Vox Cataluña está en pie de guerra. El grupo liderado por Santiago Abascal se ha quedado sin representación senatorial en dicha región debido a la articulación de una fórmula jurídica promovida por comunes e independentista: la ‘imperiali’.

La utilización de esta fórmula de reparto proporcional, acordada por la Junta de Portavoces, ha dejado este jueves al grupo de Garriga sin un representante de designación autonómica en la Cámara alta, y ha permitido que los ocho senadores se repartieran entre PSC (3), ERC (3) y Junts (2). Pero, ¿qué es esta ‘fórmula imperiali’ y por qué no se había usado antes?

SIN PRECEDENTES EN EL USO DE LA FÓRMULA ‘IMPERIALI’ EN ESPAÑA

No hay precedentes en el Parlament de empleo de esta fórmula, ya que normalmente se usa la de restos mayores y excepcionalmente una variante de la ley d’Hondt; pero ERC, Junts, la CUP y los comuns la propusieron para excluir a Vox en el marco de un cordón antifascista, suscrito también por el PSC, que después se desmarcó al considerar que la fórmula es «menos proporcional». 

El Parlament celebró este martes una sesión en la Comisión del Estatuto de los Diputados para determinar la idoneidad de los senadores propuestos por los grupos y si cumplen los requisitos legales para ser senadores autonómicos, y este jueves el pleno ha tenido la última palabra sobre su elección. Como se ha comprobado, los planes se han llevado a rajatabla y Vox se ha quedado sin su senador.

¿CÓMO SE ARTICULÓ LA ‘IMPERIALI’, LA CUOTA QUE DEJAS FUERA EN VOX?

Después de las elecciones del pasado 14 de febrero, en las que el Parlament debía nombrar ocho senadores autonómicos, a ERC se le encendió la bombilla con la ‘fórmula imperiali’. 

Si se hubieran seguido las fórmulas normalmente utilizadas –el método de las restas mayores y en la IV y X legislatura la regla D´Hont– Vox, que fue el cuarto partido político más votado en las últimas Elecciones de Cataluña, hubiese podido nombrar a un candidato.

CÓMO FUNCIONA LA LEY ‘IMPERIALI’

La cuota Imperiali es una variante del método de que se utiliza, según los manuales, «en sistemas electorales de voto único transferible o en sistemas de representación proporcional por listas electorales que utilizan el método del resto mayor”.

¿En qué afecta esto a la repartición de senadores? Básicamente, esta fórmula favorece a los partidos más votados, de ahí que tanto la CUP como Vox se hayan quedado sin senador.

LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS DEJAN FUERA A VOX CON LA PROPUESTA DE ERC

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves la designación de los senadores autonómicos de ERC, Junts y PSC-Units con una votación secreta, de la que se deduce que los diputados de dichas formaciones y los comuns han votado a favor (106); los de Vox, Cs y PP en contra (20) y la CUP se ha abstenido (9).

El diputado de Vox Joan Garriga ha pedido la palabra al inicio del debate de este punto para criticar el uso de dicha fórmula, que califican como un «fraude de ley que ha contado con la connivencia de parte de la Junta de Portavoces y parte de este pleno».

DECLARACIONES INDIGNADAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE VOX

Nadie en el grupo parlamentario Vox está de acuerdo con una medida que, si bien es legal, no es ni la más justa ni la más proporcional: El Parlament designa a los senadores autonómicos de ERC, Junts y PSC con el rechazo de Vox, Cs y PP.

«Han usado formula ‘imperiali’, pero podemos denominarla estafa imperiali democrática. Las fórmula utilizadas anteriormente, la de Hondt o la mayoría de restos, nos daban siempre 1 senador. Y ustedes lo quieren evitar», ha reprochado esta mañana Garriga.

Para el parlamentario de la formación liderada por Vox, el Estatut, el reglamento del Parlament y la Ley de procedimiento de designación de senadores establece «claramente que la designación debe ser proporcional”, por tanto denuncia la ‘afrenta’ y deja una amenaza que a continuación te reproducimos.

LA AMENAZA DE VOX: “TENDRÁN QUE UTILIZAR LA ‘MUNDIALI’ ESTAFA”

Garriga, especialmente indignado por la decisión, ha querido lanzar una advertencia al bloque independentista: «Pónganse de acuerdo en formar gobierno, porque si en julio hay elecciones, seremos la tercera fuerza y lo tendrán más difícil. Tendrán que utilizar la ‘mundiali’ estafa, porque la imperiali ya estará caduca”.

También ha asegurado que presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional ante lo que consideran «una ilegalidad».

RESPUESTA DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha recordado al diputado de Vox que la distribución de los senadores se hizo por un acuerdo de la Junta de Portavoces y de la Mesa, y que la reconsideración que pidieron fue desestimada.

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha considerado que la fórmula ‘imperiali’ que la Junta de Portavoces ha utilizado para vetar a Vox en el reparto de senadores autonómicos es el «menos proporcional» y ha defendido la fórmula que había propuesto el PSC de aplicar el sistema D’Hont, que daba 3 senadores al PSC, 2 a ERC, 2 a Junts y 1 a Vox -a pesar de que al principio se alineó con la propuesta de ERC-.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha llamado este jueves a Junts, la CUP y los comuns a trabajar «hasta el final» para desbloquear su investidura y evitar la repetición electoral.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en la que ha insistido en que quedan «unos días por delante para poder dar forma al resultado» de los comicios del 14 de febrero, que considera que dieron una mayoría amplia de ERC, Junts, CUP y comuns que debe ponerse de acuerdo.

«Mi compromiso es trabajar hasta el final para que este resultado no se malgaste y poder poner en marcha un nuevo Govern con la mayor inmediatez posible», ha subrayado a 13 días de finalizar el plazo para la investidura –termina el 26 de mayo–.

Aragonès ha insistido en la necesidad de que haya un Govern en plenas funciones lo más pronto posible para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía y a la crisis provocada por la pandemia, después de que el líder de Cs, Carlos Carrizosa, haya acusado a ERC y Junts de llevar «tres meses peleándose para ver quién lidera el ‘procés».

El dirigente naranja ha reprochado que la CUP pueda ser clave en la governabilidad de Cataluña, después de que el miércoles convocara a ERC y Junts a una reunión para desbloquear la investidura, y ha tachado de «vergonzoso ver cómo se pelean por los sillones y por el poder», y que pueda haber repetición electoral en la situación económica y sanitaria actual.

JOVÉ Y BATET

Durante la sesión de control, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha lamentado que todavía no se haya logrado un acuerdo para la investidura, pese a que ha celebrado el pacto que los partidos independentista alcanzaron el miércoles: «Ahora todo el mundo se ha conjurado a alejar la sombra de unas elecciones que no ayudan a nadie», y ha urgido a materializar este acuerdo para hacer un Govern lo antes posible.

Aragonès ha repasado las limitaciones que tiene el Govern en funciones, como que no puede presentar proyectos de ley ni Presupuestos, y ha apuntado que su compromiso es seguir trabajando «para poder llegar a consensos con la amplia mayoría parlamentaria» que, a su juicio, está a favor de la libertad de los presos del 1-O, de la reconstrucción económica y social, y de la autodeterminación.

Desde las filas de Junts, el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet, ha planteado que, ahora que la situación de la pandemia está mejorando en Cataluña, es el momento de evaluar «con detalle, rigor y transparencia» cómo se ha gestionado la crisis sanitaria y por eso ha propuesto hacer una auditoría pública e independiente.

Aragonès ha afirmado que activarán todos los «mecanismos de transparencia necesarios» para hacer esta evaluación de la gestión de la pandemia, pero ha avisado de que para ello hace falta un Govern en plenas funciones.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, le ha preguntado qué le parece la concentración que hubo frente a la sede de ERC en la que se lanzaron consignas como ‘Junqueras traidor, púdrete en la cárcel’, y ha alertado de que el proceso independentista ha generado un «monstruo de odio» que ahora afecta incluso a los republicanos.

Aragonès ha definido esa concentración como una «movilización minoritaria» y ha reprochado a Fernández que presente a los ciudadanos contrarios a la independencia como víctimas cuando los que están en la cárcel son los dirigentes independentistas del 1-O.

RIFIRRAFE CON VOX

El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, le ha preguntado qué medidas tomarán para frenar la escalada de violencia e inseguridad que, a su juicio, se vive en Cataluña, y ha responsabilizado al independentismo y a la izquierda por su «falso buenismo» con la inmigración.

Aragonès le ha contestado que la convivencia de ciudadanos de culturas diferentes no es un problema de seguridad y ha afeado a Vox «intentar criminalizar orígenes y culturas diversas», además de asegurar que harán un muro contra la extrema derecha para defender los derechos y la libertad de la población.

MONTSERRAT VINYETS

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha sostenido que «el verdadero problema de orden público, la violencia de verdad, es la que provocan los fondos buitre que especulan» con la vivienda y el Tribunal Constitucional (TC), que ha tumbado iniciativas contra la legislación del alquiler, y ha reclamado plantarse ante esta situación y tomar medidas para acabar con los desahucios.

El vicepresidente del Govern en funciones ha contestado que el Govern que espera poner en marcha pronto y que aspira a liderar debe «dar un paso adelante» en las políticas de defensa de la vivienda.

El 69% de los conductores españoles admite incumplir las normas de tráfico, mientras que el 77% confiesa que no siempre cumple las normas sanitarias, según los resultados del XI Barómetro de la Conducción Responsable y VIII Barómetro Europeo, de la Fundación Vinci Autoroutes.

Realizado por Ipsos, cuenta con una muestra de 12.400 personas de once países europeos y pone de manifiesto que el 47% de los conductores españoles que cumplen las normas sanitarias lo hace ante todo para proteger a los demás, frente a un 25% de quienes cumplen las normas de tráfico.

De este modo, el resultado de este informe, concluye que el 83% de los conductores españoles que se toman libertades respecto a las normas de tráfico hace lo mismo con las medidas sanitarias.

En materia de distracciones al volante, el informe señala que el 53% de los conductores en España llama por teléfono mientras conduce utilizando un sistema Bluetooth, lo que supone ocho puntos más en un año y seis puntos más en cinco años.

Además, la investigación refleja que el 29% de los encuestados afirma que configura el GPS mientras conduce y el 9% asegura que ya ha sufrido o ha estado a punto de sufrir un accidente por usar el teléfono al volante.

Respecto a las conductas incívicas en la carretera, el 13% de los conductores españoles (-2 puntos en un año) admite que es otra persona cuando está al volante; el 57% (-3 puntos) reconoce que a veces insulta a otros conductores; y el 92% (+3 puntos) ha sentido miedo alguna vez ante el comportamiento agresivo de otro conductor.

Por otro lado, el estudio muestra que 33% de los conductores (-5 puntos) no sigue la recomendación de parar a descansar cada dos horas, aunque el 80% la conoce; un 52% para durante el trayecto para echarse una siesta (-5 puntos); y un 14% ya ha sufrido o ha estado a punto de sufrir un accidente por adormecerse al volante.

«La norma, tanto de tráfico como sanitaria, se percibe más como una imposición que como una medida de protección. Permitiéndose incumplir de alguna manera la norma, los conductores dan prioridad al beneficio inmediato, hacen caso omiso del riesgo potencial de accidente y apuestan por su capacidad de control para evitarlo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los accidentes se deben a una valoración errónea del riesgo que conllevan las infracciones de las normas de tráfico», ha afirmado Bernadette Moreau, delegada general de la Fundación Vinci Autoroutes.

La corriente Izquierda Socialista (IS) ha remitido una carta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmada por 500 militantes, para pedirle que vuelva a reconcerles como corriente, a tenerles en cuenta y a garantizar su normal participación en el partido, tras varios años de situación «anómala» sin poder ejercer «dignamente su acción política».

La carta la remiten los actuales portavoces federales de la corriente, Carmen Castiñeira, Vicent Garcés y Jorge Parada, y entre los 500 firmantes también figuran, por ejemplo, miembros de la Comisión Ejecutiva Federal como Andrés Perelló; del Comité Federal, como Manuel Mata; o fundadores de la correinte como Manuel de la Rocha Rubí.

En concreto, denuncian que la Secretaría Federal de Organización que dirige José Luis Ábalos sigue reconociendo como interlocutores y representantes legítimos de su corriente a una escisión surgida en 2015 que, según aseguran, actualmente supone un sector minoritario, que se ha negado a participar en proceso de reunificación de esta facción.

APOYAN A ESPADAS EN ANDALUCÍA

Gracias a ese proceso de recomposición, Izquierda Socialista asegura contar ya con interlocución con las direcciones del Partido en los territorios. Por ejemplo, esta misma semana se han reunido con el alcalde de Sevilla y candidato a las primarias andaluzas, Juan Espadas, para darle su apoyo frente a Susana Díaz. Y la semana pasada, fueron quienes pidieron públicamente la dimisión del partido en Madrid, tras el batacazo en las autonómicas del 4 de mayo.

En un comunicado, Izquierda Socialista explica que lo que les ocurrió en 2015 fue que una parte de la corriente eligió un portavoz y una Coordinadora de siete miembros y que, actualmente, de esas ocho personas solo quedan tres, porque el resto han dimitido.

Así, argumentan que, según los estatutos del PSOE, carecen de legitimidad, ya que ha dimitido más de la mitad de este órgano de representación de su corriente. Además, aseguran que desde hace seis años no han celebrado ninguna asamblea ni renovado la elección de nuevos portavoces, y solo siguen «aferrados muy minoritariamente a una situación que únicamente reconoce la Secretaría de Organización Federal».

«AUSENCIA DE UNA EFICAZ ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN»

«Desde nuestro punto de vista la anomalía descrita se mantiene por ausencia de una eficaz acción de la Secretaria Federal de Organización, que parece haberse acomodado a una situación de división más propia de 2015 que del momento actual, sin reconocer ni respetar, por tanto la historia de IS y su realidad política actual», afirman en la misiva que le han envíado a Sánchez.

En este sentido, añaden que aunque se «han producido múltiples conversaciones y reuniones» con Ferraz para supera la «anomalía», todavía no se ha puesto solución. Por ello, piden directamente una reunión con Sánchez, quien todavía no les ha recibido desde que llegó al cargo, según señala la corriente. Es más, aseguran que es el primer secretario general del PSOE que no lo ha hecho.

Todo ello, a pesar de que Izquierda Socialista le apoyó en las primarias y el Congreso Federal de 2017 en el que recuperó el control del PSOE. Desde la corriente recuerdan que el primer acto público que hizo Sánchez a finales de noviembre tras ser descabalgado de la Secretaría General el 1 de octubre de 2016, tuvo lugar en el municipio valenciano de Xirivella, cuyo alcalde es Michel Montaner, miembro de la corriente y del Comité Federal.

«Es fácil deducir tanto por los contenidos de la campaña como por los resultados obtenidos, que sin el apoyo leal y absoluto de IS a tu candidatura el final podría haber sido otro», le señalan a Sánchez en la carta que le han remitido.

YA SE QUEDARON SIN LA REPRESENTACIÓN «ACORDADA» EN EL 39º CONGRESO

Sin embargo, critican que ya en aquel 39 Congreso Federal, Izquierda Socialista se quedó sin la representación «acordada» en la nueva dirección, por culpa de esa escisión, y porque la relación con el equipo de Sánchez estaba ya «enrarecida».

Desde entonces, esta corriente del PSOE que se constituyó hace 40 años ha desarrollado un proceso de articulación de todos los territorios para recomponerse tras la división de 2015, pero denuncian que ese «sector minoritario que se atribuye una legitimidad de la que en este momento carece» se «resiste» a incorporarse a esteproceso de reunificación.

«Nos dirigimos a ti solicitando una entrevista para hacerte llegar en directo el estado de la cuestión y que, como Secretario General del Partido, intervengas para permitir que Izquierda Socialista, que está celebrando en el contexto de pandemia su 40 aniversario, pueda ejercer dignamente su acción política tal y como queda establecido en los Estatutos del Partido. Esta anomalía no puede mantenerse más tiempo», concluyen en su carta.

La Asociación de Lyme Crónico de España, con motivo del Mes Mundial de la Lucha contra la enfermedad de Lyme, reclama la necesidad de un diagnóstico fiable y de consenso, para que deje de ser una enfermedad infradiagnosticada y sea posible conocer las cifras reales de enfermos de Lyme.

Con el objetivo de hacer visible esta enfermedad a la sociedad y a las autoridades sanitarias y administrativas, ha contratado la publicidad en un autobús de la línea 27 de Madrid que conecta Plaza Castilla con Glorieta Embajadores pasando por el Ministerio de Sanidad. El autobús recorrerá las calles de Madrid durante todo el mes de mayo.

La Enfermedad de Lyme o Borreliosis de Lyme, es una enfermedad multiinfecciosa y multisistémica producida por la bacteria Borrelia Burgdorferi a través de la picadura de garrapatas y por otras vías de contagio como por la picadura de otros insectos, transmisión vía transplacentaria o transfusiones sanguíneas.

El número de casos de enfermos ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al cambio climático, a los actuales hábitos de vida y a la globalización, entre otros motivos. En la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2018, se considera la borreliosis de Lyme la enfermedad zoonótica más común en Europa con un número estimado de casos de entre 650.000 y 850.000.

Según señalan, el infradiagnóstico se debe a que no existen test fiables. Hay que tener en cuenta que los test utilizados (Elisa y Western blot) tienen una baja sensibilidad y puede dejar fuera de diagnóstico hasta más del 50% de enfermos, según corroboran numerosos estudios científicos.

Además, en al menos un 50% de los casos no aparece el Eritema migrans; a que en caso de mordedura de garrapata esta no suele verse por su pequeño tamaño y porque nada más picar inoculan una sustancia anestésica que la hace imperceptible; además muchos enfermos tienen infección tardía presistente que ocurre después de meses o años desde el inicio de la infección y que pueden no estar precedidas de las fases temprana e intermedia.

Por todo ello, concluyen, «se hace necesario la validación de un test que arroje cifras reales de enfermos de Lyme como punto de partida para tratar de resolver esta compleja problemática que se convierte en un círculo vicioso: Como casi no se dispone de datos, la enfermedad casi no existe; como casi no existe, no hay casi investigación ni publicaciones; como casi no hay investigación, casi no existe».

Navarra Suma ha pedido al PSN un «nuevo programa de coeducación consensuado, que impulse la igualdad efectiva y respete tanto la visión propia y la libertad de las familias en temas que entran dentro de la esfera personal como la autonomía de los centros para elaborar sus propios planes con el apoyo de cada comunidad educativa».

«Un programa o plan marco difundido, conocido, participado y transparente que no funcione a base de ocultismo y negación de información a las familias sobre las actividades de sus hijos e hijas y que busque el desarrollo de los valores de igualdad sin la imposición de una visión única», ha demandado en una nota.

Por ello, ha pedido también que «dicho programa sustituya a Skolae y no se vuelva a cometer el error de reeditarlo, dejando a los centros educativos la autonomía necesaria para construir y trabajar sus propios planes de coeducación e igualdad y no privando a las familias de su derecho básico de conocer, elegir y participar en la educación de sus hijos e hijas».

Para la coalición que integra a UPN, C’s y PP, la decisión del Tribunal Supremo de no admitir el recurso del Gobierno de Navarra a la sentencia del TSJN que anula Skolae «confirma la desastrosa gestión de este tema».

Al respecto, ha criticado la decisión del Departamento de Educación de «imponer recurso de casación ante el Alto Tribunal». «Fue una patada hacia adelante que ha impedido el desarrollo de una normativa básica que permita no sólo ordenar jurídicamente la situación generada por las ansias de imponer un programa sectario y obligatorio, sino también avanzar hacia el compromiso y la participación de la comunidad educativa en la construcción de una dinámica de participación en los planes coeducativos de cada centro en función de sus propias características», han explicado.

Para NA+ «Skolae no puede ser el referente sobre el que se articule la coeducación en Navarra». «Un programa con nulo soporte científico, que ha suscitado el rechazo de una gran parte de la comunidad educativa, que ha marginado a las familias y que ha ocultado la información sobre sus propias actividades, generando un clima de confrontación y rechazo general, no puede ser el referente de un tema tan nuclear e importante como la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra Comunidad foral», ha concluido.

La segunda fase de la operación Azud se ha saldado también con la detención del jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento.

Dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han trasladado esta mañana hasta las dependencias de la Diputación y han precintado el despacho del arrestado.

Junto a Vera, los agentes también han detenido este jueves al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Junto a Rubio (PSPV) y Grau (PP) también ha sido detenida la hija del exvicealcalde, un empresario y otras 10 personas más en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso.

Rubio, quien ocupó el cargo de portavoz socialista en el consistorio valenciano, ha sido detenido en su domicilio, hasta donde se han trasladado diferentes agentes para realizar un registro. Ya ha sido cesado de su cargo público y el PSPV-PSOE también le ha suspendido de militancia.

Así mismo, la UCO se ha trasladado a primera hora de este jueves hasta el domicilio de Grau, mano derecho de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, para practicar otro registro.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.

La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de pretender «meter la mano en el bolsillo de los autónomos» con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que pretende implantar, según el cual la cuota mensual a la Seguridad Social oscilaría entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros.

«El Gobierno más caro de la democracia, en plena pandemia y sin consensuar reformas de futuro, vuelve a meter la mano en el bolsillo de los autónomos», ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde muestra un cuadro con la cuota que pagaría cada autónomo en función de su nivel de ingresos y califica de «intolerable» la situación que generaría esta reforma.

Según la última propuesta enviada por el Gobierno a los agentes sociales, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de la reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan.

Así, los autónomos que tengan unos rendimientos anuales de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, y será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros y de 230 euros para quienes superen los 6.000 euros pero estén por debajo de los 9.000 euros.

En los escalones más altos de la tabla, las cuotas serán de 360 euros para aquellos cuyos rendimientos anuales estén entre 42.000 y 47.000 euros, de 380 euros para ingresos de entre 47.000 y 48.841 euros y de 400 euros si superan los 48.841 euros.

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de nueve años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los trece tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año y de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros.

Por su parte, quienes tengan unos ingresos de entre 42.000 y 47.000 euros al año pagarán 935 euros de cuota mensual, que se elevará a 1.075 euros para los que estén entre los 47.000 y los 48.841 euros y a los 1.220 euros para quienes ingresen más de 48.841 euros al año.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido aplazar hasta el último trimestre de este año la publicación de la orden ministerial que incluirá al lobo ibérico en el Listado de Especies con Protección Especial (LESPRE), lo que en la práctica impedirá su caza en toda España. Este aplazamiento se realiza para evitar un «vacío legal» y no paralizar los planes de gestión de la especie durante este periodo.

Según han informado fuentes ministeriales, la decisión se dio a conocer este miércoles por la tarde a las organizaciones agrarias y supone no una rectificación sino un aplazamiento del plazo previsto con el objetivo de dar más tiempo a las comunidades autónomas a adaptarse a la orden ministerial. Es un mecanismo transitorio para que sus planes de gestión no queden sin efecto hasta que esté lista la Estrategia Nacional de Gestión de la Especie que estará aprobada, según estas fuentes siempre antes de final de año.

En todo caso, afirman estas fuentes que la protección e inclusión del lobo no está en cuestión ya que el Ministerio ya la está trabajando. En ella, el Gobierno establecerá un procedimiento para que no haya un vacío normativo entre el momento efectivo de la inclusión de la especie y la aprobación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo.

Este mecanismo se ha habilitado porque incluir al lobo en el Lespre, que se va a producir según lo previsto, con efecto inmediato la especie deja de ser cinegética también al norte del Duero, de modo que el Minsterio defiende que la intención es dar cobertura a la gestión autonómica en esos meses en que todavía no estará lista la Estrategia. Reiteran no obstante que el lobo se va a incluir según lo previsto.caso, reiteran que el lobo se va a incluir el LESPRE según lo previsto.

Sin embargo, las Organizaciones Profesionales Agrarias Asaja, COAG y UPA consideran que la decisión supone una marcha atrás del Gobierno que según su valoración va a negociar desde cero un nuevo plan de gestión y control del lobo.

En la reunión celebrada ayer a última hora, según estas organizaciones, el Ministerio se «comprometió» a vincular la entrada en vigor de la Orden que incorpora al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a la elaboración de una nueva estrategia nacional de gestión del lobo, que deberá ser aprobada por unanimidad.

Por ello, ven de forma muy positiva el resultado de la reunión mantenida con el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, Jorge Marquínez, «ya que supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo».

Aseguran también que en el encuentro reiteraron al MITECO que el proceso deberá partir de un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y recoger un paquete de medidas concretas para facilitar la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de la PAC.

La vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se dedique «permanentemente a hablar de futuro, a hablar de vacunas y de fútbol», sin que esté «preocupado por el caos que hay en este momento con comunidades tomando decisiones diferentes» ante la pandemia.

Según Pastor, Sánchez se queda con los mensajes «positivos», como las vacunas, pero deja los «negativos» a las comunidades autónomas. Además, le ha echado en cara que haya «metido a los Tribunales Superiores de Justicia y al Tribunal Supremo» en esta situación cuando «la tenía que resolver él trayendo una ley» de pandemias.

La exministra ha recalcado que la legislación vigente es «absolutamente insuficiente» y ha añadido que los jueces consideran que «no hay instrumentos». En este punto, ha reprochado al Ejecutivo que, en vez de legislar, lance la «responsabilidad a los jueces, a las comunidades autónomas o a Europa».

La dirigente del PP se ha quejado de que el Gobierno no quiera hablar ni escuchar las propuestas del PP, como el ‘plan b’ jurídico que ha registrado en el Congreso. «Nos gustaría que nos haga caso por una vez. Ahora repite su ‘no es no’ a una ley de pandemia, a sus socios de gobierno, a los tribunales, al Consejo de Estado. Todo por no darnos la razón», ha afirmado.

DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL PP

Tras asegurar que países como Alemania también tienen una ley de pandemias, Pastor ha defendido la constitucionalidad de la norma presentada por su partido en el Congreso y ha subrayado que la Mesa del Congreso la ha calificado, contando ahí con la unanimidad de todos los partidos.

Además, ha señalado que hay una autoridad sanitaria en materia de pandemia «que se llama ministro de Sanidad y no está ejerciendo» porque «hay que tomar decisiones». «Y si no hay instrumentos jurídicos suficientes, lo que hay que hacer es reforzar el ordenamiento jurídico del país», ha declarado en una entrevista en RNE.

Pastor, que ha dicho ser partidaria del «entendimiento», se ha quejado de nuevo que a ella nunca se la llame. «Yo no he tenido una sola reunión. Nunca se me ha llamado. Creo que los políticos no somos todos iguales y no actuamos con la misma responsabilidad», ha agregado.

La Fiscalía ha mantenido su petición inicial de pena, siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros, para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, por hacerse pasar por un enlace entre el Gobierno y Casa Real durante un viaje que hizo en 2014 al municipio gallego de Ribadeo para reunirse con un empresario, durante la recta final del juicio que se celebra esta semana en la Audiencia de Madrid contra el joven y dos policías que le habrían ayudado.

Así, el Ministerio Público ha confirmado su acusación al joven por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, que lleva aparejada una pena de siete años de cárcel, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros, cerca de 81.000 euros en total.

En cambio, el fiscal ha optado por rebajar su acusación a Jorge González, policía municipal de Madrid al que los testigos han identificado como el principal colaborador de ‘El Pequeño Nicolás’ en esta farsa, y Carlos Pérez, policía local de Torrijos (Toledo), que formó parte de la ‘comitiva oficial’ de Gómez Iglesias a petición del otro agente.

Los dos policías estaban acusados inicialmente de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo, por los que la Fiscalía propuso que fueran condenados a cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.

Sin embargo, finalmente el fiscal ha propuesto al tribunal que los dos agentes sean condenados solo por un delito, bien por usurpación de funciones públicas, por el que recibirían 18 meses de cárcel, bien por cohecho pasivo, cuatro años.

SOLO QUERÍA «TIRARSE EL PISTO»

Durante el juicio, que comenzó el martes, ‘El Pequeño Nicolás’ ha defendido que su intención era hacerse pasar por «alguien importante» pero no por una autoridad. «Quería tirarme el pisto», dijo.

Se trata solamente de uno de los juicios que Francisco Nicolás tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.

La Audiencia de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.

El jefe de la Policía de Ribadeo ha declarado este miércoles, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, por hacerse pasar por un cargo oficial en un viaje a la localidad gallega, que recibió varias llamadas telefónicas para pedirle que proporcionara una escolta policial a «un enlace económico» entre Gobierno y Casa Real. Una de las personas con quien habló se identificó como «Nicolás».

Gómez Iglesias está siendo juzgado, junto a dos policías que le habrían ayudado en la farsa, por supuestamente hacerse pasar por dicho enlace en la reunión que mantuvo con el presidente de ALSA, Jorge Cosmen, el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo, a donde se trasladó desde Madrid con una comitiva de coches alquilados, siendo escoltado por la Policía local a su llegada al municipio. Se enfrenta a siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros.

El jefe de la Policía de Ribadeo, que ha comparecido como testigo, ha contado que tuvo conocimiento de este encuentro por varias llamadas telefónicas de personas que se identificaron como «una comitiva que iba en representación de Presidencia del Gobierno y Casa Real. Preguntado sobre quién le llamó, ha precisado que «en algunos casos hablaba con Nicolás» y en otras el interlocutor «se presentaba como el jefe de escolta», que sería uno de los policías juzgados.

La explicación que le dieron es «que eran un enlace económico entre Presidencia y Casa Real pero que eran temas económicos y privados». Su intención era que la Policía local les escoltara desde la entrada a Ribadeo hasta el Club Náutico, donde se produjo la comida entre Gómez Iglesias y Cosmen, para que no se perdieran. «Simplemente, nos pedían colaboración», ha subrayado.

El agente intentó confirmar la presencia de tal comitiva con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que «lo vio correcto», y con la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, donde le advirtieron de que no había ningún aviso sobre la visita. Por eso, en la siguiente conversación telefónica que tuvo le recalcaron que se trataba de un asunto «privado».

UNA PUESTA EN ESCENA «CREÍBLE»

Así las cosas, accedió a armar el dispositivo policial para acompañar a esta supuesta autoridad y su séquito en su recorrido por Ribadeo. El jefe de Policía ha asegurado que el montaje ideado por ‘El Pequeño Nicolás’ fue «creíble». Llevaban rotativos luminosos en los coches, como los usados por las fuerzas de seguridad, y usaban ‘pinganillos’, ha detallado.

El alcalde ha confirmado que pocos días antes de la comida el jefe de la Policía local le llamó por teléfono para informarle de que «alguien de la Casa Real» iba a venir a Ribadeo pero con «discreción» y solicitaban escolta. «Yo le dije que sí, sin problema. Luego ya me interesé, ‘¿pero quién es, el rey, el príncipe?'», ha recordado.

Suárez ha explicado que el jefe de la Policía no le supo indicar si quien le llamaba por teléfono era «alguien en nombre de la Casa Real o alguien de Casa Real», si bien en todo caso daban por seguro que un miembro de la institución monárquica acudiría a Ribadeo.

El edil, convencido de que era alguien de Casa Real, se acercó hasta el Club Náutico para hacerle «un leve obsequio», una lámina de la playa de Las Catedrales, envuelta con un lazo, pero con apenas valor económico «un euro o así». ‘El Pequeño Nicolás’ se limitó a darle las gracias. «Muy bonito», valoró.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha reclamado este jueves al vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, que aparque «vetos y exclusiones» a su partido, mientras que el dirigente republicano le ha dejado claro que no dará un paso al lado en su voluntad de ser investido.

En la sesión de control en el Parlament, Illa ha argumentado que «no es tiempo de vetos ni exclusiones, y sí de sumar, consensuar e ir juntos» en favor de la diversidad de Cataluña, y le ha pedido dar un paso al lado.

Sin embargo, Aragonès ha replicado que las investiduras «no caen del cielo» y hay que batallarlas, y ha asegurado que es lo que está intentado hacer desde las elecciones del 14 de febrero.

«Las fuerzas tienen la libertad de ver con quién hacen pacto, y esto no se llama veto ni historias. Hay que intentar buscar el acuerdo. Usted hace como el que está sentado en un banco, esperando a ver qué le pasa por delante. No lo conseguirá. No daré un paso al lado», ha exclamado.

El dirigente republicano ha advertido de que defenderá su candidatura a la presidencia de la Generalitat en base a los resultados de las elecciones del 14 de febrero, y porque considera que es una oportunidad para llevar a cabo una reconstrucción económica y social de Cataluña, con una «nueva manera de gobernar basada en la negociación y el diálogo» y con la determinación de la independencia.

«No daré un paso al lado, porque el proyecto de ERC nunca ha dado un paso al lado, y menos lo dará ahora», ha reiterado Aragonès, que cree que quedan días para intentar configurar un Govern.

Todo ello después de que Illa haya asegurado que Cataluña necesita tener un Govern que no esté en funciones, y por ello ha pedido de nuevo a Aragonès que permita que su partido, que ganó las elecciones, intente articular un Ejecutivo de izquierdas y progresista, después de que el candidato republicano no lo consiguiera en los debates de investidura de finales de marzo.

El TSJPV ha estimado el recurso del sindicato ELA y ha condenado a la empresa Alestis por la «vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo» y a una indemnización de 6.251 euros a tres trabajadoras por la aplicación «discriminatoria» del ERTE, según ha informado el sindicato ELA.

En un comunicado, ha explicado que en mayo del 2020 la empresa Alestis y CCOO y UGT acordaron un ERTE estatal con una aplicación «desigual», en la que varias personas «eran afectadas y mandadas al paro durante cuatro meses de aplicación y otras personas fueran rotando de manera solidaria».

Según ha señalado ELA, en la planta de Vitoria la empresa aplicó «dicho criterio injusto» a las mujeres trabajadoras con reducción de jornada de mano de obra indirecta, a las que no se les aplicó el ERTE de forma no rotatoria.

Ante esta afectación del ERTE, ELA puso una denuncia en Emakunde y el resultado, tras 8 meses de tramitación, fueron «meras recomendaciones» y la constatación de que la aplicación del ERTE suponía «un efecto desfavorable» para las trabajadoras.

En este sentido, ELA ha lamentado que la resolución de Emakunde no trajera consigo «consecuencia práctica alguna», ya que las trabajadoras con reducción de jornada de Alestis «seguían en la calle».

En la sentencia actual se revoca la establecida previamente por el juzgado de lo Social número 4 de Vitoria y se indica que la decisión de la empresa de aplicarles a estas trabajadoras de forma no rotatoria «constituye un comportamiento discriminatorio» por la «vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo».

Además, condena a la empresa a pagar 6.251 euros a tres trabajadoras, aunque desestima la demanda de otras dos, una por encontrarse de baja por enfermedad y no verse afectada por el ERTE, y la otra por tener otras compañeras en reducción de jornada a las que no se les aplicó el ERTE no rotatorio.

No obstante, ELA cree que el estar de baja y tener unas compañeras a las que no se les aplicó «no debería ser razón suficiente» parano apreciar «la discriminación con carácter general» de la que habla lasentencia. El sindicato ha recordado que el acuerdo posibilitaba aplicar el calendario no rotatorio a un máximo de 8 personas y 7 de ellas, fueron mujeres con reducción de jornada.

La central sindical ha señalado que, mediante esta «victoria jurídica y sindical», ELA se reafirma en la «necesidad de seguir dando pasos hacia un sindicalismo feminista, poniendo el foco en las necesidades e intereses específicos de las mujeres trabajadoras, así como poniendo todos los medios y herramientas necesarias para hacer frente a toda discriminación laboral de género».

El pasado martes se cumplieron dos semanas de la desaparición en la isla de Tenerife de las niñas Anna y Olivia, de uno y seis años, junto a su padre, Tomás Gimeno, un suceso que ha dado la vuelta al mundo y sobre el que los responsables de la investigación aún mantienen todas las hipótesis abiertas.

En una situación como ésta es inevitable que el miedo sea una constante en el día a día de Beatriz, madre de las pequeñas, así como la incertidumbre, que también va a estar presente. Por ello, no hay que tratar de «minimizar» el dolor de la madre, hay que «aceptar el miedo» y hacer que «no se sienta presionada».

Así lo ha afirmado en una entrevista la psicóloga Sonia Castro, del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), quien sostiene que ante una situación como la que tiene que estar viviendo Beatriz, el miedo y la incertidumbre son protagonistas la mayor parte del tiempo, por lo que considera fundamental saber gestionar y manejar este tipo de acontecimientos.

«El miedo es una emoción que se activa de manera habitual ante lo desconocido y ante las amenazas reales que puedan suceder, y la incertidumbre es esa sensación de no saber lo que va a ocurrir y que acompañará hasta que la circunstancia se resuelva, así que por supuesto que ambos van a ser protagonistas», afirma Castro.

En relación a cómo poder gestionar ese miedo y esa incertidumbre, opina que es muy importante, psicológicamente hablando, contar desde un inicio con un espacio en el que la persona se pueda desahogar con total libertad y que el resto de personas que la acompañen no intenten restarle importancia y valor a sus sentimientos y a su dolor, ni tratar de convencer a la persona de que sus miedos no se van a cumplir. «La persona ha de descargarse y de desahogarse sin límites», asevera.

Después de ese primer momento de descarga y de desahogo libre y sin límites, más adelante ya se podrá elaborar algo mejor un discurso, plantea la psicóloga, que también ve fundamental para la gestión de sucesos de este tipo acompañar esos espacios de desahogo con otros momentos y espacios de limpieza, esto es, que la persona pueda centrar su atención y su tiempo en actividades del día a día que le ayuden a no estar constantemente y continuamente preocupada acerca de lo que está sucediendo, es decir, poder distraer la atención y llevarla a otras cosas que impliquen movimiento y su conducta.

ESTRÉS EN OTRAS FAMILIAS.

La desaparición de Anna y Olivia es un caso que se está siguiendo casi a nivel mundial, por lo que es posible que este tipo de acontecimientos generen estrés en otras familias al verse representados, por ejemplo, o por miedo a que les ocurra lo mismo. Según Sonia Castro, «ver y escuchar situaciones en las que la persona se pueda identificar o ver reflejada puede incitar y suscitar preocupaciones que hasta ese momento no existían o podían ser muy leves».

«Si ocurriera esto, para valorar si esa preocupación tiene altas probabilidades de convertirse o no en una realidad, ayudará poder hablar con naturalidad sobre ello con una persona externa que sea ajena a esa situación y con conocimiento. De esta manera, la persona nos podrá asesorar sobre estos riesgos y comprobar si se está exagerando y magnificando las preocupaciones o no», indica Castro. En caso de que los riesgos sean reales, la persona deberá tomar medidas y establecer ciertos límites, advierte.

Por el contrario, en caso de que sean exageraciones, al ser muchas veces el miedo una respuesta irracional, la psicóloga sostiene que la misma lógica no funcionará y añade que tener fuentes externas que ayuden a descargar y que informen desde su conocimiento de esta probabilidad será lo más efectivo y dará ese toque de objetividad tan necesario en este tipo de circunstancias.

UNA ACTITUD DE APERTURA.

Han pasado quince días desde la desaparición de las niñas. La investigación sigue su curso y día a día se reciben llamadas aportando supuestas pistas para ayudar a dar con ellas. Ante esta situación, la mejor actitud que puede mostrar su madre es de apertura. Según Sonia Castro, «no sabemos lo que puede pasar, hay diferentes posibilidades, hipótesis, conjeturas… No anticipar. Lo más recomendable es esperar y tratar de aceptar y entender todas las opciones y posibilidades que nos planteen los profesionales expertos en tiempo real».

La psicóloga también advierte de que es muy difícil sobrellevar una situación de este tipo, pero desde un punto de vista profesional, lo que se sabe que es óptimo es que la madre se sienta arropada y acompañada; acompañarla pero dejándole espacios en los que se exprese y se desahogue sin presión y sin limitaciones; validar sus emociones; ayudarle a ponerle nombre a las cosas; no anticipar negativamente; trabajar la confianza en los profesionales; respetar su ritmo, no forzar, ni presionar; desviar su atención y buscar que sea partícipe de actividades alternativas, y recordarle la importancia de su autocuidado (alimentación, descanso…)

El IEPP, con su fundadora Dafne Cataluña al frente y un equipo de más de 50 profesionales, es un centro pionero y de renombre en España que apuesta por la Psicología Positiva con excelentes resultados. Lleva más de diez años cuidando el bienestar emocional de personas y empresas a través del Método FORTE, un enfoque pionero que se centra en identificar y utilizar de forma equilibrada las fortalezas personales.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, se ha mostrado «sorprendida» con la detención del hasta ahora subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, «cesado automáticamente», y ha pedido respetar el trabajo de la Justicia. «Son actuaciones de otra época y de otros momentos que se tienen que demostrar o no».

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de un acto en el cuartel de Cantarranas, unas horas después que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) haya arrestado al subdelegado y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Calero ha hecho hincapié en que ha tomado la decisión de cesarlo tras enterarse a las ocho de la mañana: «No podíamos consentir que hechos ocurridos o que se están investigando desde 2005 pudieran afectar al normal funcionamiento de la Delegación de Gobierno».

A partir de ahí, ha insistido en respetar los tiempos judiciales «como no puede ser de otra manera» y esperar a que se desarrolle la investigación. «De momento no tengo nada más que decir, está todo en estudio y bajo secreto de sumario, y eso lo tenemos que respetar», ha enfatizado.

Según ha explicado, se ha enterado a primera hora de la detención de Rubio por parte del general de la Guardia Civil y no ha querido preguntar más porque «son hechos que se llevan con mucho secreto» y hay que «aceptar lo que la Justicia está haciendo».

«NO LO ESPERABA»

La delegada socialista ha asegurado que cuando pueda, «lógicamente», hablará con el ya exsubdelegado, reconociendo que no «esperaba esta actuación». «Pero soy muy respetuosa con las órdenes judiciales», ha reiterado, porque «la UCO está haciendo su trabajo que le habrá encargado el juez o quien sea y está siguiendo el proceso que crean que deban hacer».

Preguntada por la situación de los detenidos, ha incidido en que «todo está bajo secreto de sumario y no dan ninguna información». Y sobre el otro procedimiento en el que está investigado Rubio, el caso Imelsa, ha remarcado que «no tiene nada que ver con lo de ahora» y él presentó «sus recursos».

Y ha zanjado: «El hecho de esta ha tenido la suficiente trascendencia para que no tuviera que seguir como subdelegado del Gobierno».

Junto a Rubio (PSPV) y Grau (PP) también ha sido detenida la hija del exvicealcalde, un empresario y otras diez personas más en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso, según fuentes conocedoras de las actuaciones.

Rubio, quien ocupó el cargo de portavoz socialista en el consistorio valenciano, ha sido detenido en su domicilio, hasta donde se han trasladado varios agentes para realizar un registro. Ya ha sido cesado de su cargo público y el PSPV-PSOE también le ha suspendido de militancia.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado.

La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado en referencia a los altercados por tercera noche consecutiva en las calles de La Línea de la Concepción (Cádiz), con ataque incluso de fuego real a un furgón policial, que «este Gobierno no va a permitir ningún acometimiento, ningún ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como lo acontecido esta madrugada».

A pregunta de los periodistas, el ministro ha lamentado «profundamente» el fallecimiento de las dos personas ahogadas el pasado lunes tras tener problemas en la embarcación en la que navegaban.

A partir de ahí, ha aseverado que «este Gobierno no va a permitir ningún ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y ha recordado que «nada más llegar» como ministro, que se personó en el Campo de Gibraltar, dijo que «el principio de autoridad tenía que regresar».

«Es algo indiscutible que se ha hecho un trabajo muy serio restableciendo la seguridad, el Estado de derecho y el principio de autoridad en el Campo de Gibraltar y en las zonas colindantes durante estos tres años», por lo que ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, insistiendo además en que «no se va a permitir ningún acometimiento a los agentes».

Cabe recordar que el municipio de La Línea de la Concepción ha vivido en la madrugada de este jueves su tercera noche de disturbios, con varios incendios en el núcleo urbano, creación de barricadas, lanzamientos de objetos a los agentes de la Policía Nacional y un impacto de escopeta, fuego real, en uno de los furgones policiales, aunque no alcanzó a ningún agente.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, los incendios provocados afectaron a contenedores de basura, zona de pasto y matorral. Además, se han producido destrozos en mobiliario urbano.

En cuanto a los enfrentamientos con los agentes de la Policía, se han producido lanzamiento de bengalas a la llegada de los indicativos de la UPR, produciéndose además un impacto de bala de una escopeta que atravesó la rejilla, cristal y chapa de uno de los furgones de la UPR. Asimismo, los agentes han podido escuchar dos disparos más sin que impactaran en ningún vehículo y en ningún agente.

Un hombre ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión y a pagar una multa de 1.260 euros por un delito de provocación al odio y a la discriminación por publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook en las que instaba «al ejercicio de la violencia contra cualquiera que identificara como de ideología de derechas», con alusiones directas a diversos líderes del PP o Vox, hasta el punto de desearles «un tiro».

El condenado no entrará finalmente en prisión por un acuerdo entre las partes previo al juicio, que estaba previsto para este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. Al reconocer los hechos se le han aplicado atenuantes como la de confesión tardía y ha quedado suspendida la pena de prisión, siempre que no cometa delito alguno durante un periodo de tres años. Sí se hará efectiva la multa de 1.260 euros y una pena de inhabilitación especial de cuatro años y nueve meses para ejercer empleo relacionado con la educación o el deporte.

El Ministerio Público ha presentado toda una serie de publicaciones del acusado colgadas en Facebook dedicadas, por ejemplo, al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, con una fotografía del mismo y el mensaje «tiro en la cabeza o bomba bien puesta, no como te la pusieron». Las publicaciones se realizaron entre el 30 de marzo de 2020 y el 24 de mayo de ese mismo año, es decir en pleno primer estado de alarma decretado contra la pandemia de covid-19.

En otra de sus publicaciones, acompañaba una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, indicando que le «gustaría que alguien o un grupo le pegase un tiro», descalificándola como «pedazo de bazofia» e insultando a sus familiares.

En esa misma línea, en otro mensaje acompañaba una información con declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre la excarcelación de presos de la banda arma ETA, ya disuelta, exponiendo que él es «más de tiros» y desearía «que no se equivocaran nunca a la hora de seleccionar y no dejaran uno vivo».

Merced al acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa del acusado, identificado como Miguel Ángel M.A., y la Fiscalía, el encartado ha admitido la autoría del delito de provocación al odio y a la discriminación que le achacaba el Ministerio Público, según el cual este varón publicó en su perfil personal en Facebook, con 227 seguidores directos y 958 con percepción de todas sus entradas; mensajes «en los que manifiesta de forma inequívoca su desprecio y animadversión hacia cualquier persona o colectivo que se identificase con una ideología política de derechas, en concreto seguidores de Vox y del PP».

«QUE LES PEGUEN UN TIRO EN LA CABEZA»

En otra de las publicaciones, junto a una fotografía del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, incluía el comentario en mayúsculas «derecha, ar!!», tachándole de «impresentable» y achacándole un «complot con los bárbaros e hijos de puta de Vox». También apostaba por que el Gobierno crease «un grupo paramilitar» que se «cargase uno a uno con un tiro en la cabeza a toda esa gente del PP y Vox.

Igualmente, en otro de sus comentarios habría descrito como «puta» y «asesina» a la derecha, mientras en otro habría llamado a señalar públicamente a los votantes de Vox para «que les peguen un tiro en la cabeza». «Estos hijos de puta, como sus votantes, se merecen no vivir ni un minuto más», remataba dicho comentario.

«IR A LOS REMEDIOS A DAR PALIZAS»

«Una bomba para todos esos hijos de puta fachas», figuraría en otra de las publicaciones señaladas por la Fiscalía; mientras en otro comentario el acusado apostaría por «formar patrullas e ir a Los Remedios a dar palizas»; y en uno más difundía una imagen del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, abogando por «que vuelva ETA y le pegue un tiro en la cabeza».

«El acusado pretendía fomentar el odio y la hostilidad de quienes le leyeran, contra cualquier que identificara como ideología de derechas, instando al ejercicio de la violencia contra todos ellos», resumía el Ministerio Público, apreciando un presunto delito de provocación al odio y a la discriminación, por el que reclamaba inicialmente para Miguel Ángel M.A. tres años de prisión, una multa de 3.000 euros, la eliminación de los comentarios señalados y el cierre de su perfil de Facebook.