "al bolsillo de los empresarios cuanto antes", y para ello habrá que "simplificar los procedimientos" en la medida de lo posible.

Unas cuantías que supondrán una "ayudita" con la que empresarios y autónomos puedan hacer frente a "estos meses tan complicados, en los que ha estado la caja de los gastos abierta y la de los ingresos cerrada", a pesar, ha reconocido una vez más, de que no son causa de los contagios, sino la movilidad que generan sus actividades, y cuyas reivindicaciones comprende.

Y es que, según ha señalado, "el principio del fin" de la crisis sanitaria, social y económica no llegará con la desaparición del virus, sino la "desaparición de las consecuencia que el virus ha producido".

Fernández Vara ha repasado la actuación de su ejecutivo al cumplirse un año de la declaración del estado de alarma, que ha sido "la historia de cerrar y aflojar, cerrar y aflojar..., porque si no hay salud no hay economía, y sin economía no se puede pagar el sistema sanitario, y combatir la pandemia y las consecuencias no sanitarias del virus".

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha reconocido que si los datos de contagios empeoran se puede revisar la libre movilidad en Euskadi en las dos próximas semanas como se ha hecho "siempre, no porque ahora venga Semana Santa".

En una entrevista concedida a El Correo, Sagardui analiza el impacto de la pandemia en Euskadi y reitera que si llegan las vacunas suficientes el 70% de los vascos estarán vacunados en verano.

Tras afirmar que la situación está en un "posible punto de inflexión, en el que esa ralentización se estabiliza o incluso empiezan a poder incrementarse las tasas" de contagios por covid, subraya que se necesita "todo marzo por debajo de 200 casos por 100.000 habitantes para poder llegar a valores de ocupación de 60-70 en las UCI".

De este modo, reconoce que existe la posibilidad de que revise la libre movilidad en Euskadi en las dos próximas semanas, aunque no ante la inminencia de la Semana Santa. "Pero esperemos que los datos no vayan a peor. Sé que vamos a seguir comportándonos como la ciudadanía adulta que somos para contribuir a una mejoría", espera.

Respecto al proceso de vacunación, advierte de que el colectivo de mayores de 80 años es numeroso, con cerca de 130.000 personas, por lo que es un proceso que "va a llevar su tiempo". "Para marzo tenemos asignadas un volumen de vacunas que no va a ser suficiente para todo ese colectivo de 80 años. Este es un dato en el que debemos incidir", añade.

En esta línea, recuerda que los mayores de 80 años, y luego los mayores de 70 años, van a recibir la vacuna de Pfizer, por lo que no vale tener dosis AstraZeneca disponibles.

"La experiencia nos ha demostrado que debemos ser cautos en la utilización de esos viales porque no siempre llegan cuando tenemos que ir a la segunda dosis. Sí puedo decir que todas las que nos lleguen de Pfizer las priorizaremos para las personas mayores. Que tenemos que combinarlo con la vacunación de los profesionales sanitarios que también requieren de Pfizer o de Moderna", aclara.

Según detalla, se están poniendo por encima de las 11.000 vacunas diarias y Osakidetza tiene capacidad "para eso y bastante más". De este modo, si las entregas pueden ser el triple de las que se están recibiendo ahora, dice que el Ejecutivo tiene el escenario contemplado para abordar esa vacunación, "con recursos propios y la colaboración establecida con servicios de prevención, mutuas, los equipos de enfermería de las diputaciones y ayuntamientos de las tres capitales".

Asimismo, manifiesta que todas las vacunas autorizadas lo están con "garantías de seguridad y de eficacia por parte de la Agencia Europea de Medicamento" y asegura que las vacunas de AstraZeneca bloqueadas por otros países fueron administradas en Euskadi y no han provocado ninguna alerta.

"Ni en Euskadi ni en el Estado ha habido ningún efecto secundario que haya sido de especial relevancia. Las reacciones que se han manifestado en todas las vacunas que se han administrado hasta el momento son cefaleas y fiebre", añade.

Por último, y de cara al verano, insiste en que si se tiene un número de dosis suficientes para vacunar al 70% de la población, estará inmunizada.

"Pero no olvidemos dos cosas. Una, qué tipo de vacuna está disponible, porque eso va a marcar el tipo de población al que podremos vacunar. Y dos, ¿estamos hablando de vacunas en primera o segunda dosis? Dos conceptos importantes a la hora vacunar. Aprovecho para decirlo porque en los procesos de inmunización finalizados Euskadi está a la cabeza del Estado. Hablamos del ranking de dosis suministradas pero no lo hacemos de los procesos de inmunización acabados", concluye.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha señalado que el Ejecutivo "no funciona a golpe de advertencia de Ortuzar" ni "desfila al son de sus puñetazos en la mesa". Asimismo, recuerda que "el compromiso" es que en 2022 esté completado el Estatuto de Gernika, cuestión que da por seguro ya que "se está trabajando para que eso sea una realidad".

En una entrevista concedida a El Correo, Itxaso afirma además que, en el caso de la transferencia de prisiones, el Gobierno vasco va a recibir una gestión "absolutamente alineada" con una política penitenciaria reinsertadora y resocializadora.

Por otro lado, sostiene que "con la vacunación en marcha y con los fondos europeos en puertas", nada indica que la legislatura en el Estado vaya a ser breve.

Tras asegurar que el Gobierno central "no funciona a golpe de advertencia de Ortuzar", afirma que el presidente del EBB le recuerda a "aquel gallo que pensaba que el sol salía todas las mañanas para saludarle".

"Quiere hacer ver que el Gobierno desfila al son de sus puñetazos en la mesa y eso no es así. El Gobierno funciona al ritmo de reuniones leales y de colaboración como la que se produjo el 25 de enero en Moncloa con el lehendakari, de la que luego se han derivado una serie de citas institucionales", justifica.

Asimismo, afirma que no le arrienda la ganancia a Ortuzar si quiere buscar la estabilidad que "por lo visto no encuentra en el Gobierno de coalición en un PP que está en fase de extinción en Cataluña y en Euskadi y en mudanza hacia lo desconocido en el resto de España".

CALENDARIO DE NEGOCIACIONES

Según defiende, el Gobierno tiene plena voluntad de cumplir los compromisos adquiridos respecto al cumplimiento del Estatuto y recuerda que "hay un calendario de negociaciones, que no de traspasos".

"El Gobierno vasco sabe que a veces no basta con la mera voluntad. Hace falta entrar en el detalle y la letra pequeña. El primer bloque está muy avanzado y pronto tendremos noticias al respecto", expresa.

Asimismo, recuerda que "el compromiso" es que en 2022 esté completado el Estatuto, cuestión que da por seguro ya que "se está trabajando para que eso sea una realidad".

Cuestionado si la transferencia de prisiones implicará que en Euskadi pase algo similar con los presos de ETA a lo que pasa en Cataluña con los del procés, Itxaso dice que "en absoluto".

"Hay que hacer un reconocimiento sincero a los funcionarios de prisiones y a su tarea por la resocialización y la reinserción. Me parece importante que el nuevo titular, el Gobierno vasco, sea capaz de aprender de la experiencia acumulada de esos funcionarios. Sería injusto pensar que hay una mirada adanista y que la tarea de reinserción vaya a empezar ahora", expresa.

A su entender, el Gobierno vasco va a recibir una gestión "absolutamente alineada" con una política penitenciaria reinsertadora y resocializadora.

"Si el lehendakari ha anunciado la propuesta para que expresos arrepentidos puedan dar testimonio pedagógico y reparador en las aulas, es gracias a que el sistema penitenciario ha facilitado que esas personas hagan una reflexión autocrítica y un tránsito personal de reconocimiento del daño causado", expresa.

Por otro lado, rechaza que el Gobierno se equivocase al organizar el acto de destrucción de las armas de ETA y cree por contra que "era una fotografía muy necesaria para desmontar los intentos burdos de ETA de presentar el abandono de las armas como una concesión graciosa a la sociedad".

VACUNACIÓN

Por otro lado, destaca que "parece que hay una modulación de la estrategia de almacenamiento que llevaba a cabo el Gobierno vasco" con la vacunas y también se han abierto a la posibilidad de vacunar en grandes espacios, lo que es "bueno".

De este modo, afirma que las dosis a Euskadi han llegado al mismo ritmo que en el resto de comunidades autónomas y "sin embargo íbamos los últimos".

Por último, afirma que la mejor manera de celebrar el resultado que se dé en la final de Copa entre Athletic y Real Sociedad será "en casa con un bocata y delante de la tele". "Tenemos que ser muy prudentes, porque nos estamos jugando muchas cosas que no pesan sobre la conciencia, pesan sobre el alma", al tiempo que considera "coherente" que el lehendakari no acuda a Sevilla a ver el encuentro.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha denunciado que el Partido Popular "tiene en marcha una nueva trama de corrupción" y está teniendo "comportamientos mafiosos" al querer "comprar" a gente de Ciudadanos.

Sin embargo Bal ha asegurado que la formación que lidera Inés Arrimadas no se va a vender: "Tenemos dignidad y creemos en la regeneración, la libertad y la limpieza de lo público".

"Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia quieren extenderlo a toda España. Hemos cometido errores pero no hemos cometido delitos", ha reconocido este domingo Bal en declaraciones desde la sede de Ciudadanos.

El portavoz de la formación naranja ha alertado de que el PP "quiere comprar voluntades, quiere comprar personas, han abierto su caja B y están dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos", ha afirmado.

Frente a ello, ha destacado que Ciudadanos no se ha comportado "de forma inmoral" y que "nunca" se han comportado "de manera mafiosa", ya que es un partido "honesto" que "no recibe sobres, no roba vacunas, no roba dinero, no compra voluntades". "Por eso somos tan molestos, no lo vamos a consentir, no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos", ha sentenciado.

En su opinión, es una noticia "triste, lamentable, indignante" que en lugar de pelear contra la corrupción, el PP "quiera corromper España" y que, en lugar de combatir los problemas de los españoles, "quiere combatir y destruir a Cs".

Durante su intervención Bal ha cargado durantemente contra el PP y ha dicho que es el partido "de los privilegios", el que se cree que los cargos públicos "no son ciudadanos normales" y el de "la caja B que tiene una caja fuerte en el despacho de su tesorero llena de billetes y de sobres".

Durante su intervención, el de la formación naranja ha insistido en que durante las próximas semanas se llevará a cabo "esta operación del PP en toda España para comprar a gente de Cs", personas que se metieron en política, en su opinión, "no para defender la honradez y la limpieza, porque se van al partido de Bárcenas, al partido de los sobres que tiene que dejar su sede porque está sucia".

"Dicen que tienen sus puertas abiertas para recoger tránsfugas, nosotros tenemos las puertas cerradas para la corrupción. Tenemos las puertas abiertas para los españoles decentes, honrados, que quieren pelear contra la corrupción que nos ha traído el bipartidismo", ha asegurado.

En este sentido, Bal se ha dirigido a todas esas personas "honestas, honradas, que tienen dignidad" y que creen en el proyecto de centro de Ciudadanos: "No nos vamos a vender, tenemos dignidad, creemos en la regeneración, en la limpieza de lo público, en la libertad".

Igualmente, ha añadido que hay muchas personas en Ciudadanos "valientes, honradas", que van a "seguir teniendo su casa" en una sede de las que no se tienen que ir porque "es una sede limpia". "Yo nunca me voy a vender, nunca me voy a ir de aquí, solamente tengo este partido, solo tengo Cs. Nunca nos venderemos", ha apostillado.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que este domingo hace exactamente un año que se declaró el estado de alarma y comenzó el confinamiento para frenar la transmisión del coronaviurs. Así, ha lamentado que ha sido "el peor año" de la vida de los españoles, con "mucho miedo, inseguridad, empresas cerradas, desempleo, muerte, hospitales y contagios".

No obstante, ha defendido que Ciudadanos "ha estado ahí" durante este año, "con sentido de Estado, haciendo política útil, siendo responsables, a la altura del momento de la historia" que ha tocado vivir, "con soluciones" y "al lado de los españoles".

"Sólo pensando en ellos, nunca pensando en el rédito político como hacían otros, porque somos un partido honesto lleno de gente honrada, un partido limpio. Para defender a los españoles tuvimos que escoger el camino más difícil, hemos querido construir puentes en la política para ofrecer soluciones desde el centro", ha explicado Bal.

El PSOE defenderá este martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso una iniciativa con la que busca que el Gobierno promueva una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y, especialmente, en el fútbol, y a tal fin plantea que se interrumpan durante cinco minutos los partidos o eventos deportivos cuando se registren gritos o actitudes homófobas.

Los socialistas justifican la presentación de esta proposición no de ley ante la "gran hostilidad" que aseguran que existe en el deporte en general, particularmente en el fútbol, hacia la presencia personas LGTBI visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos.

En concreto, reseñan que los estudios sobre la población LGTBI revelan que al menos el 6% de la población europea se considera miembro de este colectivo, lo que, según sus cálculos, supondría que "en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo".

"MUY POCOS" PROFESIONALES RECONOCEN SU HOMOSEXUALIDAD

Y, por disciplinas, calculan que habría "algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados", según los datos oficiales de 2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, lamentan que "muy pocos" deportistas han reconocido pertenecer a este colectivo.

Por ello, con su propuesta, el PSOE pretende que el Consejo de Superior de Deportes impulse una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia, que podría incluir también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio, y que iría destinada a los deportistas, la afición, los directivos, los técnicos, los medios especializados y la sociedad en general.

En concreto, sugiere modificar el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos al que se refiere el artículo 15.2 de la Ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Y TAMBIÉN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ese artículo señala que el árbitro o juez deportivo podrá suspender provisionalmente el evento deportivo cuando existan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, y los socialistas quieren que también se incluya en esa relación actos conductas "intolerantes" contra la comunidad LGTBI o la violencia contra las mujeres".

La proposición del PSOE también emplaza al Gobierno a fomentar, en el marco de sus competencias, cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad y, en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.

Seis de cada diez estudiantes universitarios españoles creen que no están preparados a nivel profesional cuando salen de la universidad, según los datos de la encuesta de Fundación Universidad-Empresa (FUE).

El estudio indica que un 90% de los estudiantes opina que es necesaria una formación adicional para adecuar su perfil a lo que demandan las empresas, y un 22,5% asegura dedicarle más de 4 horas a la semana a la formación complementaria.

Según la directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa (FUE), Carmen Palomino, "el objetivo de esta encuesta es escuchar a los jóvenes, conocer su opinión sobre la realidad actual, cómo les está afectando en el campo de la universidad y, sobre todo, cómo creen que la situación está afectando al mundo profesional y, por lo tanto, a su futuro".

Respecto a la salida de talento joven del país, el 73,1% de los universitarios españoles apuesta por desarrollar su carrera profesional en España frente al 26,9% que preferiría trabajar en el extranjero.

Asimismo, casi un 30% de los encuestados estudiaría un FP en lugar de una carrera en la universidad si pudieran elegir de nuevo. En lo relacionado con la inserción laboral, un 60% cree que la universidad no es la mejor vía para llegar al mundo laboral y que, según el 74% de los participantes, habría que incluir más prácticas en las carreras para mejorar esta situación.

Para Palomino, estos datos "son un claro reflejo de la apuesta que se está haciendo en los últimos tiempos desde el mundo empresarial por la FP". En ese sentido, ha dicho que la Formación Profesional "permite al alumno adquirir en tan solo 2 años unas competencias 100% adaptadas a las necesidades de las empresas y con una formación muy práctica". "Es algo que se está poniendo en valor y los jóvenes son conscientes de ello", añade.

En materia de planes de estudio, el 70% de los encuestados opina que la universidad no cuenta con opciones ágiles y flexibles. "Esta adaptación de las necesidades del mundo empresarial a sus planes formativos no es posible a corto plazo por cuestiones burocráticas, pero esto no tiene por qué significar que la universidad no esté trabajando en ello", precisa Palomino.

"Nosotros desde FUE queremos poner en valor nuestro conocimiento para ejercer de puente entre la universidad y la empresa y seguir mejorando la empleabilidad de los universitarios", indica la directora de Operaciones de FUE.

"Todos nuestros programas formativos están desarrollados junto a universidades de renombre, como la Universidad de Alcalá o la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes", asegura Palomino, que recuerda que los programas de prácticas de Fundación Universidad-Empresa ofrecen becas a una media de 6.000 estudiantes cada año.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

En relación con las prácticas, un 95,1% asegura que son necesarias antes de acabar la carrera. Los encuestados aseguran encontrar estas plazas de prácticas a través de los portales de empleo o prácticas (82,4%), por delante de la propia universidad (68,9%) y de amigos y conocidos (39,2%).

Preguntados sobre si harían unas prácticas 100% online, el 67,3% responde que no, fundamentalmente porque aseguran estudiar carreras que no se pueden desarrollar de forma online. Del 32,7% de encuestados que apuestan por esta modalidad de prácticas, el 76,6% explica que prefieren las prácticas online frente a las presenciales por su flexibilidad y un 67,4% por la facilidad de compatibilizarlas con sus estudios.

En este punto, la directora de Operaciones de la FUE asegura que estos datos representan la realidad, ya que las prácticas continúan siendo "una de las principales fuentes de formación para el talento joven". "Mejoran sus capacidades y conocimientos, además de facilitar su inserción en el mundo laboral, algo que, precisamente en las circunstancias que vivimos desde hace unos meses, hay que reforzar más que nunca", asegura.

Sobre qué creen que valoran las empresas en un perfil profesional, el trabajo en equipo lidera la lista con un 65,4%, seguido de la experiencia (64%) y la adaptabilidad (54,1%). Todas estas opciones son conocidas como competencias transversales, en las que casi un 98% de los encuestados creen.

Finalmente, a la hora de elegir una empresa, el salario, el plan de carrera y la innovación son las opciones más valoradas por los jóvenes, que ven a la empresa como un espacio donde aprender (73,3%) y aportar ideas (68,2%).

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la emplaza al Gobierno a reformar la conocida como Ley de Transparencia para regular la obligación dar publicidad periódica sobre los currículos y el desempeño concreto de todos los asesores y personal eventual del Ejecutivo.

Los de Santiago Abascal justifican la presentación de esta iniciativa, en el crecimiento "exponencial" del personal eventual que ha supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respecto de anteriores legislaturas.

A su juicio, este crecimiento "inadecuado y excesivo" de asesores no se ciñe únicamente a una cuestión presupuestaria, sino que también supone un "despilfarro" de los recursos públicos "en materia de talento, mérito, rendimiento", al no ser utilizados, según Vox, para realizar las funciones que desempeña el personal eventual.

PARA DEVOLVER FAVORES O REPARTIR PUESTOS CODICIADOS

"La sociedad española observa con lógica sospecha esta clase de nombramientos legítimos y ajustados a la ley, pero frecuentemente empleados con fines espurios", señala Vox en su propuesta, donde añade que la "discrecionalidad" no puede utilizar como instrumento "para devolver favores o catapultar a puestos codiciados con poca o nula trayectoria y experiencia profesionales".

Por ello, Vox sostiene que los españoles tienen derecho a conocer quiénes son esos cargos de confianza, así como los datos de interés públicos relacionados con ellos, como trayectoria profesional, retribución exacta, funciones asignadas o dependencia jerárquica, con el fin de mejorar la cultura de transparencia, rendición de cuentas de los poderes públicos y calidad de las instituciones españolas.

"Los representantes públicos deben corresponder a la creciente demanda social y establecer como objetivo general la implantación de una política de transparencia en materia de persona -- y en particular, del eventual-- más responsable y clara, que rinda cuentas y se someta al saludable escrutinio público".

Y FOMENTAR LA CULTURA DE TRANSPARENCIA

Así, el partido que capitanea Abascal insta al Ejecutivo a modificar la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que data de 2013, para añadir una disposición que obligue a la publicidad activa y periódica actualización de la información relacionada con el personal eventual: identificación, departamento u órgano para que el desempeñan sus servicios, currículum, funciones asignadas y justificación de su adecuación al puesto, nombramiento, retribución y agenda.

Y, en este sentido, llama a fomentar entre el personal eventual al servicio de los organismos y entidades dependientes o adscritas a la Administración General del Estado una cultura de transparencia y gobierno abierto "proactiva" consistente, entre otras medidas, en la publicidad, sin solicitud previa, de información de interés público.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 27 años de prisión para la dirigente de ETA Soledad Iparraguirre Genetxea, 'Anboto' por un delito contra la Corona finalidad terrorista y otro de depósito de armas de guerra relacionados con el intento de asesinato de Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997. Los hechos serán juzgados el próximo miércoles en la Audiencia Nacional.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, entre 1993 y hasta, al menos, diciembre de 1997, Iparraguirre asumió la dirección y coordinación de los comandos "legales" de la banda terrorista, es decir de aquéllos integrados por personas no identificadas policialmente.

En el año 1996 se conformó el comando "Katu", integrado por los ya condenados por estos hechos Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi, los cuales recibieron el pertinente adiestramiento en el uso de armas y explosivos y en la fabricación de los mismos. Anboto, según la acusación fiscal, ordenó a Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi que mataran al Rey de España con ocasión de su asistencia a la inauguración del MuseoGuggenheim de Bilbao.

DESTRUIR CON GRANADAS

El asesinato debía cometerse "siempre y cuando ello no implicara el riesgo de afectar a personas ajenas al aparato del Estado, en cuyo caso se limitarían a atacar el museo con la finalidad de destruirlo por medio del lanzamiento de granadas".

Para la ejecución de la orden dada por la acusada, en fecha no concretada pero aproximada al mes de septiembre de 1997, ésta proporcionó a los citados integrantes del comando "Katu", 12 granadas autopropulsadas Mecar de calibre 83 (10 anticarro y dos antipersona), cuya carga inflamadora estaba constituida por pólvora negra.

Dada las características de estas granadas, habrían perforado las paredes del museo, accediendo a su interior y provocando su destrucción y la muerte de cuantas personas se encontraran en su interior o aledaños.

El día 13 de octubre, "en ejecución de las instrucciones dadas por la acusada, los ya condenados por estos hechos, cargaron las granadas ocultas en unas jardineras en una furgoneta a la que, para evitar su identificación, sustituyeron sus placas de matrícula y se dirigieron hasta las inmediaciones del museo.

Tras descargar una de las jardineras, fueron sorprendidos por dos agentes de la Ertzaintza por lo que huyeron, no sin antes disparar contra uno de los agentes y causarle la muerte.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, mantendrán este lunes su primera cumbre bilateral en un contexto marcado por la pandemia y con un fuerte carácter simbólico por el marco elegido para su celebración, la localidad de Montauban, donde está enterrado Manuel Azaña.

Esta localidad de la región de Occitania (sur) ha sido el escenario elegido por ambos para la XXVI cumbre hispanofrancesa, la primera entre ambos países desde la celebrada en Málaga 2017 y que reunió entonces a Mariano Rajoy y François Hollande.

No obstante, Sánchez y Macron han mantenido otros encuentros previos en distintos marcos, el último de ellos el pasado diciembre cuando el presidente del Gobierno viajó a París con motivo del 60 aniversario de la OCDE y luego tuvo que guardar cuarentena después de que el mandatario galo diera positivo por COVID-19.

En Moncloa resaltan el hecho de que se celebre la cumbre, en la que solo estarán de manera presencial los dos presidentes mientras los ministros participarán por vía telemática, ya que Francia no ha celebrado encuentros de este tipo en las últimas semanas por la situación sanitaria.

De hecho, la COVID-19 y la respuesta frente a ella será uno de los platos fuertes de la agenda. Pese a la gran sintonía que han venido mostrando Sánchez y Macron en muchos temas europeos, el presidente francés es de los más reticentes en lo que se refiere a la creación de un 'pasaporte' de vacunación en el seno de la UE para facilitar la movilidad.

Esta es, sin embargo, una de las grandes apuestas del Gobierno español para recuperar el turismo de cara al verano, de ahí el que además de ser uno de los países que más está empujando en este sentido dentro de la UE también está promoviendo una iniciativa que va en la misma línea en la OCDE. Así, pues, según las fuentes, Sánchez defenderá su postura ante Macron.

En la agenda del encuentro también estará muy presente la recuperación económica tras la pandemia y en este apartado, según fuentes gubernamentales, Sánchez incidirá en la importancia de las interconexiones eléctricas y ferroviarias, muy relacionadas con la lucha contra el cambio climático y con la transición verde por la que se apuesta desde el Gobierno.

Los dos mandatarios también tendrán ocasión de abordar otros asuntos de ámbito europeo y bilateral, como la necesidad de avanzar en el pacto europeo de migración y asilo o en la importancia de que haya un correcto funcionamiento del espacio Schengen, han precisado las fuentes.

AMPLIA PARTICIPACIÓN DE MINISTROS, AUNQUE TELEMÁTICA

El formato de la cumbre prevé un encuentro entre Sánchez y Macron seguido de un almuerzo de trabajo, que se celebrará en la sede de la prefectura de Tarn-et-Garonne, el departamento del que es capital Montauban. A continuación, tendrá lugar la sesión plenaria, en la que participarán las delegaciones de ambos Gobiernos.

En la cumbre, según Moncloa, se prevé la participación de los cuatro vicepresidentes del Gobierno, así como los ministros de Exteriores, Interior, Defensa, Justicia, Transportes, Trabajo, Educación y Universidades. Todos ellos mantendrán encuentros bilaterales previos con sus contrapartes franceses.

Tras la rueda de prensa de rigor de los dos presidentes, ambos tienen previsto trasladarse al cementerio de Montauban, donde está enterrado Azaña, para depositar una corona de flores.

Según han explicado fuentes gubernamentales, la elección de Montauban para albergar la cumbre se ha hecho con vistas a rendir homenaje no solo a Azaña, de cuya muerte se cumplieron 80 años en 2020, sino también a los republicanos españoles que se exiliaron en el país vecino, muchos de los cuales lucharon luego contra el nazismo y murieron en campos de concentración.

Además, uno de los principales puntos de la cita será la firma de un convenio de doble nacionalidad entre los dos países, algo "excepcional" según Moncloa, ya que este tipo de acuerdos solo los hay con contados países y hasta ahora no había ninguno europeo.

También este paso tiene que ver con el reconocimiento a aquellos españoles que se exiliaron en Francia y a las generaciones que les siguieron, algunos de cuyos miembros desempeñan actualmente papeles destacados en la vida política y social del país vecino, han resaltado las fuentes.

Por último, según ha informado el Elíseo, está previsto que Sánchez y Macron también hagan un homenaje a las víctimas del atentado registrado el 15 de marzo de 2012 en esta localidad francesa. Aquí, Mohamed Merah, un francés de origen argelino, mató a dos soldados, pero en los días previos y posteriores el terrorista se cobró la vida de otras cinco personas antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad en Toulousse.

La cooperación antiterrorista entre España y Francia es muy estrecha y también estará en el menú de esta cumbre, aunque con el foco puesto en el Sahel, región por la que ambos países sienten una especial preocupación y en la que están particularmente comprometidos ante el auge del terrorismo yihadista.

Así, Francia tiene desplegada en el Sahel su operación 'Barkhane', con más de 5.000 efectivos y centrada en la lucha antiterrorista, mientras que España es el país con el mayor contingente en la misión EUTM Malí para entrenar a las fuerzas malienses. Además, España ofrece apoyo logístico tanto a 'Barkhane' como a la Misión de la ONU en Malí (MINUSMA).

Por otra parte, coincidiendo con la cumbre hispano-francesa, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene prevista una reunión telemática con el presidente de la Asamblea Nacional francesa, Richard Ferrand, con vistas a reforzar las relaciones parlamentarias e impulsar la colaboración institucional.

El número de pacientes de covid-19 hospitalizados en Galicia ha vuelto a bajar en las últimas horas. En concreto, hay en total 320 personas ingresadas con coronavirus, tres menos que las notificadas hace un día, de las que 75 --también tres menos-- se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Además, de acuerdo con los datos hechos públicos este domingo por la Consellería de Sanidade, actualizados a las 18,00 del sábado, en las últimas 24 horas se sumaron al cómputo global 112 nuevos contagios de covid-19, un descenso con respecto a los 277 notificados la jornada previa que había supuesto un importante repunte.

A todo esto hay que sumar la tendencia favorable de los casos activos de covid-19, que continúan a la baja y se sitúan en los 2.749. Aunque en las últimas semanas se ha ralentizado el descenso, son 105 menos que un día atrás.

En lo que respecta a la presión hospitalaria por áreas sanitarias, las únicas que sufren un repunte en los datos de este sábado son las de A Coruña-Cee y Ferrol. En concreto, los centros coruñeses contabilizan 123 pacientes ingresados, tres más que 24 horas atrás; y en UCI son 28, dos más. Los ferrolanos, aunque han subido en uno los hospitalizados totales, hasta 33, mantienen en nueve los pacientes críticos.

El área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras es la única que no varía su cifra total de enfermos hospitalizados, con un total de 21. Sin embargo, los que se encuentran en cuidados intensivos sí han bajado en uno, hasta los tres.

En cuanto al resto, todas han disminuido la presión asistencial. El área de Vigo suma 58 ingresados (-2), de los que 14 (-3) se encuentran en la UCI; la de Santiago-Barbanza, 36 hospitalizados (-3), siete de ellos críticos (-1); la de Pontevedra-O Salnés, 25 ingresados (-1), ocho en cuidados intensivos (sin cambios); y la de Lugo-A Mariña-Monforte, con 24 hospitalizados (-1), de los que en la UCI están seis (sin cambios).

CASOS ACTIVOS

Asimismo, según los datos actualizados este domingo, la Comunidad gallega confirma su tendencia descendente en el número de casos activos de covid --total de personas que todavía padecen la enfermedad--, al situarse en los 2.749, una caída de 105 sobre los del día anterior. Son cifras similares de las registradas a finales de agosto.

De hecho, este parámetro sigue disminuyendo en casi todas las áreas sanitarias gallegas. La única que no lo hace es la de Ferrol, que ha registrado un ligero repunte de uno, hasta los 231, en las últimas 24 horas.

En cuanto al resto, la de A Coruña-Cee continúa como la que contabiliza el mayor número de pacientes, con 1.050, tras descender en 34 en un día. Le sigue, aunque de lejos, la de Vigo, con 489 casos activos, 16 menos.

También han caído los pacientes de covid en Santiago-Barbanza, a 307 (-14); en Pontevedra-O Salnés, a 278 (-28); en Lugo-A Mariña-Monforte, a 204 (-8); y en Ourense-Verín-O Barco, a 190 (-6).

DETECCIÓN DE CASOS

En Galicia, desde el inicio de la pandemia se han contagiado de coronavirus un total de 114.755 personas. Esto permite conocer que, entre las 18,00 del viernes y las 18,00 del sábado, se han añadido 112 nuevos casos detectados por cualquier tipo de pruebas --94 de ellos confirmados con una PCR--.

La única área sanitaria en la que ha habido un aumento es la de Ourense-Verín-O Barco, que suma 13 nuevos positivos, frente a los 11 del día anterior.

El principal descenso lo registra el área de Santiago-Barbanza, que tan solo ha registrado ocho nuevos positivos después de los 97 del día anterior, por lo que han caído en 89. También han bajado los casos detectados en A Coruña-Cee, a 42 (-28); en Vigo, a 22 (-12); en Lugo-A Mariña-Monforte, a 12 (-12); en Ferrol, a ocho (-16); y en Pontevedra-O Salnés, a 17 (-10).

Por tanto, del total de 114.755 infectados por coronavirus en Galicia hasta el momento, 27.687 corresponden al área de A Coruña; 21.558 a la de Vigo; 18.264 a la de Santiago; 14.701 a la de Ourense; 12.548 a la de Pontevedra; 11.871 a la de Lugo y 8.126 a la de Ferrol.

TASA DE POSITIVIDAD

Hasta la fecha se han llevado a cabo en Galicia 1.759.212 PCR, lo que supone 6.215 realizadas entre las 18,00 del viernes y las 18,00 del sábado. Es una cifra similar a las 24 horas anteriores.

De este modo, la tasa de positividad se ha reducido hasta el 1,5% en un día, tras el 3,3% de los datos del sábado. Sin embargo, la Comunidad gallega continúa por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija para dar por controlada la pandemia.

Por áreas sanitarias, ninguna supera este umbral: Ferrol (3,7%), A Coruña (2,2%), Ourense (1,3%), Santiago (1,3%), Vigo (1,3%), Pontevedra (1,2%) y Lugo (0,9%).

CURADOS Y FALLECIDOS

Las personas curadas de covid-19 en Galicia desde el inicio de la pandemia ascienden a 109.729, lo que supone que han recibido el alta 211 pacientes en un día.

Además, desde el inicio de la pandemia han fallecido en la Comunidad gallega 2.296 personas diagnosticadas con este coronavirus, tras notificar el Sergas en la noche de este sábado seis nuevas víctimas.

La comisión del Congreso encargada de investigar el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción arranca este miércoles su fase de comparecencias precisamente con la de quien fue también gerente de los 'populares' entre 1990 y 2008.

Inicialmente el Congreso había citado a Bárcenas para el 11 de marzo, pero la comparecencia hubo de posponerse por coincidir con el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional por la 'caja b' del PP, en concreto, la pieza relativa a la reforma de la sede nacional de la madrileña calle Génova.

Así, las cosas los comisionados podrán interrogar finalmente al extesorero el día 17, después de que Bárcenas haya ratificado ante el tribunal la existencia de esa contabilidad b y que "el PP de Mariano Rajoy" ordenó la operación policial para robarle las pruebas sobre la misma que aún tenía en su poder.

Bárcenas, que está citado para las cuatro de la tarde, no se desplazará hasta la Carrera de San Jerónimo, sino que declarará por videoconferencia desde la madrileña cárcel de Soto del Real y acompañado de su abogada, Marta Giménez. La comisión ha aceptado esta fórmula planteada por el extesorero para evitar posibles contagios por Covid y también el confinamiento que tendría que guardar posteriormente si salía de la prisión.

LOS 'CAJEROS'

Tras Bárcenas comparecerá, ya de forma presencial, Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados.

Las comparecencias se retomarán al día siguiente, con estos fondos también como protagonistas, puesto que, para las cuatro de la tarde del jueves, está citado Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en la Dirección Adjunta Operativa de su entonces máximo responsable, Eugenio Pino. Lacasa, que también hacía de 'cajero' de esos fondos llegó a reconocer ante el juez que el modo en que se repartía ese dinero le parecía un poco "extraño".

Y a las seis y media se espera al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. José Antonio Rodríguez González, conocido como 'comisario Lenin', de quien depende ahora la distribución y justificación de los fondos reservados asignados al ministerio.

En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. La Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.

PRÓRROGA HASTA JUNIO

Además, el jueves, el Pleno del Congreso tiene previsto aprobar una primera prórroga de tres meses para que la comisión de investigación pueda continuar trabajadno hasta junio. Después, si es necesario se pueden solicitar más ampliaciones.

El Pleno del Congreso aprobó crear esta comisión el pasado 1 de octubre, pero no se constituyó hasta el 22 de diciembre, con lo que ese primer plazo para sus trabajos vencía el 22 de marzo y ahora podrán seguir con su tarea hasta el 22 de junio.

Según el calendario acordado por los grupos, la comisión, que se reunirá los jueves con norma general, recibirá el 25 de marzo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien durante siete años ejerció como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargaba de comprobar la justificación del uso de los fondos reservados.

Ese mismo día, la comisión tomará testimonio a Manuel Morocho ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del 'Gürtel', quien explicó ante García Castellón cómo el director adjunto operativo, Eugenio Pino, le apartó de esa causa en 2015.

El operativo de la Policía Local de Alicante para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la Covid-19 ha batido su récord en una de las jornadas "más intensas de los últimos meses" que se ha saldado con 14 botellones y 33 fiestas en viviendas disueltas, cinco establecimientos sancionados por exceso de veladores y 213 denuncias por incumplir el estado de alarma, en su mayor parte por consumo de alcohol, por reuniones de no convivientes y por saltarse el toque de queda.

Durante todo el sábado, los agentes de la Policía Local han levantado 25 actas a personas que no llevaban la obligatoria mascarilla, 16 por estar en grupos, cinco por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana por drogas y dos por la ordenanza de limpieza al miccionar en la vía pública, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para hacer frente al consumo de alcohol y las fiestas, el consistorio ha desplegado este fin de semana un refuerzo policial con decenas de agentes de las unidades Fox y Goir. Sin embargo, este sábado, el operativo ha vivido una de las jornadas "más intensas", en la que ha disuelto a más de un centenar de personas que consumían alcohol hasta en 14 puntos de la ciudad. La actuación se ha saldado con 55 denuncias por estar en grupos y consumo del alcohol en la vía pública y se han decomisado las bebidas.

Desde la Concejalía han explicado que el operativo antibotellón de este sábado ha sido "especialmente complicado". Así, con el objetivo de evitar que se juntaran los jóvenes como en el pasado fin de semana, los agentes comenzaron a disolver a los grupos que se formaron tras el cierre de los establecimientos. Además, cercaron el parque de La Ereta y dispersaron a los jóvenes.

A partir de las 18.00 horas, con el cierre de los bares, y hasta el toque de queda, han disuelto 14 botellones en el Mirador de la Tintorera, Camino del Faro, Cala la Palmera, los castillos de San Fernando y Santa Bárbara, La Ereta, playas Postiguet y Almadraba, Ciudad de la luz, las calles Mero, Océano, Marrajo Francisco Cano y la avenida de Niza, entre otros puntos.

Asimismo, la Policía Local también ha desplegado un amplio dispositivo de vigilancia y disciplina de tráfico, con controles en los accesos de la ciudad, las playas y en las avenidas de Países Escandinavos y Pintor Xavier Soler. En ellos, los agentes han realizado 46 pruebas de alcoholemia, han denunciado a diez personas por conducir bajo la influencia del alcohol y han instruido cuatro actas judiciales y otras cuatro administrativas. Además, han denunciado a 16 personas por no tener permiso de conducir, no llevar pasada la ITV, conducir con el móvil, sin cinturones, sin seguro o incumplir la fase del semáforo, entre otras.

Junto a estas intervenciones, la Policía Local ha desplegado vigilancias e inspecciones para hacer cumplir el aforo en los establecimientos de hostelería y restauración. En este sentido, ha denunciado a cinco locales por exceso de veladores.

FIESTAS EN VIVIENDAS

Por otro lado, este sábado los agentes han disuelto un total de 33 fiestas. Durante la tarde han impuesto 16 denuncias de ruidos y fiestas y por la noche han intervenido en 17 fiestas más, en las que han interpuesto 35 denuncias por ruidos y en las que se incumplía la medida de estar personas no convivientes juntas sin mascarillas.

El Ayuntamiento recuerda que en los domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como el exterior, se permiten únicamente las reuniones familiares y sociales de personas que pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia.

Por su parte, el servicio Nocturno de la Policía Local ha intervenido en la vía pública con personas que se desplazaban en vehículos sin justificación pasadas las 22.00 horas y han levantado 24 actas por desobediencia del estado de alarma.

Concretamente, los agentes policiales pusieron en marcha a las 22.30 horas un dispositivo de búsqueda para localizar a un vehículo que realizaba una conducción anómala y temeraria por la ciudad, tras recibir varias denuncias que alertaban de la presencia de un vehículo con varios ocupantes, circulando y haciendo derrapes por varias calles del barrio de San Gabriel.

Varias patrullas de Policía Local interceptaron dicho vehículo a la altura de la calle Colombia. Los agentes procedieron a realizar prueba de tóxicos al conductor, que dio un resultado positivo por presencia de drogas en el organismo. Tanto el conductor como los pasajeros han sido denunciados por incumplimiento del toque de queda. El vehículo ha sido retirado al depósito municipal.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha manifestado que "es el momento de demostrar que somos responsables y estamos concienciados con máxima lealtad" porque "la realidad es que el virus es letal, los contagios son reales y los fallecimientos ahí están".

Así, ha lamentado "la actitud de un grupo de la sociedad de jóvenes y no tan jóvenes, que desafían con botellones y fiestas privadas ilegales todos los fines de semana a la covid, ponen en riesgo la salud de todos los demás y se convierten en vectores de contagio que pueden ocasionar una nueva ola ahora que estamos ya con las vacunaciones y vemos el final de la pandemia".

Finalmente, ha agradecido y puesto en valor el trabajo de la Policía Local: "Los operativos anticovid son excepcionales y muy eficaces para protegernos todos los días, y nos sentimos muy orgullosos". "Tras más de un año de pandemia, demuestran estar a un alto nivel de profesionalidad con un importante despliegue para conseguir prevenir brotes y nuevos contagios del virus", ha añadido.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha aconsejado redactar una ley común relativa a los órganos que considera auténticamente reguladores --el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-- para reforzar su independencia y preservar la "apariencia de imparcialidad" de sus miembros y de los que integran otros órganos constitucionales.

Así lo puso de manifiesto el magistrado emérito del TC durante su reciente comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, donde coincidió también en esta última idea con la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia María Salvador y con el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón.

Respecto al Banco de España, la CNMC y la CNMV, Aragón aboga por delimitar muy bien las competencias de cada organismo, de manera que nadie pueda invadirlas y se asegure su ámbito de autonomía material. En el mismo sentido, defiende su independencia funcional, de modo que sólo estén sometidos al imperio de la ley, igual que jueces y tribunales, sin recibir órdenes o instrucciones de otros organismos publicos.

A su juicio, estos organismos pueden estar sometidos al control político en el plano de la rendición de cuentas, pero sólo deben poder ser sancionados por los tribunales.

INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LOS CANDIDATOS

Según su esquema, debe mantenerse el modelo de que sea el Gobierno el que proponga a los candidatos para estar al frente de estos tres reguladores entre personas con acreditada solvencia en la materia que vayan a tratar. Su planteamiento es que el Ejecutivo plasme los méritos de cada uno de ellos un informe de carácter público, que los candidatos comparezcan en las Cortes y que después cada Cámara elija, por ejemplo, a seis miembros para el organismo que corresponda, preferentemente por una mayoría de tres quintos.

Respecto a la independencia personal de quienes componen estos organismos, Aragón sostiene que suelen ser independientes pero avisa de que el problema reside en la "apariencia de imparcialidad". "Suele ocurrir que, si las personas se designan entre personas con suficiente solvencia y currículos, sean independientes, pero una cosa es la independencia real y otra la apariencia de no imparcialidad", avisa, reclamando medidas para "eliminar cualquier factor que pueda contribuir a esa apariencia".

Asimismo, ha pedido establecer un régimen de incompatibilidades serio, vigilando los conflictos de intereses, que los cargos no puedan ser cesados antes de tiempo y que sólo lo sean a propuesta del órgano regulador (como ya ocurre en el Banco de España).

CUIDAR LA DEMOCRACIA: RESPETO INSTITUCIONAL

"El Derecho puede ayudar, pero no lo puede hacer todo. Hace falta una conducta activa de respeto institucional por parte de todos los actores que intervienen en el asunto", resume el exmagistrado, quien avisa de que la democracia "hay que cuidarla" no sólo haciendo "las mejores leyes", sino también "mediante la mejor ejemplaridad en el comportamiento institucional".

De la misma opinión es la profesora Navarro: "Para cuidar la democracia hay que cuidar mucho la imagen de las cosas", avisa, a la vez que, como Aragón, hace hincapié en que los miembros de los órganos que deben surgir del Parlamento han de ser fruto de un "verdadero consenso" y no de un "mero reparto" porque, de lo contrario, se traslada "la lucha política al interior de las instituciones y se ve frustrado el espíritu de la norma".

"La ley en esto no puede dar más de sí, aunque sí se podría entrar en el terreno de los Códigos éticos a impulsar también desde el Parlamento", plantea Navarro, también partidaria de fomentar la autorregulación. En cualquier caso, considera que la imagen de politización que se transmite en relación a estos órganos "es superior a la politización real". "Está sobredimensionada, pero influye en la desafección", alerta.

En opinión de Navarro, el diseño jurídico de los reguladores es bueno, si bien se podrían mejorar cosas como afinar más los requisitos para ser elegido o ampliar quizá los periodos de incompatibilidad. "Se pueden tocar cosas puntuales, pero no hay que echar abajo el sistema", argumenta.

COMISIÓN MIXTA DE NOMBRAMIENTOS

Tanto para Navarro como para el profesor Simón, el sistema ideal para los nombramientos es uno mixto en el que intervengan el Gobierno (al que luego se le puedan pedir cuentas) como el Parlamento. En este contexto, defienden la creación de una Comisión Mixta (Congreso-Senado) de nombramientos en la que también rindan cuentas los responsables de los reguladores.

Ambos defienden también, como otros de los comparecientes que han desfilado por la Comisión de Calidad Democrática, que los mandatos de los reguladores no coincidan con las legislaturas políticas (por ejemplo, ponerlos de cinco años), que se puedan renovar de forma escalonada y que, con carácter general, se prohíba la reelección.

También avisan de la necesidad de mantener la vigilancia sobre las incompatibilidades y las denominadas 'puertas giratorias' y, en concreto, Pablo Simón, desliza la conveniencia de "limitar" las "vinculaciones" con partidos políticos de los aspirantes a integrar los reguladores.

Vox y Ciudadanos someterán esta semana a votación del Pleno del Congreso sendas mociones para tratar de reprobar al Ministerio del Interior por su política de acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

Ambos escritos, son consecuencia de los debates que los dos partidos mantuvieron el pasado miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que recriminaron los acercamientos de presos de ETA que cada viernes desde hace meses anuncia su departamento.

En concreto, el pasado viernes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó otros seis acercamientos de presos de ETA más, siendo ya 160 etarras trasladados de prisión por el Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el 81% de los 197 que cumplen condena por delitos de terrorismo.

En concreto, Vox planteará directamente "la reprobación" del ministro "por su incapacidad e incompetencia", así como por "su política de acercamientos y progresiones de grado y demás beneficios otorgados a presos de ETA", y por lo que consideran "permisividad con la celebración de actos de homenaje" a los etarras.

Los de Santiago Abascal también quieren que el Congreso obligue al Gobierno a mantener la política de dispersión de presos de ETA y a prohibir todos los homenajes a etarras, ya sean fallecidos o excarcelados.

Proponen asimismo una modificación de la Ley de Víctimas para incluir multas de 200 a 150.000 euros para todas las personas físicas o jurídicas que participen en actos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas y sus autores.

Por último, Vox quiere que se inste al Gobierno llevar a cabo "una deslegitimación del terrorismo" de ETA mediante la utilización de "un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima duda de una organización terrorista llamada ETA", que ha provocado 856 víctimas mortales, miles de heridos y miles de amenazados y desplazados.

BILDU, "HEREDERO DEL TERRORISMO"

Ciudadanos, por su parte, pretende que el Congreso "repruebe la política de acercamiento de presos etarras" y que el Gobierno se comprometa a no acercar a ningún preso que no acredite su arrepentimiento "de manera explícita e indubitada, más allá de cartas tipo y formularios estandarizados", y que no muestre su "total disposición" a colaborar con la Justicia.

Asimismo, el partido naranja exige al Gobierno dejar claro si esos traslados se llevan a cabo "a cambio de apoyos parlamentarios de Bildu", partido al que considera "heredero del terrorismo y que aún no ha condenado su violencia".

Y además del debate de estas dos mociones, Vox tiene previsto sacar el tema de los acercamientos de etarras con una pregunta el miércoles al ministro por parte del diputado Ignacio Gil Lázaro: "¿A quién pretende engañar cuando afirma que no existe un pacto de Gobierno con Bildu para el traslado de presos de ETA a las presiones vascas?", figura n el enunciado registrado.

Un total de 14.734 personas de entre 50 y 55 años recibieron este sábado la primera dosis de AstraZeneca en la que fue la primera jornada de vacunación masiva en Galicia, que se llevó a cabo de modo simultáneo en las siete áreas sanitarias de la comunidad.

Según ha detallado el Sergas, un total de 19.000 gallegos con edades comprendidas entre los 50 y los 55 años habían sido citados en distintos puntos de la comunidad para recibir la primera dosis, que finalmente se administró a casi 15.000 personas. Mientras, más de 900 de citados no fueron vacunados debido, principalmente, a contraindicaciones.

En concreto, el mayor número de vacunas se administró en Vigo, en el Ifevi, donde la recibieron un total de 3.284 personas, un 74,6% de los citados, y el Ifeco de A Coruña, donde se inyectó a 2.899, un 78,35% de los convocados.

Le sigue la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, en la que un total de 1.648 personas fueron vacunadas, el 82,5% de las que habían concertado una cita para ello.

Asimismo, el Hospital Lucus Augusti (HULA) y el Expourense acogieron la vacunación de 1.363 y 1.305 personas, respectivamente, que representaron el 80,2% y el 76,8% de las convocadas en esos puntos. Además, se administraron 1.276 dosis en el Pazo da Cultura de Pontevedra, el 75% de las previstas, y 1.027 personas las recibieron en el FIMO de Ferrol, el 79% de las citadas.

En los siete restantes puntos en los que se llevó a cabo la vacunación masiva se administraron dosis de AstraZeneca a entre 149 y 400 personas y los porcentajes de vacunados en relación a los convocados se situaron entre el 73,7% y el 82%.

De este modo, la Cidade da Cultura y el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee (A Coruña) representaron los puntos en los que se vacunó a un mayor porcentaje de personas, un 82,5% y un 82%, respectivamente. Por su parte, el Hospital de Monforte de Lemos y el Hospital de Verín fueron los que presentaron un menor porcentaje de vacunados en relación a los convocados para ello, un 73,7% y un 74,5%.

Durante la jornada, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitó las siete áreas sanitarias para supervisar los procesos de vacunación y agradecer el trabajo realizado por los equipos involucrados, entre los que se encontraron profesionales de enfermería, informáticos, policías locales y voluntarios de Protección Civil.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de ser responsable de que en Euskadi no se produzcan "acuerdos entre abertzales" al no tener "ningún interés en pactar" con la coalición soberanista. "Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu", ha añadido.

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha rechazado que exista un acuerdo con el Gobierno central en torno a los presos de ETA, aunque le resulta "evidente que están pasando cosas". "Se están produciendo una serie de movimientos que convalidamos en términos positivos, pero que son absolutamente insuficientes", ha añadido.

Por otro lado, ha analizado el impacto de la pandemia y ha lamentado que la economía "no acaba de remontar". En este sentido, ha advertido de que EH Bildu apostó desde el inicio por tomar medidas drásticas para hacer frente al virus, aunque ha habido una decisión de "hacerlo de otra manera.

"¿Quién no recuerda la foto del lehendakari con el presidente de Cantabria abriendo las puertas? La mayoría de los habitantes de los tres territorios creen que la gestión no ha sido buena. Espero y deseo que la vacunación funcione, salgamos de esta pandemia y que todo el mundo sea consciente de que además de la pandemia sanitaria va a haber una pandemia social y económica", ha alertado.

Por otro lado, ha afirmado que las relaciones con el PNV existen, por lo que no se atrevería a decir que pasan "por uno de los peores momentos". No obstante, ha mostrado su preocupación por el hecho de que se pueda estar dando "una especie de deriva que busca el blanqueamiento del PP" por parte de la formación jeltzale.

"Vemos determinadas declaraciones del PNV que parece forman parte de una estrategia de desestabilización, entre comillas, del Gobierno actual en el Estado. Nos dicen que podría ser que el PSOE hiciera un recorrido en solitario la última parte de la legislatura", ha indicado, para añadir que, sin embargo, no aclaran sobre qué apoyos parlamentarios se apoyarían los socialistas, ya que solo habría una "una posibilidad, el PP".

A su juicio, detrás de estas declaraciones existe "cierto malestar y búsqueda de un espacio de confort y comodidad sobre el viejo régimen o el viejo bipartidismo".

"Cuando el PNV prefiere un escenario de gobierno en solitario del PSOE o sostenido sobre el PP, cuál es el beneficio que saca este país de eso. Ninguno", ha remarcado.

Asimismo, ha sostenido que en el pasado se decía en Euskadi que los pactos "entre abertzales" eran imposibles porque existía la "lucha armada" de ETA, pero ésta desapareció hace diez años y ahora "no existen porque el PNV permanentemente busca el pacto con el PSE".

A su entender, como esto "no se puede defender", el PNV busca "echar la culpa a alguien utilizando la "extrema habilidad" de sus "estrategas comunicativos". "La culpa siempre la tienen los demás. Si se derrumba un vertedero, la empresa; si hay dos golfos que se vacunan son casos aislados, y si no hay pacto entre abertzales es por culpa de EH Bildu, que es culpable mayor de todo lo que sucede en este país", ha ironizado.

Por todo ello, ha subrayado que si no hay pactos entre abertzales en Euskadi es "porque no quiere el PNV", al tiempo que ha recordado que ambas formaciones firmaron un acuerdo de bases con respecto al estatus político que el PNV "incumpliendo su palabra" lo hizo "después variar buscando la apuesta con PSE y Podemos".

"Decir que es EH Bildu la que rehuye --los pactos-- es no decir la verdad. Autorizo al EBB a hacer público todas las propuestas que le ha hecho EH Bildu de manera privada y por escrito en los últimos tiempos", ha insistido.

De este modo, ha aseverado que la formación jeltzale "no tiene ningún interés en pactar" con EH Bildu. "Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, gobierna gracias a su apoyo.

Tras afirmar así que si no existen "pactos entre abertzales" EH Bildu tiene la obligación de materializarlos con aquellas formaciones que considera que les permiten avanzar en materia nacional, social y penitencia, Otegi ha considerado además "insultante" que se les diga que están haciendo en Madrid lo que "ha hecho el PNV durante 40 años".

"Hay una diferencia sustancial. En 40 años el PNV han sostenido a gobiernos tanto del PP como del PSOE. Ahora es la primera vez desde la Segunda Republica que hay un gobierno en el Estado de coalición, con una formación que teóricamente está a la izquierda del PSOE", ha indicado en relación a Podemos.

En esta línea, ha recordado que los diputados de la coalición soberanista han apoyado los decretos sociales y la derogación íntegra de la reforma laboral, y lo han hecho no porque piensen que el Gobierno es "maravilloso", sino porque es un gobierno que "frena a la derechona y con el que se pueden conseguir conquistas parciales".

"En Euskadi esta legislatura se nos planteó un acuerdo presupuestario en el que lo tomas o lo dejas. ¿Por qué nosotros alcanzamos acuerdos con los gobiernos de Chivite y Sánchez y no con Urkullu? Porque aquí se nos plantea un trágala, un modelo de gobernanza que no nos gusta", ha rechazado.

PRESOS DE ETA

Por lo que respecta a los acercamientos de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco durante los últimos meses, Otegi ha afirmado que EH Bildu no tiene "ningún tipo de acuerdo sustanciado en torno a este tema" con el Ejecutivo, aunque "es evidente que están pasando cosas".

"En la propia sesión de investidura dijimos a este Gobierno que no bastaba con aparentar y había que caminar en tres ámbitos: en el nacional, reconociendo que este es un estado plurinacional y las naciones tenemos derecho a decidir; en temas sociales, y en tercer lugar, aplicando una política penitenciaria de carácter ordinario, terminando con la excepcionalidad", ha recordado.

En este contexto, ha asegurado que se están produciendo "una serie de movimientos" que su formación "convalida en términos positivos pero que son absolutamente insuficientes". Asimismo, ha valorado que se vaya a producir la transferencia de prisiones: "Una de las partes de lo que nosotros esperamos de este gobierno".

Por último, ha denunciado que las torturas han sido "una práctica de Estado" y ha lamentado que no haya voluntad por investigarlas, ya que "esto trastoca el relato".

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, una organización de traficantes que contaba, presuntamente, con una amplia red de pisos de seguridad en los que ocultaban grandes cantidades de cocaína para, posteriormente, traficar con ellas por todo el país. Se trata, según ha informado la Dirección General de la Policía, de la mayor red de distribución de cocaína de Madrid.

Durante la operación, que se ha llevado a cabo en las provincias de Badajoz, Guadalajara, Madrid, Málaga y Valencia, han sido detenidas doce personas y se han incautado 600 kilogramos de cocaína.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2020 sobre un núcleo de individuos asentados en Madrid y en la localidad malagueña de Marbella. Al frente de la organización se encontraba un hombre de origen marroquí, narcotraficante de gran relevancia internacional, y que mantenía contactos con las organizaciones de Marruecos y Sudamérica suministradoras del estupefaciente.

El modus operandi de la organización consistía en la compra de grandes plantaciones de marihuana a sus cultivadores a lo largo de toda la geografía nacional, con lo que sufragaban todos los costes que eran necesarios para posteriores operaciones de mayor envergadura, tanto de tráfico de cocaína como de hachís en grandes cantidades.

Una vez que las plantaciones eran recolectadas, se entregaba el producto a la organización, que procedía a envasar la sustancia vegetal en los garajes y naves habilitados al efecto para, acto seguido, enviarla mediante paquetes de unos 20 kilogramos al centro de Europa y a Países Bajos, países donde existe una fuerte demanda de esta sustancia estupefaciente.

El hombre de confianza o jefe de operaciones del líder de la organización era su propio hermano, encargado de controlar y supervisar las funciones que el resto de miembros del entramado desarrollaban. Era el nexo de unión entre la cúspide de la organización y las personas intermedias, asumiendo un rol principal en todas las actividades de campo y manteniendo siempre estrictas medidas de seguridad.

Asimismo, era el encargado de participar en las operaciones de tráfico de marihuana que realizaba la organización, viajando a Centroeuropa y a Países Bajos para entrevistarse con los destinatarios y distribuidores de dicha sustancia.

Dentro de la estructura de la organización aparecía otro de los hermanos del líder, quien era considerado por ambos como el perfecto testaferro, del cual se fiaban plenamente.

El avance de la investigación permitió identificar plenamente al resto de los miembros de la organización y el modus operandi que iban utilizando para importar las drogas que comercializaban por medio de su sofisticada red de distribución.

Entre esos integrantes destacaba un conocido abogado que, además de representar los intereses jurídicos de la organización investigada, era parte plena de la organización. Este "narcoabogado" realizaba labores de asistencia jurídica, asesoraba en cuestiones básicas de blanqueo de capitales e, incluso, habría sido responsable de realizar y ejecutar transacciones de cocaína.

Entre los diferentes niveles de la organización destacaban claramente los miembros encargados del almacenaje y de la distribución de la cocaína, no sólo por su capacidad para dar salida a ingentes cantidades de droga, sino porque, además, previamente a las labores del tráfico de drogas, desempeñaban funciones de seguridad con gran destreza.

Utilizaban tanto sus conocimientos como códigos o nombres en clave para referirse a terceras personas o a los pisos de seguridad e, incluso, hacían uso en sus desplazamientos de equipos de transmisión para desempeñar su cometido criminal con absoluta seguridad.

Las investigaciones policiales permitieron averiguar cuáles eran los inmuebles que utilizaban como pisos de seguridad. Muy pocos miembros de la organización accedían a dichos inmuebles, lo que demuestra la profesionalidad de la organización desarticulada y las medidas de seguridad que adoptaban sus integrantes.

Llamó la atención de los agentes que, para los desplazamientos que realizaban en los vehículos que componían la flota de la organización, siempre iban trajeados. Este dato demuestra que una de las máximas era pasar desapercibidos y aparentar ser verdaderos empresarios por si fueran identificados o detenidos en cualquier control policial.

Una vez que la cocaína había llegado a España a través de puertos como los de Valencia o Algeciras, la organización activaba una importante red de almacenamiento y distribución de la sustancia estupefaciente.

Los investigadores detectaron que la organización frecuentaba tres inmuebles de la provincia de Madrid, en los que almacenaba droga o dinero en efectivo de las transacciones realizadas. La profesionalidad de los investigados hacía que dividieran el riesgo separando el efectivo de la sustancia estupefaciente en dos inmuebles.

En el primero de ellos se intervino un total de 230.000 euros, que era el dinero obtenido de diversas transacciones de droga durante los días anteriores a su detención. El dinero fue localizado en un falso techo del baño.

En el segundo domicilio, conocido como "piso caleta", es decir, utilizado para ocultar los paquetes de cocaína que la organización habría traslado hasta Madrid, se intervino cerca de 150 kilogramos de cocaína.

En la tercera vivienda fueron hallados más de 200 kilogramos de la misma sustancia.

Hasta el momento, las transacciones de cocaína solían hacerse de kilo en kilo, pero este grupo había encontrado la posibilidad de poder ofrecerlas en porciones menores, es decir, cada kilo era distribuido en tres partes de unos 370 o 390 gramos cada una de ellas.

De este modo, habían encontrado una manera más comercial de darle salida a la droga que almacenaban al poder vender en cantidades menores los kilos que habían ocultado en dichos inmuebles. Así, cada una de estas pastillas era vendida a los distribuidores por un precio que solía oscilar alrededor de los 10.000 euros.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero comparecerá este lunes como imputado ante el juez que investiga la presunta financiación irregular del partido 'morado', para dar cuenta de los más de 26.000 euros que cobró de la matriz mexicana de Neurona Comunidad mediante lo que la Policía ha descrito como una "factura falsa".

Monedero está citado a las 11.30 horas en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, inserto en los Juzgados de Plaza de Castilla, a los que deberá entrar por uno de sus accesos habituales, después de que la jueza decana, María Jesús del Barco, rechazara su petición de acceder por una entrada alternativa para salvaguardar su "integridad personal".

El instructor Juan José Escalonilla imputó a Monedero después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que el ex dirigente 'morado' cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting --la matriz mexicana de Neurona Comunidad-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".

Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019 pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que justificara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia".

La UDEF cree que "habría sido elaborada 'ad hoc'" porque "reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa". Así, desgrana en su informe que las labores de consultoría son un concepto habitual en facturas falsas porque es un servicio difícil de comprobar; que solo figura como emisor Neurona Consulting cuando debería constar Monedero; y que se emite como 'factura número 1' el último día del año y en domingo.

El juez acogió los argumentos de la UDEF concluyendo que "dicho documento fue elaborado 'ad hoc' para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria". "Indiciariamente", dijo en un auto del 17 de noviembre, también cabe concluir que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".

Tanto el informe de la UDEF como el auto figuran en el sumario de la pieza separada y secreta que Escalonilla decidió abrir en septiembre para evitar "interferencias o manipulaciones que puedan comprometer de forma grave el resultado de la investigación", sobre todo "en relación con las cuentas bancarias al poderse realizar nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos".

'EL COLIBRÍ' Y LOS VÍDEOS

El 15 de marzo también declarará, aunque como testigo, Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias 'El Colibrí', a quien la ex Responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona identificó como un trabajador del partido y un "amigo" de Monedero que se habría encargado de redactar los borradores de los contratos con Neurona y con ABD, otra consultora contratada para la campaña de 2019.

El lunes testificará igualmente José Miguel Almazán Domingo, el representante legal de Yugen Media, una empresa que --de acuerdo con el relato de Carmona--, prestaría servicios similares a Neurona, por lo que podría haberse producido una duplicidad en lo contratado por el partido con ambas mercantiles.

Escalonilla ha solicitado a la UDEF otro informe para determinar si algunos de los vídeos entregados por Podemos como obra de Neurona serían en realidad producto de Yugen Media, "principalmente en relación con los posteriormente publicitados a través de YouTube y otras redes sociales".

A lo largo de la investigación, Podemos ha aportado al Juzgado de Instrucción Número 42 una serie de documentos --archivos, fotografías o vídeos-- que formarían parte del trabajo que habría realizado Neurona.

El juez ha pedido a la Policía que analice el material y ya ha recibido un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia que establece que la mayoría de los archivos examinados --un total de 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos-- se crearon entre los meses de marzo y abril de 2019 y en un huso horario americano, algo que la propia Policía atribuye a la configuración horaria de los dispositivos con los que se crearon (ordenadores, cámaras, etc.).

'NEURONA' Y SUS RAMIFICACIONES

En estos momentos, las pesquisas judiciales se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.

Desde diciembre de 2019, cuando el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente presentó la denuncia de la que partió el caso 'Neurona', el juez ha archivado varias líneas de investigación, como las relativas a las obras de la nueva sede de Podemos o a las donaciones de la Caja de Solidaridad del partido. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, le ha ordenado seguir investigando la llamada 'Caja B'.

Ahora, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'b' ha citado este lunes para que declare como testigo al ex secretario general de la formación política y exministro Ángel Acebes, así como a dos empresarios que aparecen en los apuntes de Bárcenas como donantes del partido.

Según el calendario previsto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la primera en comparecer ante el tribunal será Pilar Pulido, cuyo nombre salió a relucir en la declaración del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

El ex dirigente 'popular' señaló que Pulido tenía "relación directa" con el también tesorero del partido, el fallecido Álvaro Lapuerta, y que está vinculada a una empresa dedicada al análisis geológico previa a la ejecución de una obra. La empresaria aparece en los apuntes manuscritos de Bárcenas como supuesta autora de una aportación de 12.000 euros en 2006 y otra de 36.000 euros en 2008.

El tribunal también ha citado a Adolfo Sánchez García, apoderado de dos constructoras, miembro de la Asociación Catalana de Constructores de Obras Públicas y presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, quien, según Bárcenas, donó dinero al partido para que le ayudasen con medidas legales.

Los conocidos como 'papeles de Bárcenas' reflejan un pago de 10.000 euros a 'Adolfo S.', a quien durante la instrucción no se pudo identificar, si bien se le relaciona con ocho aportaciones por un total de 98.000 euros.

Otro de los testigos convocados son Luis Manuel Fraga Egusquiaguirre, exsenador del Partido Popular por Cuenca y sobrino del fundador de la formación, Manuel Fraga; y a Emiliano Carpintero López.

TESTIGOS SOBRE LAS ACCIONES DE LIBERTAD DIGITAL

Tras estas declaraciones, el tribunal cambiará de tercio, pues tiene previsto escuchar las primeras testificales relacionadas con el presunto uso de dinero de la caja 'b' para comprar acciones de Libertad Digital. En este sentido, comparecerán el expresidente de la compañía Alberto Recarte; y María Ángeles Juan Pascual, a quien Francisco Yáñez vendió 814 acciones de Libertad Digital por 89.540 euros, que previamente había adquirido a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

También el que fuera secretario general del partido entre 2004 y 2008 Ángel Acebes. Su nombre ya salió en el escrito que Bárcenas remitió a Anticorrupción el pasado mes de enero junto al de otros altos cargos del PP que, según dice, recibieron 'sobresueldos' procedentes de la caja 'b'.

Durante su declaración, el extesorero del PP ha repetido este punto concreto, pero también ha apuntado que el departamento que dirigía Acebes fue el que dio las instrucciones a Lapuerta para adquirir acciones del grupo de comunicación.

Sobre otro de los puntos que se están juzgando, la obra de la sede del partido, Bárcenas no ha sido tan claro sobre si el exsecretario general del partido sabía cómo se pagó. Ha dicho que Acebes sí conocía el proyecto pero que desconoce si Lapuerta le comentó que se los costes se abonarían en negro.

En cuanto a la sesión del martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha convocado a otras seis personas, entre ellas la jefa de la obra de la sede del PP, María Rey Salinero; y a una de las trabajadoras de Unifica, Esther D'opazo.

Cantabria ha registrado 46 casos nuevos de coronavirus, uno más que en el día anterior, y un fallecido, y ha experimentado un repunte en la incidencia acumulada, aunque leve, y también en el número de hospitalizados.

Con datos actualizados a cierre del sábado, hay 71 hospitalizados, siete más que el día anterior, de los que 13 están en las Unidades de Cuidados Intensivos, uno menos. Así, la ocupación hospitalaria sube al 4,9%, cuatro décimas porcentuales más que el viernes, y la de las UCIs baja un punto, hasta el 12,1%.

De los hospitalizados, 44 están ingresados en el Hospital Valdecilla de Santander, 20 en el de Sierrallana de Torrelavega y 7 en el de Laredo.

Por otra parte, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 97 casos por 100.000 habitantes, un leve repunte respecto al día anterior, cuando era de 94.

La incidencia a 7 días también ha subido ligeramente, hasta los 50 casos por cada 100.000 habitantes (el sábado era de 49).

También se ha experimentado un pequeño ascenso en la tasa de positividad, que se eleva al 4 por ciento, dos décimas más que el día anterior.

Con los datos actualizados, en estos momentos la comunidad autónoma registra 1.160 casos (35 más que el viernes), de los que 1.089 están en cuarentena domiciliaria.

De esta manera, los acumulados positivos en la región desde el inicio de la pandemia ascienden a 26.444, de los que 25.185 se han detectado mediante prueba PCR y 1.259 a través de test de detección de anticuerpos.

Por su parte, el total de curados alcanza los 24.744 curados, el 94 por ciento, y el de decesos, con el último registrado en esta jornada, sube a 540. Además, se han realizado 487.257 test de detección, lo que supone 83.823 por 100.000 habitantes.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en la necesidad de abrir en Euskadi un debate sobre el modelo policial que lleve a otro tipo de Ertzaintza, porque la coalición que lidera no desea "un modelo de policía a la española, que golpee a la gente". "Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país", ha manifestado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi se ha mostrado convencido de que, en la actualidad, existe un debate sobre el modelo policial y debería hacerse "un esfuerzo por recuperar la policía para un modelo democrático euskaldun y al servicio de la gente".

"Independientemente de que haya actuaciones que nos gusten menos o nada, este país necesita hacer un debate sobre el modelo policial. Y el independentismo necesita abordar ese debate y decir a este país su modelo policial, educativo, sanitario y contra el cambio climático", ha defendido.

Preguntado por la campaña de Ernai, que anima a los jóvenes, con un juego de palabras --"Egin zaitez artzain, ez ertzain!"-- a ser pastor y no policía, ha respondido: "Que la gente se haga pastor no me parece mal. Todos gozamos de sus grandes productos".

Arnaldo Otegi considera "normal" que una parte de la juventud vasca "esté especialmente dolida con un cuerpo policial al que ha visto, en muchas ocasiones, actuar de manera bastante brutal contra determinadas manifestaciones".

"Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país. Esta es la conclusión de 40 años de historia", ha señalado.

A su juicio, "la solución puede ser seguir así" o bien se puede "hablar del modelo policial" porque EH Bildu no desea "un modelo de policía a la española que golpee a la gente".

Además, ha rechazado el emplazamiento que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le hizo para "parar" los incidentes que se originaron durante la celebración de botellones ilegales. "No tenemos que parar a nadie porque no hemos puesto en movimiento a nadie. Lo que les decimos es que cuando quieran hablamos del modelo policial y de las prácticas de la Ertzaintza, cuando quieran", ha señalado.

LARRION

El líder de EH Bildu se ha referido también a la investigación judicial a la que se encuentra sometida la exportavoz de EH Bildu en Vitoria Miren Larrion, para insistir en que "es absolutamente un asunto personal".

"Está incursa en una investigación judicial y penal en la que no tenemos nada que decir. Está afectada su vida personal no su vida como militante de EH Bildu", ha dicho.

Otegi ha recordado que la coalición soberanista "la hizo dimitir porque presuntamente ha cometido delitos tipificados en el Código Penal". "No tenemos nada que decir ahí. Tendríamos algo que decir si en la comisión de esos delitos estaría implicado dinero público, pero no hablamos de nada de eso", ha indicado.

Para Otegi, el asunto de Larrion es "personal en la medida en que ese presunto delito no está ligado a su actividad pública". Tras la dimisión deberá dirimir responsabilidades penales. Distinguiría los dos planes. Distinto sería si abre una cuenta con el dinero de EH Bildu que sí afectaría a la actividad política. La víctima es la compañera", ha explicado.

Según ha precisado, con la exportavoz de EH Bildu en Vitoria se ha comunicado a través de un whatsApp "pero no ha habido conversación porque me parece un tema lo suficientemente delicado como para no urgar en la herida".

"Cuando uno aduce problemas personales tampoco me corresponde a mí hacer muchas preguntas. Ella ha dicho que lo va a aclarar en el procedimiento penal y veremos lo que ocurre", ha añadido. Además, ha asegurado que EH Bidu tiene "cero casos de corrupción", algo que "otros no pueden decir".

Cataluña ha registrado hasta este domingo 574.697 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --532.258 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.068 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.015, que son 15 más que los registrados el sábado: 13.272 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.141 en domicilio y 2.052 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.482, que son 56 más que en el último recuento.

Un total de 425 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, seis menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se mantiene en 0,92 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 4,51%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 199,13 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el sábado alcanzaba un nivel de 185, y 24 horas después desciende a 180 puntos.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 33.401 personas que han dado positivo, de las que 8.733 han muerto y 22 se encuentran actualmente ingresadas.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 645.082 personas desde que empezó la campaña de vacunación --244.231 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 3.477 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 474.222 son de la provincia de Barcelona, 57.857 de Girona, 43.725 de Lleida y 68.389 de Tarragona; y 57.724 del total son personas usuarias de residencias catalanas.

El balance del Ministerio del Interior desde que se decretó el primer estado de alarma por el Covid-19 hace un año incluye la imposición por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más de un millón de multas, así como otras actuaciones que van desde los 154.000 auxilios humanitarios a la interceptación de 67 incidencias en operadores críticos o el plan de seguridad para garantizar la cadena de suministro de la vacuna contra el coronavirus.

Los datos constan en un informe de balance del Ministerio del Interior, que recopila otras actuaciones como los casi 30.000 contactos en residencias y asociaciones de personas mayores, 336.000 de protección a víctimas de violencia de género o 20.500 en contacto con los centros médicos.

El Gobierno optó con el primer estado de alarma en marzo por dar cuenta del detalle de este despliegue a través de comparecencias diarias desde el Palacio de la Moncloa de los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía y la Guardia Civil, así como representantes de las Fuerzas Armadas y de técnicos del Ministerio de Sanidad.

BALANCE DE MULTAS TRAMITADAS

Uno de los datos diarios facilitados a la prensa era la imposición de multas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', así como los detenidos por incumplir las restricciones de movilidad.

El balance final deja 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma --desde el 14 de marzo al 21 de junio-- y 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma --del 26 de octubre hasta ahora, ya que sigue en vigor--. Asimismo, en el primero de los estados de alarma se llevaron a cabo 9.173 detenciones, por 2.952 en el segundo.

El elevado número de multas fueron objeto de debate en comparecencias parlamentarias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defendió la necesidad de utilizar la 'ley mordaza', una norma que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos prometió derogar en el pacto de investidura firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

A esto hay que añadir que el Ejecutivo no ha ofrecido datos actualizados de cuántas de esas multas impuestas finalmente se han tramitado, en un proceso que depende de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Uno de los datos oficiales se obtuvo por una respuesta parlamentaria por escrito de octubre de 2020: se habían finalizado 7.408 expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado por parte del sancionado. Es decir, no llegaba ni al 1% del millón de multas tramitadas.

INFORME DEL 8M Y CESE DEL CORONEL

Con el primer estado de alarma hace ahora un año, el Ministerio del Interior se convirtió en autoridad competente delegada, coordinando la actuación de Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y policías locales, a las que se encomendó que vigilaran por el cumplimiento de las restricciones de movilidad en un confinamiento estricto para toda la población, salvo en casos de trabajadores esenciales o con justificación por razones médicas y otras necesidades.

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska asumió mucha visibilidad por las ruedas de prensa diarias de los mandos uniformados, lo que acarreó algunas críticas internas por el formato y la sobreexposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se acrecentaron por el cese de algunos responsables policiales.

El caso más sonado fue el del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, apartado de la Comandancia de Madrid cuando una unidad a su cargo investigaba la manifestación del 8M y su posible impacto en el inicio del contagio de coronavirus. Grande-Marlaska lo relacionó con una pérdida de confianza, pero fue criticado por pedir información relativa a diligencias de unos agentes que dependían de una juez de Madrid que, finalmente, archivó la causa.

REDES SOCIALES Y JEFE DE RIESGOS LABORALES CESADO

Otro caso que acarreó críticas de partidos de la oposición estuvo relacionado con el general José Manuel Santiago Marín --luego ascendido a la Jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil--, cuando en abril realizó unas declaraciones desde Moncloa, luego matizadas, en las que aseguró que la Guardia Civil trabajaba monitorizando redes sociales para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno" durante el estado de alarma.

Tanto el general como el Ministerio del Interior explicaron que se referían a "instituciones del Estado" y sin que afectara a la "crítica política o de ciudadanos amparados en sus derechos de libertad de expresión o de información".

En el caso de la Policía Nacional también hubo críticas internas por el relevo del jefe de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, quien el 24 de enero de 2020, dos meses antes del primer estado de alarma, había pedido en un documento interno mascarillas y guantes para los agentes que estaban a cargo de los controles de pasajeros en aeropuertos, debido a las informaciones relativas al Covid-19 en China y otros países.

Meses después, este exjefe de Prevención de Riesgos Laborales aseguró que la número dos del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, le explicó en una reunión el 27 de febrero que era mejor prescindir de las mascarillas para no alertar a la población. "Sanidad siempre decía que no quería alarma social", dijo en varias entrevistas en medios de comunicación.

Interior constituyó el Centro de Coordinación Operativa y ha tenido especial atención en la vigilancia de la ciberseguridad o, desde finales de 2020, para centralizar las diferentes órdenes de servicio tanto a Policía como Guardia Civil para garantizar la "cadena logística del proceso de vacunación", con instrucciones a Jefaturas y Zonas y en colaboración con Ertzaintza y Mossos d'Esquadra para la protección de los envíos que han tenido entrada por País Vasco y Cataluña.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este domingo que "aquellas comarcas, ciudades o provincias" que no tengan la incidencia que marcarán los expertos "no podrán ampliar su movilidad".

Así se ha pronunciado este domingo el presidente en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha abogado por "una cirugía de precisión" y ha apuntado por "dar espacio al ámbito personal, social y económico".

Sin embargo, ha rechazado "una desescalada loca o desenfrenada" y ha asegurado que "aquellas comarcas, ciudades o provincias" que no tengan la incidencia "que marcarán los expertos, no podrán ampliar su movilidad".

LA INCIDENCIA ESTÁ EN FASE MESETA

Moreno ha valorado que "ya se ha doblegado la tercera ola", que ha sido "la más explosiva en cuanto a contagios y la más dramática en cuanto a fallecidos". La incidencia se encuentra "en un parón y en fase meseta", ha indicado Moreno, por lo que ha apostado por "encontrar nuevas fórmulas para proteger las actividades económicas y la movilidad, pero siempre con el gran objetivo de proteger la salud".

El presidente ha subrayado "dos preocupaciones". Por un lado, se ha mostrado preocupado por las vacunas, "no llegan las cantidades que necesitamos y nos queda mucho por hacer".

"La segunda preocupación son las variantes, la británica es la dominante y esta semana hemos conocido que está presente la sudafricana", ha señalado Moreno, a la vez que ha remarcado que "pueden ser mucho más contagiosas".

El PSOE quiere que el Gobierno refuerce la relación con China, país con el que reconoce que hay diferencias en lo que se refiere a "valores fundamentales", pero al que considera clave en materia comercial y también en el marco de la apuesta por un multilateralismo reforzado que se hace desde Moncloa.

Por ello, los socialistas han presentado una proposición no de ley en este sentido en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. En ella, sostienen que "China es un socio fundamental para España, y aunque hay grandes diferencias en nuestros sistemas políticos y valores fundamentales, las relaciones bilaterales han sido sólidas durante años".

Para ello, ponen como ejemplo el hecho de que en los dos últimos años el presidente chino, Xi Jinping, hizo una visita de Estado en noviembre de 2018, hubo consultas políticas a nivel de secretarios de Estado de Asuntos Exteriores en abril de 2019, y posteriormente el entonces titular de Exteriores, Josep Borrell, viajó a China para participar en II Foro BRI ese mismo año.

Ya con Arancha González Laya al frente de la cartera, esta ha mantenido varios contactos durante la pandemia con su homólogo chino, Wang Yi, y el pasado septiembre visitó Madrid Yang Jiechi, responsable de Exteriores dentro del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh). También la secretaria de Estado de Exteriores, Cristina Gallach, habló con su homólogo chino, Qin Gang, en noviembre.

En opinión del PSOE, "todo lo anterior prueba la importancia que el Gobierno de España ha concedidos a la relación bilateral con China". Además, en su proposición no de ley, recuerdan que durante la visita de Xi se firmó una declaración conjunta en la que se apostaba precisamente por el fortalecimiento de las relaciones.

Por ello, quieren que desde el Congreso se inste al Gobierno a que potencie la implementación de dicha declaración conjunta "con el objetivo de fortalecer las relaciones en ámbitos de cooperación tradicional como la ingeniería energética o el sector del automóvil,así como de otros sectores de interés para el futuro como el financiero, la alimentación, el turismo, el comercio electrónico y los deportes".

MÁS FACILIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CHINA

Asimismo, apuestan por que se refuerce la "cooperación comercial con el objetivo de que China dé mayores facilidades a nuestras empresas para el acceso al mercado chino, incluyendo mejoras en las condiciones de competencia justa y desarrollo sostenible".

El PSOE recuerda en este ámbito "las tensiones" comerciales de los últimos años por las disputas entre Estados Unidos y China y que, a su juicio, demuestran la necesidad de "seguir impulsando la mejora de la cooperación comercial".

Por último, los socialistas resaltan que una de las prioridades de la nueva Estrategia de Acción Exterior Española --que se encuentra a falta de ratificación en el Consejo de Ministros-- es la consecución de un multilateralismo reformado y reforzado.

Para lograrlo, sostiene el PSOE, "China es un actor importante que puede aportar mucho en ámbitos fundamentales como la cooperación climática, así como los retos demográficos o migratorios".

Así pues, piden al Gobierno que refuerce "las acciones en defensa del multilateralismo identificando aquellos ámbitos donde haya espacio para la cooperación y el diálogo como la cooperación climática, las operaciones de mantenimiento de la paz, los Derechos Humanos o los acuerdos de no proliferación".

El porcentaje de mujeres que aspiran a acceder a las Fuerzas Armadas en España ha subido del 11 por ciento al 17 por ciento en los últimos cuatro años, según datos del Ministerio de Defensa.

Pese a este aumento de interés entre las mujeres por la carrera militar, la presencia femenina en los Ejércitos y la Armada es aún del 12,8 por ciento, una cifra que ha tenido pocas variaciones desde hace más de una década.

Por ello, Defensa cuenta con un plan orientado a potenciar la visibilización del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas con el que pretende aumentar su reclutamiento y convertirse en una oferta laboral y de futuro atractiva para las jóvenes.

El Ejército español abrió sus puertas a las mujeres en el año 1988, aunque solo para algunos cuerpos y escalas y no sería hasta 1999 cuando se regulase el principio de igualdad "con todas sus consecuencias".

Más de tres décadas después, las mujeres representan el 12,8 por ciento del total de militares en España. De un total de 121.366 efectivos a 1 de enero de este año, 15.584 eran mujeres, según datos del Observatorio para la Igualdad del Ministerio de Defensa.

La ministra de Defensa subraya habitualmente los hitos en igualdad entre hombres y mujeres con los que cuentan las Fuerzas Armadas en España y destaca la importancia de la presencia de mujeres en el Ejército para algunos cometidos, sobre todo en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Por ello, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar trabaja con un plan, encaminado a reforzar el reclutamiento de mujeres para incrementar su presencia en todas las escalas, así como en los puestos de mayor responsabilidad.

Actualmente, son las pioneras en las Fuerzas Armadas las que van alcanzando puestos de mayor responsabilidad y accediendo a los más altos empleos. El pasado año Patricia Ortega fue la primera mujer en alcanzar el empleo de general y este año han sido otras cuatro mujeres las que han completado el curso para ascender al escalafón más alto de la carrera militar.

El plan del Ministerio de Defensa subraya la plena integración "legal y real" de la mujer en las Fuerzas Armadas y señala a España como un país destacado entre sus socios de la OTAN, entre los que la presencia de mujeres es menor.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS O FERIAS DE EMPLEO

En cualquier caso, para seguir avanzando en este camino, contempla una serie de líneas de actuación como son la realización de campañas publicitarias específicas en medios escritos y digitales, orientadas a poner en valor la contribución de la mujer a las Fuerzas Armadas o promover la participación de las alumnas de las escuelas militares en las ferias educativas y de empleo.

Otra manera de acercarse a las jóvenes es a través del concurso 'Carta a un militar español' que anualmente organiza el Ministerio en institutos de toda España. Y prevé aumentar la presencia de personal femenino en el Centro de Contacto de Reclutamiento, que se ocupa de informar de las diferentes modalidades de ingreso.

Defensa quiere además visibilizar la presencia de mujeres en los Ejércitos a través de su presencia en el material informativo (calendarios, folletos y fichas sobre la profesiónmilitar) o impulsando su participación en jornadas sobre cultura de defensa.

En los últimos cuatro años, el porcentaje de mujeres que han solicitado participar en los procesos selectivos ha pasado de ser el 11 por ciento del número total de aspirantes al 17 por ciento, mientras que el número final de mujeres ingresadas ha aumentado un 22 por cientos en términos relativos.

Este domingo 14 de marzo, después de un año de inactividad por la crisis del Covid-19, el mundo de la cultura, espectáculos y eventos vuelve a las calles de diversas ciudades, entre ellas Sevilla y Córdoba, para recordar a las distintas administraciones la situación de "total abandono" en la que se encuentran y exigir medidas "urgentes y reales" que aseguren el desarrollo "digno" de su actividad.

Así, la asociación Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo (MUTE), junto a diversas asociaciones como Acople o AUPA, ha convocado estas manifestaciones para "reclamar todos los derechos arrebatados" al sector bajo lemas como '#1AñoDeCondena', '#ElGobiernoNoNosVe' o '#CulturaSegura'.

En el caso de Sevilla, la movilización partirá a las 12,00 horas desde Alameda de Hércules y finalizará su recorrido a las 14,00 en Plaza Nueva con la lectura del manifiesto, mientras que en Córdoba, la protesta partirá a las 12,30 horas desde la Plaza de las Tendillas y finalizará su recorrido a las 13,30 en la Plaza de la Corredera, donde también se hará lectura del manifiesto.

Los organizadores señalan que mientras el resto de los sectores van recuperando poco a poco su actividad, la Cultura denuncia la "inacción y falta" de iniciativas para retomar la suya, asícomo las "insuficientes" ayudas a las empresas, autónomos y trabajadores de los distintos colectivos que la componen.

Apuntan en un comunicado que desde la Unión Europea se han destinado importantes cantidades económicas para la recuperación de todos los sectores afectados por la pandemia, pero, a día de hoy, "no existe un plan de rescate para nuestro sector que contemple resarcir las ingentes pérdidas después de más de un año de inactividad".

Desde el sector señalan que "siguen vigentes" las reivindicaciones que destacan la importancia de que se reconozca la cultura, espectáculos y eventos como actividad esencial, la liberación de partidas presupuestarias para ayudar de manera urgente a las familias más vulnerables, ayudas directas a las empresas y autónomos delsector y la reactivación inmediata de la agenda cultural teniendo en cuenta los protocolos de seguridad inherentes a la situación de pandemia.

"No se admite que un año más, la cancelación generalizada de eventos y festejos populares sea la solución y se recuerda que existen alternativas para realizar ciertas actividades en unas condiciones que garanticen la seguridad de todos, por lo que se exige a las administraciones competentes que escuchen las propuestas de los diferentes colectivos y evitar las cancelaciones totales de actividad en los próximos meses", aseguran.

INVITAN AL PÚBLICO A PARTICIPAR EN ESTA MOVILIZACIÓN

Además, invitan al público a participar en esta movilización, "una parte sin la cual los eventos, espectáculos y la cultura, no tendrían sentido", y afirman que "siendo conscientes de los riesgos inherentes a grandes concentraciones de gente, se ha demostrado que con los protocolos pertinentes, se han podido realizar eventos y espectáculos totalmente seguros.

"El público, necesita por su salud, recuperar momentos y emociones que han desaparecido de su vida durante un año, y compartir un evento cultural se convierte en una auténtica vacuna de vida", concluyen los organizadores.

La Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley, formada en Cantabria por los sindicatos USO, TÚ y ASIJ, ha convocado una nueva manifestación este domingo en protesta por la alta temporalidad en el sector público. En Santander, consistirá en una caravana de coches que tendrá como punto de partida y llegada El Sardinero.

Está previsto que comience a las 10.15 horas en los Campos de Sport del Sardinero y, posteriormente, discurra por el centro de la ciudad de Santander hasta la glorieta de Valdecilla para después regresar al punto de partida, que se estima sea sobre las 12.30 horas.

Al comienzo de la manifestación se leerá un manifiesto donde se denunciará la situación por la que atraviesa un importante colectivo de trabajadores del sector público, según USO.

Además, el sindicato ha señalado que Cantabria se sitúa en los "puestos de cabeza" dentro del Estado en cuanto a la temporalidad en su sector público, con una tasa de interinos que roza el 30%.

La manifestación de hoy es la tercera que se produce en Cantabria y que protagoniza la plataforma en defensa de la estabilidad en el empleo de las Administraciones Públicas.

Un total de 30 caravanas de coches están convocadas a la misma hora en las principales ciudades españolas. Los sindicatos presentes en la plataforma reivindican que el Gobierno de España cumpla con la normativa europea contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas.

USO ha apuntado que la UE "amenaza" a España con paralizar los fondos europeos si mantiene el "incumplimiento" de la normativa comunitaria y no termina con la alta temporalidad.

La plataforma exige una reunión de urgencia con el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para ofrecer, según señala, "las únicas soluciones acordes a la normativa europea".

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha puesto en marcha, un año más, una nueva campaña de ciencia ciudadana destinada a la recogida y caracterización de residuos. La iniciativa se organiza en torno al Día Internacional de los Ríos, que se celebra este domingo, 14 de marzo.

'1m2 por los ríos, embalses y pantanos' reúne a voluntarios dispuestos a liberar de basuraleza a 27 entornos fluviales de Aragón, que forman parte de los 338 puntos de caracterización de toda España.

Este domingo día 14, se realizará la actividad en el entorno del río Alfambra, en la zona del Molino de Jorcas, en Teruel; el 19 de marzo, en la ribera del Río Martín, en Teruel.

En la provincia de Zaragoza, el 16 de marzo será el turno de el río Huecha; el día 20, en la ribera derecha del Ebro, entre el puente de la Unión y el puente Giménez Abad, y el 21 de marzo, en el Estanque Alto, en Cariñena. En Huesca, el 20 de marzo, se recogerá la bsuraleza en el Arroyo de la Faleva.

Algunos de los organizadores que han creado los puntos donde se desarrollarán las caracterizaciones son el Ayuntamiento de Binéfar y otros colectivos como Cruz Roja Cariñena, la Asociación Medioambiental 'La Butrera' o la Asociación Cantal.

Con su colaboración, el objetivo es recoger datos y caracterizar los residuos encontrados en este tipo de enclaves para poder estudiar de dónde provienen y el impacto que tienen en la naturaleza.

Para ello, los colectivos emplearán la aplicación móvil 'eLitter', una herramienta para la ciencia ciudadana desarrollada por Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con LIBERA, que les permitirá caracterizar la basuraleza encontrada, e integrar los datos obtenidos en la base de datos del MITECO, además de sumarlos a los objetos ya caracterizados y que LIBERA recopila en el 'Barómetro de la Basuraleza'.

MÁS DE 25.000 RESIDUOS

En la pasada edición de '1m2 por los ríos, embalses y pantanos', a pesar de que muchos puntos se tuvieron que cancelar por la emergencia sanitaria, se lograron caracterizar más de 25.000 residuos, recogiendo un total de tres toneladas de basuraleza en 126 puntos fluviales de toda la geografía española, cumpliendo con las medidas sanitarias aprobadas en ese momento.

Por tipología de residuos, los objetos más encontrados fueron las piezas de plásticos de menos de 2,5 centímetros, las colillas y las toallitas húmedas.

En este sentido, este año sigue apareciendo un nuevo residuo que puede amenazar a la naturaleza: las mascarillas. La crisis sanitaria ha hecho imprescindibles estos productos en la vida diaria de los ciudadanos, por lo que LIBERA lleva desde los inicios de la pandemia recordando que, siempre que cumplan con lo establecido por las autoridades sanitarias, se utilicen mascarillas reutilizables.

De igual modo, LIBERA ha considerado importante gestionar bien el residuo una vez generado, siendo el contenedor de restos --gris-- su depósito correcto, cortando previamente las gomas para evitar enredos de animales.

"La respuesta de los miles de voluntarios que se unen en las campañas que organizamos desde el Proyecto LIBERA es el espíritu que nos mueve. Movilizar a la sociedad y hacerla consciente del grave problema de la basuraleza, formando parte de la solución con la recogida de datos, es uno de los retos de LIBERA y ver cómo se está consiguiendo es realmente emocionante", ha asegurado el coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto LIBERA, Miguel Muñoz.

"Es un orgullo para LIBERA ver cómo tantos ayuntamientos, asociaciones y colectivos están poniendo su granito de arena para acabar con la basuraleza en sus entornos más cercanos", ha afirmado la coordinadora de Ecoembes del proyecto LIBERA, Sara Güemes.

Así lo demuestran en campañas como '1m2 por los ríos, embalses y pantanos', "con la que seguimos demostrando nuestro firme compromiso para acabar con los residuos abandonados en los entornos fluviales ya que el 80 por ciento de los residuos encontrados en nuestros océanos proviene del entorno terrestre, llegando principalmente por los cauces fluviales hasta acabar en el mar", ha añadido.