Un escalador ha muerto y otra montañera ha resultado herida grave al desprenderse una roca de grandes dimensiones en el Pico Balaitus, en el término municipal de Panticosa (Huesca). Ambos son vecinos de Barcelona.

Sobre las 11.50 horas de este lunes se ha recibido un aviso en la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, a través del Refugio de Respomuso, informando que unos escaladores que se encontraban en el diedro sur del pico Balaitus habían sufrido un accidente debido al desprendimiento de una roca. Hasta la zona se han trasladado el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Panticosa, el helicóptero de la Guardia Civil de Benasque y un médico del 061.

Por lo abrupto del lugar, la aeronave ha tenido que dejar a los especialistas unos 100 metros por encima de los accidentados y descender rapelando. Uno de los escaladores presentaba lesiones incompatibles con la vida y su acompañante, una mujer, se encontraba grave con un fuerte traumatismo en la cabeza, por lo que se ha llevado a cabo su evacuación del lugar con la mayor celeridad posible.

El accidente se habría producido al desprenderse una roca de grandes dimensiones, cuando un tercer escalador progresaba por encima de la reunión desde donde sus compañeros le aseguraban, y al ceder la roca ha podido sujetarse en una repisa. Sus dos acompañantes no han podido evitar el impacto de la roca.

El fallecido, de 49 años, ha sido trasladado al depósito de cadáveres de Huesca a la espera de la autopsia. La mujer, de 48 años, ha sido trasladada en el helicóptero de la Guardia Civil hasta Panticosa y, a continuación, a un centro sanitario de Zaragoza en un helicóptero medicalizado del 112 Sos Aragón.

El tercer escalador, de 52 años, y también con domicilio en Barcelona, ha salido ileso, siendo evacuado igualmente porque estaba en estado de shock.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a promover una modificación legislativa por la que se fije en un 80% el diferencial fiscal entre Canarias y el resto del Estado para las deducciones a las producciones audiovisuales.

Según ha informado el Partido Socialista, el compromiso se ha alcanzado en una reunión con el secretario general del PSOE en Canarias y presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres; el presidente de Nueva Canarias y vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el diputado estatal de NC, Pedro Quevedo, en el marco de los contactos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Torres, Rodríguez y Quevedo plantearon como paso previo a esta negociación el acuerdo sobre el diferencial fiscal en materia audiovisual.

En la reunión, a la que también asistió el director del Gabinete de la ministra, Carlos Moreno, se acordó dar una salida política a la discusión planteada en torno a las deducciones fiscales establecidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para las producciones audiovisuales.

La titular de Hacienda se ha comprometido a llevar a cabo una modificación de la Ley antes de que acabe el año, en aras de zanjar el problema suscitado, ya que mientras la Abogacía del Estado ha aclarado en un informe que las recientes modificaciones introducidas no vulneran el REF al no estar fijado un porcentaje para los límites, desde el Parlamento y el Gobierno de Canarias se entiende que sí.

Con el cambio legal acordado se establecerá definitivamente por escrito el diferencial del 80% a favor de Canarias para ajustarse a la filosofía del REF mediante una modificación legislativa antes de final de año, es decir, que si se aplican deducciones por 10 millones de euros en el resto del Estado (como ocurre en la actualidad), en Canarias se aplicarán 18 millones de euros.

De esta forma, se disipará la controversia sobre las modificaciones del REF que afectan a las producciones audiovisuales en Canarias, en cuya Disposición Adicional XIV se fijaban cantidades exactas en los topes para las deducciones a esta actividad y no se establecían los porcentajes de diferencial positivo para Canarias con respecto al resto del territorio estatal.

Ambas formaciones políticas consideran que este acuerdo otorgará más seguridad al sector y eliminará de forma inequívoca posibles interpretaciones jurídicas en el futuro sobre la Ley.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, encabezará este martes la reunión que celebrará el grupo parlamentario de Unidas Podemos, cuyo objetivo prioritario es abordar los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022.

La cita tendrá lugar a las 16.00 horas en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados y se tratará del segundo encuentro que mantiene Díaz con los parlamentarios del grupo confederal desde que ostenta el liderazgo de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo.

Junto a Díaz, según han informado desde Unidas Podemos, intervendrá también en abierto el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del área económica de la formación morada, Nacho Álvarez.

Precisamente Álvarez protagonizó las negociaciones a nivel técnico con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para confeccionar el borrador de las cuentas públicas vigentes.

Aparte de ambos, también está previsto que acudan otros dirigentes, como el caso de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y todos los diputados cuya agenda se lo permita, han explicado desde la formación.

REFORMA FISCAL, EL ELEMENTO CLAVE

La confección de los Presupuestos Generales para el año que viene es una de las prioridades del espacio político, que ha marcado como objetivo fundamental la articulación de una reforma fiscal "ambiciosa", como han reiterado durante las últimas dos semanas diferentes cargos de Unidas Podemos.

Este mismo lunes el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en que esa reforma fiscal, acordada en el acuerdo de coalición con el PSOE, es "ineludible" y debe incluirse en las cuentas públicas para que los PGE sean, "esta vez sí, los más sociales de la historia".

La propia Belarra también apuntó a esa dirección cuando, tras comparecer por primera vez ante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, tras ser elegida nueva secretaria general, dijo que los Presupuestos serán una prioridad y que debían profundizar en la senda expansiva, de justicia social y progresividad fiscal.

A su vez, la vicepresidenta segunda ha defendido, en un plano más genérico, que el Ejecutivo de coalición debe desplegar medidas como la reforma laboral y el aumento del salario mínimo interprofesional para poder ser el "Gobierno de la recuperación".

SEGUIR LA LÍNEA DE LA OCDE: TIPO DEL 15% PARA GRANDES EMPRESAS

La principal reivindicación se centra en elevar el tipo de sociedades al 15%, como figura en el pacto de gobierno, para las grandes empresas, sobre todo tras el consenso internacional de aplicar esa franja mínima, como ya han dejado claro el G7, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A su vez, Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzaron su propuesta para ampliar el permiso de maternidad y paternidad de cuatro a seis meses, que quieren negociar con su socio de coalición de cara a poder contemplarlo ya en los nuevos presupuestos.

Por otro lado, desde la formación morada han deslizado también ser partidarios de reducir el IVA de las peluquerías al 10%, como manifestó en redes sociales el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, quien no renunciaba a explorar esa medida en los PGE.

LOS PGE VIGENTES SE SUSTENTARON EN EL BLOQUE DE INVESTIDURA

En el espacio confederal radica la convicción de que las negociaciones de las próximas cuentas públicas se realizarán en un contexto diferente, pues se ve imposible cualquier intento de geometría variable con Ciudadanos. Por lo tanto, la vía posible es el denominado 'bloque de investidura'.

Dentro de la confluencia hay consenso en que fue el exvicepresidente Pablo Iglesias quien contribuyó a forjar dicho bloque en las negociaciones de los PGE de 2021, sobre todo en el caso de ERC y EH Bildu, que pese a su carácter independentista se alinearon, como manifestó en su día, en la "dirección de estado".

También serán unas negociaciones que se acometerán con el ala del Ejecutivo socialista remodelado, aunque sin cambios en las carteras económicas.

La máxima interlocución dentro de Unidas Podemos la despliega ahora la vicepresidenta segunda, quien mantiene contactos frecuentes con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La propia Díaz ya subrayó también la semana pasada como elemento destacado la llegada del nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños; quien además ya negoció con Belarra diversos aspectos del acuerdo de gobierno entre ambos socios.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este lunes la adopción de una serie de medidas especiales centradas en la hostelería y restauración, ocio nocturno, peñas, celebraciones y espectáculos públicos en todo el territorio de la Comunidad ante el notable incremento de casos de la COVID-19 registrado.

Las medidas, que surtirán efecto durante un periodo de 14 días sujeto a revisión, entrarán en vigor a partir de su publicación mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El Gobierno autonómico considera que la adopción de estas medidas y recomendaciones es la intervención más eficaz para reforzar las ya adoptadas con anterioridad, por cuanto pretende contener el incremento de los contagios en tanto se va avanzando en el proceso de vacunación, muy limitado en su velocidad inicial por la escasa llegada de viales en las últimas semanas, según informa.

Asimismo, se incorpora una recomendación general a las autoridades competentes de evitar la celebración de eventos multitudinarios, y se establecen una serie de recomendaciones para aquellas actividades en las que se produce una mayor interacción social, como por ejemplo el cierre nocturno de parques o limitar aforos en piscinas o playas fluviales.

El pasado 17 de junio la Junta, recuerda, declaró el nivel de alerta 1 para todo el territorio de la Comunidad, con efectos desde el 18 de junio de 2021 y mientras subsistiese la situación de riesgo que dio lugar a su declaración. Sin embargo, y dada la situación, el Consejo de Gobierno acordó hace diez días declarar la aplicación inmediata de medidas especiales en el interior de los establecimientos y locales de ocio nocturno y las peñas de toda la Comunidad.

Los informes e indicadores más recientes de la Consejería de Sanidad, evaluados conforme al documento de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID', muestran el progresivo empeoramiento de la situación epidemiológica, por lo que se aconseja reforzar las medidas de prevención en todo el territorio de la Comunidad, añade el Gobierno regional.

HOSTELERÍA.

De ahí que la Junta haya decidido poner en marcha nuevas medidas. Así, el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería, restauración, sociedades gastronómicas y cualquier otro establecimiento, actividad o instalación en el que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, no podrá realizarse en barra o de pie, y deberá realizarse en mesa y no podrá superarse el 75 por ciento del aforo, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de diez personas. Además, suprime cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles, o similares.

También establece como horario de cierre del interior de estos establecimientos las 01.30 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 01.00 horas. No obstante, se exceptúa a los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo, así como a los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada.

Además, las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior del local permanecerán cerrados. Se permitirá consumo en las terrazas al aire libre de estos establecimientos en las mismas condiciones que el resto de las terrazas de hostelería y restauración con el horario administrativo que les corresponda.

Los establecimientos como pubs, karaokes, bares especiales y otros tendrán como horario de cierre del interior de estos establecimientos las 01.30 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 01.00 horas y además la consumición deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, que será de 10 personas.

Por otra parte, también se ha decretado el cierre de peñas, mientras que la celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos y similares en espacios públicos, incluidos los llamados pasacalles, deberá realizarse en espacios cerrados, con el público sentado, con uso de mascarilla, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

En espacios al aire libre, con el público sentado, con uso de mascarilla, si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes, añade la Junta.

Además, no permite el consumo de alimentos y bebidas durante los espectáculos a que se refiere el párrafo anterior, y la celebración de este tipo de actividades deberá finalizar, como máximo, a las 01.30 horas.

Las medidas también afectan a procesiones y romerías en vías y espacios públicos que podrán desarrollarse en recinto acotado; su aforo máximo será del 75% con un límite máximo de 1.000 personas al aire libre; los asistentes deberán estar sentados, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

Las personas asistentes deberán portar mascarilla si no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal. No se permitirán las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes, esculturas, etc.) sustituyéndolas por otras que no conlleven riesgo sanitario. Tampoco se permite el consumo de alimentos y bebidas durante el desarrollo de las actividades a que se refieren los párrafos anteriores.

Además, a partir de mañana se mantendrán cerrados los parques y espacios asimilados delimitados y susceptibles de cierre desde las 00,00 hasta las 07.00 horas, y se reforzarán los controles para impedir el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

RECOMENDACIONES

El acuerdo del Consejo de Gobierno tiene un segundo gran bloque, referido en este caso a recomendaciones para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Así, la Junta recomienda en primer lugar limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable. De ahí que plantea reducir el aforo máximo en piscinas al aire libre al 75 por ciento y en piscinas cubiertas al 50 por ciento y aconseja adelantar el horario de cierre en una hora al habitualmente establecido.

Las limitaciones se plantean también para el acceso a playas fluviales y lacustres a partir de las 20.00 horas.

Además, recomienda desarrollar actividades teatrales en vías o espacios públicos con el público sentado y con un límite de aforo de 100 personas al aire libre, y no beber ni consumir alimentos durante la celebración de los citados espectáculos.

Otro de los consejos se refiere a desarrollar actividades de tiempo libre dirigidas a la población juvenil con las limitaciones y requisitos que se establecen en la guía de actuaciones de actividades juveniles de tiempo libre que se celebren en la Comunidad.

En este sentido, cuando estas actividades se desarrollen al aire libre, se recomienda un aforo del 75 por ciento de su asistencia máxima habitual, con un máximo de 200 participantes incluyendo los monitores.Cuando se desarrollen en espacios cerrados, se recomienda un aforo del 75 por ciento de la capacidad máxima del recinto, con un máximo de 100 participantes incluidos los monitores.

Por último, recomienda que las actividades se realicen en grupos inferiores a las 14 personas participantes, incluidos los monitores correspondientes.

Los nuevos ministros nombrados por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez han solicitado comparecer ante sus respectivas comisiones parlamentarias del Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de sus respectivas carteras.

Estas peticiones, registradas este lunes según ha informado el Gobierno, se han presentado después de que el PP exigiera la presencia en el Congreso de los nuevos responsables ministeriales antes de septiembre.

De hecho, la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en periodos inhábiles como los meses de julio y agosto, debatirá las solicitudes registradas por el PP el próximo miércoles.

Una vez que todos los nuevos ministros, el que cambia de cartera (Miquel Iceta, que pasa de Política Territorial a Cultura) y la que asume nuevas responsabilidades (la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ahora lleva también Función Pública) han pedido comparecer, el Grupo Socialista y Unidas Podemos podrían apoyar las peticiones del PP.

No obstante, está por ver si esas comparecencias se sustancian antes de septiembre, cuando arranque el nuevo periodo ordinario de sesiones o se habilitan las comisiones para que, en sesión extraordinaria, los responsables ministeriales comparezcan, bien en lo que queda de julio o ya en agosto.

La intención del los 'populares' es que, tanto el presidente como los nuevos, acudan a la Cámara antes de septiembre para explicar qué va a ocurrir por ejemplo con el desarrollo de la 'Ley Celáa', la Ley de vivienda, la reforma de los peajes comprometidos con Bruselas, la deuda de España con los ayuntamientos, la reforma de la financiación local y autonómica o el futuro de los fondos europeos, entre otras.

La consellera de Salud, Patrícia Gómez, ha informado este lunes de la decisión del Govern de adelantar el cierre de los bares y restaurantes a las 1.00 horas en Menorca, cuando hasta el momento podían abrir hasta las 2.00 horas. Además, el aforo en el interior se reduce de 6 a 4 personas y de 12 a 8 en las terrazas.

Gómez ha explicado que las medidas entrarán en vigor el próximo jueves y ha avanzado que mañana martes el Govern solicitará autorización al Tribual Superior de Baleares (Tsjib) para que entre las 1.00 y las 6.00 horas no puedan tener lugar reuniones sociales excepto las de convivencia tanto en espacios públicos como privados.

Por otro lado, la consellera ha indicado que se está trabajando para aprobar en el Consell de Govern la petición al Gobierno central para poder contar con el certificado covid digital que permitirá a las personas vacunadas o que han pasado la enfermedad entrar en bares, restaurantes, establecimientos o locales de ocio.

"Esto favorecerá que se puedan llevar a cabo actividades con la máxima seguridad", ha manifestado Gómez, quien ha remarcado que, además, esta medida puede animar a vacunarse a personas que todavía no lo han hecho.

La responsable de Salud ha apuntado que otra de las medidas que afectan a Menorca es que las playas y los parques estarán cerrados entre las 22.00 y las 6.00 horas, cuando hasta el momento se permitía su uso hasta medianoche.

Del mismo modo, el aforo de los acontecimientos culturales y deportivos será de 500 personas en el interior y de 2.500 personas en exterior.

Finalmente, Gómez ha recordado la recomendación de llevar mascarilla en espacios urbanos, donde es difícil mantener el 1,5 metros de distancia. "La delta es una variante muy contagiosa por lo que si estamos con amigos en la playa o vamos de excursión, es aconsejable utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible", ha concluido.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes en un domicilio del distrito de Vallecas a un joven de 19 años como supuesto agresor del enfermero que el pasado jueves fue agredido en un vagón de Metro de Madrid.

La detención ha tenido lugar en un domicilio del madrileño barrio de Villaverde cuando el joven se dirigía a su domicilio a recoger enseres personales con el objetivo probable, según la Policía Nacional, de ocultarse en otro lugar.

Para intentar eludir su arresto, el presunto agresor se había cambiado el color de pelo e incluso ocultaba los aros de las orejas para evitar ser reconocido, ha indicado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado jueves en la estación de Alto del Arenal de la Línea 1 de Metro de Madrid cuando el enfermero del Hospital 12 de Octubre recriminó a un pasajero por no llevar mascarilla, obligatoria en el transporte público.

En un momento determinado, el joven atacó al sanitario con un objeto punzante y le propinó un fuerte golpe en la cara. La víctima fue atendida en el Hospital 12 de Octubre y, como consecuencia del impacto en el ojo, la víctima ha perdido parte de la visión de un ojo.

Tras los hechos, el presunto autor del golpe abandonó el vagón tras espetar al enfermero: 'Ojalá te mueras, gilipollas', según el vídeo de los hechos que ha sido difundidos en redes sociales.

Los agentes de la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que se hicieron cargo de la investigación lograron identificar al agresor a los pocos días de los hechos, que fueron grabados en vídeo por los testigos y difundidos ampliamente a través de redes sociales.

Así, tras diversos dispositivos policiales para su localización, los agentes de la Policía Nacional han logrado arrestar al joven este mismo lunes, acusado de un delito de lesiones graves.

Los letrados del Congreso han vuelto a mostrarse contrarios a la tramitación de iniciativas destinadas a la que la Cámara investigue presuntas actividades ilícitas de Juan Carlos I, en concreto a las dos últimas peticiones registradas con ese fin, entre ellas una que pedía abrir pesquisas sobre todo los relacionado con su participación en la "venta ilegal de armas".

Y lo hacen con los mismos argumentos que venían esgrimiendo hasta ahora para rechazar que se dé el visto bueno a este tipo de iniciativas: que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y que distribuye libremente la cantidad global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.

La Mesa del Congreso tiene previsto analizar este martes las dos últimas peticiones para investigar al Rey que se han registrado en la Cámara. En ambos casos, los servicios jurídicos han hecho la misma propuesta desestimatoria que, previsiblemente, como ha ocurrido hasta ahora será atendida con los votos de PSOE, PP y Vox. Sólo Unidas Podemos viene apoyando la tramitación de este tipo de iniciativas.

"Comunicar a los Grupos Parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara", reza la nota de los letrados.

NEGOCIOS CON KHASHOGGI

En concreto, Más País-Equo, Compromís ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, han solicitado crear una comisión de investigación sobre la supuesta "venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I", desvelada por 'público.es'.

Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

En este contexto, los firmantes de la iniciativa reclaman, entre otras cosas, que la Cámara investigue si las empresas públicas españolas Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, participadas de la sociedad Alkantara Iberian Exports "sirvieron como pretexto" para que Juan Carlos I "y sus cómplices", se beneficiaran de las posibles actividades de comisionista derivadas de la venta de armas realizada por esa empresa.

ESTRUCTURAS OPACAS Y BLANQUEO

Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.

Además, estas formaciones quieren que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, así como la existencia de "posibles estructuras opacas", con participación del entonces jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.

La comisión de investigación debería ocuparse, asimismo, de analizar las posibles cuentas irregulares de Juan Carlos I en paraísos fiscales y el origen de sus fondos, así como si incurrió en blanqueo de capitales y las "posibles actividades como comisionista" del padre de Felipe VI y de los responsables jurídicos de las empresas participadas.

Esta es la décimo cuarta petición de comisión de investigación sobre el Rey emérito que se registra en lo que va de legislatura y la Mesa del Congreso también analizará este martes la anterior, que lleva la firma de todos los partidos que suscriben la relativa a supuesta venta de armas, salvo Nueva Canarias.

Esta otra petición, que los letrados también recomiendan inadmitir, busca abrir pesquisas sobre supuestas irregularidades de los "miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".

La portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha defendido el uso del término 'matria', que evoca la tendencia del feminismo de nombrar las cosas de forma diferente para lograr una sociedad cada vez más igualitaria.

Además, ha opinado que la polémica surgida por el empleo de este concepto, empleado recientemente por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, refleja en su opinión que la derecha "no tiene capacidad para hacer una oposición mejor".

Yolanda Díaz se reafirmó este sábado en un mensaje en su perfil de Twitter la propuesta que hizo desde Asturias de cambiar el concepto patria por el de 'matria' recordando que autores como José Luis Borges, Miguel de Unamuno o Virginia Woolf, entre otros, ya lo recogían en sus textos.

Serra ha explicado, en rueda de prensa en la sede del partido, que este término se viene empleando desde hace tiempo y tiene que ver con el movimiento feministra, que nombra de forma diferente determinados conceptos, con el obnetivo de cambiar la forma de ver las cosas y lograr una sociedad más igualitaria.

De esta forma, ha subrayado que la formación morada defiende un país en el que se garantice que "nadie quede atrás" y que los cuidados sean una responsabilidad del estado, en el que se requieren servicios públicos. Por tanto, está de acuerdo en que miembros de su partido utilicen este término.

REIVINDICA EL CONCEPTO CON MEDIDAS DESPLEGADAS POR EL GOBIERNO

Posteriormente, la formación morada ha publicado en su cuenta en Twitter una infografía con el término matria y en la que se puede leer, dentro de los caracteres del término, diversas medidas impulsadas por el Ejecutivo de coalición.

Por ejemplo, se cita el Ingreso Mínimo Vital, el 'escudo social' desplegado durante la crisis del Covid-19, la subida del salario mínimo interprofesional, la ley 'riders', la ley de eutanasia, la normativa sobre cambio climático o la ley trans.

"A la derecha acomplejada le molestan mucho algunas palabras. Se olvidan de lo que llevan dentro", ha concluido la formación morada en las redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha participado este lunes en su primer acto oficial 'Iberoamérica Avanza', en el que ha recordado la prioridad que supone para el Ministerio la comunidad Iberoamericana, así como el compromiso del Gobierno con el reparto de vacunas a estos países. Su mensaje coincide con la noticia de que la mitad de la población española ya ha recibido la pauta completa de vacunación, porcentaje que marcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comenzar con la donación de 7,5 millones de dosis a esta región.

El acto, que ha congregado a diversos cancilleres iberoamericanos, se ha celebrado con motivo de los 30 años de Cumbres Iberoamericanas en un diálogo virtual en el que el Albares ha remarcado el sentimiento "profundamente español, europeo e iberoamericano" que recoge el Ministerio. En este sentido, ha mencionado la recuperación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe.

Además, el ministro ha apuntado que el reto a corto plazo es el "que se está sufriendo y que no se sabe cuándo va a terminar", que es la salud frente a la Covid-19. De igual modo, Albares ha explicado que la única manera de "derrotarlo" es "vacunar, vacunar y vacunar", y que ese es el "compromiso" de Pedro Sánchez.

Es por ello que, tras mencionar las tasas de vacunación en España "elevadas y rápidas", ha remarcado que los países Iberoamericanos "pueden contar, por supuesto, con España", tal y como ya adelantó el Ejecutivo, que donará vacunas una vez superado el 50 por ciento de la tasa de población española.

Respecto a el futuro de la comunidad Iberoamericana, el ministro de Exteriores se ha referido, además, a las metas propuestas de un futuro "verde y digital". En este sentido, ha especificado que el camino para la lucha contra el cambio climático "tiene que ser justo" y "no puede dejar a nadie atrás".

Asimismo, también ha manifestado la necesidad de una "verdadera apuesta" de digitalizar la comunidad, y de esta manera, incluir a los jóvenes en el proceso para "conquistar el futuro", refiriéndose al empleo y a la "educación para trabajar".

Finalmente, ha rememorado los 30 años de comunidad, destacando lo "consolidada" que está "políticamente hablando" la comunidad Iberoamericana, y poniendo énfasis en que el "turno" para terminar de superar las "diferencias y obstáculos" está en las personas. Según ha declarado Albares, la clave está en "conseguir una verdadera integración de nuestros ciudadanos" para que la comunidad política sea también una comunidad de ciudadanos, ha añadido.

MÁS DE 24 MILLONES DE PERSONAS CON PAUTA COMPLETA

Las comunidades autónomas han administrado hasta este viernes un total de 51.229.989 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 990.941 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 95 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 53.907.858 unidades.

Además, un total de 24.041.017 personas han recibido ya la pauta completa, 668.221 más que el viernes. Esto supone el 50,7 por ciento de la población española. Un total de 29.484.796 personas han recibido al menos una dosis, el 62,1 por ciento de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 35.875.353 dosis de Pfizer, con 35.567.237 administradas; 5.227.770 correspondientes a Moderna, con 4.961.270 ya inoculadas; 10.387.100 de AstraZeneca, con 9.082.533 inyectadas; y 2.417.635 de Janssen, con las que se ha vacunado a 1.618.949 personas.

Un vehículo ha arrollado a primeras horas de la tarde de este lunes la terraza de un bar en el centro urbano de Marbella (Málaga), atropellando a varias personas que se encontraban en la zona. Así, el resultado ha sido once heridos ingresados en el Hospital Costa del Sol, mientras que el conductor ha sido detenido.

Según ha precisado fuentes sanitarias, de las once personas ingresadas en el Hospital de Marbella, una está en observación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a otra persona se le han realizado algunas pruebas y está pendiente de resultados; mientras que el resto no presenta lesiones importantes.

Los hechos han sucedido sobre las 15.25 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido la primera de la decena de llamadas en las que los alertantes informaban de que un coche había colisionado con la terraza de un bar en la avenida Miguel Cano y habría atropellado a varias personas.

En ese momento, se ha dado aviso a la Policía Local, Nacional y servicios sanitarios, que han desplazado a la zona varias unidades de urgencia del SAS y una UVI del 061, para los traslados hospitalarios, además de que también varias personas han sido atendidas en el mismo lugar.

Fuentes policiales han confirmado la detención del conductor del vehículo, un hombre de 30 años y nacionalidad española, en relación con los hechos, descartando la etiología terrorista como causa del accidente. Asimismo, han indicado que se realizan diligencias para el total esclarecimiento de los hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha explicado que, al parecer, el vehículo ha entrado por la acera izquierda de la calle peatonal Miguel Cano, arrollando a viandantes y clientes que se encontraban en la terraza de un establecimiento hasta que ha terminado empotrado al final de la vía.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la nueva Ley de Memoria Democrática mediante la que se extinguirán las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Con este nueva redacción, el Gobierno recoge las sugerencias realizadas a este punto del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha avanzado que también se han incorporado las aportaciones que hizo en su informe el Consejo Fiscal para perfilar con más exactitud las funciones de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Así, la norma que sustituye y amplía la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fijará como causa de extinción de las fundaciones que éstas no persigan fines de carácter general o hagan actividades contrarias a los mismos.

APOLOGÍA DEL FRANQUISMO

El anteproyecto ya establecía como "contrario al interés general" la "apología del franquismo", pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto "sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas" suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

Así, el CGPJ concluía que la referencia a la apología del franquismo invadía "claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten 'incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales', no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación".

Por eso ahora, en el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo "que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".

Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedará extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria.

RESIGNIFICACIÓN DEL VALLE

La norma también contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mediante la derogación del decreto de agosto de 1957 por el que se la nombraba titular y administradora del lugar, que ahora será resignificado.

Ese decreto franquista, que continuaba vigente, recogía la creación de un convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos, que fue promulgado un año después. Tanto la fundación como ese acuerdo quedarán derogados cuando se apruebe la ley y se pondrá fin a las funciones de la abadía en el Valle.

Una vez quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, Patrimonio Nacional tomará las riendas de todo el Valle.

NUEVA FISCALÍA ESPECIALIZADA

Además de atender la opinión del CGPJ, el Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Según ha explicado el secretario de Estado, el proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Por otra parte, el Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.

El Consejo de Estado ha pedido al Gobierno emprender una labor de "compilación" de las disposiciones sobre la protección de las víctimas o de las normas de protección integral frente a todo tipo de violencias de género, sin perjuicio de las especialidades que se deban contemplar en cada caso, para evitar solapamientos.

Así lo pone de manifiesto en el dictamen emitido con motivo de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí' que el Gobierno aprobó y remitió al Congreso de los Diputados el pasado 5 de julio.

El Consejo de Estado entiende, "sin que ello implique un desvalor" de las medidas contenidas en el articulado del mencionado anteproyecto, que "gran parte" de las mismas "ya existen en el ordenamiento jurídico español, que en los últimos años se ha venido dotando de distintos cuerpos normativos tendentes a la protección de las víctimas de delitos violentos, y de las mujeres frente a conductas violentas de todo tipo, en particular en el ámbito íntimo o familiar".

Entre otras, cita la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Estatuto de la víctima del delito, la Ley de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual o la reciente ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

En este sentido, advierte de los posibles "indeseables solapamientos, duplicidades regulatorias y dificultades en la comprensión del alcance y la aplicación práctica de las distintas medidas, circunstancias todas ellas que, en último término, pueden mermar su eficacia y que ponen en peligro la seguridad jurídica".

EL CONSENTIMIENTO YA LO APLICAN LOS JUECES

Por otro lado, el órgano valora "positivamente" la ley del 'sólo sí es sí', aunque precisa que la formulación adoptada para el consentimiento ya la estaban utilizando los órganos judiciales en sus sentencias recientes.

"La formulación adoptada en relación con la cláusula del consentimiento tampoco se aleja en exceso en la práctica de los criterios interpretativos que emplea la más reciente jurisprudencia para aplicar la llamada 'intimidación ambiental' o el consentimiento viciado en el caso de abusos sexuales", precisaba el Consejo de Estado en su dictamen relativo al anteproyecto de la 'Ley del solo sí es sí'.

La inclusión de la falta de consentimiento como elemento típico que determina la ilicitud penal de la conducta es, por otra parte, según añade el informe, algo habitual en el ordenamiento español, por ejemplo, "en los delitos contra la intimidad y de revelación de secretos".

Además, precisa que "cuando lo que se discute es la existencia o no del consentimiento o de la autorización que convertiría la conducta en perfectamente legítima, el problema probatorio se convierte en el aspecto central".

"Se trata de un problema cotidiano en los procesos penales cuya resolución en ningún caso puede violentar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ni permitir la inversión de la carga de la prueba", precisa.

Se señala, de esta forma, que "el problema operativo de las cláusulas de consentimiento, seguirá siendo de naturaleza probatoria".

En sus consideraciones finales, el Consejo de Estado valora "positivamente" la ley "a la luz de la indiscutible necesidad de perseverar en el esfuerzo público de prevención y represión de las violencias contra las mujeres, la sensibilización frente a las mismas y la reparación de las víctimas".