El actor británico Paul Ritter, conocido por la veterana sitcom ‘Friday Night Dinner’ y por la aclamada miniserie ‘Chernobyl’, ha fallecido a los 54 años, víctima de un tumor cerebral. Con una larga experiencia en televisión, cine y teatro, entre sus trabajos más reconocidos en la gran pantalla están títulos como ‘Quantum of Solace’ o ‘Harry Potter y el misterio del príncipe’.

Según informa Deadline, el deceso del intérprete fue confirmado por su representante. «Con gran tristeza, confirmamos que Paul Ritter murió en la noche de ayer [5 de abril]. Falleció en paz, en su casa, al lado de su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah. Tenía 54 años y padecía de un tumor en el cerebro. Fue un actor lleno de talento que interpretó una gran variedad de papeles en las tablas y delante de las cámaras con una habilidad excepcional», declaró al medio estadounidense.

«Estamos profundamente consternados desde que supimos de su muerte. Era un hombre brillante, amable y lleno de talento. Era muy querido por todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerle y de trabajar con él. Siempre será parte de nuestra familia», comentaron en un comunicado Big Talk, productores de ‘Friday Night Dinner’ y Robert Popper, creador de la ficción, añadiendo que realizarán «una donación al Fondo de Impacto del Old Vic», tal y como quería el intérprete.

EXTENSA CARRERA EN CINE, TELEVISIÓN Y TEATRO

Su trabajo más conocido es el de Martin Goodman en la sitcom ‘Friday Night Dinner’, serie que protagonizó entre 2011 y 2020, apareciendo en sus seis temporadas y 37 episodios. No obstante, su papel más alabado a nivel internacional es el de Anatoli Diátlov, ingeniero jefe adjunto de la central nuclear de ‘Chernobyl’ en la ficción de HBO.

Entre sus primeros trabajos estuvo el participar en la icónica ficción ‘Policía de barrio’, en 1992. En 2007, participó en series como ‘Caso cerrado’, ‘Instinct’ o ‘City Lights’. Destacó su ciclo de obras de Shakespeare de la BBC, participando en ‘Enrique IV: Parte II’. Entre sus trabajos para la pequeña pantalla, destacan ‘Grandes esperanzas’, ‘Vera’, ‘El círculo Bletchley’, ‘Historias probables de Neil Gaiman’, ‘No Offence’, ‘Cold Feet’ y ‘Belgravia’.

Fue nominado al Premio Olivier, el más prestigioso del teatro británico, en 2006 por su papel de Otis Gardiner en ‘Coram Boy’, obra de Helen Edmundson. Tres años después, optó al Tony por su papel en ‘Las conquistas de Norman’, de Alan Ayckbourn. En 2013, se metió en la piel de John Major, el exprimer ministro británico, en la obra ‘The Audience’ de Peter Morgan, inspiración de la aplaudida ‘The Crown’ de Netflix.

En cine, destacó en películas como ‘The Libertine’, ‘Hannibal, el origen del mal’, ‘Nowhere Boy’, ‘La legión del águila’, ‘Suite francesa’ y ‘The Lifehouse Golem’,

Los familiares de la mujer que murió en verano de 2019 presuntamente apuñalada por su cuñada, en el domicilio en el que ambas convivían en Torrelavega, han coincidido en la actitud «constantemente provocadora y desafiante» de la acusada hacía la víctima, a la que había amenazado de muerte con un cuchillo -extremo que ha corroborado también una amiga-.

Así lo han relatado este martes durante su declaración en el juicio, en la que también han testificado vecinos de la vivienda donde sucedieron los hechos, a primera hora de la mañana del 26 de julio, y que oyeron gritar a la agredida «¡ay, ay, que me matan!» y, a continuación, decir a la procesada: «Tranquila, ya está. Ya pasó». Entre la petición de auxilio y esta segunda frase pasaron «un par de minutos».

Los allegados han prestado declaración en la segunda sesión de la vista, que se celebra esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con jurado popular, en la que han indicado que la fallecida era «supertranquila» y «calmada» y que tenía «mucho miedo» a la implicada, hasta el punto de que puso un pestillo en la puerta de su habitación, en cuyo interior «hacía su vida». Y también llegó a comprar un spray de defensa.

El plenario arrancó con el interrogatorio de la acusada en el que reconoció parcialmente los hechos y se mostró conforme con la pena de catorce años y nueve meses de prisión que solicita la fiscal por asesinato con la eximente incompleta de responsabilidad. En concreto, admitió haberle asestado cuatro de los más de veinte navajazos que presentaba el cuerpo, porque «un científico me programó para que lo hiciera», según justificó la sospechosa, que está ingresada en Psiquiatría de Valdecilla.

En esta segunda jornada del juicio también estaba citado el hermano de la fallecida y pareja de la acusada, pero no ha comparecido por informes médicos que así lo desaconsejaban debido a su estado de salud. En su lugar, y a petición del ministerio público, se ha leído la declaración que prestó en octubre de 2011 ante el juez instructor.

Entonces, el hombre refirió acusaciones de su compañera sentimental hacia su hermana, que «no se enfrentaba» a ella, y hacia la familia, porque creía que la iban a «deportar» a su país -República Dominicana- o incluso a «matarla» si le internaban a él a una residencia.

Quienes sí han comparecido ante el tribunal han sido los hijos del hombre y sobrinos de la víctima, que han corroborado que cuando tuvo lugar el crimen la pareja llevaba más de una década conviviendo en tanto que la fallecida se había ido a vivir con ellos hacía unos seis años.

CONTINUOS ENFRENTAMIENTOS

Han destacado que la relación entre ambas era de «continuos enfrentamientos» que «provocaba» la procesada, pues su tía «en ningún momento buscaba conflictos», situación que había empeorado a raíz del ictus que sufrió su padre en 2018, cuando todos se volcaron en su cuidado.

En este sentido, la hija ha indicado que desde entonces la acusada «siempre» acompañaba al hombre a las consultas médicas, excepto el día en que sucedieron los hechos, pues la tarde anterior le comunicó que no iría pero sin darle «ninguna explicación».

Así, a primera hora de la mañana la chica pasó a recoger a su padre para ir al hospital y le «sorprendió» que la sospechosa estuviese ya despierta y vestida con ropa de calle. Mientras estaban en Valdecilla recibió una llamada suya preguntando cuándo iban a volver a casa y como la notó «muy nerviosa», llamó a su tía, pero contestó la acusada.

Al principio explicó que había respondido al teléfono porque la víctima estaba «enfadada» con ella, y después le dijo que «se había ido». En consecuencia, empezó a tener una «mala sensación» y a sospechar que había pasado algo a su tía, por lo que avisó a su hermano y a su novio para que se acercaran a la vivienda.

Este último fue el primero en llegar y, al llamar al timbre, la acusada abrió, pero solo una «rendija» de la puerta. Preguntó por la víctima y le dijo que se acaba de ir, y le pidió a continuación que le dejara entrar, ante lo que se puso «nerviosa» y cerró de un «portazo».

Después vino el hermano y volvieron a llamar los dos, pero «no dio señales de vida» ni tampoco «hablaba». Tan solo la escucharon, junto a un peluquero que tiene su negocio al lado del portal y que subió al piso con ellos, «detrás de la puerta, como si tropezara» con algo, por lo que llamaron a la Policía.

TODO ORDENADO EN EL PISO Y EL COLCHÓN QUEMADO Y CON SANGRE

Tras descubrirse lo que había pasado, entraron a la vivienda estos dos testigos, que han coincidido en que estaba «todo ordenado», salvo el colchón donde murió la mujer, que vieron «lleno de sangre» y «quemado», al igual que otra habitación que ardió «entera». Y además, había «una maleta hecha».

Por su parte, padre e hija se enteraron de lo sucedido cuando regresaban en ambulancia de la consulta médica de Valdecilla, y el hombre fue trasladado al Hospital de Sierrallana, donde permaneció ingresado «atacado de pánico» y con «terror absoluto» a que la acusada le hiciera algo a él.

Sus hijos han testificado también que la tarde anterior al crimen estuvieron en la vivienda para abordar la necesidad de internarle en una residencia, y han señalado que durante la conversación la acusada se negó a abandonar la habitación y tuvieron la sensación de que su presencia estaba «coartando» a su padre y no se expresaba «libremente».

Así, aunque verbalmente manifestaba su rechazo a ese traslado, «asentía con la cabeza» cuando «quitaba la mirada» la procesada, que también «se reía con aire chulesco» al lograr que progenitor e hijos no pudieran hablar en privado ese asunto, debido a su actitud «controladora». De hecho, las «pocas» ocasiones que estaban a solas con él eran cuando se presentaban en casa sin avisar, han apuntado.

Han añadido al respecto que la procesada era «superdesconfiada» y que se encarga «exclusivamente» de gestionar sus asuntos -como unas ayudas que había solicitando indicando que vivía con «dos amigos» en vez de con su pareja y su cuñada, por si no se la concedían por los «bienes» que tenía él-.

Y también que su padre la había dado de alta en la Seguridad Social como empleada suya del hogar para conseguir la nacionalidad española, pese a que «no desempeñó» tareas domésticas ni se encargó tampoco de la atención y cuidado del hombre.

AMENAZA CON CUCHILLO Y SPRAY DE DEFENSA

De su tía, han apuntado que tenía una minusvalía y estaba «debilucha». En la vista también ha declarado una amiga suya, a la que manifestó los «roces» con la acusada y que estaba «disgustada» porque estaba «obsesionada» con ella y la tenía «manía», mientras que ella no quería «discutir» porque «evitaba siempre los conflictos».

En este punto, ha indicado que la había amenazado con un cuchillo y con matar a su hija primero y a ella después, tras lo cual «compró un spray de pimienta por si acaso». «Lo tienes en el bolso y si hay una reacción rara, lo usas», le recomendó a la víctima su amiga. «Nunca pensé que iban a ser las cosas…», ha expresado para finalizar su declaración.

El juicio continuará el miércoles con el resto de la prueba testifical, el jueves con la pericial, conclusiones e informes, y concluirá el viernes con el veredicto del jurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará a cabo esta semana una mini gira por Angola y Senegal con la que busca escenificar su apuesta por una asociación estratégica con África con vistas a una mayor inversión y presencia de las empresas españolas en el continente y en la que precisamente viajará acompañado por una importante delegación empresarial.

El viaje tiene lugar apenas una semana después de que el propio Sánchez presentara Foco África 2023, el plan de acción con el que el Gobierno desea dar «un paso más» y hacer de esta década «la década de España en África», en palabras del propio presidente.

Tanto Angola como Senegal son dos países «prioritarios» para el Gobierno desde el punto de vista económico y también político y social, por sus perspectivas de crecimiento y su influencia estratégica en el continente africano, según han explicado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno defendió durante la presentación del Foco África 2023 que la presencia empresarial y la inversión española es aún una «asignatura pendiente» pese a que «la estabilidad y prosperidad de África será la estabilidad y prosperidad de España.

Para remediarlo, Sánchez viajará acompañado por una importante delegación de empresarios de Elecnor, AEE Power, Airbus, TSK, Riu, Globaltec Desarrollos e Ingeniería, Redondo y García, Impulso, Grupo Agem Ingeniería y Proyectos, así como la Cámara de Comercio y la CEOE, confiriendo así a la visita a los dos países un marcado carácter económico.

PRIMERA PARADA, ANGOLA

La primera etapa de la gira será Angola, donde el presidente llegará el miércoles si bien la agenda oficial arrancará el jueves con una visita a la subestación eléctrica de Elecnor en Luanda, donde se están desarrollando «proyectos de importantísimo calado en el desarrollo del país», según fuentes gubernamentales.

A continuación, Sánchez visitará el Colegio Salesiano Don Bosco, impulsado por un misionero español, que se dedica a la alfabetización, formación profesional y formación de menores en situación de riesgo. Además, su método educativo ha sido usado por las autoridades angoleñas para configurar su propio plan de alfabetización.

Posteriormente tendrá lugar la reunión entre Sánchez y el presidente angoleño, Joao Lourenço, tras lo cual ambos firmará los acuerdos y memorandos que se están negociando, y realizarán una declaración institucional. España y Angola están trabajando para cerrar un acuerdo de transporte aéreo, así como tres memorandos sobre pesca, agricultura e industria, según las fuentes consultadas.

La visita a Angola se cerrará con un encuentro empresarial, en el que participarán los dos presidentes, y que pretende impulsar la entrada de empresas españolas en la economía angoleña, aprovechando el programa de diversificación económica que ha puesto en marcha el Gobierno de este país africano para reducir su dependencia del petróleo.

Además del plano económico, el Gobierno considera a Angola un actor muy constructivo para la estabilización de los conflictos y tensiones del continente, por lo que espera poder estrechar los lazos de cooperación para reforzar la seguridad marítima, especialmente en el golfo de Guinea. Según Moncloa, este país ha ganado peso y credibilidad en el ámbito regional y goza del respeto de países de su entorno y de una creciente capacidad de influencia.

Por ello, Sánchez ha querido situar a Angola como uno de los países prioritarios dentro del programa Foco África 2023, y ponerlo de manifiesto con esta visita oficial, la primera de un presidente del Gobierno de España desde la que realizó en 1992 Felipe González. Si bien Mariano Rajoy tenía programado un viaje en 2018, tuvo que cancelarlo 48 horas antes por la detención en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont.

ECONOMÍA E INMIGRACIÓN EN SENEGAL

La segunda etapa del viaje será Senegal y arrancará el viernes con un encuentro empresarial, en el que intervendrá Sánchez. Posteriormente, el presidente visitará en el puerto de Dakar al contingente de la Guardia Civil y la Policía que trabaja junto a Senegal en la lucha contra la inmigración ilegal; contingente compuesto por medio centenar de agentes, dos patrulleras y un helicóptero.

Allí, Sánchez dirigirá unas breves palabras a los agentes, y reafirmará su apuesta por la estrecha cooperación entre España y Senegal en la lucha contra las redes de tráfico ilegal, y por una migración ordenada, segura y regular.

A continuación se reunirá con el presidente de Senegal, Macky Sall, en el Palacio Presidencial, tras lo cual ambos ofrecerán una rueda de prensa. Está previsto que ambos mandatarios firmen una declaración conjunta para reforzar la cooperación en materia migratoria, un memorando sobre migración circular y otro para reforzar la cooperación institucional para atender a la población vulnerable.

Además, se está trabajando para cerrar dos líneas de crédito: una de 50 millones de euros para una planta de residuos sólidos urbanos, y otras de 15 millones para el desarrollo de técnicas de irrigación en el Sahel.

Ya por la tarde, después del almuerzo oficial que se ofrecerá en honor a Sánchez, el presidente visitará la nueva sede del Instituto Cervantes que abrirá sus puertas en Dakar previsiblemente en el segundo semestre de este año, y que supone, según el Gobierno, un «hito», porque será la primera en el África Subsahariana.

Por último, visitará a los militares españoles del Destacamento Marfil, presente en Senegal desde 2013 para dar apoyo a Malí en su lucha contra la insurgencia yihadista y contribuir al transporte estratégico.

APOYO AL GOBIERNO SENEGALÉS

Con esta visita a Senegal, el Gobierno de España pretende reforzar la relación ya fluida que mantiene con este país desde hace años, y trasladar su apoyo a las autoridades senegalesas ante el importante impacto que ha tenido allí la pandemia, sobre todo en términos económicos y sociales.

El país fue precisamente escenario de protestas y disturbios hace un mes por la detención del destacado opositor Ousmane Sonko, que se saldaron con cinco muertos. Respecto a esta cuestión, desde Moncloa se incide en que la situación ahora es de «estabilidad» y, por ello, no se temen complicaciones durante la visita del presidente.

Además, las fuentes argumentan que el líder opositor, que fue detenido tras ser acusado de una violación, ya ha sido puesto en libertad, y que las protestas, que también fueron una vía de escape del descontento de los jóvenes por la crisis económica y social derivada de la pandemia, han cesado. Además, recuerdan que el presidente Sall fue elegido democráticamente.

El viaje de Sánchez a Senegal y Angola se produce cuando aún está pendiente la cumbre bilateral con Marruecos. La reunión de alto nivel prevista para diciembre fue aplazada por la situación de la pandemia, según el Gobierno, sin que por el momento haya nueva fecha cerrada para su celebración.

Según Moncloa, en Senegal y Angola la incidencia del coronavirus está siendo «muy baja» mientras en Marruecos si ha sido notable. Además, explican que la cumbre marriquí exige una «amplísima delegación» compuesta por varios ministros, no como el viaje oficial a los otros dos países, por lo que se trata de «viajes de naturaleza diferente».

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «patrimonializar» las vacunas del coronavirus mientras que la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha criticado que se atribuya el «éxito de las vacunas que aún no se han puesto».

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha señalado que hasta 33 millones de españoles estarán totalmente vacunados contra el Covid-19, con la pauta completa, a finales de agosto, logrando que el 70 por ciento de la población esté inmunizada.

En concreto, Sánchez ha precisado que «en la semana del 3 de mayo habrá cinco millones de personas vacunadas con la pauta completa», mientras que «en la primera semana de junio serán 10 millones», en «la semana del 14 de junio 15 millones» y «en la semana del 19 de julio 25 millones».

El líder de los ‘populares’ ha asegurado que la vacunación es «una esperanza para todos» y están todos «deseando que lleguen» esas vacunas». Eso sí, ha dicho que el Gobierno no puede «patromonializar» esas vacunas.

«El error del Gobierno es que puso una pegatina muy grande a las vacunas diciendo que todo iba a ir muy bien. Y cuando empezó a ir mal le echó la culpa a Europa y a las autonomías. Entonces, ¿para qué sirve el Gobierno y le pagamos? Ésa es la cobardía de un mal gobernante», ha asegurado en Telecinco, antes de la rueda de prensa de Sánchez.

CASADO PIDE A SÁNCHEZ DEBATIR SOBRE LA PANDEMIA EN EL CONGRESO

Casado ha criticado que Sánchez haya «desaparecido» estos últimos meses tras dar por vencido al virus en verano y le ha reclamado que vaya al Parlamento para «hablar de la pandemia» y no seguir «ocupado con su propagadada».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de Política Social del PP, Ana Pastor, que ha criticado que Sánchez se atribuya «el éxito de las vacunas que aún no se han puesto, pero no se atribuye el compromiso incumplido de vacunar al 80% de los mayores de 80 años antes de terminar marzo».

«Moraleja: lo bueno es mío y lo que salga mal de las Comunidades Autónomas o la Unión Europea», ha señalado Pastor en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

CRÍTICAS TAMBIÉN DE AYUSO

También la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra Sánchez por el uso «bochornoso» de la vacunación que, a su juicio, se está realizando desde La Moncloa.

«Hemos conocido, como el Gobierno de La Moncloa está una y otra vez en campaña, que ahora sí que se puede vacunar de manera masiva y rápida. Es algo que llevamos reclamando desde hace muchísimos meses en España», ha señalado Ayuso ante los medios de comunicación a su llegada del Hospital La Paz.

Unidas Podemos ha reprochado al PSOE su rechazo, en el marco de la ponencia sobre la ley de protección a la infancia, a la enmienda presentada por el grupo parlamentario para incluir la prohibición de desahucios a familias con menores a cargo.

Según han explicado fuentes de la formación morada, los socialistas han trasladado su negativa a apoyar esta medida en la reunión prevista este miércoles de la Comisión de Derechos Sociales, que abordará el informe de la ponencia y las enmiendas a debatir.

Concretamente, el texto de Unidas Podemos que quiere introducir en el marco de la ley plantea que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, «priorizarán las soluciones habitacionales adecuadas ante los desahucios o los lanzamientos de las familias en el que alguno de sus miembros sea menor de edad».

El diputado y coportavoz estatal de Podemos, Rafa Mayoral, ha apelado hoy al PSOE a que reconsidere su postura respecto a esta enmienda registrada al proyecto normativo, precisamente durante una comparecencia en la que ha demandado que las prohibición de desahucios y corte de suministros para la población vulnerable se extienda más allá del estado de alarma que vence el 9 de mayo, planteando como mínimo que sea hasta final de año.

A su juicio, «no debe haber dudas» a la hora de proteger los derechos de la población vulnerable y ha apuntado que dicha enmienda introduce los requerimientos formulados por Naciones Unidas, en cuanto a la necesidad de tomar en cuenta la «vulnerabilidad y especial protección a la infancia» durante los desahucios. «Esperamos que se sumen y lo imprescindible que es lanzar el mensaje de que el Estado está con la población vulnerable», ha exhortado.

TAMBIÉN DISCREPAN SOBRE PROHIBIR QUE MENORES VAYAN A LOS TOROS

También critican que otra de las propuestas del grupo parlamentario confederal que será rechazada por el PSOE es la relativa a proteger a los menores ante la «violencia física y mental de la tauromaquia», como solicitó al Gobierno de España el Comité de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Naciones Unidas.

Sobre este punto, los socios de coalición no han solucionado sus discrepancias sobre esta enmienda, que Unidas Podemos presentó en solitario y, sin la firma del PSOE, y que pautaba la prohibición de que los menores de edad puedan acudir a los espectáculos taurinos.

Los morados recuerdan que el texto de la recomendación señala que «con el fin de prevenir los efectos perjudiciales de la tauromaquia en los niños, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de menores de 18 años como toreros o como espectadores de eventos taurinos».

Por otro lado, el grupo parlamentario celebra la aprobación de la enmienda para la prohibición del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una demanda histórica del movimiento feminista que durante décadas había reclamado a los poderes públicos la prohibición de su utilización en la justicia española.

La ley de protección a la infancia era una de las normativas que había fijado como prioritarias por parte del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, que quería dejar encarrilada antes de su salida del Ejecutivo para ser candidato a la Comunidad de Madrid en los próximos comicios del 4 de mayo. No obstante, tuvo que renunciar a sus cargos ejecutivos antes de encauzar este proyecto normativo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en la definición de una Estrategia para la protección de la costa en Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio climático, un documento que pretende convertirse en una herramienta de diagnóstico y planificación para identificar las medidas de protección del litoral más adecuadas en las provincias en los próximos años.

El desarrollo de esta estrategia, que se inició en 2019 y se encuentra en fase final, está coordinado por la Dirección General de la Costa y el Mar, y financiado por el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Unión Europea (DG Reform), según detalla en una nota de prensa el Ministerio.

Su finalidad es aplicar un enfoque integrado, teniendo en cuenta aquellos factores físicos, ambientales e institucionales interrelacionados con la evolución del litoral, el riesgo de inundación, las ocupaciones de dominio público, los problemas de erosión y los efectos del cambio climático. La estrategia incluye, además, alternativas viables que aborden todas las fases del ciclo de la gestión de riesgo (incluidas la prevención, la preparación y la recuperación) y su correspondiente plan de implementación.

En una reunión celebrada este martes con representantes de la DG Reform de la Unión Europea, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, de ONG y demás actores con intereses en el litoral (en total, más de 100 personas), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha presentado su propuesta de medidas y priorización de estas en función de su nivel de riesgo, así como recomendaciones de ámbito regional, unas medidas que defiende como «coherentes con la legislación vigente en materia de costas, la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española y la Directiva de Inundaciones (Directiva 2007/60/EC)».

De acuerdo con el plan de trabajo establecido, el siguiente paso consistirá en un segundo procedimiento de consultas web, cuyo objetivo es presentar el trabajo realizado durante la fase de diagnóstico y de propuesta de medidas para recabar y resolver las alegaciones que puedan presentarse previamente a completar la redacción de las Estrategias.

La elaboración de la estrategia está siendo ejecutada por un consorcio europeo liderado por la Coastal & Marine Union (EUCC) junto con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), la Universidad de Cádiz (UCA) y la red MedCities, trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio.

Este proyecto continúa el trabajo iniciado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar con la redacción de las Estrategias del Maresme en Barcelona, Sur de Castellón, Sur de Valencia, Granada y Huelva. Igualmente se está concluyendo el Plan de Protección del Litoral del Mar Menor y el del Delta del Ebro, así como la Estrategia para la Protección de la Costa de Baleares.

PLAN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA COSTA

El Ministerio está igualmente trabajando en al Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa, también financiado por el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, un documento que recogerá sus líneas establecidas para la gestión de la costa.

«El plan deberá servir como base para la elaboración de los instrumentos de planificación de las actuaciones en el litoral, así como para establecer los principios, directrices, criterios y metodologías para la gestión de la protección de la costa, los objetivos a escala nacional y ayudar a definir los objetivos a escala regional, todo ello considerando los efectos del cambio climático», ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Además, el Gobierno defiende que disponer de las estrategias para la protección de la Costa posibilitará que las inversiones se lleven a cabo en base a una planificación previa, mejorando su efectividad y la eficacia de la inversión.

El líder de Podemos y candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a quienes no les votan que reflexionen sobre algunos acontecimientos que están pasando en los últimos días para concluir que en las elecciones del 4 de mayo los ciudadanos «no se juegan quien gane, sino la libertad».

En un vídeo, Iglesias recuerda que todos los días pasan muchas cosas y se generan muchas noticias, especialmente en campaña, con todos los candidatos con actos electorales. «A veces tener que atender a todas las cosas que pasan hacen que no te enteres de lo que está pasando, y en estos días están pasando cosas muy fuertes. Y quiero parar y poco y comentarlas», apunta.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha aludido en primer lugar al partido de fútbol entre el Cádiz y el Valencia en el que un jugador llamó presuntamente a otro «negro de mierda». El afectado se quejó y su equipo abandonó el partido. Pero al final el partido se reanudó con el jugador atacado ausente y el atacante jugando, remarca.

«En cambio cuando en el campo del Rayo los hinchas de este equipo llamaron nazi a un jugador del Albacete famoso por sus vínculos con grupos neonazis de su país, ahí se suspendió el partido. Habrá quien diga que es lo mismo llamar nazi a quien se fotografía con símbolos supremacistas que llamar negro de mierda a un futbolista, todo muy normal», ha apuntado con sarcasmo.

Por otro lado, Iglesias ha recordado que el lunes de la semana pasada la cuenta oficial de Vox en Instagram anunciaba que si gobiernan deportarían a Sergine Mbayé, tras conocer que iría en la lista de Unidas Podemos a los comicios madrileños. »

En este caso no pueden decir que le deportan por ser extranjero. Serigne es español y trabaja llevando un restaurante. Parece que le quieren deportar por negro. Y no pasa nada. Ni sanción electoral y reproche jurídico y la mayoría de las televisiones ni lo comentan. Si lo hizo (Federico Jiménez) Losantos desde su radio financiada por la caja B del Partido Popular, que dijo que habrá que instalar una alarma en la Asamblea de Madrid porque ya se sabe que los negros roban y no pasa absolutamente nada», ha apostillado.

A continuación, el aspirante al Gobierno regional ha indicado que el pasado martes estuvo en Coslada con una asociación de vecinos objeto de ataques violentos de neonazis, cuando algunos «vinieron para hacernos el saludo fascista». «En muchas teles y periódicos se refirieron a ellos como manifestantes y, por supuesto, no fueron detenidos», ha criticado.

Por último, Pablo Iglesias se ha referido al ataque que sufrió la sede de Podemos en Cartagena esta Semana Santa con un cóctel molotov. «Me llamó personalmente el presidente del Parlamento europeo preocupado por el ataque y el auge de los grupos ultras en España. Aquí ni un solo periódico en papel colocó el ataque en portada. Os preguntáis si hubiera sido una sede del PP, a lo mejor hubiera pasado igual o quizá habría abierto las portadas de todos los periódicos, declaraciones institucionales y condenas en los parlamentos. Sabemos que la policía está investigando el ataque, pero de momento no hay detenidos. A ver si está vez hay más suerte», ha manifestado.

Tras todo ello, el líder de Podemos se ha dirigido de nuevo a los espectadores del vídeo pidiendo que reflexionen sobre lo que ocurre, aunque ellos no sean negros ni miembros de Podemos ni su persona les caiga fatal, o incluso si piensan que esto es un problema de su partido «y a ellos no les afectar».

«No te voy a pedir el voto el 4 de mayo pero dale una vuelta a lo que está pasando porque no nos jugamos qué partido gane y quién gobierna. Nos jugamos lo más importante: la libertad», concluye.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han ratificado este martes el Pacto de Gobierno rubricado entre PP y la formación naranja para esta legislatura en la Comunidad, y han asegurado que este acuerdo «está más vivo que nunca», al tiempo que han garantizado «estabilidad» y «solidez».

El encuentro entre ambos dirigentes ha tenido lugar en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ubicada en el Palacio de la Asunción y se produce después de que se haya debatido en la Comunidad una moción de censura presentada por el PSOE que finalmente no salió adelante.

La visita de Arrimadas a Valladolid estaba prevista para el lunes 15 de marzo, días antes del debate de dicha moción, no obstante se vio pospuesta por la situación que se vivió en Murcia, la convocatoria de elecciones en Madrid y la premura en la presentación de una moción de censura en Castilla y León, lo que obligó a convocar una reunión de la Ejecutiva de la formación naranja.

Tras todos estos hechos, Mañueco y Arrimadas han escenificado este martes que el pacto sigue vigente en Castilla y León. Así, el presidente de la Junta ha señalado que el resumen político del encuentro de este martes ha sido la garantía de la «estabilidad» en Castilla y León.

«Ratificamos al mas alto nivel y de manera pública compromiso firme fuerzas para mantener ese pacto de gobierno que ha dado estabilidad y protección a las personas en momentos duros», ha señalado Mañueco.

Por su parte, Inés Arrimadas ha asegurado la lealtad manifiesta entre ambos socios de gobierno. «Es un Gobierno claramente sólido, alejado de los extremos, en un momento como este una de las grandes claves es gobernar desde la centralidad», ha defendido.

Arrimadas ha insistido en la buena gestión de la Junta de Castilla y León, ha alabado su transparencia y ha destacado las políticas puestas en marcha «sin depender de extremos» y con las familias como única prioridad.

Durante este encuentro el presidente de la Junta ha defendido la «estabilidad» del Gobierno que llevará a culminar el proceso de modernización de Castilla y León que comenzó «hace 20 meses» con la coalición de PP y Ciudadanos y en el que está centrado el Ejecutivo autonómico.

Ambos dirigentes han coincidido en la importancia de exigir al Gobierno de España un reparto justo de los fondos europeos para la recuperación económica, un reparto que debería ser «objetivo, transparente y atender al reto demográfico».

Asimismo, tanto el presidente de la Junta como la líder de Ciudadanos han abogado por que el Gobierno de España apueste por una fiscalidad «inteligente y moderada», así como por que dé el impulso necesario a las infraestructuras pendientes en Castilla y León, tanto en autovías como en ferrocarril, o el Corredor Atlántico.

Por último, tanto Mañueco como Arrimadas se han mostrado confiados en la palabra dada por ambas formaciones para concluir la legislatura y han defendido que los partidos políticos son un instrumento al servicio de los ciudadanos.

«Estoy orgullosa, es un Gobierno vivo, sólido, leal y ejemplo de buena gestión», ha zanjado Arrimadas, quien ha asegurado que el pacto estará vigente mientras se sigan cumpliendo los acuerdos como ha ocurrido hasta ahora.

De este modo, Arrimadas ha señalado la «buena salud» de un pacto de gobernabilidad que ha sobrevivido a la pandemia y a una «moción de censura sin motivo», desde la «seriedad y la responsabilidad». «La gobernabilidad está garantizada en Castilla y León», ha concluido.

«Confiamos el uno en el otro, en nuestra palabra, estamos cumpliendo y quienes se benefician son las personas de Castilla y León, queremos mostrar nuestra satisfacción por esta reunión en la que se ratifica que las cosas van bien», ha aseverado Fernández Mañueco.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, considera «ridículo» que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) haya negociado con los responsables de Sputnik, la vacuna rusa contra el coronavirus, para adquirir dosis con las que inmunizar a los madrileños cuando ni siquiera ha sido autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

«No está aprobada por la EMA», así que «¿de qué estamos hablando entonces?», ha declarado Bal en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras participar en la Junta de Portavoces.

Según ha manifestado, Cs no estaba al tanto de esas negociaciones que, al parecer, comenzaron cuando aún gobernaba en coalición con el PP. «Si lo hubiéramos sabido, habríamos dicho que ese tipo de negociacions son verdaderamente ridículas», ha indicado, añadiendo que el objetivo no debe ser «ir corriendo a ver si consigo una vacuna por ponerme una medalla».

El también portavoz adjunto de la formación naranja en la Cámara Baja ha señalado que todas las comunidades autónomas deben «emplear todos sus esfuerzos en el plan de vacunación», utilizando «vacunas autorizadas por las autoridades europeas», mientras que la obligación del Gobierno central es garantizar que lleguen a España viales suficientes.

En su opinión, tanto los partidos de derechas como los de izquierdas «utilizan el sufrimiento y el miedo de la gente» en ámbitos como la salud y la economía «como un arma política arrojadiza de unos contra otros», algo que cree que no tiene «ningún sentido.

EVITAR QUE PODEMOS, MÁS MADRID Y VOX SEAN DECISIVOS

Respecto a los pactos para la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid tras los comicios del 4 de mayo, Bal ha subrayado que no va a «apoyar de ninguna manera» que Podemos y Más Madrid sean «decisivos en las políticas públicas» que se apliquen en la próxima legislatura. Asimismo, ha agregado que si Cs es una fuerza política decisiva, «como símbolo de moderación y centralidad», entonces «no será decisivo Vox».

Aunque ha asegurado que con el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, no tiene «absolutamente ningún problema», que siente «un gran aprecio por él» y que es una persona «con la que da gusto hablar», ha afirmado que el socialista «va en un pack» con Unidas Podemos y Más Madrid.

Ha cuestionado que realmente Gabilondo rechace gobernar con el aspirante de Unidas Podemos a la Presidencia autonómica, Pablo Iglesias, puesto que en dos años nunca criticó que ocupara la Vicepresidencia Segunda en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y también le ha echado en cara que no protestara cuando Sánchez contó con los votos de Esquerra Republicana de Catalunya y de EH Bildu para aprobar los Presupuestos de 2021.

«Otros socialistas sí se han quejado», pero Gabilondo «ha estado callado», ha apuntado, mostrándose convencido de que si el candidato del PSOE presidiera la Comunidad de Madrid, no dudaría en subir los impuestos en el caso de que Esquerra lo exigiera para aprobar unos futuros Presupuestos en el Congreso.

RETOMAR MEDIDAS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN CON EL PP

Cuando le han preguntado si entonces Ciudadanos solo estaría dispuesto a hacer presidenta a Díaz Ayuso tras las elecciones madrileñas, Bal ha respondido: «Lo que voy a apoyar son políticas, ideas, cosas que ya hemos puesto encima de la mesa en un gobierno de éxito durante casi dos años».

Un gobierno de coalición que, según ha destacado, rompió la dirigente ‘popular’ por su «irresponsabilidad irreflexiva» al convocar elecciones anticipadas.

Lo que querría la formación naranja, según su candidato, es aplicar medidas que «se han quedado en el cajón», como el plan de regeneración económica para la región, y ha resaltado igualmente su aportación en ámbitos como la transparencia, la ciencia y la innovación, la conciliación de la vida laboral y familiar y la lucha contra la corrupción, cuestiones de las que cree que el PP no se ha preocupado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha solicitado este martes apoyo a los demás grupos parlamentarios de la Cámara Baja para que salga adelante la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha registrado el PP. A su entender, la sentencia judicial que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos es «la gota que ha colmado el vaso de sus polémicas e irregularidades».

En una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, Gamarra ha recalcado que Marlaska «debe dimitir ya porque los españoles no merecen un ministro que vulnera la legalidad, pisotea los derechos y humilla a las víctimas del terrorismo». «Hoy debiera ser el último Consejo de Ministros de Marlaska porque no hay razones para que siga siendo miembro del Gobierno de España», ha proclamado.

Sin embargo, y después de que el ministro haya dicho que no tiene voluntad de dimitir, la dirigente del PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a cesarlo cuanto antes. A su entender, si no lo hace «será porque ha estado en todo momento cumpliendo las órdenes e indicaciones del presidente del Gobierno».

«POLÉMICAS E IRREGULARIDADES»

«Hoy debería ser el último Consejo de Ministros de Marlaska porque no hay una sola razón para que continúe un minuto más en su cargo», ha señalado Gamarra, quien ha recalcado que la sentencia judicial sobre Pérez de los Cobos es «la gota que ha colmado el vaso de sus polémicas e irregularidades».

A su entender, el ministro que «no respeta la legalidad» cuando «juró cumplir y hacer cumplir la ley», «desprecia a las victimas del terrorismo» con acercamiento de etarras y «avala la vulneración de derechos fundamentales con la patada en la puerta» no puede ser «ni un minuto más ministro del Gobierno de España».

Por eso, y tras «la reprobación de la Justicia», la portavoz parlamentaria de los ‘populares’ ha subrayado que el PP ha presentado una iniciativa parlamentaria para que el Congreso también repruebe al ministro del Interior. «La reprobación estará en manos de los diputados a través de esa proposición no de ley que ha registrado el Grupo Popular», ha resaltado.

EL PP LLEVARÁ TAMBIÉN UNA OFENSIVA EN EL SENADO

De la misma manera, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha señalado que el Grupo Popular llevará al próximo Pleno de la Cámara Alta «la conducta que el ministro Marlaska está llevando a cabo, especialmente cuando le han pillado ‘in fragati'», con una resolución que indica que «está brillando por su ausencia el cumplimiento de sus obligaciones como jurista».

«Vamos a exigir la reprobación y la dimisión del ministro Marlaska, por su intolerable comportamiento como ministro del Interior. Marlaska ha pasado de perseguir a los que incumplían laley, para perseguir a los que cumplen la ley; es la otra cara de un ministro», ha declarado en una rueda de prensa en el Senado.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que la proximidad de la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid podría «complicar» las negociaciones con el Ejecutivo central sobre las competencias pendientes de transferir a Euskadi, por lo que ha considerado que antes de que concluya la próxima semana, debería conocerse con «claridad» si es o no posible culminar esos traspasos competenciales.

Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao, ha asegurado que los Gobiernos central y vasco siguen adelante con las negociaciones para culminar el traspaso de diversas competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, pero que aún no han sido transferidas a Euskadi.

De esa forma, ha destacado que, pese a que las de los últimos días han sido jornadas festivas, ambas administraciones han mantenido una interlocución «permanente» para que las negociaciones vayan «por buen camino».

Bingen Zupiria ha explicado que el Ejecutivo vasco desea que las transferencias, entre las que se encuentra la gestión de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi, puedan ejecutarse «en el plazo más corto posible».

«TANTOS AÑOS DE ESPERA»

En todo caso, ha reconocido que tras «tantos años de espera» para transferir competencias reconocidas en el Estatuto de 1979, lo importante ahora es «hacer las cosas lo mejor posible», de forma que a la hora de ejecutar los traspasos, se tengan en cuenta todos los elementos «políticos, administrativos, técnicos y económicos» que requiere cada competencia.

Zupiria ha subrayado, asimismo, que además de la «voluntad» del Gobierno Vasco para ejecutar los traspasos «cuanto antes», por parte del Ejecutivo central existen «compromisos» asumidos «en público» respecto a las fechas en las que deben llevarse acabo tales transferencias.

«Como Gobierno, haremos todo lo posible para que, en los próximos días, estas transferencias se puedan producir lo antes posible», ha manifestado.

A su juicio, antes de que termine la próxima semana «deberíamos saber con claridad» si resulta «posible o no» cerrar el acuerdo sobre los traspasos competenciales pendientes.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha reconocido que la proximidad de la campaña para las elecciones de la comunidad de Madrid, que comenzará el 18 de abril, podría «complicar» las negociaciones con el Gobierno central respecto a las transferencias. Por ese motivo, ha subrayado que es necesario «aclarar cuánto antes» la situación, de forma que «todos sepamos qué y como está la situación».

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado este martes la necesidad de contar con un sistema integral de acogida y acompañamiento para la adecuada atención de los colectivos vulnerables, de manera que «podamos salir todos a una» de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de covid-19 y aprender lecciones de esta experiencia.

Tras la entrega del Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo andaluz a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, Maeztu ha reivindicado la construcción de un «verdadero sistema de protección» para los colectivos que necesitan de una ayuda pública, y ha puesto como ejemplo las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados, o las personas que padecen una enfermedad mental.

«Estos colectivos vulnerables necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado que les marque un itinerario hacia la inclusión», ha señalado el Defensor, según se indica en un comunicado.

Estas necesidades se han visto identificadas en el balance realizado por el Defensor del Pueblo andaluz en el Informe Anual 2020, en el que la institución ha vuelto a superar sus registros históricos. En 2020 fueron 29.823 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 12.573 quejas, de las que 8.752 fueron nuevas (8.665 a instancia de parte y 87 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 16.828 consultas, y 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etcétera). En total, fueron 35.146 personas las que requirieron en 2020 la intervención de este comisionado parlamentario.

El Defensor del Pueblo ha indicado que el diseño de un sistema de protección público es una de las lecciones que ha extraído de un año «que no debemos olvidar, para aprender de sus errores». Maeztu ha destacado la urgencia de un reforzamiento de los servicios públicos. «Si una lección nos va a dejar esta pandemia, que es una crisis sanitaria, es la necesidad de un sistema sanitario y de servicios sociales de calidad», ha señalado.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, con los beneficios que conllevaría esta reorientación de las políticas públicas en la generación de empleo y en los cuidados tanto de personas mayores como de la infancia y la adolescencia, así como en el tratamiento de la salud mental, «agravada por la Covid-19.

INSTA A HACER «MÁS HUMANOS» LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Además, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido, en el balance de un año marcado profundamente por la pandemia, a la necesidad de mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, haciéndolos «más humanos». Ha añadido que las personas se han encontrado «con el colapso o mala atención» en los servicios de información o reserva de citas, lo que «ha aumentado la desesperación de la ciudadanía y las demandas de ayudas y asesoramiento ante el Defensor del Pueblo andaluz».

«Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca», ha expuesto el Defensor, que ha sumado la brecha digital, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En definitiva, Maeztu ha señalado que todas las acciones por parte de las administraciones públicas «deben ir encaminadas hacia la igualdad real de toda la ciudadanía», ya que el impacto de la pandemia ha incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía.

«Valga este trabajo para analizar la evolución de aquellos problemas que ya teníamos diagnosticados y los nuevos retos como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en nuestra sociedad, en respuesta a las demandas que nos sigue trasladando la ciudadanía», ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.