El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anticipado que el número de migrantes que intentan llegar desde México va camino de alcanzar niveles inéditos en las últimas dos décadas, aunque ha defendido la política adoptada por el presidente, Joe Biden, que en estos meses ha tratado de marcar distancias con la «tolerancia cero» de su predecesor, Donald Trump.

El secretario de Seguridad Nacional, Antonio Mayorkas, ha repasado este martes en un comunicado una situación fronteriza que ha reconocido «difícil» y en la que las autoridades estadounidenses «trabajan contrarreloj». En este sentido, ha subrayado el compromiso para respetar los «valores» de Estados Unidos al tiempo que se garantizan cuestiones de seguridad o sanitarias.

«Salvaguardar nuestras fronteras no nos obliga a olvidar la humanidad de quienes las cruzan», proclamó Biden al firmar su orden ejecutiva sobre inmigración, una frase que Mayorkas ha recuperado este martes para insistir en que la integración es «una de las mejores tradiciones» de Estados Unidos y que todo cabe dentro de un sistema «seguro, legal y ordenado».

El responsable de Seguridad Nacional ha explicado que los agentes fronterizos están expulsando a «la mayoría» de familias y adultos que intentan entrar en el país de forma ilegal, aunque no a los menores no acompañados. Washington aún intenta resolver la separación familiar emprendida durante la etapa de Trump.

«Nos estamos encontrando con niños de seis y siete años, por ejemplo, que llegan a nuestra frontera sin un adulto. Son niños vulnerables y hemos terminado con la práctica de la anterior Administración de expulsarlos», ha declarado el secretario en su comunicado.

Mayorkas, de origen cubano, ha recordado que él mismo llegó al país cuando era un niño, de mano de «unos padres que entendieron la esperanza y la promesa» de Estados Unidos. «Hoy, hay niños pequeños que siguen llegando a nuestra frontera con esa misma esperanza. Podemos hacerlo», ha subrayado.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Gobierno estadounidense atribuye a «la pobreza, los elevados niveles de violencia y la corrupción en México y en los países del Triángulo Norte» de Centroamérica la constante llegada de migrantes en estos últimos años. La situación, ha apuntado Mayorkas, no solo no ha mejorado sino que «las condiciones adversas siguen empeorando».

La Administración Biden ha acusado a Trump de «desmantelar completamente» el sistema de asilo y de eliminar las «vías legales» existentes para que los niños en situación de vulnerabilidad pudiesen llegar a Estados Unidos. También le ha afeado el recorte de ayuda a países centroamericanos, recordando que la región se vio afectada a finales de 2020 por dos potentes huracanes.

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, denunció este martes al término de la Ponencia que estudia el fenómeno migratorio en Canarias en el Senado que «actualmente, tras meses de crisis migratoria, el Gobierno de España siga gestionando un drama humanitario de este calibre desde la más absoluta improvisación».

Fernando Clavijo hacía estas declaraciones tras escuchar en la Ponencia a los máximos representantes de Iridia-Centro de Defensa de Derechos Humanos y de Open Arms, Andrés García y Óscar Camps, respectivamente, y reprochaba duramente que el Gobierno de Pedro Sánchez «haya ignorado todos los avisos y advertencias que durante meses han ido exponiendo quienes día a día trabajan con los migrantes que han llegado a las islas».

En este sentido, prosiguió, «se le ha dado la espalda al problema y cada día que pasa de trabajo de esta ponencia queda acreditado que ha sido de forma consciente», recoge una nota de la formación nacionalista.

Fernando Clavijo insistió en que la situación es «insostenible» y mantuvo que «la realidad que se está viviendo en Canarias no puede seguir siendo ignorada».

Asimismo, el senador de Coalición Canaria-PNC aprovechó para remitir a todos los miembros de la ponencia el contenido del documento que le hicieron llegar los vecinos del macrocampamento de Las Raíces que «pone en evidencia las terribles condiciones en las que viven los migrantes».

Fernando Clavijo reconoció igualmente la labor humanitaria y solidaria de los vecinos de estas instalaciones que «se han unido para hacer propuestas y buscar soluciones que mejoren las condiciones de vida en la zona para estas personas, así como garanticen una buena convivencia para todos, algo que es obligación de las administraciones, en este caso, del Gobierno de España que, definitivamente, ha optado por el abandono».

El senador nacionalista señaló que los campamentos no cumplen ni siquiera con las condiciones para una acogida temporal y recordó que «no son la solución».

«La solución pasa por las derivaciones de estas personas a la Península, pero el Estado con la connivencia del Gobierno de Canarias, sigue empeñado en mantenerlos hacinados en las islas», subrayó.

HAMBRE Y COMIDA EN MALAS CONDICIONES

Fernando Clavijo anunció, además, que este jueves interpelará al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, sobre las terribles condiciones que cada día conocemos bien por las propias ONG, por los migrantes que están en acogida o por los vecinos y vecinas que se están dando en los macrocampamentos, en particular, en el de Las Raíces.

El senador preguntará sobre «los testimonios de hambre, de comida en malas condiciones, de intoxicaciones, de altercados y de incumplimiento de las medidas por la Covid-19».

Asimismo, exigirá al titular de Migraciones «un cambio radical en la gestión de la crisis migratoria para evitar que la situación se siga deteriorando hasta que estalle y nos encontremos con una situación de no retorno».

La Guardia Civil y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago han firmado este martes un procedimiento operativo de colaboración cuya finalidad es promover diversas actividades orientadas a proteger y ofrecer más confianza y seguridad, tanto desde las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino como desde la aplicación para teléfonos Alertcops.

Entre las novedades de este Año Santo Xacobeo, la Guardia Civil impulsará el despliegue de «un elemento novedoso» como son las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP), que se encontrarán en el Camino de Santiago en lugares y eventos de especial afluencia de peregrinos, tanto nacionales como extranjeros.

La Guardia Civil inicia el Año Santo Xacobeo con la aprobación del nuevo Plan de Seguridad Jacobea en un año que seguirá estando marcado por las restricciones COVID-19, manteniendo un dispositivo de seguridad propio y habitual de seguridad pública sobre las rutas jacobeas y sus usuarios, y acorde a las necesidades de los peregrinos.

El operativo durante este año implica la participación de miles de agentes en 11 comunidades autónomas, los cuales estarán agrupados por especialidades: Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Policía Judicial, Escuadrón de Caballería, Montaña y Aéreo. Se espera que se incrementen los casi 27.000 servicios prestados en 2020, entre los que destacaron 19 auxilios sanitarios, 24 rescates y numerosos auxilios informativos relacionados con la COVID-19.

La Guardia Civil ha explicado que proporciona el núcleo fundamental de la protección al peregrino y del Camino, incluyendo la protección del patrimonio histórico-artístico y medioambiental, además de la seguridad ciudadana. Este año el dispositivo se amplía a los más de 4.000 kilómetros que comprenden las rutas jacobeas (Caminos de Galicia, Caminos del Centro-Vía de la Plata, Caminos del Norte y el Camino Mozárabe), que complementan las otras rutas tradicionales e históricas, como el Camino Francés.

GUARDIÁN VIRTUAL DEL CAMINO

El presente Año Santo Xacobeo servirá para renovar la denominación que recibe la Guardia Civil como Guardián en el Camino mediante la colaboración existente entre la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) francés y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS).

Además de la presencia física de los agentes en las rutas jacobeas, la Guardia Civil intensificará su presencia virtual mediante la potenciación de la aplicación Alertcops del Ministerio del Interior. Mediante su descarga, el peregrino/usuario podrá activar la función Guardián Benemérito, que le proporcionará servicios de recepción de alertas de seguridad geolocalizadas en tiempo real, así como la posibilidad de contactar con el 062, todo ello en un entorno disponible en siete idiomas.

Además de la participación habitual de agentes de la Gendarmería Nacional (Francia), Guardia Nacional (Portugal) y Arma de Carabinieri (Italia), este año la Guardia Civil contará con el apoyo de policías de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Irlanda, y Brasil.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido de que no existen vacunas para frenar los ataques a la democracia porque la libertad de prensa siempre está «acechada».

La democracia «sufre constantes ataques por aquellos que quieren luchar contra la libertad», ha sostenido desde Casa de América, donde ha participado en la presentación de la tercera edición del programa de acogida temporal de periodistas perseguidos en América Latina, un proyecto de acción humanitaria de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el que colabora el Ayuntamiento de Madrid.

Villacís ha elogiado la labor de estos profesionales que ponen en riesgo su propia vida para informar y que están acostumbrados a «vivir acechados» por contar lo que ocurre en sus países de origen para «descubrir el dolor, la corrupción y los males que todo el mundo debe saber».

La edil ha apelado a esa «rebeldía idealista e insensata sin la que el mundo no podría vivir porque sería menos libre y sin la que no se podría hablar de democracia».

«NO ESTAMOS VACUNADOS»

«No estamos vacunados, nuestra libertad está acechada, sufre constantes ataques por aquellos que quieren luchar contra la libertad. Cada vez que se abre una página web para atacar a un periodista o cada vez que un periodista es hostigado en Twitter, somos mucho menos libres», ha razonado Villacís.

En esta línea ha insistido en que «la libertad nunca se puede dar por hecho. La libertad, la prensa y la democracia son caras de una misma moneda porque sin libertad no hay prensa y sin ella no hay democracia».

MIL PERIODISTAS ASESINADOS EN EL MUNDO EN UNA DÉCADA

La vicealcaldesa ha calificado de «lamentable» que en los últimos diez años hayan sido asesinados mil periodistas en el mundo y que, según datos de RSF, 2020 haya dejado a 387 profesionales entre rejas por «vivir para contar».

También ha hecho un llamamiento a los poderes públicos del país para mejorar la situación en el ranking de RSF, en el que España ocupa el puesto 28.

PROGRAMA DE ACOGIDA

Los cuatro periodistas seleccionados en esta edición llegaron a Madrid a principios de enero y ejercerán aquí su trabajo hasta finales de marzo. Proceden de El Salvador, México, Colombia y Bolivia.

El programa de acción humanitaria continuará en el futuro ya que cuenta con presupuesto para una cuarta edición de cara al año que viene.

Reporteros Sin Fronteras se ha encargado de seleccionar a los periodistas que han demostrado una trayectoria destacable en la defensa de la libertad de prensa y en la búsqueda de una verdad que les ha hecho correr grandes riesgos y les ofrece la posibilidad de alejarse por tres meses de un contexto de alto estrés.

Hasta ahora han pasado por Madrid tres periodistas mexicanos, dos venezolanos, un nicaragüense, una colombiana, una salvadoreña y un boliviano.

El PSOE y Unidas Podemos retomarán la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda para tratar de buscar un consenso sobre las características que debe incluir la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas, medida incluida en el acuerdo de coalición.

La previsión es que los equipos que encabezan la secretaria de Estado de Vivienda y futura ministra de Derechos Sociales, Yolanda Díaz, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, se reúnan este miércoles.

De hecho, había una reunión agendada para este mismo martes pero se ha aplazado a mañana, dado que el Ministerio de Transportes aún no ha remitido su propuesta escrita a la Vicepresidencia de Derechos Sociales, según han relatado fuentes de Unidas Podemos.

COMPROMISO DE IGLESIAS ANTES DE DEJAR EL GOBIERNO

Precisamente el aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha marcado como objetivo lograr la aprobación de la ley de vivienda antes de dejar el Gobierno para ser candidato a la Comunidad de Madrid, como el mismo reconoció en su vídeo para explicar su decisión.

Y es que la plasmación de la regulación del precio del alquiler es un factor que ha tensionado a la coalición. Iglesias ha subrayado en diversas ocasiones que su despliegue es un compromiso del acuerdo de Gobierno, refrendado además en el pacto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

También pronosticó que «van a ganar la batalla» para lograr plasmar la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda, pese a las presiones de la patronal inmobiliaria para que no se cumpla el pacto que suscribió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su vez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que su Ministerio está trabajando «codo con codo» con el de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana sobre las posibilidades que ofrece la fiscalidad como instrumento para abaratar los precios de los alquileres.

Sin embargo, Unidas Podemos rechaza la opción de aplicar un modelo de incentivos para desplegar esta regulación y aboga por plasmas obligaciones a los grandes tenedores de vivienda, además de fijar límites concretos para bajar los precios en zonas de mercado tensionado.

Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía. De este último punto, tampoco se ha aportado una propuesta concreta por parte de los socialistas.

En la reunión del pasado 4 de marzo ambas partes lograon avances para incluir en la nueva Ley de Vivienda medidas orientadas a frenar los desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad, pese a que lo relativo a la regulación del alquiler seguía sin clarificarse.

La comisión del Congreso encargada de investigar el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción arranca este miércoles su fase de comparecencias precisamente con la de quien fue también gerente de los ‘populares’ entre 1990 y 2008.

Inicialmente el Congreso había citado a Bárcenas para el 11 de marzo, pero la comparecencia hubo de posponerse por coincidir con el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional por la ‘caja b’ del PP, en concreto, la pieza relativa a la reforma de la sede nacional de la madrileña calle Génova.

Así, las cosas los comisionados podrán interrogar finalmente al extesorero el día 17, después de que Bárcenas haya ratificado ante el tribunal la existencia de esa contabilidad b y que «el PP de Mariano Rajoy» ordenó la operación policial para robarle las pruebas sobre la misma que aún tenía en su poder.

DESDE LA CÁRCEL Y CON SU ABOGADA

Bárcenas, que está citado para las cuatro de la tarde, no se desplazará hasta la Carrera de San Jerónimo, sino que declarará por videoconferencia desde la madrileña cárcel de Soto del Real y acompañado de su abogada, Marta Giménez. La comisión ha aceptado esta fórmula planteada por el extesorero para evitar posibles contagios por Covid y también el confinamiento que tendría que guardar posteriormente si salía de la prisión.

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, confía en que Bárcenas «diga la verdad» ante la comisión y detalle «hasta dónde llegaba y quiénes eran los máximos implicados del PP» en la «corrupción sistémica» de este partido que, a su juicio, sigue «inundado» por ella como demuestra, a su juicio, lo sucedido en los últimos días en Murcia.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, quien confía en que Bárcenas «siga tirando de la manda» y ha destacado que, por mucho que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso «intenten separarse» esta «historia de corrupción es presente y les persigue».

De su lado, al ser preguntada sobre qué espera del interrogatorio a Bárcenas, la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, se ha limitado a señalar que, a su juicio, el único objetivo de esa comisión es «la persecución política al PP».

LOS ‘CAJEROS’

Tras Bárcenas comparecerá, ya de forma presencial, Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados.

Las comparecencias se retomarán al día siguiente, con estos fondos también como protagonistas, puesto que, para las cuatro de la tarde del jueves, está citado Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en la Dirección Adjunta Operativa de su entonces máximo responsable, Eugenio Pino. Lacasa, que también hacía de ‘cajero’ de esos fondos llegó a reconocer ante el juez que el modo en que se repartía ese dinero le parecía un poco «extraño».

Y a las seis y media se espera al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. José Antonio Rodríguez González, conocido como ‘comisario Lenin’, de quien depende ahora la distribución y justificación de los fondos reservados asignados al ministerio.

En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. La Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.

PRÓRROGA HASTA JUNIO

Además, el jueves, el Pleno del Congreso tiene previsto aprobar una primera prórroga de tres meses para que la comisión de investigación pueda continuar trabajadno hasta junio. Después, si es necesario se pueden solicitar más ampliaciones.

El Pleno del Congreso aprobó crear esta comisión el pasado 1 de octubre, pero no se constituyó hasta el 22 de diciembre, con lo que ese primer plazo para sus trabajos vencía el 22 de marzo y ahora podrán seguir con su tarea hasta el 22 de junio.

Según el calendario acordado por los grupos, la comisión, que se reunirá los jueves con norma general, recibirá el 25 de marzo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien durante siete años ejerció como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargaba de comprobar la justificación del uso de los fondos reservados.

Ese mismo día, la comisión tomará testimonio a Manuel Morocho ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del ‘Gürtel’, quien explicó ante García Castellón cómo el director adjunto operativo, Eugenio Pino, le apartó de esa causa en 2015.

Dos de los 15 acusados por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana (Huelva), han defendido el uso legal del agua de los sondeos de las fincas que trabajaban, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y que estaba autorizada la extracción del agua de los sondeos realizados en los años 70, así como han subrayado que el problema con estas extracciones derivan de «errores administrativos».

Así lo han indicado en el primer día de juicio en el que tan solo han declarado dos de los agricultores acusados, mientras que el resto (11) se ha acogido a su derecho a no declarar. De este modo, ambos han señalado que el propietario de la finca Matalagrana era la Junta de Andalucía y que, al no poder ceder directamente la explotación para el proyecto de agricultura ecológica, lo hacía a través del Ayuntamiento almonteño, al que los concesionados pagaban un canon por hectárea de riego.

De este modo, el secretario de la Asociación Matalagrana, uno de los acusados que ha declarado este martes, ha apuntado que fue en 2007 cuando comenzó a tener conocimiento de una «posible irregularidad» en el uso del agua, al recibir un expediente sancionador en el que, «según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no estaba autorizada la extracción», expediente que recurrió, al tiempo que hasta 2014 no descubrió que se había producido «un error administrativo» por parte del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).

En este punto, ha señalado que en el año 1996 el que era presidente del IARA solicitó el levantamiento de la supresión de varios sondeos, que cambió tiempo después porque consideraba que no se les estaba dando uso agrícola «algo en lo que estaba equivocado», apuntando que en 2007 estos sondeos no estaban inscritos, pero que durante todo ese tiempo y hasta que la CGH otorgó en 2020 la autorización del uso del agua en Matalagrana durante 20 años «nadie impuso como medida cautelar el cierre de pozos o cese de actividad», por lo que siguieron extrayendo.

Asimismo, el secretario de la Asociación Matalagrana ha señalado que fue en el año 2014 cuando tuvieron conocimiento de la desestimación de los sondeos, al recibir la querella de la Fiscalía, y que anteriormente la Junta de Andalucía «decía que no había ningún problema» y que «siguieran trabajando», a la par que ha añadido que la administración andaluza conocía que se estaban usando los pozos «porque se hacía una memoria todos los años». «Para las administraciones era público y notorio el uso de los sondeos», ha agregado.

La Reina Sofía ha sido vacunada este martes contra la COVID-19 conforme a los «protocolos establecidos por las autoridades sanitarias», han informado fuentes de Zarzuela.

Doña Sofía ha recibido la dosis de la vacuna este mediodía en el Centro de Salud de El Pardo-Fuencarral, han precisado las fuentes, que han aclarado que se le ha administrado la que le corresponde por su franja de edad.

La madre del Rey tiene 82 años así que entra dentro del grupo de mayores de 80 años a los ya se ha comenzado a suministrar la vacuna en la Comunidad de Madrid. En general, a este grupo se le está administrando la fabricada por Pfizer y que requiere una segunda dosis en un plazo de 21 días, por lo que, a priori, Doña Sofía debería volver al centro de salud entonces.

Desde Casa Real, a raíz de la polémica suscitada tras conocerse que las infantas Elena y Cristina se habían vacunado durante una visita a Don Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos en febrero, ya se dejó claro que Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía se vacunarían «cuando les corresponda».

El Rey emérito, que reside desde el pasado agosto en el país del Golfo, también se habría vacunado ya contra la COVID-19. En un comunicado, la infanta Elena explicó que a ella y su hermana les ofrecieron vacunarse y accedieron con vistas a «tener un pasaporte sanitario» que les permitiera visitar con más frecuencia a su padre.

«De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido», aseguró la hermana mayor de Don Felipe, ante el revuelo desencadenado.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado este martes de que corresponde al presidente Pedro Sánchez y a nadie más decidir la estructura de su Ejecutivo, y no ha confirmado si va a aceptar que la ministra de Trabajo compatibilice esta cartera con la Vicepresidencia segunda, tal y como ha propuesto el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como solución para su relevo.

Lo que sí ha dejado claro Montero es que la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va a seguir al frente de la llamada Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que viene trabajando con «mucha intensidad» durante todo este año a consecuencia de la pandemia, según ha defendido.

«Corresponde solo y exclusivamente al presidente», ha defendido la portavoz en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros. «Es una prerrogativa que tiene, de las pocas que tiene, se le reserva la capacidad cuando estime oportuno de dar detalles sobre la incorporación de nuevos miembros», ha ahondado

La comparecencia de Montero también ha tenido lugar tras la «breve» reunión que han mantenido Sánchez e Iglesias para abordar su salida. Según Moncloa, los dos estaban de acuerdo en los «cambios» a llevar a cabo, pero todavía faltan algunos «detalles» que rematar.

No obstante, Montero no ha querido aclarar si esos detalles que se resisten tienen que ver con el hecho de que Sánchez y su equipo consideran que la Vicepresidencia segunda debe seguir siendo social, y no se puede compatibilizar con un Ministerio económico, que se sitúe en el escalafón por encima de Calviño.

Sobre todo porque, según ha explicado la ministra de Hacienda, no está previsto que Calviño deje de ser la principal responsable económica del Gobierno.

«Por supuesto que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que viene funcionando con muchísima intensidad en ningún momento se ha planteado ninguna cuestión respecto a que la presidenta de esa comisión es la vicepresidenta de Asuntos Económicos, y yo misma, la vicepresidenta de esa comisión», ha afirmado.

No obstante, Montero ha insistido en que no quiere especular, y que será Sánchez quien decida y desvele los cambios que quiere hacer, a medida que se vaya acercando la fecha de salida de Iglesias del Gobierno que, según ha recordado la portavoz, será cuando empiece la campaña de las elecciones autonómicas, en torno al 20 de abril, tal y como informó este lunes él mismo.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presente en la rueda de prensa, también ha querido posicionarse sobre esta cuestión, al asegurar que debía preservarse la estructura actual según la cual hay una vicepresidencia social, otra económica y otra medioambiental. «Esas tres vicepresidencias corresponden a la idea de una sociedad moderna basada en la sostenibilidad», ha reivindicado.

En todo caso, fuentes gubernamentales explicado que el objetivo que buscará Sánchez en esta nueva reestructuración tras la salida de Iglesias es mantener la «coherencia» del Gobierno no cambiar mucho su composición.

Los franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal han ganado el Premio de Arquitectura Pritzker 2021, uno de los principales reconocimientos del sector, otorgado por The Hyatt Foundation.

A través de sus diseños de vivienda social y privada, instituciones culturales y académicas, espacios públicos, y desarrollos urbanos, Lacaton y Vassal han trabajado en la sostenibilidad a partir de estructuras preexistentes, concibiendo proyectos que tenían siempre en cuenta el estudio del espacio previamente creado.

«La buena arquitectura es abierta, abierta a la vida, abierta para mejorar la libertad de todos, donde cualquiera puede hacer lo que necesita hacer», ha declarado Lacaton antes de añadir que la arquitectura «no debe ser llamativa ni imponente, sino algo familiar, útil y hermoso, con la capacidad de apoyar silenciosamente la vida que tendrá lugar dentro de ella».

Latapie House (Floirac, Francia 1993) fue la primera vez en que aplicaron tecnología de invernadero para instalar un jardín de invierno que permitía contar con un hogar más grande por un presupuesto reducido. El sistema retráctil orientado al este y paneles de policarbonato transparente en la parte trasera de la casa permiten que la luz natural ilumine toda la vivienda, ampliando sus espacios comunes interiores desde el salón hasta la cocina, y permitiendo controlar las condiciones climáticas con facilidad.

«Este año, más que nunca, nos hemos sentido parte de la humanidad en su conjunto. Ya sea por la salud, por razones políticas o sociales, ha sido necesario crear un sentido de colectividad. Como en cualquier sistema interrelacionado, ser justos con el medio ambiente y con la humanidad es ser justos con la próxima generación», ha señalado Alejandro Aravena, presidente del jurado del Premio Pritzker de Arquitectura, que ha añadido: «Lacaton y Vassal son radicales en su delicadeza y audaces en su sutileza, siendo respetuosos pero directos en su enfoque del entorno construido».

«La elección del ganador del Premio Pritzker 2021 reconoce el talento y el continuo compromiso de los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal. Transmite también un claro mensaje sobre el papel tan importante que la arquitectura debe jugar en la creación de espacios habitables y bonitos para todos, mientras que también aborda grandes retos sociales», ha asegurado Martha Thorne, directora ejecutiva de los Premios Pritzker y Decana de IE School of Architecture and Design de IE University.

Thorne ha explicado además que los ganadores del Premio Pritzker 2021 abordan cada proyecto convencidos de que lo que ya existe (un edificio, un espacio, los alrededores) tiene valor, y su trabajo como arquitectos es el de apreciar y entender lo ya existente, mientras que, de manera respetuosa, añaden un nuevo valor a través de cada proyecto.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado, durante su intervención en el Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo (EPSCO), en nombre del Gobierno la coordinación existente con las distintas autoridades europeas en el desarrollo de la Estrategia de Vacunación y la adopción de decisiones en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19.

Durante la reunión que se ha celebrado este martes por videoconferencia, la ministra de Sanidad ha destacado también el papel clave que ha jugado la Estrategia estatal de lucha contra COVID-19 elaborada conjuntamente con las Comunidades Autónomas para doblegar la curva de la tercera ola. Una «Estrategia común», ha subrayado, «con indicadores, actuaciones de respuesta y elementos para la evaluación», que permite a cada comunidad autónoma modular su respuesta en función de la situación epidemiológica en su territorio, con el marco jurídico apropiado.

En la reunión, presidida por la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido, en correspondencia con la presidencia de la Unión Europea para el primer semestre del año y que ha contado con la participación de la comisaria europea Sanidad, Stella Kyriakides, Darias ha significado las acciones coordinadas en salud pública que se han promovido desde el Ministerio de Sanidad cuando ha habido que actuar de manera conjunta en todo el país.

En esta línea, se ha referido a las acciones coordinadas que se aplicarán con motivo de los festivos de San José y Semana Santa; un conjunto de medidas consensuando con las Comunidades Autónomas para limitar la movilidad y los contactos sociales en este período. Además, se ha referido a la adopción de medidas adoptado medidas frente a las nuevas variantes de la COVID-19, estableciendo restricciones de vuelos desde aquellos países en los que las variantes son prevalentes, PCR y cuarentena obligatoria, además de aumentar la capacidad de secuenciación.

En relación al proceso de vacunación, la ministra Darias ha valorado la Estrategia Europea, que ha aportado «un horizonte de esperanza» que, ha asegurado, ya está demostrando su impacto positivo, por ejemplo, con el descenso registrado de la letalidad en las residencias de personas mayores.

Con todo, ha insistido en que «aún queda camino por recorrer»; de ahí, la importancia de insistir en la cultura de los cuidados y, por otro, de actuar con la máxima exigencia a las compañías farmacéuticas en el cumplimiento de los acuerdos firmados para seguir adelante con la Estrategia de Vacunación.

La ministra de Sanidad ha explicado que la Estrategia Europea de Vacunación debe contemplar, como ya lo hace, el refuerzo de las vacunas ante la COVID19 en relación con las nuevas variantes, así como potenciar e impulsar la capacidad de producción en Europa.

En este sentido, ha felicitado a la Comisión Europea por la iniciativa HERA Incubator, para ampliar y reforzar las capacidades productivas, y actualizar y acelerar la aprobación de vacunas frente a las nuevas variantes.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha manifestado su respecto ante el rechazo de Más Madrid a la propuesta de candidatura unitaria lanzada por el futuro candidato a las elecciones a la Comunidad el 4 de mayo, Pablo Iglesias, y ha asegurado que ello no merma la ilusión sobre sus perspectivas, que va en aumento al dejar claro que «pone toda la carne en el asador» para ganar el Gobierno regional.

En rueda de prensa en el Congreso, que ha versado sobre la decisión de Iglesias de dar el salto a la política madrileña, Echenique ha señalado que se percibía un «clamor» en favor de la unidad de las fuerzas políticas más allá de la izquierda, pero no van a entrar en «ningún tipo de reproches» hacia Más Madrid.

«Me toca respetar las decisiones de Más Madrid», ha esgrimido Echenique para rechazar, a preguntas de los medios de comunicación, que esa convergencia frustrada sea un hándicap para Iglesias, que se había marcado ese objetivo a la hora de postular su candidatura. «No hay para nada sentimiento en esa dirección», ha apostillado.

Y es que para Echenique pesa más la «ilusión y las ganas» de votar para «echar» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que Iglesias sea el nuevo dirigente regional.

En esta línea, ha subrayado la «valentía» y «generosidad» de Iglesias, que ha logrado «modificar» el tablero político al abrir una perspectiva de poner fin al «saqueo de lo público» por parte del PP, al que ha definido como el partido «más corrupto de Europa» y le atribuye también su afán de tratar de gobernar con la «ultraderecha» de Vox.

También ha detallado que es difícil hacer cálculos electorales después de un «movimiento sísmico» en el panorama político, pero ha detallado que Unidas Podemos sale a «ganar».

Por otro lado, ha agregado que Iglesias ha decidido continuar dentro del Ejecutivo hasta que se apruebe la ley de vivienda y la regulación del alquiler.

Por otro lado, ha agregado que el líder de Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han apuntado ambos han acordado la parte fundamental de los movimientos que implican su relevo, pero hay detalles que «faltan afinar». Cuando estén cerrados, ha avanzado que ambos dirigentes explicaran los detalles.

Al menos 18 fabricantes de productos sanitarios y material de protección individual han conformado la Asociación española de fabricantes de mascarillas, batas y EPIS (OEsp) buscando la defensa del sector y de sus productos en el mercado nacional e internacional.

Entre los objetivos de OEsp está el defender los intereses de todo el sector representándolo en las instancias pertinentes, por eso hacen un llamamiento al resto de empresarios certificados para que se unan a la asociación.

«Es importante unirnos todos para defender este sector que corre riesgo real de desaparecer. España y Europa no deberían depender de Asia en situaciones como esta. Si no protegemos al sector volveremos a estar sin elementos de protección cuando más se necesiten», indica Francisco Sánchez, presidente de OEsp.

De hecho mercados como el estadounidense ya han firmado decretos para no depender tanto del mercado asiático. «El gobierno español debería hacer lo mismo. Debería de apostar por el producto sanitario nacional que ha demostrado responder cuando lo ha necesitado. Esto evitaría inconvenientes de suministros, pérdidas o estafas como los vividos en los primeros meses de la pandemia», incide Sánchez.

Además, consideran que sería una manera de apoyar el crecimiento económico y de empleo de España, tal y como respaldan los datos de las empresas ya asociadas a OEsp.

Actualmente cuenta con 18 socios aunque esperan que este número aumente los próximos meses. Todos ellos disponen de la licencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), «requisito indispensable para pertenecer a ella porque de esa manera garantizamos la calidad técnica de los productos fabricados y destacamos su valor frente a otros fabricantes, nacionales e internacionales, que no cuentan con esta certificación», incide Sánchez.

Es importante que la ciudadanía esté protegida, por ello «buscamos que se destaque el papel de las empresas que respetamos las normas, la regularización vigente y las disposiciones legales que garanticen el cumplimiento de las certificaciones según la normativa española y europea», remarca el presidente de la asociación.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulase el juicio con jurado popular celebrado en febrero de 2020 por la Audiencia de Sevilla por el crimen conocido como de ‘las cuñadas’ perpetrado en La Rinconada el 19 de abril de 2016, ordenando repetir la sesión, la misma no se celebrará finalmente al mediar un acuerdo por conformidad entre las partes.

Frente a la condena inicial de 23 años de cárcel impuesta a los tres acusados hace ahora casi un año, el mencionado acuerdo implica penas de seis, cinco y tres años de cárcel para cada uno de ellos, según ha informado el TSJA.

En virtud de este acuerdo, la Audiencia condena al varón acusado, Francisco Javier M.R., como coautor de un delito de homicidio con la atenuante analógica de drogadicción y la atenuante simple de dilaciones indebidas, a seis años de prisión; cinco años de libertad vigilada y otros cinco años de prohibición de aproximación en un radio inferior a 300 metros de la calle donde tuvieron lugar los hechos.

Asimismo, la Audiencia condena a una de las acusadas, Rosa N.S., como coautora de un delito de homicidio con las atenuantes analógicas de drogadicción y trastorno mental y la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de cinco años de cárcel; cinco años de libertad vigilada y cinco años de prohibición de aproximación en un radio inferior a 300 metros de la referida calle.

De su lado, la otra investigada y hermana de la anterior, Carmen N.S., ha sido condenada como coautora de un delito de homicidio con las atenuantes analógicas de drogadicción y trastorno mental y la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de tres años de cárcel; cinco años de libertad vigilada y cinco años de prohibición de aproximación en un radio inferior a 300 metros de la referida calle.

INDEMNIZACIONES

Los tres investigados, además, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a los hijos, madre y hermanos de la víctima con un total de 576.800 euros, según establece la sentencia fechada el día 12 de marzo y que es firme al haber mostrado las partes su deseo de no recurrirla una vez conocido el fallo.

Por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado que los hechos tuvieron lugar entre las 9,30 y las 10,00 horas del día 19 de abril de 2016, cuando los tres condenados se dirigieron al domicilio de la víctima, que era viuda de un hermano de las acusadas, por lo que la fallecida «les permitió la entrada en su vivienda a pesar de las desavenencias familiares que mantenían, principalmente por su condición de «paya» y por la educación y custodia» de la hija que había tenido con el hermano de las investigadas.

Una vez en el interior de la vivienda, y «con el propósito de acabar con la vida» de la mujer «o siendo conscientes del riesgo que creaban para su vida y de las altas probabilidades de producir su óbito, lo que les era indiferente», el varón condenado se «abalanzó» sobre ella, «uniéndose» las dos acusadas, «para propinarle una paliza».

GOLPES «CON UN OBJETO CONTUNDENTE»

Según recoge la sentencia condenatoria, los acusados la golpearon «violentamente» en los miembros superiores y en la cabeza y, «pese a los intentos de repeler los golpes», la víctima cayó al suelo, «momento en el que continuó el ataque con un objeto contundente y otro cortante con el que fue apuñalada con el claro propósito de asegurar la muerte de la víctima», lo que finalmente se produjo.

Seguidamente, los encausados abandonaron el lugar en un vehículo que solía utilizar el varón condenado, según indica la sentencia, que considera probado que el acusado, en el momento de los hechos y según el análisis de sus muestras de cabello, era consumidor habitual de cocaína y de benzoilecgonina, lo que afectaba levemente sus capacidades volitivas.

Por su parte, Rosa N.S., en el momento de los hechos, presentaba dependencia a la cocaína, lo que, unido a un posible trastorno mixto de personalidad y trastorno obsesivo, afectaba levemente sus capacidades volitivas, mientras que su hermana Carmen N.S., en el momento de los hechos, presentaba dependencia a la cocaína y al cannabis, lo que, unido a un posible trastorno de la personalidad no especificado, afectaba levemente sus capacidades volitivas y cognoscitivas.

Asimismo, la Audiencia aplica a los acusados la atenuante simple de dilaciones indebidas porque habrían transcurrido cuatro años y once meses desde la fecha de los hechos y el ya truncado inicio de la celebración del segundo juicio oral -en febrero de 2020 se celebró un primer juicio, dictándose una sentencia condenatoria que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)-, «sin que tales demoras se deban exclusivamente a acciones u omisiones de los acusados».

LA ANULACIÓN DEL JUICIO INICIAL

Tras la condena inicial de los tres acusados a 23 años de cárcel, el TSJA anuló el juicio con jurado popular del que derivaba la sentencia inicial, ante un recurso de los tres acusados por una «vulneración de las garantías procesales y en particular del derecho de defensa, como consecuencia de la decisión de la magistrada presidente del tribunal de no desvelar a los abogados defensores la identidad y domicilio de las testigos protegidos que identificaron a los acusados como las personas a las que vieron salir de la vivienda de la víctima.

Según zanjaba el TSJA, la «insuficiencia de la motivación del mantenimiento del anonimato de las testigos T1 y T3 durante el plenario incluso respecto de los abogados defensores; la inexistencia de medidas compensatorias para las defensas y la condena basada exclusiva o al menos indispensablemente en las declaraciones de dichas testigos», conducían a «una vulneración del derecho de defensa de los tres acusados, con la consiguiente declaración de nulidad del juicio oral, el veredicto y la sentencia, y la necesidad de repetición de la vista», extremo este último que había sido fijado precisamente para el viernes de esta semana.

El Juzgado de lo Social Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la denuncia interpuesta contra la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, por el despido de su asistenta de hogar, Simona Chambi.

La Sala ha tomado esta decisión tras desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva, estimar la excepción de caducidad del despido frente Rosell y desestimar la excepción de caducidad frente a Sosa, por lo que ha absuelto a los dos demandados de todo lo que se les acusaba.

De esta manera, se ha considerado probado que la mujer trabajó para Rosell entre el 24 de febrero de 2012 y el 20 de noviembre 2014 estando de alta en la Seguridad Social, y que solicitó la baja voluntaria del puesto para regresar a Bolivia, su país de origen. Mientras ella estaba en su país, continuó recibiendo de parte de Rosell entre 410 y 420 euros en los meses de diciembre de 2014 y enero, febrero, mayo y junio de 2015.

Chambi regresó a España el 12 de noviembre de 2015 y volvió a ser contratada de manera indefinida a tiempo parcial, aunque en esta ocasión por Carlos Sosa, mientras que el salario se le continuaba transfiriendo desde una cuenta de Rosell.

Ya con el estado de alarma por el coronavirus, el periodista envió un mensaje a la empleada el 13 de marzo del pasado año 2020 diciéndole que lo mejor sería que no fuera a trabajar por la situación, momento desde el que dejó de acudir al trabajo aunque continuó percibiendo la retribución mensual. Unos meses más tarde, el 25 de mayo de 2020, Chambi causó baja por incapacidad temporal durante aproximadamente unos 36 días.

Por su parte, el 26 de junio de 2020, Sosa acordó la extinción del contrato de la asistenta basado en el desistimiento del empleador y abonó a la trabajadora una indemnización de 833,34 euros.

No obstante, Chambi presentó la papeleta de conciliación en materia de cantidad el 8 de julio solicitando el abono de 11.797,17 euros, más del 10% de intereses, celebrándose un acto de conciliación el 23 del mismo mes.

Finalmente, el 20 de agosto, la empleada presentó papeleta de conciliación contra Rosell en la que pedía el reconocimiento de despido nulo o improcedente, presentando Chambi ese mismo día la denuncia por despido que ahora ha sido desestimada.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy «con rotundidad» que el Gobierno quiere agotar la Legislatura y ha precisado que la salida de Pablo Iglesias del Gobierno «no variará el rumbo» del Ejecutivo. Además, ha calificado de «corrupción» lo que considera «transfuguismo» de tres diputados de Ciudadanos en Murcia para hacer fracasar la moción de censura presentada por el PSOE y el partido naranja.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha recordado la decisión anunciada ayer por parte del vicepresidente segundo del Gobierno de abandonar el Ejecutivo para concurrir a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid que tendrán lugar el próximo 4 de mayo.

Pero esta decisión no modificará los planes del Gobierno, ni de llevar a cabo el acuerdo alcanzado con Podemos para gobernar, ni de agotar la Legislatura. «Rotundamente no», ha respondido la Portavoz del Ejecutivo cuando la han preguntado si la salida de Iglesias podría suponer que la Legislatura no se agotara. Ha alegado, en este sentido, que aún tienen «mucha tarea pendiente», entre la que ha citado la lucha contra el virus y retomar el crecimiento que estaba teniendo la economía española antes de la pandemia.

«EL ACUERDO ESTÁ DE RABIOSA ACTUALIDAD»

De hecho, ha insistido en la «necesidad de seguir caminando juntos» –en relación a Podemos– para lograr esos objetivos, «a pesar de las discrepancias lógicas entre los dos socios». Según la Portavoz, la salida del líder morado no tiene por qué implicar ningún cambio en la realación entre las dos fuerzas políticas ya que «está vigente la hoja de ruta de las dos formaciones» y del acuerdo que alcanzaron para formar Gobierno y que, ha puntualizado, fue muy «meditado».

En este sentido, ha recordado que tanto el presidente Pedro Sánchez como el propio Pablo Iglesias han transmitido que el acuerdo «está en vigor, de rabiosa actualidad» y se seguirá ejecutando en todas las áreas a las que afecta entre las que ha citado la vivienda, la protección social, la reforma laboral o el acuerdo de pensiones, entre otros, así como la ejecución del reparto de los fondos eropeos. «No esperamos una relación distinta», ha remachado.

Por lo tanto, ha señalado, los cambios en el Gobierno no harán que éste varíe el «rumbo» que está expresado «muy claro» en el acuerdo que firmaron las dos formaciones del Ejecutivo de coalición, el PSOE y Unidas Podemos. Este rumbo, según la Portavoz del Ejecutivo consiste en «no dejar a nadie atrás» mediante las medidas que se están adoptando para minimizar el impacto económico y social que tiene la pandemia en la población.

Al hilo de esta afirmación, ha recordado que las medidas adoptadas hasta ahora han supuesto movilizar recursos que equivalen al 20 por ciento de Producto Interior Bruto (PIB), la última de ellas, según ha recordado, fue la acordada el pasado viernes para reforzar la solvencia de las empresas y está dotada con 11.000 millones, 7.000 de ellos en ayudas directas.

HACE UNA LLAMADA A TENER EN CUENTA LA REALIDAD DE LOS CIUDADANOS

Al hilo de las novedades informativas de los últimos días, Montero ha afirmado que la actualidad va a un «ritmo vertiginoso» y no da tiempo a «digerir» una información cuando ya hay otra que se solapa.

Pero según ha afirmado, «esa actualidad justifica hacer una llamada a la realidad que viven los españoles» y es, según ha precisado, que la vida de los ciudadanos «lejos de lo que aparece en los titulares de prensa» está atravesada por la «dureza de la pandemia», que está produciendo sufrimiento en los ciudadanos por los fallecimientos y los enfermos que provoca el virus, pero también por las consecuencias que ha traído en materia económica y social.

LAMENTA QUE ALGUNOS PARTIDOS BUSQUEN BENEFICIO EN LA DIVISIÓN

Ha recordado también que este domingo pasado se cumplió el primer año desde que se decretó el estado de alarma y esta introducción la ha servido para apuntar que «lamentablemente» algunos partidos creen que la «polarización y la división» les beneficia.

Montero hacía referencia así a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de convocar elecciones anticipadas para el 4 de mayo, aunque sin mencionarla expresamente, a raíz de la moción de censura que presentó el PSOE en Murcia junto con Ciudadanos para desplazar al PP de ese gobierno autonómico.

Pero tras la decisión de tres diputados de Ciudadanos de no respaldar esa moción, ha dejado claro que «este Gobierno considera que es de una gravedad extrema las prácticas de transfuguismo», que ha calificado de «corrupción» y que, según ha dicho «nada favorecen a la calidad democrática».

Y apelando al PP, aunque sin citar a este partido, ha dicho que se espera de las fuerzas políticas que tienen funciones de Gobierno «un compromiso real y no impostado con los valores democráticos».

Montero considera que no atender a los pactos antitransfuguistas que vinculan a los partidos «no es la mejor carta de presentación» y ha instado a los populares a que sean ejemplares.

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado a un hombre a una pena de siete años de prisión, por un delito de asesinato en grado de tentativa, al intentar matar en julio de 2019 en el domicilio conyugal de Portugalete a su entonces mujer, de 63 años, a la que propinó varios golpes en la cabeza con una porra de defensa, que tenía en su poder ya que era vigilante de seguridad, y a la que acuchilló. La víctima peleó con su agresor, del que logró zafarse, y pidió auxilio a una vecina, que alertó a la Ertzaintza.

El tribunal aplica las circunstancias agravantes de parentesco, de cometer el delito por razones de género y la atenuante muy cualificada de embriaguez. Además, le prohíbe acercarse a su mujer a una distancia inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre o frecuente. El acusado también tiene prohibido comunicarse con la víctima por cualquier medio o procedimiento por plazo de quince años.

Una vez cumplida la pena privativa de libertad, la sentencia impone al acusado la medida de libertad vigilada, consistente en el sometimiento a un tratamiento médico de deshabituación externo por plazo de cinco años, ya que presenta un trastorno por consumo perjudicial de alcohol, con patrón de dependencia.

Además, éste tendrá que indemnizar a su mujer en la cantidad de 1.020 euros por las lesiones sufridas, 3.800 euros por las secuelas y 25.000 euros por los daños morales.

HECHOS PROBADOS

La resolución judicial considera probado que, a fecha de julio de 2019, cuando ocurrió el intento de asesinato, el acusado convivía con su mujer y uno de sus hijos en Portugalete. En los dos últimos años de convivencia, la relación se encontraba deteriorada, se habían planteado la posibilidad de divorciarse un año antes de los hechos, pero no continuaron adelante con los trámites y siguieron conviviendo en el domicilio familiar, haciendo vidas separadas.

Sobre las 15.15 horas del 4 de julio de 2019, la mujer, tras llegar de hacer la compra, se dirigió a la habitación a cambiarse de ropa, momento en el que su marido aprovechó que ésta se encontraba de espaldas para propinarle cinco o seis fuertes golpes en la cabeza con una porra de defensa de 48 centímetros de longitud, que tenía con motivo de su profesión de vigilante de seguridad.

La víctima, que empezó a sangrar por la zona de la cabeza, consiguió volverse y al ver que él tenía aún la porra en la mano, intentó quitársela para evitar que la siguiera golpeando. Se produjo un forcejeo con la porra y ella, para liberarse, le propinó una patada en la zona de los genitales.

En el transcurso de la pelea, el acusado agarró a su esposa con fuerza por los brazos, cogió un cuchillo de 21,5 centímetros de largo y hoja de 9 centímetros, y lo dirigió directamente al cuello de su mujer, propinándole una primera cuchillada que le impactó en la zona de la barbilla. Acto seguido, se lo clavó en el cuello, lo que provocó que la víctima empezara sangrar abundantemente también por esta zona.

La mujer, para salvar su vida, intentó quitarle el cuchillo, lo que consiguió, momento en que éste le mordió la mano y en el brazo, pese a lo cual ella no soltó el cuchillo y a gritos pidió auxilio diciendo «que me mata, que me mata, llama a la policía que me quiere matar», dirigiéndose a su vecina.

SOCORRIDA POR UNA VECINA

La mujer se fue poco a poco escurriendo por la puerta de la cocina que da a un patio interior, donde fue socorrida por una vecina del patio colindante. La vecina, que la oyó pedir auxilio, llamó a la Ertzaintza, por lo que agentes acudieron pocos minutos después.

Como consecuencia de la acción, la víctima, de 63 años de edad, sufrió diversas lesiones que precisaron para su cura, además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico-quirúrgico.

No se vieron comprometidos órganos vitales, aunque la localización de algunas de las heridas (región cervical y cabeza) y la afectación vascular que se produjo en la herida cervical y que requirió de contención mediante un punto de hemostasia, «son indicadores de un riesgo potencial para la vida de la agredida, por subyacer en estas localizaciones órganos vitales y estructuras vitales».

El período de estabilización fue de 18 días y, como consecuencia de los hechos, la víctima muestra una reacción emocional «compleja. compatible con un trastorno por estrés postraumático complejo, propio de las vivencias cronificadas de violencia». Además, precisa tratamiento psiquiátrico.

El periodista y escritor Xavier Bosch ahonda en el amor fraternal entre tres hermanos y en el «escándalo» del negocio de los bebés robados en España hasta 1990 en su última novela ‘La dona de la seva vida’, publicado por Columna Edicions en catalán y por Ediciones Destino en castellano.

En rueda de prensa este martes, ha explicado que la novela propone una doble trama que ha escrito desde el amor y la rabia: una, plasma la relación entre hermanos que tienen miradas divergentes sobre la vida, y otra investiga una de las verdades «más escondidas en Catalunya y España», que ha afectado hasta 300.000 familias en la historia reciente, según él.

La trama arranca cuando uno de los hermanos Estrada, Joel, que está inmerso en una investigación para un documental de niños robados, descubre una historia que pondrá en peligro la estabilidad familiar y la de sus otros dos hermanos, Raimon y Victoria.

Así, Bosch se sumerge en la investigación y el misterio sobre una verdad oculta que, explicando casos reales desde la ficción, condena de forma contundente los casos de bebés secuestrados en los últimos 50 años en España y la «cultura de silencios y complicidades inexplicables.

ROBO DE RECIÉN NACIDOS «EN DEMOCRACIA»

Para el autor, el negocio de los bebés robados ha sido, en sus palabras, una práctica muy común en el España, y ha acusado a Fiscalía y administraciones de «mirar hacia otro lado» por no haber creado aún un banco de datos que permita buscar los hijos que fueron usurpados de sus senos familiares durante el franquismo.

Ha recordado que desde la ONU se especifica que el robo de menores es un ‘crimen contra la humanidad’ y un delito que no puede prescribir, y ha alertado de que en España «sí prescriben» y los responsables quedan, en la gran mayoría de casos, impunes.

Ha lamentado que los casos de bebés robados en un mundo poco explorado y silenciado por contar, dice, con la complicidad de los medios de comunicación y de las estructuras de poder: «Los medios tampoco hemos hecho los deberes con este asunto, y han sido cómplices de este secuestro perpetuo.

Así, ha urgido a la opinión pública a desvincular esta lacra de únicamente «monjas y dictadura, porque también ha pasado en democracia y en estamentos públicos», ha señalado.

Ha explicado que su interés por este tema nació en 2012, cuando el programa ‘Ágora’ -del que era presentador– dedicó un capítulo al «escalofriante» negocio de los bebés robados, que recogía el testimonio de una familia cuyo caso fue archivado por la justicia.

Después del proceso de investigación, Bosch empezó a escribir la novela en diciembre de 2019 y desarrolló casi la totalidad de la obra durante el confinamiento domiciliario decretado a raíz del coronavirus, algo que recuerda como «una liberación para no pensar» en las limitaciones y el impacto de la pandemia.

MIRADA «IMPLACABLE» SOBRE LA INTIMIDAD

Por su parte, la editora de Columna, Gloria Guasch, ha reivindicado la madurez literaria de Bosch y su «experiencia en las relaciones humanas para construir las intimidades, su mirada implacable y realista en el mundo de la pareja, la intimidad y la química del amor», algo que afirma que se refleja en la novela.

Ha destacado que la trama evidencia la importancia de poner al periodismo de investigación al servicio de la sociedad para desvelar «una de las verdades más oscuras de la sociedad española, que aún no ha sido resuelta».

Con ‘La dona de la seva vida’ Bosch vuelve al mundo de la novela literaria después de ‘Algú com tu’, con el que se alzó con el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2015, ‘Nosaltres dos’ y ‘Paraules que tu entendrás’, publicados por Grup 62.

El Papa ha hecho hincapié en la «aportación determinante» que jugarán las mujeres en el mundo post-covid al tiempo que ha manifestado que la humanidad no puede seguir «aceptando la desigualdad y el desgaste del medio ambiente».

«Si somos hábiles al incluirlas en los procesos, podrán dar aportaciones determinantes», ha dicho el Papa en relación al papel decisivo que ocupará la mujer en la reconstrucción social tras la pandemia.

Francisco ha apostado nuevamente por un modelo de «desarrollo sostenible» que se implemente tras la pandemia del Covid-19 en el nuevo libro del vaticanista del diario italiano ‘La Stampa’, Domenico Agasso. «En la vida hay momentos de oscuridad. Muchas veces pensamos que no nos puede pasar a nosotros, sino a otras personas, en otros países», ha considerado el Papa tras constatar que finalmente «hemos acabado todos en el túnel de la pandemia».

En el extracto del libro-entrevista adelantado por el diario italiano, el Papa ha defendido que «dentro de tanto dolor, se pueden encontrar signos de reconstrucción». «La pandemia es una señal de alarma. Este tiempo de prueba puede convertirse en un momento para hacer elecciones certeras por el bien de toda la humanidad», ha explicado.

El Papa ha aseverado que «no se puede seguir admitiendo que se fabrique y trafique con armas, gastando cantidades ingentes de dinero que deberían usarse para curar a personas y salvar vidas». «No se puede seguir dejando de lado que existe un círculo vicioso formado por violencia armada, pobreza y explotación desenfrenada del medio ambiente», ha agregado.

Para el Papa, este es «un círculo que impide la reconciliación, alimenta la violación de los derechos Humanos y obstaculiza el desarrollo sostenible». Contra esta realidad que está «asfixiando el futuro de la humanidad», Francisco ha apuntado, además, que es necesario «una acción política fruto de la concordia internacional. Fraternalmente unidos, los seres humanos son capaces de afrontar los problemas comunes». «Si esto no se hace, antes o después acabaremos por destruir el planeta», ha recalcado.

Para el pontífice el camino de la salvación de la humanidad pasa por la «reflexión de un nuevo modelo de desarrollo que ponga como factor indiscutible la armonía entre los pueblos y la creación. Siendo conscientes de que cada acción individual no queda aislada, para bien o para mal, sino que tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado».

La Audiencia de Cantabria ha confirmado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que acordaba seguir las actuaciones contra los exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y a Alejandro Rojo, imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con supuestas irregularidades en contratos de obras en la pasada legislatura al considerar que había «indicios razonables de criminalidad».

En una resolución recientemente notificada y que no puede ser recurrida, la Sección Primera de la Audiencia ha rechazado de este modo los recursos presentados por las dos personas investigadas en la causa, Alejandro Rojo, exdirector gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), y exsubidector de Gestión Económica, Francisco Javier González, al entender que sí existen hechos que indiciariamente pueden constituir delito.

Además, también desestima el recurso formulado por el Ministerio Fiscal que pretendía incluir en los hechos susceptibles de enjuiciamiento las obras de ampliación del Hospital Virtual, según ha informado en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según se desprende del auto de la Audiencia, «sin perjuicio de lo que a la luz de la prueba que se practique en el acto del juicio pudiera resultar, los hechos por los que se acuerda seguir el procedimiento y su carácter, en principio, susceptible de ser encuadrado en el delito de prevaricación, constan suficientemente fundados en términos indiciarios».

En este punto, alude la Sala a los documentos aportados en la causa, como el informe elaborado por el instructor del expediente que se siguió en la Consejería de Sanidad que, según indica el auto, «apunta ya que las tres empresas adjudicatarias de dichas obras tienen unas mismas personas de contacto responsable, apreciándose insuficiencias en el soporte documental justificativo del gasto».

También alude al informe definitivo de la Intervención General del control financiero permanente de contratación administrativa que «expresamente hace constar que además de estar las propuestas formuladas por un órgano no competente» y de contener «contradicciones entre los plazos indicados de ejecución y los de las memorias», «estima que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato».

A ello, suma el tribunal el hecho de que el SCS tenía concertado un servicio de mantenimiento integral de todos los centros adscritos a la Gerencia de Atención Primaria, «cuyo objeto lo constituía precisamente el mantenimiento de todos los centros de salud».

DESESTIMADO EL RECURSO DE FISCALÍA

Por otro lado, el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirió el Partido Popular, que está personado como acusación en la causa, también ha sido desestimado por diferentes motivos.

Respecto a él, la Audiencia ha señalado que, «pese a la evidencia de las irregularidades en la tramitación administrativa de la contratación puestas de relieve por el interventor general» y «pese a que no se puedan negar ciertas sospechas e en sentido apuntado por el Ministerio Fiscal, no cabe apreciar la existencia de indicios sólidos de que efectivamente haya habido un fraccionamiento contractual».

En este sentido, ha aludido al informe de Intervención que expresamente señala que «a pesar de que los cuatro contratos tenían como objeto la realización de obras en el edificio, en ningún momento se fraccionó el contrato con la finalidad de disminuir la cuantía o eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación».

«La tramitación de estos expedientes como contratos menoresindividualizados se acordó porque se plantearon y analizaron como obrasdiferenciadas con aprovechamientos separados y sustantividad propia quepermitían una ejecución por separado», señala el informe de Intervención y reproduce el auto de la Audiencia.

Junto a ello, explica el tribunal que en este momento procesal, en el que se dicta el auto de procedimiento abreviado, no sólo basta con determinar los hechos punibles, sino que además hay que identificar a las personas a las que se les imputan tales hechos.

En este sentido, a su juicio, «no se contiene dicha determinación en el escrito de recurso del Ministerio Fiscal ni tampoco en el de adhesión por parte de la representación procesal del Partido Popular, limitándose a pedir la inclusión de los hechos referidos al Hospital Virtual pero sin concretar a qué personas se les imputan».

Por ello, en el auto se señala que, «conforme a lo razonado y faltando la imprescindible determinación subjetiva, lo procedente es el rechazo del recurso».