La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Europa estará "vigilante" porque está "preocupada" por la reforma judicial que quiere promover para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su entender, con esa iniciativa el PSOE y Unidas Podemos se está "poniendo en peligro la credibilidad" que ha construido España en estos 40 años.

Montserrat ha asegurado que asociaciones judiciales y la propia Comisión Europa han alertado de que no se puede "socavar el Estado de Derecho y la independencia judicial". "Socavando la independencia judicial también están poniendo en peligro los fondos europeos y la imagen de España", ha recalcado.

La dirigente del PP ha señalado que en España hay separación de poderes y "tiene que continuar siendo así". Por eso, ha subrayado que tanto el PP como el PPE defenderá el Estado de Derecho "poniendo en marcha todos los instrumentos" de los que dispone --recursos al Tribunal Constitucional, los tribunales europeos y actuaciones ante el Consejo de Europa-- para "evitar" que esa reforma prospere.

VISITA DE CASADO A BRUSELAS

Montserrat ha recordado que Pablo Casado visitó este jueves Bruselas y ha añadido que ya explicó a sus colegas europeos "lo que está haciendo el Gobierno de España", dejando claro que el PP está dispuesto a actuar para "evitar que Sánchez socave la independencia judicial".

La exministra ha señalado que el pasado 30 de septiembre la Comisión Europea ya avisó que España "se tenía que despolitizar" y hacer una reforma. En ese momento, ha proseguido, el Gobierno defiende la elección del CGPJ por una mayoría de tres quintos, que "garantiza que no esté politizado" este órgano.

"Y justo después de enviar esta información a la Comisión, Sánchez e Iglesias presentan una reforma rebajando esa garantía y dejando con menos mayoría. Esto es socavar los principios y valores de la UE y la independencia judicial", ha dicho, para insistir en que el PP ha puesto estos hechos en conocimiento de la Comisión Europea.

Al ser preguntada si el PP ve sensibilidad en los dirigentes europeos para paralizar esta reforma judicial, la portavoz del PP en Bruselas ha afirmado que Europa "está vigilante" y ha añadido que son "conocedores de lo que está pasando en España. "Y preocupados por lo que está pasando en España", ha advertido en una entrevista en ElToroTV, que ha recogido Europa Press.

VE A SÁNCHEZ EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LO QUE PIDE LA UE

En este sentido, ha señalado que la UE hace hincapié en dos aspectos a la hora de repartir los fondos europeos: reformas ambiciosas" y "defensa del Estado de Derecho". "La defensa del Estado de Derecho es el ADN de la existencia de la UE", ha apostillado.

La dirigente del PP ha indicado que Europa está viendo que Pedro Sánchez "va en contradirección" a lo que reclama Bruselas, con medidas como derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy o subida "masiva" de impuestos. "El dinero solo va a llegar si hacemos bien las reformas", ha dicho.

La Fiesta de los Patios de Córdoba celebra en 2021 su centenario y lo hará con una programación anual y una marca, presentada este viernes, que "encierra las claves fundamentales del concurso, inspirada en la literatura y la poesía de Ricardo Molina, referente del Grupo Cántico, con versos que le dedica a los patios", como 'El patio oye el suspiro de otros días en sus arcos', y "una imagen que conjuga la mirada a la arquitectura singular de los patios".

En la presentación de la marca, creada por la firma Maria Vinagre, han estado presentes el alcalde, José María Bellido; la teniente de alcalde delegada de Promoción, Marián Aguilar; los presidentes de las asociaciones de patios, Rafael Barón y Miguel Ángel Roldán, y las cuidadoras Ana Muñoz y Ana de Austria.

Al respecto, el alcalde ha resaltado que la Fiesta de los Patios es "la gran seña de identidad del calendario festivo de la Córdoba moderna", de manera que "es una cita que proyecta al mundo, reivindica el orgullo de pertenecer a nuestra tierra, un modo de vivir y sentir, que tiene el reconocimiento de todo el mundo a través de la Unesco, al ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y hay que seguir velando por su singularidad y proteger la esencia".

En este sentido, Bellido ha aseverado que "el centenario se convertirá en protagonista de buena parte de la actividad de la ciudad, porque lo merece la fiesta y es imprescindible reivindicar el legado cultural y social, porque pocas citas pueden presumir de alcanzar cien años de vigencia con el esplendor y la actualidad que tienen los patios", donde "la colaboración de todos es fundamental y la lealtad es la clave del éxito".

Mientras, el regidor ha valorado el desarrollo del certamen de patios este año en "una fecha inusual por culpa de la situación sanitaria", pero "se ha logrado que se haga con plenas garantías de seguridad". En sus primeros ocho días se han registrado unas 133.000 visitas y se incrementarán hasta el domingo.

En palabras del primer edil, "los patios son presente y nos reconcilian con el pasado común forjado en la convivencia, el respeto y la cultura", a lo que ha agregado que "merece que toda la ciudad se vuelque en la celebración, si la situación sanitaria lo permite, con un programa de actividades para todos y los patios sean referencia para la literatura, la música y las artes escénicas.

Además, ha dicho que "los cien años servirán para proyectar con fuerza en el exterior a una Córdoba moderna y tremendamente orgullosa de su riqueza patrimonial y de su gente que se reúne en torno a los patios.

"EL PATRIMONIO HUMANO"

Por su parte, Aguilar ha declarado que "en los cien años la cita ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos sin renunciar a las señas de identidad que la hacen única", subrayando "el patrimonio humano", entre otros aspectos. Así, ha informado de que para 2021 se prevé "un amplio y diverso programa de actividades que se distribuirá a lo largo de todo el año con la participación de todas las delegaciones".

Entretanto, Rafael Barón ha deseado otros cien años más y ha recordado a tantas personas que han sido "los pilares fundamentales" como cuidadores de estos recintos, al tiempo que espera que las circunstancias sanitarias permitan celebrar la efeméride. Y Miguel Ángel Roldán ha destacado la labor de los propietarios y cuidadores, deseando también que "la fiesta cumpla otros cien años más".

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha visto necesario que se reactiven los corredores de devolución a los países de origen de los migrantes que llegan en patera a las costas canarias, así como que la Unión Europea (UE) se implique y trabaje en la cooperación en origen.

"Estamos ante un fenómeno de naturaleza estructural al que se le une otro de naturaleza coyuntural, que es la pandemia", dijo durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, donde añadió que en este momento, a diferencia de la crisis migratoria de 2006, no está siendo posible realizar las devoluciones a los países de origen por la pandemia.

No obstante, recordó que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está intentando que haya unos corredores con estos países, esperando que en un "breve tiempo" España pueda tener una respuesta y que se pueda devolver a estas personas.

Por su parte, Darias apuntó que la ruta atlántica se ha vuelto a abrir e hizo especial hincapié en que España necesita reabrir los corredores de devolución, así como la implicación de la Unión Europea.

Aquí, observó que la vía atlántica se cerró en años pasados gracias al trabajo con los países de origen pero matizó que ahora se ha activado y hay que volver a poner en marcha y activar todos los procedimientos que se hacían en los años de mayor afluencia de pateras a Canarias, todo ello con las dificultades añadidas por la crisis del coronavirus.

Finalmente, la ministra expuso que, de igual modo, la Unión Europea tiene que trabajar en la cooperación en origen para mejorar la vida de las personas en esos países, ya que las ansias de buscar una vida mejor lleva a estas personas a subirse a una patera.

La Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), que cuenta entre sus asociados con El Corte Inglés, Carrefour y Leroy Merlin, entre otros, ha advertido al Gobierno de que la imposición de subidas impositivas, como la subida del IVA a las bebidas azucaradas, debilita el consumo y llega en un momento con sectores afectados por la pandemia como la hostelería.

"Lejos de implantar subidas impositivas, la situación actual requiere de medidas destinadas a dinamizar el consumo, el empleo y la competitividad empresarial", ha señalado la patronal en un comunicado.

Desde Aecoc, han subrayado que este tipo de medidas acaba por debilitar el consumo, en un momento que está ya "muy coartado" por la actual situación económica y la incertidumbre con respecto al futuro.

La patronal de la distribución ha alertado de que la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% acabará repercutiendo "negativamente" sobre toda la cadena agroalimentaria y sobre los propios consumidores, por lo que ha señalado que "tienen un efecto claramente negativo en un contexto de retracción de la economía.

Aecoc ha reiterado que este anuncio se produce además en un momento en que buena parte de las empresas afectadas por estas medidas atraviesa "serias dificultades" por la situación del sector de la hostelería y restauración que supone, para ellos, un importante canal de venta.

Además, ha indicado que las medidas impositivas sobre alimentos, bebidas, o ingredientes, "no son la herramienta más eficaz" para combatir un problema de salud multifactorial como es la obesidad y en el que intervienen factores individuales, ambientales y del entorno, entre otros.

De esta forma, ha recordado al Gobierno que los resultados obtenidos en otros países que lo han implantado muestran que este tipo de medidas tiene "capacidad limitada y no concluyente" para reducir la obesidad, lo que ha llevado a que muchos países hayan retirado el impuesto por sus efectos adversos sobre la economía, la equidad y el mundo rural.

La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reafirmado este viernes que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tiene la confianza del Ejecutivo, y se ha negado a comentar si cree que será o no imputado en el 'caso Dina'.

"Como Gobierno no nos pronunciamos sobre hipótesis ni cuestiones en manos de los tribunales. El vicepresidente tiene la confianza del Gobierno, y ahora estamos centrados en presentar el proyecto de Presupuestos, que será en breve", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a las jornadas 'Construyendo un futuro sostenible', organizadas por 'El País', 'Cinco Días' y la Cadena SER, al ser preguntada, en concreto, si cree que la imputación de Iglesias sería "un escándalo internacional", tal y como ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Asimismo, preguntada sobre la reiterada petición del PP de sacar a Unidas Podemos del Gobierno de coalición como condición, por ejemplo, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montero ha vuelto a rechazar esta posibilidad, y ha defendido la legitimidad del Ejecutivo.

"Cuando un Gobierno es elegido legítimamente por los ciudadanos, alguien que hable de quitar lo que los ciudadanos deciden a través de las urnas me parece que está fuera de lugar, y se lo tienen que hacer mirar", ha apostillado.

La provincia de Málaga tiene actualmente a 166 personas hospitalizadas con COVID-19 de los que 27 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ha registrado en las últimas 24 horas dos nuevos fallecidos.

Este viernes, según los datos notificados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Málaga suma 166 ingresados (-1), de los que 27 en UCI (+0), 263 nuevos positivos PCR y 143 personas curadas más.

En el acumulado oficial la provincia malagueña contabiliza 18.639 positivos detectados por PDIA --PCR y test rápido de antígenos--; 2.518 hospitalizaciones (+13); 244 personas en UCI (+3); 438 fallecidos (+2); y 10.216 curados (+143).

Respecto a los centros educativos de la provincia, el parte de este viernes refleja que únicamente hay un cierre completo de un total de 1.209 centros, el 0,01 por ciento; y se han realizado dos reaperturas. Respecto a cierre parciales, hay 36 aulas afectadas de un total de 14.270 en la provincia (0,25%).

La Consejería de Salud y Familias ha actualizado también los datos relativos a los brotes activos en la provincia de Málaga de la semana pasada, que se elevan a 18. Este pasado jueves sí se informó de los nuevos brotes detectados, que ascendían a 13 (once en el distrito sanitario de Málaga, uno en el distrito Costa del Sol y otro en el distrito Axarquía), con un total de 111 casos.

En cuanto a los cambios en brotes en residencias malagueñas este viernes únicamente se registran en la Senior de Benalmádena (Málaga), donde hay ya 64 casos (52 residentes y 12 trabajadores). En el resto continúan igual, después de que este jueves se contabilizara un fallecido en la residencia Sierra de las Nieves de Guaro (17 en total) con 105 casos confirmados; y cinco defunciones en la de Cuevas de San Marcos, que tiene ya 98 positivos (69 residentes y 29 trabajadores).

El resto de residencias no han presentado cambios en las últimas 24 horas, por lo que se mantienen los 98 casos positivos de la residencia Vitalia Teatinos en Málaga capital, 17 en la de Archidona; en Domusvi Azalea del municipio malagueño de Marbella se mantienen los 108 casos confirmados; en La Quinta de Marbella, 31; y el centro de discapacitados Prodicco de Coín, 48. También, según los datos de la Junta, el brote laboral declarado en Málaga se mantiene en 64 confirmados.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo abril a César Román Viruete, conocido como 'El Rey del Cachopo', por el asesinato de su novia, cuyo cuerpo descuartizado se halló el 5 de agosto de 2018 en una maleta en una nave del distrito de Usera.

El acusado cumple prisión preventiva desde noviembre de 2018, por lo que recientemente la Audiencia Provincial de Madrid ha prorrogado su situación procesal al vencerse el plazo máximo de dos años previsto en la Ley, según consta en un auto dictado el pasado 13 de octubre.

Los magistrados acuerdan que el acusado se mantenga en prisión por el posible riesgo de fuga ante la celebración del juicio, que se celebrará en la primavera de 2021, según han informado fuentes jurídicas.

El pasado junio, la juez de Violencia de Género concluyó la instrucción y los pasos para que se tramitara por la Ley de Jurado Popular. La investigación estuvo paralizada varios meses a la espera de que llegara un informe psicológico, que finalmente descartó que el acusado sufriera algún tipo de trastorno mental.

En su escrito de acusación, el fiscal pide 15 años de cárcel para Román por los delitos de homicidio y profanación de cadáver con las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal de parentesco y de cometer los hechos por motivos de género. La víctima tenía dos hijos menores de edad que residían en Honduras y para quienes se reclama una indemnización de 300.000 euros.

Parte del cuerpo de Heidi Paz se halló el 5 de agosto de 2018 en una maleta en una nave del distrito de Usera. A Román se le detuvo en un bar de Zaragoza tras estar dos meses desaparecido. Desde el inicio de la causa, el empresario ha defendido su inocencia y ha insinuado que detrás puede estar una banda de narcotráfico.

El escrito de acusación señala que César Román y su pareja se conocieron a principios del mes de abril de 2018 cuando ella empezó a trabajar en la sidrería que el acusado regentaba en Madrid y que, a los pocos días de conocerse, iniciaron la relación sentimental que les llevó a vivir juntos en un domicilio de la capital.

En el mes de junio, cuando la víctima comenzó a dudar sobre la continuidad de su relación sentimental, dejó a César Román una nota manuscrita en el domicilio que compartían en la que le decía que se iba unos días "para pensar sobre la relación que ambos mantenían". Más, tarde, sobre las 5:52 horas del 5 agosto de 2018, la víctima llamó por teléfono al acusado y acto seguido se dirigió al domicilio que habían compartido.

NO ACEPTÓ LA RUPTURA

Una vez allí, entre ese momento y las 16.21 horas de eses mismo día, Sergio Román, según la Fiscalía, "movido por el hecho de ser, H. J. P. B., mujer, y no aceptar que ella quisiera distanciarse de él, con la intención de quitarle la vida, o al menos, representándose dicho resultado, le causó la muerte".

Añade que, "posteriormente", para evitar ser descubierto y que se pudiera identificar el cadáver, "sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida de H. J. P. B. seccionó, separando del cuerpo la cabeza y los miembros superiores e inferiores, y se deshizo de ellos, sin que se haya podido determinar la forma en que lo hizo".

Respecto del tronco de la mujer, el acusado, "después de meterlo en una bolsa de plástico negra, lo introdujo en una maleta". A continuación, sobre 16.21 horas del 5 de agosto pidió un taxi al servicio de 'Tele Taxi' en el que trasladó el cuerpo de la víctima desde el domicilio hasta una nave industrial sita en Madrid.

Dicha nave había sido alquilada el 15 de febrero de 2018 por César Román, en representación de la entidad 'Delice Experience S.L.', de la que era gerente, "motivo por el que el acusado disponía de las llaves de la misma".

Entre el 5 y el 13 de agosto el acusado, "nuevamente" para evitar que se pudiera identificar el cadáver de la mujer y, "sin importarle, la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida" de la mujer, lo roció con sosa caústica, "y valiéndose de un cuchillo, le cortó los senos, que tenían unos implantes de silicona, y junto con un colgante y otros efectos personales, el 13 de agosto de 2018, intentó quemarlos, haciendo un fuego en la plataforma del montacargas, de la planta del sótano de la nave industrial".

Ese mismo día, tras enterarse de que se había encontrado el cuerpo de la mujer hondureña, dejó de utilizar la línea de teléfono que tenía hasta ese momento y huyó a Zaragoza donde, con la finalidad de que la policía no le localizara, utilizó distintas identidades para alquilar una habitación y conseguir trabajo como cocinero.

El 16 de noviembre de 2018 el acusado fue detenido, en el establecimiento en el que trabajaba como cocinero por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Cuatro días más tarde el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid dictó un auto en el que acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza para César Román "que sigue en vigor hasta la fecha".

Andalucía registra este viernes, 16 de octubre, nuevo récord diario de casos de coronavirus Covid-19 en la segunda ola con 2.928 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 29 fallecidos en 24 horas, la tercera mayor cifra de defunciones en esta ola.

Los positivos de este viernes suponen la mayor cifra de contagios de la segunda ola después de que el miércoles se registraran 2.302 casos, seguidos por 2.004 positivos del sábado. Por su parte, las 29 defunciones suponen la tercera mayor cifra, sólo superada por 41 fallecidos el martes 13 y los 30 alcanzados el pasado 6 de octubre.

En esta jornada son dos las provincias que han registrado más de 700 contagios: Sevilla vuelve a liderar el aumento de afectados, con 788 casos, seguida de Granada con 735. Jaén ha sumado 458 casos, Córdoba 312 y Málaga 263. Por debajo de 200 casos aparece Cádiz con 170, Almería con 112 y Huelva con 90.

Por su parte, de las 29 muertes registradas este viernes, se han contabilizado nueve en Sevilla, cinco en Córdoba y Granada, cuatro en Cádiz, tres en Huelva, dos en Málaga y una en Jaén. Almería es la única provincia que no ha sumado fallecidos.

NUEVO RÉCORD DE HOSPITALIZADOS

Los hospitales andaluces han aumentado este viernes 16 de octubre su presión asistencial con 1.281 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19, récord en la segunda ola con 61 más en 24 horas y 265 más que hace una semana, de los que 171 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), cinco más que este jueves y 25 más que hace siete días.

Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 382 --41 de ellos en UCI--, seguida de Granada con 235, 34 en UCI; Málaga con 166, 27 en UCI; Cádiz con 136, 20 en UCI; Córdoba con 134, 19 en UCI; Jaén con 129, 13 en UCI; Almería con 56, doce en UCI; y Huelva con 43, cinco en UCI.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 9.132 casos diagnosticados por PCR, con 496 hospitalizados, 18 ingresados en UCI y 88 fallecidos en toda Andalucía.

NUEVE FALLECIDOS EN RESIDENCIAS

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde este viernes la Consejería de Salud notifica nueve fallecimientos en centros de Sevilla, Cádiz y Jaén: siete muertes se han contabilizado en la provincia sevillana, cuatro en la residencia Mediterráneo de Morón de la Frontera --elevando a ocho el total--, dos en el centro Domusvi de Alcalá de Guadaíra y una en la residencia Madre de Écija.

Además, se han incrementado los casos en la residencia San José de San Fernando (Cádiz) que cuenta actualmente con 23 contagiados; en la residencia San Cristóbal de Las Gabias (Granada), con 61 positivos, y en la residencia Senior de Benalmádena (Málaga), centro con 64 casos --52 residentes y doce trabajadores--.

DETECTADO UN BROTE EN LA POLICÍA LOCAL DE SEVILLA

Un brote de Covid-19 ha sido detectado entre los agentes de la Policía Local de Sevilla, cuerpo en el que se han confirmado nueve positivos. Respecto al brote del Convento Santa Ángela de Sevilla, los casos ascienden a 89, mientras que en el foco del Hospital Provincial de Córdoba los contagios son 13. El resto de brotes no presentan cambios en relación a la jornada del jueves.

El parte diario de la Consejería de Salud y Familias informaba este jueves de que durante la última semana se han comunicado al Ministerio de Sanidad 112 brotes con 858 casos confirmados por PCR y test de antígenos y este viernes ha agregado que, además de los 112 de esta semana, 169 brotes de la semana pasada continúan activos en Andalucía, de ellos 15 en Almería, ocho en Cádiz, 12 en Córdoba, 32 en Granada, seis en Huelva, 28 en Jaén, 18 en Málaga y 50 en Sevilla.

CASI 3.000 CASOS EN 24 HORAS

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 88.384 casos confirmados por PCR, 2.928 en 24 horas --tras sumar 1.971 el jueves--, y ha alcanzado las 2.126 muertes tras sumar 29 en 24 horas.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 11.203, 160 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.153 tras sumar 14 en 24 horas y el número de curados alcanza los 40.524 --799 más en 24 horas--.

NUEVES MUERTES EN SEVILLA

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.126 muertes desde el inicio de la pandemia --29 más en 24 horas--, Sevilla y Málaga registran 438 muertes, al haber sumado nueve fallecidos Sevilla y Málaga dos, seguidas de Granada con 372 --cinco más--, Cádiz con 247 --cuatro más--, Jaén con 232 --una más--, Córdoba con 208 --cinco más--, Almería con 126 y Huelva con 65 --tres más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o antígenos alcanzan los 88.384 desde el inicio de la pandemia --2.928 más en 24 horas y nuevo récord diario en la segunda ola--, liderados por Sevilla que con 19.185 --788 más-- continúa como la provincia con más casos, seguida Málaga con 18.639 positivos --263 más--, Granada con 13.004 --735 más--, Córdoba con 9.543 --312 más--, Almería con 9.103 --112 más--, Cádiz con 9.005 --170 más--, Jaén con 7.719 --458 más-- y Huelva con 2.186 --90 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 11.203 --160 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.518 --13 más--, seguida por Sevilla con 2.478 --52 más--, Granada con 1.757 --35 más--, Jaén con 1.166 --18 más--, Córdoba con 1.130 --20 más--, Cádiz con 1.055 --once más--, Almería con 794 --siete más-- y Huelva con 305 --cuatro más--.

De ellos, 1.153 han pasado por la UCI en Andalucía, 14 más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 244 --tres más--, seguida de Sevilla con 221 --cuatro más--, Granada con 165 --uno más--, Córdoba con 135 --dos más--, Jaén con 122 --uno más--, Cádiz con 123 --tres más--, Almería con 107 y Huelva con 36.

MÁS DE 40.000 CURADOS

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 40.524 en toda la región tras sumar 764 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 10.216 --143 más--, seguida de Almería con 6.946 --80 más--, Sevilla con 6.485 --179 más--, Granada con 4.521 --33 más--, Cádiz con 4.200 --84 más--, Córdoba con 3.843 --104 más--, Jaén con 3.500 --120 más-- y Huelva con 813 --21 más--.

El extesorero de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el conocido como caso '3%', el blanqueo de capitales que llevó a cabo el partido a través de donaciones de sus dirigentes. Así ha confirmado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la financiación irregular de CDC justo antes de que el magistrado tuviera que suspender la declaración por fallos técnicos en la videoconferencia.

Osàcar, en tercer grado penitenciario por su condena en el 'caso Palau' y procesado ya en una de las piezas del caso '3%' en la Audiencia Nacional, está imputado junto a otros 12 exdirigentes de la formación política extinta, entre ellos los exconsejeros Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, en otra pieza separada de esta causa denominada 'Donaciones Blanqueo'.

Según han informado fuentes jurídicas, la declaración ha sufrido fallos de sonido, debido a que se ha realizado por videoconferencia desde un juzgado de Barcelona, por lo que al poco de iniciarse el juez instructor De la Mata ha acordado suspenderla.

No obstante, antes de que eso ocurriera, el extesorero de CDC, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, ha afirmado que está de acuerdo con los hechos que relata el Ministerio Público en otros escritos relacionados con otras piezas del '3 por ciento'.

En ellos, el fiscal relata que dirigentes de CDC ingresaron al partido cantidades de entre 1.500 euros a 3.000 euros entre 2008 y 2015 blanqueando así donaciones en efectivo entregadas por empresarios. Una conclusión a la que llegó tras analizar el informe que hizo la Guardia Civil sobre el estudio del Libro Diario y el Libro Mayor del partido hallados en el registro de sus instalaciones en octubre de 2015 y de los que se desprende que el partido usaba el dinero recaudado por Catdem y Forum Barcelona como propio, con política de unidad de caja, movimientos sospechosos entre ellos y donaciones que podrían encubrir mordidas.

"AFLORAMIENTO DE DINERO"

El juez De la Mata imputó el pasado mes de abril a 12 exdirigentes del partido, aceptando así la petición de Anticorrupción, al considerar que en realidad las donaciones que hicieron al partido fueron "actos de afloramiento de dinero" procedente de la "estructura de financiación ilegal" de CDC.

Según explica el auto, "múltiples empresarios" se concertaron con altos cargos de CDC para llevar a cabo "pagos encubiertos al partido bajo la apariencia de donaciones a través de las fundaciones vinculadas al partido", esto es, Catdem y Fundació Forum Barcelona.

Añade que estos "pagos corruptos" se realizaban en ocasiones a cambio de concretas adjudicaciones de concursos públicos, alterándose en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación, mientras que en otros casos "se hacían simplemente para congraciarse con el partido y sus responsables, con el fin de mantener una buena relación con estos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones".

EXCONSEJEROS INVESTIGADOS NEGARON EL BLANQUEO

"Son actos de afloramiento de dinero procedente del delito realizados por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido para incorporar a la vida lícita las cantidades en efectivo que habían llegado al partido por las distintas vías antes mencionadas", resume el auto.

Los exconsejeros Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias ya declararon el pasado 22 de julio ante el juez instructor como investigados por estos hechos y afirmaron que las donaciones se debieron a la difícil situación económica por la que atravesaban las finanzas del partido en ese momento, descartando así la tesis de que el objetivo de esas donaciones fuera blanquear fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales.

Otro de los extesoreros de CDC, Andreu Viloca, también estaba citado para este viernes como investigado en esta pieza separada, si bien su declaración no ha tenido lugar debido a que su abogado se encuentra confinado, por lo que se ha aplazado para el próximo día 26 de octubre.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que la normativa europea impide rebajar el IVA de las mascarillas, y que la subida del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas que el Gobierno aprobará en 2021 "no tiene afán recaudatorio", sino que busca "combatir la obesidad infantil", y ha avanzado que se retocarán otras figuras fiscales en la misma dirección.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en una jornada organizada por 'El País', 'Cinco Días' y la Cadena Ser, en las que ha rehusado concretar los cambios en materia de imposición directa e indirecta que recoge el Plan Presupuestario de 2021 remitido ayer por el Gobierno a Bruselas.

Montero ha explicado que, tal y como se contemplaba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición, se revisarán figuras fiscales para conseguir un sistema fiscal "más justo, eficiente y sin desigualdades entre los contribuyentes", si bien ha indicado que se va a acometer "a lo lago de la legislatura, pero no ahora, no justamente este año" porque "no es el momento para eso".

En todo caso, sí ha confirmado que verán la luz "ajustes fiscales" que se anunciarán cuando se lleve primero el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros, previsiblemente el martes 27 de octubre.

En este sentido, ha marcado la importancia de la "discreción" en las negociaciones sobre las nuevas cuentas públicas para que no se "venga abajo", y ha aseverado que medidas como el alza del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas plasmado en el Plan Presupuestado no tienen "afán recaudatorio", sino que están orientadas a "combatir la obesidad infantil". "Seguiremos trabajando en esa dirección", se ha limitado a decir sobre los nuevos ajustes fiscales.

Respecto a una posible bajada del IVA aplicado a la venta de las mascarillas, reclamado por partidos como el PP y CS y por varios colectivos, Montero ha indicado que todas las materias relativas al IVA están vinculadas al reglamento europeo, que "prohíbe que se pueda bajar" este impuesto a la venta de mascarillas. "No es decisión del Gobierno de España, es una cuestión del reglamento europeo", ha aclarado.

PIDE APROBAR LOS PGE Y DICE QUE ESPAÑA SALDRÁ "FORTALECIDA" DE LA CRISIS

En el acto, tampoco ha hecho alusión a las subidas de impuestos previstas ni a los cambios tributarios, si bien ha hecho un llamamiento al conjunto de empresarios, sindicatos, partidos políticos y principales actores sociales a contribuir a la recuperación con el plan aprobado por el Gobierno, con el que se ejecutarán 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 del total de 140.000 millones de fondos europeos que "recibirá España hasta 2026".

"O este proyecto es colectivo o será un proyecto que no podrá alcanzar los beneficios que estamos trabajando y diseñando", ha dicho Motero, quien ha apelado a la unidad, especialmente de los grupos políticos, para encarar la recuperación y aprobar los Presupuestos de 2021.

La portavoz del Gobierno ha dicho esperar que España recupere su crecimiento a una velocidad "razonable" y ha situado a España en el grupo de países que está saliendo y saldrá "reforzado" tras la pandemia en el marco de una "cierta alteración del orden económico internacional.

Eso sí, ha hecho especial hincapié en la importancia de aprobar los nuevos PGE, ya que ha avisado de que "si no hay un vehículo que permita canalizar esos proyectos (de los fondos europeos), no vamos a tener ni la capacidad ni la potencia de poder ejecutarlo".

En esta línea, ha insistido en que España no puede continuar con los Presupuestos prorrogados de 2018 del anterior Ejecutivo del PP porque "no se parecen en nada ala realidad actual y son un obstáculo para el desarrollo de la política y de la tarea".

Por ello, ha dicho que espera que en el Gobierno sean "capaces" de preservarse del "ruido exterior que algunos de forma interesada les gusta animar", y que la mayoría de fuerzas pueda sentarse a hablar del proyecto presupuestario antes de su presentación o durante el proceso de enmiendas se vean "reflejados".

ANIMA A PRESENTAR PROYECTOS PARA FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, ha detallado que el Gobierno prevé proyectar más de 27.000 millones adelantados de los fondos europeos de forma adicional a los Presupuestos, con un techo de gasto casi un 54% superior, de 196.000 millones, contando con las transferencias a las CCAA y Seguridad Social y los fondos europeos.

La ministra ha dicho que tienen que permitir crear las condiciones del tejido productivo, invirtiendo en desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental y apostando por la innovación y la ciencia como formas de competitividad.

Así, ha animado a los empresarios a presentar "proyectos solventes, sostenibles y ejecutables" en el marco de los 4 ejes del Plan de Recuperación (transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión social y territorial), para aprovechar la inyección de los fondos en inversiones y aportar su "granito de arena".

Para la ejecución de los proyectos, ha explicado que los distintos ministerios irán lanzando convocatorias en distintos formatos que dependerán de los sectores y los temas, si bien ha adelantado que habrá "coordinación" para que haya una "ventanilla única" y "no haya ningún tipo de confusión respecto a las herramientas que el tejido empresarial puede disponer".

En paralelo, ha adelantado que el Gobierno seguirá adoptando medidas en materia de desigualdad, como el ingreso mínimo vital o incorporando a los jóvenes con mecanismos laborales, ya que el elevado desempleo y la temporalidad son "farolillos rojos".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado el recurso de reforma que presentó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para evitar su citación como investigado en la causa por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocida como 'operación Kitchen'. La comparecencia está fijada para el próximo 30 de octubre a las 10.00 horas.

En su auto, el magistrado mantiene que su imputación no se fundamenta en meras sospechas --tal y como alegaba Fernández Díaz en su recurso-- sino que "se basa en indicios que claramente le incriminan" y no sólo en su mera condición de ministro en el momento de materializarse la operación investigada. Aunque, añade, los indicios apuntan a que "el Ministerio del Interior fue el centro desde el que se desarrolló la misma".

En este escrito de siete páginas, el juez se refiere también a los mensajes que constan en la causa y que se enviaron entre el ministro y su número 2 Francisco Martínez. Apunta que pese a que el exministro niega la autenticidad de esos 'SMS', su valor no queda desvirtuado, "desde la provisionalidad del momento inicial en el que se encuentra la causa", para justificar su declaración como investigado.

EL RECURSO DE FERNÁNDEZ DÍAZ

En su recurso de mediados de septiembre, la defensa de Fernández Díaz consideró que su imputación está basada en meras sospechas y conjeturas, y que éstas no constituyen título legítimo alguno para llamarle como investigado. Además, cuestionaba la autenticidad de los mensajes de texto SMS que se le atribuyen con el que fuera secretario de Estado de Seguridad, y destacaba que esos mensajes "ni se enviaron ni se recibieron".

Al hilo, Fernández Díaz pedía comprobar la autenticidad de los mismos mediante la correspondiente prueba pericial, y a partir del resultado acordar o no su citación. Apuntaba el exministro además que la citación carecía de fundamentación, era tardía y no acorde con la fase inicial del procedimiento, y exigía mayor consistencia en los indicios racionales de criminalidad.

Pero el auto del magistrado, tras exponer los argumentos del que fuera ministro del Interior en el primer gobierno de Mariano Rajoy, pasa a detallar la réplica al mismo que realizó la Fiscalía Anticorrupción, quien se opuso al recurso y sostuvo que existen indicios bastantes para sostener la participación de Fernández Díaz en los hechos que se investigan en la pieza 'Kitchen'.

El Ministerio Público mantiene que según los indicios existentes el exministro no solo conocería los hechos sino que presuntamente habría participado en ellos mediante la gestación y ejecución como máximo responsable del Ministerio del Interior de la llamada operación Kitchen.

El magistrado recuerda a Fernández Díaz que su imputación se acuerda tras realizar un completo análisis de los elementos que indiciariamente se recogen en los autos frente al recurrente. Y señala además que el estudio ha sido detallado, hasta el punto que se procede a imputarle a él y no a otras personas --por Cospedal y López del Hierro-- sobre los que Fiscalía interesaba también su citación.

El juez vuelve a citar el informe fiscal para señalar que este defiende que la imputación de Fernández Díaz no se justifica por que tuviera un interés directo o personal en la Kitchen, tampoco porque estuviera relacionado con el caso Gürtel o por la relación del extesorero del PP Luis Bárcenas con el Ministerio.

"Lo que se investiga es si dentro del PP se utilizaron las estructuras del Ministerio del Interior cuyo titular era el recurrente para una operación ilícita sufragada con fondos de este departamento en interés del partido o de altos directivos del mismo, partido que sí estaba directamente vinculado tanto con la Gürtel como con Bárcenas", explica el magistrado.

LOS MENSAJES ENTRE MARTÍNEZ Y FÉRNÁNDEZ DÍAZ

Por otro lado, García-Castellón sostiene que sí existen indicios de que la comunicación del secretario de Estado fue con el entonces ministro "por el contenido de lo que se trata, la fecha y el número de teléfono de ambos interlocutores. Y recuerda que según las gestiones de la unidad policial investigadora, más allá de la nomenclatura de los contactos de la agenda telefónica de Martínez, "el número de su interlocutor en estos mensajes era el utilizado por el recurrente durante su etapa como ministro del Interior".

Además, para el Ministerio Público, no existe elemento alguno que permita pensar que el secretario de Estado tuviera intención de incriminar al recurrente de forma falsa o injustificada, en un momento en el que no estaba formalmente investigado.

Y añade que el fiscal entiende que no resulta contradictorio que fuera el propio ministro quien informara a sus subordinados del volcado de los teléfonos de Luis Bárcenas, y que su contenido se entregara a Martínez por el comisario --también investigado-- Enrique García Castaño. "Que el ministro informara a su subordinado del éxito de la operación dota de mayor contenido incriminatorio a su actuación", subraya.

Por todo ello, el magistrado desestima el recurso del exministro e incide en que el auto de imputación esgrime y razona de forma amplia y suficiente los indicios en los que se sustenta la citación.

El fin de semana será soleado, con pocas nubes, aunque con frío, hasta que el domingo se aproxime una borrasca que dejará lluvias en buena parte del país y vientos fuertes durante la próxima semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que las temperaturas de la pasada madrugada eran más que de 16 de octubre de 16 de diciembre pues como estaba previsto la noche ha sido muy fría.

En concreto, ha apuntado que se ha llegado a bajar de 9ºC en cotas altas de Pirineos e incluso se ha llegado a -5,5ºC en zonas favorables a las heladas de la meseta norte, como en Cuéllar (Segovia) y cerca de ese valor se quedaron también en Sanabria (Zamora) o Almazán (Soria), donde se quedaron en torno a -5ºC.

"Se han registrado heladas en alrededor de 130 estaciones de la red meteorológica, que cuenta con unas 800", ha destacado Del Campo para ilustrar que las heladas han sido "bastante extensas".

Las temperaturas nocturnas estuvieron entre cinco y diez grados por debajo de lo normal en buena parte de Castilla y León, este y norte de Castilla-La Mancha y amplias zonas de Aragón y de Cataluña, con valores más propios del mes de diciembre.

No obstante, ha adelantado que el frío se irá suavizando porque una borrasca que se ubicará al oeste de la Península impulsará vientos del sur, aunque también precipitaciones.

Durante el fin de semana se podrá hablar de temperaturas bajas durante la madrugada, ya que el portavoz espera que este sábado haya heladas en las dos mesetas, especialmente en su parte oriental, en Aragón y en puntos de Navarra, La, Rioja y País Vasco. Ya el domingo seguirán subiendo las temperaturas de modo que solo prevé heladas en zonas altas de montaña.

Aún así, los valores mínimos seguirán siendo bajos para la época, entre 3 y 5 grados centígrados por debajo de lo normal en el centro y en el norte de la península.

Las temperaturas máximas también subirán durante el fin de semana e incluso, el portavoz destaca que se podrá hablar de un ambiente "tibio, templado, especialmente el domingo", cuando se alcanzarán los 22 o 24ºC cuando se llegará a los veintidós a veinticuatro grados en la cornisa cantábrica e incluso a 28 o 30ºC el domingo y el lunes en el valle del Guadalquivir.

"Será un domingo de mucho contraste de temperatura entre la noche y el día", ha avisado el portavoz de la AEMET que añade que esto sucede cuando hay cielos poco nubosos o despejados en estas fechas, como será el caso.

En ese sentido, ha añadido que las lluvias serán escasas el fin de semana y que apenas podría haber alguna lluvia débil y dispersa en puntos de Galicia en zonas del Cantábrico y litoral catalán que, en general, serán "poco significativas".

No obstante, sí espera lluvias más intensas e incluso localmente fuertes incluso en el archipiélago canario, especialmente en las islas occidentales.

De cara a la próxima semana, ha pronosticado que se espera un cambio de tiempo con la llegada de una nueva área de bajas presiones bastante profunda y que esta vez sí, se aproximará más a España a la que afectarán sus frentes asociados con lluvias que se extenderán por casi todo el país de oeste a este.

El lunes a partir del mediodía comenzará a llover en Galicia, oeste de Asturias y de Castilla y León, y podrá hacerlo también en el norte de Extremadura y la parte más occidental de Andalucía.

Asimismo, ha añadido que a lo largo del martes y el miércoles las precipitaciones se extenderán a buena parte de la Península y que serán abundantes, localmente fuertes o persistentes en el sur de los grandes sistemas montañosos que, según precisa el portavoz, en estas situaciones actúan como barreras y retienen las nubes que llegan impulsadas por los vientos del sur, lo que provoca precipitaciones persistentes en esas zonas.

De este modo, precisa que las lluvias más intensas el martes y el miércoles se darán en el oeste de Galicia, en las Rías Bajas, en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y sistema Central, en concreto en el norte y en el sur de Castilla y León, así como en el norte de Madrid, norte de Aragón y de Cataluña. Del Campo ha agregado que también seguirán las lluvias y los chubascos en Canarias pero con precipitaciones menos intensas el martes y miércoles.

En definitiva, el portavoz ve que las lluvias afectarán menos al sureste peninsular, en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería así como en Baleares, donde sin embargo no se descarta alguna lluvia débil.

Por otro lado, se ha referido a los vientos asociados a esta borrasca "bastante profunda" ya que provocarán rachas de vientos fuertes o muy fuertes, es decir, de más de 70 e incluso de 80 kilómetros por hora en amplias zonas de la Península, sobre todo en puntos elevados en áreas de montaña.

Las temperaturas subirán, por los vientos del sur y por el aumento de la nubosidad y seguirán ascendiendo el lunes y martes, de modo que desaparecerán las heladas y también la nieve, ya que la cota estará más alta que las montañas españolas por lo que las precipitaciones serán en forma líquida.

"Desaparecerá la nieve acumulada de jornadas anteriores", prevé, aunque el martes y miércoles espera que las temperaturas diurnas vuelvan a bajar y ese descenso se irá extendiendo de oeste a este a partir de la segunda mitad de la semana.

Por último, ha adelantado que de cara al fin de semana las precipitaciones tenderán a remitir y las temperaturas no experimentarán grandes cambios, de manera que se espera un ambiente más cálido de lo normal en el Mediterráneo mientras en el resto tendrán temperaturas "más o menos normales" para esta época del año, con vientos del sur y del suroeste. En Canarias el fin de semana podrían seguir las lluvias, pero serán menos intensas que los días anteriores.

Los brotes de coronavirus Covid-19 surgidos en los centros de personas mayores Mediterráneo de Morón de la Frontera, Domusvi de Alcalá de Guadaíra y Madre de Écija han sumado un total de siete fallecimientos en las últimas 24 horas; cuatro en el primer caso, dos en el segundo y uno en el caso de la residencia astigitana, según ha informado la Consejería de Salud y Familias.

En el balance diario del impacto de la pandemia, la Consejería ha precisado que la residencia de personas mayores Mediterráneo de Morón de la Frontera contabiliza actualmente 41 casos confirmados de contagio de Covid-19 y en las últimas 24 horas ha sumado cuatro nuevas muertes, hasta contabilizar un total de ocho.

En cuanto a la residencia Domusvi de Alcalá de Guadaíra, actualmente registra 54 casos de contagio divididos entre 40 residentes y 14 trabajadores, siendo notificada la muerte de dos de los ancianos infectados, los dos primeros fallecimientos contabilizados en este centro en esta segunda oleada de la pandemia.

Respecto a la residencia Madre de Écija, actualmente contabiliza 29 casos de contagio divididos entre 19 residentes y diez trabajadores, así como un primer fallecimiento.

El balance diario da cuenta además de que en el convento de Santa Ángela de la Cruz, donde el brote surgido ha motivado la medicalización de dicho centro mediante un equipo multidisciplinar del Distrito de Atención Primaria de Sevilla y del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en estos momentos son contabilizados 89 contagios, es decir seis más que en el anterior recuento.

La producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 2020-2021 será de 1.348.200 toneladas, lo que supone un aumento del 50,2% respecto a la anterior y del 22,5% a la media de las cinco últimas campañas, según el aforo de cosecha elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Este incremento en la producción se da en todas las provincias andaluzas, excepto en Almería donde baja un 22%. En el caso de Jaén como primera provincia productora se estima una subida del 69% frente a la campaña anterior, hasta las 670.000 toneladas, y del 34,2% sobre la media del último lustro.

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha sido la encargada de presentar el aforo, fruto del análisis "muy riguroso" que realizan los técnicos y que se confirma en la "poca variabilidad" que tradicionalmente hay entre las previsiones y la producción final. Eso sí, ha hecho hincapié en que se trata de una "estimación" y la cosecha dependerá, sobre todo, de la evolución climatológica de los próximos meses y de las lluvias que se esperan a partir de la próxima semana.

"Tenemos muy claro desde esta Consejería que para nosotros el aceite es el producto estrella andaluz y que tenemos que darle el tratamiento que se merece desde todos los ámbitos", ha dicho Crespo, al tiempo que ha subrayado la importancia de un sector que se traduce en Andalucía en 851 almazaras activas para la presente campaña, de las que 321 se encuentran en la provincia de Jaén.

La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reafirmado este viernes que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tiene la confianza del Ejecutivo, y se ha negado a comentar si cree que será o no imputado en el 'caso Dina'.

"Como Gobierno no nos pronunciamos sobre hipótesis ni cuestiones en manos de los tribunales. El vicepresidente tiene la confianza del Gobierno, y ahora estamos centrados en presentar el proyecto de Presupuestos, que será en breve", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a las jornadas 'Construyendo un futuro sostenible', organizadas por 'El País', 'Cinco Días' y la Cadena SER, al ser preguntada, en concreto, si cree que la imputación de Iglesias sería "un escándalo internacional", tal y como ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Asimismo, preguntada sobre la reiterada petición del PP de sacar a Unidas Podemos del Gobierno de coalición como condición, por ejemplo, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montero ha vuelto a rechazar esta posibilidad, y ha defendido la legitimidad del Ejecutivo.

"Cuando un Gobierno es elegido legítimamente por los ciudadanos, alguien que hable de quitar lo que los ciudadanos deciden a través de las urnas me parece que está fuera de lugar, y se lo tienen que hacer mirar", ha apostillado.

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado este viernes las medidas de contención del coronavirus que el Govern pidió ratificar: limitar las reuniones a un máximo de seis personas, suspender las clases presenciales en las universidades y limitar el aforo en los espacios de culto.

Así, el TSJC ha aprobado todas las medidas del Govern que requerían el aval del tribunal porque afectan a derechos fundamentales, y estas se suman al resto de restricciones vigentes desde este viernes, como el cierre de bares y restaurantes -contra la que ya se ha presentado un recurso-, y la limitación al 50% del aforo en comercios.

Los magistrados señalan que "nadie duda de la colosal y extraordinaria relevancia de la situación de pandemia", pero alertan sobre el término 'burbuja de convivencia' que emplea la Generalitat: la Sala avisa de que aunque usen un término diferente al de 'reunión', que sí recoge la ley, no debe suponer anular el derecho de reunión.

En cuanto a la limitación de aforo en los espacios religiosos, el tribunal no considera que sea una restricción no proporcionada ni injustificada dada la situación sanitaria, y respecto a las clases universitarias presenciales afirma que "no se entiende como una restricción trascendente sino una modulación de la forma de prestar la docencia"

La Fiscalía no se opuso a las medidas, y la decisión de la Sala Contenciosa no ha sido tomada por unanimidad y el auto incluye el voto particular de una de las magistradas.

VOTO PARTICULAR SOBRE LAS REUNIONES

La magistrada que ha emitido el voto particular suscribe la decisión de avalar las medidas, si bien ha puntualizado la argumentación de la mayoría del tribunal en cuanto al término 'burbuja de convivencia': "Considero que en los términos en los que la resolución se ha redactado no incide en una limitación del derecho de reunión que pudiera ser susceptible de prohibición por vulneración de derechos fundamentales".

La jueza recuerda que la misma Sala ya ha aprobado antes limitar las reuniones hasta seis personas, y sostiene: "Tenemos el derecho de reunirnos para aportar todo lo que somos y tenemos como personas, pero no para aportar el virus", y argumenta que la medida está respaldada por la Ley de Salud Pública.

Ciudadanos ha confirmado este viernes que votará 'no' a la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerarla "inoportuna e inútil", y ha adelantado que será la líder del partido y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, quien debata con Santiago Abascal en el Pleno del Congreso la próxima semana.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa el portavoz adjunto en la Cámara Baja, Edmundo Bal, que ha vuelto a calificar de "inoportuna" la moción porque cree que en este momento los políticos deberían estar "todos unidos en la lucha" contra el coronavirus, que es "la preocupación esencial de los españoles", y sin distraerse con otras cuestiones.

Además, ha afirmado que la iniciativa de Vox contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es "inútil" porque no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante. Por tanto, "es absolutamente evidente que vamos a votar que no", ha añadido.

Bal ha lamentado que la moción de censura vaya a tener ocupados a los 350 diputados de la Cámara durante el miércoles y el jueves y ha advertido de que en los debates se volverá de nuevo "al frentismo, la guerra de trincheras y la crispación".

Según Ciudadanos, lo que se necesita ahora es precisamente lo contrario, una "tregua política" para que los distintos partidos dejen de lado sus siglas y busquen el consenso y el acuerdo en la gestión común de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

El líder del PP, Pablo Casado, ha preguntado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez qué más le tiene que decir la Unión Europea para que retire su reforma judicial exprés para rebajar la mayoría en la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una iniciativa que, a su entender, es "contraria a la Constitución y los principios de la UE".

Así se ha pronunciado Casado después del toque de atención de la Comisión Europea en el que se advierte al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que seguirá "atentamente" esta reforma y le recomienda consultar a los "organismos pertinentes" antes de tomar una decisión definitiva.

El presidente del PP se ha hecho eco además de las declaraciones realizadas por el portavoz de Justicia europeo, Christian Wigand, quien ha señalado que están al corriente de esa reforma y siguen de cerca su evolución. Según ha añadido, en el informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder Legislativo o Ejecutivo sobre el poder Judicial a fin de fortalecer la independencia judicial.

Wigand ha indicado que "es importante asegurarse de que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización" y ha recordado que cuando los Estados miembros reforman el Poder Judicial debe hacer "en consulta con todas las partes interesadas pertinentes". "Los estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida", ha agregado.

El presidente del PP ha afirmado que el portavoz de Justicia de la Comisión "ha sido contundente". ¿Qué más le tienen que decir a Sánchez para que retire su proposición de reforma del CGPJ contraria a la Constitución y los principios de la Unión Europea?", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

EL PP PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA EVALUAR EL PLAN DE SÁNCHEZ

Casado ya trasladó este jueves al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, el rechazo del PP a la reforma del Consejo General del Poder Judicial planteada por el Gobierno y reclamó a la Comisión Europea que evalúe esta propuesta.

En este sentido, el grupo del Partido Popular Europeo ha anunciado que solicitará que este asunto sea estudiado por el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo.

Asimismo, Casado ha remitido una carta, firmada también por la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la que solicita que la Comisión Europea evalúe este proyecto de reforma y asegura que el PP tomará las medidas oportunas en el ámbito europeo para evitar que esta reforma prospere.

En la misiva, trasladan su "profunda preocupación" ante una reforma que significará "una mayoría puntual de un gobierno en cualquier momento" podrá elegir a los doce miembros del CGPJ, que "constituye una regresión en los principios del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial en España".

Casado, que este jueves estuvo en Bruselas y se reunió, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó desde allí que la reforma judicial que promueve el Gobierno busca "atacar la separación de poderes", "la independencia judicial" y, "en definitiva, debilitar la democracia española".

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, declarada en concurso de acreedores, ha ordenado la detención del que fuera presidente de la entidad, Ángel Luis Serrano Serrano, por no comparecer a su citación como investigado este pasado jueves alegando un "viaje de negocios" que tenía programado" a México D.F.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras haber solicitado a la Fiscalía y al resto de partes que se pronunciasen sobre "la procedencia de dictar orden de detención inmediata" contra Ángel Luis Serrano Serrano, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez instructora Patricia Fernández Franco ha emitido este viernes un auto en el que ordena la detención del citado investigado.

Según la representación de Serrano Serrano, antes de su citación como investigado, formalizada el pasado mes de julio, el mismo ya tenía "programado un viaje de negocios" en estas fechas desde Panamá, donde reside, a México D.F., extremo por el cual había solicitado el aplazamiento de la comparecencia fijada para este viernes. Pero al denegar tal extremo el juzgado por no ser "causa de suspensión el motivo esgrimido", a través de una providencia de fecha 21 de septiembre, la defensa del investigado había recurrido dicha providencia.

Dado que 24 horas antes de la hora fijada para la comparecencia no había sido resuelto aún el recurso de reforma promovido contra tal providencia, la representación de Ángel Luis Serrano Serrano comunicaba que al aludido le sería "imposible" acudir a la citación de este viernes, ante lo cual la juez instructora, como ha sido señalado, emitía una providencia sobre "la procedencia de dictar orden de detención inmediata".

Su hermano Diego Serrano Serrano también estaba citado a comparecer como investigado, sin que asistiese tampoco aunque por una incidencia con la notificación, según han precisado a Europa Press fuentes del caso. Sí compareció el que fuera responsable financiero de la empresa, Óscar L.G., quien habría manifestado que Isofotón carecía de un "inversor" que afrontase las pérdidas de la empresa y que no supo de la venta de las acciones de la entidad al Grupo Affirma y Top Tec por un precio simbólico de un euro, hasta después de la operación y a través de terceros.

Además, habría explicado que Ángel Luis Serrano Serrano le comunicó que en la negociación previa a dicha venta, la Junta se habría comprometido a proporcionar una financiación de 35 millones de euros a la entidad a cambio de mantener los puestos de empleo de la empresa, una cuantía adicional a un aval de cinco millones de euros concedido por la Administración andaluza antes de aquella operación y un posterior préstamo de unos ocho millones por parte de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía.

NUEVAS CITACIONES EL LUNES

Para el lunes de la semana que viene, además, están citados otros cinco investigados, entre los que figura Bienvenido Martínez, miembro del consejo de administración de Invercaria y director de Inversiones Estratégicas en la Agencia Idea de la Administración andaluza, mientras para el mes de noviembre están citados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler.

La juez instructora, además, ha solicitado recientemente a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales.

La petición de la juez Patricia Fernández Franco respecto a los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de Idea a Isofotón abarca así los periodos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta, siendo condenados los dos primeros en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

Recordemos que en las diligencias previas que tramita dicha instancia judicial sobre los avales y préstamos de Idea y su filial Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), a la empresa malagueña Isofotón, han sido apreciados posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.

LA EMPRESA ESTABA "PRÁCTICAMENTE EN CAUSA DE DISOLUCIÓN"

Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución", pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), "por un precio simbólico de un euro", lo que no impidió que la empresa cosechase "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".

Es más, tras el citado relevo societario, "Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego S.S.".

Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participa recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante "avales e incentivos directos a fondo perdido", toda vez que "los avales otorgados por la agencia Idea presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas".

Para el juzgado, la agencia Idea "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón", mientras la Soprea, como filial de Idea, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, "pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por Idea".

Ciudadanos ha incorporado como militantes a Malena Contestí, Jesús Cuadrado y José Miguel Saval, exdiputados de Vox, PSOE y PP que han abandonado estos partidos y se han sumado a las filas de la formación naranja.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, participará en un acto 'online' este sábado con cientos afiliados y junto a esos tres exdiputados del Congreso, que han decidido "defender sin complejos los valores de la formación liberal", según ha informado el partido en un comunicado.

A Contestí, Cuadrado y Saval "les unen la voluntad de que el centro y la moderación tengan una representación fuerte en España, así como la defensa de la libertad y la igualdad que abandera Cs desde su nacimiento en 2006", añade la nota.

La dirección de Compromís, reunida este viernes, ha anunciado que apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "si el Gobierno incluye en ellos su acuerdo de investidura".

Los responsables de la coalición valenciana han calificado de "positiva la intención del Ministerio de Hacienda" de incluir en las próximas cuentas "la agenda valenciana y social de su acuerdo de investidura", aunque advierten que "todo esto debe concretarse en una reunión la próxima semana en la cual se analice punto por punto cómo se da cumplimiento a los nueve puntos del acuerdo de investidura".

Para Compromís es "absolutamente imprescindible que en los próximos presupuestos se compense la infrafinanciación que padecen algunos territorios por culpa de un modelo injusto y caducado y que las inversiones del estado en el territorio valenciano sean ajustadas al peso demográfico, tal y como figura tras la reforma del estatuto valenciano aprobada en el Congreso en 2018".

CERCANÍAS, DEPENDENCIA Y PUERTO

El acuerdo entre el PSOE y Compromís contempla, entre otras cosas, "inversiones en los servicios de cercanías valencianos, incrementar la aportación del Estado en el pago de las partidas de dependencia, asumir la deuda del consorcio de La Marina de València y paralizar la ampliación del Puerto a la espera de un estudio de impacto ambiental específico, enumera la coalición en un comunicado".

La formación valenciana explica asimismo que, "si el Gobierno cumple el acuerdo con Compromís, cumplirá con el Gobierno": "De momento la sintonía es buena pero es solo una declaración de intenciones, debe ser una realidad en las cuentas oficiales del estado", apuntan.

Por último, inciden en que este acuerdo -"que sirvió para que Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno", aseveran- es "un contrato de reparación con toda la sociedad valenciana, ya que todas sus medidas son consensos en las Cortes Valencianas y que no tolerarán, bajo ningún concepto, que caiga en papel mojado".

Medio millar de personas migrantes han llegado a las costas españolas durante esta semana, la mayoría de ellos a Gran Canaria y Tenerife. La jornada de este viernes es la que ha registrado mayor entrada de migrantes, en concreto, 207 personas en situación irregular, de los cuales 191 llegaron a Canarias.

Salvamento Marítimo ha interceptado una patera con 21 migrantes cuando se encontraban cerca del Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Los 21 migrantes son hombres, todos de origen subsahariano, y no han necesitado ser traslados a centros sanitarios. Esta patera se suma a otra que ha llegado esta mañana con 32 personas a bordo, que han sido trasladados al Muelle de Arguineguín, en Mogán.

Asimismo, Salvamento Marítimo rescató a un cayuco con 72 migrantes a bordo cuando que se dirigía hacia el archipiélago canario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (cecoes) 1-1-2. El cayuco fue localizado por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a unas tres millas al sur de Tenerife, y tras proceder a su rescate, fue llevado al puerto de Los Cristianos. En la embarcación viajaban 71 varones y 1 mujer de origen subsahariano que fueron atendidos por el dispositivo sanitario y de seguridad desplegado en el muelle

En Ceuta, Salvamento Marítimo ha rescatado a 16 personas, todas ellas de origen magrebí al ser localizada a seis millas al noreste de Punta Almina, siendo rescatadas las nueve personas que iban a bordo por la embarcación Salvamar Atria a las 3,30 horas y trasladadas al Puerto de Ceuta.

Más tarde, a las 5,12 horas, ha sido rescatada a cuatro millas del Puerto de Ceuta también por la Salvamar Atria una patera tipo toy, en la que se encontraban siete hombres de origen magrebí.

El martes, día 13, fueron 129 los migrantes que llegaron a Canarias repartidos en tres embarcaciones. En concreto, dos de las pateras con 66 personas en situación irregular fueron trasladadas al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de Cruz Roja y del Servicio Canario de Salud (SCS).

Respecto a la tercera embarcación irregular, con 63 personas a bordo, fue trasladada al muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, todos ellos en buen estado.

El miércoles, fueron 117 los migrantes que a arribaron también a Canarias en cuatro pateras, tres de ellas ocupadas por 45 personas que llegó a Gran Canarias y otra con 72 que fue trasladada al puerto tinerfeño de Los Cristianos.

El jueves fue el día de menor flujo de pateras con 53 migrantes a bordo. Un cayuco con 32 ocupantes en su interior llegó al Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) tras ser interceptado por Salvamento Marítimo, que tambén rescató otra patera con 21 migrantes cuando se encontraban cerca del Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

El incremento de pateras que llega a Canarias se viene registrando desde principios de año. El presidente canario, Angel Víctor Torres, ha alertado esta semana que la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago en la actualidad se asemeja ya a la de los años 2006 o 2007 y ha pedido la involucración de la Unión Europea (UE) porque "Canarias es tan Europa como Bruselas.

Torres puso su mirada a Europa. "No puede que ser que inmigración quede en las zonas fronterizas -añadió- y que Canarias, que es tan Europa como Bruselas o París, tenga que asumir exclusivamente toda la inmigración que llega a estas tierras porque además nos es absolutamente imposible".

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que su formación no teme que el extesorero 'popular' Luis Bárcenas "tire de ninguna manta" si su mujer, Rosalía Iglesias, ingresara en prisión, y ha añadido que el presidente del partido, Pablo Casado, está "muy tranquilo".

"No tenemos miedo de que tire de ninguna manta, lo puedo garantizar. He hablado con Casado de diversos temas; lo he visto muy tranquilo y muy sereno de ánimo", ha manifestado el también regidor madrileño ante la prensa tras acudir un debate sobre 'Las APP en el fondo de reconstrucción europeo y financiación privada' organizado por el grupo PRISA.

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas de cárcel que deberán cumplir tanto Bárcenas como Rosalía Iglesias tras ser condenados por la primera época de las actividades de la trama Gürtel. Así, Bárcenas es condenado a la pena de 29 años y un mes de cárcel frente a los 33 años y cuatro meses que fijó la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018.

Por su parte, Rosalía Iglesias, que fue condenada por el tribunal de la Audiencia Nacional a 15 años y un mes de cárcel, ha visto reducida su pena de prisión a 12 años y 11 meses. Esta rebaja de más de dos años no evitaría sin embargo que entrara en prisión a la espera de lo que resolviera el Tribunal Constitucional (TC) ante un probable recurso de amparo.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este viernes que "seguramente" tendrán que tomar "medidas más duras y restrictivas" y ha señalado que "habrá que aprobar" la semana que viene una orden para cuando decaiga el estado de alarma.

"Las restricciones de hoy van a salvar vidas mañana, salvar negocios y la Navidad. Habrá que tomar seguramente medidas más restrictivas y más duras los próximos días si queremos tener unas Navidades como queremos", ha trasladado Aguado en declaraciones a los medios tras el acto de primera residencia de cuidados Covid.

El vicepresidente autonómico ha avanzado que "lo importante" es que la semana que viene "habrá que aprobar una orden por parte de la Consejería de Sanidad que permita dar continuidad a nivel jurídico desde el decaimiento del estado de alarma".

"A partir del viernes que viene a las 17 de la tarde necesitamos elaborar una orden, que tras el decaimiento del estado de alarma establezcan nuevas reglas del juego en la Comunidad y eso es en lo que estamos trabajando", ha trasladado.

Para el vicepresidente, lo prioritario es "intentar tener el objetivo común de bajar a 25 casos por cada 100.000 habitantes", para poder tener "una mesa de Navidad como Dios manda" todos con sus familias y garantizar una buena campaña de Navidad a los comerciantes.

Por otro lado, ha lamentado que a día de hoy el Gobierno central no tenga claros cuáles son los escenarios a aplicar en el conjunto del país y le parece que están yendo "tardísimo". "A 15 de octubre no tener unos escenarios perfectamente definidos es una irresponsabilidad", ha zanjado.

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El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno que fije criterios "definitivos" sobre los que decidir las medidas contra el COVID-19, al considerar que "no podemos dar mensajes cada 15 días distintos a la población".

"Si el Gobierno quiere cambiar los criterios otra vez para decidir qué tipo de medidas, pues bueno, pero que sea la definitiva, porque no podemos dar mensajes distintos cada 15 días", ha señalado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Málaga.

Así, ha explicado que "el Gobierno parece que va a cambiar los criterios una vez más y va a poner de nuevo fases" y ha incidido en que "lo importante es no cambiar de criterios cada 15 días, porque damos así un mensaje de incertidumbre", instando a esperar a ver qué se comunica este viernes.

"A la población hay que darle un mensaje de certidumbre, como está haciendo el Gobierno andaluz desde el minuto uno", ha dicho el consejero.

Ha explicado que en Andalucía ahora mismo la pandemia "sigue creciendo, a un ritmo inferior a la media de España", apuntando que "nos medimos por la presión hospitalaria, que en Andalucía está en 1.280 hospitalizaciones, muy lejos a las casi 3.000 que hubo al principio de la crisis sanitaria".

Asimismo, ha indicado que las UCI "no crecen al ritmo de los ingresos hospitalarios", por lo que "la evolución es contenida pero nos preocupa, como a toda España y a toda Europa, porque la segunda ola ahora está apretando.

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que juzgó el desfalco del Palau de la Música por parte de sus exresponsables Fèlix Millet y Jordi Montull, ha acordado suspender la pena de prisión de cuatro años a la hija del segundo y exdirectora financiera de la institución, Gemma Montull.

El tribunal ha acordado por mayoría suspender la pena de prisión de la condenada por un período de cinco años e imponerle, de acuerdo con la previsión del artículo 80.3 del Código Penal, una serie de obligaciones, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Las condiciones son no delinquir durante los cinco años de suspensión de la condena, un año de trabajos en beneficio de la comunidad, y abonar mensualmente 500 euros a partir de noviembre para sufragar la parte de la condena de 1,5 millones de euros -solidaria con Fèlix Millet y Jordi Montull- que le corresponde.

Los magistrados señalan que Gemma Montull cumple los presupuestos fijados en la ley para suspender la pena de prisión, ya que no tiene antecedentes penales y no ha vuelto a delinquir, por lo que "no existe un pronóstico de reincidencia", y sus penas, individualmente por delito, no superan los dos años de cárcel.

También justifican que ya han pasado 11 años desde que cometió el delito y por eso la sentencia recoge el atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento judicial, y Gemma Montull tiene también un atenuante por confesión.

Sin embargo, el tribunal argumenta que los hechos por los que fue condenada son graves y añade que "los bienes jurídicos quebrantados son importantes con una gran repercusión social e institucional, y con perjuicios económicos muy elevados para las entidades del Palau de la Música".

La decisión incluye la advertencia a Gemma Montull de que si delinque en los próximos cinco años, si incumple tres de los plazos de pago de la responsabilidad civil o si no hace los 365 días de trabajos comunitarios, deberá cumplir la pena de prisión ahora suspendida.

VOTO PARTICULAR

El fallo de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona no ha sido unánime y un magistrado del tribunal ha emitido un voto particular en el que destaca la gravedad de los hechos.

Según él, "pueden ser considerados como el mayor expolio que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia reciente contra el patrimonio cultural catalán", y recuerda que Gemma Montull dificultó al inicio de la investigación un registro en las oficinas del Palau, de donde retiró un USB con contabilidad falsa.

Por eso, el magistrado defiende que no se debería suspender la pena de prisión de Gemma Montull y discrepa de la interpretación del resto del tribunal sobre las circunstancias para otorgar esta previsión extraordinaria.

Los jueces y magistrados españoles consideran que la Justicia es independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83 por ciento- cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Así, el 99 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y juezas en activo -la muestra supone casi el 20 por ciento de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales.

La encuesta revela que los jueces españoles, con independencia de su sexo, edad u orientación ideológica, comparten un mismo sentido de la profesión: el 92 por ciento cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98 por ciento siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

AJENOS A PRESIONES

Los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos.

En cualquier caso, el 90 por ciento de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88 por ciento, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales.

El porcentaje desciende hasta el 72 por ciento cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9 por ciento responde que "con frecuencia" se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84 %) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.

Aun así, el 84 por ciento de los integrantes de la Carrera Judicial dicen que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32 %) o raramente (52 %) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles.

A FAVOR DE QUE LOS JUECES ELIJAN AL CGPJ

La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario (90 %) a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje cree necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.

MENOS DE LA MITAD APOYAN LA INSTRUCCIÓN POR EL FISCAL

Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41 % se muestra a favor, mientras que el 55 % está en contra.

Pese a que el 94 por ciento de los encuestados considera que la función de juzgar es ahora más compleja que nunca, una gran mayoría -el 79 %- se siente satisfecho con su trabajo como juez y prácticamente el mismo porcentaje cree que su capacitación profesional es similar o superior a la de sus colegas de la Unión Europea.

También afirman que la forma en que se desarrolló el juicio por el proceso separatista en Cataluña celebrado en el Tribunal Supremo, ha reforzado la imagen de la Justicia en España (68 %) y en Europa (59 %).

La última parte de la encuesta está dedicada a la valoración que los jueces hacen del Consejo General del Poder Judicial y de sus órganos técnicos: el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) es el mejor valorado, alcanzando una nota de 8,2, y también obtienen una buena calificación los Servicios de Formación, de Personal Judicial y de Relaciones Internacionales y la Oficina de Comunicación. El Servicio de Inspección y el régimen disciplinario reciben asimismo más opiniones a favor que en contra.

También son más las opiniones positivas (49 %) que negativas (42 %) cuando los encuestados son preguntados acerca de si, durante el actual mandato, el CGPJ ha proporcionado el apoyo necesario a los jueces y magistrados que han sido objeto de acoso por parte de los medios de comunicación o instancias políticas. Sin embargo, la mayoría (54 % frente al 43 %) considera que el Consejo no ha transmitido una imagen de independencia de la Justicia española o realizado nombramientos atendiendo exclusivamente a criterios de mérito y capacidad (48 % frente a 42 %).

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha trasladado al Sindicato de Inquilinos que trabaja dentro del Ejecutivo para que se "cumpla ya" el proyecto de regulación de los precios de alquileres que se acordó en el programa de Gobierno de coalición, ante el momento actual de "emergencia social" generada por la crisis del coronavirus.

Así lo ha trasladado esta mañana en el encuentro que ha mantenido el vicepresidente junto a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, con representantes del Sindicato de Inquilinos.

Ambos han compartido durante el encuentro que es la "falta de garantía" del derecho constitucional a la vivienda constituye "uno de los principales problemas sociales" de nuestro país y, en consecuencia, consideran "imprescindible" ejecutar esta regulación para que comunidades y ayuntamientos puedan limitar precios en zonas del mercado "tensionadas".

Sindicato de inquilinos ha pedido al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que se apruebe la regulación de alquileres "de manera inminente" y ha visto voluntad en el Gobierno para ponerla en marcha "cuanto antes".

GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA: UNA "URGENCIA INAPLAZABLE"

El propio Iglesias ha señalado en redes sociales que este año se han dado pasos importantes en este sentido, como la ley catalana que regula los precios del alquiler y "señala el camino a seguir".

"En plena situación de pandemia, en la que las cuarentenas y confinamientos parciales están a la orden del día, la garantía del derecho a la vivienda se convierte en una urgencia inaplazable", ha detallado para enfatizar en que su departamento trabaja para que el Gobierno "dé pasos ya para hacer efectivo este compromiso".

Además, ha enfatizado que "miles de familias tienen que dedicar un elevadísimo porcentaje de sus ingresos a pagar el alquiler, lastrando sus posibilidades de tener una vida digna".

Precisamente, los dos socios de Gobierno de coalición mantienen contactos durante estos días para ultimar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

EN JUNIO SE LANZÓ EL ÍNDICE DE PRECIOS

Recientemente, el Consejo de Ministros prorrogar a enero de 2021 varias medidas del denominado "escudo social", como la prohibición de desahucios, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda de seis meses para evitar subidas "abusivas" y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública.

A su vez, en septiembre se aprobó en Cataluña la ley que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes en zonas tensionadas.

En junio de este año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanzó el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, lo que permite disponer de información sobre la evolución de las rentas y "vigilar" las zonas tensionadas.

Se trató del "primer paso" para avanzar en el compromiso del Gobierno de limitar el precio del alquiler. Con ello, el Ejecutivo evalúa primero el impacto de la crisis en los precios del alquiler y después tomará decisiones al respecto, según precisaron fuentes de Transportes, que en paralelo imprimirá un impulso de la política de vivienda con el anteproyecto de la primera Ley estatal de vivienda previsto para este año.

El sistema de índices de precios se recogía en el real decreto 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que contemplaba su creación y fue previo al acuerdo programático de diciembre del año pasado entre el PSOE y Unidas Podemos en el que se recogía el compromiso de impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

A partir del sistema estatal de índices de precios, el acuerdo señalaba que se habilitaría a las CC.AA. y ayuntamientos a poder establecer su propio índice. Fuentes de Transportes precisaron en junio que el Gobierno tendría que habilitar a estas administraciones con una modificación de una ley estatal para que pudiesen fijar límites, si bien a nivel nacional no se ha decidido cómo se procedería a limitar los precios, en caso de hacerse.