El Congreso de los Diputados ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a inhabilitación al diputado Joan Josep Nuet, miembro del grupo de ERC, pero antes de proceder a la retirada del escaño ha pedido aclaraciones al Alto Tribunal sobre su ejecución.

Nuet, que no milita en ERC, sino en Soberanistes, un partido escindido de Catalunya En Comú que concurrió con los republicanos en 2019, fue condenado por desobediencia a ocho meses de inhabilitación y multa por haber apoyado en la Mesa del Parlamento catalán la tramitación de determinadas resoluciones independentistas que el Tribunal Constitucional había rechazado.

El Reglamento de la Cámara Baja establece que un diputado perderá su condición por una decisión judicial «firme» que anule la elección o su proclamación como tal, como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo.

La resolución judicial fue comunicada formalmente la pasada semana, como siempre a través de sus presidentes (correo oficial de Carlos Lesmes a la presidencia de la Cámara, Meritxell Batet).

Ahora bien, la defensa de Nuet puede pedir aclaraciones al propio Tribunal Supremo sobre los efectos de la sentencia, y además tiene derecho a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, paralelamente, solicitar que suspenda la ejecución de la sentencia hasta que el TC resuelva.

En ese contexto, y antes de proceder a la retirada del escaño, una medida que no tiene marcha atrás, el Congreso ha pedido confirmación sobre la firmeza de la sentencia y la ejecución de la inhabilitación, ya que no ha recibido un auto de ejecución, según confirmaron fuentes parlamentarias.

EL PRECEDENTE DE HOMS

Se sigue así el procedimiento que la Presidencia de Ana Pastor llevó a cabo en el último precedente en la Cámara, la inhabilitación del que fuera portavoz del PDeCAT, Francesc Homs, condenado por su apoyo a la consulta del 9 de noviembre de 2014.

En cuanto responda el Supremo, lo previsible es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamará a Nuet para comunicarle la pérdida del escaño y, tras informar a la Mesa y a la Secretaría General de la Cánara, se dará aviso a la Junta Electoral Central para expedir la credencial al siguiente de la lista de ERC por Barcelona, que es Gerard Álvarez.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha pedido una mecánica «más rigurosa e enriquecedora» en la elaboración de la nueva Ley del Sistema Universitario (LOSU) durante la Conferencia General de Política Universitaria.

En relación al documento de trabajo remitido por el Ministerio de Universidades para iniciar el proceso de elaboración de la nueva norma, ‘La universidad que queremos’, el conselleiro declaró que se estructura sobre una serie de asuntos alrededor de los que se proponen interrogantes a responder por los receptores del mismo, «un planteamiento que resulta anómalo y ni siquiera ofrece la información mínima que debe ponerse a disposición de los ciudadanos para el trámite de consulta pública previa».

Asimismo, conforme ha indicado la Xunta en un comunicado, el conselleiro explicó que la conferencia es un foro idóneo para abordar esta iniciativa normativa mediante debates y grupos de trabajo específicos que analicen de forma sistemática las propuestas, integren aquellas en las que exista consenso y, en definitiva, «garanticen la igualdad de los participantes y el conocimiento plural del proceso de elaboración de la nueva ley».

En este sentido, ha recordado que este fue, precisamente, el modo de actuar en los años 2018 y 2019, cuando se abordaron asuntos como la redacción del decreto de organización de enseñanzas universitarias. Asimismo, el representante autonómico ha explicado que, desde la entrega en vigor de la actual Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, «son muchos los debates, estudios y documentos elaborados» por distintas organizaciones y administraciones cuyas conclusiones «son un buen punto de partida para afrontar la nueva regulación» del sistema universitario.

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO

En lo referente al documento remitido desde el Ministerio como punto de partida para la elaboración normativa, Román Rodríguez ha señalado que el departamento estatal es el que tiene la competencia para elaborar un anteproyecto de ley, «un primer borrador sobre el que trabajar y llegar a consensos enriqueciendo la redacción final con el alegaciones concretas».

La Xunta considera que la metodología de trabajo propuesta por el Ministerio de Universidades llevaría a una demora indeseable a la hora de abordar el anteproyecto y solo conseguiría recoger «una serie de opiniones parciales» que no aportarían «nada positivo al debate, salvo dejar pasar semanas en un periodo de participación ciego».

FINANCIACIÓN ESPECÍFICA

Además, el Gobierno gallego pide un cambio de criterio sobre la «intención del Ministerio de no aportar fondos finalistas para universidades a las comunidades autónomas», que deberán obtenerlos del «reparto de fondos generales que reciban del Estado.

A este respecto, ha incidido en que es necesario que el departamento estatal asegura una «concreción específica y nominal de fondos para las universidades, que complemente el esfuerzo que todas las comunidades hacen para financiar estas instituciones académicas». «En definitiva, que garantice una financiación suficiente y no se escude en transferencias indirectas, sin claridad».

LIMITE DE PRECIOS DE MATRÍCULA

En la Conferencia General de Política Universitaria, el Ministerio de Universidades ha acordado limitar los precios públicos de las tasas universitarias para el próximo curso 2021/2022.

Según han informado fuentes de este departamento, durante la reunión, se ha preguntado sobre si había alguna objeción a esta medida, siendo País Vasco la única región que se ha manifestado en contra recordando que ya se había opuesto a la misma el año pasado.

La medida acordada este lunes supone una prórroga de las condiciones aprobadas en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria del 27 de mayo de 2020 de los precios públicos en segunda, tercera, cuarta matrícula de Grado y Másters no habilitantes para el curso 2021/2022.

Por entonces, votaron en contra de esta propuesta cinco regiones: País Vasco y las cuatro que gobiernan el PP y Cs (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia).

Así, los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Grado, en segundas y sucesivas matrículas, quedan fijados en los vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.

También los precios máximos de aquellos Másteres no habilitantes serán aquellos vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.

Asimismo, las comunidades autónomas podrán fijar el precio de los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para los estudiantes nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea como consideren adecuado, teniendo presente que se establece como valor máximo los vigentes para esta tipología de estudiantado en el curso 2020/2021.

Esta medida acordada este lunes se suma a la aprobada el pasado miércoles 29 de marzo de este año, también a propuesta por el Ministerio de Universidades, para establecer la equiparación de los precios de primera matrícula de los Másteres habilitantes y vinculados a los precios medios de la primera matrícula de Grado para el curso 2022/2023.

GALICIA, DONDE MÁS BARATO SE ESTUDIA

Según un informe del Ministerio de Universidades, durante este curso 2020/2021, el precio medio por crédito en las titulaciones de Grado en primera matrícula bajó más de un 7,6%, pasando de los 18,61 euros del curso anterior a 17,18 euros.

Por comunidades autónomas, el precio medio del crédito de Grado en primera matrícula más alto es el de la Comunidad de Madrid (23,17 euros). En el otro extremo se sitúa Galicia (11,78 euros por crédito).

En cuanto a los Másters no habilitantes, durante el curso 2020/2021, el precio medio del crédito en primera matrícula descendió más de un 4% con respecto al curso anterior, pasando de 35,53 euros el crédito a 33,99 euros.

Por comunidades autónomas, la mayoría mantuvo este curso académico los precios del curso anterior, a excepción de Galicia y Cataluña, que los bajaron un 50% y un 15% aproximadamente con respecto al curso 2019/2020, respectivamente. El precio más alto lo alcanza la Comunidad de Madrid (52,29 euros). En el extremo opuesto se encuentra Galicia, con 11,87 euros el crédito.

En lo que respecta a los precios de los Másters habilitantes, el precio medio del crédito en primera matrícula es de 22,48 euros. Castilla y León es la comunidad donde más caro está el crédito en la primera matrícula, con 31,14 euros, frente a los 10,98 euros de

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España, en lo que va de 2021, se ha elevado a siete, tras confirmarse como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer este lunes 19 de abril en la provincia de León. Ninguna de estas mujeres habían denunciado previamente a su agresor.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incluido en el registro de víctimas mortales por violencia de género a la mujer de 36 años que ha sido asesinada este lunes presuntamente a manos de su pareja, en Mansilla de las Mulas.

Con esta confirmación, asciende a siete el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, once menos que en los mismos meses de 2020, cuando por estas fechas habían sido asesinadas 18 mujeres. Además, desde que hay registros en 2003, han muerto a manos de sus parejas o exparejas un total de 1.085 mujeres.

La mujer de León no tenía hijos ni hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado este caso como el primero de violencia de género que se produce en la comunidad en 2021.

El hecho de que no hubiera denuncias previas, «preocupa especialmente» a la Delegación, dado que esta violencia «permanece oculta», a pesar de que, según informes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una de cada dos mujeres en España son víctimas de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.

«La violencia de género golpea sin cesar nuestra sociedad y debemos combatirla desde las instituciones y en todos los ámbitos», ha señalado la Delegación en un comunicado, en el que ha incidido en que «cuando una mujer sufre violencia o cuando una mujer es asesinada, las personas comprometidas con la democracia sufren con ellas».

Los hechos se han producido la pasada noche en una vivienda de la calle De Lil de la localidad leonesa, y la Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 28 años, como presunto autor de la muerte de esta mujer, «muy querida» en la localidad, como ha reconocido el alcalde.

El Gobierno ha recordado que está a disposición de las víctimas y de cualquier persona el teléfono 016, que no deja huella en la factura telefónica.

El hombre juzgado por amenazar, golpear e insultar a una mujer que saltó por la ventana de la vivienda en Marbella (Málaga) ha negado todas las acusaciones, asegurando que el día de los hechos ni hubo discusión; al tiempo que ha insistido en que no ha tenido nunca una relación sentimental con ella. La víctima, por su parte, que ha quedado tetrapléjica, sí ha dicho que tuvieron una relación y que se tiró después de que la agrediera para «intentar salvarme».

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha juzgado este lunes a este hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por supuestamente pegar, insultar y amenazar de muerte a una mujer que, según las acusaciones, había sido su pareja, sumando la agravante de actuación por razones de género a la de parentesco. Solicita que se le condene a diez años de prisión y a indemnizar a la mujer con 498.723 euros.

«Yo no me di cuenta de nada, me entero por la Policía que entró aporreando la puerta de lo que había pasado, de que se había tirado», ha declarado el procesado, quien ha negado que mantuviera en algún momento una relación sentimental o encuentros sexuales con la víctima, insistiendo en que solo eran amigos y en que se conocían desde pequeños, «de toda la vida de Marbella», y «del mundo de las drogas».

Los hechos sucedieron en noviembre de 2018. El acusado ha explicado que encontró a la mujer de madrugada, tirada en el suelo y le dijo que su novio le había pegado, por eso le ofreció que subiera a su casa; apuntando que durante esa noche consumieron droga juntos; pero ha insistido en que no la insultó ni amenazó con un cuchillo, y tampoco le pegó un puñetazo; «no hubo ni discusión», ha declarado el hombre.

«Si llego a saber que se va a tirar por la ventana intento que no se tire, no la dejo», ha asegurado el acusado, mientras que la mujer ha declarado que lo hizo porque sintió «mucho miedo», que el hombre no le había pegado antes, pero ese día la amenazó de muerte y con un cuchillo, la insultó y le dio un puñetazo que la dejó semi inconsciente. Cuando volvió en sí «no vi otra salida y me tiré, no vi otra solución», ya que pensaba que la iba a matar.

Ha coincidido en que se lo encontró en la calle, que le dijo que se fuera a su casa, apuntando que él salió y cuando volvió «me cerró la puerta y no me dejaba salir«, ha dicho, apuntando que daba «voces, diciendo que yo tenía su cartera. «Esa noche no era él, tenía el demonio dentro», ha asegurado la mujer, quien ha reiterado que entró «en pánico».

La víctima ha asegurado que mantuvo con el acusado una relación durante un año, llegando a vivir juntos ese tiempo; y ha negado que en el momento de los hechos ella consumiera droga, ya que lo había dejado hacía meses, apuntando que ella «jamás» hubiera querido tirarse. Esto ha sido corroborado por su hermana, al igual que el hecho de que había dejado de consumir droga hacía tiempo.

Asimismo, dos vecinas, que han declarado como testigos, han señalado que el acusado solía mantener continuas peleas con mucha gente y normalmente amenazaba, asegurando que esa mañana lo escucharon discutir. Además, una de ellas ha indicado que oyó cómo el hombre dijo: «Te voy a matar»; mientras que la otra ha asegurado que en un momento del enfrentamiento «ella parecía que pedía auxilio».

Además de la pena de prisión y el pago de una indemnización a la mujer de 498.723 euros por las lesiones y daños morales, el fiscal insta a que se le imponga la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 16 años.

El trabajador de un local de Magaluf acusado de causar la muerte a un turista, al sacarlo a golpes del local, ha declarado este lunes, en el juicio por estos hechos, que no pretendía hacer daño al cliente, que falleció días más tarde por un golpe en la cabeza.

Así lo ha expresado en su declaración durante el juicio que se celebra con un tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial. En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento.

La Fiscalía también solicita una indemnización de 10.000 euros para los padres de la víctima, 30.000 para su esposa y 25.000 para cada uno de sus hijos.

El suceso tuvo lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaba el principal acusado, en la zona de Punta Ballena. La víctima es un ciudadano británico de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca.

En el interrogatorio, el hombre ha reconocido que propinó una bofetada al hombre, no un puñetazo, pero ha negado que le diera una patada en la cabeza cuando la víctima estaba en el suelo. Según su versión, le golpeó, con la palma de la mano, al verle acercarse en actitud agresiva con los puños en alto, porque pensó que le iba a pegar.

SOSTIENE QUE SALIÓ EN DEFENSA DE UNA MUJER

En concreto, el trabajador del local ha contado que, cuando estaba trabajando en la caja, una camarera le avisó de que un cliente había pegado dos veces a una mujer -que resultó ser la novia de la víctima-; y que el cliente lanzó una copa a la mujer.

Por ello, ha mantenido el acusado, él se dirigió hacia el cliente para intentar detenerle. En un momento dado el cliente trastabilló y el trabajador intentó a agarrarle, y después el turista se le encaró y fue cuando se produjo la bofetada, según el acusado.

En este sentido, el empleado del pub ha insistido en que el hombre cayó al suelo de espaldas, de manera que su cabeza quedaba a unos dos metros de distancia de él. Por este motivo el procesado sostiene que era «imposible» que le diera la patada mortal. «No hubo patada», ha incidido.

El acusado ha contado que tras estó se alejó volviendo a entrar en el bar, y que otras personas fueron a levantar al cliente pero que le dejaron caer. Más tarde, fue otra persona quien le propinó la patada mortal, ha defendido el procesado.

El hombre también ha declarado que no había tenido ningún otro altercado ni conversación con la víctima, y ha lamentado que desde este incidente le llaman «asesino».

VERSIÓN DE LAS ACUSACIONES

La Fiscalía recoge en su escrito que el hombre sacó a golpes y empujones al joven del bar, que le dio un puñetazo que lo tumbó, y que una vez en el suelo le propinó una fuerte patada en la cabeza. Las acusaciones sostienen que estas lesiones le provocaron la muerte unos días después, el 1 de mayo, y aseguran que el procesado tenía intención de «hacer daño» a la víctima cuando le agredió.

Las acusaciones también señalan al propietario del local por encubrir el homicidio, porque aseguró a la Policía Local y a la Guardia Civil que no sabía nada de la agresión. Asimismo, afirmó que el sistema de grabación del bar estaba averiado.

La vista celebrada este lunes en la Audiencia Nacional para decidir si la extradición del ex juez peruano César Hinostroza se amplía al delito de cohecho activo, que se sumaría a los de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas por los que ya fue autorizada su entrega al país andino, ha quedado suspendida a la espera de que se resuelva su petición de asilo.

El objetivo de la vista era analizar la solicitud realizada por el Estado peruano para incluir el delito de cohecho activo en el pliego de cargos por el que se acordó su extradición, si bien la defensa ha planteado suspenderla hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la propia Audiencia Nacional se pronuncie sobre la petición de asilo de Hinostroza.

El abogado defensor ha fundado su petición en el riesgo de que haya dos resoluciones contradictorias, un riesgo que ha apreciado también el fiscal, señalando además que el proceso contencioso-administrativo lleva ya más de un año, por lo que ha abogado por esperar a que concluya.

El letrado del Estado peruano, por su parte, ha accedido a lo que acordara el tribunal, aunque ha negado que Hinostroza sea víctima de una persecución política que permita detener la extradición.

En cambio, Hinostroza ha incidido precisamente en que ha sufrido una «violación flagrante de derechos fundamentales» en Perú, denunciando que el proceso que se sigue allí en su contra tiene un «interés político» porque se le considera «brazo legal» del partido ‘fujimorista’ Fuerza Popular. «Se ha iniciado una cacería contra mi persona», ha afirmado.

Así, ha vuelto a contar que huyó de Perú para proteger su vida. «Dejando a mis niñas solas allá, desprotegidas, porque peligraba mi vida, mi integridad física», ha declarado, detallando que recibió «amenazas de muerte».

Hinostroza ha mencionado a modo de prueba «nuevos hechos gravísimos» que se han conocido recientemente, a raíz de la salida de Martín Vizcarra de la Presidencia de Perú, según los cuales este último se habría reunido con fiscales y policía para que interceptaran sus comunicaciones.

SEGUNDA AMPLIACIÓN

El Gobierno español autorizó el pasado mes de julio la extradición a Perú de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.

Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los «datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros».

La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada. Quedaba pendiente una segunda petición –la que se ha abordado este lunes– para incorporar uno de cohecho activo ya que, según las autoridades peruanas, Hinostroza entregó 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones en la localidad de Tombes para poder huir del país.

EN LIBERTAD PROVISIONAL

Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde fue detenido y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.

A su llegada a España solicitó asilo, una petición de protección internacional que le fue denegada. La defensa de Hinostroza ha recurrido y está pendiente de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto.

Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’, descrito por las autoridades peruanas como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha resaltado la contribución a la paz de las misiones que está realizando la Brigada ‘Aragón I’ del Ejército de Tierra, tras visitar sus instalaciones, conocer sus equipos y departir con los militares que la integran, en la Base ‘San Jorge’, ubicada en Zaragoza.

Esta visita se produce tras la despedida realizada hace tres días del contingente militar, denominado ‘L/H XXXV’, que se desplegará durante los próximos seis meses en el Líbano cuyo objetivo principal se centra en mantener la paz y seguridad internacionales, ayudando al Gobierno del país a restablecer su autoridad en la zona, así como garantizar el acceso humanitario a la población civil.

Robles ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela.

Ha afirmado que España es un «gran país» y referencia «en seriedad, compromiso y defensa de la paz» con las distintas organizaciones internacionales, tanto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como con la Unión Europea y Naciones Unidas (ONU).

En el caso de la Brigada ‘Aragón I’, además de en el Líbano, tiene actualmente efectivos desplegados en Letonia, en una misión de la OTAN que se inició en 2017, como disuasión ante cualquier agresión a los países bálticos, y próximamente estará presente en Malí, en una misión de la Unión Europea, para formar y asesorar al Ejército de ese país.

En concreto, de entre los 2.500 y 2.700 integrantes de la Brigada ‘Aragón I’, 150 están en Letonia; de 300 a 350 van a estar en Mali, de un total de 500 militares del Ejército de Tierra en la zona; y 250 en el Líbano, de los 650 desplegados allí, mientras que otros 200 acaban de finalizar su misión en ese país.

La ministra Robles ha contado que la presencia de la OTAN en Letonia «está dirigida por los canadienses», pero España tiene un «importante papel» por la contribución de sus carros de combate, en una zona «muy próxima a la frontera rusa». En su visita a la brigada, ha visto dos carros de combate Pizarro y Leopardo, estos últimos con un simulador de uso en combate.

ACCIÓN EN EL LÍBANO

Robles ha indicado que el Ejército de Tierra actúa en el Líbano en una misión de la ONU de vigilancia de la ‘Blue Line’ –zona de alto al fuego–, donde los militares españoles son «uno de los componentes importantes para que se mantenga la paz».

Ha recordado que España «lleva muchos años» allí, desde 2006, a través de la Operación ‘Libre Hidalgo’, y su actuación «es absolutamente solidaria y generosa», como lo refleja su colaboración en la limpieza y desescombro tras la explosión ocurrida en el puerto de Beirut el verano pasado.

Además, realiza en ese país una acción de formación en centros para niños. Ha narrado que ella visitó con la Brigada ‘Aragón I’ la misión en ese país. «No lo olvidaré nunca» por el compromiso «con la paz y la cercanía con la población civil», ha comentado. La ministra ha contemplado en Zaragoza material de Zapadores para desactivar minas y otros artefactos explosivos.

Sobre la misión de la UE en Mali, Robles ha señalado que se desarrolla en la zona del Sahel, donde el terrorismo «cada vez tiene mayor intensidad» y España entrena y forma al personal militar del país africano desde 2013. «Nos sentimos muy orgullosos por contribuir de forma muy importante a la paz en África», ha apuntado. En la sede de la brigada ha podido ver vehículos ligeros blindados RG y Lince desplegados en ese país.

PANDEMIA

La ministra ha remarcado que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha dificultado las misiones militares y ha querido expresar un agradecimiento «a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas» que participan en ellas y a los que van a irse pronto «porque hacen un esfuerzo muy especial». Deben guardar una cuarentena de 10 días en España antes de partir y otros 10 o 15 en el país que les recibe. «Estoy segura de que, como siempre, dejarán muy alto pabellón de España», ha agregado.

En el caso de la Brigada ‘Aragón I’, Robles se ha congratulado de su trabajo también dentro de España y ha mencionado su actuación en la Operación Balmis, que contribuyó a desinfectar residencias de personas mayores y otras instalaciones y lugares cuando se declaró la pandemia, y la actual misión Baluarte, en la que los militares ayudan al rastreo de casos.

«Nos seguimos emocionando todavía cuando nos cuentan su experiencia», militares a quienes las personas mayores les han transmitido su «cariño» y éstos, a su vez, a ellos. «Es algo que humanamente no tiene precio». En su visita, le han mostrado material de protección NQB –contra el riesgo Nuclear, Bacteriológico y Químico–.

También ha podido ver las palas empleadas por la brigada para retirar nieve de carreteras y vías urbanas durante la borrasca ‘Filomena’, el pasado mes de enero, además de que intervino en el rescate de personas y vehículos atrapados.

En el caso de la Brigada ‘Aragón I’, acudió a Guadalajara y a Molina de Aragón, lugares donde «agradecen muchísimo» la labor del Ejército de Tierra, que permitió recuperar la «normalidad» lo más rápido posible, ha precisado la ministra, que, por otra parte, ha subrayado la vinculación de la ciudad de Zaragoza y de la comunidad autónoma con las Fuerzas Armadas.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

La ministra ha comenzado su visita en el centro de educación Infantil ‘San Jorge’, ubicado en la base militar del mismo nombre, situada en la carretera de Huesca, junto a la Academia General Militar, escuela que cuenta con 39 alumnos de cero a tres años, hijos de militares, aunque también puede pedir plaza en ella personal civil de Defensa.

«Queremos hacer una apuesta muy importante por la conciliación dentro de las Fuerzas Armadas» y que los padres que acuden a esta base a prestar sus servicios «puedan tener a los niños bien cuidados y protegidos», ha manifestado Robles.

Ha sostenido que hace año y medio, en una visita a Zaragoza, se comprometió con la puesta en marcha este centro, como ha cumplido. «Es una satisfacción» y también «ver a los niños ya integrados», ha apostillado. Durante su visita, tres alumnos del centro –Bianca, Daniela y Gael–, le han entregado un centro de flores hecho con manualidades. Ella se ha mostrado cercana y les ha dicho a los niños: «Ha llegado la tía Margarita».

Este centro tiene capacidad para 82 niños y actualmente trabajan en él ocho personas entre tutoras, auxiliares, cocinera, limpiadora y directora. Está abierto de 7.15 a 15.15 horas. Comenzó a prestar servicio el 1 de diciembre de 2020 y está gestionado por la empresa ‘Kidsco’, que también se encarga del resto de centros de Infantil del Ejército que existen en otras zonas de España.

En estos momentos, hay otras tres escuelas de este tipo en fase de construcción, en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, en la base militar ‘El Goloso’ de Madrid, y en Ceuta.

BRIGADA ‘ARAGÓN I’

La Brigada ‘Aragón I’ depende de la División Castillejos. Se creó en junio de 1986 con el nombre de Brigada de Caballería Castillejos II y tras el proceso de transformación del Ejército de Tierra adoptó el nombre actual, el 1 de enero de 2017.

Tiene su sede principal en Zaragoza y está formada por Cuartel General, Batallón del Cuartel General, Regimiento Acorazado Pavía número 4, Regimiento de Artillería de Campaña número 20, Batallón de Zapadores I y Grupo Logístico I.

También forman parte de ella el Regimiento de Infantería ‘Arapiles’ número 62, en San Clemente de Sasebas (Gerona) y el Regimiento de Infantería ‘Barcelona’ número 63. Desde 1992, sus unidades han participado en diferentes misiones internacionales en los Balcanes, Líbano, Afganistán, Irak y Mali.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este lunes la necesidad de hacer un «ejercicio de humildad» respecto a la gestión de la pandemia y, en lugar de dar lecciones, apostar por la cooperación para salir de la crisis.

«Frente a la pandemia todos tenemos que hacer un gran ejercicio de humildad», ha subrayado la ministra en una entrevista en Onda Cero. «Aquellos que fuimos golpeados por la pandemia lo sufrimos primero, otros lo han ido sufriendo a medida que se ha ido desarrollando olas sucesivas», ha señalado.

Tenemos que ser muy humildes y no dar lecciones a nadie sino buscar entre todos aprender por la experiencia por la que hemos pasado, que aún no ha terminado, ayudarnos los unos a los otros para salir cuanto antes de la pandemia», ha defendido, incidiendo en que «nadie sabía cómo enfrentarse a una situación de semejante impacto.

Frente a quienes pensaron en algún momento que «esto no les iba a tocar o que no era importante», al final la COVID-19 «nos ha ido poniendo a todos frente al espejo tanto en España como en América Latina y también en otros países», ha añadido la ministra.

Así las cosas, ha insistido en que lo que se necesita es «más cooperación entre los países» tanto para vacunar como para contener el avance de la pandemia y también para salir «más rápido de la pandemia».

En este sentido, ha reiterado que la respuesta europea, «todos juntos», ha sido la correcta y que aunque lo ocurrido sea «casi un milagro», la tarea aún no ha concluido y es necesario que el sector público y el privado sigan trabajando juntos, apoyando a las farmacéuticas para que incrementen la producción de vacunas.

Además, hay que desplegar los recursos de la sanidad pública que, en el caso de España, ha valorado, es la «gran garantía» para que a todos los españoles «les estén llegando poco a poco las vacunas».

En cuanto a la posibilidad de que la Autoridad Europea del Medicamento (EMA) pueda autorizar próximamente la vacuna rusa Sputnik V, González Laya ha apelado a dejar que sean las autoridades sanitarias las que tomen la decisión, ya que esta es la «mejor garantía» para que las vacunas que se inoculan en la UE sean «seguras para los ciudadanos».

«El que que los científicos hagan su labor, sin interferencias políticas, será la mejor garantía para todos», ha remachado.

El inspector jefe de la UDEF encargado de investigar la presunta caja ‘b’ del PP, Manuel Morocho, se ha sometido este lunes al interrogatorio de las defensas en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, quienes han llegado a poner en un aprieto al policía al pedir explicaciones sobre cómo analizaron algunos documentos y las conclusiones que plasmaron en los informes entregados al juez.

La vista oral se ha retomado con la parte final del interrogatorio de Morocho y su equipo, que en la sesión previa celebrada el jueves de la semana pasada, desgranó toda la documentación elaborada por Unifica, empresa que realizó la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid planta por planta, para exponer ante el tribunal el sistema presuntamente utilizado para que el PP pudiera sufragar parte de estas obras con dinero procedente de la caja ‘b’.

El turno de las defensas lo ha inaugurado el abogado Luis Jordana de Pozas, que defiende al arquitecto Gonzalo Urquijo. El letrado ha comenzado reprochando al policía que en uno de sus informes concluyera que los socios de Unifica sacaron 163.000 euros de la cuenta de la empresa con el fin de «blanquearlos» sin conocer cuál era su verdadero destino, una cuenta judicial para participar en una subasta, ha indicado.

Morocho ha sostenido en todo momento que los investigadores analizaron esta salida de dinero porque la entidad bancaria alertó al Banco de España de que la cantidad retirada en efectivo superaba el límite legal establecido y no contaba con el documento preceptivo en el que se debía señalar el destino.

ADVERTENCIA DEL TRIBUNAL

Durante el interrogatorio, se han presenciado varios momentos de tensión entre letrado y Morocho, que ha llevado la voz cantante en las explicaciones de los miembros de la UDEF que han comparecido en calidad de testigo-perito, si bien el jefe de grupo ha sido advertido en varias ocasiones por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia presidido de su obligación a contestar a todas las preguntas que le hicieran las partes.

De hecho, el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, que ha interrumpido el interrogatorio para hacer él mismo las preguntas, ha llegado a «llamar al orden» a Morocho por tratar de eludir algunas de las cuestiones planteadas por el abogado de Urquijo.

En otro momento de la declaración, el abogado Jordana de Pozas también ha preguntado si alguna vez la UDEF dudó de la credibilidad de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde el extesorero del PP Luis Bárcenas anotaba las entradas y salidas de la caja ‘b’ del partido, ya que contaba con distintas versiones.

Morocho, como hizo en las sesiones anteriores, ha defendido que estos documentos manuscritos contienen algún «error humano», como la omisión de algunas anotaciones, pero cree que son fiables ya que los saldos siempre coincidían.

Al respecto, ha insistido en que todas las anotaciones en estos documentos referentes al acusado Gonzalo Urquijo, y en los que no aparece su socia Belén García, se relacionan con las obras en la sede del PP: «Todos los movimientos que he estado reseñando se refieren a Unifica. Otra cosa es que Bárcenas se refiera en una nomenclatura al administrador» de la empresa, ha afirmado.

ALUSIÓN A LA ‘OPERACIÓN KITCHEN’

Este interrogatorio no ha sido el único en el que se ha puesto en duda la labor de la UDEF a lo largo de la investigación de la presunta caja ‘b’. El abogado Jesús Santos, que representa al PP –acusado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que de los demás acusados habrían cometido–, ha preguntado directamente a Morocho por qué no valoró la entrada y registro en el domicilio del extesorero del PP si era el principal «objeto de investigación».

El inspector jefe del grupo que investigó la caja ‘b’ ha recordado que Bárcenas ya estaba siendo investigado en el marco del caso ‘Gürtel’ y que por ello el juez instructor había solicitado comisiones rogatorias a Suiza para que remitieran información de las cuentas bancarias abiertas en ese país.

Al hilo, ha señalado que toda la documentación requerida a las autoridades suizas llegó a la Audiencia Nacional en 2013 y que desde entonces el trabajo de los investigadores fue «permanente y continuo» elaborando informes. Ha afirmado que en ese momento, aunque, según ha apuntado, se le instó a pedir el registro de la vivienda de Bárcenas, consideró que lo oportuno era analizar toda la documentación antes de pedir «una medida suplementaria».

«Implementamos medidas que eran lógicas y tenían un sentido en la investigación», ha añadido, destacando que una de las solicitudes que hizo la UDEF al juez que el bloqueo de una cuenta en Estados Unidos a nombre de la sociedad Brisco.

En cualquier caso, Morocho ha dejado entrever que aunque hubiera pedido la entrada y registro en la casa del extesorero ‘popular’ no hubiese sido de utilidad porque en 2013 «ya estaba en marcha» la ‘operación Kitchen’, a la que ha aludido sin mencionar su nombre, sino el número de diligencias del procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 6 para investigar este operativo parapolicial que tuvo lugar entre 2013 y 2015 para sustraer toda la información comprometedora del PP que guardaba Bárcenas.

«Por tanto, cualquier acción que hiciera estaba monitorizada por la Dirección General de la Policía, y por tanto era imposible que hiciera algo porque era inviable», ha concluido.

Cabe recordar que Morocho, tal y como indicó el mismo en una de sus comparecencias ante el Congreso de los Diputados y ante el juez que investiga la ‘Kitchen’, no tuvo hasta 2015 «constancia material» de que se estaba llevando a cabo una «investigación paralela» sobre Bárcenas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido este lunes con los responsables de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que en el primer trimestre de 2021 ha tramitado un total de 21.398 expedientes de protección internacional frente a las 13.077 solicitudes recibidas en ese mismo periodo, lo que confirma, según el Ministerio, «la tendencia de reducción del stock iniciada el año pasado».

La reunión se ha celebrado en la sede del Ministerio del Interior, y a la misma han asistido la subsecretaria del departamento, Isabel Goicoechea, y la directora general de Política Interior, Carmen López, así como otros responsables de la OAR.

La OAR es la encargada de tramitar las solicitudes de protección internacional –para el estatuto de refugiado y el de beneficiarios de protección subsidiaria– que se encuentran fuera de sus países de origen y que reclaman auxilio a España al carecer del de sus autoridades nacionales. También tramita las solicitudes y expedientes para el estatuto de apátrida.

La OAR tramitó y elevó a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) en 2020 un total de 116.528 solicitudes de protección internacional, cantidad superior a las 88.826 solicitudes incoadas ese año, lo que supuso una tendencia al alza con respecto al ritmo de resoluciones de 2019.

Esta tendencia se mantiene en 2021, en cuyo primer trimestre el número de solicitudes tramitadas, 21.398, es también superior a las de nueva incoación (13.077), según informa el Ministerio del Interior.

El Gobierno aprobó en julio de 2018 una oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas para reforzar la OAR, lo que suponía multiplicar por cinco su plantilla, pasando de los 67 puestos de trabajo con los que contaba a los 298 empleados públicos que integrarán su plantilla cuando se complete el proceso este año.

Mientras se completa el proceso, la Oficina ha sido reforzada de forma interina. Este incremento ha ido acompañado de un proyecto con el que el Ministerio del Interior prepara la reunificación y traslado de todo el personal de la OAR (que actualmente realizan su trabajo en dos sedes) a un nuevo edificio ubicado en la calle Arturo Soria, propiedad del Estado y que la antigua AENA había dejado en desuso.

Al término de la reunión de este lunes, el ministro del Interior y los asistentes a la reunión mantenida en el ministerio se desplazaron hasta dicho edificio, donde conocieron el proyecto de reforma para adecuar el inmueble a las necesidades de la OAR.

Además, se está desarrollando una nueva aplicación informática, prevista para este mismo año, y con la que se sustituirá a la anterior, puesta en marcha en 1996. También se han introducido mejoras de calidad del procedimiento y de visibilidad y transparencia de los datos estadísticos de la Oficina de Asilo y Refugio.

La secretaria de Agua del PSPV-PSOE, Rosa Guillén, ha exigido al PP «abandonar la actitud de bronca constante y sumarse a la política del consenso en defensa del Trasvase Tajo-Segura».

Guillén, tras las últimas declaraciones de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha recordado que desde el 2015 el gobierno valenciano ha acudido a los tribunales hasta en 38 ocasiones por este asunto «para defender los intereses de los alicantinos y alicantinas».

En este sentido, ha lamentado que «los grupos de la oposición sigan anclados en el enfrentamiento y empeñados en crear una nueva guerra del agua» y señalado que ahora «no es momento de guerras, sino de encontrar soluciones algo que pasa por el diálogo». «No nos cansaremos de decirlo: No hay alternativa viable y por tanto es una cuestión irrenunciable», ha señalado Guillén.

Asimismo, la portavoz de Agua del PSPV-PSOE ha defendido que el propio president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que «siempre estará en defensa de los derechos de los regantes» y apostado «por sumar para que haya agua para siempre, sin enfrentamientos ni confrontación».

Además, ha remarcado que «si a alguien debe temer la provincia de Alicante, y especialmente la Vega Baja, es al PP que ni defiende, ni invierte, ni paga» ha afirmado Guillén, al tiempo que les ha pedido que «si sólo quieren el agua para guerrear y no para dar soluciones, se aparten»

En este sentido, ha recordado que «el único gobierno que ha mantenido seca a la provincia con ‘Trasvase cero’ fue el de Mariano Rajoy quien durante 11 meses seguidos lo mantuvo cerrado,» y subrayado que «fue el ejecutivo socialista, con el programa Agua, el que nos dio 120 HM con la desaladora de Torrevieja». «Prometieron mucho y después gobernaron con mayoría absoluta sin tomar ninguna medida, sólo dejarnos secos» ha señalado.

Por todo ello, ha recalcado que los socialistas «estamos comprometidos con la necesidad de disponer de agua suficiente a un precio asequible» y apuntado: «desde el PSPV-PSOE no cesaremos en nuestro empeño por lograr cada uno de los hectómetros necesarios para la supervivencia de nuestra huerta».

El debate electoral de Telemadrid entre los seis candidatos de los partidos y coaliciones con representación en la Asamblea de Madrid estará moderado por el director de Informativos de RTVM, Jon Ariztimuño, y la periodista y presentadora de ‘120 Minutos’, María Rey, y comenzará a las 21.30 horas de este miércoles 21 de abril.

La llegada de los seis candidatos hasta la sede de Telemadrid en Ciudad de la Imagen y el recibimiento por parte del director general de Telemadrid, José Pablo López, será escalonada, cada 10 minutos, desde las 19.40 horas, según ha informado la cadena autonómica en un comunicado.

Así, el orden de llegadas, como el de intervención en los diferentes tramos del debate, ha sido sorteado en presencia de los equipos negociadores designados por los partidos. El primero en llegar será el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, seguido de Edmundo Bal (Ciudadanos), Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), Rocío Monasterio (Vox), Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

Telemadrid y Onda Madrid emitirán una programación especial con toda la previa del debate y la llegada de los candidatos desde las 19 horas. Y al termino del mismo, contarán con un programa especial de análisis del debate conducido por Silvia Intxaurrondo, con una encuesta flash realizada telefónicamente que dará un primer ganador del debate.

El debate de Telemadrid está planteado con un formato que evite la sucesión de monólogos, que facilite el debate y con preguntas de los moderadores. Todos los partidos abrirán un bloque temático y cerrarán otro.

Cada bloque se introducirá con una pregunta por parte de María Rey y Jon Ariztimuño y el candidato tendrá hasta 30 segundos para contestar sin ser interrumpido. A partir de ese momento, podrán ser interpelados por otros candidatos o repreguntados por los moderadores.

María Rey y Jon Ariztimuño se encargarán de repartir turnos de palabras y de formular preguntas a los candidatos cuando consideren que alguna cuestión ha quedado en el aire. El objetivo es la interacción entre los seis candidatos para contraponer argumentos, han señalado desde la cadena.

Además, han indicado que se asegurará en todo momento que los candidatos trasladan sus argumentos a los ciudadanos para que estos puedan conformarse una opinión plural sobre cuestiones específicas.

El debate durará aproximadamente 120 minutos y comenzará con una presentación inicial de cada candidato, seguida de seis bloques temáticos. La disposición en plató también ha sido sorteada y, de izquierda a derecha, los candidatos se distribuirán en este orden: Unidas Podemos, Vox, Más Madrid, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

En su turno de presentación, los candidatos podrán consumir hasta 30 segundos y, en cada bloque, un máximo de tres minutos contando todas sus intervenciones. El único bloque en el que tendrán un minuto más de duración es el titulado ‘Reactivar Madrid’.

ESTRUCTURA DEL DEBATE

De esta forma, el debate electoral comenzará con la presentación de los candidatos (tres minutos), que seguirá el mismo orden que su ubicación en plató.

A ella le seguirán tres bloques de 18 minutos. El primero, ‘Madrid en pandemia’ lo abrirá Vox y lo cerrará Unidas Podemos; el segundo, ‘El reto sanitario’, lo comenzará Más Madrid y lo cerrará Vox; y el tercero, ‘El reto social’, será abierto por PP y cerrado por Más Madrid.

El debate se compondrá también de un cuarto bloque, de 24 minutos, con el título de ‘Reactivar Madrid’, que será iniciado por PSOE y concluido por PP. Finalmente, con un total de seis minutos, se desarrollará el bloque cinco con el título ‘El 5 de mayo, ¿qué? (pactos)’, que abrirá Cs y cerrará PSOE, tras lo que se concluirá con el ‘minuto de oro’ de cada uno de los candidatos (PSOE, CS, PP, Vox, Más Madrid y UP).

El 63,2 por ciento de los españoles cree que la sociedad no es suficientemente consciente del impacto que provocan las mascarillas, los guantes y el gel hidroalcohólico en la naturaleza, según un estudio elaborado por More Than Research para Proyecto Libera.

Ante estas conclusiones, la Fundación Reina Sofía y Proyecto LIBERA, la iniciativa ambiental e Ecoembes y SEO/Birdlife, han llamado a los ciudadanos a ejercer una mayor responsabilidad a la hora de gestionar sus mascarillas y guantes, especialmente durante sus salidas a la naturaleza.

Mascarillas, guantes y geles son desde el inicio de la pandemia necesarios como medidas de profilaxis frente al virus SARS-COV-2, pero estos objetos tienen una vida útil muy reducida y buena parte de los ciudadanos –dos de cada tres– desconoce o duda sobre el contenedor donde deben ser desechados, según el informe ‘IV Estudio sociológico ‘El problema de la basura en la naturaleza’, del Observatorio de la Basuraleza.

La campaña #NoAbandonesTusGuantesYMascarillas busca concienciar a la población sobre la importancia de deshacerse de ellos en lugares correctos: la papelera o el contenedor de resto para que no termine abandonado en el naturaleza y recuerda la conveniencia de cortar las gomas de las mascarillas para evitar que la fauna quede enredada en ellas.

El estudio refleja que el abandono de mascarillas y guantes en entornos naturales públicos ha crecido a lo largo de 2020 un 300 por ciento. El trabajo expone que tras la disminución de gente en las calles y en la naturaleza el pasado mes de marzo a consecuencia del confinamiento para frenar el avance del coronavirus se pensó que el medio ambiente había mejorado.

Así, refleja que para el 93 por ciento de los españoles encuestados, el estado de la naturaleza cambió durante este periodo. A pesar de esta cifra, los españoles no son muy optimistas, ya que casi un 70 por ciento de los entrevistados cree que no ha cambiado la actitud y el cuidado de los demás hacia la naturaleza tras la pandemia.

La COVID-19 provocó un descenso del número de ciudadanos que normalmente recogen basuraleza cuando la ven abandonada en un entorno natural. Por miedo al contagio, solo un 39,1 por ciento de los encuestados recoge la basuraleza que se encuentra (ocho puntos menos que el año anterior). Sin embargo, crece cuatro puntos los que deciden «hacer de policía» y recriminar la actitud de aquellos ciudadanos incívicos a los que ven tirar algún residuo.

El coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto LIBERA, Miguel Muñoz, lamenta la «triste realidad» de que las mascarillas se hayan convertido en una nueva forma de basuraleza. «Debemos llamar la atención sobre el impacto que tienen estos residuos en el medio natural», destaca, al tiempo que considera que ante un nuevo residuo la respuesta no puede ser esta sino «ser responsable» con los residuos que se generan y proteger «de manera determinante» el entorno.

Por su parte, la coordinadora de Ecoembes del Proyecto LIBERA, Sara Güemes, ha insistido en la importancia de ser responsables con los residuos que se generan desechándolos en sus correspondientes contenedores para evitar generar más basuraleza.

«El impacto que los guantes y las mascarillas han tenido en nuestra naturaleza está generando un agravio en nuestra biodiversidad, pero todavía estamos a tiempo de revocarlo a través de la concienciación y la participación ciudadana», ha manifestado.

El Gobierno de Reino Unido ha instado a los reguladores de Competencia del país a que abran una investigación en profundidad sobre las repercusiones de la compra de ARM por parte de Nvidia debido a sus implicaciones para la seguridad nacional, según ha informado este lunes en un comunicado.

El secretario del Departamento para Digital, Cultura, Medios y Deporte, Oliver Dowden, ha decidido intervenir la operación corporativa con el objetivo de que se despejen las «implicaciones para la seguridad nacional» del acuerdo. El Gobierno británico puede decidir explorar en profundidad una fusión o adquisición de empresas en caso de que afecte al interés público.

De esta forma, la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) abrirá ahora una investigación en profundidad sobre los riesgos para la seguridad nacional de la compra. El regulador tiene previsto presentar su informe ante el Ejecutivo el 30 de julio.

El Departamento británico ha explicado que ARM es un gran actor global en el mercado de los semiconductores, que son «fundamentales» para tecnologías actuales y futuras, como la inteligencia artificial, la computación cuántica y el 5G. El Ejecutivo del país ha asegurado que estos circuitos integrados son esenciales para la infraestructura «crítica» del país y se encuentran en tecnologías relacionadas con la defensa y la seguridad nacional.

«Queremos apoyar nuestra próspera industria tecnológica y damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero es apropiado que queramos considerar las implicaciones para la seguridad nacional de una transacción como esta», ha afirmado Dowden.

Cuando finalice, el 30 de julio, esta primera fase de la investigación, el Gobierno de Reino Unido podrá acordar permitir la transacción por completo, autorizarla con alguna medida de compensación o iniciar una segunda fase de la investigación.

En septiembre de 2020, Nvidia acordó comprar la mayoría de la británica ARM al conglomerado japonés SoftBank por 40.000 millones de dólares (32.225 millones de euros). La firma nipona acordó permanecerá en el capital de ARM con una participación minoritaria por debajo del 10%.

Nvidia es uno de los principales fabricantes de tarjetas de vídeo y chips gráficos, mientras que ARM se especializa sobre todo en la fabricación de procesadores y otros circuitos integrados. Con la adquisición de la firma británica, Nvidia espera incrementar todavía más su tecnología de inteligencia artificial (IA).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a los principales dirigentes del PSOE que se involucren y ayuden en todo lo que puedan en la campaña del candidato socialista, Ángel Gabilondo. Además, ha defendido que hay que reforzar la presencia más allá de la capital, en todos los municipios, ya que los comicios del 4 de mayo son autonómicos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE que ha presidido en Ferraz, y que ha durado aproximadamente una hora, según han informado fuentes socialistas.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, que lleva un mes volcándose en apoyar a Gabilondo, con mítines cada fin de semana, se ha mostrado convencido de que la campaña va bien, y de que los apoyos de la candidata del PP y presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, no son tantos como los que se le adjudican.

En este sentido, ha defendido que la estrategia ideada por el comité de campaña del PSOE está funcionando y que, por ello, no requiere modificaciones por ahora; una estrategia basada en destacar que Gabilondo representa la opción «seria y responsable» para formar un gobierno progresista y «centrado», sin extremismos, frente a la opción que representa Ayuso de «odio», «exclusión social» y «ultraderecha», tal y como explicó Sánchez este domingo en el primer mitin de la campaña.

PROPUESTAS FRENTE A LAS PROVOCACIONES DE AYUSO

En dicho mitin, Sánchez decidió no mencionar a Ayuso ni una sola vez, y centrarse en cargar contra la gestión del PP en la Comunidad de los últimos 26 años, en un claro intento de no entrar al trapo de la estrategia de confrontación que busca la presidenta madrileña contra él.

Es más, en ese acto, Gabilondo le recordó a la candidata del PP que quien se presenta por el PSOE es él, aunque ella tenga la palabra «Sánchez» todo el día «en la boca». «Mi palabra es Madrid», respondió. «Yo soy el que me presento, con toda mi libertad y mi determinación», ha recalcado este lunes el candidato socialista en un desayuno informativo.

En esta línea, Sánchez ha pedido a los suyos que no entren en las provocaciones de Ayuso y que desvíen sus ataques reivindicando las propuestas que está planteando el PSOE en esta campaña, que son «muchas», en concreto, 350 medidas las que recoge el programa que presentó Gabilondo la pasada semana.

Pero sobre todo ha hecho hincapié, según las fuentes consultadas, en la necesidad de que todos se involucren en la medida que puedan, y de llevar la campaña del centro de Madrid a los municipios, ya que las del 4 de mayo son unas elecciones regionales, y la Comunidad de Madrid es mucho más que la capital.

El pasado lunes Sánchez también se dirigió a su Ejecutiva para trasladarles el mensaje de que había que «apretar» y volcarse con Gabilondo porque, a su juicio, «hay partido», y es posible lograr que el bloque progresista, liderado por el PSOE, supere al de la derecha el próximo 4 de mayo.

SÁNCHEZ Y SUS MINISTROS, VOLCADOS CON GABILONDO

En la Ejecutiva de este lunes, el secretario de área de Política Federal, Patxi López, ha defendido que si el presidente se está involucrando de la manera en que lo está haciendo, el resto de dirigentes tienen que hacer lo mismo, según las fuentes consultadas.

Al igual que Sánchez, también se han involucrado en la campaña los ministros, con una participación constante en actos de precampaña y, ahora, de campaña. Por ejemplo, el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, estará este lunes por la tarde en Vallecas, junto a la ‘número dos’ de la lista, Hana Jalloul.

La implicación del Gobierno central es tal que Gabilondo anunció la semana pasada que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, será su vicepresidenta económica si logra hacerse con la Puerta del Sol y formar gobierno.

One Day Yes va a celebrar su primer acto benéfico de cara al público desde que se declarara la pandemia por la Covid-19. El lugar elegido es el Munich Mercat de la pop-up Ruzafa Fashion Week, en le número 30 de la calle Burriana, y los días, el fin de semana del 8 y 9 de mayo.

El motivo que reunirá a los seguidores y amigos de esta ONG valenciana, que trabaja para dar educación y sustento a los niños de la escuela de Twahukuru de Lamu (Kenia), es una rifa en la que se recaudarán fondos para la causa, destinados en esta ocasión a financiar la nutrición de los niños que acuden al centro.

En el sorteo se podrá optar a todo tipo de objetos, dependiendo de los tickets que se adquiera. Los precios se incrementarán según se opte a objetos de mayor valor: obras de arte de reconocidos artistas internacionales, cuadros, fotografías, esculturas, todo tipo de productos de textil, belleza, mobiliario… Incluso bisutería artesanal procedente de Lamu.

También los responsables de Ruzafa Fashion Week, Cristina Ordozgoiti y Vicente Llorca, se han implicado en el evento solidario y regalarán un par de zapatillas Munich, la marca a la que está dedicada esta edición. Nadie saldrá de vacío, ya que Ruzafa Fashion Week ofrecerá cervezas a todos los que participen en este acto, ha informado la ONG en un comunicado.

La rifa tendrá el mismo horario que Munich Mercat, que comienza el jueves 30 de abril y finaliza el 9 de mayo: de 10.00 a 20.00 horas y los domingos de 11.00 a 20.00 horas, con la «imprescindible reserva de entrada» para cumplir con el aforo impuesto. Y aunque el 8 y 9 de mayo el sorteo benéfico funcionará durante todo el día, el sábado entre las 17.30 y 19.30 horas y el domingo de 12.00 a 14.00 horas se espera reunir a los socios de la ONG y amenizar esas dos horas con los responsables habituales de la organización y alguna sorpresa que se encontrarán aquellos que acudan al encuentro.

One Day Yes nace en 2015 para apoyar el mantenimiento de la escuela en Lamu, generar el empleo local y ayudar en la captación de fondos. En la actualidad, más de 300 personas tienen derecho a una vida más digna gracias al trabajo de sensibilización realizado desde España.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por los dos condenados el pasado 13 de junio de 2020 a dos años de prisión por un delito contra el medio ambiente, por extracciones ilegales de agua del acuífero 27 –entre los años 2012 y 2014–, el cual nutre al entorno del Espacio Natural de Doñana, para el regadío de la parcela que explotaban (dedicada al cultivo de frutos rojos).

Ambos condenados son padre e hijo, este último propietario de una empresa agrícola de Almonte, mientras que el padre es responsable de la concesionaria de los terrenos donde se ubica la explotación fresera.También fueron condenados a una multa de ocho meses con cuota diaria de diez euros (2.400 euros) y se condenó a la empresa a la pena de multa de un año con cuota diaria de diez euros, lo que supone 3.650 euros, así como deben indemnizar, conjunta y solidariamente, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por importe de 19.796 euros.

Según recoge la sentencia, el recurso ha sido desestimado «en su integridad» y confirma la anterior, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva. De este modo, los magistrados han señalado que el Tribunal «tampoco alberga duda alguna en orden a la participación de ambos acusados en los términos expuestos».

Así, consideran que extrajeron agua «sin autorización» y a «su libre albedrío», señalando que lo hacían «desde su posición de administradores de hecho o de derecho con su instalación industrial, compuesta por cinco pozos y balsa de almacenamiento destinada a la extracción sin el menor control de la cantidad de agua subterránea pública que estimaren conveniente para uso particular y de forma gratuita mantenida en uso durante años».

«Agua así extraída, que canalizaba para su acumulación en una balsa construida en la finca con anterioridad a 1998, con capacidad de quince o veinte millones de litros de agua, desde la que se distribuía en la finca», dice la sentencia.

En este sentido, la sentencia detalla que «la Sala sigue manteniendo lo expresado y razonado» en la sentencia condenatoria, ya que, a su criterio, «nada ha cambiado desde febrero de 2020 a la actualidad» y, por consiguiente, «reproducen y reiteran» sus argumentos.

Así, en la misma se destaca que se trata de «la extracción de aguas subterráneas no autorizada ni contabilizada en el entorno especialísimo y protegido de Doñana, que ostenta en su conjunto las máximas categorías de protección autonómica, nacional y mundial, siendo foco permanente de atención internacional, siendo el Parque Nacional de Doñana el único espacio natural andaluz distinguido como Patrimonio Mundial de la Unesco. Enclave especialísimo».

Por ello, indica que «la continuidad y sistemática de la extracción configuran la aptitud de la conducta para perjudicar de manera grave el equilibrio de ese sistema natural, cumpliendo la actividad desplegada por los acusados al frente de sus empresas con la extracción no autorizada de aguas esas expectativas del tipo penal al generar un potencial riesgo de desequilibrio del sistema natural, con independencia de que otras conductas no enjuiciadas puedan también ser aptas para ello».

Con relación a la cuantificación del daño causado, la sentencia señala que «ha de tenerse en cuenta que ha sido imposible calcular de manera exacta los caudales extraídos al no poseer los pozos-sondeos de los oportunos contadores y por ello este cálculo es aproximado partiendo de tres parámetros esenciales; numero de hectáreas explotadas, tipo de cultivo conforme a la normativa prevista en el Plan Hidrológico del Guadalquivir y precio de cada metro cúbico de agua».

En este punto, indica que este criterio «ya había sido aplicado por esta Sección en la sentencia de febrero de 2020 y, conforme a él, el juzgador valoró la pericial practicada en el plenario». Por ello, concluyen que «se ha practicado prueba de cargo suficiente para enervar dicho derecho fundamental».

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Ministerio de Universidades un «diálogo real» con las autonomías para elaborar la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Así lo ha planteado el Ejecutivo madrileño, representado por la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, en el transcurso de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) celebrada este lunes, y que ha estado presidida por el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Albert ha pedido explicaciones al Ministerio por invitar a las comunidades autónomas a participar en el proceso de elaboración de la LOSU al tiempo que «despliega, a través de decretos, su política universitaria», según un comunicado de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se ha referido al Real Decreto 420 de Reconocimiento de Universidades, que está a punto de aprobarse; el Real Decreto de Organización de Enseñanzas Universitarias, o la anunciada Ley de Convivencia Universitaria.

El Gobierno regional ha lamentado además la «ausencia de una base sólida sobre la que debatir y un método de trabajo articulado para avanzar en la nueva norma», por lo que ha propuesto la creación de mesas de trabajo para trasladar las distintas aportaciones autonómicas en la redacción de la ley.

Al mismo tiempo, ha pedido un documento de trabajo «más concreto», ya que «el texto recibido por las autonomías parece más bien un informe preliminar sin depurar o el resultado de una apresurada tormenta de ideas».

No obstante, la Comunidad de Madrid ha encontrado aspectos de necesario debate respecto a la elaboración de este texto, como el de la gobernanza, que implica la autonomía de las universidades consagrada por la Constitución, o la necesidad de financiación suficiente para su correcto desarrollo.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha manifestado su voluntad de «trabajar de manera leal y coordinada» con todas las instituciones implicadas en la mejora del sistema universitario y que, en el caso de la LOSU, se pueda hacer a partir de ahora sobre «medidas y propuestas más concretas».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido en la conferencia sectorial celebrada este lunes al Ministerio de Igualdad incluir en la ley de libertad sexual la financiación sostenida en el tiempo de los centros 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual, que se pretenden abrir en, al menos, cada provincia española.

En declaraciones, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que este lunes se ha visto en la conferencia sectorial los criterios de reparto de los fondos destinados a la creación de estos centros 24 horas.

Según ha explicado, todas las comunidades autónomas, sin excepción, han trasladado al Ministerio que les preocupa la sostenibilidad en la financiación para mantener estos centros 24 horas. «Una vez construidos estos centros, el día después ¿qué pasa?», se ha preguntado la consejera castellanomanchega.

Este lunes lo que se decidía era el reparto de los fondos que provienen del mecanismo de recuperación y resiliencia. Fondos europeos que nos sirven para hacer la inversión inicial a lo largo de 2022 y 2023 –ha advertido Blanca Fernández, pero no hay garantía de financiación del coste efectivo del servicio.

La idea que tiene el Ministerio es que haya un centro por provincia que atiende 24 horas al día los 365 días del año a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales y que lo haga de manera integral. «Una filosofía que comparten todas las comunidades, pero no nos garantizan la financiación sostenida en el tiempo», ha lamentado Fernández.

Por tanto, desde Castilla-La Mancha se ha pedido al Ministerio que la ley libertad sexual incluya la obligación de financiar por parte del Estado el coste efectivo de estos centros que, en el casto de la región, podría tener un coste de unos 4 millones de euros al año.

Esta situación «nos genera zozobra porque no se pueden crear servicios si no se tiene garantizada la financiación en el tiempo». «No vale de nada diseñar una política muy bonita si finalmente no la puedes financiar y sostener en el tiempo», ha advertido.

PLAN CORRESPONSABLES

La conferencia sectorial de Igualdad también ha visto este lunes la distribución de fondos para el Plan Corresponsables, que creará una red de empleo público para cuidadores.

Castilla-La Mancha, que está de acuerdo con los criterios de reparto, sí que ha hecho hincapié en que hubiera sido adecuado que Igualdad se hubiera coordinado con el Ministerio de Educación, al menos, ya que el departamento de Isabel Celaá ha hecho un reparto de fondos a las comunidades autónomas para la educación infantil de 0 a 3 años.

En este punto, Blanca Fernández ha preguntado al Ministerio de Igualdad si sería posible contribuir a financiar desde el Plan Corresponsables a algunas escuelas infantiles. «No se nos ha contestado», ha señalado.

Precisamente, la consejera ha explicado que el plan de conciliación que anunció el presidente, Emiliano García-Page, que estaría antes del verano se va a financiar con estos fondos. Son 16 millones de euros que van a parar Castilla-La Mancha y el objetivo del Gobierno regional es dar financiación a los ayuntamientos para que puedan poner en marcha servicios de conciliación.

Según ha aseverado, el Ejecutivo autonómico ya está trabajando en el decreto y espera que durante el verano ya esté en funcionamiento.