Las mujeres jóvenes rechazan y denuncian más los discursos de odio sexista en redes sociales, mientras que los hombres jóvenes tienden más a «banalizar o normalizar», según la investigación ‘Discursos de odio sexistas en redes sociales y entornos digitales’, realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad).

El estudio cualitativo, cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se ha realizado a través diversos grupos de discusión, con un total de 32 jóvenes de 17 a 29 años, celebrados en abril de 2020.

Según precisan los autores del informe, «ante el discurso de odio sexista, las mujeres jóvenes muestran un rechazo más patente y una posición más activa de denuncia». Mientras, señalan que los hombres «tienden a quitar hierro» a este tipo de manifestaciones de odio recurriendo a «la normalización» y «apoyándose en el humor».

Los jóvenes participantes en el estudio dicen saber reconocer sin problemas los discursos de odio, tanto dentro como fuera de las redes sociales, aunque chicos y chicas coinciden en que estos discursos son «más frecuentes y más virulentos» en el mundo online.

Esto se debe, según precisan al «anonimato y la distancia», a una regulación –límites y normas– a veces «difusa» en las redes acerca de este tipo de discursos, y a una sensación de «impunidad» percibida por el usuario.

Por tipo de canal, declaran que Twitter se ha convertido en la red social en la que los discursos de odio son «más frecuentes» y «adquieren una dimensión más desproporcionada hasta el punto de normalizarlo». En el polo opuesto sitúan a WhatsApp, Pinterest, Snapchat, LinkedIn y TikTok.

Atendiendo a los motivos por los que se activa el discurso de odio sexista señalan: el género, el cuerpo o el aspecto, y el activismo, por ejemplo, defender el feminismo en las redes.

En este sentido el estudio indica que «el discurso de ‘los odiadores’ es sumamente ofensivo, pero su base es netamente defensiva: crean o comparten discursos de odio para obstaculizar cambios que puedan poner en riesgo las posiciones que ocupan».

Otra de las conclusiones de la investigación es que es mucho más sencillo identificar a las víctimas de los discursos de odio que a estos ‘odiadores’ debido a que hacen los comentarios desde el anonimato o desde perfiles ‘fake’.

Algunos hombres participantes en el estudio reconocieron que usan las redes para «desfogarse, que disfrutan creando polémica o participando en debates acalorados en las redes sociales».

Además, durante 26 semanas también se ha realizado un escucha social sobre palabras clave vinculadas al sexismo como ‘feminismo’, ‘machismo’, ‘feminista’, ‘patriarcado’ o ‘feminazi’ y el resultado muestra que el 79% de las publicaciones en torno a estos términos fueron realizadas por hombres frente al 21% que fueron publicadas por mujeres.

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que los casos de explotación sexual de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) son «un problema que va más allá del Govern y está ligado al patriarcado».

Así lo ha afirmado ante la diputada del PP Margalida Durán, quien ha dirigido la interpelación a Santiago sobre la política general del Ejecutivo balear sobre los centros de menores de su responsabilidad.

En concreto, Durán se ha referido al «cuestionamiento» por parte de la Unión Europea sobre la gestión llevada a cabo en cuanto a la tutela de menores por parte del Consell de Mallorca y del Govern a raíz de los casos de explotación sexual de menores tuteladas.

Durán ha preguntado a la consellera si el Govern ha enviado ya el informe a la Comisión Europea sobre su gestión en este asunto, algo que la consellera de Asuntos Sociales ha confirmado: «Lo hemos enviado y en él se han explicado las competencias que tiene la Comunidad y los diferentes consells».

La diputada ‘popular’ ha señalado que esta cuestión también se ha trasladado a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo para que lo investigue, «puesto que es la responsable de temas como el de los abusos a menores».

Durán ha añadido que el escándalo de explotación sexual a menores tutelados por el IMAS «hace un año que es la vergüenza de España y ahora es la de Europa«. «Desde del PP seguiremos reclamando la comisión de investigación que ustedes rechazan», ha remarcado.

«El Govern ha querido tapar su responsabilidad detrás la mentira de que no era su competencia, cuando ahora a quien pide cuentas y responsabilidades el Parlamento Europeo es al Govern balear», ha dicho la ‘popular’, quien ha afirmado que «Armengol ha impuesto un pacto de silencio y todos los partidos del Pacte lo han aceptado, por lo tanto todos son cómplices de esta infamia y nunca serán creíbles en materia de protección de menores».

Por su parte, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes ha acusado a la diputada del PP de «realizar demagogia» y ha recordado que a quien se deben dirigir es al Consell de Mallorca «para centrarse en las competencias». «Yo no puedo hablar de Javier de Juan –actual presidente del IMAS–«, ha reafirmado.

Asimismo, ha insistido en que el objetivo del Govern está centrado en los explotadores y los abusadores. «Es un problema que está presente en todo el mundo, en España, en Europa… Va más allá del Govern», ha indicado, mientras que ha recalcado que tiene «un gran componente de género, de banalización de la sexualidad y de acceso a la prostitución a través de internet».

«Es un problema gravísimo», ha reconocido la consellera, además de incidir en el trabajo del Govern para formar a los trabajadores sociales, sensibilizar a las menores sobre los abusos sexuales y la explotación, a la población con campañas de información, etc. «Sabemos que no es suficiente pero debemos continuar para conseguir la tolerancia cero», ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley elaborado por el Ministerio del Interior que modifica el sistema del carné de conducir por puntos, y ha acordado su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva. La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esperan que estos cambios entren en vigor este mismo año.

El proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

Esta reforma ya fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre de 2020. Desde entonces, según señala Interior, ha obtenido los informes favorables de los ministerios de Hacienda; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Política Territorial y Función Pública; así como del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

El objetivo de este cambio, junto con otras medidas, es reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero víctimas en el año 2050. Montero ha destacado, entre los cambios introducidos por el proyecto, la distinción de dos tipos de infracciones graves con respecto al uso del teléfono móvil al volante. En caso de estar utilizando el móvil sin sostenerlo con la mano, se sancionará con 3 puntos menos en el carné, pero si se está sujetando el móvil con la mano, la sanción será de hasta 6 puntos menos.

El proyecto de reforma también eleva de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección. Además, incorpora como causa de la pérdida de esos puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada.

Asimismo, unifica en un plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo.

También sustituye la infracción grave consistente en «utilizar» mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de «llevar en el vehículo» esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.

Igualmente, se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

Con la reforma, la superación de cursos de conducción segura, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se tenga saldo positivo de puntos, se compensará con 2 puntos adicionales, hasta un máximo de 15 puntos y con una frecuencia máxima de un curso cada dos años. No obstante, la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que entre en vigor la regulación de las condiciones que deben cumplir tales cursos.

Y tipifica como infracción muy grave la utilización de dispositivos de intercomunicación no autorizados en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos, que será sancionada con multa de 500 euros y la imposibilidad de que el aspirante pueda volver a presentarse a las citadas pruebas en el plazo de 6 meses.

OTRAS MEDIDAS

La reforma también añade a las funciones correspondientes al Ministerio del Interior, ejercidas a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, la función inspectora, hasta ahora regulada en normas con rango de real decreto; así como la función de auditoría de los centros y los operadores que realizan servicios y trámites relacionados con el mencionado organismo autónomo.

Y prevé el desarrollo de un sistema telemático para que las empresas de transporte puedan conocer si un conductor profesional de su plantilla se encuentra en situación legal de poder conducir vehículos de transporte, al disponer de un saldo positivo de puntos, al que podrán acceder dichas empresas en los términos que regule el Gobierno.

El exfutbolista Xabi Alonso Olano ha declarado ante el juez de Instrucción número 52 de Madrid en el marco de la querella presentada por la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid por la comisión de un delito fiscal durante el ejercicio 2013 que asciende a 572.008 euros.

Xabi Alonso acudió ayer a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar sobre este causa penal, manifestando a su salida que «seguía en la misma línea» del anterior proceso que le llevó a sentarse también en el banquillo de los acusados y en el que defendió su inocencia. «Es el mismo procedimiento por otros años. Es la misma estructura, pero por años posteriores y mi posición sigue siendo la misma», indicó.

El pasado enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la sentencia que absolvió al exfutbolista por fraude a Hacienda en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 y ordenó a la Audiencia de Madrid que dictara una nueva resolución.

La querella de la Fiscalía de Madrid se dirige también contra el asesor fiscal Iván Zaldúa Azkuenaga y contra Ignasi Maestre Casanovas. Se basa en el informe remitido en junio de 2019 por la Delegación en Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

En el informe desprenden indicios de la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, en relación con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2.013, al resultar un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 572.008, 73 euros.

La querella recae sobre el tributo personal de renta del año 2013 del ex futbolista cuyo fraude se sustenta en la operación defraudatoria diseñada en el año 2009 y que se han mantenido en el periodo del 2013.

EXPLOTACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Según relata la Fiscalía, 1 de agosto del 2009 Alonso suscribió un contrato por el que «aparentemente» cedía la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali con domicilio en Madeira, una entidad que gozaba de exención fiscal en las islas hasta el año 2012 por cuanto se había constituido en fecha anterior al año 2001.

Dicha mercantil fue facilitada al exfutbolista por Maestre, que figuró como administrador de la sociedad Kardzali hasta el año 2014 «consciente él mismo de que iba a utilizarse a los efectos de evitar el pago de impuestos», y quien además era administrador en las islas de otras 23 sociedades.

En la querella presentada en el juzgado se señala a Zaldúa, el asesor fiscal de Alonso como la persona que planificó la operación denunciada «a sabiendas de que el obligado tributario iba a eludir el pago de los impuestos que debieran repercutirse a los rendimientos derivados de la explotación de la imagen de Xabier Alonso».

Así, el l5 de agosto de 2009, tras firmar un contrato de trabajo con el Real Madrid Club de Fútbol, Alonso trasladó su residencia a Madrid, «motivo por el cual en el ejercicio 2.013 tenía la condición de residente fiscal en España y su domicilio fiscal en Madrid, con las obligaciones tributarias correspondientes».

Sin embargo, tal y como apunta la Fiscalía «con ánimo de obtener un beneficio fiscal ilícito», el ex futbolista presentó las declaraciones de IRPF del ejercicio 2013 sin declarar cantidad alguna procedente de los rendimientos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen «por cuanto utilizó la estructura societaria de Kardzali y una aparente cesión de los derechos de imagen».

Durante esa aparente cesión de la explotación de los derechos de imagen, la sociedad ubicad en Madeira no pagó cantidad alguna a Alonso porque carecía de medios para hacer frente al pago de los cinco millones de euros 5.000.000 euros que se habían convenido como contraprestación de la cesión.

«La única intención que tuvo el querellado Xabier Alonso junto con el asesor fiscal Iván Zaldúa era el de sustraer a la Hacienda Pública Española los tributos que debían abonarse por los rendimientos que iba a generar la explotación de su imagen durante los años del 2009 en adelante», añade la Fiscalía.

«INTRUMENTO PARA CANALIZAR INGRESOS»

Alonso, siempre según el relato de la querella, utilizó Kardzali «como mero instrumento canalizador de los ingresos y pagos sin que la misma haya efectuado gestión alguna en la explotación de los derechos de imagen, gestión que ha sido efectuada por personas ajenas a la entidad».

Incluso hace hincapié en que la entidad ha carecido de empleados desde la fecha de la cesión hasta el año 2012, «momento en que por obligación legal contrata a una tercera persona con una nómina mensual de 70 euros».

Por último, la Fiscalía considera igualmente «innecesaria» dicha sociedad de cara a que el jugador pudiera explotar sus derechos de imagen por cuanto al momento de suscribir el contrato en el 2009 ya tenía rubricado el contrato con Adidas, «uno de los máximos anunciantes que ha utilizado la imagen del obligado tributario cuyo contrato se firmó el 1 de enero del 2009 así como con el Real Madrid ya que f firmó su contrato el 5 de agosto del mismo año.

Así las cosas, «al momento de ceder aparentemente la explotación de los derechos de imagen, Xabier Alonso ya tenía garantizados la cuantía de más de 6 millones de euros sin que Kardzali aportara nada a los contratos principales del jugador, salvo la opacidad de los rendimientos a la Agencia Tributaria Española».

En total Alonso recibió en 2013 la cuantía bruta de 1.202.705 euros por parte de cuatro anunciantes «Como puede desprenderse de estas cifras insiste la Fiscalía- la mayor parte de los ingresos derivados de la explotación de los derechos de imagen ya estaban convenidos cuando se diseñó el contrato de 1 de agosto del 2009 entre el obligado XaBier Alonso y Kardzali».

Lo que hacía la sociedad ubicada en Madeia era transferir desde 2009 al futbolista un total de 5.900.352, 54 euros «que respondían aparentemente a la deuda de 5.000.000 euros contraída por Kardzali con Xabier Alonso por la adquisición de los derechos de imagen del mismo», una cantidad que se ha ido abonando a medida que la mercantil canalizaba los ingresos generados por la explotación de los derechos de imagen que procedían del Real Madrid como de diferentes marcas publicitarias.

Es decir, «Alonso recibió más dinero del pactado, cantidades procedentes en su totalidad de los contratos que ya tenía suscritos o negociados cuando diseño el contrato de 1 de agosto del 2009».

Por tanto, «dicha cesión nunca fue real y solo estuvo buscada por los querellados con el propósito de no abonar a la Hacienda Pública los impuestos que debían repercutirse en el año 2013 a los rendimientos que le generó la explotación de la imagen de Xabier Alonso».

La Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a Aarón B.M. de un delito de lesiones por cortar, supuestamente, el pene a su compañero de piso, Andrew S.B., en la ciudad de Zaragoza en 2019, siendo el propio lesionado quien lo hizo, según recoge la sentencia del tribunal presidido por el magistrado Alfonso Ballestín.

Durante el juicio, que se celebró los días 1 y 2 de marzo, el Ministerio Fiscal solicitó para el acusado cuatro años y medio de prisión, mientras que la letrada de la defensa, Claudia Melguizo, pidió la libre absolución.

El tribunal señala, en los ‘Hechos Probados’, que el 8 de marzo de 2019, a las 19.15 horas, Andrew S.B., quien actualmente reside en Londres, salió a la calle desde su domicilio sangrando abundantemente.

Una patrulla de la Policía Local que se encontraba en el lugar le atendió y alertó a los servicios sanitarios de emergencias. Antes de llegar los facultativos, Andrew S.B. manifestó a los agentes: «Lo he hecho, lo he hecho». También estuvo en el lugar el acusado, quien se marchó cuando el herido ya estaba siendo atendido.

La Policía se personó en la vivienda siguiendo los restos de sangre, donde Aarón B.M. les comunicó que su compañero de piso había estado bebiendo con él, que se había automutilado y que, en un momento dado, había entrado en la habitación con el pene en la mano, arrojándolo al suelo y diciendo: «Ya lo he hecho». El acusado entregó el pene a los agentes dentro de una bolsa de basura.

Las lesiones tardaron 60 días en curarse, incluyendo 21 días de hospitalización y 39 días no impeditivos, y «no le ha quedado secuela alguna derivada de la lesión», continúa la sentencia.

REDES SOCIALES

Los magistrados manifiestan que con anterioridad al suceso, en una red social, el lesionado hizo público que buscaba «a un hombre que le grabara mientras se cortaba el pene a sí mismo».

Además, Andrew S.B. refirió, en su primera declaración ante la Policía Nacional y durante el juicio, que «la amputación la hizo él de forma completamente voluntaria, encontrándose solo sin que nadie hubiera grabado ese momento», expresa la sentencia.

«Andrew padece una patología psiquiátrica crónica que implica la realización de conductas anómalas, que le pueden llevar a realizar actuaciones como la de cortarse el pene», subraya el tribunal.

Además, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional no encontró ni en el teléfono móvil del acusado ni en el de Andrew S.B. grabación alguna de la amputación del pene, «ni elemento alguno de interés para la investigación».

El herido renunció, ante el Juzgado de Intrucción número 2 de Zaragoza, a ejercer cualquier acción penal o civil por estos hechos y no ha reclamado indemnización alguna.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial, que se celebra este domingo, en la que «pone de relieve la ejecución de políticas» para luchar contra el racismo y «condena» las «actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión» las «aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda» a la sociedad.

Tal y como ha explicado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un texto que han impulsado los ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores, Educación, Trabajo e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que responde a la «constatación de que la realidad» de España «es diversa, plural» y supone «un activo».

A pesar de destacar las medidas impulsadas en esta materia, en el escrito el Ejecutivo reconoce que uno de los «principales desafíos» en los que está trabajando es en cumplir con las recomendaciones de las instancias internacionales sobre «mejorar la identificación y publicación de indicadores socioeconómicos y de incidentes racistas, para conocer con mayor nivel de detalle la realidad del racismo» en el país.

«Necesitamos un diagnóstico más preciso, más estadísticas, encuestas y estudios, cuyos datos se recojan teniendo en cuenta los principios de voluntariedad, anonimato, protección de la privacidad y autoidentificación, que nos permitan realizar un análisis más detallado y completo del grado de acceso de las personas migrantes, las personas del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes, asiáticas, árabes y demás grupos poblacionales y étnicos a derechos económicos y sociales, tales como la vivienda, la educación y formación, el empleo y la atención a la salud», apunta la declaración.

DESTACA EL TRABAJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Al respecto, Montero ha destacado el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que luchan por los derechos humanos de todas estas personas, grupos, etnias o razas, frente al racismo y la xenofobia.

La ministra portavoz ha señalado que «el esfuerzo» de estas entidades debe ir acompañado de «políticas públicas que favorezcan» la participación de estas personas en la sociedad «independientemente de su origen. Montero cree que todas estas personas tienen un «papel» en la «construcción colectiva» de España.

La responsable de Hacienda ha indicado que, desde 2015 y hasta 2024, la ONU ha proclamado el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, por el que los estados miembros se han comprometido a adoptar medidas eficaces en la lucha contra el racismo.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de España impulsará «iniciativas que contribuyan a la protección de personas de ascendencia africana», reconociendo su «aportación» al patrimonio nacional.

En este sentido, Montero ha recordado que el Ejecutivo condena «condena» aquellas «actitudes y comportamientos que pongan en cuestión las múltiples aportaciones positivas que esta diversidad racial y étnica brinda al conjunto de la sociedad». «Aquí nadie sobra y todo el mundo suma», ha concluido.

El coordinador general de Cs Cantabria, Félix Álvarez, ha confirmado este martes que mantendrá el pacto de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Santander, pese a las «fricciones», y también lo hará en el resto de coaliciones que tiene en el resto de ayuntamientos.

Además, ha asegurado que la situación nacional del partido a raíz de las mociones de censura en Murcia, y sus consecuencias en otros puntos de España, no se ha traducido por ahora en renuncias y abandonos del partido por parte de ninguno de sus cargos públicos. «Absolutamente ninguno», ha aseverado.

Así lo ha indicado Álvarez en una rueda de prensa celebrada tras reunirse esta mañana con los dos concejales de su partido en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, portavoz del grupo municipal, y Felipe Pérez Manso, para valorar el seguimiento del pacto de Gobierno entre su partido y el PP en la capital cántabra, sellado en junio de 2019 y con el que ambos gobiernan en minoría.

El líder ‘naranja’ ha trasladado un mensaje «de tranquilidad absoluta» a los santanderinos, a los que ha asegurado que el «terremoto político» generado a raíz de las mociones de censura en Murcia para intentar desalojar al PP del Gobierno autonómico y el ayuntamiento de la capital «no se van a ver reflejadas» en Santander ni en el resto de ayuntamientos en los que la formación tiene pactos de Gobierno con otros partidos.

«Tranquilidad, porque lo que está ocurriendo en el resto de España no va a afectar a la gobernabilidad ni del Ayuntamiento de Santander ni del resto de ayuntamientos de Cantabria», ha subrayado Álvarez, quien ha insistido que Cs Cantabria «no se va a dejar arrastrar» por las «presiones» que está sufriendo el partido a nivel nacional y pese a que el PP «haya abierto la caja B y se haya dedicado a realizar una OPA hostil contra cargos públicos de Cs, comprando voluntades y silencios».

En este sentido, ha reconocido que no le consta que en Cantabria, tras los sucesos en Murcia, el PP se haya dirigido a cargos públicos del partido naranja para que abandonen Cs y se pasen al PP.

«EL TRABAJO DE CS HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN SANTANDER»

En la reunión de esta mañana, Álvarez ha repasado con los ediles de Cs en la capital cántabra el pacto de Gobierno y, aunque ha reconocido que «hay partes» del acuerdo «que todavía no se han cumplido», se ha mostrado «convencido» de que el acuerdo se va a cumplir y confía en que se mantenga hasta el final de legislatura.

Ha defendido que un pacto de Gobierno no se puede romper por cuestión «puntual», sino por una cuestión «fundamental y válida», y ha recordado que aún falta la mitad de legislatura.

Pese a todo, ha subrayado que su formación va a «exigir» al PP que los puntos del acuerdo que aún no se han desarrollado se cumplan «más pronto que tarde».

Álvarez ha defendido que el trabajo de Cs en el equipo de Gobierno de Santander ya ha marcado «un antes y un después», logrando que los ciudadanos paguen ahora menos impuestos y que en el área de Contratación municipal –en manos de ediles de su partido– se hayan «abierto las ventanas» y haya entrado «aire fresco».

También ha achacado a la presencia de Cs el hecho de que se haya llevado a cabo un «procedimiento participativo histórico», como el del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que los santanderinos hayan podido decidir qué ciudad quieren.

Álvarez ha realizado esta valoración del pacto de Gobierno en Santander después de que Ceruti haya explicado, en una rueda de prensa, que ha transmitido al líder naranja su «descontento» por el pacto de Santander y éste le haya pedido «aguantar».

El líder de Cs ha negado que Ceruti le haya propuesto romper el pacto y el partido le haya pedido «aguantar». «No, no es así. Es cierto que Ceruti ha dicho en varias ocasiones que no depende de él romper o no romper el pacto, que es una cuestión nacional. Nosotros le hemos dicho sencillamente que seguimos avanzando en el pacto, que quedan dos años de legislatura, que hay cosas que no se han desarrollado en ese pacto y que vamos a seguir trabajando para que se cumpla».

Ha asegurado que «ambos» –él y Ceruti– tiene «claro» que el pacto se va a cumplir «sí o sí». «Ahora, en mayo, o en septiembre, de este año o el que viene», ha añadido.

Álvarez ha considerado que las «fricciones» en un pacto de Gobierno son «lógicas» pues son partidos diferentes, si bien ha puntualizado que, por ahora, son «soportables» para que el pacto siga adelante.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha defendido este martes que ante la «fragmentación que existe en el espectro de la izquierda» para las elecciones autonómicas en Madrid, «el centro derecha tiene que tener claro que es una gran oportunidad para seguir avanzando y para construir gobiernos sólidos».

«Ya hemos visto lo que ocurre en 14 meses de gobierno de PSOE y Pablo Iglesias», ha advertido García Egea, quien ha instado a no permitir que «a partir del 4 de mayo en Madrid tengamos un Gobierno de Pedro Sánchez en miniatura», ya que «eso es lo que se elige», ha dicho.

De esta forma se ha pronunciado García Egea, a preguntas de los periodistas en un rueda de prensa este martes en Mérida junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

A su juicio, la candidatura de Pablo Iglesias a las elecciones autonómicas de Madrid, «simplifica mucho el panorama político», ya que todos los que quieran «un Gobierno de Sánchez en miniatura, pueden optar por cualquier opción política, incluido Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo», y los que quieran «un gobierno sólido del PP», tiene la «opción de Isabel Díaz Ayuso».

«Estas son las dos opciones que el próximo 4 de mayo, gracias a la decisión de Pablo Iglesias, vamos a tener encima de la mesa», ha reafirmado García Egea, quien ha señalado que hay que elegir entre «un gobierno sólido del PP, o bien un gobierno inestable con Pablo Iglesias y con el PSOE».

«ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE»

A juicio del dirigente del PP, en los últimos días se ha «demostrado que no se sabe dónde acaba el voto de las personas cuando votan a otros partidos que no es el PP», tras lo que ha reafirma que el PP garantiza que «todo aquel que deposite su confianza en el PP, tendrá estabilidad, certidumbre y ayudas a los que de verdad lo necesitan».

«Esa es la conclusión que podemos extraer de la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y su intención de encabezar una candidatura el próximo 4 de mayo a las elecciones de Madrid».

Ante esta situación, García Egea ha defendido que «todo lo que no sea el PP, prácticamente responde al mismo interés», tras lo que ha reiterado que «todo lo que no sea depositar nuestro apoyo en el PP, «lo único que hace es dar más aire a Sánchez, a Iglesias e incluso al propio Íñigo Errejón».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, han mantenido una reunión este martes tras el Consejo de Ministros para abordar la marcha del líder de Podemos para ser candidato en las autonómicas de Madrid. Según ha explicado Moncloa, «ambos consideran» que hay acuerdo en los cambios que deben producirse para su relevo, a falta de cerrar algunos «detalles».

Iglesias propuso este lunes, tras anunciar su decisión, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le sustituya como vicepresidenta segunda, y que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recaiga en Ione Belarra, actual secretaria de Estado de Agenda 2030.

Moncloa asegura en su comunicado que Iglesias y Sánchez están de acuerdo «en los cambios que deben acometerse», aunque añaden que «solamente falta rematar algunos detalles en base al acuerdo de Coalición» que firmaron ya hace más de un año

El encuentro que han mantenido este martes, que ha sido «breve», se produce un día después de que Iglesias anunciara que deja su cargo en el Gobierno para presentarse como cabeza de lista de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid; una decisión de la que informó a Sánchez por teléfono solo minutos antes de hacerla pública.

Así lo confirmó el propio presidente en la rueda de prensa que ofreció desde Francia tras participar en la cumbre bilateral franco-española con el presidente francés, Emmanuel Marcon.

En esa comparecencia, Sánchez ya avanzó que no iba a haber «problemas» con Unidas Podemos en el relevo de Iglesias, dando a entender que aceptaba su propuesta de que Díaz le sustituyera como vicepresidenta segunda. Además, se deshizo en halagos hacia la ministra de Trabajo.

Fuentes gubernamentales confirmaron después que las propuestas planteadas por Iglesias para dejar organizada su sucesión dentro del Ejecutivo no representaban un problema, aunque señalaban que corresponde al presidente anunciarlo.

A este respecto, Sánchez aseguró en la rueda de prensa que en «los próximos días» tomará las decisiones que tenga que adoptar para facilitar el relevo de Iglesias, y garantizó que iba a haber «continuidad».

«Tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno y en su composición, y en el reparto que hicimos de esas funciones, hay una Vicepresidencia Segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno», ha afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que Díaz conserve el Ministerio de Trabajo como vicepresidente segunda, las fuentes consultadas aseguraron que Moncloa no veía inconveniente ni un problema político en ello, a pesar de que la responsable de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ocupa la Vicepresidencia Tercera.

Lo importante, explican, es quién ocupa la Vicepresidencia Primera, ya que es a quien corresponde asumir la Presidencia en funciones si Sánchez no está disponible.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de un año y seis meses de prisión al sacerdote J.P.V. por un delito de estafa al dejar de pagar 2.095,24 euros en concepto de rentas a la arrendadora de su vivienda, situada en Palencia capital.

Los hechos se remontan a enero de 2019 cuando el condenado, «persona de apariencia amable y con cierta educación», se escudó en la condición de sacerdote que decía ostentar, así como de una aparente solvencia para ganarse la confianza tanto de los responsables de la inmobiliaria que arrendaba el piso como de su propietaria, una mujer de 77 años, según ha comunicado el propio TSCyL.

Así, para la formalización del arrendamiento y la entrega de llaves se le indicó que pasara, en la tarde del 11 de febrero de 2019, a recoger el mismo para su rúbrica y abono de las cantidades estipuladas, lo que así hizo.

Presentado en el domicilio, el condenado indicó a la propietaria que en ese momento no tenía en efectivo las cantidades necesarias y estipuladas en el contrato, insistiendo en que, al día siguiente, cuando la entidad financiera estuviera abierta le entregaría el dinero y acudiría a la inmobiliaria para abonar dichos importes.

La arrendadora, «con declarada fe cristiana» y considerando que el futuro inquilino era un ‘hombre sagrado’, ante la petición formulada por una persona que se amparaba en su condición de sacerdote y confiada por ello, firmó el contrato y le entregó las llaves del inmueble después de reiterarle el acusado que tenía urgencia en ocuparlo para no pagar más noches en un hotel.

Así, llegado el día siguiente, el acusado no se personó en la inmobiliaria, por lo que fue contactado telefónicamente por la propietaria y la inmobiliaria, a las que «solo puso excusas», argumentando que no podía pasar; y así sucesivamente todas las veces que la inmobiliaria trató de contactar con él, alegando citas con el dentista o problemas con el banco.

SUSPENDIDO ‘AB DIVINIS’

Además, ocultó a la mujer que, aun siendo sacerdote, estaba en situación de la suspensión ‘ab divinis’ (apartado de los asuntos divinos) y que no podía ejercer el ministerio sacerdotal. Es decir, estaba suspendido del ejercicio de los sacramentos.

Tras pasar el tiempo y puesto que el acusado no abonaba cantidad alguna y todo eran «largas», la propietaria decidió interponer el 12 de marzo de 2019 denuncia por estafa ante la Comisaría de Policía de Palencia.

Asimismo, el acusado, el 7 de marzo de 2019, firmó un contrato de reconocimiento de deuda y de compromiso de abandonar la vivienda, pero no lo cumplió y permaneció en ella sin pagar cantidad alguna.

No fue hasta el 4 junio de 2019 cuando tras solicitar la propietaria autorización judicial, a través de sus representantes legales, logró recuperar la posesión del inmueble.

Así, junto a la pena de prisión, se condenó al acusado a que indemnizara a la propietaria del inmueble en las sumas de 1.725 euros, en concepto de rentas impagadas; 370,24 euros de gastos y consumos y 2.000 euros por daño moral, más los intereses legales.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez que deje de «defender» a los raperos y a los que «incendian las calles» –en alusión a las protestas en Cataluña por el encarcelamiento de Pablo Hasel–, y que comience a aplicar en España la propuesta ‘popular’ aprobada la pasada semana en el Congreso relativa a aplicar «impuesto cero» a aquellos autónomos que están teniendo «ingreso cero» por la pandemia.

«Al final lo que tenemos es un tejido productivo castigado por el Gobierno central. A los únicos a los que ha ayudado el Gobierno durante esta pandemia es a los raperos y a los que han incendiado las calles. A esos sí los han defendido», ha reprochado, tras lo que ha defendido que el PP «defiende más a los autónomos y a los hosteleros que a los raperos».

De este modo se ha pronunciado en una rueda de prensa este martes en Mérida antes de mantener un encuentro con representantes de autónomos, un colectivo que son los que «están creando empleo y sosteniendo la economía extremeña» a pesar, ha dicho, de la «poca ayuda» que está recibiendo el mismo por parte de las diputaciones provinciales, el Ejecutivo regional o el Gobierno central.

En este sentido, ha reprochado que ha tenido que pasar un año desde que se declaró el estado de alarma por la Covid-19 en España para que el Gobierno central haya aprobado el pasado viernes unas ayudas que «todavía no está claro cómo van a llegar al tejido productivo ni de Extremadura ni del resto de España».

Sobre este respecto, García Egea ha contrapuesto la gestión de la pandemia realizada por parte de los gobiernos del PP y los del PSOE, los cuales a su juicio en el caso de los socialistas «llegan tarde» con sus medidas mientras que las CCAA gobernadas por los ‘populares’ «dan un paso adelante».

«Estamos viendo los gobiernos que funcionan», ha dicho, porque «cuando se ha dado libertad para que cada gobierno gestione la pandemia como considere» los ejecutivos regionales del PP «bajan impuestos, quitan la tasa de terraza a los hosteleros, amplían las terrazas a los hosteleros, ayudan de forma directa a los autónomos y hacen en definitiva que las ayudas lleguen cuando más se necesitan».

En esta línea, se ha referido también al paquete de ayudas frente a la pandemia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, y que a su juicio llega «tarde para muchos autónomos y para muchas empresas», después de que además el Gobierno central se haya dedicado durante la pandemia a castigar, ha dicho, al tejido productivo.

«Al final lo que tenemos es un tejido productivo castigado por el Gobierno central. A los únicos a los que ha ayudado el Gobierno durante esta pandemia es a los raperos y a los que han incendiado las calles. A esos sí los han defendido», ha reprochado, tras lo que ha defendido que el PP «defiende más a los autónomos y a los hosteleros que a los raperos».

Hay mucha gente que no llegado siquiera a poder presentar el papel para solicitar las ayudas porque no ha llegado viva la empresa, no ha aguantado durante un año impuestos, subida de la cuota de autónomos al principio de este año, más impuestos, más subida de la cuota de autónomos», ha espetado García Egea.

PAQUETE DE AYUDAS

En esta línea, García Egea ha lamentado que en el paquete de ayudas contra la pandemia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros se «expulsa» a unos sectores en detrimento de otros.

«Una empresa que alquila coches puede acogerse al paquete de ayudas, una empresa que alquila bicicletas no. Una empresa de servicios puede acogerse pero una peluquería no», ha lamentado el ‘popular’, quien se ha preguntado si es «de recibo» ayudar a unos sectores y otros no.

«¿Por qué se lamina unos sectores, se expulsa a unos sectores que necesitan ayudas igual que otros y el Gobierno de España no es sensible a que en nuestros pueblos y en nuestras ciudades no es todo lo que ocurre dentro de la M-30, dentro de Madrid?», ha preguntado García Egea, quien ha defendido que «España es diversa y Extremadura necesita también que se le atienda», así como que «todos los servicios en España necesitan ser atendidos como están siendo atendidos por parte de las comunidades autónomas del PP».

Sobre este mismo respecto, ha destacado que la crisis ha «demostrado» que cuando el Gobierno central de Pedro Sánchez «da un paso atrás» las CCAA del PP «dan un paso adelante».

PETICIONES A VARA

Asimismo, tras advertir de que en Extremadura actualmente hay 113.000 parados y «uno de cada dos jóvenes quiere trabajar y no puede», así como que cuenta con 80.000 autónomos a los que «no se les ha prestado ni una sola ayuda», ha pedido al presidente de esta comunidad, Guillermo Fernández Vara, que aplique en la región de forma «inmediata» la propuesta del PP aprobada en el Congreso para que los autónomos «si no tienen ingresos no paguen ningún tipo de impuesto».

«A ingreso cero, impuesto cero. Lo entiende todo el mundo. Es de recibo que el Gobierno de España lo ponga en marcha porque el Congreso de los Diputados lo aprobó el pasado jueves», ha incidido.

Al mismo tiempo, ha pedido que Vara aclare si está de acuerdo con el voto en contra del PSOE en el Congreso sobre la citada propuesta del PP, así como si el PSOE de Extremadura está «alineado» con el voto en contra del PSOE de Madrid, «porque hoy los autónomos lo que necesitan es que les bajen los impuestos, que no les cobren si no tienen ingresos, y que las ayudas lleguen de una vez por todas».

De igual modo, sobre Extremadura ha defendido la postura del líder de los ‘populares’ en la región, José Antonio Monago, relativa a «hablar claro a la gente, recoger sus propuestas y trasladarlas en acciones concretas», como ha ocurrido –ha resaltado– con los ayuntamientos del PP que han «salido a la calle a hacer un paquete ambicioso» para «mejorar el día a día» de la población en una región como la extremeña en la que «las cifras de paro se están acercando mucho a la del peor momento de la crisis de 2008».

Así, ha incidido en que en Extremadura «se han batido récord pero no de crear empleo, no de crear autónomos» sino «en malas cifras en cuanto a la gestión de la pandemia» por parte del PSOE; y ha recalcado que «los que han mejorado esas cifras de la Covid-19 en la región no han sido el Gobierno de España ni el Gobierno de Extremadura» sino los extremeños que «han tenido que soportar duras medidas, duras restricciones para poder mejorar esas cifras y pasar de 1.500 ó 1.600 de incidencia acumulada a 83».

Con ello, sobre la bajada de la incidencia de la Covid-19 en Extremadura, ha dicho que «ha sido un gran esfuerzo por parte de los extremeños que se ha llevado por delante miles de empleo y que no tenía que haber ocurrido». «Para bajar la incidencia teníamos que haber tenido ayudas directas a los que desgraciadamente se han llevado por delante esta crisis sanitaria, económica y social», ha añadido.

El juez del caso ‘Neurona’, Juan José Escalonilla, ha acordado el archivo parcial de la causa abierta contra Podemos en lo relativo a la existencia de presuntos sobresueldos irregulares cobrados por Rocío Esther Val y por Daniel de Frutos, quienes ostentan respectivamente los cargos de gerente y responsable de Finanzas y Transparencia en el partido.

Considera que consta acreditado que el Consejo de Coordinación conocía las retribuciones y por ello no cabe hablar de un delito de administración desleal, según razona el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Este asunto constituye uno de los hechos presuntamente ilícitos que mencionó el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 contra la formación ‘morada’ y de la que partió el caso ‘Neurona’.

Se trataba de dos complementos integrados en sus nóminas cuya legalidad se cuestiona en la denuncia de Calvente: por Coordinación por importe de 210,32 euros, y por por Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros. Estos complementos fueron aplicados también a otros trabajadores no denunciados por Calvente, según consta en la documentación y nóminas aportadas por el partido.

Según el juez, de la citada documentación aportada por la representación procesal del podemos el pasado 22 de febrero se deduce que el Consejo de Coordinación de Podemos tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019, incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por Val y De Frutos durante dicho ejercicio, «que fueron tomadas en cuenta en el informe sobre ejecución del presupuesto de 2019, que fue elevado al Consejo Ciudadano Estatal, órgano que aprobó la rendición de cuentas» el 29 de junio de 2020.

La resolución relata que fue la propia Val, en su condición de gerente la que decidió crear dichos dos complementos salariales, tal y como así reconoció expresamente en su declaración como investigada, aludiendo como marco normativo que le facultaba para ello al Reglamento General Interno del partido y el techo de gasto salarial recogido en los presupuestos de dicho partido.

FUERA DE LA LISTA DE LOS TRES SALARIOS MÍNIMOS

Añade el juez que los cargos tanto de Val como de De Frutos son cargos ejecutivos del partido que se rigen por la tabla salarial aplicable al resto de empleados, siendo aplicado por dicho partido político para la remuneración de sus trabajadores el Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid que contempla cuatro grupos de trabajadores. «Por lo tanto no resulta de aplicación a dichos dos investigados los límites salariales aplicables a los cargos electos de tres salarios mínimos interprofesionales establecido en el año 2.019 por el Código Ético de Podemos citado en la denuncia inicial», apunta.

Finalmente, y respecto de otro punto de la denuncia sobre el reembolso o reintegro de gastos presentados para su abono por los dos cargos mencionados, el juez señala que basta examinar la documentación aportada para comprobar que dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia en el caso de Daniel de Frutos y por el Área de Gerencia en el caso de Rocío Esther Val.

«Por lo tanto no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna», concluye.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha advertido de que «probablemente», tras la ralentización del descenso en la curva de contagios de las últimas semanas, la pandemia experimentará un «cambio de tendencia» que podría traducirse en una evolución al alza de las infecciones. Además, ha alertado de que empieza a apreciarse un cierto «cansancio» de los ciudadanos a la hora colaborar con la red de rastreadores para localizar a personas que puedan estar contagiadas por la covid-19.

Sagardui, que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha analizado la situación epidemiológica de Euskadi y evolución de la campaña de vacunación frente al coronavirus.

La consejera ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante la decisión de suspender provisionalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca hasta que se verifique si su inoculación puede estar asociada a la aparición de trombos en el organismo.

Sagardui ha destacado que en Euskadi se ha administrado un total de 52.760 dosis y que hasta ahora «no consta ningún efecto secundario grave» entre las personas a las que se ha inoculado la vacuna. En todo caso, ha explicado que el Gobierno Vasco y Osakidetza se guían por las indicaciones sanitarias de las instituciones europeas, por lo que en una decisión basada en «la prudencia y la cautela», se ha optado por suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca.

La consejera ha indicado que se han anulado las 1.580 citas para la administración de este fármaco que se tenían previstas para este pasada lunes y para hoy, así como las 24.000 dosis que se iban a inocular esta semana.

En todo caso, ha explicado que Osakidetza sigue adelante con la administración de las vacunas de Pfizer y Moderna, de las que ayer se recibieron 30.420 y 10.600 unidades, respectivamente. Sagardui ha informado de que hasta la fecha, se han administrado 248.308 vacunas en Euskadi, y que 68.035 personas ya han recibido la pauta completa de la vacunación, que requiere de dos dosis.

La consejera ha vuelto a destacar la «eficacia» de las vacunas. En este sentido, ha informado de que únicamente 974 personas que recibieron la primera dosis ha resultado infectada de coronavirus, lo que representa un 0,56% del total de vacunados. Además, una vez han transcurrido los siete días necesarios para desarrollar anticuerpos tras recibir la vacuna, el número de positivos por coronavirus se reduce al 0,42%.

En el caso de las personas que ya han recibido ambas dosis, los positivos detectados son un 0,13% –dentro de los primeros siete días desde la administración del fármaco– y un 0,07%, una vez transcurrida una semana.

MAYORES DE 70 AÑOS

Sagardui ha explicado que el objetivo del Departamento de Salud es que la vacuna empiece a administrarse «cuanto antes» a nuevos grupos de población. No obstante, ha reiterado que todo dependerá de la «disponibilidad» de dosis, por lo que no ha concretado cuando podría empezar a administrarse la vacuna a los mayores de 70 años.

Respecto a la situación epidemiológica, ha advertido de que «probablemente», tras la «ralentización progresiva» de los últimos días en el descenso de la tasa de incidencia acumulada, la situación actual puede ser la de un «fondo de valle». Esta evolución, según ha dicho, apunta a un «cambio de tendencia», aunque ha subrayado que para confirmar que esto se produce es necesario esperar a ver qué ocurren en los próximos días.

Sagardui ha insistido en que el objetivo de llegar a una tasa de incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes sigue «lejos», dado que este indicador se encuentra actualmente en 203. De la misma forma, ha señalado que la presión asistencial en la red sanitaria sigue siendo «alta», con 224 pacientes covid ingresados en planta y 98, en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Por todo ello, ha advertido de que sigue siendo «absolutamente necesario» cumplir las medidas preventivas. «Cuantos menos contactos tengamos, menos transmisión del virus y menos muertes», ha subrayado.

COLABORACIÓN CON LOS RASTREADORES

La consejera ha solicitado la ayuda de la ciudadanía para colaborar con la red de rastreadores de covid-19. Sagardui ha advertido de que se está apreciando un cierto «cansancio» de los ciudadanos a la hora de aportar los datos sobre sus contactos directos a los rastreadores.

Esta situación ha motivado que de las ocho personas que se identificaban anteriormente como contactos directos por cada contagiado de coronavirus, la cifra se haya situado ahora en torno a las cuatro, según ha explicado. «No debemos perder el miedo al virus, el tiempo ha demostrado que la identificación de la cadena de contactos es clave para controlar la pandemia», ha manifestado la consejera.

Sagardui ha explicado que, al parecer, algunos ciudadanos son reticentes a informar a la red de rastreadores porque, en algún momento, han podido incumplir determinadas normas o medidas preventivas.

LLAMAMIENTO A LA «SOLIDARIDAD»

En este sentido, ha recordado que esta red «no penaliza» a las personas que han podido saltarse la normativa, sino que su labor se limita a tratar de «cortar la cadena de transmisión» del virus. La consejera ha advertido de que cada contacto que se quede fuera del ámbito de actuación de los rastreadores «es un riesgo para toda la población», por lo que ha apelado a la «solidaridad».

Por otra parte, ha informado de que los casos de variante británica de coronavirus han dejado de crecer de forma «exponencial», de forma que se mantienen entre el 50 y el 60% del total de los nuevos positivos. Además, no se han detectado nuevos casos de la variante africana –hasta ahora se conocen dos– o brasileña, de la que se ha registrado un caso en Euskadi.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que apelará a la «responsabilidad por el cambio» que propuso Ciudadanos en las elecciones de 2019 «hasta el último segundo del lunes» con el objetivo de buscar los apoyos necesarios para la moción de censura que previsiblemente se debatirá ese día.

Tudanca, que ha mantenido este martes una reunión con el PSOE de Soria para analizar la situación de la Sanidad en la provincia, ha recalcado que es precisamente la mejora de la Sanidad en Castilla y León una de las razones por las que su partido propuso la moción al Gobierno de PP y Cs.

El secretario general del PSOECyL ha apelado a los procuradores de Ciudadanos que «honestamente pensaron que hace falta un cambio», y que se presentaron en 2019 «apelando a esa necesidad de cambio y recibieron la confianza de los castellanos y leoneses», a que muestren su apoyo a la moción.

En este sentido, ha pedido que el futuro de esta tierra «no se decida fuera, sin tener la voz de Castilla y León», por lo que ha instado a Ciudadanos a «que no le vuelva a pasar como en 2019, que no le dejaron ni escuchar las propuestas del PSOE».

COMPRA DE DIPUTADOS

Luis Tudanca ha pedido a Cs que apoye la moción «por dignidad» y porque «hay que echar de las instituciones a un PP que hace unos años compraba diputados y lo negaban y se sonrojaban, pero que hoy lo hace con todo el descaro con el único fin de mantenerse en el poder».

«Estoy escuchando abiertamente a Ciudadanos decir que el PP les está ofreciendo cargos, dinero, en términos de mafia por lo que mi deber con la tierra es convencerles hasta el último segundo de que apoyen la única manera de dignificar las instituciones», ha recalcado el socialista.

Luis Tudanca ha pedido a los procuradores de Ciudadanos en Castilla y León que «piensen sólo en la Comunidad». «En el el ámbito sanitario, económico y social, en la despoblación, en la gran oportunidad que tiene esta tierra de aprovechar el último tren que va a pasar que es el de los Fondos de Reconstrucción, algo que es imposible con Mañueco e Igea al frente porque están dispuesto a renunciar a cualquier principio ético para mantenerse en el poder», ha apostillado.

«Sé que es difícil, pero me niego a aceptar que los mercadean con las instituciones, que compran y venden voluntades ganen, por eso el PSOE va a estar hasta el último minuto para convencer a los procuradores honrados que apuesten por el cambio en el Castillo y León», ha insistido Tudanca.

22 DE MARZO

El líder socialista ha apuntado al lunes 22 de marzo como fecha de la moción después de que este martes la Mesa de las Cortes la haya admitido a trámite, tras lo que defendido que «es urgente» su debate. A su juicio, los castellanoleoneses «merecen saber que hay una alternativa en esta tierra y que hoy por hoy solo representa en PSOE».

En relación a la posibilidad de ofrecer cargos a miembros de Ciudadanos para contar con su apoyo, ha reconocido que el PSOE «no lucha con las mismas armas que el PP». «Voy a intentarlo de aquí al lunes hasta el último segundo, pero nunca entraremos en el mercadeo, me niego a entrar en ese juego», ha sentenciado.

Tudanca ha reconocido que está en conversaciones con el resto de partidos que tienen representación en las Cortes «con total cordialidad» y les ha agradecido su «disposición con esta tierra».

PROBLEMAS DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Tudanca ha recordado que hace años llegó al cargo para «trabajar en un proyecto político de cambio en Castilla y León» después de 30 años de gobiernos de la derecha que «demuestran cada día el daño que hacen por esta tierra y que no tienen proyecto de presente ni futuro para la región».

La gente de Castilla y León y de España que asisten indignados a un espectáculo en la política nacional necesitan saber que hay quién se preocupa por sus problemas y en Soria es la Sanidad, fruto de la falta de inversiones y del abandono», ha precisado el secretario regional.

Tudanca ha recalcado que su partido busca «cambiar el cierre de consultorios en el medio rural, la falta de médicos y de atención presencial que lasta las enfermedades no COVID», y que es una de las razones que hacen la moción de censura «necesaria y urgente».

Asimismo, ha recalcado que Soria es una de las provincias más castigadas por la pandemia después de años por «no recibir las atenciones necesarias», como la falta de infraestructuras complementarias como una unidad de radioterapia.

Al hilo de esto, el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha lamentado que Soria «lidere los rankings de contagios por habitante, volviendo a ser una vez más los peores en este país».

Rey ha explicado que en la reunión mantenida este martes se ha hablado de «radiología de los problemas de los especialistas en la sanidad soriana, de la sanidad en los territorios despoblados y de la falta de atención directa de los mayores, de los graves problemas con temas oncología, con la falta de acelerador lineal».

«Todo ello con la perspectiva que se pueda producir un cambio para cambiar esta realidad que padecemos desde hace 30 años y en especial en esta provincia en este último año de pandemia, con la esperanza de cambiar un presidente que habla menos de lo que debería y un vicepresidente que habla de más, como bien refleja la hemeroteca sobre sus declaraciones en la que aseguraba su salida como vicepresidente de la Junta si Iglesias salía del Gobierno», ha recalcado Rey.

La agente de la Guardia Civil que instruyó el atestado tras la detención de Ana María B.L., la mujer acusada de asesinar a su hijo de siete años en octubre de 2019 en Almería, ha apuntado este martes durante la segunda sesión del juicio con jurado que la acusada mostró una actitud «fría» y «anormal» durante su declaración en sede policial la tarde posterior a los hechos, en la que pudo recordar todo lo sucedido y explicó cómo dio muerte al menor.

«Su actitud no era normal, no era la de una madre que hubiera perdido a su hijo en ese momento», ha apuntado la agente a preguntas de la Fiscalía, ante la que ha sostenido que su declaración se mostró «coherente». «Estaba tranquila, no mostraba ansiedad», ha corroborado el secretario instructor del atestado tras detallar incluso que rechazó tomarse un ansiolítico y se adelantó a la lectura de derechos para pedir llamar a su padre.

Según pudo observar la agente instructora de las diligencias, la mujer era consciente de las preguntas que se le hacían ya que respondió a aquellas cuestiones a las que quiso contestar, con lo que incluso relató cómo mató al menor en el dormitorio con el cordón de un albornoz que posteriormente se llevó consigo, si bien en la sesión de este lunes la acusada se mostró incapaz de recordar todo lo ocurrido hasta el momento de su detención.

La agente ha indicado que Ana María B.L., que se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, dijo durante el tiempo en el que estuvo bajo arresto que «estaba agobiada esos días porque le quitaran a su hijo», cuya custodia se acababa de disputar con el padre mediante un juicio de revisión de medidas, pero «no dio ningún motivo por el que había matado al niño». «Decía que no sabía por qué lo había hecho», ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que sus palabras eran «coherentes» y si hubieran visto que tenía «mermadas» sus capacidades no se le habría tomado declaración en ese momento, toda vez que ha justificado que la detenida fue explorada en el centro hospitalario de alta resolución de El Toyo porque tenía heridas en la cara «compatibles con arañazos», pero no porque se encontrara alterada en algún modo.

La agente ha indicado que ella también participó en la exploración de la vivienda de la acusada, en Huércal de Almería, donde la mujer llegó a manifestar que «quería ver al niño». «Tenía mucha insistencia en ver a su hijo, eso no tenía mucho sentido», ha apuntado como única referencia a si durante todo el periodo de detención llegó a decir algo incoherente.

Los investigadores encontraron una vivienda «desordenada» en la que había «muchos enseres». Según han explicado, la acusada colaboró en la reconstrucción de los hechos y explicó cómo había sucedido todo en la habitación, donde aún había unas sábanas «húmedas» que desprendían «un fuerte olor a pis». En otra estancia de la casa se encontraron otras sábanas también mojadas y apiladas.

Durante la investigación se logró contactar además con una vecina que, en la mañana de los hechos, vio a Ana María B.L. con su hijo, al que había vestido, como si lo llevara «dormido» y a quien le pidió ayuda para sacar las llaves del bolsillo y meterlo en el coche, sobre las 10,00 horas. «Le pareció raro que no se despertara con la brusquedad de los movimientos, pero no le dio más importancia».

El atestado recoge, según han referidos los agentes, como tras su llegada a la vivienda de la expareja de su padre en las Norias de Daza en El Ejido, en la que trató de meter el coche en el garaje, la mujer se habría dirigido a un salón de juegos donde encontró a un conocido a quien subió en la parte de atrás del coche hasta que se vio acorralada por los agentes. Fue entonces cuando el hombre abandonó el coche y ella «echó los pestillos».

Los agentes tuvieron que romper una ventanilla con la defensa reglamentaria para comprobar que el menor había fallecido, momento en el que se produjo la detención de la sospechosa quien, según han observado, mostró interés por la mochila que llevaba, en la que se encontraba el cordón empleado así como unos 1.400 euros en efectivo.

HASTA SEIS DENUNCIAS PREVIAS

Durante la sesión, los agentes han detallado que recopilaron hasta seis denuncias interpuestas por el padre desde junio de 2019 hasta el momento de los hechos por faltas reiteradas a clase desde el mes de mayo así como a principios de curso siguiente.

En este sentido, han aludido a un informe elaborado el 4 de octubre por la Delegación Territorial de Educación de Almería para señalar que las faltas a clase del menor coincidían con las temporadas que ella estaba a cargo del pequeño, de quien denotaron un «cambio de conducta».

Así, el menor habría referido que los días que no iba al colegio era porque «su madre no lo había levantado o no lo había querido llevar» cuando, según ella, era porque el menor se encontraba enfermo esos días. Desde el centro escolar se había iniciado ya un protocolo por absentismo escolar y se llegó a convocar a la madre a una tutoría para abordar este asunto.

Los agentes también recogen entre las denuncias incorporadas a su informe un «incidente» que se dio en Alcolea durante el verano, cuando la acusada se personó en la casa de sus exsuegros para «entrar a la fuerza» y manifestar que quería retomar la relación con el padre. En una denuncia posterior, ya en octubre, se relata que la abuela recibió una llamada del niño porque su madre «quería meterlo a la fuerza en el coche».

El secretario ha detallado que las denuncias que se interpusieron a partir del 23 de septiembre –17 días antes del crimen– tenían relación con las peticiones de auxilio, con audios de apenas cuatro segundos, que efectuaba el menor cuando se encontraba con su madre. «Se escuchaba al niño con voz baja que requería a la abuela, le refería que su madre le pegaba. En el segundo se percibía la voz del niño angustiado y llorando, y requería que fuera su padre a por él», ha indicado.

La última de las denuncias que el padre del menor presentó tuvo lugar el 7 de octubre, unos tres días después de la vista oral por la custodia del niño, cuando la mujer remitió 185 mensajes de Whatsapp a su expareja pidiéndole volver con él en un intervalo de cinco horas y 50 minutos, a los que el hombre no contestó.

La sesión continuará este miércoles con la declaración de los testigos así como del padre del menor y sus abuelos, quienes han acudido diariamente al Palacio de Justicia de Almería.

El hasta ahora líder de Cs en la Comunitat, Toni Cantó, ha advertido este martes que el «núcleo duro» de Ciudadanos pueda querer acercarse al PSPV para acabar con el gobierno compartido por PP y Ciudadanos en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, «utilizando a los alicantinos como rehenes» tras la moción de censura fallida en Murcia.

Cantó, tras exponer los motivos por los que deja la política y por los que está defraudado con la cúpula de Inés Arrimadas, ha asegurado que desconoce la intención de la actual dirección ‘naranja’ nacional respecto a Alicante.

«Tampoco lo puedo asegurar. Si de mí dependiera, no. No sé en qué estará el núcleo duro ni si sucederá como en Murcia, que para escenificar un acercamiento al PSOE deciden usar a los alicantinos como rehenes, como hicieron con los murcianos», ha aseverado a los periodistas en el ficus de Les Corts después de firmar su renuncia como diputado.

A su juicio, sería un absoluto sinsentido que «de repente» Ciudadanos pudiera apoyar algo así, incluso contando con el apoyo de Podemos como en la moción de Murcia.

Según ha explicado, el PP se puso en contactó con él «al momento» de presentar Cs la moción de censura en la Región y el Ayuntamiento de Murcia para saber si Alicante «corría peligro». «Les aseguré que no», ha remarcado, algo que ahora desconoce porque el «núcleo duro» no le ha comunicado «ninguna decisión en los últimos días, como tampoco al resto de la Ejecutiva permanente».

Por su parte, la portavoz adjunta Ruth Merino ha dicho no tener conocimiento de posibles cambios en Alicante, donde hay «gobiernos fuertes que están funcionando muy bien».

Preguntada por una posible réplica de la moción murciana en Alicante, Merino ha remarcado que la moción en Murcia fue algo «puntual» por las circunstancias del gobierno de la región aunque «ahora se piense que puede ocurrir en todas partes». Así, ha subrayado que en Alicante hay un «gobierno firme y fuerte».

RELEVO EN LES CORTS

Al margen de Alicante, sobre su relevo en Les Corts, el síndic saliente ha remarcado que no piensa hacer «ninguna propuesta» a los otros 17 diputados y que simplemente pretende explicarles su decisión y lo que pasó en la Ejecutiva de este lunes, que abandonó antes de que finalizara.

«Es irrelevante», ha zanjado al ser preguntado por su opinión de quién debería ser el próximo portavoz, para añadir que desconoce si algún otro representante de Ciudadanos en el parlamento valenciano piensa hacer como él.

Toni Cantó, como balance, ha dado las «gracias de todo corazón» por estos dos años intensos en un lugar «privilegiado» como Les Corts. «Un lugar que recordaré toda mi vida», ha manifestado, para mostrarse orgulloso del trabajo compartido con «cargos electos y equipos técnicos».

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exrepresentante de David Bustamante del delito de estafa y apropiación indebida del que había sido acusado por el artista y su padre, condenando al cantante al pago de las costas procesales respecto a la responsable civil por «temeridad».

En una sentencia, los magistrados exoneran a Francisco Juan Manjón de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, falsedad documental e intrusismo al «no estar probados».

De igual modo, se absuelve a Ana María R. P. de la responsabilidad civil solicitada por la acusación particular. En cambio, la Sala acuerda condenar a Bustamante al pago de las costas procesales «respecto dela responsable civil Ana María R. P., por temeridad y se declaran las demás costas de oficio».

El cantante se había querellado contra su exasesor por una presunta estafa y le solicitaba catorce años de cárcel y el pago de una indemnización de 500.000 euros por presunta «negligencia profesional».

En el juicio, Manjón alegó que se había producido una acusación sorpresiva por parte de Bustamante, lo que consideraba que «vulneraba el derecho de defensa del acusado y el principio acusatorio».

El exrepresentante manifestó respecto a las acusaciones de apropiación indebida que «siempre esas cantidades se correspondían a sus honorarios», que «ascendían al 20 por ciento de todos los ingresos brutos generados por la actividad profesional» de Bustamante.

Los magistrados destacan en la resolución que se trataba de «un asesoramiento más allá del contable o fiscal», indicando que de ahí que «la remuneración que los denunciantes dicen que percibía el acusado por sus servicios (700 euros trimestrales) parece ciertamente exigua».

La Sala determina que existen dos versiones contradictorias sobre la remuneración del asesoramiento realizado por el acusado y que llevaron a una disposición por parte de este de una elevada cantidad de dinero (casi 450.000 euros), entre los años 2007 a 2015, «con una media de 50.000 euros anuales».

«Hay una gran disparidad entre lo que dicen los denunciantes y lo que refiere el acusado sobe las la remuneración pactadas, pero el acusado ha aportado diversa documentación que justifican tanto la elevada remuneración por él opuesta como el conocimiento por parte de Bustamante de ello, quien reconoce en esos contratos y documentos por él firmados tanto la rendición de cuenta en conformidad como la aprobación de las cuentas y la corrección de las transferencias que se reputan por la acusación particular como ilegítimas», agrega el fallo.

ASESOR DEL ARTISTA

Juan Manjón prestó servicios de asesor profesional del artista desde el inicio de la carrera artística como cantante en el año 2001 hasta julio de 2015, prestando sus servicios de asesoramiento fiscal, contable, laboral y jurídico tanto a Bustamante como a sus empresas siendo administrador de una de ellas y de otra de su padre.

Fruto de esa relación surgió, «una relación de amistad y plena confianza», según consta en los hechos probados de la sentencia. En el marco de esa relación profesional Bustamante autorizó a Juan Manjón para la apertura y gestión de las cuentas corrientes en la oficina de La Caixa de Santisteban del Puerto (Jaén), localidad donde el ahora absuelto tiene su domicilio, de las mercantiles del artista.

La sentencia detalla una serie de transferencias realizadas a esas cuentas. En octubre de 2015, el padre de Bustamante «revocó los poderes notariales que el 7 de abril de 2006, en su nombre y en representación de la sociedad David Bustamante SL, había conferido al acusado y a su hermana, para que «de manera solidaria, realizaran determinadas actuaciones bancarias, no encontrándose entre las facultades las de administrar el patrimonio de esa sociedad ni de los denunciantes o de sus otras sociedades». Revocación que fue notificada «al acusado notarialmente, de forma personal, el 29 de octubre de 2015».

El 19 de noviembre de 2014 la Agencia Tributaria (AEAT) inició actuaciones de comprobación e investigación sobre el cantante, en los ejercicios 2010 y 2011, por su relación «con las sociedades instrumentales Corocotta Producciones SL, David Bustamante SL y Celeste y la necesidad de integrar los ingresos en las cuentas corriente de sus sociedades como derivados de su trabajo personas, que terminaron por actas de conformidad firmadas el 19 de noviembre de 2015 por el acusad., quien aparecía en el expediente tributario como personaautorizada».

«En los expedientes se hace constar que no se habían presentado las autoliquidaciones correspondientes a los impuestos de sociedades de esos ejercicios, presentándose y pagándose una vez se inició el expediente tributario», recoge la resolución judicial.

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha mantenido este martes 16 de marzo un debate sobre la figura de Hernán Cortés y la conocida como Leyenda Negra española, a raíz de la propuesta del grupo parlamentario de Vox para impulsar «una adecuada celebración» del quinto centenario de la conquista de México.

La proposición no de ley registrada por Vox, que finalmente ha sido rechazada por 17 votos en contra, 14 a favor y una abstención, instaba al Gobierno impulsar la elaboración de materiales didácticos «equilibrados –ni chauvinistas, ni negrolegendarios– para informar a los escolares españoles sobre la figura de Hernán Cortés», así como a dar una cobertura «suficiente» de la efeméride en los medios públicos o «reforzar» la protección del monumento de Cortés en Medellín (Badajoz).

«Las naciones que se respetan a sí mismas celebran sus victorias», ha señalado en su intervención el diputado de Vox José Francisco Contreras, quien ha calificado de «hazaña bélica» la conquista de Hernán Cortés, al tiempo que ha defendido el «constante autoescrutinio moral» que hizo el Imperio español de sus actuaciones en América a través de figuras como Bartolomé de las Casas.

El diputado socialista Marc Lamuà ha advertido en su intervención de que esta propuesta ha sido registrada «para crispar y generar controversia». «Vox ha traído una alabanza al imperialismo al Congreso democrático en España, después de un régimen dictatorial tan nostálgico de estas hazañas bélicas», ha lamentado.

Para Lamuà, el texto de Vox ha recuperado «antiguos discursos que en el franquismo se pudieron escuchar mucho». «Esto es antiguo, rancio y nace en buena medida durante el franquismo: las mentalidades cambian y ya se ha condenado el imperialismo en la actualidad. La hazaña bélica que celebran en su texto y la manera en que lo formulan tiene un referente muy concreto: el fascismo», ha criticado.

También ha encontrado respuesta por parte de la diputada por En Comú Mar García Puig, quien ha resaltado su «tristeza al comprobar lo poco que se ha evolucionado al practicar este autoescrutinio moral, que esconde una manipulación histórica tras una supuesta erudición».

«Creo que estamos delante de un panfleto negacionista lleno de mentiras y de soberbia, como afirmar que el imperio español sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, que fue el menos racista de la Historia o que compartió las ventajas espirituales con la población indígena», ha afirmado, para recordar que en cuatro décadas hubo 12 millones de amerindios muertos. «Si eso es una hazaña para celebrar, díganme ustedes», ha apuntado.

Por su parte, el diputado ‘popular’ Carlos Aragonés se ha mostrado partidario de recordar la figura de Cortés, aunque para «reflexionar críticamente». «En el afán de escapar de la Leyende Negra no hay que recaer en el sesgo opuesto de una Leyenda Rosa o Áurea», ha apuntado.

«Se trata de dar lugar a una rememoración estatal acorde a los hechos históricos. Ni allí ni por aquí se espera a nuestra administración cultural en el caso de Cortés y hay que hacer algo por remediar el mayor agujero negro que existe ahora mismo en las conmemoraciones del Estado español», ha lamentado.

NEBRIJA

Por otra parte, el Congreso sí ha instado al Gobierno a reforzar la proyección internacional del Centenario de la muerte del gramático Elio Antonio de Nebrija, impulsando a través de la dirección del Instituto Cervantes y de AECID una agenda de actos internacionales durante el año 2022. Además, se ha pedido también considerar la efeméride acontecimiento de especial interés, sometido a beneficios fiscales.

La propuesta del Grupo Popular ha contado con la aprobación unánime de la comisión y con enmiendas transaccionales de PSOE, Vox Y Unidas Podemos, que incluyen la creación de una comisión interadministrativa o la promoción de material divulgativo sobre la figura de Antonio de Nebrija, incluyendo la reedición tanto en formato papel como en formato digital de sus obras.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado que Albert Rivera esté detrás de movimientos de Cs al PP porque «esté donde esté siempre va a ser Ciudadanos».

Tras participar en un acto del Ayuntamiento de Madrid con Reporteros sin Fronteras, Villacís ha calificado de «mentira» esas voces que señalaban a Rivera detrás de movimientos para que cargos ‘naranja’ se pasen al PP.

«Puedo ofrecer mi propio testimonio. Albert es mi amigo y hablo con él bastantes veces pero no con la frecuencia que desearíamos porque cuando uno tiene mucho trabajo no habla tanto como le gustaría con amigos. Ni está detrás de eso ni de ningún movimiento de Cs al PP. Albert, esté donde esté, siempre va a ser Ciudadanos», ha remarcado.

Preguntada por la ahora vicepresidenta del Gobierno regional murciano, Isabel Franco, que ha asegurado que no se va a ir al PP y que peleará para ser readmitida en Cs, Villacís ha contestado que desconoce lo que va a alegar pero lo encuentra «complicado, obviamente».

«DESDE LUEGO» QUE ARRIMADAS SALE REFORZADA

Y en cuanto a si Inés Arrimadas ha salido reforzada de la ejecutiva, la vicealcaldesa tiene claro que sí, «desde luego». «Tiene el apoyo de todo el equipo y mi respeto personal por haber sido valiente y haber tomado la decisión y los cambios, que es lo que hizo ayer. Hay gente que es más conservadora e inmovilista. Hizo un gran ejercicio de responsabilidad», ha defendido.

Villacís ha contestado de nuevo con un tajante ‘no’ cuando se le ha preguntado si se pasaría al PP. «No tendría que estar en política porque yo tenía mi oficio. Lo que te da la libertad en política es tener un sitio al que volver, tener una profesión», ha apelado.

«Distingamos entre la gente que lleva toda la vida haciendo política y a lo mejor no tienen donde irse y entre la gente que tiene un oficio y venimos de la sociedad civil», ha diferenciado. Begoña Villacís tiene claro que si Cs ‘se acabara’ volvería a su anterior trabajo, del que está en excedencia.

«AGUADO ES MUY BUEN CANDIDATO»

De Ignacio Aguado, de quien ha afirmado que es «muy buen candidato», Villacís ha destacado que «ha hecho un gran trabajo», reconocimiento que ha hecho extensible a todos los consejeros regionales de Cs.

«No reconocer que el consejero del área social ha sido esencial en la crisis es no tener mucha sensibilidad. No reconocer que el área de cultura ha sido esencial en la crisis o que hayamos estado presentes en ‘Le Monde’ o en varias televisiones francesas por el ‘milagro cultural’, por ser el sitio donde lo último que cierra es el teatro… El área de economía ha sido esencial para salir de la crisis. Hemos trabajado en convenios para reforzar la empleabilidad, en planes que necesitan los hosteleros ya», ha enumerado.

«Aguado es muy buen candidato. Eso es lo que decían los afiliados porque mi partido tenia primarias y, por supuesto, es un buen candidato», ha terminado.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de querer extender su «voluntad fraccionadora» a la Mesa del Parlament, después de mantener un encuentro previo a la primera reunión de este órgano solo con los independentistas.

En una rueda de prensa este martes en el Parlament, ha tachado esta reunión con los 5 miembros independentistas de la Mesa –los dos restantes son del PSC– de ser toda una declaración de intenciones: «La fraccionadora de Borràs, que fraccionaba contratos ahora sabemos que fracciona también la Mesa».

«Es inaudito que la presidenta del órgano de gobierno del Parlament haya llamado únicamente a los miembros separatistas de la Mesa. Eso es indignante, es un remedio del Consell per la República que quiere hacer Puigdemont, es traerlo al Parlament», ha criticado.

Para él, Borràs está evitando continuar con «lo que se ha venido haciendo los últimos años, con la Mesa ampliada, en la que todas las fuerzas del Parlament podían estar», y la acusa de acabar con esta costumbre y evitar con ello que la Mesa sea plural y democrática, en sus palabras.

Antes de la rueda de prensa, Carrizosa junto con la diputada electa Anna Grau se reunieron con el presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, y el vicepresidente de la entidad, Álex Ramos, con el objetivo de revigorizar el constitucionalismo en Cataluña, ampliar la movilización civil de este espacio y evitar que el «independentismo quiera dominarlo todo e implantar su plan de segregación».

MARCHAS DE CS AL PP

Preguntado por si cree que el expresidente de Cs Albert Rivera tiene relación con las marchas de Cs al PP, Carrizosa lo ha negado y ha dicho que está «convencido de que no tiene nada que ver» y que está dedicado a su vida civil como abogado.

«Es una leyenda urbana esto de la mano negra de Albert Rivera; para nada es cierto. Me consta que él no está pendiente de intervenir en política y mucho menos de forma conspirativa como se está llevando a cabo por parte de miembros del PP, con esta OPA hostil a Cs», ha asegurado.

Para Carrizosa, el PP está «siendo fagocitado por su derecha por otro partido, que es Vox» y que los ofrecimientos a representantes de Cs se deben a que el PP tiene problemas de supervivencia, por lo que inicia actuaciones de invasión de otros espacios políticos que no le son propios, en sus palabras.

Sobre el PP catalán ha destacado que del actual subgrupo parlamentario solo hay una persona del PP –ya que de las dos diputadas restantes, Lorena Roldán venía de Cs y Eva Parera era concejal en Barcelona de Barcelona pel Canvi–, por lo que cree que «no están para hacer OPAs hostiles».