La directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Maite Arcos, considera que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, aprobada el 14 de noviembre de 2018, se ha quedado «corta» en el ámbito de Internet.

«Echo de menos que la Directiva haya sido más ambiciosa en este mundo de Internet», ha indicado durante su participación en el encuentro ‘Ley Europea de Comunicación Audiovisual: Las claves de su transposición en España’ organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Los Estados miembros tenían hasta el 19 de septiembre de 2020 para trasponer la citada Directiva, pero, únicamente, Dinamarca, Hungría, Países Bajos y Suecia han notificado las medidas de transposición y declarado que su notificación está completa.

El 23 de noviembre de 2020, la Comisión envió cartas notificando un procedimiento de infracción al resto de Estados miembros, incluido España, y el Reino Unido. En España el plazo para presentar alegaciones en el marco del proceso de audiencia pública del anteproyecto de ley General de Comunicación Audiovisual finalizó el pasado 3 de diciembre.

En el debate, moderado por la periodista y presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, la directora general también se ha mostrado contraria al hecho de que la Directiva aplique el principio de ‘país de origen’, lo que significa que España solo puede aplicar la normativa estatal a aquellos prestadores establecidos en su territorio.

«Eso limita muchísimo», ha manifestado, para después añadir que el audiovisual es un mercado global por lo que a los usuarios españoles les llegan servicios ofrecidos por prestadores establecidos en otros países de la Unión Europea o, incluso, fuera de la misma.

En este punto, ha aclarado que la Directiva permite extender la norma a los operadores que presten sus servicios en el país, algo que ha incluido España en el anteproyecto de ley. «Es un gran avance», ha enfatizado, para después aclarar que no afecta a ‘youtubers’ e ‘influencers’ porque la Directiva europea «no los considera servicios de comunicación audiovisual».

OBLIGACIONES DE LAS PLATAFORMAS

Además, Maite Arcos cree que «hay que tener cuidado, en este mercado global, a la hora de establecer obligaciones sobre plataformas porque lo tienen muy fácil para eludirlas». «Simplemente se establece en otro país de la Unión Europea y los servicios seguirían viniendo aquí, pero las inversiones no estarían aquí», ha explicado.

Desde el punto de vista de las televisiones privadas, el director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Atresmedia, Miguel Langle, ha afirmado que «Internet le ha dado la vuelta a todo» en los últimos años y las reglas deberían ser «las mismas para todos». «Sin embargo, el resultado no ha sido el perseguido», ha asegurado, al tiempo que ha añadido que «la Directiva enfocó bien su objetivo, pero se quedó corta».

En este sentido, Langle cree que la Directiva «nació corta, nació antigua» y su trasposición «se va a quedar todavía mucho más corta». En su opinión, la evolución tecnológica y de los usos es «tan rápida, que se queda vieja la normativa antes de nacer».

Por su parte, la jefa de Asesoría Jurídica de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Carmen Marín, ha destacado la «función clave» de la autorregulación y la corregulación y ha añadido que es «prioritario» establecer ese marco, que permita «no tener una norma demasiado poco flexible» para poder acometer los cambios necesarios y permita a todos los actores implicados «poder avanzar en el desarrollo del modelo». «La ley tarda mucho en cambiar y el modelo tecnológico avanza muy rápido», ha puesto de relieve.

Ibán García del Blanco, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, ha concluido que «España va a ser un país especialmente ambicioso en la adaptación de esta Directiva» y ha subrayado que «probablemente marque el camino de lo que acabará siendo el futuro en este sector en toda Europa.

Finalmente, la académica y presidenta de la Fundación Autor, Marisa Castelo, ha dicho que «parece que los contenidos se crean solos» y echa en falta en este proyecto de ley «alguna referencia, algún guiño o algún apoyo a los autores». No obstante, ha calificado la ley de «excelente».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón celebra mañana una intensa ronda de declaraciones en el marco de la pieza separada 9 de caso ‘Tándem‘, que investiga los encargos que hizo el BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así, tomará declaración como investigado al ex jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI), el comisario Costancio Riaño; y escuchará como testigo al exministro Miguel Sebastián, al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y otros cuatro testigos.

La declaración de Riaño –que ha sido aplazada en dos ocasiones anteriores– se produce como investigado por un presunto delito de revelación de secretos por proporcionar datos privados a Villarejo. En el auto de imputación del pasado 22 de febrero, el magistrado subrayó que los informes que entregó el comisario jubilado a la entidad bancaria incorporaban «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».

Riaño comparecerá después de que otros cuatro mandos policiales también imputados en esta pieza afirmaran que extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, pensando que se trataba de asuntos normales de la Policía. No sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo, indicaron según fuentes jurídicas consultadas.

Cabe recordar que Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al ‘clan’ del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en ‘Iron’.

DECLARACIONES DE PERJUDICADOS

Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha citado como testigos a perjudicados del espionaje que llevó a cabo el comisario jubilado Villarejo para boicotear el intento de Sacyr de entrar en el consejo de administración del banco. Así, ha vuelto a llamar al expresidente de la constructora Luis del Rivero y a los que fueran directivos de la entidad José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés.

A estas testificales se sumarán la del exministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián y al ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas.

Precisamente en el marco de esta pieza separada, en la que se indaga los trabajos del comisario para el BBVA, por los que habría recibido 10,2 millones de euros, se conoció a principios del año pasado que en un informe de Villarejo titulado ‘Proyecto FG’ –iniciales del expresidente del banco Francisco González–, el comisario explicaba que habría contactado con hasta 49 políticos, periodistas y colaboradores con el objetivo de frenar el desembarco de Sacyr en el consejo de administración del banco. Con este fin fueron contratado los servicios del expolicía en 2004.

Según la sinopsis de ese informe, que obra en el sumario de la causa, el objetivo de los trabajos de Villarejo era «boicotear las acciones» previstas contra «K» (el cliente) y provocar el «abandono del acoso» contra el ex presidente del BBVA, así como mejorar su reputación.

CONVERSACIONES DEL EXMINISTRO

El objetivo del departamento jurídico del banco, según este informe de Villarejo, era contactar con accionistas de SV (Sacyr Vallehermoso) para convencerlos de que actuaran a favor de Francisco González.

En uno de los puntos del proyecto que lleva por nombre control de comunicaciones, refleja 16.000 comunicaciones analizadas, de las que 9.700 aproximadamente son de móviles relacionados con el GH (Grupo Hostil). Otros 6.700 serían comunicaciones realizadas desde fijos en oficinas y domicilios privados y hasta 869 conversaciones interceptadas, de las que sólo «un 5 por ciento son relevantes». Entre esas conversaciones se especifican algunas del exministro Miguel Sebastián, del empresario Juan Abelló, del entonces presidente de Sacyr Luis del Rivero o del que era presidente del Santander Emilio Botín.

En sus anotaciones, el comisario relata las infiltraciones fallidas en medios de comunicación, y los éxitos a la hora de incidir en la línea editorial de otros. También deja constancia de las «penetraciones» fallidas en el entorno de accionistas de Sacyr, de escoltas y hasta en el departamento de seguridad de la constructora.

Entre las acciones de ‘boicot’ planificadas por Villarejo para tumbar la iniciativa de la constructora están por ejemplo hasta 87 acciones de desinformación que fueron fallidas, o 14 intentos de interceptar el teléfono móvil del ex ministro Sebastián.

Al respecto de esos intentos fallidos de ‘pinchar’ al teléfono de Sebastián, Villarejo deja apuntado que se le estropean dos equipos por ese cometido, que el CNI avisó al ministro del ataque y que este fue con el problema al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En las anotaciones también refleja 28 incidentes de comunicación y mensajes enviados a Sebastián y a su entorno personal.

Las hijas de dos usuarias de la residencia DomusVi de Cangas (Pontevedra) que se contagiaron de covid-19 durante la primera ola de la pandemia, de las cuales una terminó falleciendo, han presentado recurso de apelación ante el archivo del procedimiento penal abierto contra la empresa y dos altos cargos de la Xunta.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas dictó un auto el pasado 25 de marzo por el que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa, dirigida contra la CEO de DomusVi en España, Josefina Fernández; contra la directora del centro, Laura Cancelo; y contra dos altos cargos de la Xunta: el entonces director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, y la jefa de Inspección de Maiores e Discapacitados, Berta Besada.

En su escrito, el juez magistrado acordó el archivo de las actuaciones al entender que «no existen indicios fundados de responsabilidad penal», mientras que las querellantes les acusaban de delitos de lesiones, homicidio por imprudencia profesional y abandono de incapaces.

Ahora, las hijas de estas dos usuarias afectadas –una de ellas, fallecida– han decidido presentar un recurso de apelación que se basará en tres pilares: una «insuficiente actividad instructora» para hallar indicios de delito, las «irregularidades manifiestas» en los dictámenes técnicos y una «falta de motivación» del propio auto de sobreseimiento.

VELLEZ DIGNA CRITICA LAS ACTUACIONES REALIZADAS

Así lo explica la asociación canguesa Vellez Digna, compuesta por familiares de residentes de centros de tercera edad y que presta asistencia jurídica a las dos querellantes en este caso. En un comunicado remitido a los medios, la organización asegura que los abogados solicitarán «más pruebas» ante las «sucesivas denegaciones» de evidencias documentales y testificales propuestas.

De hecho, Vellez Digna llama la atención sobre el hecho de que, ante la «extensa solicitud de prueba que fue formalizada», únicamente se acordó «el requerimiento de documental a la residencia», que es «obviamente parcial», y la emisión de un dictamen médico-forense «plagado de irregularidades».

«Teniendo en cuenta que no se tomó declaración a ningún testigo, no se obtuvieron informes de los principales organismos y personal sanitario que intervino durante el período de confinamiento estricto en la residencia, y que tampoco se tomó declaración a los querellados, nos preguntamos en qué prueba de las practicadas se puede concluir que no se perpetraron los delitos denunciados», explica la asociación de familiares, que además considera que «de ningún modo» el juzgado impulsó una investigación «en profundidad» de los hechos.

Asimismo, Vellez Digna entiende que el juez de instrucción «está prejuzgando el asunto» cuando su labor «es identificar posibles indicios de comisión de los hechos delictuosos que se denuncian».

Por todo ello, los familiares dicen sentirse «boicoteados y maltratados» por el juzgado de instrucción, que los trata «con desigualdad» frente a las cuatro personas contra las que se dirigió la querella presentada ya en junio de 2020.

NO VE «ERROR» NI «NEGLIGENCIA»

En el auto de sobreseimiento dictado el pasado 25 de marzo, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas explicaba que, a la vista de las pruebas practicadas –que los familiares consideran «insuficientes–, «no cabía otra decisión» que su archivo.

«Los informes médico forenses emitidos son claros y mantienen que la atención dada (…) se ajusta a la ‘lex artis’, según el cuadro clínico que presentaron, no encontrando ningún error o negligencia en la actuación de los sanitarios que la atendieron», concluía el escrito.

Eso sí, el auto añadía que con esta decisión judicial «no se mantiene que no haya existido responsabilidad alguna» por parte de los querellados, sino que «lo que se mantiene es que no existen indicios fundados de responsabilidad penal».

Algunos de los partidos que apoyaron al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 aprovecharán este miércoles la presencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para exigirle que pacte con las comunidades autónomas una alternativa jurídica al estado de alarma, habida cuenta de que ya ha anunciado su intención de no prorrogarlo más allá del 9 de mayo.

Así lo han avanzado este martes Más País, Compromís, Bildu y también el PDeCAT en distintas ruedas de prensa en la Cámara Baja, incidiendo en que el número de contagios por coronavirus va en aumento y en que algunas comunidades están volviendo a endurecer las restricciones.

Así, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Gobierno que confeccione una alternativa nacional al estado de alarma, para evitar que, si finalmente éste decae el 9 de mayo, se genere una especie de «mercado persa» con las comunidades autónomas sobre las medidas anticovid que podrán desplegar a partir de esa fecha.

Su temor es que, sin el estado de alarma, se produzca una especie de «sucesión de guerritas» para «pasarse la patata caliente» entre las distintas administraciones.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Para el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, Sánchez debería actuar con «prudencia» en esta cuestión y convocar una Conferencia de Presidentes para escuchar a las comunidades autónomas que desaconsejan levantar unilateralmente el estado de alarma, sin perder nunca de vista las recomendaciones de los expertos.

Desde Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha insistido a Sánchez en la necesidad de pactar con las comunidades autónomas un «paraguas jurídico» que les permita actuar en sus territorios en función de la evolución de la pandemia sin necesidad de prorrogar la alarma.

En su opinión, esa fórmula alternativa podría ser un decreto aprobado por el Gobierno tras pactarlo con las comunidades y que permitiera la aplicación, en su caso, de un estado de alarma por territorios, o de las medidas que cada comunidad estime oportunas en función de su evolución epidemiológica. Si no se aprueba ese paraguas jurídico, ha dicho, no habrá más remedio que seguir con el estado de alarma.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, también ha exigido a Sánchez que aclare qué pasará a partir del 10 de mayo si la víspera decae el estado de alarma. «Tiene que decir cuál es la alternativa», ha comentado Bel en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha reprochado al Gobierno que no haya impulsado un nuevo marco legislativo para afrontar la pandemia sin necesidad de recurrir a esta figura.

El Gobierno regional ha denunciado este martes que la subida fiscal que planea el Ejecutivo central «va a ser la puntilla a las miles de familias y empresas españolas que desde hace más de un año luchan para salir de la crisis sanitaria, social y económica causada por el coronavirus», informaron fuentes de la Administración autonómica en un comunicado.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán, ha calificado el anuncio hecho por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la constitución del grupo de expertos que abordarán la reforma fiscal, como «un nuevo ataque a la autonomía fiscal de las comunidades consagrada en la Constitución Española».

En concreto, Montero ha apuntado a que esta reforma fiscal incluirá aspectos como la subida del impuesto de sociedades o la denominada armonización fiscal.

Para Celdrán, «ya teníamos clara la intención del Gobierno central de ceder al chantaje de los independentistas para abordar esta mal llamada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta y con la que, por ejemplo, pretende imponerse de nuevo el impuesto de Sucesiones y Donaciones a los habitantes de la Región de Murcia».

Asimismo, el titular murciano de Economía ha señalado que la ministra «apela ahora a la armonización cuando llevan meses desarmonizando las relaciones con las comunidades, incrementando la brecha territorial con repartos de fondos arbitrarios, injustos y dirigidos para beneficiar a quienes les sostienen en la Moncloa.

En este sentido, ha aseverado que la autonomía fiscal que consagra la Constitución «ha permitido a la Región de Murcia poder aplicar políticas regionales de retención y atracción de inversión y capitales en los últimos años para defendernos de la desventaja competitiva que supone ser la segunda comunidad peor financiada desde hace más de una década».

«Gracias a las decisiones tomadas por el Gobierno de López Miras aplicando esta autonomía fiscal hemos podido eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y hacer bajadas selectivas del IRPF para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables o para impulsar la inversión en I+D+i. Y estas medidas han permitido a su vez que la Región haya sido la comunidad española que más empleo y crecimiento ha tenido desde 2010 a 2019», ha agregado.

El consejero de Economía y Hacienda ha incidido además en que esta subida fiscal «va en contra de lo que se está haciendo en el resto de Europa, donde combinan bajadas de impuestos y programas de ayudas directas a familias y empresas».

«En España, mientras tanto, el presidente Sánchez y la ministra Montero sacan de la chistera un plan de ayudas caótico e insuficiente y con la otra mano preparan un sablazo fiscal a todos los españoles que va a meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, perjudicando a las clases medias, autónomos y empresas y espantando a los inversores».

Por último, Celdrán ha recalcado que «frente a este Gobierno errático que va a poner una losa a la recuperación de las familias y de nuestra economía, en la Región de Murcia seguiremos defendiendo la libertad económica, trabajando por las familias y empresas de la Región y bajando y eliminando impuestos injustos».

Un informe presentado este martes en unas jornadas sobre tratamiento penitenciario ha destacado que el perfil del delincuente de odio responde a un hombre español, soltero o sin pareja, que convive con su familia, con un nivel educativo básico y sin trabajo remunerado o con escasos ingresos.

El trabajo de Javier López, de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, y la profesora de la Universidad de Comillas Meritxel Pérez, ha formado parte de la sesión de inauguración de las Jornadas ‘La Evidencia Científica en el Tratamiento Penitenciario’, que ha contado con la presencia, entre otros, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

De acuerdo al informe, el 66,7% tiene entre 18 y 30 años de edad, disminuyendo el delincuente de odio hasta desaparecer en el grupo de mayores de 60 años. Tan solo el 21% es independiente de su familia o vive en pareja y la mayoría, el 48,5%, tiene el graduado escolar y el 27,3% ni siquiera ha conseguido esa titulación de educación básica.

Con relación a la situación laboral, el 33,3% cuenta con un trabajo por cuenta ajena o es autónomo. El resto, está desempleado o en otras situaciones, según este estudio llevado a cabo entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad (FIADYS).

CONSUMIDORES DE SUBSTANCIAS TÓXICAS

En cuanto al perfil criminológico, el informe recoge que el 70% son consumidores de substancias tóxicas, con una edad de inicio alrededor de los 15 años. «Más de un tercio reconoce haber sufrido maltrato físico o psicológico por parte de sus padres u otros familiares», según ha destacado Instituciones Penitenciarias.

«La mayoría se relaciona con un grupo de ideología de odio –neonazis, ultras de futbol, etc– y no cuenta con un historial delictivo previo de gravedad», ha destacado la institución dependiente del Ministerio del Interior, que destaca que «es violento con personas ajenas a su núcleo familiar o de amigos».

Del perfil psicológico añade que el delincuente de odio es una persona «propensa a asumir riesgos, agresiva de forma reactiva y con mayor prejuicio sutil».

El estudio ha concluido que existen tres tipos de perfiles delictivos: buscador de emociones (perfil mayoritario con prejuicios hacia minorías y colectivos vulnerables; cometería agresiones en grupo; es el de mejor pronóstico terapéutico ya que su prejuicio es bajo); vengativo (agresivo por supuesta ofensa hacia su persona o grupo; tiene dificultad para identificar sentimientos) y defensivo (protege el territorio de personas extranjeras a las que percibe como amenaza). En estos dos últimos tipos, el prejuicio está más arraigado y es más intenso.

Las jornadas han contado con la conferencia inaugural a cargo del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que ha subrayado que «la experiencia práctica de los profesionales penitenciarios y el aporte científico de la Universidad son la mezcla ideal para afrontar los retos derivados de una nueva realidad criminógena».

El Diccionario Histórico de la Lengua Española ha alcanzado la cifra de 6.325 artículos publicados, tras la incorporación de 715 nuevas monografías en una actualización que ha incluido la de las amplias familias de coronavirus y covid.

De hecho, en el ámbito de las enfermedades respiratorias –que también cuenta con la redacción de voces como ‘tisis’ y ‘tuberculosis’– están las familias de coronavirus (con derivados como corona, coronaplauso, coronabebé o coronavirología y coronavirólogo) y covid (en la que se integran voces como autocovid, covidianidad, covídico, precovid o incluso covidioma o covidiccionario).

En esta décima actualización del proyecto en línea se incluyen también para su consulta la historia de palabras como ‘chal’, ‘clavecín’, ‘revólver’, ‘teremín’, ‘tisis’, ‘trompa’ o ‘tuberculosis’.

A palabras que designan enfermedades y partes del cuerpo (‘liviano’ o ‘pleura’), otras sobre instrumento de medida (‘amonímetro’ o ‘diafanómetro’), se suman términos (y sus familias) sobre armas y máquinas bélicas (‘algarrada’, ‘almajaneque’, ‘cetme’), instrumentos musicales (‘alboca’, ‘antara’, ‘clavecín’, ‘flautino’) o voces de la indumentaria (como ‘chal’ o ‘chalón’).

Estas son algunas de las novedades de un Diccionario Histórico de la Lengua Española que «nunca estará completo del todo», tal y como ha señalado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en la presentación, pero que busca dar un salto tanto en el número de visitantes online como en el método de trabajo para los artículos.

Por un lado, el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha anunciado que con la incorporación de nuevos grupos de trabajo espera que «a no tardar más de cinco años» se alcancen entre los 25.000 o 30.000 artículos del diccionario.

«Necesitamos más equipos y medios para avanzar en una obra que tardaría en completarse 80 años sin estos criterios nuevos. El trabajo actual es el de preparar y publicar 1.000 trabajos al año», ha señalado Muñoz Machado, quien ha reiterado la importancia de esta colaboración público-privada.

«Ahora de lo que se trata es de aligerar un poco y establecer un proyecto a más corto plazo. Los diccionarios se elaboran con tranquilidad, despacio y no se trata de correr, pero con más medios», ha señalado.

El Diccionario histórico de la lengua española es una obra pensada y diseñada, desde el principio, como un diccionario electrónico, relacional y de acceso público en Internet gracias a una plataforma.

El hecho de que esta obra se conciba como un diccionario electrónico permite mostrar la evolución de las palabras tomando en consideración las relaciones (genéticas, morfológicas, semánticas) que estas mantienen entre sí.

Precisamente, el director de la RAE ha anunciado también cambios en la web que recibía hasta ahora 10.000 visitas al mes y que, en el plazo de no más de un año, se espera que albergue a un millón de usuarios mensuales –a la altura, por ejemplo, del Diccionario Panhispánico de Dudas–.

RED PANHISPÁNICA

El DHLE tiene como objetivo recopilar todo el léxico del idioma español en todas las épocas y en todas las zonas en que se habla o se ha hablado. El proyecto se ha reforzado con una nueva metodología a cargo de la Red Panhispánica de Academias, Universidades y Centros, cuyos equipos trabajarán para elaborar la biografía de cada una de las palabras.

En la actualidad, cuenta con dieciocho grupos, nueve de ellos en España y otros nueve en América. A esta red constituida por la RAE se suman las instituciones que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Salamanca, la Universidad de la Laguna, la Universidad de Sevilla, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Murcia, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de León, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Rovira i Virgili.

«Este es un diccionario vivo que incluye palabras que ya no se utilizan y este trabajo nos ayudará a entender mejor el mundo compartido por hispanohablantes. Por ello, deberá ser un refuerzo de la identidad común que nos ofrece el idioma», ha concluido el ministro de Ciencia.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este martes en el pleno del Senado que el Gobierno va a seguir apoyando a la iniciativa Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para universalizar el acceso a las vacunas del Covid-19.

Maroto se ha pronunciado así en respuesta al senador Gorka Elejabarrieta quien le ha preguntado por los motivos por los que el Estado español no apoya la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 en una situación de emergencia sanitaria mundial.

Además, y tras señalar que si todos los países accediesen a las vacunas se podrían evitar «muchas mutaciones» del coronavirus, el senador ha aludido a las palabras pronunciadas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «la equidad en las vacunas no es un acto de caridad, sino que es la mejor y más rápida forma de controlar la pandemia y reiniciar la economía».

Ante esto, la ministra ha recordado que tanto España como el resto de la Unión Europa comparten el objetivo de garantizar que la población tenga acceso a las vacunas y que, además, estas se distribuyan de una manera equitativa. No obstante, ha señalado que las patentes se tiene que analizar y coordinar en el seno de la Unión Europea.

Asimismo, Maroto ha informado de que el Gobierno apoya a Europa para explorar las vías que ofrece el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio para los países de renta media y baja a través de concesiones de licencias voluntarias y obligatorias.

«También apoyamos a la Unión Europea para fomentar los acuerdos de transferencia tecnológica entre las farmacéuticas y, por supuesto, apoyamos la iniciativa Covax porque permite garantizar el acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo», ha aseverado la ministra, para recordar que la prioridad actual del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es la de «vacunar, vacunar y vacunar».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre la imagen exterior de España, sobre la fiscalidad que pretende adoptar frente al incremento del gasto publicado por la pandemia sobre y la situación del paro juvenil en España y singularmente en Asturias.

Será en la primera sesión de control al Ejecutivo tras el receso de la Semana Santa y tendrá lugar justo después de una comparecencia de Sánchez para hablar sobre el plan de vacunación y el estado de alarma derivado del coronavirus, que concluye el próximo 9 de mayo y que, de entrada, no prevé prorrogar.

En concreto, el presidente del PP, Pablo Casado, pedirá a Sánchez que se pronuncie sobre cuál cree que es actualmente la imagen de España en el exterior. No obstante, es más que probable que el interrogante derive en otro tipo de cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Tras Casado, será el turno del portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, quien pretende que el presidente revele si piensa adoptar alguna medidas fiscal adicional para abordar el mayor gasto público generado por la pandemia.

De su lado, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, emplazará a Sáncez a dar cuenta de las medidas que se plantea el Gobierno para revertir la pésima tendencia del desempleo juvenil en Asturias, que se sitúa en el 39,6%, «la más elevada de toda la UE».

DÍAZ SE ESTRENARÁ COMO VICEPRESIDENTA EN EL CONGRESO

La de este miércoles será la primera sesión de control sin Pablo Iglesias en el banco azul del hemiciclo, ya que el líder de Podemos dejó el Gobierno para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo.

Y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras más de un año de ‘duelos’ parlamentarios con Iglesias, ha decidido debatir con la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, la máxima representante de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Para este primer rifirrafe, García Egea ha elegido una pregunta sobre la evolución del empleo, habida cuenta de que Díaz es titular de esta cartera, además de la Vicepresidencia Tercera. «¿Está satisfecha con los datos del empleo?», reza la pregunta del dirigente ‘popular’.

El paro bajó en marzo en 59.149 personas y la cifra total de desempleados se quedó en 3,94 millones de desempleados, mientras que la Seguridad Social sumó 70.790 afiliados de media frente al mes anterior.

CALVO ATENDERÁ DOS DE LAS TRES PREGUNTAS QUE LE DIRIGÍAN

De su lado, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, será quien vuelva a preguntar en la sesión de control a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. En concreto, se interesará por la gestión de la pandemia del coronavirus: «¿Considera que el caos que han creado con su modelo de cogobernanza es útil para los españoles?», es la pregunta registrada.

A Calvo también dirigían sus preguntas tanto Vox como Ciudadanos, si bien en esta ocasión el Gobierno ha decidido que la ‘número dos’ del Gobierno sólo atienda la de la formación naranja, reservando la registrada por el partido de Santiago Abascal para la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Lara.

En concreto, el portavoz de Cs y candidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, quiere que Calvo le adelante lo que piensa hacer el Gobierno para frenar «la ola de polarización y tensión política».

De su lado, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, buscará que la jefa de la diplomacia española le explique por qué, a su juicio, España ha perdido respaldo en la comunidad internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes el trabajo de todos sus ministros, frente a las acusaciones que durante el Pleno del Senado han lanzando tanto el PP como Vox contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también el de Transportes, José Luis Ábalos, en el caso de Vox.

«Quiero agradecer el trabajo de los ministros durante estos meses tan largos y lamentar que haya partidos que se hayan opuesto a avances tan necesarios como el Ingreso Mínimo Vital», ha manifestado Sánchez en respuesta al portavoz de Vox en la Cámara Alta, Jacobo González-Robatto.

Así lo ha asegurado, después de que el parlamentario de Vox le preguntara en concreto si tenía prevista alguna medida respecto a la actual composición de su Gabinete, dadas las últimas actuaciones de sus ministros, en alusión a las polémicas que afectan, por un lado, a Marlaska por la decisión de la Audiencia Nacional de anular la destitución al coronel Diego Pérez de los Cobos, y a Ábalos, por el rescate a Plus Ultra.

«No vamos a parar hasta sentar a todos en el banquillo», ha avisado el portavoz de Vox, tras denunciar la «indignidad» de Marlaska por esa decisión, y antes de cargar por otro lado contra Ábalos por el citado rescate que, según Vox, no es más que un «favor al régimen de Venezuela».

Previamente, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha exigido a Sánchez que cese a Marlaslka «hoy mismo, en nombre de la dignidad y en nombre de la decencia», por el caso de Pérez de los Cobos y también «por haber firmado más de 92 beneficios» a presos etarras, a su juicio, «en contra de los propios informes de la cárcel cuando ni siquiera han asumido sus crímenes ni pedido perdón».

«O cesa a Marlaska o el Ministerio del Interior sufrirá la misma degradación que el CIS o que RTVE. A ver si lo entiende, o al menos solo entienda esto, o Marlaska o la dignidad. ¿Lo entiende? O Marlaska o la dignidad», ha enfatizado.

Sánchez no ha hecho alusión a este asunto ni en su réplica a Maroto ni a González-Robatto, y se ha centrado en denunciar la oposición constante al estado de alarma de estas dos formaciones y, en el caso del partido de Santiago Abascal, contra todas las medidas económicas y sociales que ha puesto en marcha el Gobierno para paliar la crisis derivada de la pandemia.

En concreto, en su contestación al portavoz de Vox, ha denunciado también que esta formación solo se dedica a «mentir» sobre la actuación del Ejecutivo, con el objetivo de «sembrar odio» y generar «confrontación». Además, les ha acusado de querer «vestirse» de otra cosa, al decir que defiende a los trabajadores, cuando lo que hacen, a su juicio, es «defender a las clases altas pudientes».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes al PP de que «pagará en las urnas» haber sido «tan desleal» con el Gobierno de España en «un momento tan crítico» como el actual. Es más, ha señalado que «cuando todo esto pase», la ciudadanía «va a poner a cada cual en su sitio».

Así ha respondido al portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, quien ha acusado al presidente del Gobierno de centrarse en «atacar» a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en vez de combatir al virus del Covid-19. Y ante las elecciones del 4 de mayo, ha espetado a Sánchez: «Un partido que odia Madrid, nunca puede gobernar Madrid».

Con la campaña madrileña como telón de fondo, el dirigente del PP ha afirmado que el «único virus que le quita a Sánchez el sueño es el del poder» y «por eso ha convertido la Moncloa en una sucursal electoral» y él mismo en «candidato» a las elecciones madrileñas.

MAROTO: «ATACA A AYUSO EN VEZ DE AL VIRUS Y ESO ES INDECENTE»

Tras acusar a Sánchez de haber acudido al Senado a «hacer campaña», Maroto ha afirmado que el presidente del Gobierno «miente siempre». «¿Cómo puede pedir responsabilidades a los demás alguien que miente más que habla?», se ha preguntado, para señalar que Sánchez «nunca va a perdonar» a Ayuso que haya «demostrado una capacidad de actuar frente a la pandemia de la que carece» el jefe del Ejecutivo.

Además, ha señalado que «cada vez que intenta darle una bofetada a Ayuso en la cara de los madrileños le acaba saliendo rana y se pega la bofetada usted mismo». «Usted en vez de atacar al virus ataca a Ayuso y eso es indecente», ha enfatizado.

El portavoz del PP ha recalcado que el presidente del Gobierno «ha llegado a inventarse que los datos de los infectados en Madrid estaban manipulados», un ataque «tan burdo» que «hasta ha desmentido» el coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Maroto ha destacado que este lunes la ministra María Jesús Montero ya dejó al «descubierto la gran mentira» del candidato socialista Ángel Gabilondo porque «sí habrá subida de impuestos» con un «hachazo fiscal en Madrid». «Los españoles contestarán a eso, pero antes lo harán los madrileños y lo harán en las urnas», ha proclamado, para añadir que está claro que Sánchez y su partido «odian Madrid» por las medidas que están tomando.

SÁNCHEZ: «LA CIUDADANÍA VA A PONER A CADA CUÁL EN SU SITIO»

En su réplica, Sánchez ha echado en cara a senador del PP que los ‘populares’ le acusen de «electoralismo» y de hacer «campaña» en el Parlamento después de una pregunta centrada en Madrid y las elecciones del 4 de mayo. Y ha espetado a Maroto que como senador de «un pequeño pueblo» de Castilla y León no entiende que «caiga en ese fervor y amor» a Ayuso cuando su política «daña a territorios» como el que él representa en la Cámara Alta.

Tras subrayar que ahora que están «al principio del fin de la pandemia» tras «acelerarse» la vacunación», el presidente del Gobierno ha dicho que está «convencido» de que cuando esto pase la ciudadanía «va a poner a cada cuál en su sitio». «Sin duda», ha proclamado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

Sánchez ha avisado al PP que el Plan de Recuperación que ha presentado el Gobierno va a suponer la «modernización» de España y ha añadido que el «gran error» que ha cometido el partido de Pablo Casado es «situarse enfrente» y no «al lado» del Ejecutivo. «Cuando sean las elecciones en 2023, pagarán en las urnas haber estado enfrente y siendo tan desleal con el Gobierno de España en un momento tan crítico como el que estamos ahora mismo», ha subrayado.

Sánchez ha destacado que su Gobierno ha «peleado» en Europa para lograr 140.000 millones de fondos europeos mientras que el PP se dedicaba a «sembrar dudas, desconfianza e intentar que España no lograra ese gran ‘plan Marshall’. Y con el plan de vacunación, ha echado en cara al PP que también se haya dedicado a «sembrar de difamación y de zozobra esa campaña de vacunación».

El presidente del Gobierno ha repasado otras medidas que ha tomado estos meses el Ejecutivo en materia social, como los ERTEs, mientras que el PP, ha dicho, se dedicó cuando gobernaba a «recortar, recortar y recortar al estado de bienestar y a la sanidad».

SÁNCHEZ CRITICA AL PP POR «CHILLAR» CON EL ESTADO DE ALARMA

En medio del debate abierto sobre la prórroga o no del estado de alarma, que acaba el 9 de mayo, Sánchez ha espetado al PP que «dependiendo un poco de la latitud de la representación territorial» del Partido Popular «o están a favor o están en contra» de prolongar el estado de alarma.

«Pero hasta hoy, lo que han hecho es votar en contra del estado de alarma, que ha sido lo que ha salvado vidas y ha salvaguardado la salud pública de los españoles», ha dicho Sánchez, para preguntar expresamente al PP si está a favor o no de esa medida excepcional a partir del 9 de mayo porque tiene la sensación de que «chilla» si el Gobierno propone prorrogar la alarma pero también lo hace en caso contrario.

Maroto ha recordado en su réplica que en su día Sánchez dijo que las autonomías no tendrían cobertura jurídica para tomar las decisiones y ahora dice lo contrario. Por eso, le ha preguntado si «mentía» antes o lo hace ahora.

Además, el portavoz del PP ha dicho a Sánchez que al escucharle presentar en Moncloa el Plan de Recuperación ha recordado «de golpe a Zapatero con el ‘Plan E’ para asfaltar aceras». «¿Cuántas nuevas mentiras se van a descubrir con ese plan?», se ha preguntado.

También ha recriminado al presidente que siempre recurra al «mismo argumentario repetitivo», acusando a los demás de ir contra la unidad, la responsabilidad y la moderación, «las tres cosas» que no practica él como presidente del Gobierno. «Como le decía hace unos días una buena amiga suya ‘cree el ladrón que todos son de su condición'», le ha espetado, aludiendo así a las declaraciones de Ayuso.

MAROTO PIDE BAJAR EL IVA DE LAS MASCARILLAS FP2

Tras asegurar que a Sánchez le ha salido «el tiro por la culata» con las mociones de censura contra el PP, ha señalado que con ese comportamiento está «inhabilitado políticamente para volver a pedir unidad el poco tiempo que le quede en la Presidencia del Gobierno».

Maroto ha aprovechado la pregunta para pedir a Sánchez que baje el IVA de las mascarillas FP2 después de haber acudido a la sesión plenaria con una de ellas. «Verle protegido con la mascarilla a la que no quisieron bajarle el IVA es realmente sorprendente», ha proclamado, para quejarse después de que el presidente del Gobierno no haya respondido a su pregunta sobre este extremo.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ comienza este miércoles a escuchar a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación de estos hechos, entre ellos al que fuera responsable de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delitos Económicos, José Luis Fernández Gudiña, o al inspector jefe de esta Unidad, Manuel Morocho.

Las declaraciones de los policías llegan un mes después de que empezaran a pasar testigos por el juicio en el que se analiza el presunto uso que se le dio a los fondos de la caja ‘b’ de los ‘populares’.

Entre ellos han comparecido empresarios que aparecen como donantes al PP según los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ o ex altos cargos del partido, como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, ex secretarios generales de la formación política y exministros. Todos los que fueran exdirigentes ‘populares’ han negado la existencia de una contabilidad paralela, así como haber cobrado ‘sobresueldos’ en negro.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado para este miércoles a una decena de agentes que participaron en la investigación de la presunta caja ‘b’ en la formación política, entre los que se encuentra José Luis Fernández Gudiña y Manuel Morocho, este último más conocido por ser el inspector que dirigió la investigación del caso ‘Gürtel’.

INVESTIGACIÓN PARALELA

Recientemente, Morocho ha declarado en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la ‘operación Kitchen’, operativo parapolicial investigado por la Audiencia Nacional que se desarrolló entre 2013 y 2015 para sustraer la documentación comprometedora para el PP que su extesorero Luis Bárcenas guardaba.

Durante su comparecencia puso de manifiesto, al igual que hizo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que investiga la ‘Kitchen’, que en 2015, durante el transcurso de la instrucción del caso ‘Gürtel’, fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y que allí «tuvo constatación material de la existencia de una investigación paralela» sobre Bárcenas.

El inspector apuntó que en la base de datos policiales se agregó un documento –que fue motivo de desclasificación del Consejo de Ministros, dentro del caso ‘Kitchen’– en el que se hacía referencia a cuestiones temporales de «personas vinculadas» al extesorero del PP y «su entorno familiar». Añadió que todo ello se obtuvo al margen de la investigación del caso ‘Gürtel’, una información «sesgada» y que «produjo un cruce buscado sobre una investigación en curso».

Morocho anteriormente ya se había pronunciado sobre la investigación de la presunta financiación irregular del PP, pues también compareció en la comisión que la Cámara Baja llevó a cabo en 2017 sobre este asunto. En esa ocasión lamentó las siete querellas que interpusieron contra él diferentes dirigentes del Partido Popular descontentos con la investigación desarrollada por la UDEF en el marco del caso Gürtel.

También apuntó que en la investigación por la ‘caja b’ del PP aparecen «indiciariamente» anotaciones que afectan a dirigentes ‘populares’, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha repetido este martes en el Senado que no piensa dimitir del cargo tras la sentencia de un juez de lo contencioso-administrativo que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, a lo que el PP ha respondido exigiéndole que se vaya «por higiene y salud democrática».

«La sociedad española sólo le pide ya que presente su dimisión por higiene democrática, por salud democrática. Fuera Marlaska, fuera… Usted no está habilitado para seguir en el Ministerio del Interior, fuera Marlaska, fuera», le ha dicho elevando el tono el senador del PP Fernando Martínez-Maillo en la sesión de control en la Cámara Alta.

Grande-Marlaska ha recordado que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional no es firme –de hecho, Interior anunció recurso– y no le imputa ningún delito. Además, ha defendido que a su departamento lo que le interesaba era evitar «filtraciones que nunca son inocentes» cuando versan sobre cuestiones «sensibles».

El ministro respondía de esta forma a la petición de dimisión en el Senado después del fallo del magistrado Celestino Salgado anulando el cese del coronel Pérez de los Cobos –«un guardia civil honesto», según el PP– como jefe de la Comandancia de Madrid de mayo de 2020 cuando una unidad de policía judicial investigaba la manifestación del 8M autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, así como su posible implicación en el inicio de la pandemia de Covid-19.

«No voy a dimitir, voy a seguir trabajando con mi equipo para que la seguridad sea un bien jurídico, evitar las desviaciones de los gobiernos del PP y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades», ha señalado Grande-Marlaska.

En este sentido, ha recordado la condena del ‘caso Gürtel’ que afecta a los ‘populares’ o que «algún juez» les señaló como organización criminal, así como que una comisión del Congreso dictaminó que este partido había hecho un uso partidista de la Policía cuando estuvo en el Ministerio del Interior Jorge Fernández Díaz.

ESTÁ CESADO Y NO SE HA ENTERADO

El senador del PP le ha dicho que «ya está cesado» y que el problema es «que no se ha enterado». «Pidió a un subordinado que cometiera un delito, ¿le parece poca cosa?», ha preguntado elevando el tono Martínez-Maíllo, que también ha mencionado la parte de la sentencia que anula el cese de Pérez de los Cobos en la que se alude a que la decisión fue tomada por Moncloa.

«El verdadero responsable es Sánchez», ha añadido el senador en referencia al presidente del Gobierno y a la conversación revelada por el entonces director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, en el momento que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, le anunció el cese del coronel, una decisión que no podía frenar porque, según consta en la sentencia, «estaba tomada por Moncloa».

En su último turno, Grande-Marlaska ha recordado que la juez de Madrid que había pedido reserva sobre las diligencias terminó archivando la investigación que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid, preguntándose qué interés podía tener él en un informe que había sido publicado por la prensa ya y que tenían las partes personadas.

Además, ha defendido la reestructuración en la cadena de mandos. «Nos dedicamos a formar equipos con criterios de confianza», ha terciado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado el reconocimiento de sexenios al personal docente investigador temporal de la Universidad de Cantabria, entre el que se encuentran los ayudantes y ayudantes a doctores.

Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en una sentencia que desestima el recurso de apelación de la UC a un fallo previo del Juzgado de ese ámbito número 3 de Santander, dictado en junio del año pasado tras la demanda de Comisiones Obreras contra la resolución rectoral de 2019 sobre la evaluación de la actividad investigadora (sexenios).

«Si los contratados en régimen laboral, ya sean definidos o temporales, hacen función investigadora -no ha acreditado lo contrario la administración demandada-, se les debe admitir participar en el procedimiento correspondiente para la evaluación de la investigación con las consecuencias retributivas que correspondan, según las reglas de dicho sistema», señala la resolución judicial.

En este sentido, agrega que la administración implicada «no ha justificado» que en el desarrollo de esa función investigadora «existan diferencias justificadoras de un trato desigual», por lo que «la naturaleza y duración del contrato no tiene porqué durar determinar, sin otra razón, diferencias atendibles en la función investigadora», remacha la sala del TSJC.

Por su parte, el sindicato ha valorado en un comunicado el reconocimiento del derecho del profesorado temporal a tiempo completo a que su actividad investigadora sea evaluada en igualdad de condiciones que el resto de personal docente investigador, sea indefinido o interino.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha celebrado la sentencia y la desestimación del recurso, por el que el personal docente investigador temporal «tiene el mismo derecho que el resto a poder solicitar los sexenios, como no puede ser de otra forma».

Tras este fallo –contra el que únicamente cabe recurso de casación pero solo si concurre algún interés casacional objetivo y con los requisitos legales establecidos– se deberá corregir la resolución rectoral de la UC para cumplir la sentencia e incluir al personal afectado: que son 114 docentes investigadores, el 15% de un total de 750 trabajadores, indica la formación sindical.

Además, la resolución del TSJ incluye novedades respecto a la del juzgado, toda vez que recoge el derecho tanto de solicitud como de cobro en caso de evaluación positiva, sin que se justifique trato desigual entre figuras.

Por lo tanto, explica CCOO para finalizar, si los contratados en régimen laboral de forma temporal o indefinida llevan a cabo función investigadora, la institución debe admitirles para participar en el proceso de evaluación de la investigación con la retribución que corresponda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes sobre la vacuna de Janssen contra la COVID-19 que está pendiente de lo que diga la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), después de que este organismo haya aconsejado paralizar el uso de esta vacuna por la detección de seis casos de trombos en mujeres de 18 a 48 años entre siete millones de vacunados.

En declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la sesión de control del Senado, Sánchez ha sido preguntado por esta decisión, que ha llevado a que la compañía farmacéutica Janssen a anunciar que va a retrasar el lanzamiento de su vacuna.

Previamente, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa durante el Consejo de Ministros, Sánchez ha confesado que acababa de enterarse –ya que el anuncio se ha producido en el transcurso de su comparecencia–, pero ha manifestado que «todas las vacunas» contra la COVID-19 que se están administrando y están aprobadas en España y Europa son «seguras».

«Todas las vacunas que se están administrando a la población española y europea cuentan con todas las garantías y las seguridades. El análisis de riesgo-beneficio es, sin duda, absolutamente desequilibrado a favor del beneficio», ha argumentado.

Pese a «desconocer» la información de la paralización de la vacuna de Janssen en EE.UU, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que, cuando se producen este tipo de episodios, hay que «frenar, ver exactamente qué son, tratar de entender la potencial casuística y, a partir de ahí, tomar decisiones».

«Lógicamente, en este sistema de controles, que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación. El proceso de vacunación con todas las vacunas homologadas cuenta con todas las garantías», ha insistido al respecto.

Junto a esto, el presidente ha loado la actuación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la vigilancia de posibles reacciones a las vacunas. «Desde el principio de la vacunación en enero ha estado recibiendo información diaria de todo el proceso, de todos los potenciales efectos secundarios. Los profesionales que tenemos son de una extraordinaria cualificación, están recibiendo toda la información al instante», ha remachado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó la semana pasada que España iba a recibir este miércoles 300.000 dosis de la vacuna de Janssen, que solo precisa de una dosis para inmunizar frente a la COVID-19. Por ejemplo, País Vasco ha detallado que iba a recibir hasta 6.850 dosis mañana, mientras que Cantabria alrededor de 6.000.

Sobre estos casos de trombos en combinación con plaquetas bajas que se han notificado en Estados Unidos, Janssen ha defendido que está «al tanto» de la recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de pausar la vacunación con su inyección.

El autor confeso del crimen machista ocurrido en enero de 2019 en Laredo, el primero del año en España, ha manifestado que esa noche «estaba ido» y perdió «el control». «No estaba en ese momento en mis cabales» y «perdí completamente la cabeza», ha expresado durante el juicio contra él, que se celebra con jurado desde este martes en la Audiencia de Cantabria y en el que se enfrenta a 28 años de cárcel que pide el fiscal.

El acusado de matar a puñaladas a su pareja ha relatado lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero en el piso de la víctima, natural de la República Dominicana, que tenía 26 años y una hija de ocho -él tiene 29 y es de Ecuador-. Esa noche habían coincidido en el bar de la localidad en el que trabajaban, tras haber dejado la relación que mantenían desde hacía dos años y que ha calificado de «tóxica».

Según ha explicado a preguntas de su abogado, después de ese encuentro y cuando ella se fue a casa, se dirigió también al domicilio a recoger unas pertenencias suyas, provisto de un cuchillo que cogió de la cocina del local, y que fue «la peor idea de todas». «Sabía que no era algo correcto llevar un arma porque posiblemente podía acabar mal», ha evidenciado el responsable de este delito de violencia de género, que se entregó después de asestar una veintena de puñaladas a la chica, con ese cuchillo y otro de la vivienda.

«No era cien por cien consciente en ese momento», ha aseverado el implicado, que ha arrancado su declaración dando «de corazón» el pésame a la familia de la fallecida: «Lo siento por lo que he hecho», ha expresado, antes de añadir, en otro momento de su testimonio, que se ha «jodido la vida haciendo eso», algo que a día de hoy -ha dicho- no se explica. «No me siento bien conmigo mismo por lo que he hecho».

En la sesión también han declarado parte de los testigos, entre ellas las dos presenciales: las compañeras de piso de la víctima que han narrado, llorando, cómo intentaron en vano frenar la agresión, así como familiares de ella o los dueños del pub donde trabajaban.

LLEVAR UN CUCHILLO, LA PEOR IDEA DE TODAS

En ese establecimiento, y según su versión, el acusado estaba tomando algo y bailando con una amiga cuando llegó la víctima y le devolvió un teléfono móvil que le había prestado. Fue, ha dicho, el «único» contacto directo que tuvieron en el local, donde ella mantuvo una actitud «un poco burlona» hacia él, que no se sentía «cómodo». Después, ella se fue y él se quedó «pensativo», pues aunque lo habían dejado más veces esta era «la definitiva» y «de mutuo acuerdo» además, aunque no acabaron con «buenas palabras» sino discutiendo.

Pensó que era la «oportunidad» de terminar con esa relación «tóxica», que empezó «mal» pues ella estaba desde el principio «con otra persona» y él lo consintió. «Nos decíamos las realidades», ha expresado, para señalar también que accedían «mutuamente» a sus respectivos teléfonos y que tenían «discusiones».

Así, decidió ir al domicilio de la víctima a recoger sus cosas -un ordenador y ropa- y fue cuando se le «ocurrió la peor idea de todas»: ir a la cocina del bar a por un cuchillo que guardó en la manga por si ella -ha justificado- estaba con alguien en el domicilio. Pero «sabía que no iba a hacer bien ese cuchillo».

Una vez en el portal, en la Plaza Rosario Ochandiano de la villa pejina, llamó al timbre y, ante la insistencia, le abrieron la puerta, y después la de la vivienda porque también había «timbrado montones de veces».

«Lo único que quería era arreglar las cosas», ha afirmado el acusado, para aclarar que no deseaba volver con ella pero tampoco terminar «mal», sino «bien», porque trabajaban juntos y tenían amigos en común. Así, aunque no fue con «intención» de hacerla «daño,» acabaron «discutiendo» y hubo «empujones». «Yo le levanté la mano, y ella me respondió», ha ilustrado.

En un momento dado, perdió «el control», sacó el cuchillo de la manga y le dio «dos o más» puñaladas en el cuerpo. «No estaba en ese momento en mis cabales», ha esgrimido. Tras esto, acudieron las compañeras de piso junto a su expareja, que estaba sangrando, en tanto que el arma «se había roto». «Yo no me creía en ese momento lo que había pasado», ha manifestado. «Perdí totalmente la cabeza».

A partir de ahí, todo fue «muy rápido» y no recuerda «con exactitud» lo sucedido, pero sí que respondió a los requerimientos de las compatriotas que trataron de impedir la agresión que él ya se «había jodido la vida haciendo eso» o que les dijo: «Iros de aquí, que os puedo hacer daños sin querer».

«Ellas vieron que mi mirada cambió», ha comentado, al indicar que empujó la puerta de la habitación donde estaba la víctima, «sangrando y llorando», y mirándole «con mucho miedo», mientras él portaba otro cuchillo en la mano, el que había cogido de la cocina del piso.

Y aunque ha reconocido que «suene quizá poco creíble», ha asegurado que la víctima se acercó para tratar de quitarle el arma, generándose un «momento de forcejeo» en el que volvió a acuchillarla, -estando enfrente, no por la espalda, ha aclarado-, aunque sin precisar cuántas puñaladas la dio ni dónde. Y «seguramente» estaba también diciéndole «cosas feas» o «insultos», debido al «estado» en el que se encontraba. «Estaba ido», ha resumido.

Cuando entró «en sí», pidió a las chicas que llamaran a una ambulancia, recogió sus cosas y se fue a su casa, a contárselo a sus familiares y pedirles «perdón». A continuación, todavía «en shock y mal conmigo mismo», se dirigió a la Policía: «Vengo a entregarme, porque le hecho mucho daño a mi pareja», indicó a los agentes. «De corazón, me arrepiento por lo que hice esa noche», ha manifestado este martes, después de haber consignado 500 euros para la reparación del daño causado.

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE LA VÍCTIMA: «ME MATÓ, ME MATÓ»

Las dos compañeras de piso de la víctima han manifestado, entre sollozos y separadas por un biombo del agresor, que era «muy celoso» y la tenía «muy controlada, de mil maneras». Esa noche estaba «cegado, con mucha rabia» e «iba a lo que iba», ha dicho una. «¿Creías que te ibas a reír de mi?», escuchó que decía el acusado a su amiga, al que no vio apuñalarla pero sí golpearla. Y a ella, la oyó «chillar de dolor» y su última frase: «Me mató, me mató».

Palabras que ha corroborado la otra testigo presencial, que ha relatado que su compatriota «ya no podía con sus celos», agregando que ese día estaba «muy contenta» pues había conocido a otro chico «y por fin, pensaba que se había deshecho de él». Sobre lo sucedido en el piso, ha indicado que fue «muy rápido» y que entre otras cosas también escuchó al chico llamarla «puta» o decir «si se pensaba que iba a ganar ella». «Quería hacerlo y lo iba a hacer», ha sentenciado. «No atendía a nada de lo que le decíamos», ha coincidido.

También ha testificado una amiga de la pareja que estuvo en el bar, en el que ella -que tenía un carácter más «fuerte»- estuvo «gritando» que había estado «con alguien en un hotel» y que se iba a casa «porque estaba cansada de follar», ante lo que él se mostró «enfadado» o «reprimido». «Estaba pensando, ido».

Esas expresiones de la víctima fueron oídas igualmente por la dueña del local, a la que el procesado indicó cuando se fue del mismo (después de «robar» el cuchillo «de cortar los limones») que volvía enseguida, por lo que pensó que iban «a lo de siempre», esto es, a discutir. La relación era «muy tóxica» a ojos de esta mujer, para quien «controlaba más» ella, en tanto que él «era una marioneta».

Finalmente, han declarado la hermana de la fallecida, que ha indicado que él no aceptaba que le dejara y que ella iba a casarse con otro chico; y la madre, a quien no le «gustaban las formas de él» y cree que «lo tenía todo planeado ya». «Mi hija no tenía que morir así», ha concluido.

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha concedido a FCC Medio Ambiente S.A.U. el Distintivo de Igualdad en la Empresa correspondiente al año 2020, un reconocimiento a aquellas empresas comprometidas con la igualdad que han implantado políticas dirigidas a promoverla en todos los ámbitos de la empresa.

Asimismo, reconoce todo tipo de actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, trazando objetivos generales y articulando medidas flexibles que permitan su adaptación a la diversidad de situaciones y necesidades que se puedan plantear en el personal de la empresa.

Esta distinción constituye un espaldarazo a las políticas de igualdad del área de servicios medioambientales del Grupo FCC, que ya disponía de dicha acreditación con la titularidad de FCC S.A., como señala la compañía en un comunicado.

Para la obtención del galardón se han valorado los criterios de implantación y resultados de las medidas contenidas en los planes de igualdad de la empresa; la adopción de acuerdos al más alto nivel mediante su aprobación por su Comité de Dirección para el conjunto del área de negocio; el establecimiento de procedimientos y criterios de evaluación periódica de dichos planes; la aplicación de medidas de acción positiva que impulsen activamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la política de prevención del acoso; la difusión de campañas sobre violencia de género y la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, así como las acciones formativas, tanto de acceso al empleo como aquellas otras encaminadas a la promoción de la mujer a puestos de responsabilidad.

Recientemente, Alfonso Benítez, S.A., filial de FCC Medio Ambiente, ha firmado con la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) y con la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) su Plan de Igualdad.

Este nuevo Plan se suma a los que ya se habían suscrito con anterioridad en la propia empresa FCC Medio Ambiente, así como en sus filiales Servicios Especiales de Limpieza, S.A., Limpiezas e Higiene de Cartagena, S.A., Servicios de Levante, S.A. y Sermunegisa, actualmente sometidos a un proceso de actualización a la luz de la nueva normativa recientemente aprobada en la materia.

La obtención del distintivo supone el afianzamiento de las políticas de igualdad y diversidad, incorporadas como una de las líneas estratégicas de Recursos Humanos en FCC Medio Ambiente, y un compromiso expreso de su equipo directivo, con el objetivo de promover el desarrollo y desempeño profesional de su plantilla bajo la garantía de igualdad de oportunidades y la promoción de la igualdad efectiva.

FCC Medio Ambiente lleva prestando servicios desde hace más de 110 años y hoy en día atiende cerca de 3.600 municipios de España en los que sirve a una población de cerca de 31 millones de habitantes, para las actividades de limpieza viaria, recogida y transporte, tratamiento y reciclaje de residuos, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de redes de alcantarillado, limpieza de playas y servicios de eficiencia energética, entre otros. Cuenta con una plantilla de más de 40.000 personas.

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) celebra la actualización del Plan de Estrategia de Vacunación y el acuerdo de comenzar a vacunar a las personas consideradas grandes dependientes estar en valorados en base a la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre).

Según palabras del presidente de la Federación, Javier Font, «existe una gran confusión en relación al concepto, discapacidad y dependencia, pues hay personas que con discapacidad no están valorados de dependencia, ya que no es una obligación legal y sin embargo hasta el día de hoy quedaban al margen de esta vacunación».

Por eso han agradecido al viceconsejero de Salud Pública y Covid-19, Antonio Zapatero y a su equipo, su sensibilidad hacia este respecto y que hayan podido tomar esta decisión para que las personas con discapacidad dependientes sin estar valoradas puedan ser vacunadas con la misma celeridad que los que sí lo están por dependencia.

Según la Consejería de Sanidad, las personas dependientes no valoradas como tal deben solicitar a su médico de referencia ser vacunadas y este, tomará la determinación para hacerlo. Por parte de la Viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19 de Madrid ha anunciado a la Federación que se vacunará a criterio del equipo vacunador de atención primaria.

Como parte de grupos priorizados, se incluyen en el ‘Grupo 4’ aquellas personas que no estén institucionalizadas en la actualidad.

Dentro de este grupo se incluyen también aquellas que hayan solicitado el reconocimiento y las que no lo hayan hecho aún, pero estén medicamente acreditadas por enfermedades necesiten ayuda para realizar las actividades del día a día. Esto son pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, que necesiten apoyo indispensable y continuo de otra persona o necesitan apoyo generalizado para su autonomía personal.

Tal y como anuncia el presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, «la actualización e integración de las personas no valoradas por ley como grandes dependientes como ‘Grupo Prioritario’ es de gran importancia para el colectivo a la hora de reducir los riesgos de la Covid. «Esto es un acercamiento a una sanidad inclusiva para todos, siendo esencial para reducir las condiciones de riesgo y de contagio para los grandes dependientes institucionalizados y no institucionalizados», ha apuntado.