La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha considerado incomprensible este lunes que ERC ponga "ultimátums" para lograr un acuerdo antes del 1 de mayo, algo que asegura que no se les ha trasladado en las reuniones que han mantenido hasta ahora.

"Nos sorprende y vemos incomprensible el doble discurso que a veces hace ERC. Se pone un ultimátum, pero en privado no se nos ha trasladado nada de esto, ni ha salido el tema", ha recalcado en rueda de prensa telemática.

Para Artadi, es extraño que estén trabajando y manteniendo reuniones con ERC en el Parlament, y que se pongan fechas límite cuando "aún no se ha convocado el grupo de trabajo sobre el ámbito económico ni se ha dado retorno del capítulo más institucional", entre otras cuestiones.

"Hasta mañana no tendremos una explicación completa de cómo se prevé la estructura del Govern", ha apuntado Artadi, que ha explicado que la reunión prevista el martes entre el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el candidato de ERC, Pere Aragonès, en Lledoners es para abordar este aspecto.

Tras concretar que los republicanos les pidieron hacer esta reunión de manera presencial, ha recordado que en una reunión, celebrada el 16 de abril, ya reclamaron a ERC "más detalles" sobre la futura estructura del Govern, más allá de la voluntad de crear tres nuevos departamentos.

"UNA REUNIÓN MÁS"

Con voluntad de ir a escuchar, Artadi ha enmarcado el encuentro del martes en Lledoners en "una reunión más" de las que han mantenido hasta ahora, y ha defendido que las negociaciones entre ambos partidos avanzan pero que aún quedan aspectos por cerrar.

"En cada reunión se está más cerca de hacer Govern. Queda un mes, somos conscientes de ello. Nuestro compromiso es no ir a elecciones, y a falta de un mes seguimos trabajando con toda la intensidad y voluntad política para que haya este acuerdo", ha sostenido.

Además de apelar de nuevo a la discreción en las negociaciones, Artadi ha recalcado que el mandato de Junts es seguir explorando un acuerdo con ERC, y ha emplazado a preguntar a ERC qué pasará si no lo cierran antes del 1 de mayo.

"Si en algún momentos ERC pone este ultimátum de manera formal y seria, veremos a qué se refieren por explorar otras vías", ha indicado Artadi, que ha insistido en la disposición de Junts a quedar fuera del Govern si no logran un buen acuerdo con ERC.

ELECCIONES EN MADRID

A falta de poco más de una semana para las elecciones en la Comunidad de Madrid, la vicepresidenta de Junts ha asegurado que no se sienten condicionados en las negociaciones "por las elecciones en una autonomía española", y que pese a la repercusión mediática que tienen, no están afectando a las posiciones que defienden.

"Tampoco vemos diferencias entre los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Más allá de las palabras, que se las lleva el viento, no hay ningún hecho. Lo hemos visto con el Tribunal de Cuentas", ha lamentado Artadi, después de que haya citado el próximo 29 de junio a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otros dirigentes del Govern, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente se desvió a las delegaciones catalanas en el exterior y al Diplocat.

"Una vez más constatamos que no hay ningún cambio en la represión del Estado. Todas las promesas de desjudicialización, de solución al conflicto y de cambio, no existen para nada. La represión sigue imparable. Es la manera que tiene de negociar el Estado, y es la propuesta que tiene para Cataluña", ha reprochado.

Así, ha reclamado de nuevo unidad al independentismo y que "la única solución política es la amnistía para los presos y para todos los represaliados".

El PSOE defenderá este martes en el Congreso una iniciativa con la que pide reformas en la legislación electoral para limitar los efectos del transfuguismo político en los ayuntamientos, al tiempo que aboga por sumar más partidos al pacto suscrito en 1998 y a la comisión que vigila su cumplimiento.

Se trata de una proposición no de ley que se debatirá este martes en la Comisión de Política Territorial y que el PSOE registró el pasado mes de noviembre, es decir meses antes de que la comisión de seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo se reuniera recientemente en el Congreso para analizar principalmente las fracasadas mociones de censura presentadas el pasado mes de marzo en Murcia y Castilla y León.

En dicho encuentro, todos los partidos presentes, salvo el PP, señalaron como "tránsfugas" a los tres diputados de Ciudadanos que, tras pactar con el PP, hicieron fracasar la moción de censura que su partido y el PSOE presentaron en la Asamblea de Murcia contra el Gobierno de Fernando López Miras. Ahora será un grupo de expertos independientes el que determine la concurrencia o no de transfuguismo ante la falta de unanimidad.

En la iniciativa, el PSOE sostiene que el fenómeno del transfuguismo político está adquiriendo unas dimensiones que la experiencia configura como "un profundo problema político" por los "efectos inmediatos" que provoca.

De ahí que vea necesaria "una vuelta a la lealtad política recíproca" para limitar dichas conductas reprobables, que en el último año ha afectado a diferentes formaciones políticas tanto en grandes ciudades, como en Málaga o Tenerife, como en pequeñaslocalidades, como Cástrelo de Miño en la provincia de Ourense.

REUNIONES PERIÓDICAS

Así las cosas, los socialistas instan al Gobierno a trabajar por reactivar el Pacto Antitransfuguismo para que apruebe un acuerdo sobre un código de conducta política, "en un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad, por latransparencia y por la calidad democrática de nuestras instituciones". En este sentido, buscan que se promuevan reformas electorales que limiten las consecuencias del transfuguismo en las corporaciones locales.

De la misma forma, abogan por impulsar la celebración de reuniones "periódicas" de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo con el fin de que no transcurran períodos de tiempo dilatados que impidan un correcto seguimiento de los casos problemáticos, y actualizar la composición de dicho órgano para que participen en él el mayor número de partidos políticos posible.

Los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo suponen aproximadamente un 80% de representación del Congreso y el Senado: PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, PRC, Galicia en Común, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a 15 años y tres meses de cárcel a Jesús R.M., el varón acusado de matar en octubre de 2018 a un hombre en Écija tras dispararle con una escopeta para la que carecía de licencia, una resolución que condena a penas de entre dos años y medio y cuatro años de prisión a tres miembros de la familia del encartado juzgados junto al mismo, por delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones con uso de arma, a cuenta de unos hechos en los que resultaron lesionados otros seis miembros de la familia de la víctima.

En la sentencia, fechada el día 20 de abril y difundida por el TSJA, el tribunal desestima los recursos de apelación formulados por la acusación particular -a la que se adhirió la Fiscalía- y las defensas de los cuatro encausados, entre ellos Jesús R.M., condenado a 14 años por un delito de homicidio sobre Manuel Reyes; a un año y tres meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y al pago de una multa de 5.400 euros y la prohibición durante seis meses de comunicarse o aproximarse a menos de 300 metros de las seis personas que resultaron lesionadas por seis delitos de lesiones leves.

Y es que los hechos, acontecidos el 22 de octubre de 2018, se encuadran en un conflicto entre dos familias en una finca ubicada en Écija propiedad de la familia de los acusados.

LOS DEMÁS CONDENADOS

En ese sentido, la Audiencia condenó a José Manuel R.P. y a Manuel R.M., por un delito de lesiones con uso de arma, a cuatro años de cárcel y a la prohibición durante seis años de comunicarse o aproximarse a menos de 300 metros de uno de los lesionados, mientras que impuso al cuarto acusado, José Manuel R.M., un año y tres meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y otro año y tres meses de cárcel y la prohibición durante cuatro años de comunicarse o aproximarse a menos de 300 metros de los seis afectados por un delito de amenazas.

En concepto de responsabilidad civil, el principal condenado, Jesús R.M., fue condenado a indemnizar a los familiares cercanos de la víctima en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia y con 21.312 euros a cinco de las personas lesionadas, mientras que, de forma conjunta y solidaria con los otros tres condenados, indemnizará con 2.979 euros al sexto de los agredidos.

En su recurso de apelación, la defensa del principal acusado alegó ocho motivos distintos, si bien el TSJA desestima íntegramente su recurso y argumenta que el veredicto del jurado popular y la sentencia dictada por la Audiencia se basan en "las numerosas pruebas practicadas en el acto de juicio oral y a los elementos de convicción atendidos".

Según el TSJA, con lo actuado "ha quedado superado y enervado el derecho constitucional a la presunción de inocencia del acusado", mientras que la valoración de las pruebas "no ha sido ilógica, incoherente o irracional".

DESCARTA "ARREBATO"

En relación a la inaplicación de varias circunstancias eximentes o atenuantes, como la de arrebato como muy privilegiada, el TSJA se remite a "la falta de prueba de alteración de facultades mentales a consecuencia de una presunta agresión ilegítima no acreditada o por la inicial discusión entre los dos grupos de personas que hubiera provocado un estado pasional de arrebato", todo ello "al no haberse declarado acreditado, ni la débil personalidad del acusado ni el pánico que se alega debió sufrir, ni la perturbación mental que le pudiera suponer un enfrentamiento, que, siendo inicialmente verbal en relación a un incidente anterior, provoca la muerte de una persona y lesiones a otras por su actuación declarada probada de coger el arma de fuego y disparar en tres ocasiones, al tiempo que se acercaba a donde se encontraban los agredidos".

"Mal casa todo ello con la circunstancia alegada de arrebato, valorada en íntima relación con las pretendidas de legítima defensa y trastorno mental transitorio", pone de manifiesto el TSJA, que, en relación a la legítima defensa, argumenta que, "del relato de hechos declarados probados no puede desprenderse la existencia de una agresión ilegítima por el solo hecho de que un grupo de personas vaya a visitar a otro grupo de personas a la finca de ésta en conexión con una discusión o altercado anterior, y sin portar ningún tipo de arma".

"Falta, por ausencia de acreditación bastante, el elemento nuclear de la eximente de legítima defensa, esto es, la agresión ilegítima", subraya el tribunal.

El TSJA rechaza igualmente los recursos presentados por las defensas de los otros tres condenados y por la acusación particular, que entre otras peticiones solicitó la condena del principal acusado por un delito de asesinato -y no de homicidio- al entender que en los hechos concurrió la alevosía traicionera o la sorpresiva, rememorando que el jurado popular "excluyó de forma clara y terminante" tal extremo, "razonándolo de forma coherente y lógica".

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que está centrada en sus tareas ejecutivas y no se va a "distraer" con la posibilidad de ser la próxima candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno. También ha dejado claro que si finalmente opta por liderar la futura lista electoral a los comicios generales, lo comunicará primero en el seno de su espacio político.

En declaraciones a la Sexta, ha señalado que agradece la confianza que ha depositado en ella el exvicepresidente y secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, al proponerla como futura candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, pero ahora está "trabajando de lleno" en la mayor crisis económica y social.

"No me voy a distraer. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. También digo que si cambio de opinión y decido, no sustituir a Iglesias, sino dar un paso al frente para liderar un proyecto político y presentarme a las elecciones. En primer lugar le daría la palabra a los militantes de los partidos que conforman este espacio, por razones obvias, y por supuesto, comparecería para hacerlo público", ha desgranado Díaz.

Tras recalcar que no va a comentar nada de las conversaciones que ha mantenido con Iglesias sobre este asunto, Díaz ha insistido en que en el seno de Unidas Podemos son conscientes de que ahora está centrada en el Gobierno. "No estoy en esto", ha reiterado.

COMPROMISO DE ENSANCHAR UNIDAS PODEMOS

Eso sí, es consciente que "en la vida la política te coloca" y, después de relatar que no quiso ser ministra en el Gobierno de coalición, la vicepresidenta ha indicado que quiere "ser justa" y si toma la decisión de ser candidata a la Presidencia del Gobierno lo comunicará antes en el seno de Unidas Podemos.

Sobre si piensa que tendrá que adelantar esa decisión ante la posibilidad de que la coalición se rompa antes de terminar la legislatura, la ministra de Trabajo ha opinado que existe una teoría extendida dentro de la politología que alude a esa tesis, pero que en su caso va a colaborar para que "no sea así" está convencida de se pueden "hacer las cosas de otra manera, cooperando". De hecho, ha remarcado que lo que sucede en Madrid ahora con las fuerzas de izquierda, con una colaboración frente a Vox, debe alumbrarles en este sentido.

Más allá de su futuro político, Díaz se ha comprometido a contribuir, auque no se presente a las elecciones, a "ensanchar" el espacio político de Unidas Podemos, desde la "convicción" de que España necesita un proyecto como este. "Voy a cuidar la coalición y voy a ensanchar mi espacio político, porque creo que podemos crecer, y mucho", ha zanjado.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha denunciado este lunes durante un mitin que las amenazas como la que ha recibido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de una navaja, se producen por los "discurso de odio" como los de Vox, y ha avisado además al PP de que la "indiferencia es criminal".

"A todo delito de odio lo precede un discurso de odio", ha afirmado la dirigente socialista, tras enterarse durante su intervención del nuevo incidente. "Desde aquí, al fascismo: No vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia", ha sentenciado.

Lastra ha traslado el apoyo del PSOE a Maroto así como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al líder del Podemos, Pablo Iglesias, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que también recibieron amenazas la semana pasada. "Los demócratas somos más, y los vamos a parar en las urnas, el 4 de mayo", ha asegurado.

"Ya se están pasando, hay que frenarlos. Llamo a todo el pueblo de Madrid frente a las amenazas, frente al fascismo, frente al miedo", ha proclamado, antes de alertar de que "el discurso del odio va aumentando a cada día que pasa".

Y además, ha avisado de que, ante este tipo de amenazas, no se puede mantener la equidistancia. "Frente a aquellos que frivolizan, frente a aquellos que son equidistantes, que muestran indiferencia con lo que está pasando, yo les digo que hay veces que la indiferencia es criminal", ha denunciado.

No hay un término medio frente a la amenaza, frente a aquellos que persiguen a los adversarios políticos, frente a aquellos que persiguen a la gente que en este país se deja lo mejor para que nuestro país avance", ha avisado.

"HAY QUE MOJARSE EL 4M"

En este punto, Lastra ha defendido que para frenar "el miedo" y el "temor" hay que votar al PSOE. "Animo a todos los demócratas de Madrid y a los que creen en los valores de la Constitución y la justicia social. Hay que mojarse el 4M", ha afirmado.

"Yo estoy harta de que estos fascistas nos digan a los demócratas que nos vayamos de España. ¿Qué país quieren construir si solo caben ellos?", se ha preguntado. "Ningún país, ninguna comunidad, ningún futuro, se puede construir sobre la exclusión, el temor, el silencio o la amenaza", ha afirmado.

Lastra también ha advertido de que Madrid no se puede convertir "en la primera capital de Europa donde gobierne la extrema derecha. "Por eso hoy llamo a todos los que se oponen al odio a que vayan a votar", ha demandado.

"Hay mucho en juego, no se trata solo de Madrid, ni siquiera se trata de España. Se trata de la democracia. Se trata de nuestra libertad y de la convivencia", ha enfatizado.

"LA DERECHA PISOTEA LA LIBERTAD"

La intervención de Lastra se ha enmarcado en un mitin que ha celebrado el PSOE en Ferraz para defender la diversidad, con el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y otros integrantes de su lista, como la 'número dos', Hana Jalloul, o Carla Antonelli.

Antes de que le pasaran una nota informándola de la amenaza que ha recibido Maroto, la 'número dos' del PSOE ha defendido que el PSOE ha estado siempre en la lucha por la diversidad. De hecho, ha asegurado que "todos y cada uno de los avances en derechos y libertades" llevan las siglas del PSOE. "Justicia y libertad, esa es nuestra bandera", ha apostillado.

"Ahora buscad una sola ley de reconocimiento de derechos y libertades que haya traído la derecha: no hay ni una sola. En más de 40 años, la derecha no ha traído a este país ni un solo avance en derechos y libertades. Usan la palabra libertad para despistarnos mientras pisotean su verdadero significado", ha denunciado.

También ha acusado al PP y Vox se ser lo mismo en este sentido. "Tanto monta, monta tanto, son lo mismo", ha afirmado, tras recordar que recientemente votaron "en contra de educar en la diversidad". "Votaron en contra de la diversidad", ha rechazado.

Por ello, ha criticado que "no se puede defender la libertad mientras se pretende obligar a las personas a ser lo que no son, a esconder lo que sienten o a amar a quien no aman". "Eso es atacar la libertad, y es lo que hace la derecha", ha avisado. "Pisotean la libertad", ha enfatizado.

Por último, ha avisado de que, ante esto, el PSOE no va a "agachar la cabeza". Nunca nos rendiremos frente a la injusticia, la desigualdad, ante la discriminación, el desprecio a la diferencia y la opresión. Nunca nos rendiremos. Este partido, no", ha asegurado.

Fundación Naturgy ha beneficiado a 1.745 familias vulnerables a través de su Fondo Solidario de Rehabilitación Energética, creado hace dos años para mejorar la eficiencia de las viviendas y la calidad de vida de las personas que más lo necesitan.

Los recursos destinados hasta ahora a este programa social para abordar la pobreza energética ascienden a 4,3 millones de euros, que han permitido realizar mejoras en materia de rehabilitación, equipamiento y eficiencia energética en viviendas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, explica que "al menos dos tercios de las familias vulnerables del país viven en edificios de 25 años o más, cuando todavía no existían normativas de eficiencia para la construcción".

"Esta situación impide que miles de familias puedan mantener una temperatura adecuada en su hogar, lo que hace que sea vital acometer rehabilitaciones energéticas, y por ello desde Fundación Naturgy estamos muy focalizados en este programa", afirma Coronado.

Este fondo solidario es una de las principales iniciativas sociales que desarrolla la fundación en el marco del Plan de Vulnerabilidad Energética de Naturgy y está alineado con las recomendaciones de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.

En esta hoja de ruta, el Gobierno español establece la rehabilitación energética de viviendas como una de las líneas de actuación a corto, medio y largo plazo, para abordar esta problemática de forma estructural.

La Unión Europea también apuesta por la rehabilitación energética como una de las principales medidas para abordar la pobreza energética y para contribuir también a los objetivos del Pacto Verde Europeo, según detalló la directora de Mercado Interior de la Energía de la Comisión Europea, Catharina Sikow, en la presentación del libro 'Pobreza Energética en Europa: un análisis comparativo', publicado por Fundación Naturgy. En este estudio, los países analizados coinciden en la necesidad de abordar la pobreza energética a través de la mejora de la eficiencia y la rehabilitación de las viviendas.

El tipo de actuaciones se distribuyen de la siguiente forma: la reparación o sustitución de calderas y de otros sistemas de calefacción, agua caliente y eléctricos representó un 38%; la sustitución de luminarias por tecnología led supuso el 29% de las intervenciones; el 20% correspondió a la sustitución de carpinterías y ventanas, y al asilamiento de techos y paredes; la instalación de electrodomésticos eficientes fue un 13% de las intervenciones.

Para llevar a cabo este proyecto, Fundación Naturgy colabora con entidades del Tercer Sector, a través de las cuales tiene acceso a las familias vulnerables y puede realizar las auditorías energéticas necesarias para definir las actuaciones a realizar.

Las actuaciones realizadas hasta ahora se han gestionado de la mano de Cáritas, Cruz Roja, Foment de l'Habitatge Social, Hàbitat 3, Fundación para la Caridad de la Construcción, Fundación Mambré, Fundación Tengo Hogar, Accem ONG, Fundació Roure, CEAR, Fundación Isadora Duncan, Fundación Trilema, Fundación La Vinya, Asociación proyecto Confianza, Fundación Domus Misericordiae Sant Josep, Fundación Casa de María Reina de la Paz y Fundación Gil Gayarre.

"La colaboración con la Fundación Naturgy es fundamental para mejorar el comportamiento energético de las viviendas que gestionamos", subraya el director general de Fundación Hàbitat 3, Xavier Mauri. "Las intervenciones realizadas han reducido el importe de las facturas de suministros que pagan las familias y han mejorado el confort térmico, lo que nos permite hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible para las personas en situación más vulnerable", según Mauri.

"Con la inestimable ayuda de Fundación Naturgy, hemos podido hacer reformas puntuales en 40 viviendas del barrio de pescadores de la Barceloneta, en Barcelona", añade la impulsora de la Asociación Casa de María Reina de la Paz, Ana Conill.

"Esta ayuda ha permitido que las personas necesitadas del barrio nos hayan abierto sus casas y hayamos podido ver sus necesidades reales, la pobreza energética oculta que existe", afirma Conill, que asegura que "sólo desde la cercanía la hemos podido descubrir y solucionar con pequeñas actuaciones, como sustituir cocinas chamuscadas o calentadores con un alto riesgo de incendio".

El origen de esta iniciativa es el estudio 'Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste', editado por la Fundación Naturgy, que recoge 77 soluciones de bajo coste para convertir los hogares en más eficientes energéticamente.

Entre las actuaciones que recoge, la sustitución de carpinterías y vidrios, y el aislamiento de paredes y techos, son las medidas más eficientes. Una correcta combinación de las medidas propuestas en este estudio puede suponer un ahorro de entre 300 y 650 euros en climatización al año, y permite que prácticamente desaparezcan los días en los que las viviendas están a menos de 10ºC.

Los recursos del Fondo Solidario de Rehabilitación Energética se destinan a realizar este tipo de rehabilitaciones exprés, que se pueden hacer sin que las familias abandonen la vivienda.

Má de 160 organizaciones sociales han firmado una carta abierta que dirigen al Gobierno en la que reclaman una "urgente rectificación" de la política migratoria en Canarias en donde, denuncia, hay "una grave situación de vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes".

A través de este escrito, las entidades señalan que, las medidas con las que España cuenta actualmente en esta materia ponen "en riesgo la vida de miles de personas" y sitúa al país, "fuera del marco internacional de los derechos humanos.

A su juicio, la "apuesta por las medidas de disuasión y externalización de fronteras y de bloqueo al desplazamiento y a la libre circulación", provocan la "criminalización de la migración, la vulneración de los derechos más fundamentales y empuja a las personas a emprender travesías cada vez más largas e inseguras".

"Lo que está ocurriendo en las islas Canarias muestra dramáticamente las consecuencias de este modelo", explica la misiva. A su juicio, el Ministerio del Interior está "limitando el traslado y desplazamiento a la Península de las personas que están llegando a las costas canarias, contraviniendo la legislación vigente" y critica su apuesta por "la creación de los macrocentros de 'contención'" dispuestos en el Plan Canarias.

UNA SITUACIÓN QUE APROVECHAN LOS DISCURSOS DE ODIO

"Esta forma de intervención no solo incumple con el respeto a los derechos humanos de manera reiterada, sino que también provocael deterioro de la salud física y psíquica de los miles de personas retenidas", insisten las ONG.

También denuncian que, en el caso de solicitantes de protección internacional, se está incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que "el solicitante de asilo ostenta el derecho fundamental de la libertad de circulación por todo el territorio español y de poder fijar libremente su residencia en todo el territorio nacional".

A su juicio, toda esta situación "genera una sensación de abandono e inseguridad entre la población residente en Canarias", que "es aprovechada por quienes alimentan los discursos de odio para promover la división social y criminalizar a las personas migrantes".

Es por eso que, este martes, las ONG van a presentar sus reclamaciones en rueda de prensa, para explicar la necesidad de que, en este tema, se pongan las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad y seguridad de las personas migrantes; proporcionarles asistencia y protección; y asegurarles la transparencia y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entra otras.

Las tres provincias vascas y sus capitales siguen superando los 400 contagios por covid-19 acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes y, por tanto, continuarán a partir de este martes sometidos a cierre perimetral y el resto de restricciones establecidas para las zonas con alta incidencia de la pandemia, junto a 47 municipios de más de 5.000 habitantes y otras 29 localidades con menos de 5.000 pobladores en 'zona roja'.

En este listado, se incluye un total de 50 municipios de más de 5.000 habitantes, incluidas las tres capitales, lo que supone nueve más que hace una semana, y otras 29 localidades (cinco más) con una población menor pero en las que también se aplicarán las mismas limitaciones por su evolución epidemiológica, según la resolución de la Dirección de Salud Pública y Adicciones hecha pública este lunes.

La tasa acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 544,71 casos en Euskadi. Guipúzcoa es el territorio con una tasa acumulada más alta, con 726,48 casos, mientras que Vizcaya y Álava presentan tasas menores, de 455,16 y 424,88 casos, respectivamente.

De esta manera, los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca siguen en 'zona roja' con una incidencia superior a 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, al igual que las tres capitales vascas, con tasas de 573,20 casos en Bilbao, de 433,32 en Vitoria y de 606,39 en San Sebastián.

Junto Bilbao, San Sebastián y Vitoria, hay otras 47 localidades en la lista de municipios de más de 5.000 habitantes en 'zona roja'. Respecto al lunes de la semana pasada, se mantienen en el listado Aretxabaleta, Arrasate/Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Errenteria, Getxo, Hondarribia, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Ondarroa, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Portugalete, Sestao, Tolosa, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

En base a la resolución de este lunes, se incorporan al listado Amurrio, Andoain, Azpeitia, Berango, Bergara, Deba, Derio, Eibar, Erandio, Ermua, Hernani, Irún, Llodio, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Mutriku, Santurtzi, Urnieta, Usurbil y Trapagaran, mientras que únicamente lo abandona Beasain.

Por otro lado, el decreto incluye también 29 municipios con una población inferior a 5.000 habitantes con alta incidencia de la covid-19, cinco más que una semana antes. En concreto, son Aia, Aizarnazabl, Alegia, Anoeta, Antzuola, Asteasu, Aulesti, Ayala/Aiara, Bakio, Elciego, Elduain, Elgeta, Eskoriatza, Getaria, Ibarra, Irura, Labastida, Legorreta, Loiu, Mallabia, Olaberria, Otxandio, Ugao-Miraballes, Urduliz, Orduña, Zaldibia, Zaratamo, Zestoa y Zizurkil.

RESTRICCIONES

Todos ellos serán cerrados perimetralmente a partir de este martes, aunque podrán pasar al municipio colindante para hacer compras y practicar actividad física al aire libre.

Sus establecimientos de hostelería y restauración deberán reducir su horario de atención al público en interiores de las 6.30 hasta las 9.30 horas, y de 13.00 a 16.30 horas, mientras que los locales de juego y apuestas sólo podrán prestar en su interior servicios de hostelería en las mismas franjas.

La práctica de actividad deportiva en interiores, salvo la que afecte a entrenamientos y competiciones de equipos profesionales y federados, no deberá superar agrupaciones de cuatro personas. Además, se cerrarán vestuarios y duchas en instalaciones deportivas, salvo en piscinas, donde se permite su uso con un 35% de su aforo máximo y la utilización individual de duchas.

Andalucía ha registrado este lunes 26 de abril 1.785 casos de coronavirus, inferiores a los del sábado (el domingo no se actualizan los datos) y a los del lunes pasado, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado siete fallecidos, cifra más baja desde la del 17 de abril (seis).

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por séptima jornada consecutiva hasta 240,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,3 puntos menos que el viernes y 23,2 menos que el lunes pasado (263,7). La tasa no estaba tan baja desde el 16 de abril.

Los 1.785 contagios de este lunes y domingo se registran tras los 1.839 del sábado, los 2.070 del viernes, los 1.884 del jueves, los 1.899 del miércoles, los 1.415 del martes y los 2.036 del lunes pasado.

Por provincias, Sevilla ha sumado nuevamente la mayor cifra de contagios, con 492, seguida de Granada con 331, Cádiz con 228, Málaga con 199, Jaén con 181, Huelva con 138, Almería con 124 y Córdoba con 92.

En cuanto a los fallecidos, los siete de las últimas 48 horas se registran en Córdoba, Málaga, Sevilla (dos en cada una) y Granada (uno).

Andalucía baja por sexto día seguido los hospitalizados por coronavirus este lunes 26 de abril hasta 1.426, solo un paciente menos pero que supone que se produzca un descenso un lunes mes y medio después, desde la última vez el lunes 8 de marzo (-5), mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han caído en cuatro hasta 318.

SEVILLA VUELVE A SER LA PROVINCIA CON MÁS PACIENTES

Sevilla vuelve a ser en esta jornada la provincia con más hospitalizados con 367 y 70 de ellos en UCI, seguida de Granada con 326 y 88 en UCI --provincia con más pacientes en esta Unidad--; Málaga con 161 y 31 en UCI; Jaén con 131 y 17 en UCI; Cádiz con 129 y 30 en UCI; Córdoba con 111 y 30 en UCI; Almería con 115 y 39 en UCI, y Huelva con 86 y 13 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 542.626 casos confirmados --1.785 más en 48 horas-- y ha alcanzado las 9.660 muertes tras sumar siete. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 43.967, 64 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.717, tras sumar nueve, y el número de curados es de 465.140 después de añadir 5.336.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.660 fallecidos desde el inicio de la pandemia --siete más--, Sevilla con 1.910 --dos más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.669 --uno más--; Málaga con 1.613 --dos más--; Cádiz con 1.433 --dos más--; Córdoba con 932; Jaén con 946; Almería con 797 y Huelva con 360.

MÁS DE 1.700 CASOS EN UN DÍA

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 542.626 desde el inicio de la pandemia --1.785 más--, liderados por Sevilla con 116.387 casos --492 más--, seguida de Málaga con 93.566 --199 más--, Granada con 80.210 --331 más--, Cádiz con 77.811 --228 más--, Almería con 52.312 --124 más--, Córdoba con 49.039 --92 más--, Jaén con 45.501 --181 más-- y Huelva con 27.800 --138 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 43.967 --64 más--, con Sevilla a la cabeza con 9.567 --cinco más--, seguida por Málaga con 7.695 --14 más--; Granada con 7.209; Cádiz con 5.370 --siete más--; Jaén con 4.260 --diez más--; Córdoba con 4.249 --14 más--; Almería con 3.632 --nueve más-- y Huelva con 1.985 --cinco más--.

De ellos, 4.717 han pasado por la UCI en Andalucía --nueve más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 915, seguida de Granada con 863; Málaga con 71 --uno más--; Cádiz con 596 --uno más--; Almería con 591 --uno más--; Córdoba con 516 --seis más--; Jaén con 387 y Huelva con 135.

JAÉN, SEVILLA Y GRANADA, CON TASA POR ENCIMA DE 250

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 465.140 en toda la región, 5.336 más en 48 horas, con Sevilla a la cabeza con 96.417 --1.342 más--, seguida de Málaga con 84.913 --1.031 más--; Cádiz con 68.662 --722 más--; Granada con 65.085 --846 más--; Almería con 46.499 --365 más--; Córdoba con 41.168 --456 más--; Jaén con 39.009 --316 más-- y Huelva con 23.387 --258 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 240,5 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 430,1. Detrás se sitúan Jaén con 336,6; Sevilla con 270,3; Huelva con 245,9; Almería con 239,3; Córdoba 188,4; Cádiz con 175,6, y Málaga con 137,7.

NOVENA CCAA CON MAYOR TASA

Por su parte, el Ministerio de Sanidad detalla también los casos confirmados en los últimos 14 días y en la última semana por cada 100.000 habitantes y sitúa a Andalucía como la novena y décima región con mayor incidencia acumulada, respectivamente.

Andalucía ha registrado 20.344 casos en los últimos 14 días con una tasa de 240,35 cada 100.000 habitantes --superior a la media nacional de 235,59--, y 8.781 en los últimos siete días con una tasa de 103,74, superior también a la nacional de 114,55.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.531 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 8,45% de camas, por encima de la media nacional, situada en el 8,26%, y 339 en UCI, que registran una ocupación del 17,91% de las camas, inferior a la media nacional del 23,35%. Además, registra 145 ingresos por covid en las últimas 24 horas y 98 altas.

El diputado de ERC en el Parlament Sergi Sabrià ha insistido este lunes en que, si no hay un acuerdo con Junts antes del 1 de mayo, se deberán explorar "vías alternativas", aunque ha afirmado que la prioridad de los republicanos es formar un Govern de coalición con Junts, incluso más allá de esa fecha.

"Nosotros estaríamos dispuestos a gobernar con Junts y, por lo tanto, a formar esta coalición en cualquier momento y en cualquier 'tempo', también si hiciera falta más adelante" del 1 de mayo, ha asegurado en rueda de prensa.

Tal y como dijo este fin de semana el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, Sabrià ha reiterado que mantienen el 1 de mayo como objetivo para lograr un acuerdo y que, "si Junts no está preparado", habrá que explorar vías alternativas.

Pese a que no ha concretado en qué consisten las alternativas, el dirigente republicano ha apuntado que cualquier opción que no pase por un Ejecutivo de coalición debería explorarse con Junts porque son necesarios sus apoyos para garantizar un Govern independentista.

También ha recordado que fue el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, el que planteó por primera vez la posibilidad de quedarse fuera del Ejecutivo garantizando la investidura de Aragonès: "Junts fue quien se abrió a otras opciones en su momento. Llevamos demasiados días, más de los que la gente querría, para poder configurar este gobierno. Si seguimos encallados, será el momento de hablar de las otras opciones que Junts puso sobre la mesa.

Sin embargo, ha argumentado que "clarísimamente la mejor opción" es un gobierno de coalición y que trabajarán de forma intensa para conseguirlo, y ha situado esta semana como clave en las negociaciones.

ENCUENTRO EN LLEDONERS

Sabrià ha explicado que este martes ERC y Junts celebrarán una reunión en la cárcel de Lledoners (Barcelon) en la que participará Aragonès --ha dicho que la presencia del líder republicano, Oriol Junqueras, no está garantizada--, que espera que sirva para avanzar en las negociaciones, aunque ha aclarado que para los republicanos "es una más de las muchas reuniones que hay cada día".

Ha reconocido que "parece que Junts está poniendo muchas expectativas" a este encuentro, algo que ve positivo, y confía en que en esta reunión puedan comenzar a hablar de la estructura del Govern.

Según él, todavía no han hablado sobre este asunto en las negociaciones, mientras que en el resto de carpetas se está "avanzando", especialmente en el programa del Govern, a través de los grupos de trabajo que están profundizando el plan del Ejecutivo, y en los mecanismos de coordinación, un aspecto del acuerdo que está prácticamente zanjado.

Todavía quedará abordar la estructura del Govern y el reparto de los departamentos entre ambos partidos, y ha señalado que el otro "punto pendiente" es cerrar la estrategia independentista.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha reclamado al PP que manifieste claramente su desvinculación con Vox, dado que ahora están "secuestrados" por una formación que "vulnera los derechos humanos" y carecen de "programa de gobierno".

Además, ha reclamado al líder popular, Pablo Casado, que "sea europeo", se coloque del lado de los demócratas" y "esté a la altura" de las circunstancias" comprometiéndose a que Vox no entre en las instituciones. Sobre todo, le ha pedido demostrar que "no vale todo" aunque esa alianza con este partido le pueda parecer "rentable" electoralmente.

"Entiendo que Casado es un demócrata pero hay límites que son claros", ha subrayado en declaraciones a La Sexta, para aludir a las "graves amenazas" que han recibido varios miembros del Gobierno, la última este lunes a la ministra Reyes Maroto, y el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la reacción del exvicepresidente al dudar Vox de la veracidad de las mismas.

Tras escuchar unas declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que la izquierda lo está pasando mal en esta campaña regional, la vicepresidenta ha comentado que tiene "razón" dado que los "amenazados" son precisamente dirigentes de este espectro político, por lo que no caben "bromas".

También ha destacado que Vox le está marcando la "agenda" y que están pasando "cosas gruesas", como el decir que las "mujeres no sufren ningún tipo de violencia", impedir que se aprueben declaraciones institucionales en la Asamblea de Madrid a favor de los derechos de las mujeres o que perciben sueldos inferiores prácticamente porque "quieren".

LE GUSTARÍA QUE EL PP PIENSE COMO FEIJÓO

"La derecha en nuestro país debería ser democrática. Yo no soy de derechas, no pienso como Pablo Casado, pero me parece que sí hay que ser un poco europeo y colocarse del lado de los demócratas. Y este es el problema que tenemos", ha enfatizado la vicepresidenta.

Y es que ha insistido en que le gustaría escuchar a miembros del PP "soy de derechas pero estoy con la democracia y, por tanto, garantizar que en el país cualquier institución no va a haber representantes que vulneren los derechos humanos". Por tanto, ha asegurado que es "sencillo" adoptar esta posición ante Vox y que "basta" con oír al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para "pensar libremente lo que uno piensa pero, lógicamente, ser un demócrata".

Por otro lado, ha lamentado la "frivolidad" del PP al hacer una campaña electoral que tiene como lema entre 'comunismo o libertad'. ¿Qué nos quiere decir, que no hay libertad en este país?" ha reprochado Díaz para advertir del riesgo que tiene que representante públicos digan cosas "para ganar votos" que posteriormente pueden cambiar valores sociales.

De esta forma, ha señalado que la línea deben marcarla las formaciones cumpliendo la Constitución, siguiendo el marco de la Unión Europea y, sobre todo, respetar los derechos fundamentales.

También ha lamentado que, en plena crisis del Covid-19, se incurran en "espectáculos" como ciertos debates en el Congreso que son una "vergüenza". Concretamente, cree que no es tolerable que se diga en sede parlamentaria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un dictador", pues debe cesar el "ruido" que impide la discusión política

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes su programa social que consta, entre otras medidas, de dotar de más personal a las residencias de mayores, convirtiendo a Madrid en la región que cuente con más, y mejorar la teleasistencia.

Así lo ha expuesto en su visita a la Fundación Carlos Martín, en Vallecas, donde ha hecho balance de la gestión del área durante estos últimos dos años y ha apostado por seguir trabajando para "conseguir los mejores servicios sociales".

Ayuso ha explicado que se va a desarrollar un nuevo modelo de atención y apoyo a personas mayores en centros residenciales "para que sean los centros quienes se adapten a los mayores y no al revés". "Para ello, nos comprometemos a ser la región que más personal tenga, a contratar profesionales especializados como fisioterapeutas o terapeutas y a incorporar la teleasistencia en nuestras residencias", ha detallado.

En este modelo se contempla más dignificación de los cuidados, más calidad "logrando la máxima satisfacción y compromiso social", más participación, dado que la opinión de las personas atendidas y sus familiares importa, y más coordinación, estableciendo un marco eficiente de coordinación socio sanitaria.

"NINGÚN HOGAR SIN CONEXIÓN"

Además, se impulsará un programa "pionero" llamado 'Ningún hogar sin conexión', hogares conectados, para ir atajando la brecha digital que hay en la sociedad y que también se ha acentuado en estos meses.

Se trata de poner a disposición de las familias conexión o soporte digital "potente y seguro en igualdad de condiciones" en sus hogares. La medida está prevista para familias vulnerables, bien por los ingresos que perciben bien por ser familias monoparentales que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Podrán beneficiarse de este programa 120.000 familias.

Por otra parte, se va a desarrollar un servicio avanzado de teleasistencia que permita luchar contra la soledad, prevenir accidentes, generar alertas de asistencia y ayudar a las personas a seguir manteniendo su autonomía desde sus domicilios. El objetivo es ponerlo en marcha mediante la inversión de los Fondos Europeos de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

Este servicio estará dotado de la información necesaria para prevenir y planificar los cuidados necesarios para los mayores, mediante una plataforma de integración digital. La prioridad es la lucha contra la soledad, integrando los datos del ámbito social y sanitario de cada persona para planificar las medidas de apoyo, atención, cuidados y necesidades de los mayores.

Asimismo, la presidenta madrileña apuesta por desarrollar un programa de atención para personas mayores con discapacidad cuya de fragilidad, vulnerabilidad y soledad se ha visto agravada como resultado de la situación de pandemia.

Con este objetivo se incrementarán los recursos asistenciales en terapia ocupacional y tratamiento de deterioros cognitivos agudizados como resultado de la escasez de contacto social y familiar. Aumentará la red de apoyo a las familias para "el abordaje de la nueva situación con respecto a sus familiares con discapacidad".

MÁS APOYO A LA DEPENDENCIA

El programa social del Partido Popular de Madrid también recoge crear un plan específico de refuerzo de los recursos para evaluar las nuevas situaciones de dependencia y discapacidad provocada por el Covid-19 que permita "el reconocimiento más ágil siguiendo los criterios que los profesionales sanitarios detecten como secuelas importantes de la enfermedad a tener en cuenta".

Además, se desarrollará un plan de fomento del empleo y otras actividades de las personas con discapacidad, de tal modo que se incentivará a aquellas empresas que creen puestos en el mercado ordinario de trabajo cuyo desempeño sea susceptible de prestación por personas con discapacidad.

En este sentido, las actividades deportivas organizadas por la Comunidad de Madrid primarán el deporte inclusivo de tal manera que siempre se reservarán un número de plazas específicas para personas con discapacidad y se fijará personal de apoyo cualificado para la atención de estas personas.

Por último, se adaptarán los cursos para la obtención de Certificados de Profesionalidad ampliando el tiempo en el que se imparte el currículum para adaptarlos a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y se reservarán plazas para ellos.

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública y su Servicio de Epidemiología, ha confirmado este lunes un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (F.H.C.C) en la provincia de Salamanca.

En concreto y según informa el Gobierno autonómico a través de un comunicado, el paciente es un varón de 59 años que permanece ingresado desde hace varios días en el Servicio de Enfermedades Infecciosas en una habitación con las medidas de aislamiento previstas en estos casos. Según indican las mismas fuentes, su estado clínico es estable.

Al parecer, este hombre, ganadero de profesión y en contacto con animales, presentaba tras sintomatología compatible con la F.H.C.C. y refería picaduras recientes de garrapata, por lo que realizaron los oportunos análisis que han sido positivos a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, tal y como ha confirmado el Instituto de Salud 'Carlos III'.

En cuanto se estableció la sospecha de este posibla caso, Salud Pública, en coordinación con el ámbito asistencial, puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad autónoma de Castilla y León, y se remitieron muestras de sangre del paciente al Centro Nacional de Microbiología para adoptar las oportunas medidas de protección de los profesionales sanitarios.

Asimismo la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en colaboración con los profesionales sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el seguimiento a realizar, consistentes en la vigilancia periódica de su temperatura corporal y en la comunicación de cualquier cambio en su estado de salud.

Según indican las mismas fuentes, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León mantiene información disponible para la población y profesionales sanitarios sobre los riesgos, con el fin de evitar en la medida de lo posible nuevas infecciones.

En cuanto a la prevención de las picaduras por garrapatas, las autoridades sanitarias, recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por los caminos y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía. También hay insisten en que las garrapatas que se puedan haber fijado, deben retirarse lo antes posible y de forma adecuada, preferentemente por profesionales sanitarios.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus, cuyo mecanismo de transmisión principal es la picadura de la garrapata del género "Hyalomma", aunque también puede transmitirse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo, lo que puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

Los casos activos han bajado en La Rioja de 649 de ayer, domingo, a los 623 de hoy (26 menos), según los últimos datos actualizados por el Gobierno de La Rioja, que reflejan que no se han producido fallecidos por COVID-19 en el fin de semana, si bien ha aumentado la presión asistencial, de 74 a 79, cinco ingresados más en las últimas 72 horas.La incidencia acumulada a 14 días ha crecido, de los 259,43 del viernes a los 281,79 de hoy.

Desde que comenzó la pandemia, han fallecido en la comunidad un total de 757 personas, de las que 300 vivían en residencias de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, en total, en los diferentes centros hospitalarios de la región se encuentran 79 personas ingresadas por Covid-19, (cinco más que el viernes pasado).

En concreto, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con 42 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (cuatro más que hace 72 horas), con 4 ingresos y 2 altas. En la UCI, además, hay 20 pacientes Covid (una persona menos en comparación con el viernes).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías No-Covid (12 a día de hoy, dos más que el viernes), la UCI riojana tiene un total de 32 pacientes y se encuentra al 74,42 por ciento (2 puntos más que hace 72 horas).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene 17 personas en planta con Covid-19, dos más que el viernes pasado, con 2 ingresos y 1 alta.

De este modo, siguiendo los datos, se observa un aumento importante en la Incidencia Acumulada a 14 días, de 259,43 a 281,79 casos por cada 100.000 habitantes. La Incidencia a 7 días, sube en doce puntos de 145,05 a 157,83. La positividad, por su parte, baja del 7,48 por ciento al 5,49 por ciento.

Finalmente, hay un total de 6.694 personas en cuarentena frente a las 6.747 del viernes pasado. Además, afortunadamente, las residencias riojanas continúan un día más sin positivos en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que va a convocar a los agentes sociales para el día 6 de mayo a fin de iniciar la negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo.

Díaz ha subrayado que los ERTE se prorrogarán de nuevo con la premisa de no hacer despidos, como en las anteriores ocasiones, y ha dado a entender que el esquema actual no sufrirá muchas modificaciones dado su buen funcionamiento. "Lo que funciona no se toca. Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, lo que funciona, dejémoslo", ha apuntado.

La ministra, en declaraciones a La Sexta, ha adelantado además que a día de hoy la cifra de trabajadores en ERTE alcanza los 650.000, de los que más de 200.000 son a tiempo parcial y los demás son ERTE de suspensión en sectores "muy tocados" por la crisis, como el turismo y su cadena de valor, la cultura y los transportes.

La vicepresidenta no ha dado una fecha sobre hasta cuándo se prorrogarán los ERTE, pero ha insistido en que, aunque la vacunación va muy bien, este mecanismo "continuará mientras sea necesario". "No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar. Yo mando un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores, porque van a estar acompañados", ha señalado.

Sobre la reforma del mercado laboral que quiere llevar adelante su Departamento, la ministra ha insistido en que se va a negociar con los agentes sociales y que el debate no está cerrado. Así, por ejemplo, sobre la reducción a tres modalidades de contratos, ha afirmado que "no puede decir" cómo van a quedar esos contratos porque será objeto de negociación con sindicatos y empresarios.

Esta reforma del mercado de trabajo, cuyo objetivo es modernizarlo, está incluida en el Plan de Recuperación del Gobierno de España, que esta misma semana se enviará a Bruselas y cuya acogida por parte de la Comisión ha sido favorable, según Díaz.

Esto es así, ha explicado, porque la reforma laboral que se plantea cumple con el diagnóstico que ha venido haciendo la UE de los "gravísimos problemas" del mercado laboral español: la precariedad y la temporalidad. "LLevamos 42 años con los mismos males (...) Aunque esto no dé réditos electorales, lo vamos a hacer", ha insistido.

"NO ME GUSTA LA PALABRA DEROGAR"

En relación a si dicha reforma incluirá la derogación de la reforma laboral del PP del año 2012, la ministra ha garantizado que el acuerdo del Gobierno de coalición se cumplirá, pero ha indicado que "no le gusta" la palabra derogar, ya que lo que se hará no es suprimir artículos, sino regularlos de manera diferente.

"Yo no puedo dictar una norma por la que derogo la reforma laboral de 2012. Además de imposible, sería incorrecto", ha explicado la vicepresidenta.

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), cuya subida para 2021 se vio pospuesta, Díaz ha discrepado abiertamente con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por no querer subirlo.

"Yo sigo manteniendo una discrepancia, no sólo teórica, sino también económica, respecto a la no subida del SMI (...). Nadia Calviño defendía antes de la pandemia no subir el SMI y sigue defendiendo exactamente lo mismo ahora. Yo creo que es un error cuando son los más necesitados los que se verían reflejados en esa (subida) del SMI", ha apuntado Díaz.

Preguntada por si Calviño le da instrucciones de cara a la negociación de la política laboral, Díaz ha dejado claro que el Ministerio de Trabajo es el que tiene las competencias, el que diseña la hoja de ruta y el que dirige las mesas de negociación. "Por supuesto, todo en el Gobierno lo ponemos después en común, pero las mesas de negociación, las líneas, todo, lo hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social", ha precisado.

En relación a la reforma del sistema de pensiones, Díaz ha asegurado que la negociación en la mesa de diálogo social "camina en la dirección correcta" y hay que dejar de trabajar a los agentes sociales y al ministro del ramo, José Luis Escrivá.

El Gobierno está siguiendo de cerca el caso de la española Juana Ruiz Sánchez, detenida hace casi dos semanas por las autoridades israelíes sin que por el momento esté claro el motivo, y ha ofrecido a esta asistencia consultar, según han indicado fuentes diplomáticas.

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees, fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, por más de 20 soldados israelíes.

Desde entonces, según han denunciado organizaciones de apoyo a la causa palestina que han reclamado su liberación, ha comparecido en tres ocasiones ante un juez, sin que por ahora esté claro el motivo de su arresto o si hay cargos en su contra. Según informa el diario 'El País', está previsto que este lunes comparezca ante un tribunal militar.

Tras conocerse los hechos, han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha habido un "contacto permanente con la familia" de la detenida y se le ha ofrecido a esta "toda la asistencia consular que pudieran necesitar".

Además, han precisado las fuentes, tanto desde el Consulado en Jerusalén como desde la Embajada en Tel Aviv, así como desde el propio Ministerio "se han establecido canales de diálogo con las autoridades israelíes para dar seguimiento a la situación".

La campaña en apoyo a la española ha indicado que junto a ella también han sido detenidos por las autoridades israelíes Tayseer Abu Sharbak, responsable actual del Departamento de Contabilidad de HWC y Saeed Abbad, anterior responsable del mismo hasta hace dos años.

"Estas detenciones y la sustracción, el pasado 8 de marzo, de material informático y documentación del departamento de contabilidad de la HWC nos hacen sospechar que los responsables buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la HWC y que pretenden involucrar a Juana Ruiz y a sus dos compañeros en esta acusación", señalan en el comunicado publicado durante el fin de semana.

Tanto la familia como los amigos de Juana Ruiz en España consideran "imposible que la financiación de los proyectos con dinero de donantes españoles pueda tener ningún viso delictivo ya que la concesión de las ayudas, mayoritariamente públicas, está sometida a estrictos controles en cuanto a las actividades que se realizan y a la justificación económica completa de la financiación concedida", precisan en la nota, subrayando que "en caso de no cumplir la normativa se exige la devolución de las ayudas, algo que no nos consta que haya ocurrido en ninguno de los muchos proyectos realizados por la HWC".

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha recibido un sobre con una navaja "aparentemente ensangrentada" en su interior días después de las recibidas con balas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Unidas Podemos.

Según confirman fuentes de Interior, se ha abierto una investigación sobre este nuevo envío remitido a la sede del Ministerio de Industria. Desde el departamento que dirige Maroto -- 'fichada' por la candidatura del PSOE que encabeza Ángel Gabilondo-- han asegurado que se trata de una navaja de "pequeñas dimensiones" y que ahora se está analizando si es sangre o pintura.

Fuentes de Industria han añadido que, para eludir el control de seguridad, el sobre incluía también un CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner. En el sobre, de tamaño folio y acolchado, iban también varios folios grapados con copias ampliadas de mensajes de Wahtsapp y Twitter.

Además, según estas fuentes, uno de los folios estaba manuscrito con "palabras sueltas y frases". Desde Industria han preferido no dar detalles de estos mensajes para respetar la investigación asumida por la Policía Nacional.

TRES CARTAS ANTERIORES CON SIETE BALAS

Las cartas con amenazas remitidas a cargos públicos han marcado el debate de las elecciones a la Comunidad de Madrid desde que el pasado jueves fuentes de Interior confirmaran la recepción de tres cartas con siete balas en total remitidas a Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez.

Al Ministerio del Interior llegaron dos sobres. Uno dirigido a Grande Marlaska con dos balas y otro con cuatro municiones de fusil de asalto, en este caso remitidos a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas. Un día antes ocurrió lo mismo con un sobre con una bala dirigido a la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Grande-Marlaska denunció en dependencias policiales estos hechos para su análisis por parte de la Comisaría General de Policía Científica. Las cartas tenían matasellos del día 19 de abril de Correos, que ha abierto una investigación tras apuntar a un fallo de un vigilante de seguridad que permitió que las amenazas llegaran a los cargos públicos.

Dentro del sobre dirigido a Grande-Marlaska había un escrito que decía textualmente: "Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional. Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos". En el interior había dos cartuchos sin percutir.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibió otra carta con el mismo tono amenazante un día antes, denunciando estos hechos ante la Unidad Central Operativa (UCO). El sobre lo recepcionó su Secretaría de Despacho a primera hora de la tarde y contenía en su interior una nota anónima con amenazas y un cartucho del calibre de 7,62 mm.

Al líder de Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid también se le remitió una carta de estas características a través de dependencias del Ministerio del Interior. Dentro había cuatro balas y un mensaje con amenazas dirigidas contra él y su familia. Iglesias denunció los hechos ante la comisaría de la Policía en el Congreso de los Diputados.

El propio Iglesias difundió en redes sociales una fotografía con las cuatro balas de fusil de asalto y el escrito: "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota".

Las cartas con amenazas centraron la campaña electoral a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sobre todo después de que Iglesias abandonara un debate entre candidatos en los estudios de la Cadena Ser tras cuestionar la representante de Vox, Rocío Monasterio, la veracidad estas las amenazas.

Euskadi ha registrado este pasado domingo 762 nuevos contagios de coronavirus, lo que supone 77 más que el día anterior, y también se ha elevado en casi un punto la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas, hasta el 8,6%. La presión en los hospitales vascos sigue en ascenso, con 192 personas en las UCI, lo que supone cuatro pacientes más que en el anterior balance, mientras que en la última jornada han ingresado en planta 62 personas, diez menos que el sábado.

Según los datos aportados este lunes por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada del domingo se han realizado 8.824 pruebas diagnósticas (5.677 PCR y 3.147 test de antígenos), por debajo de las 8.876 del día anterior, con 762 positivos detectados. De esta forma, la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas ha aumentado en casi un punto, del 7,7% al 8,6%.

Por otro lado, la trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 52,5%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 36,6% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se ha incrementado de nuevo este domingo y se sitúa ya en 544,71 en Euskadi, frente al 537,25 del día anterior. Guipúzcoa continúa siendo el territorio con una tasa acumulada más alta, con 726,48 casos (713,85 en la jornada anterior). Vizcaya y Álava presentan tasas menores, del 455,16 y 424,88 casos, respectivamente, pero al alza respecto al sábado.

De esta manera, los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca siguen en 'zona roja' con una incidencia superior a 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, al igual que las tres capitales vascas, con tasas de 573,20 casos en Bilbao, de 433,32 en Vitoria y de 606,39 en San Sebastián.

Por su parte, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa este domingo en 1,09 para el conjunto de Euskadi (el mismo indicador que en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, es de 1,03 (era de 1,02 el sábado).

Por territorios, este domingo se han detectado 325 positivos en Vizcaya, lo que supone ocho más que el día anterior. La mayor parte se han registrado en Bilbao, con 98 nuevos contagios (15 más que el sábado), seguido de Getxo con 30, Barakaldo con 25, Leioa con 15 y Portugalete y Sestao con diez en cada municipio.

En Guipúzcoa se han contabilizado otros 356 nuevos contagios (66 más). San Sebastián ha registrado 98 nuevos positivos (39 más), Irun 35, Errenteria 22, Zarautz 21, Lasarte-Oria 14 y Arrasate-Mondragón 13.

Por su parte, Álava ha sumado 75 infectados de coronavirus (uno más). La mayoría se concentran en Vitoria, con 50 nuevos positivos este domingo (cinco más), mientras que Llodio contabiliza diez y Amurrio cinco.

Además, otras seis personas con residencia fuera de Euskadi han dado positivo en las pruebas de detección del Covid-19, dos más que en la jornada anterior.

Junto a las capitales, superan este domingo los 400 casos acumulados otras 47 localidades de más de 5.000 habitantes, la mayoría en Gipuzkoa. En concreto, son Andoain, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Bergara, Deba, Eibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

A ellas, se suman las vizcaínas de Berango, Derio, Erandio, Ermua, Getxo, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Trapagaran, así como las alavesas de Amurrio y Llodio.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, continúa el aumento de los pacientes con covid-19 en las UCI, 192 este pasado domingo, que representan cuatro más que la jornada previa.

Además, hay 568 personas ingresadas en planta este domingo en los hospitales vascos, 38 más que en la jornada anterior. Sin embargo, los nuevos ingresos en planta han descendido en las últimas horas hasta los 62, lo que supone diez menos que el sábado.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (284 nuevos positivos), seguidas de los menores de 18 años (201 casos) y de la franja de edad de 19 a 39 años (181). Los mayores de 65 años contabilizan 96 casos, de los que 18 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los menores de 18 años (655,09) y la más baja es la de la población mayor de 80 años (con 291,66).

El PSOE planteará este martes en el Congreso de los Diputados la necesidad de llevar a cabo "una reforma estructural del sistema de empleo público", a través de una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado para aumentar la seguridad jurídica, cubrir "vacíos normativos" y completar el desarrollo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Será en la Comisión de Política Territorial y Función Pública donde se debatirá y votará esta proposición no de ley en la que el PSOE llama al Gobierno a aprobar en esta legislatura una nueva ley "con los procesos de participación y negociación oportunos en la oportunidad de lograr un texto legislativo que pueda ser aprobado con el mayor consenso posible".

En el PSOE consideran que, tras comprobar "el papel primordial de lo público en la lucha contra la pandemia del Covid-19", ahora "es un momento idóneo para impulsar una reforma estructural del sistema de empleo público que suponga una mejora de la calidad, la eficacia y la eficiencia y que garantice la prestación de servicios públicos".

UN DESARROLLO NORMATIVO PENDIENTE

En su exposición de motivos, esta formación señala que pese a tener de naturaleza de ley básica, la citada Ley del Estatuto Básico del Empleado Público "necesita de un desarrollo legislativo superior", y que en ella se prevé la aprobación, tanto en las Cortes Generales como en las asambleas legislativas autonómicas nuevas leyes reguladoras de la función pública.

"En la actualidad no contamos con una única ley que regule de forma completa la función pública de la Administración General del Estado", aseveran desde el PSOE, que remarcan la existencia de normas parcialmente derogadas o cuya vigencia se contempla temporal, a la espera de un nuevo desarrollo.

ACTUALIZAR EL MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Asimismo, recuerdan cómo las centrales sindicales han reclamado en los últimos años una nueva Ley de Función Pública para complementar el marco normativo, que desarrolle y actualice el modelo de organización y gestión de la función pública.

Una nueva ley que, consideran, "incrementaría la seguridad jurídica, cubriría vacíos normativos y permitiría la implementación de aquellos elementos nucleares para la reforma de la función pública recogidos en el Estatuto Básico que, por falta de desarrollo normativo, no han podido ser puestos en marcha en la Administración General del Estado".

A partir de este viernes, 30 de abril, las parejas que vayan a casarse por la vía civil podrán tramitar su expediente matrimonial ante notario, algo que hasta ahora solo podían hacer en el Registro Civil, un cambio que los fedatarios públicos confían en que servirá para acortar plazos y ofrecer a los novios un asesoramiento "individualizado" sobre asuntos relacionados.

"Hasta ahora esa competencia era exclusiva del Registro Civil", de modo que los que eligieran el matrimonio civil debían tramitar allí su expediente, ha indicado la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. "A partir de ahora, se podrá seguir haciendo en el Registro Civil pero se incluye también la competencia notarial", ha apuntado.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, en funcionamiento desde 2015, otorgó "muchísimas" competencias a los notarios, entre ellas la de celebrar enlaces y tramitar el expediente matrimonial, pero esta segunda competencia quedó en el limbo a la espera de que entrara en vigor la nueva ley del Registro Civil, que se aprobó en 2011 y se ha ido postergando, aunque finalmente el 30 de abril desplegará sus efectos.

En España, el expediente matrimonial es obligatorio para contraer matrimonio. "La finalidad es comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder casarse, es decir, que tienen la capacidad suficiente, que no existe otro matrimonio, que no hay parentescos prohibidos entre ellos... etc.", ha explicado Barea.

El expediente matrimonial seguirá siendo el mismo, "solo variará la competencia", que se amplía. Se ofrecerá "un modelo de solicitud muy sencillo, con datos básicos --nombre, apellidos, domicilio--" que una vez rellenado se enviará por correo electrónico al colegio notarial del domicilio de uno de los contrayentes, donde se le asignará un notario, información que se le comunicará a la pareja para que pida cita con él y empiece la tramitación.

A partir de ahí, ha subrayado Barea, el procedimiento es "idéntico" al que realizaría el Registro Civil, por cuanto la documentación que deben aportar los novios y las pruebas que se pueden practicar son las mismas. Así, concluirá igualmente con un acta donde se declara que no hay ningún impedimento a ese enlace o, por contra, que sí lo hay, en cuyo caso podrá recurrirse como un acto administrativo y será la instancia superior quien resuelva.

El acta notarial donde se recoja el expediente matrimonial tendrá "un coste mínimo" de 30,05 euros, si bien Barea ha matizado que se trata de un "coste de partida" porque se podrá incrementar en función de la documentación que haya que incorporar a la misma y de las diligencias de prueba que haya que realizar. Dependerá, por tanto, de las circunstancias particulares de los novios.

"BASTANTE" ÁGILES

Una de las principales ventajas de esta nueva competencia notarial es que, previsiblemente, acelerará la gestión. "Para la cita inicial, para que los contrayentes hagan su primera comparecencia ante notario junto a los testigos, sí puedo garantizar que va a ser bastante ágil", ha augurado Barea.

Como ejemplo, ha aludido a la tramitación de las declaraciones de herederos cuando el fallecido no dejó testamento, una de las competencias que se abrieron a los notarios con el cambio legal de 2015.

"Desde el año 91 veníamos tramitando las de parientes directos --padres, hijos, cónyuges-- pero las de colaterales --hermanos, sobrinos-- no, y en 2015 las incorporamos y se agilizó una barbaridad", ha destacado. Pasaron de la media de "seis o siete meses" en un juzgado ordinario a un mes. "Si utilizamos eso como parangón, pienso que, aunque no lo puedo cuantificar en días, se va a agilizar bastante", ha dicho sobre el expediente matrimonial.

No obstante, ha insistido en que "cada expediente es un mundo" por las peculiaridades del caso. "No es lo mismo un matrimonio que vayan a contraer dos personas residentes en España y solteros, que un matrimonio que vayan a tramitar un español con una persona extranjera y que además uno de ellos esté divorciado. La documentación que se necesita aportar y las pruebas que se necesitan realizar no son las mismas, y eso es lo que nos va a dar la pista de cuál puede ser la duración del procedimiento", ha ilustrado.

UNA CONSULTA "COMPLETA"

Barea ha mencionado como otra gran ventaja de tramitar el expediente ante notario la posibilidad de que los novios reciban un "asesoramiento individualizado" al tener la posibilidad de "plantear sus dudas" al fedatario público sobre otras cuestiones legales relacionadas con el matrimonio.

"Una de esas cuestiones es el régimen económico matrimonial, si les interesa hacerlo bajo sociedad de gananciales o hacer capitulaciones. En el caso de que los contrayentes tengan distinta vecindad civil pueden tener la duda de cuál va a ser su régimen, entonces ahí les asesoraremos y fijaremos en el acta el régimen aplicable", ha expuesto.

También "les pueden surgir dudas sobre régimen sucesorio: 'Oye, ya que nos hemos casado, igual conviene que hagamos testamento y en qué términos lo hacemos', ha comentado, recalcando que "ya con ocasión del expediente se les puede dar un asesoramiento completo sobre esos otros aspectos".

BODAS ENTRE PERSONAS CON "PELIGRO DE MUERTE"

Las nuevas competencias supondrán asimismo un incremento de la carga de trabajo, algo que --ha asegurado Barea-- los fedatarios públicos asumen "con naturalidad y con solvencia", ofreciendo "lo mismo que siempre: garantía de seguridad, de asesoramiento individualizado e imparcial y de agilidad".

Esta subida de la carga de trabajo podría venir por un aumento de la celebración de bodas ante notario debido a la "comodidad" que supone para los futuros contrayentes poder hacer todas las gestiones relacionadas con el enlace ante una misma persona.

Sobre todo teniendo en cuenta que desde 2015, cuando los notarios empezaron a celebrar bodas, el dato se ha multiplicado, pasando de 5.593 en 2016 a 10.782 en 2020, según datos del Consejo General del Notariado. Un total de 41.474 parejas casadas ante notario en estos años.

Otra de las competencias que los notarios ejercerán desde el 30 de abril es celebrar enlaces de parejas con peligro de muerte. "La principal peculiaridad es que, por razones obvias, porque se está dando una circunstancia de peligro de muerte próxima de uno de los contrayentes, el matrimonio se celebra sin expediente previo, es decir, se invierte el orden", ha señalado Barea.

En estos casos, los notarios podrán casar primero y tramitar después el expediente matrimonial para comprobar que los cónyuges cumplen los requisito legales. "Lo que urge es recabar la prestación del consentimiento, el 'sí quiero'", ha argumentado.

PRESENTES EN MOMENTOS CLAVE

Además, Barea ha valorado este nuevo catálogo de competencias como un paso más en el acercamiento del notario al ciudadano. "Mi profesión es muy bonita, porque tenemos la oportunidad de estar presentes y de intervenir activamente en momentos muy importantes de la vida de una persona", como cuando una pareja joven acude "ilusionada" a comprarse una casa, "cuando te hipotecas para 30 años con un banco" o "cuando haces tu testamento", ha descrito.

Sin embargo, ha continuado, "los actos que tienen que ver con el derecho de familia --matrimonio, divorcio-- son actos todavía más cercanos a las personas porque tienen implicaciones jurídicas, y por eso intervenimos, pero también hay una serie de implicaciones familiares y emocionales que son muy importantes para las personas".

Por eso, ha remachado, "este tipo de competencias creo que nos acercan más a lo ciudadanos, porque nos ven como intervinientes activos, garantizándoles la seguridad de actos que personal y jurídicamente son muy importantes para ellos".

Vox no contempla cambiar su estrategia de campaña para las elecciones del próximo 4 de mayo y anima a PSOE y Podemos a hacer "examen de conciencia", ya que cree que son ellos los que están poniendo en peligro el sistema democrático con sus mensajes que "demonizan y deshumanizan" al partido de Santiago Abascal y sus votantes.

Así lo ha sostenido este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien ha repasado todas las amenazas o ataques recibidos por su formación política desde hace años y ha denunciado que ninguno de ellos ha sido condenado por el PSOE ni por Podemos.

"Estamos esperando una sola manifestación de apoyo o condena por parte del PSOE, el responsable de que el comunismo, la izquierda más radical de Europa, esté en el Gobierno", ha replicado Buxadé en respuesta al "cordón antidemocrático" que denuncia que los socialistas quieren "imponer" a Vox en todas las instituciones "arrinconando la voz" de sus 3,6 millones de votantes.

"Están demonizando y deshumanizando a millones de españoles. Perosi creen que así nos van a amedrentar lo llevan claro", ha advertido dejando claro que Vox no acepta "ni una sola lección de democracia" por parte del PSOE, de Podemos ni de ningún miembro del Gobierno "socialdelincuente".

Buxadé ha incluido en esta denuncia a los medios de comunicación y también al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien esta semana condenó las amenazas recibidas por Fernando Grande Marlaska, Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, pero de quien ha denunciado que no ha escuchado ninguna condena a los ataques recibidos por Vox.

PSOE Y PODEMOS, "EXTRAMUROS DEL SISTEMA"

Pese a todo, ha defendido que Vox no tiene que cambiar su estrategia de campaña y ha atribuido la reacción de Iglesias abandonando el debate de la Cadena Ser de la pasada semana a un "espectáculo" que "montó" debido a los "malos" resultados que le vaticinan las encuestas. "Ya no querían debatir y había que montar un espectáculo", ha resumido.

Frente a esto, Vox continuará con su campaña por toda la comunidad hasta el cierre el próximo domingo frente a la plaza de toros de Las Ventas. Y cree que quienes deben hacer "examen de conciencia" son sus rivales de la izquierda, a quienes acusa de querer colocar "una soga antidemocrática" sobre "el cuello de cuatro millones de españoles".

"Eso les coloca en una posición extramuros del sistema democrático", ha insistido negando que el discurso de Vox movilice a la izquierda. Su objetivo, según ha subrayado, es "impedir" que el presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "pongan sus posaderas" en la Comunidad de Madrid.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha explicado que, teniendo en cuenta la tendencia del coronavirus desde la última semana y la variable de vacunación, que va aumentando, "cabe esperar que haya propuestas positivas a intentar eliminar los cierres perimetrales", apuntando que es "optimista en que podemos abrir un poco el grifo".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, en el acto de entrega de la beca Stop Fuga de Cerebros, organizada por Roche Farma, Aguirre ha recordado que será el Comité Territorial de Alto Impacto en Salud Pública el que abordará y decidirá estas cuestiones de la movilidad y los horarios y que está convocado para este martes a las 18.30 horas, apuntando que son muchos los parámetros que se evalúan.

Por otro lado, ha dicho que Andalucía está preparando un documento, "donde queremos aumentar la flexibilidad" en los eventos culturales, "y no hablar tanto de un metro y medio entre espectadores sino de porcentajes de asistentes en proporción del nivel que tenga cada una de las áreas o ciudades".

Andalucía ha notificado un descenso en el número de hospitalizados por coronavirus este lunes hasta 1.426, según ha precisado el consejero, quien ha apuntado que se ha registrado en dos días siete fallecidos, que "parece poco pero son muchísimos", apuntando que son 9.600 los registrados en toda la pandemia.

No obstante, ha indicado que la capacidad de contagio está en 0,73; una cifra que "nos llama a la esperanza de que la próxima semana estemos en mejores condiciones"; y también ha destacado que lo mismo pasa con la incidencia acumulada de siete días, "que lentamente, pero va bajando todas las semanas"; y la ocupación de UCI hospitalarias es "por debajo de la media del resto de comunidades".

Ha indicado que todos esos parámetros "conforman el periodo de estabilización con tendencia a bajar, que ya indicaban los estudios prospectivos de hace una semana". "Vamos progresando adecuadamente hacia una cierta normalidad como consecuencia de que tenemos inmunizada a una gran parte de la población mayor de 60 años, eso nos da un punto de esperanza que hace que veamos un futuro cercano y hablamos de un verano de una cierta o nueva normalidad, pero más tranquilo en el año y medio que llevamos", ha apuntado.

El consejero ha indicado que lo que más preocupa siempre son los ingresos en UCI y fallecimientos y ha apuntado que "hay más ingresos porcentualmente, pero menos fallecimientos porque los que están en esas unidades son más jóvenes", con una media de edad de 59 años, "y responden mejor a los tratamientos". Así, ha señalado que la incidencia acumulada en mayores de 60 años "ha bajado de forma espectacular por la vacuna".

Al respecto, ha explicado que hay más personas en UCI de entre 50, 55, 60 años, "que acuden tarde a urgencias, porque en esa franja se nota más lentamente la bajada de oxígeno y por eso muchos pasan directamente a UCI", aunque ha incidido en que al ser más jóvenes "ha disminuido la mortalidad; tienen mejor evolución", lo que ha hecho cambiar el tiempo en UCI y en cama y la proporción en un 80-20.

Sobre los eventos culturales, ha recordado que ya dijeron al Ministerio de Sanidad que "eran muy drásticas" las nuevas directivas fijadas y ha señalado que están preparando un documento, que quieren presentar la próxima semana, "donde queremos aumentar la flexibilidad y no hablar tanto de un metro y medio entre espectadores sino de porcentajes de asistentes en proporción del nivel que tenga cada una de las áreas o ciudades".

"Creemos que es el momento de abrir un poquito el grifo porque la esperanza la tenemos en las vacunas y si el flujo llega a la velocidad que promete el ministerio esperemos que para finales de junio estemos en una fase mucho más tranquila que ahora", ha manifestado.

Respecto a las cepas, ha indicado que es el lugar donde más estudios se realizan, señalando que la predominante con el 93 por ciento es la británica; ya no existe de la primitiva china, y de las otras "las tenemos bastante controladas, hemos hechos la trazabilidad y no tenemos cluster grandes".

Pero, sí ha pedido al Gobierno que "controle fronteras, sobre todo aeroportuarias", esperando que "no nos entre ninguna cepa que sea resistente a la inmunidad provocada por propia la infección o por la vacuna".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por un delito de abuso sexual a menores, por un encuentro sexual con un adolescente de 14 años al que conoció a través de una 'app' de citas.

La defensa del acusado y la Fiscalía han alcanzado este lunes un acuerdo en la vista celebrada en la Audiencia Provincial, de modo que se ha rebajado la petición inicial de cárcel, originalmente de tres años de prisión. Se ha apreciado la atenuante de confesión y reparación del daño.

Los hechos se remontan a 2017, en Mahón, cuando el acusado y la víctima se pusieron en contacto a través de una 'app' de citas y concertaron un encuentro de carácter sexual en el domicilio del acusado.

Las prácticas sexuales llevadas a cabo fueron de común acuerdo, pero el acusado no preguntó nunca sobre la edad del menor. La Fiscalía entiende que, por su aspecto y al haberse conocido a través de una página de adultos, pensó que el joven era mayor de edad.

El procesado colaboró con la Policía permitiendo voluntariamente el registro de su domicilio, y se mostró muy abatido por los hechos.

Además de la pena de cárcel se impone al acusado cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento respecto a la víctima y el pago de una indemnización de 2.000 euros.

Con todo, el hombre no ingresará en prisión ya que se ha accedido a suspender la pena de cárcel con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cuatro años y que se someta a un curso de educación sexual.

Ante la conformidad de las partes, el Tribunal ha anticipado que dictará sentencia en los términos acordados, que será firme.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Porriño (Pontevedra) esperará a tener "todo el material probatorio" antes de citar a declarar al conductor implicado en el accidente entre dos vehículos en el que fallecieron una mujer y sus dos hijos en Salceda el pasado mes.

Así las cosas, aunque el varón fue detenido por la Guardia Civil este viernes, tras recibir el alta en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo --donde permanecía ingresado a causa de las lesiones derivadas del accidente--, se acordó su puesta en libertad dadas las secuelas que presenta debido al suceso.

De esta forma, este hombre, A.L., de 32 años de edad, aún no ha sido llamado a declarar. Será citado una vez que el juzgado cuente con "todo el material probatorio" que le permita "determinar la calificación jurídica de los hechos".

En principio, se le atribuyen tres delitos homicidio por imprudencia grave y un delito contra la seguridad vial, ya que dio positivo en las pruebas de alcoholemia que se le practicaron tras el accidente.

ACCIDENTE

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado 19 de marzo, cuando se produjo un accidente entre dos vehículos en Salceda de Caselas que se saldó con la muerte de una mujer de 38 años, su hija de 13 años y su hijo de 6, todos ellos vecinos de Salvaterra.

El conductor del coche que colisionó con el de la mujer fue trasladado herido grave al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La prueba de alcoholemia practicada a este varón arrojó un resultado superior a la tasa constitutiva de delito (es decir, más de 0,6 mg/l).

Asimismo, está pendiente la reconstrucción del accidente, que correrá a cargo del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT). Las hipótesis sobre el siniestro mortal de Salceda apuntan que se produjo un choque frontal entre los vehículos conducidos por el investigado y por la mujer.

En concreto, los investigadores señalaron que supuestamente la mujer se encontró de frente con el automóvil de A.L., que habría invadido parcialmente el carril contrario, lo que la habría llevado a realizar una maniobra brusca. El otro conductor habría hecho a su vez un movimiento similar, lo que provocó finalmente el choque frontal.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reiterado este lunes que respeta "todas las opiniones de todos los compañeros" de partido, al tiempo que ha valorado que la federación socialista andaluza se está "descongelando" tras el primer año de pandemia de Covid-19.

Así lo ha puesto de manifiesto la líder socialista en una atención a medios en el transcurso de una visita a San Fernando (Cádiz) acompañada por la alcaldesa del municipio, Patricia Cavada, y la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García.

A preguntas de los periodistas sobre las distintas opiniones que se están trasladando en las últimas semanas desde el seno del partido acerca de las primarias socialistas para elegir a la persona que encabece la candidatura del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones autonómicas y sobre cuándo deberían celebrarse.

Susana Díaz, que este lunes centra su agenda de trabajo en la provincia de Cádiz por segunda vez en lo que va de mes de abril, ha insistido en señalar que "toda la energía y la fuerza" la tiene puesta ahora mismo "en lo que está cayendo" por la pandemia y "en lo que está pasando la gente", tras lo que ha apostillado que, "cuando toquen esas primarias, votaremos en libertad, y los militantes, los hombres y mujeres que componen el PSOE de Andalucía, elegirán en libertad el presente y el futuro del partido.

"Y, mientras tanto, a gastar suela, a estar con la gente, porque si algo necesitan ahora mismo los andaluces es un PSOE muy cerca", ha abundado Susana Díaz antes de insistir en señalar que, "cuando llegue el proceso" de primarias, habrá "unidad, democracia interna y defensa de Andalucía por encima de todo".

La dirigente socialista ha querido dejar claro a los medios de comunicación que no le van a "escuchar nunca una palabra sobre ninguna opinión" de sus compañeros de partido, "porque esa es mi responsabilidad.

"UNIDAD, DEMOCRACIA INTERNA Y DEFENSA DE ANDALUCÍA"

"Yo tengo la responsabilidad de trabajar por la unidad del partido, de respetar todas las opiniones y de garantizar, cuando llegue el momento, que los socialistas andaluces vamos a votar en libertad", ha manifestado Susana Díaz en esa línea, a la vez que ha insistido en que, "cuando llegue el momento" de las primarias, "sea cuando sea, será con unidad, con democracia interna y con una defensa férrea de Andalucía".

Susana Díaz, que este lunes coincide en la provincia de Cádiz con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, de quien se especula como posible aspirante a las primarias socialistas a la Junta, y que visita por tercera vez la provincia gaditana en lo que va de mes --recalando en San Roque tras haber acudido en las últimas semanas a Jerez y Chiclana de la Frontera--, ha señalado que las visitas que ella está realizando en las últimas semanas por las distintas provincias de Andalucía le están "sirviendo para descongelar a la organización" tras un año de pandemia que "ha congelado las instituciones, los gobiernos, las empresas, las familias y la vida de cada uno de nosotros".

Ha remarcado que "el PSOE es un partido de mucha piel", y ella siente "emoción cada vez que abro una Casa del Pueblo, cada vez que veo que los compañeros y compañeras se reúnen después de un año", y ha incidido en que los socialistas andaluces están "viviendo esa descongelación también con pasión".

Ha añadido que, cuando llega a un pueblo, se encuentra con "militantes, comerciantes, hosteleros", personas de distintos colectivos, pero "todos coinciden en que su preocupación es trabajar y no contagiarse" de Covid, y "vacunarse cuanto antes".

"Ese es el patrón, la lista que me encuentro, sea cual sea el rincón de Andalucía, el tamaño del municipio" que visite, según ha apuntado Susana Díaz antes de agregar que eso "también es lo que me marca a mí el camino de lo que tenemos que hacer" y lo que le toca "hacer como secretaria general del PSOE de Andalucía", según ha concluido.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha defendido este lunes que la Comunidad foral asuma la competencia de tráfico, pero que el servicio se preste de forma compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil, tras el anuncio de que en el segundo semestre del año el Estado transferirá a Navarra esta competencia.

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha destacado que, al margen de que la Policía Foral asuma esta competencia, la Guardia Civil "va a permanecer en Navarra". "Hay 1.500 efectivos de la Guardia Civil en Navarra. En esta legislatura han crecido los efectivos de la Guardia Civil en nuestra tierra. Estamos hablando de 180 agentes dedicados a tráfico. Quedan más de 1.300 que siguen y seguirán en Navarra, y para esos 180 agentes está negociando el Gobierno de Navarra la posible pasarela -a la Policía Foral- para que quien quiera se quede aquí", ha dicho Alzórriz.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha explicado que su grupo defiende el traspaso de tráfico, pero manteniendo la gestión compartida entre Policía Foral y Guardia Civil. Esparza ha sostenido que "el sectarismo del nacionalismo no busca una mejora del servicio de tráfico, lo que está buscando es que cuantos menos guardias civiles haya en Navarra, mejor". "El PSOE le paga al PNV y a Bildu la Presidencia del Gobierno de España y de Navarra. Es una cesión, una más", ha señalado, para defender que "la Guardia Civil siga desarrollando su labor íntegramente en Navarra".

No obstante, ha afirmado que si finalmente no se produce esa gestión compartida, la pasarela puede ser "una alternativa" para guardias civiles que actualmente están en tráfico.

Por otro lado, Javier Esparza se ha mostrado en contra del traspaso de la política penitenciaria como han acordado la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno de España y ha considerado que con esta transferencia se buscaría "hacer luego una política penitenciaria que favorezca a los presos de ETA". "Esta transferencia es lo que buscan el nacionalismo vasco en Euskadi y Navarra para a partir de ahí obviamente preocuparse de los suyos y sacar de la cárcel cuanto antes a todos los etarras posibles, por lo tanto, nosotros estamos en contra expresamente de que por una negociación política asesinos de ETA puedan salir de la cárcel antes de que cumplan sus condenas", ha señalado.

Por su parte, Ramón Alzórriz ha valorado que el Gobierno de España y el de Navarra hayan acordado recientemente el traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria en el mes de mayo y el de tráfico para el segundo semestre, tras lo que ha destacado la "buena sintonía" entre las dos Administraciones.

Alzórriz ha criticado que se intente "manipular y mentir" sobre el traspaso de tráfico, vinculando la asunción de esta competencia con una posible salida de la Guardia Civil de Navarra. "La Guardia Civil está y estará en Navarra", ha asegurado, destacando que la petición del traspaso de tráfico ha sido siempre "unánime" en el Parlamento foral.

Respecto a la posibilidad del traspaso de la competencia de prisiones, el portavoz del PSN ha pedido centrarse en concretar definitivamente el traspaso de sanidad penitenciaria y tráfico, y ha dicho que "el resto ya se verá". "Vayamos partido a partido. Que sanidad penitenciaria y tráfico se hagan con solvencia y desde el mayor rigor", ha planteado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha defendido el traspaso de tráfico y ha dicho que las alusiones a la posible salida de la Guardia Civil son "siempre la excusa para no cumplir con la Lorafna en materia de transferencias". "Son muchas las transferencias que quedan pendientes casi 40 años después y nos parece que es más un argumento que tiene que ver con la no vocación de cumplir con lo que jurídicamente queda establecido. En una materia histórica como la de tráfico no tiene por qué haber contraposición de intereses, sino una limitación de competencias", ha dicho. La portavoz de Geroa Bai ha aceptado la previsión del Gobierno de Navarra de implantar una pasarela para posibilitar el traspaso de agentes de la Guardia Civil a la Policía Foral.

En cuanto al posible traspaso de prisiones, Barkos ha defendido "el cumplimiento de la Lorafna -que prevé esta transferencia-". "La consecución del calendario en materia de competencias es para Geroa Bai y quiero pensar que para el cien por cien del Parlamento materia irrenunciable", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que el traspaso de tráfico, "más allá de los mantras que diferentes sectores siguen agitando en los últimos años, es un compromiso adquirido por el Gobierno de Navarra y el del Estado". "Se ha estado mareando la perdiz a lo largo de muchos años, es una transferencia pendiente que tiene su reflejo en la Lorafna y es lo lógico que en Navarra sea la Policía Foral quien gestione tráfico. Más allá de eso, hay un interés partidistas y un interés en manipular la realidad. Ya se hizo este debate la pasada legislatura y vamos tarde", ha señalado.

En cuanto a la competencia de prisiones, ha afirmado que la sanidad penitenciaria "no es suficiente" y ha dicho que "es muy difícil llevar adelante un modelo de ejecución penal debido a las limitaciones que supone que haya otra institución" gestionando esta competencia. "Haría falta que el Gobierno de Navarra gestione esa competencia como viene reconocido en la Lorafna", ha señalado.

Por último, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha defendido que "cuantas más transferencias tengamos en Navarra más ahondaremos en nuestro autogobierno". "Esperemos que una vez tengamos sanidad penitenciaria, sigamos ahondando en la transferencia penitenciaria completa, como así establece el Amejoramiento", ha dicho.

En cuanto a trafico, ha afirmado igualmente que "no es más que cumplir con la Lorafna y seguir desarrollando aquellas medidas que son propias y que debemos tener en la Comunidad foral".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aludido a "razones humanitarias" para justificar el ingreso del jefe del Frente Polisario, Brahim Gali, en el Hospital San Pedro de Logroño.

Darias ha acudido a La Rioja para "testimoniar" según sus propias palabras la llegada a esta comunidad de 18.000 vacunas de Pfizer/BionTech contra la COVID-19 (dentro de una recepción de 1,7 millones en todo el país).

"Son razones humanitarias, no otras", es la única respuesta que ha dado la ministra preguntada acerca de por qué se había elegido La Rioja y, por tanto, su sistema sanitario para el ingreso del jefe del Frente Polisario.

Darias se ha remitido a las declaraciones hechas por su "colega", en referencia a lo explicado por la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.

Esta última evitó dar detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el traslado a España para recibir tratamiento médico del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y descartó que este gesto pueda tener impacto en las "excelentes relaciones" con Marruecos.

Las fuentes diplomáticas consultadas aseguraron que Ghali, líder de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se encuentra en España por "razones estrictamente humanitarias", sin entrar en más detalles.

La Presidencia de la RASD confirmó en un comunicado que Ghali se ha contagiado de coronavirus, pero su estado de salud "no es motivo de preocupación y "sigue recuperándose en forma favorable".

La Audiencia Nacional citó en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia), por lo que desde entonces no existe constancia de que haya estado en España.