La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, se han erigido este jueves como los mandatarios autonómicos que encabezan las quejas por el documento aprobado ayer en el Consejo Interterritorial de ‘nueva normalidad’, llegando a asegurar que estos territorios mantendrán su hoja de ruta en cuanto a la desescalada y advirtiendo de una «invasión de competencias» por parte del Gobierno central.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, aprobó ayer, con rechazo de seis autonomías, el documento de obligado cumplimiento en el que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del ‘semáforo’ de Sanidad.

Durante la votación de este documento, Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, votaron en contra de la propuesta del Ministerio dirigido por Carolina Darias, y, además, tanto Castilla y León como la ciudad autónoma de Melilla, se abstuvieron. De este modo, estas Comunidades se opusieron de forma frontal a este planteamiento de Sanidad, llegando incluso algunas a anunciar que no lo aplicarían en su territorio.

«IMPOSICIÓN POLÍTICA»

La primera autonomía en salir públicamente a denunciar este documento fue la Comunidad de Madrid, quién aseguró que no daría cumplimiento a este planteamiento de Sanidad. Ya hoy, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que no acatará las medidas acordadas en el Interterritorial porque consideran que son de «imposición política» y «no sanitaria.

«Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para apañar y arrollar», ha manifestado, ante los periodistas Ayuso.

Ayuso ha defendido que no se trata de una cuestión de «rebeldía» por su parte porque «rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos».

«INVASIÓN DE COMPETENCIAS»

Por su parte, Urkullu ha denunciado que las modificaciones planteadas por el Ministerio de Sanidad suponen una «invasión de competencias» y evidencian «desconcierto absoluto» en la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno central, por lo que ha asegurado que Euskadi «seguirá su propia hoja de ruta» y mantendrá las medidas actualizadas el pasado lunes por las instituciones vascas.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco no participó ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por el Ministerio, que contemplaba medidas relacionadas con horarios de hostelería, ocio, eventos o cribados, por considerar que afectan a competencias de las instituciones vascas.

MÁS CCAA EN CONTRA

Este documento de Sanidad, aunque fue finalmente aprobado por la mayoría de Comunidades, sí que encontró el rechazo frontal de varias autonomías. Fue el caso, por ejemplo, de Galicia, quien ha reprochado al Ejecutivo central que pretenda «limitar ahora el proceso de apertura» de hostelería y ocio nocturno en la desescalada, transcurrido lo peor de la pandemia de coronavirus.

Por ello, la Xunta ha avanzado que Galicia estudiará «en detalle» con la asesoría jurídica el documento que el Ministerio de Sanidad presentó la tarde de este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con normas sobre hostelería y ocio nocturno y eventos multitudinarios «para analizar el carácter vinculante y si invade competencias autonómicas».

Asimismo, otras Comunidades también votaron en contra, aunque todavía no se han pronunciado sobre si mantendrán sus restricciones o acatarán las decisiones del Consejo Interterritorial.

EL GOBIERNO AVISA

En cualquier caso, desde el Ejecutivo, a través de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya han salido al paso de estas declaraciones de algunos Gobierno autonómicos recordando que este documentó contó con el aval de la mayoría del Consejo Interterritorial y avisando de que es de «obligado cumplimiento».

Darias aseguró este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que, en la última discrepancia con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, al final acabaron cediendo. La ministra se refería a la oposición del Gobierno madrileño al documento de obligado cumplimiento sobre medidas restrictivas de cara al puente de San José y a las vacaciones de Semana Santa, que en ese caso, Ayuso finalmente acató.

CERRAR LOS BARES A LAS 1.00 HORAS

Según se recoge en el documento aprobado en el Consejo Interterritorial, se establece cerrar los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, a las 01.00 horas y prohibir fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia.

En concreto, en relación a la hostelería, se señala que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50 por ciento en interior pudiéndose incrementar en un 10 por ciento si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire.

En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Además, se permite el servicio y consumo en barra, manteniendo la distancia antes mencionada, y las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 en exterior.

En los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de ‘Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19’, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1 de acuerdo al documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19’.

En ambos escenarios se seguirán las recomendaciones que se proponen para el nivel de alerta 1 en dicho documento como, por ejemplo, que el consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.

EL OCIO NOCTURNO TENDRÁ QUE CERRAR MÁXIMO A LAS 3.00 HORAS

Tampoco se podrá superar el 50 por ciento de aforo máximo en el interior del local, si bien las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas siempre asegurando la distancia entre mesas antes mencionada.

El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 3.00 horas. No obstante, cuando la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté en nivel de alerta 2, siempre y cuando los indicadores complementarios para la estimación del nivel de alerta presenten una evolución favorable, la comunidad autónoma podrá valorar autorizar la apertura de locales de ocio nocturno con las restricciones que se proponen en el documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19’.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha comprometido este jueves en Ceuta a «desplegar toda la capacidad política» de su formación a nivel nacional y europeo con el fin de conseguir la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Estado para las ciudades autónomas que abarque desde el refuerzo de sus fronteras hasta la dinamización de su economía, así como que la Unión Europea dé a ambas un trato «equiparable al de regiones ultraperiféricas».

En una comparecencia ante los medios junto al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), Casado ha adelantado tras la crisis migratoria desatada por el Reino alauita a mediados de mayo al consentir la entrada irregular en Ceuta de «entre 10.000 y 12.000» inmigrantes que seguirá siendo «leal» al Gobierno de Pedro Sánchez en un «tema «de Estado» como es «las relaciones de colaboración eficaz que hay que mantener y fortalecer con Marruecos».

Desde esa posición «responsable», el presidente del PP ha reivindicado un Plan Estratégico de Estado para las ciudades autónomas que incluya «un incremento de los medios humanos y materiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército que incluya la construcción o renovación de sus infraestructuras, así como el refuerzo del perímetro y los espigones fronterizos con las últimas tecnologías».

Casado también se ha mostrado partidario de «analizar» la posibilidad de ampliar las conexiones aéreas disponibles actualmente en helicóptero entre Ceuta y Andalucía con la construcción de un aeropuerto en la localidad española norteafricana, para la que también ha demandado «más fondos sociales que compensen la presión que soportan en el ámbito asistencial, sanitario o educativo».

En materia económica ha apostado por convertir a Ceuta en «un área de libre comercio con fiscalidad atractiva» y por «invertir en la conexión eléctrica submarina con la península y las redes de abastecimiento de agua», así como por darle un trato especial a su «desarrollo urbanístico».

A escala europea el presidente nacional del PP cree que las instituciones comunitarias deben dar a Ceuta y Melilla «un trato equiparable al que reciben las regiones ultraperiféricas» teniendo en cuenta que ambos territorios son «las únicas ciudades europeas en el continente africano, donde se convierten en las fronteras como mayor disparidad económica del mundo entre ambos lados».

A juicio de Casado «es conveniente estudiar la posible supresión de la excepción del Tratado de Schengen» que permite a los residentes en las provincias limítrofes marroquíes acceder a Ceuta o Melilla sin visado, así como «abordar la política migratoria como un problema europeo, con la implicación de Frontex y colaboración con los países de origen».

«EL PP HA SIDO MÁS LEAL QUE MUCHOS MINISTROS»

El líder del PP ha evitado pronunciarse sobre si habría admitido al líder del Frente Polisario en España si hubiera estado en el lugar de Sánchez y tampoco ha querido señalar si el Reino alauita es o no un «socio fiable» a la vista de su comportamiento entre los días 17 y 19 del mes pasado. La política internacional se debe analizar en las Cortes: hay muchas cosas que se han podido hacer mejor, pero desde el PP hemos sido más leales al Gobierno que muchos de sus ministros», ha advertido.

«Ahora hay que colaborar con el país vecino para que las 4.000 personas que entraron irregularmente en Ceuta y siguen en la ciudad vuelvan cuanto antes a Marruecos y que los menores no acompañados retornen con sus familias», ha reivindicado tras entrevistarse con Vivas y antes de acudir a «saludar» a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a quienes ha agradecido, como a los militares, su trabajo «para preservar nuestras fronteras dando también un ejemplo de solidaridad».

Casado cerrará su visita a la ciudad, la octava que realiza desde que preside el PP, con un encuentro con empresarios en la sede local del partido, cuyo líder, Juan Vivas, le ha agradecido que no haya intentado «obtener ningún rédito personal o partidista» de la crisis migratoria. «Se ha puesto a disposición de Ceuta y de España porque en el PP llevamos en nuestro ADN la defensa de la españolidad y la soberanía de la ciudad, una causa común de todos los ceutíes, ya sean cristianos, musulmanes, hindúes y hebreos, que somos iguales en derechos y obligaciones al abrigo de una misma patria», ha subrayado.

Un Juzgado de lo Penal de Almería ha condenado a 21 meses de prisión a un hombre de 51 años por maltratar de manera continuada y reiterada a su pareja sentimental, a quien insultaba, golpeaba, y escupía en presencia de sus dos hijos menores de edad.

El acusado, quien reconoció los hechos en el acto de juicio y mostró conformidad con la condena pedida por el fiscal, que modificó sus conclusiones provisionales, mantuvo una actitud «agresiva y violenta» durante los cinco años de matrimonio.

La sentencia, indica que el acusado agredió durante la convivencia «en numerosas ocasiones» a la mujer, a quien solía «pegar con la mano abierta, coger del cuello, dar empujones y escupir».

Subraya que, además, de «forma reiterada», y en presencia de los dos hijos menores de ambos, la insultaba y la amenazaba diciéndole que «la mataría si se separaba de él».

Recoge el fallo que, en diciembre de 2018 y en el interior del domicilio familiar como siempre, «la golpeó en la mejilla y la sujetó del cuello con fuerza». Al intentar ella «zafarse», la arañó y le propinó «un cabezazo en el ojo derecho, tirándola al suelo y dándole patadas en el costado».

Como consecuencia de esta agresión, la víctima sufrió lesiones como hematoma orbicular y erosión en la mejilla de las que tardó en curar ocho días.

Además de la pena de prisión como autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, el juez le impone 60 días de trabajo comunitarios por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer.

El acusado no podrá acercarse a la víctima a menos de 200 metros ni comunicarse con ella por periodo de seis años y deberá indemnizarle con 240 euros por las lesiones.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé iniciar el día 9 de este mes un juicio contra 16 personas pertenecientes a los clanes familiares de los Novalios, los Tatos y de La Línea, por conformar presuntamente una «organización criminal» dedicada al contrabando de tabaco, por tenencia ilícita de armas y por blanqueo de capitales.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en el caso de los miembros del clan familiar de Los Novalios, al menos desde 2012 se habrían dedicado a la «posesión y almacenamiento de tabaco para su posterior comercialización sin la preceptiva autorización del Comisionado del Mercado de Tabacos», adquiriendo «inmuebles o vehículos» y productos financieros para «encubrir o disimular el verdadero origen de sus ilícitas ganancias».

Así, este grupo familiar almacenaba el tabaco en un domicilio de dos de los acusados, en la calle Camas de Tomares; y en otra vivienda de la calle Camino de Valdovina de Castilleja de la Cuesta hogar de otros dos acusados; vendiendo el tabaco en el mesón Los Novalios de Camas y en un quiosco del barrio de Ciudad Aljarafe, en Mairena del Aljarafe.

En el caso de los Tatos, sus miembros se dedicaban igualmente desde al menos 2012 al almacenamiento y transporte de tabaco sin autorización alguna, acopiando el tabaco en las viviendas de varios de los acusados en las calles Carretera de Carmona y Licenciado Caldera de Sevilla capital.

«PERFECTAMENTE INTERRELACIONADOS»

Respecto al grupo familiar conocido como de La Línea, al menos desde 2012 se habría dedicado al almacenamiento de tabaco en algún lugar de la provincia de Cádiz, toda vez que estos tres clanes estaban «perfectamente interrelacionados entre sí», como habría descubierto la Guardia Civil al investigar esta red.

Fruto de los registros policiales, en la vivienda de la calle Licenciado Caldera fueron además halladas dos réplicas de fusil, dos réplicas de pistola, una carabina y una escopeta; mientras en el domicilio de la calle Carretera de Carmona fueron decomisadas cuatro escopetas y dos carabinas, entre otras armas, así como cientos y cientos de cajetillas de tabaco que sumaban un valor de 278.754 euros.

La Fiscalía detecta por todos estos hechos un presunto delito de contrabando, dos supuestos delitos de blanqueo de capitales, un delito de organización criminal y dos delitos de tenencia ilícita de armas, que son diferentemente atribuidos a los acusados en función al papel de cada cual en los hechos.

PENAS DE CÁRCEL Y MULTAS MILLONARIOS

Así, por el delito de contrabando, la Fiscalía solicita para 12 de los acusados penas de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos más multas de 400.000 euros, mientras por los dos delitos de blanqueo de capitales solicita para seis de los acusados tres años de cárcel y multas de tres millones de euros y para otros seis tres años de prisión y multas de un millón.

Además, por uno de los delitos de tenencia ilícita de armas pide para dos de los acusados un año y medio más de cárcel y por el otro delito similar diez meses de cárcel para otros dos acusados, toda vez que sobre dos de los acusados recaen además peticiones de pena de cuatro años más de prisión como promotores de una organización criminal, extremo por el cual el resto de acusados afronta peticiones de dos años más de prisión.

La Asociación Española de Sociedades de Protección contra incendios (Tecnifuego) ha hecho un llamamiento para implantar un nuevo modelo de gestión forestal que contemple el cumplimiento de la legislación, así como un aumento de la inversión en medios materiales y humanos, y una campaña de concienciación y educación ciudadana para poder afrontar los incendios que se producirán en verano, que se prevé de extremo riesgo.

Ante el inicio de la campaña contra incendios forestales 2021, Tecnifuego detalla en un comunicado que, en el caso del nuevo modelo de gestión forestal, debe implementar la normativa de protección civil obligatoria, como son los Planes de Autoprotección y Emergencias Municipales.

Además, cree que se debe invertir en el sector forestal a través de políticas que incentiven el aseguramiento de los montes, sus aprovechamientos directos e indirectos; y se debe aumentar la contratación de equipos y materiales evolucionados tecnológicamente, hidroaviones, maquinaria pesada, y metodologías para facilitar la extinción nocturna.

También pide invertir en campañas de concienciación y educación, dirigidas a la población, que incidan en la creación de viviendas seguras y autoprotegidas; incrementar la limpieza y cortafuegos en el perímetro de la urbanización; instalar hidrantes que aporten un buencaudal de agua en caso de necesidad; ignifugar estas áreas perimetrales y las propias viviendas; y respetar la normativa contra incendios en cuanto a quema de rastrojos, barbacoas, planes de autoprotección, etc.

También considera que todos los municipios y urbanizaciones cercanos a bosques deben instalar las medidas básicas de protección activa contra incendios, como son hidrantes, bocas de incendio equipadas, extintores, detección; y protección pasiva en las viviendas y jardines, con especies resistentes o pirófitas.

En cuanto a las viviendas deben construirse teniendo en cuenta la reacción de los materiales (que no ardan o tarden en arder) y su resistencia para que no colapsen, y pueda realizarse la evacuación. Igualmente deben habilitarse zonas confinadas y protegidas donde acoger a la población.

Tecnifuego vaticina que este año se prevé especialmente difícil en materia de incendios ya que, a las condiciones meteorológicas primaverales, el cambio climático y la falta de gestión forestal, se une la pandemia y el paso de la borrasca ‘Filomena’ que arrasó este invierno el centro peninsular, por lo que reclama un incremento de recursos para hacer frente a la lucha contra los incendios.

DISPOSITIVO SIMILAR A AÑOS ANTERIORES

Como alerta, a escala mundial, la emergencia climática provoca campañas contra incendios forestales cada vez más largas y virulentas, y por tanto, estima que su gestión y manejo requieren mayor inversión en personal, equipos y tecnologías. En España, en 2020, hubo 19 incendios forestales que superaron las 500 hectáreas, denominados grandes incendios.

Para hacer frente a la Campaña contra incendios 2021 se ha reunido el Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD), que se activará entre el 15 de junio y el 31 de octubre. Sin embargo, Tecnifuego denuncia que no se han incrementado los dispositivos, sino que serán similares a los de años anteriores.

Estarán formados, además de los distintos cuerpos de bomberos de las CCAA, por las Brigadas de Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias (UME), 73 medios aéreos y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vox ha pedido la comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión de investigación de la ‘operación Kitchen’, la supuesta trama organizada en el Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero Luis Bárcenas que pudieran comprometer al PP.

Tras suspender la comparecencia de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que iba a celebrarse este miércoles y que se dejó en el aire por su imputación, la comisión de investigación tiene intención de ampliar hasta final de año sus trabajos.

Habrá que buscar nuevas fechas para Cospedal y también para el exministro Jorge Fernández Díaz y el expresidente Mariano Rajoy, con los que inicialmente se iba a poner fin a las comparecencias la próxima semana.

En ese contexto, y habiendo tiempo para explorar nuevas comparecencias, Vox ha registrado este jueves un escrito solicitando que también se llame a declarar ante la comisión a Soraya Sáenz de Santamaría, que era la vicepresidenta del Gobierno cuando sucedían los hechos investigados, y al general Félix Sanz Roldán, que era el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dependía de la Vicepresidencia.

Precisamente este miércoles se ha conocido que, en la parte del sumario que sigue siendo secreta, se recogen declaraciones y notas de agenda que indican que la exvicepresidenta estaba supuestamente al tanto de las operaciones, con lo que se ha empezado a especular con su imputación.

TAMBIÉN LA PIDIERON PODEMOS, ERC Y JUNTS

La comparecencia de Sáenz de Santamaría ya fue solicitada en su momento por Unidas Podemos, ERC y Junts, pero quedó fuera del primer listado aprobado por la comisión. También se excluyó citar a Pablo Casado, actual presidente del PP, cuya presencia sólo fue reclamada por ERC.

Eso sí, tras la imputación de Cospedal, que ayudó a Casado a ganar el congreso del PP, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ya ha pedido explicaciones al presidente del PP asegurando que no puede «seguir huyendo ni escondiéndose».

Un informe presentado este jueves de Jóvenes e Inclusión (ONG que agrupa a once asociaciones autonómicas de infancia y juventud) denuncia que el fracaso educativo de los jóvenes españoles guarda relación con la desigualdad.

El informe, para el que la organización realizó encuestas se basa en encuestas a los chicos y chicas de 16 años a los que atiende (un total de 130), apunta que de ellos, el 92,4% ha repetido algún curso en el colegio o instituto y un 16,2% continúa en Educación Primaria.

El documento, (‘La educación: una carrera en la que no todos/as llegan a la meta’), con los que trabaja la entidad, de la que forman parte: Inserta Andalucía (Andalucía); FAIM (Aragón); Identidad para ellos y ellas (Asturias); Asociación Hestia (Canarias); Asociación Vasija (Castilla-La Mancha); ASECAL (Castilla y León); Associació Educativa Itaca (Cataluña); IGAXES (Galicia); Fundació Natzaret (Baleares); Fundación Pioneros (La Rioja); y Redes Cooperativa (Madrid).

Así, del total de encuestados de 16 años, el 36,1% son de origen extranjero. Además, un 28,7% de se encuentra en situación de tutela administrativa, un 13,89% son niños extranjeros no acompañados, un 13,1% está en una situación de guarda y un 6,2% asiste a algún servicio de apoyo técnico. «En todos los casos son niños y niñas desfavorecidos/as», advierte Jóvenes e Inclusión.

De todos estos jóvenes, un 92,4% ha repetido algún curso, un 70,7% ha cambiado de centro en alguna ocasión y un 72,3% ha cambiado de domicilio.

Según la asociación, estos datos contrastan con los de la población general, donde un 28,7% del alumnado ha repetido en España. En cualquier caso, este dato se encuentra muy por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en un 11,4%, según los resultados del Informe PISA de 2018.

«Con 16 años, los niños y niñas encuestados deberían encontrarse en el primer curso de educación Secundaria alta (1º de Bachillerato o FP de grado medio), pero la gran mayoría se encuentra muy lejos de esta meta», señala la entidad.

«Nos enfrentamos a perfiles con carencias económicas que afectan a su alimentación y al acceso a bienes materiales para equipararse a sus compañeros y compañeras –lamenta–. Son niños y niñas que, en muchos casos, se enfrentan a situaciones complicadas, con familias desestructuradas, cambios habituales de centro o domicilio y con unas posibilidades de éxito escolar muy mermadas».

Además, en su caso, los criterios de adjudicación de becas no ayudan a compensar esta situación, pues el 76,9% de los jóvenes encuestados en riesgo de exclusión no recibe becas para el estudio.

JÓVENES EN TUTELA Y MENAS

Más en detalle, por situaciones de los menores, en el caso de los jóvenes en situación de tutela, el 64,9% cambió de domicilio y el 72,9% de centro de estudios. Además, el 91,9% repitió curso y el 78,4% no recibió ningún tipo de beca para estudiar.

Con respecto a los niños extranjeros no acompañados, el informe subraya que ninguno de ellos recibió becas al estudio, el 56% viven en denominadas ‘ciudades dormitorio’, ninguno asiste a centros concertados y el 100% repitió curso. La gran mayoría de menores son varones (el 94,4%).

MERCADO LABORAL

El informe también se basa en la muestra de 4.886 jóvenes participantes en los programas de inserción laboral de las asociaciones que forman parte de Jóvenes e Inclusión.

Los datos que arroja el informe sobre estos casi 5.000 jóvenes en riesgo de exclusión es «poco alentador», según la asociación: Durante 2019, 1.131 jóvenes consiguieron un contrato de trabajo, mientras que en 2020, año marcado por la pandemia, este dato se desplomó un 9,5%.

Además, la duración media de los contratos fue de 2 meses y 25 días (85 días). Y los participantes en estos servicios aumentaron en un 112,8% en el año de la pandemia.

Otro dato que aporta el documento es que, de los 4.886 jóvenes en riesgo de exclusión que participan en los programas de inserción laboral de la asociación laboral, sólo 1 de cada 100 tiene estudios universitarios (el 0,9%).

El conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, ha descartado hacer Presupuestos para este 2021 y ha afirmado que comenzará a trabajar en los de 2022 a partir de la semana que viene.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este jueves, tras una interpelación de la diputada del PSC Alicia Romero, que le instaba a presentar cuanto antes las cuentas para el 2022, y que si hacía falta se hiciese mediante «un procedimiento de urgencia», que permitiría tenerlas incluso antes de verano, según ella.

En respuesta, Giró ha afirmado que la próxima semana se pondrá en contacto con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de tener una primera ronda de contactos para hacer un «buen presupuesto».

«Evidentemente necesita tiempo. Por tanto, lo queremos hacer, lo haremos bien, lo haremos con tiempo pero haremos los Presupuestos de 2022», y le ha replicado a Romero que es una obviedad –en sus palabras– que no se harán los de 2021 porque ya es el mes de junio.

Por su parte, Romero ha puesto en valor que el Gobierno central sí que ha aprobado las cuentas de 2021 en el tiempo correcto, y Giró le ha reprochado que el PSC podría haber colaborado en aprobar algún presupuesto en Cataluña y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «tiene la misma productividad de presupuestos que la Generalitat», ya que ha aprobado uno en tres años y el Govern dos en seis.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya había asegurado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu del martes que su Govern estudiaba si lo más eficaz para aprovechar los recursos económicos era promover o no unos Presupuestos para 2021, pero que independientemente lo que quieren es «que el Presupuesto de 2022 esté operativo desde el 1 de enero».

Aragonès aseguró que debía valorar con Giró si merecía la pena impulsar ahora unas cuentas para este ejercicio, con la voluntad de que «los recursos extraordinarios de este año se puedan poner en marcha lo antes posible», y que decidirían pronto cuál es el instrumento más eficaz para hacerlo.

DÉFICIT FISCAL

Giró también ha insistido en que Cataluña tiene un déficit fiscal y de inversiones que «lastra la competitividad de la economía y su capacidad de crecimiento», destaca que la diferencia entre lo que aporta el Estado y lo que recibe Cataluña es del 8% del PIB de media anual, e insta a Romero y al PSC a reconducir este déficit desde el Gobierno y solucionarlo.

Para ella, el Gobierno central ha hecho un esfuerzo muy considerable para cumplir con las inversiones que tocan a Cataluña, aunque reconoce que «con la ejecución después no ha sido todo lo pulcro que tenía que ser».

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta,ha afirmado que el Gobierno central fijó «hace tiempo el temario» para la agenda de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, pero tienen «la mayor de las disposiciones para escuchar el planteamiento que haga el gobierno de la Generalitat y, particularmente, su presidente desde el minuto cero».

Iceta ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha presidido el acto de inauguración oficial del Edificio de la Antigua Aduana de Bilbao, que alberga distintos servicios de la Administración General del Estado en Vizcaya.

Sobre la situación en Cataluña, el ministro ha afirmado que los dos presidentes se han emplazado «a hablar, a verse cuanto antes» y, a partir de esa entrevista, «tomar las decisiones que volverán a poner en marcha, de nuevo, esa mesa para el diálogo». «En lo que se refiere a fechas, composición y una eventual agenda no me atrevo a comentar por desconocimiento», ha agregado.

No obstante, ha apuntado que, desde el punto de vista del Gobierno, el «temario se fijo ya hace mucho tiempo cuando el presidente Sánchez, precisamente en Barcelona, presentó la agenda para el reencuentro».

«Nosotros nos vamos a atener a esa propuesta pero lógicamente desde la mayor de las disposiciones para escuchar el planteamiento que haga el gobierno de la Generalitat y particularmente su presidente desde el minuto cero», ha añadido. Por lo tanto, ha asegurado que habrá que esperar a que se produzca la entrevista entre los dos presidentes.

Ante la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de paralizado temporalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, Iceta ha afirmado que el Gobierno siempre respeta toda resolución judicial, un respeto «total y absoluto». Iceta ha asegurado, no obstante, que se trata de una decisión provisional, un «stand by» hasta que «se tome una decisión definitiva».

«Pero siempre, sea cuál sea la decisión de la justicia europea, nosotros vamos a respetarla como no puede ser de otra manera, si todos respetamos siempre todas las resoluciones judiciales, nos vamos a ahorrar muchos, muchos conflictos absolutamente innecesarios», ha concluido.

El presidente del grupo parlamentario de PP+Cs ha acusado a EH Bildu de «avalar comportamientos violentos e intolerables» y ha dicho que la coalición soberanista «se vuelve a retratar» al ser «incapaz de condenar la agresiones a los demócratas», como la sufrida por el ex concejal popular Iñaki García Calvo.

En rueda de prensa en el Parlamento vasco, Iturgaiz ha denunciado que este jueves que no se ha podido dar lectura a la declaración de condena a la agresión que sufrió el ex concejal popular y vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, el pasado fin de semana en Vitoria, propuesta por su grupo parlamentario, ya que era necesaria la unanimidad de todos los grupos y EH Bildu se ha negado.

En la propuesta presentada a todos los grupos parlamentarios por PP+Cs, el Parlamento vasco mostraba su «repulsa y condena más enérgica» ante la agresión sufrida por el ex concejal del PP «por su ideología», así como a las personas que le acompañaban.

En el texto, se recoge que se trata de unos hechos que «no representan a nuestra sociedad, cuyas señas de identidad han de ser la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad». Por último, el Parlamento vasco trasladaba su «solidaridad y apoyo» a los cuatro jóvenes agredidos y a todos sus compañeros de la formación política».

Carlos Iturgaiz ha lamentado que, excepto EH Bildu, todos los grupos habían respaldado la declaración, pero la negativa de la coalición soberanista «no ha permitido que este texto sea una declaración institucional».

Según ha denunciado, EH Bildu «se vuelve a retratar» porque «sigue siendo incapaz de condenar la agresiones a los demócratas, como sigue siendo incapaz de condenar el terrorismo de ETA». «Con esta actitud, que ya la conocemos, EH Bildu avala comportamientos violentos e intolerantes incompatibles con los principios democráticos de cualquier sociedad democrática», ha manifestado, para añadir que «no debe haber cabida al odio político en esta tierra».

Tras insistir en que EH Bildu «vuelve a retratarse con esta negativa a no permitir que hoy pudiéramos tener una condena institucional de todos los grupos», Iturgaiz ha indicado que el portavoz del grupo parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha mostrado esta mañana en la Junta de Portavoces el agradecimiento a todos los grupos que han expresado el respaldo al texto de condena.

Por su parte, Carmelo Barrio ha explicado que ayer todo los grupos le trasladaron su respaldo al texto, excepto EH Bildu que argumentó no compartir «ni la situación», ni tampoco el «fondo» de la declaración por el uso de la palabra condena.

RTVE ofrecerá este viernes 4 de junio el partido amistoso que enfrentará a las selecciones de España y Portugal, un choque preparatorio para la Eurocopa 2021 que podrá seguirse en directo a partir de las 19.20 horas en La 1, RNE y RTVE.es.

Según ha destacado la Corporación pública, este será el primer partido en España que se jugará con público en las gradas (con un 30% máximo del aforo en el Wanda Metropolitano) desde el inicio de la pandemia de la Covid-19.

La Selección dirigida por Luis Enrique, que debutará en la Eurocopa el 14 de junio contra Suecia en el estadio de La Cartuja de Sevilla, disputará antes dos amistosos de preparación que podrán verse en RTVE. Tras el España-Portugal del viernes, llegará el martes 8 otro encuentro, en Butarque (Leganés), contra la selección de Lituania.

El encuentro de este viernes comenzará a las 19.30 horas y contará en La 1 con la narración y comentarios de Juan Carlos Rivero, Albert ‘Chapi’ Ferrer y David Figueira y las entrevistas desde el césped de Lara Garandillas.

Por su parte, Teledeporte ofrecerá un programa previo, de 18.45 a 19.15 horas, con la última hora de ambas selecciones; y un post partido, hasta las 22.30 horas, con las mejores jugadas, goles y protagonistas. Este jueves, de 18.10 a 19.00 horas, el canal temático emitirá la rueda de prensa del seleccionador nacional, Luis Enrique.

Además, RNE ofrecerá también los partidos en ‘Tablero Deportivo’, con Manu Martínez. Este viernes, de 19.00 a 22.00, con Antonio Muelas y Ramón Hernández en el Metropolitano y los comentarios de Onésimo Sánchez, Julio Salinas y Emilio Amavisca.

En RTVE.es, además del directo, se podrá encontrar el resumen con los goles, la crónica del partido y toda la información previa y posterior al encuentro, tanto por la web como por la app, hbbtv y las redes sociales (@deportes_rtve y @teledeporte en Twitter; @TeledeporteRTVE en Facebook; @teledeportertve en Instagram y el canal de RTVE en Youtube).

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que el plan de choque en Dependencia supone una inversión de 600 millones de euros en un año –12,7 en Asturias–, lo que permite «revertir en un único año todos los recortes acumulados del PP» que según la ministra han «dejado la dependencia en una situación absolutamente dramática».

Así lo ha indicado Belarra tras una reunión celebrada en Avilés (Asturias) para abordar la atención a la dependencia y en la que también han participado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez.

La ministra ha puesto en valor la colaboración entre Estado y Principado para desplegar un plan de choque autonómico y uno estatal «para mejorar la vida de la gente, que es el objetivo por el que estamos en la instituciones».

Por otro lado, ha indicado que Asturias recibirá este año 12,7 millones de euros para Dependencia, que se suman a la inversión que ya existía, haciendo un total de 43 millones de euros de inversión de España el plan de choque asturiano. Una partida que a su juicio muestra el «compromiso» para reducir listas de espera y mejorar las condiciones laborales de un sector feminizado como el de atención a la dependencia, además de mejorar las prestaciones y servicios.

Se trata de un plan de choque que es «la primera punta de lanza para revertir la situación dramática del sistema de atención a la dependencia, que va ir en paralelo a los fondos europeos que tienen que servir para transformar el sistema» y pasar a un modelo de atención domiciliaria, ha afirmado la ministrado. Así, esperan que la teleasistencia avanzada llegue al 100% de la población al final de 2022.

Por su parte, la consejera Melania Álvarez ha destacado el trabajo de la administración estatal y autonómica para terminar con las listas de espera y dar acceso al sistema a toda la ciudadanía. «En el Gobierno de España encontramos un aliado», ha indicado, para destacar que la situación ha permitido incorporar a más de 4.400 personas al sistema.

«Estamos cumpliendo con los plazos y hay 25.000 personas en Asturias que forman parte del sistema de ayudas a las dependencia», ha indicado Álvarez, para recordar ha el compromiso del Gobierno de España con incrementar la financiación de este sistema y «recuperar el nivel acordado antes de los recortes del PP».

Instituciones Penitenciarias ha señalado este jueves que es «habitual» que los directores de las cárceles reciban las visitas institucionales que realizan de forma «sistemática» representantes de Bildu y otros partidos políticos. Además, recuerdan que los directores «no tienen potestad para negociar nada sobre la situación penitenciaria de las personas privadas de libertad».

«Las condiciones de cumplimiento de una pena privativa de libertad son competencia de las juntas de tratamiento, que proponen; de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dispone; y de la Justicia, que tiene la última palabra», han señalado fuentes de la institución dependiente del Ministerio del Interior.

En las propuestas de las juntas de tratamiento la ley contempla que participe el director de la prisión, que tiene capacidad de resolver un empate sobre lo que decidan los técnicos que forman parte de este órgano autónomo de cada prisión. En todo caso, la decisión final la adopta la Secretaría General y luego es un juez el que tiene capacidad de refrendarla o rechazarla.

Prisiones recuerda que las visitas institucionales se autorizan para políticos «de todos los colores». «Son habituales y se autorizan sistemáticamente en virtud del artículo 49 del Reglamento Penitenciario», apuntan las citadas fuentes, que matizan que las únicas excepciones han venido motivadas por la situación sanitaria derivada de la COVID-19.

«Es también habitual que esas visitas sean recibidas por el director o directora de la prisión, que no tiene potestad para negociar nada sobre la situación penitenciaria de las personas privadas de libertad», insisten las citadas fuentes de Instituciones Penitenciarias.

PROTESTA DEL PP Y RESPUESTA DE BILDU

En redes sociales, el PP ha interpelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones de las visitas solicitadas por dirigentes de EH Bildu. «¡Claro que Bildu no tiene nada que ver con ETA, qué tontería! ¿Verdad @sanchezcastejon?», ha señalado la formación liderada por Pablo Casado.

Al PP le ha contestado en Twitter Jon Iñarritu, uno de los diputados de Bildu que ha pedido verse con el director de la prisión de Basauri: «¡A ver linces! Llevamos una década de visitas a prisiones, CIEs, CETIS, cuarteles y comisaría dentro de las funciones parlamentarias, y no os escuchamos decir que tenemos algo que ver con ellos. ¿Cómo lleváis lo de Cospedal y Rato?»

Este jueves, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se ha mostrado favorable a que EH Bildu se reúna con directores de las cárceles, recordando que las decisiones sobre presos «la deciden los jueces».

De esta forma, pedía «no magnificar» los encuentros de EH Bildu tras ser interpelado por las informaciones que sostienen que dirigentes de este partido pretenden «negociar con los dirigentes de Prisiones las condiciones de los presos de ETA», reclamando «reuniones discretas».

El pasado mes de enero, Instituciones Penitenciarias ya se remitió al artículo 49 para recordar que «no puede interferir» en las visitas de EH Bildu a presos de El Puerto de Santa María (Cádiz), en este caso de la portavoz en el Congreso de este partido, Mertxe Aizpurua. Entonces estaban en vigor las restricciones de movilidad por la Covid-19.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha tachado de «sinsentido» la propuesta de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de otorgar el título de familia numerosa a las monoparentales con dos hijos.

«Queremos que el Gobierno dé soluciones a las familias monoparentales, que necesitan una ley específica para ellas, pero meterlas como familias numerosas no tiene ningún sentido, es un sinsentido. Dentro de poco ponderemos a ancianitas con un animal de compañía», ha criticado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, tras conocer la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales.

En concreto, Ione Belarra anunció este miércoles que la ley de diversidad familiar que prepara su departamento, y que esperan aprobar a finales de este año o principios de 2022, considerará familia numerosa a las monoparentales con dos hijos.

Trigo ha mostrado su «sorpresa» ante este anuncio ya que, según explica, el día anterior estuvieron reunidos con la ministra, en un encuentro con diferentes asociaciones de familia, y «nadie pidió ni comentó» este tema.

El presidente de la FEFN considera que a las familias numerosas se las denomina así «por el número de miembros» que forman parte de ellas, «no por su condición»; y asegura que las monoparentales tienen «una serie de problemas que no tienen nada que ver con las familias con más hijos».

Además, Trigo aprovecha para reclamar que se saque del título de familia numerosa también a los viudos o viudas con dos hijos. «Gobiernos anteriores, por apresurarse a tapar un problema que había, hicieron una cosa mal, poner a los viudos y viudas con dos hijos como familia numerosa», puntualiza.

A su juicio, lo que sí podría ser beneficioso para todos los modelos de familia es la prestación por hijo a cargo. Lo otro –otorgar el título de familia numerosa a monoparentales con menos de tres hijos–, según precisa, es como poner «una tirita» pero «no solucionar nada».

La incapacitación judicial dejará de ser una posibilidad en España a partir del próximo 3 de septiembre, después de que el BOE publicase este jueves 3 de junio la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La norma entra en vigor a los tres meses de su publicación y supondrá también la revisión y adaptación de miles de sentencias.

«Superada su tramitación parlamentaria, con un gran respaldo político, la nueva Ley adapta el ordenamiento jurídico-civil de nuestro país, sustantivo y procesal, a los mandatos de igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad contenidos en el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas», señala el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Según recuerda la organización, la reforma, impulsada y alentada desde la sociedad civil por el propio CERMI, deroga la incapacitación judicial, modelo de sustitución que comporta restricción de derechos, y establece uno nuevo orientado a los apoyos a las personas con discapacidad que puedan necesitarlos para la mejor toma de sus decisiones, tanto personales como patrimoniales.

«España marca la pauta al resto de países que aún tienen que realizar en materia de capacidad jurídica la adaptación de su ordenamiento jurídico al nuevo paradigma de apoyos de la Convención de la ONU», asegura el CERMI.

Aquellas personas que tengan, a la entrada en vigor de la norma, la capacidad modificada judicialmente (pródigos), así como los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta.

200.000 SENTENCIAS DE INCAPACIDAD DESDE 2008

La revisión de estas medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud. Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud por parte de los afectados, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años. Según datos facilitados por el CERMI, sólo desde 2008, hay registradas 200.000 sentencias de incapacitación.

Además, esta misma semana, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, ha puesto en valor la ley asegurando que, junto con las personas con discapacidad, se beneficiarán «todos los residentes en España».

En este sentido, ha recordado que, además de los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que residen en España, según los últimos datos disponibles, también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, incluyendo por motivos de edad, algo de lo que puede ser susceptible toda la población.

Y a los directamente beneficiarios de esta norma, ha explicado Martínez, hay que añadir a sus familias, implicadas también en la labor de apoyo que deben recibir estas personas. El notario Alfonso Madridejos ha, destacado, de hecho, el «cambio de chip» que deben hacer los allegados de las personas con discapacidad en este proceso.

La norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario –familia, allegados– recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.

«QUE NO NOS TOMEN POR TONTOS»

La opinión de las personas con discapacidad intelectual sobre esta ley es también muy positiva. Santiago tiene 48 años, una discapacidad intelectual y ha pasado gran parte de su vida incapacitado judicialmente. Hasta ese momento, era él quien ayudaba a su padre en las gestiones del banco y, entre otras tareas, le llevaba al médico. El día de la aprobación de la norma en el Parlamento lo celebró «a lo grande», pero avisó: «Que no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado».

«Que no nos digan que tenemos derechos y nos den la razón como a los tontos y luego hagan lo que les de la gana», alertó en declaraciones para añadir que la norma ayuda a recuperar lo que de toda la vida tenían que haber tenido y que nunca les deberían haber quitado.

Santiago incidió en el significado de «igualdad» y explicó que «dependiendo de cada caso» es preciso buscar los apoyos «justos». «Ni de más ni de menos de lo necesario. Queremos ser iguales que los demás», sentenció.

Es también portavoz de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) que, junto a Plena Inclusión, califica de «hito para la democracia española», que acerca al país a cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, celebran que se elimine una «discriminación histórica» hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que, hasta el momento, eran tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento».

Otro como Pablo, con Síndrome de Down y graduado en la Universidad Pablo de Olavide, también celebran la norma aunque nunca hayan estado incapacitados. «Lo de la ley me parece muy bien. Estoy contento con la reforma que han aprobado. Acabo de cumplir 30 años y desde que nací llevo una vida normal».

Mari Carmen, su madre, destacó que Pablo es una persona muy independiente, algo que se ha incrementado tras completar en la Universidad Pablo de Olavide un Programa de Formación para la Vida Independiente Adulta hace cuatro años. «Nunca movimos los papeles. No nos parecía bien incapacitarlo, porque le podían quitar de hacer cosas que él iba a echar de menos», manifestó cuando se aprobó la norma.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha rechazado que la propuesta aprobada en el Consejo Interritorial de Salud sea «una «imposición» y, tras recordar que es de «obligado cumplimiento», ha pedido «encarecidamente que se cumpla» porque la pandemia «no conoce de fronteras administrativas» y ve lógica la existencia de «pautas comunes de actuación». Iceta ha añadido que respeta pero no comparte la postura de Euskadi en esa reunión.

Iceta ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, a donde se ha desplazado para presidir el acto de inauguración oficial del Edificio de la Antigua Aduana de Bilbao, y donde se ha referido al hecho de que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco no participara ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por el Ministerio, que contemplaba medidas relacionadas con horarios de hostelería, ocio, eventos o cribados, por considerar que afectan a competencias de las instituciones vascas.

El ministro ha indicado que mañana se verá «negro sobre blanco» el planteamiento acordado tras su publicación en el BOE, de manera que «no haya ninguna confusión, ni ninguna duda». Según ha apuntado, uno de los elementos que más está suscitando «la atención» es el horario del horario nocturno que, al final, «por acuerdo quedó entre las dos de la mañana y las tres».

Iceta ha indicado que, desde el Ministerio de Sanidad y con el concurso del conjunto de comunidades autónomas, se estableció una declaración de actuaciones coordinadas y ha precisado que son un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que «luego se plasma en el Boletín Oficial del Estado».

«Y, por lo tanto, deviene una orden de obligado cumplimiento. Esto se hace, cuando se puede, por consenso y sino mediante votación y ayer lo que se produjo en el Consejo es una votación, en la que diversas comunidades estuvieron en contra del planteamiento que se hacía, todos debemos ver que en la variedad que es España hay comunidades que prefieren regularse a sí misma y no ver la interferencia de otras instituciones y, en cambio, hay otras que prefieren que hayan pautas de actuación común, algunas son más restrictivas, otras lo son menos», ha afirmado.

Iceta ha asegurado que habría que quedarse con que la pandemia «no ha acabado» y, aunque se está «mucho mejor» y se está en «otro momento», el conjunto de los ciudadanos debe saber que hay que «extremar las precauciones».

«Es verdad que vamos a tener más margen de libertad que la que teníamos hace unos meses porque evidentemente la extensión de la pandemia ahora es menor, la estamos controlando y el crecimiento de la vacunación nos hace reafirmar en el objetivo de tener a la mayor parte de la población española vacunada antes de acabar el verano pero aún así se siguen produciendo contagios y hemos de extremar las precauciones», ha añadido.

RESPETA PERO NO COMPARTE

Iceta ha insistido en que la propuesta de ayer, aunque era del Gobierno central, fue votada por el conjunto de las comunidades, aunque alguna de ellas, como la vasca, decidió no participar ni en la discusión ni en la votación «por entender que no quiere que sean regulaciones o disposiciones de ámbito estatal las que marquen pautas de lucha contra la pandemia».

El ministro ha asegurado que «respetan ese criterio» de Euskadi pero no lo comparten porque «la pandemia no conoce de fronteras administrativas» y la existencia de pautas comunes de actuación les «parece lógica». «Desde luego nosotros siempre intentamos buscar acuerdos ayer, hoy, mañana y los que vendrán y, por lo tanto, intentamos mantener la relación más exquisita más respetuosa y más cordial posible con el conjunto de los gobiernos autonómicos», ha apuntado.

En el caso de que finalmente Euskadi decida no acatar esta propuesta, después de que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, haya trasladado que el Gobierno vasco seguirá con su hoja de ruta, ha señalado que, a veces, cae en el «error de adelantar acontecimientos», por eso ha indicado que prefiere invitar a leer el plan que se publicará en el BOE.

Iceta ha pedido encarecidamente «a todo el mundo» que cumpla la propuesta pero «no porque sea una obligación sino porque conviene a todos». «Y si se produce algún caso que haya que comentar en el futuro lo haremos», ha afirmado en referencia a que finalmente Euskadi decida no cumplir esta orden.

El ministro de Política Territorial ha indicado que nadie debe ver lo aprobado ayer como «una imposición» sino como el «establecimiento de criterios lo más ampliamente compartidos para hacer frente juntos a esa pandemia».

Iceta, que ha dicho que no realizará ninguna crítica a ningún responsable público y «menos a un presidente como Urkullu», ha insistido en que no se trata de una imposición y que la decisión se tomó por votación de las comunidades, aunque «es verdad que a partir de una propuesta del ministerio de Sanidad». «Pero la decisión la tomaron las comunidades, el Gobierno ni siquiera vota en esa toma de decisión», ha agregado.

El representante del Gobierno central ha señalado que puede entender que Urkullu preferiría «que no hubiera unas pautas de conducta coordinadas del conjunto de España», pero ha indicado que, siendo «objetivos», su plan vasco de desescalada, -que ha merecido «siempre el elogio y el apoyo» del Gobierno central- también se ha ido modificando «porque la realidad de la pandemia ha ido cambiando».

«Eso esa lo que también nos ha obligado a modificar esas declaraciones de actuación coordinada porque han ido cambiando, afortunadamente para bien, las condiciones de la pandemia y no tiene mucho sentido seguir estando regulados por pautas que correspondían a una situación muy distinta a la que vivimos hoy. Nosotros vamos a buscar, como siempre, el máximo acuerdo que solo tiene un objetivo que es la mayor eficacia posible en la lucha contra una pandemia que nos afecta a todos», ha agregado.

La información sobre la lucha contra la corrupción que aportan las empresas del Ibex-35 es insuficiente, según se desprende del capítulo de ‘Corrupción’ del informe anual ‘La información sobre Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del Ibex 35’, referente a 2019, realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y presentado este 3 de junio.

Así, a pesar de que la puntuación global ha mejorado ligeramente con respecto al ejercicio anterior, pasando de 24,13 a 29,14 puntos sobre 100, el documento constata que no se abordan cuestiones clave en la gestión de esta información.

Según el Observatorio, el impacto social, medioambiental y coste económico de la corrupción hace necesario que las grandes empresas cuenten con procedimientos de debida diligencia en la lucha contra la corrupción acordes a la naturaleza y magnitud de los riesgos en los que pueda incurrir.

Si bien las compañías del selectivo español están incorporando progresivamente diversos compromisos en materia de lucha contra la corrupción, considera que sigue existiendo una notable diferencia entre las buenas intenciones expresadas en sus marcos normativos y la deficiente información pública sobre la gestión de los riesgos de corrupción de cara a su identificación, prevención y abordaje disciplinario en un contexto en el que la percepción de la corrupción en la sociedad se mantiene muy alta.

En este sentido, recuerda que España se situó en el puesto 32 en el año 2020 según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, retrocediendo dos puestos en relación a 2019.

En el capítulo se detalla que 21 de las empresas del Ibex-35 tienen una política anticorrupción específica e independiente, pero apenas 9 informan haber realizado evaluaciones de riesgos específicos de corrupción en 2019 y ninguna aporta resultados diferenciando países o áreas de actividad. En el caso de las empresas que informan, precisa que se trata de Acciona, Endesa, Mediaset, Melià Hotels, Merlin Properties, Naturgy, Repsol, Siemens Gamesa y Viscofan.

Por otro lado, señala que el proceso de identificación de riesgos de corrupción es igual de importante a nivel interno como en la cadena de suministro de la empresa. En este caso, la mayoría de las empresas (30) exigen a sus proveedores y socios comerciales la adhesión a su normativa en la materia, pero solo 4 indican haber realizado evaluaciones de riesgos de corrupción a lo largo del ejercicio, sin aportar información significativa sobre sus resultados y actuaciones.

En la presentación, el coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez, ha puntualizado que la escasa información sobre las medidas de prevención y la lucha contra la corrupción proporcionada por las empresas puede deberse a distintos factores.

«Por un lado, podría responder a una estrategia de no exponerse a la opinión pública y por tanto a un mayor escrutinio por parte de prescriptores. Otro factor es la ausencia de modelos de rendición de cuentas que permitan evaluar estas medidas través de la información suministrada por las empresas, así como a la variedad de atributos o elementos que pueden ser tenidos en cuenta bajo el concepto de corrupción consecuencia de la falta de consenso en relación a qué actividades pueden ser constitutivas de corrupción y qué mecanismos ayudan a prevenirla en la organización y gestión de la empresa», ha explicado.

INFORMACIÓN DIFÍCIL DE ENCONTRAR

El respeto a la libre competencia es un aspecto sobre el que existe un amplio nivel de cumplimiento en cuanto a la existencia de compromisos elementales (30 de las 35 se posicionan claramente), pero en la práctica se registra un incumplimiento reiterado en los últimos años, según el documento.

Así, añade que 17 empresas del selectivo tenían casos activos por competencia desleal durante el ejercicio 2019. Entre los casos más habituales a nivel nacional se encuentran diversos expedientes de la CNMC relacionados con acuerdos para el reparto de licitaciones de obra y mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la alteración de precios de la energía eléctrica.

«La información sobre presuntos casos de corrupción o prácticas contrarias a la libre competencia es muy escasa y se presenta con un enfoque defensivo, más orientado a los intereses corporativos que a la rendición de cuentas», ha indicado por su parte Eduardo Soria, investigador del Observatorio de RSC.

También se ha detectado que 15 empresas se encontraban supuestamente implicadas en el ejercicio 2019 en un total de 34 casos de corrupción en España o en otros países y ninguna de ellas informa acerca de las medidas disciplinarias tomadas en respuesta a estos casos de corrupción.

El documento también añade que 23 de las 35 empresas analizadas prohíben la financiación de partidos políticos en todos los países en los que operan y, de las restantes, cuatro ofrecen información sobre las aportaciones realizadas en 2019. Solo 11 empresas extienden la prohibición a fundaciones y candidatos de partidos políticos.

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

En 2019, 24 empresas estaban obligadas por La Ley de Transparencia a publicar a través de sus webs institucionales determinada información, incluida las subvenciones y contratación pública a lo largo del ejercicio. Ninguna de las empresas obligadas cumple con este requisito, indica el documento, que añade que a lo sumo se aporta alguna información sin llegar a ser completa ni desagregada y limitada a España, y con notables diferencias respecto a los datos disponibles a través de otras fuentes públicas.

Además, señala que sólo 3 empresas (Repsol, Aena y Enagás) recogen esta información en apartados específicos de transparencia en sus webs corporativas, pero con diversos grados de exhaustividad y limitaciones en cuanto a la información sobre subvenciones y contratación pública que ofrecen.

La Ley 11/2018 de información no financiera establece que la empresa debe aportar una «descripción de las políticas, de resultados y riesgos vinculados» en relación con la gestión de la corrupción y los sobornos, y, además, información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa.

De acuerdo con el esquema de valoración propuesto, el porcentaje de puntuación promedio obtenida por las 33 empresas que son sujeto obligado sería de 23,08%, una ligera mejoría respecto al 15,48% registrado en 2018, aunque insuficiente para dar cumplimiento a una información exhaustiva y comparable de acuerdo a lo requerido en la Ley 11/2018, concluye el documento.

El diputado del PSOE por Vizcaya y exlehendakari, Patxi López, se ha mostrado convencido de que la «inmensa mayoría» del Partido Socialista sabe que, si se producen los indultos a los líderes independentistas estos «tienen el objetivo de rebajar la tensión en Cataluña y en la sociedad catalana, abrir un espacio para el diálogo y empezar a normalizar la vida del Govern y de los catalanes».

En una entrevista a Radio Euskadi, López ha manifestado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su decisión de otorgar los indultos a los líderes independentistas y ha defendido que hay «un problema político y la política tiene la obligación de buscar respuestas y soluciones».

«Se ha hecho palpable que el estado de derecho funciona cuando alguien incumple la ley y da igual que sea President de un Gobierno, de un Parlamento o consejero, porque se le lleva ante los tribunales y estos sentencias y castigan ese incumplimiento de la ley», ha afirmado.

Además, ha apuntado que «la vía de recoger firmas en contra del Estatut, como ahora vuelve a recoger firmas el PP en contra de los posibles indultos, de confrontación permanente, de negación y criminalización del diálogo, de ser incapaces de hablar para buscar respuestas y soluciones, no conduce a ningún sitio».

Por ello, ha dado la «bienvenida» a los indultos si sirven para «rebajar esa tensión, para abrir un espacio para el diálogo, para ver si somos capaces de entendernos», al tiempo que ha preguntado a los que se oponen a esta medida, «en vez de criticar tanto, ¿por qué no nos dicen cuál es su alternativa para arreglar todo este problema?».

Respecto a las posiciones en contra manifestadas por dirigentes socialistas como Felipe González, Emiliano García-Page o Gillermo Fernández Vara, ha recordado que González «acababa de decir que él si daría el indulto para rebajar la tensión y resolver el problema».

En el caso de García Page, ha manifestado que puede entender que «pensando posiblemente en su electorado reaccionara así en caliente y a la contra», pero le ha pedido que «que piense cuál es la alternativa». Si no la tienes, explica mejor a tu gente por qué los indultos pueden abrir un espacio y un tiempo diferente y, especialmente, para que el Gobierno de la Generalitat no siga con la matraca y empiece a gobernar», ha asegurado.

«En el PSOE somos muy plurales en nuestras opiniones y a veces las expresamos públicamente, luego esto se magnifica a través de los medios y a veces interesadamente por la propia oposición. Diría que se nos habría acabado la vitalidad si no hubiera distintas opiniones dentro del partido, otra cosa es que seamos capaces de conducirlas», ha sostenido.

No obstante, se ha mostrado convencido de que «la inmensa mayoría del PSOE sabe que, si se producen los indultos, tienen el objetivo de rebajar la tensión en Cataluña y en la sociedad catalana, abrir un espacio para el diálogo y empezar a normalizar la vida del Govern y de los catalanes».

En esa línea, el secretario de Política Federal del PSOE ha pedido a los independentistas que «dejen de jugar a la contra permanentemente» y ha subrayado que, en caso de que hubiera indultos, «estos no van dirigidos a los independistas encarcelados ni a algunos dirigentes que siguen esa senda, van dirigidos a la sociedad catalana para decirle: queremos rebajar la tensión de lo que habéis estado viviendo durante tanto tiempo, que era una confrontación permanente, una fractura social, y abrir un espacio para el entendimiento, para el diálogo».

En cuanto al nuevo Govern, Patxi López ha confiado en que ERC «le dé, de una vez por todas, a la mayor y adopte sus propias decisiones» porque, en su opinión, «siempre ha estado condicionado y siempre se ha arrugado en el último momento». «Ahora que ya tiene la presidencia de la Generalitat espero que esté a la altura de las circunstancias», ha añadido.

FOTO DE COLÓN Y PRESOS

Asimismo, cuestionado por la repetición de la conocida como «foto de Colón», el dirigente socialista ha recordado que «fracasó todo lo que hizo la derecha en relación a Cataluña» y ha lamentado que «vuelven a la misma senda de la confrontación y se juntan con la representación del nuevo fascismo en nuestro país». «Vox pone las ideas, el PP se las amplifica y luego Ciudadanos le acompaña y eso es tremendo y dramático», ha denunciado.

Por otro lado, respecto al acercamiento de los presos de ETA, ha recordado que cuando era Lehendakari acudió con un planteamiento como el actual este al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y «lo metió en un cajón». «A Urkullu le pasó lo mismo», ha asegurado, al tiempo que ha resaltado el hecho de que «desde que ETA desaparece de nuestras vidas dijimos que otra política penitenciaria era posible y necesaria, y ahora se está cumpliendo».

Por ello, ha incidido en que el PP «cuando tiene un problema saca Venezuela, Cataluña o ETA», algo que le produce «una pena infinita» porque, en su opinión, «es no reconocer que esa batalla al terrorismo la ganó la democracia».

«Lo que mas me duele es la utilización perversa que hace el PP de las víctimas. ¿Enfrentamos a víctimas, a eso quiere llegar el PP? Me parece inmoral e indecente, y es la política que practica cada vez que no está en el Gobierno. Le vale todo para atacar al PSOE y hay líneas rojas en la política que nunca se deben cruzar», ha criticado.

COSPEDAL

Preguntado por la imputación de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal por el caso de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, el diputado socialista ha recordado que «hay una sentencia que dice que el PP casi como una banda criminal organizó toda una trama para robar a manos llenas». «Ahora se está investigando otra trama para entorpecer la actuación de la Justicia, en la que ayer vimos que estaba la época de Rajoy entera», ha añadido.

En ese sentido, ha incidido en que Pablo Casado «es de ese partido y fue aupado a la secretaría general, entre otros por Cospedal» y, por ello, ha subrayado que «algo tendrá que decir, alguna explicación tendrá que dar aunque sea para romper de raíz con ese pasado», que además «no es un pasado de hace 25 o 30 años, es de ayer».

A su juicio, Casado queda desacreditado «sobre todo si no dice nada y no adopta ninguna decisión». Por ello, ha insistido en señalar que la formación popular «tiene que romper con el PP de la caja B, de los sobresueldos, sobrefinanciado por tramas ilegales».

López ha defendido que «en este país tiene que haber una derecha homologable con la europea, razonable, que fuera una oposición que tuviera sentido de Estado» y ha lamentado que con Casado «no está pasando nada de esto» porque «no arrima el hombro cuando hay que hacerlo y no corta con ese pasado de corrupción». En su opinión, el presidente del PP podría desvincularse de ello «cortando cabezas». «No sé si salpicará a la suya propia», ha añadido.

Tras calificar de «tremendo» que Cospedal dijese, tras la suspensión de su comparecencia en el Congreso por su imputación que «todo se está haciendo para que no se hable los indultos», ha considerado que por parte de la exdirigente popular hubo «mucho teatro» y se ha preguntado si «a ver si son ellos los que utilizan los indultos para no hablar del caso ‘Kitchen'».

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán es entre gobiernos, que él no forma parte del Ejecutivo catalán, y que tampoco quiere «tutelar» al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ni a su Govern.

«Es una mesa entre dos gobiernos. Yo no estoy en el gobierno catalán y tampoco tutelo al Govern, yo ni tengo ganas de querer tutelar ni que mi gesto se interprete como una tutela al presidente Aragonès», ha asegurado en rueda de prensa desde el Parlamento Europeo junto a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, al ser preguntado por si quiere participar en la mesa de diálogo, después de que ERC dijera que le gustaría que su líder, Oriol Junqueras, sí que estuviera.

Puigdemont ha defendido que él no está inhabilitado para hacer política, como considera que demuestra la decisión del Tribunal General de la UE (TUE) de paralizar temporalmente el levantamiento de su inmunidad, y que el «problema» lo tiene el Gobierno que no le reconoce como un actor político y un representante escogido por la ciudadanía.

«Ya no es responsabilidad nuestra participar o dejar de participar, es que las condiciones de uno de los interlocutores de la mesa de diálogo inhabilita la política. No reconoce la existencia de representantes legítimos de los catalanes y europeos, que estamos actuando en el Parlamento de Europa. El problema lo tienen ellos, no nosotros», ha criticado.

DESCONFÍA QUE SÁNCHEZ AFRONTE LA MESA CON VOLUNTAD DE RESOLVER

Asimismo, ha expresado su desconfianza en que el Gobierno de Pedro Sánchez afronte la mesa de diálogo con voluntad de resolver el conflicto: «Ellos sabrán si se queda como siempre en una declaración retórica o tiene el coraje que siempre les hemos reclamado y nunca han tenido de hacer propuestas políticas disruptivas y transformadoras de verdad. Me temo que este coraje no lo tienen».

Ha insistido en que el independentismo va a la mesa de diálogo a negociar la amnistía y sobre todo la autodeterminación: «Si el Gobierno español está dispuesto a hablar de esto, que escoja con quién quiere hablar, que lo haga y que sobre todo lo aplique».

PIDE DEJAR «DE HACER PROPAGANDA»

Preguntado sobre los indultos y la reforma del delito de sedición, Puigdemont ha criticado que se hable mucho de ello desde hace tiempo pero que no se hayan demostrado con hechos: «Todo el mundo habla pero nadie ha visto nada».

Según él, hace casi dos años que se habla de este asunto sin que se haya aplicado ninguna de las dos propuestas, por lo que ha exigido al Gobierno enseñar cuál es exactamente cómo quiere conceder los indultos o reformar la sedición y deje «de hacer propaganda».

Asimismo, ha reiterado que los indultos son una solución personal para los presos del 1-O pero no solucionan el conflicto y ha argumentado que «quien necesita ser indultado es el Estado español, pues sabe que no puede argumentar qué hacen nueve personas cumpliendo penas de entre 9 y 13 años de prisión por organizar manifestaciones y un referéndum».

Considera que ni el Estado ni la UE pueden explicar esta situación, de manera que ha reclamado acabar con lo que él tacha de represión y pasar a demostrar con hechos la voluntad de diálogo y concordia: «No es tiempo de palabras bonitas, es tiempo de hechos bonitos».

COMÍN Y PONSATÍ

Por su parte, Comín ha pedido no especular sobre los posibles indultos y, sobre la reforma de la sedición, ha defendido no limitarla a reducir la pena, sino también a «detallar de manera precisa» el delito en el Código Penal.

Además, Ponsatí ha atribuido los indultos a que España tiene un «problema serio porque no se pueden presentar al mundo con presos políticos en la cárcel» y ha alertado de la presión que hay por parte de la derecha española para evitar esta medida.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha sostenido este jueves que los grandes tenedores de pisos son uno de los actores responsables del problema de la vivienda, ante críticas de Sergio Macián (Vox) a la postura de la Generalitat ante las ocupaciones ilegales.

En el pleno del Parlamento catalán, Elena ha asegurado que el 99% de las ocupaciones son de pisos vacíos, que el 97% no registra ninguna situación de violencia, y que el 82% son de pisos de grandes tenedores: «Y es justo de donde saca los datos, de los grandes tenedores, uno de los principales responsables del problema de vivienda que tenemos».

«Es evidente a quien representa», ha dicho Elena al diputado de Vox, tras lo que ha recordado que los grandes tenedores tienen unos 27.500 inmuebles vacíos en Cataluña y ha dicho que, si hay un problema de seguridad en este ámbito, está vinculado a las mafias al servicio de estos grandes tenedores, según él.

Elena ha dicho a Macián que Vox tiene una concepción de la seguridad de los años 60, y ha remarcado que la falta de acceso a la vivienda es un problema social: «Le animo a que giremos la mirada y no la centremos en la perspectiva de la seguridad, que desde este punto de vista es anecdótica».

RECHAZA QUE LAS LÁGRIMAS SEAN DE PEQUEÑOS TENEDORES DE PISOS OKUPADOS

Macián ha asegurado haber visto lágrimas de pequeños propietarios al ver ocupados pisos de los que dependían, ante lo que Elena ha defendido no tener la misma concepción ante casos de grandes tenedores y de pequeños propietarios: «Pero usted defiende de la misma manera una cosa y la otra», ha dicho a Macián.

«Las lágrimas son de la gente que a menudo es desahuciada de pisos que están vacíos y que son propiedad de grandes tenedores» que obtuvieron estos pisos de personas que los perdieron por hipotecas abusivas en la crisis, ha sostenido el consejero, que ha garantizado que esta es la gente por la que trabajarán desde el Govern, y no por los grandes tenedores.

Macián ha descrito Cataluña como el paraíso de la ocupación ilegal: «Hay un salto conceptual muy importante entre que no se desahucie a una persona que no puede pagar el alquiler y un ocupa, y la izquierda y el separatismo se han lanzado a este salto sin paracaídas».

Ha exigido a la Generalitat no criminalizar a los grandes tenedores de pisos, porque tienen el mismo derecho a la propiedad privada, que ha pedido al Govern defender: «La obligación de la administración es no delegar en los particulares su obligación de proveer de soluciones habitacionales a las personas».

ESTIGMATIZACIÓN

Elena ha acusado a Vox de enfocar el asunto para generar un miedo que justifique sus políticas, y con la vocación de estigmatizar: «Tienden a secuestrar un problema, una idea, un concepto o incluso una institución. La tergiversan, la retuerzan, la rellenan de mentiras, expulsan a todos de esa idea y después la lanzan contra los otros».

El diputado de Vox ha replicado a Elena: «Son ustedes los primeros que estigmatizan. En primer lugar, a los catalanes que nos han votado, con ese cordón antidemocrático que nos imponen a los de Vox».

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo especializado en robos en estancos, que operaba desde Salamanca, Almería y Madrid, y al que se le atribuye al menos siete robos en las provincias de Salamanca, Zamora y Cáceres.

Según han informado fuentes del instituto armado, la operación se ha saldado con la detención el martes, 1 de junio, de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, y el registro de cinco viviendas y una nave industrial ubicadas en en las provincias de Salamanca, Madrid, Almería y Badajoz.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Salamanca ha sido la responsable de esta operación, denominada ‘Armutanco’, que comenzó el pasado mes de diciembre de 2020 debido a dos robos con fuerza en ese momento en establecimientos comerciales de Aldeaseca de la Armuña y Salamanca, y la sustracción de un vehículo para perpetrar el primero de ellos.

Durante el tiempo que ha durado la investigación, los agentes han determinado que los presuntos autores de los hechos formaban un grupo delictivo compuesto por ciudadanos de nacionalidad española y rumana, establecidos en las provincias de Salamanca, Madrid y Almería, desde donde se desplazaban «a cualquier punto del territorio nacional con el único fin de cometer acciones delictivas, principalmente en establecimientos con dedicación a la venta de tabaco».

Así, el pasado 1 de junio, de forma simultánea en las provincias de Salamanca, Madrid, Almería y Badajoz, guardias civiles de distintas especialidades del cuerpo procedieron a la práctica de los cinco registros domiciliarios y uno en una nave industrial, y a la detención de los seis integrantes del grupo.

Los detenidos han sido P.A.M.M., de 28 años; L.M.A., de 19 años; A.C.S.R., de 32 años; C.F.V., de 36 años; E.I.G.G., de 31 años; y A.B.N., de 39 años, a los cuales se les considera supuestos autores de siete robos con fuerza cometidos en las provincias de Salamanca, Zamora y Cáceres.

Con estas detenciones, la Comandancia ha dado por finalizada la primera fase de la investigación encuadrada dentro de la operación, que ha estado dirigida judicialmente por el Titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido este jueves al Parlamento Europeo no presentar alegaciones a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de paralizar temporalmente la suspensión de su inmunidad europarlamentaria y la de los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

En rueda de prensa desde el Parlamento Europeo, junto a Comín y Ponsatí, ha destacado la relevancia de esta decisión porque, pese a que reconoce que es temporal, considera que no tiene precedentes y el tribunal reconoce sus argumentos como razonables: «Es un escalón cualitativamente muy importante».

En una declaración que Puigdemont ha leído en inglés, Ponsatí en catalán y Comín en castellano, han defendido que la decisión del TUE les devuelve sus derechos, y que «no lesiona ningún derecho del Parlamento, sino que protegiendo los derechos políticos de tres de sus miembros el Parlamento sale reforzado».

LAMENTA QUE EL TRIBUNAL RECHACE QUE SUFREN PERSECUCIÓN POLÍTICA

Han destacado especialmente que, según ellos, el tribunal no haya rechazado de entrada que sufren persecución política, sino que haya aceptado que este argumento de la defensa «parece razonable y digno de ser tenido en consideración».

Pese a que admiten que han recuperado la inmunidad solo de manera temporal y que habrá que ver cuál es la resolución final, Puigdemont ha recalcado que es una decisión relevante que «afecta al fondo del debate sobre el suplicatorio que es importante que el Parlamento conozca, no es una decisión que afecte a una cuestión técnica, es una cuestión de fondo».

«Es evidente que hoy estamos un poco más cerca del final con argumentos razonables que nos dan la razón», ha reivindicado, aunque ha concretado que no dan por descontado que ganarán la resolución final del litigio.

Sin embargo, ha enfatizado que de lo que pueden estar seguros es de que la justicia europea no estará influenciada por la política, a diferencia de lo que cree que ocurre en España: «Siempre damos por descontado que podemos confiar en la justicia europea pero que puede fallar en nuestra contra. Pero sabemos que su decisión no va a estar marcada por su interferencia política. No va a vulnerar nuestros derechos ni nuestro derecho a defendernos en igualdad de condiciones que los demás».

ESPAÑA «INCUMPLE LAS NORMAS»

Puigdemont ha afirmado que con esta decisión ahora tienen inmunidad en toda la UE excepto en España, algo que ve una anomalía que cree que las instituciones europeas deben atender: «El poder judicial español es un problema que Europa ya no puede ignorar».

Así, ha reclamado a la UE que se encargue de que España cumpla las decisiones judiciales europeas y que Europa no se vea influenciada por la doctrina del Tribunal Supremo: «Deben ser las instituciones europeas que exijan a uno de sus socios que de forma acreditada incumple las normas. Por eso decimos que es un asunto europeo».

La restauración ha logrado incrementar su facturación un 40,5% y un 66% durante los meses de marzo y abril, respectivamente, en comparación con los meses de enero y febrero de este año, sin tener en cuenta datos de turismo, tras suvizarse las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19.

Este crecimiento se debe en mayor medida por el aumento del consumo en el establecimiento, ya que el 73% de los españoles han preferido consumir en el restaurante o en el bar durante estos dos últimos meses, un 24% más que enero y febrero, y se han gastado, de media, 1,5 euros más.

Este hecho, que refleja datos muy favorables para el sector, es muy similar en todas las zonas geográficas de España, según datos de la consultora Kantar, que ha precisado que desde que en los últimos meses se hayan comenzado a suavizar las restricciones, gracias, entre otros factores, al avance de la vacunación, se están observando cambios de tendencia en el comportamiento del consumidor fuera del hogar, que predicen un futuro esperanzador para el sector de la restauración.

Con relación a los momentos de consumo, la media mañana seguido del desayuno y la comida son los actos que mejor se recuperan comparados con datos de 2019. Por su parte, los que peor lo hacen son el después de cenar, la cena y la media tarde.

De hecho, la comida o el almuerzo ya se sitúan a niveles de recuperación de la nueva normalidad -antes de la segunda ola-, a excepción de las comidas por trabajo, que se recuperan a un ritmo mucho más bajo.

En cuanto a los motivos de consumo en la restauración, el ocio o las comidas por placer, como las de los sábados con amigos para celebrar, se recuperan más rápido que las de por impulso o convenience y que las de trabajo.

En este punto, es importante destacar que las comidas por placer tienen un mayor gasto medio por persona, 11,5 euros frente a los 7,8 de las comidas por trabajo y los 9,2 de las de impulso o convenience, según la consultora.

Esto, asimismo, conlleva la mejor recuperación de algunas categorías como las cervezas, que durante marzo y abril empiezan a registrar números positivos frente al año anterior y llegando a estar cerca de los niveles registrados en 2019.

Por último, el estudio también muestra la evolución del delivery, que continúa batiendo récords de crecimiento en el acumulado del año, pero que, sin embargo, en estos dos meses deja de atraer compradores, debido en gran parte a un mayor consumo en el establecimiento durante marzo y abril.