El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha reconocido este viernes el esfuerzo de los equipos de Protección Civil al frente de la pandemia y Filomena con la entrega de las Medallas al Merito de la Protección Civil que otorga la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En su intervención en el acto, Franco ha mostrado su "más sincero reconocimiento y agradecimiento a todos los condecorados por la magnífica labor que desempeñan todos los días para proteger y ayudar a los demás en situaciones muy difíciles y, en muchas ocasiones, poniendo en riesgo vuestra vida".

Para el delegado, este acto "supone un verdadero reconocimiento al esfuerzo y trayectoria profesional de todos y cada uno de los condecorados, principalmente por su compromiso con la sociedad, trabajando eficazmente para proteger a los ciudadanos en todas sus intervenciones, sobre todo, teniendo en cuenta la magnitud de las catástrofes que hemos vivido en 2020 y los tres meses de 2021".

El delegado del Gobierno en Madrid ha destacado su "generosidad, altruismo y solidaridad", principios que les "honran como hombres y mujeres comprometidos con la sociedad".

Así, ha recalcado "el impacto social que deriva de ese compromiso" y ha asegurado que "su trabajo es eficaz, tiene resultados tangibles y concretos que, en muchos casos, salva la vida de las personas y, en otros, las rescata de diferentes situaciones de emergencia y calamidad".

Seguidamente, ha resaltado que "con su trabajo, enseñan que hay que saber superarse ante las dificultades y que hay que trabajar unidos para alcanzar una sociedad mejor".

Finalmente, ha hecho un reconocimiento especial a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha realizado intervenciones en las que "su espíritu de servicio, sacrificio y rapidez en el despliegue de medios la han convertido en la herramienta más eficaz de las que dispone el Estado, regulada en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, consensuada y aprobada por todos los representantes de la Nación, ganándose el respeto y la admiración de los ciudadanos".

Al acto han asistido el director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos; El director General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Javier Herrero; la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés; el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; el alcalde de Leganés, Santiago Llorente y el jefe de la Unidad de Protección Civil dela Delegación del Gobierno en Madrid, José Miguel González Requena.

CONDECORADOS EN 2021

Entre los condecorados con las Medallas al Mérito de la Protección Civil en 2021, figura Raúl Esteban Canal, suboficial jefe del Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón. Además, esmiembro de Servicio de Bomberos y protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón desde 1993 y desde 2015 Suboficial de dicho servicio.

Además, de su trayectoria profesional la Delegación ha destacado su gestión proactiva en las Residencias de 3ª Edad del municipio de Alcorcón en la primera fase de la pandemia del Covid-19, donde realizó un seguimiento personal exhaustivo de la situación, ofreciendo formación al personal interno, promoviendo planes de compartimentación, zonificación, desinfección de zonas afectadas.

También ha sido reconocida la labor de David Arriaga López, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares cuenta con 71 voluntarios y 20 personas esperando a ingresar en Protección Civil.

Durante los meses más duros de la pandemia la agrupación de Voluntarios realizó más de 500 actuaciones, con una media de seis intervenciones diarias con ambulancia durante los 90 días que duró el estado de alarma.

Teodoro Becedas Peña, coordinador jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Leganés, ha obtenido otra de las Medallas al Mérito. Se incorporó a Protección Civil de Leganés en el año 1987. Ha estado 34 años en los que ha desempeñado múltiples tareas y siempre con un denominador común que es velar por el bienestar y la seguridad de sus vecinos.

Las 24 horas del día durante los meses iniciales del Covid-19 estuvieron dedicadas a dar respuesta y coordinar 876 traslados de pacientes Covid-19 al Hospital Severo Ochoa y otros Hospitales de la región, más de 320 atenciones domiciliarias con pacientes con síntomas y más de 400 repartos de medicamentos a domicilios para vecinos y vecinas que estaban en cuarentena, entre otras acciones.

También ha sido premiado Jesús Martínez Alonso, responsable de Planificación de Emergencias y Operaciones de Protección Civil en Riesgos Tecnológicos de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Destaca su servicio y cooperación de forma desinteresada en todo tipo de actividades, tanto a nivel preventivo como operativo, mediante la colaboración singular con las autoridades competentes en la dirección y coordinación de los recursos de intervención en actuaciones continuadas y relevantes de interés para la Protección Civil, así como la participación en Seminarios y Cursos, superando el nivel de exigencia reglamentaria en el cumplimiento del servicio.

Y ha recibido otra de las medallas el Teniente Coronel Juan Esteban Rodas, jefe del Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El Teniente Coronel Esteban es el jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, unidad fundamental con la que cuenta la UME para el cumplimiento de las misiones asignadas en nuestra Comunidad.

Cuando se activa este Batallón es capaz de hacer frente a todo tipo de situaciones en los que la vida o integridad de las personas y de sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y sus recursos y el patrimonio histórico-artístico, puedan resultar afectados, como ha ocurrido durante este año con sus intervenciones en apoyo a la lucha contra el Covid-19, el incendio de Zarzalejo y Robledo y sobre todo en sus actuaciones por la borrasca Filomena.

Otras de las premiadas es Gloria María Ramos Palop, jefa de Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Su participación tanto a nivel preventivo como operativo con la Delegación del Gobierno en Madrid, de manera expresa en Filomena mediante la colaboración singular con las autoridades competentes en la dirección y coordinación de los recursos de intervención en actuaciones continuadas y relevantes de interés para la Protección Civil y en beneficio de la población.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 26 años de prisión para un acusado de asesinar en mayo de 2019 a su pareja, cuyo cadáver ocultó durante cinco días en el domicilio en el que convivían a pesar de tener una orden de alejamiento para huir a Tánger (Marruecos).

El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal acusa a A.K. de los delitos de asesinato y quebrantamiento de medida cautelar y solicita 18 meses para Z. B. por un delito de encubrimiento.

El representante del Ministerio Público recuerda que tras dictar un juez una orden de alejamiento contra el acusado a raíz de la primera agresión, la víctima accedió de nuevo a convivir con su pareja al no ser "consciente del peligro que para ella entrañaba".

El escrito relata que A.K. y la mujer fallecida mantuvieron una relación sentimental durante la cual convivieron en una vivienda de Parla que había alquilado la víctima "sometiéndola el acusado durante el periodo de su convivencia a distintos episodios de agresión física".

El primer incidente se produjo el 9 de febrero de 2019 cuando ambos regresaban a su domicilio. A raíz de una discusión por temas relacionados con los celos, el acusado propinó a su pareja un bofetón en la cara y horas más tarde volvió a agredirla "sufriendo la víctima distintos hematomas en sus brazos".

Los hechos fueron denunciados ante la autoridad judicial y un juez prohibió como medida cautelar comunicarse con su pareja o aproximarse a una distancia inferior a 500 metros hasta que se dictase sentencia definitiva que pusiera fin al procedimiento.

Pese a tener conocimiento de las prohibiciones de comunicación y acercamiento que le habían sido impuestas, durante el mes de abril A.K. mantuvo de contacto telefónico "habitual" con la mujer puesto que "le llamó diariamente desde el 20 de abril al 1 de mayo de 2019.

La vulneración de la medida cautelar que le incumbía no se limitó al contacto telefónico, puesto que en el mes de abril también convivió con su pareja en el domicilio de Parla, algo a lo que consintió la víctima al no ser "consciente del peligro que para ella entrañaba".

Así que, aunque la orden de alejamiento ya era firme desde febrero, la sentencia no tuvo "ningún efecto disuasorio en él, volviendo a reiterar su conducta durante los meses siguientes".

La madrugada del 1 de mayo, cuando la víctima se encontraba en un bar de Parla, A.K. se personó en el local, le arrebató el teléfono y se dirigió a la vivienda de Parla.

De vuelta a casa, sobre las 6.00 horas, el acusado comenzó a discutir y la víctima le advirtió "ante el gran miedo que sentía" su intención de dar aviso a la Policía.

Fue entonces cuando el procesado le propinó "con gran violencia" un golpe en la cabeza. A continuación, cogió un cuchillo y se lo clavó en diez ocasiones a su pareja sentimental "con claro ánimo de acabar con su vida".

"En el momento de sufrir la brutal agresión --añade la Fiscalía--, Dª J.U.M. se encontraba en un evidente estado de embriaguez, con 1,85 g/L de alcohol etílico en sangre, lo que le originó un grave deterioro de su rendimiento psicomotor y, por consiguiente, de sus capacidades de reacción y defensa, circunstancias que fueron aprovechadas por el acusado A.K.".

Tras cometer el crimen, el acusado cerró con llave la puerta de la vivienda por lo que el cadáver la mujer no pudo ser encontrado hasta cinco días más tarde del crimen, tiempo suficiente para que A.K. huyera hasta Tánger, su localidad de origen.

En su huida le ayudó su sobrina Z. B., quien pese a saber lo que había ocurrido hizo las gestiones necesarias para que su tío pudiera ir en autobús hasta Algeciras donde el 2 de mayo cogió el ferry que le llevó a Tánger.

Finalmente fue detenido el 23 de octubre de 2019 por las fuerzas policiales españolas en el Puerto Fronterizo de El Tarajal, de Ceuta, tras cruzar por su propia voluntad la frontera.

Euskadi ha registrado este pasado jueves 323 nuevos contagios de coronavirus, ocho menos que un día antes, pero se ha incrementado la tasa de positivos hasta el 4,5%. Además, mientras que los nuevos ingresos por coronavirus han aumentado, con 56 pacientes hospitalizados en la última jornada, once más, se reduce la presión en las UCI, donde permanecen 118 personas, seis menos que el miércoles.

Según el último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado jueves se han efectuado 7.164 pruebas diagnósticas (4.395 PCR y 2.769 test de antígenos), por debajo de las 9.409 del día anterior. De esta forma, la tasa de positividad se ha incrementado en un punto, del 3,5% al 4,5%.

La trazabilidad de los casos en los últimos siete días se sitúa en el 51,3%, porcentaje de casos detectados por ser contactos de otros positivos, frente al 35,9% de positivos registrados tras presentar síntomas de covid.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa en 0,80 (0,79 la jornada anterior) y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se ha incrementado a 0,89 (0,88 en el día previo).

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes sigue reduciéndose y se sitúa en Euskadi en 225,03, lo que supone ocho puntos menos que la registrada en la jornada del miércoles (233,30). Gipuzkoa presenta el indicador más bajo de los tres territorios (170,45), mientras que Álava (246,21) y Bizkaia (248,55) superan la media.

Por Territorios, en Vizcaya se han detectado el jueves 163 nuevos contagios, 53 menos respecto a la jornada anterior. De ellos, las mayores cifras se dan en Bilbao, con 59 nuevos infectados (uno menos), seguido de Barakaldo, con 18, Portugalete, con diez, Ermua y Erandio, con ocho cada uno, y Getxo, con siete.

La tasa de incidencia en la capital vizcaína es de 272,89 casos en 14 días por 100.000 habitantes y en el territorio sigue únicamente en 'zona roja' la localidad de más de 5.000 habitantes de Derio.

Por su parte, Guipúzcoa suma en la última jornada 88 nuevos positivos (diez menos), de los que ocho corresponden a San Sebastián (uno menos), y 13 a Arrasate-Mondragón.

La capital guipuzcoana presenta una tasa de incidencia de 91,56 y en este territorio continúan en 'zona roja', por encima de los 500 casos en 14 días por 100.000 habitantes, Oñati y Aretxabaleta.

Álava es el único territorio donde crecen los contagios, con 67 nuevos positivos, 34 más que el miércoles, de los que 62 corresponden a Vitoria (36 más que en la jornada anterior). La capital alavesa presenta una tasa de incidencia de 272,89 casos en 14 días por 100.000 habitantes.

Por otro lado, se ha registrado cinco casos correspondientes a personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en la jornada del miércoles fueron cuatro.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, se han producido en la última jornada 56 nuevos ingresos por covid en planta, once más que el miércoles, y hay 260 personas ingresadas en las plantas de los hospitales vascos, dos menos que el día anterior.

Por su parte, los pacientes con coronavirus que permanecen en las UCI vascas se han reducido hasta los 118, lo que supone seis menos que en la jornada del miércoles.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios registrados el jueves se corresponde con las personas de entre 40 y 64 años (120 nuevos positivos), seguidas los menos de 18 años (80 casos) y de la franja de edad de 19-39 años (77 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 46 casos, de los que 17 corresponden a personas de más de 80 años y 29 a personas de entre 65 y 79 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la población menor de 18 años, con 303,22, y entre las personas de entre 19 a 39 años (252,94). La más baja es la de la población de 65 a 79 años, con 129,10.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este viernes que se hayan prohibido todas las manifestaciones y concentraciones convocadas en Madrid por el Día Internacional del Mujer del 8 de marzo, pero no en otros lugares, porque es en la capital donde siempre se producen las movilizaciones "más grandes y más importantes", y donde ahora se están registrando también los peores datos de coronavirus.

"No es un lugar normal. Madrid es la capital del Estado. Cualquier manifestación en Madrid siempre es la más grande y la más importante. Y los datos de Madrid precisamente junto con los de Ceuta y Melilla no son los mejores de nuestro país", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del informe 'Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil'.

De este modo, Calvo ha abogado por adoptar ante esta cita "criterios ponderados" y ha defendido así la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir estos actos, al entender que "en un lugar tan grande desde el punto de vista de la densidad demográfica", las manifestaciones podían llevar "a una concentración de personas que haga retroceder en la situación pandémica".

"Esta es la razón por la que otro tipo de manifestaciones más pequeñas, más acotadas, en cualquier lugar del España, pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el Gobierno es feminista y que está "volcadísimo" con la celebración del 8M, aunque tenga que ser de forma distinta.

Según Calvo, la manifestación en Madrid algunos años "ha sido alguna de las más importantes del mundo, no solo de España", y por ello, "hay que tener bastante cuidado con que Madrid en ese sentido no tenga ningún punto de avance contra la pandemia". "No hay más", ha enfatizado.

"Esta es la razón por la que ayer el delegado del Gobierno, con estos datos de la Comunidad de Madrid y todas las peticiones, era un poco previsible que pudiéramos estar una situación que no ayudara. Solo es eso. Pero este Gobierno está absolutamente volcado en la participación del 8M en todas las fórmulas posibles", ha ahondado.

EL PSOE, MÁS DE 40 AÑOS EN EL 8M

Calvo ha querido dejar claro además que aunque este año la reivindicación del 8M tenga que ser diferente, mujeres como ella llevan "40 año años" manifestándose, cuando solo eran "tres solas". "Así que tenemos ya una cierta experiencia de lo que es estar en pie", ha apostillado.

Al ser preguntada por la decisión de CCOO y UGT de llevar a los tribunales la prohibición por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de la concentración que habían convocado, como cada 8M, en la Plaza de Cibeles, Calvo ha asegurado que respeta que ante una decisión de esta naturaleza se pueda "discrepar", sobre todo cuando estos sindicatos lleva, como el PSOE, "saliendo a la calle 42 años.

"Como no vamos a querer que el 9M se convierta en una gran contestación contra el patriarcado. Pero también se puede entender que la Delegación del Gobierno tenga algún tipo de prevención sobre lo que en una ciudad tan grande como Madrid pueda tener", ha explicado.

Eso sí, ha avisado de que esto no significa que estén "de un lado o de otro", porque "no hay lados". "Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid", ha recalcado.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su esperanza en que la Delegación del Gobierno no autorice las manifestaciones convocadas con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, porque "van a suponer un riesgo para la salud de las personas y un riesgo de que puedan producirse contagios".

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha afirmado que la prohibición o la autorización de las manifestaciones corresponde "exclusivamente" a la Delegación del Gobierno, pero la autoridad sanitaria "es la Consejería de Salud de la Región".

"Y la autoridad sanitaria, lo que ha expresado y lo que ha enviado por escrito de la Delegación del Gobierno, es que no es para nada aconsejable autorizar actos en los que vaya a haber aglomeraciones de personas", según el presidente autonómico.

Incluso, la Consejería ha ido "un paso más allá" y ha pedido a la Delegación del Gobierno que "no autorice expresamente las manifestaciones que hay convocadas con motivo del próximo 8 de marzo, única y exclusivamente por una cuestión sanitaria y epidemiológica, porque la cuarta ola está llamando a la puerta y porque se están dando cada vez más casos de nuevas variantes como la británica, que son mucho más contagiosas".

"Y porque no es momento de propiciar aglomeraciones de personas; porque no es momento de propiciar la movilidad y la interacción social; porque no es momento de poner en riesgo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo durante las últimas semanas", según López Miras.

Al contrario, cree que "es momento de aguantar, de seguir limitando la interacción social, de avanzar en las vacunaciones masivas, de inmunizar al mayor número de población, sobre todo de personas vulnerables posibles, para evitar la llegada de la cuarta ola".

Y, sin duda, en la situación en la que está la Región de Murcia, España y Europa, favorecer concentraciones multitudinarias de personas es un riesgo epidemiológico para la salud de las personas", según López Miras, quien señala que esto es lo que ha manifestado la Consejería de Salud a la Delegación, pidiéndole expresamente que no autorice las manifestaciones de 8M.

APERTURA DE LÍMITES PERIMETRALES

Al ser preguntado por las diferentes opiniones de las comunidades a la hora de abrir o mantener los límites perimetrales en las autonomías, López Miras cree que el "problema" es que "no hay una estrategia de país".

"Estamos asistiendo durante demasiados meses a un espectáculo en el que cada comunidad autónoma da su opinión, cada comunidad afronta una pandemia que es global y mundial como mejor puede, como mejor sabe o como mejor le asesoran y le indican los expertos y profesionales en epidemiología y en Salud Pública, pero no hay ninguna estrategia de país", ha reprochado.

"Estamos viendo como en Alemania Angela Merkel toma decisiones de país; en Reino Unido lo hace Boris Johnson; en Francia Emmanuel Macron; en Italia también, o en Portugal, y aquí estamos con 17 respuestas diferentes frente a un virus que no entiende de fronteras", ha lamentado.

Ha recordado que "tuvimos 17 inicios de curso diferentes, 17 navidades diferentes y se ha visto cuál es el resultado, y ahora también 17 semanas santas diferentes". A su juicio, el Consejo Interterritorial es el lugar para poner cada uno en común lo que indican los expertos sanitarios de cada comunidad autónoma "bajo la dirección de alguien". Sin embargo, lamenta que ahora mismo "no hay dirección" y "ese es el verdadero problema".

"Los expertos y profesionales sanitarios nos dicen que es importante reducir la movilidad y la interacción social hasta que haya un porcentaje de personas inmunizadas suficiente; que estamos en los momentos previos a poder realizar esas vacunaciones masivas porque lo que nos ha dicho el Ministerio de Sanidad es que entre abril y mayo lleguen vacunaciones suficientes para ello", ha indicado.

"Estamos en ese momento, y no es el momento de tirar por la borda todo lo que hemos conseguido, por lo que tenemos que tomar decisiones encaminadas a esto", según López Miras, quien insiste en que el problema de fondo es que "hay 17 respuestas diferentes y ningún tipo de coordinación a nivel nacional".

El vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que manifieste con "total rotundidad" su "rechazo" al "desplante" que a su juicio se está produciendo este viernes por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña durante la visita este viernes a dicha comunidad por parte del Rey Don Felipe VI, aunque ha considerado que el jefe del Ejecutivo nacional no lo hará porque "necesita a ERC" para mantenerse en el poder.

"Sánchez no lo hará, porque a Sánchez la defensa de las instituciones le importa muy poco, el conjunto de los españoles le importa muy poco, al señor Sánchez sólo le importa el señor Sánchez, y el señor Sánchez necesita a ERC para seguir manteniendo este gobierno en el que él cohabita con Pablo Iglesias", ha espetado.

Así, en rueda de prensa telemática este viernes en Cáceres, De Olano ha recalcado que el Partido Popular muestra todo su "apoyo" al "primero de los españoles", en alusión al Rey Don Felipe VI, y rechaza las "actitudes" de "desplante" al mismo de este viernes en Cataluña por parte de los "socios" de Pedro Sánchez, en concreto ERC, ha dicho.

"Al señor Sánchez le importa poquito, de hecho tiene en su gobierno a gente que ataca a la Monarquía directamente y no le llama la atención en ningún momento", ha espetado De Olano, quien ha criticado que el presidente del Gobierno también "despachó los gravísimos altercados que se están produciendo en Cataluña desde hace semanas ya con un único tuit.

Así, sobre la visita este viernes del Rey Don Felipe a Cataluña, y ante la cual el Gobierno de la Generalitat "ha decidido hacerle un desplante al primero de los españoles", ha recordado que "los que hacen el desplante son los socios de Sánchez", y ha defendido que "del presidente de todos los españoles se espera un poquito más de seriedad y de contundencia en la defensa de las instituciones que son de todos".

"El señor Sánchez acudirá hoy a Cataluña con su majestad el rey y los que le hacen un desplante al primero de los españoles (en alusión al rey) son los socios de Sánchez, es ERC", ha espetado De Olano.

En este sentido, ha indicado que "si la inmensa mayoría de los españoles rechaza ese tipo de actitudes por parte de los gobernantes de la Generalitat de Cataluña, no es mucho pedir que el presidente que debiera ser de todos los españoles, Sánchez, atajara ese tipo de desplantes y manifestara con total rotundidad su rechazo a que desde una comunidad autónoma de haga un desplante al conjunto de los españoles que es lo que representa su majestad el rey".

MONAGO DESTACA EL PAPEL "CLAVE" DE LA MONARQUÍA

Por su parte, también sobre la visita del Rey a Cataluña, en la misma comparecencia informativa este viernes en Cáceres, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha recordado que hace unos días ha visitado el Rey Extremadura para la inauguración del nuevo Museo Helga de Alvear y estuvieron presentes el actual presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, y los anteriores, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y él mismo, "apoyando una institución clave, esencial que tiene claramente una exposición en la Constitución Española", algo que ha lamentado este viernes no ha ocurrido en Cataluña.

"Por lealtad instituciones estuvimos arropando a su majestad el Rey", ha defendido Monago, quien ha destacado que "eso es lo que hace el pueblo extremeño" a través de sus representantes, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña este viernes.

Así, ha recalcado que él se siente "tremendamente orgulloso" de haber representado como presidente regional y ahora desde la oposición a un pueblo como el extremeño que "reconoce la vigencia de la Constitución" y que con "gestos" como el de la reciente visita de Don Felipe VI a Extremadura pusieron en "relevancia" el "papel de la Corona para el conjunto del pueblo español".

Compromís pide al Gobierno de España que lleve al Consejo Interterritorial unas instrucciones para que las comunidades autónomas puedan vacunar a personas migrantes contra la covid-19, en función de su grupo de edad y condiciones de riesgo, aunque sus datos no se encuentren en los correspondientes sistemas de salud, para garantizarles la salud y la sanidad universal.

Así, figura en una iniciativa registrada por la diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Derechos Humanos de las Corts Valencianes, Cristina Rodríguez, para que el Consell inste al Gobierno central a preparar esas instrucciones.

"Desgraciadamente, muchas personas migrantes se encuentran excluidas del sistema y, por lo tanto, de las bases de datos de los departamentos de Sanidad", ha señalado.

Rodríguez ha apuntado que "se trata de personas mayores, que han sido repatriadas por sus hijos, pero también hablamos de gente que trabaja en la economía informal, en el campo y en las casas particulares. o son personas que ni siquiera tienen un techo para vivir".

En ese sentido, ha recordado que varias organizaciones en defensa de la salud y la sanidad universal, como por ejemplo Médicos del Mundo y València Acoge, han denunciado que todavía no existe un plan concreto ni recomendaciones específicas para que las autoridades sanitarias accedan a este colectivo que sigue excluido de la sanidad pública.

Así, al no estar dadas de alta en el sistema de salud correspondiente en su comunidad autónoma, los centros de salud no pueden llamar a estas personas para concertar una cita, como ocurre con el resto de la población con derecho a la cobertura sanitaria.

"El Gobierno del Botánico ya está aplicando esta medida para hacer real la sanidad universal, dado que el éxito de la vacunación es la inmunización comunitaria", ha apuntado. En ese sentido, ha recordado que el Gobierno de España se comprometió con las autonomías a garantizar "la sanidad pública, universal y gratuita, sin dejar fuera a nadie".

"Necesitamos los mecanismos para que este derecho sea una realidad", ha recalcado. Además, necesitamos que se apruebe en el Consejo Interterritorial porque "de nada sirve que se haga en la Comunitat Valenciana si Murcia, Andalucía o cualquier otra de las comunidades autónomas no lo hace".

Casi un millón de niños y niñas en España (950.000) viven en hogares monomarentales y casi la mitad (47,3%) están en riesgo de pobreza, una tasa 20 puntos superior al riesgo de pobreza medio en el país (27,4%), según un informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno.

El estudio, titulado 'Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil' y presentado este viernes 5 de marzo, revela que los hogares monoparentales han aumentado en los últimos 15 años en España hasta representar en torno a 1 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes.

En concreto, el informe señala que en España hay 1,9 millones de hogares monoparentales, de los cuales 890.000 son hogares monoparentales con al menos un menor de 18 años y los otros 971.000 tienen hijos mayores de 18 años.

De los 890.000 hogares monoparentales con hijos menores a cargo, 611.000 son simples (solo el progenitor con los niños) y 279.000 son núcleos monoparentales con otros convivientes. En este último caso, la mayoría de estos convivientes son familiares (234.000 hogares), mientras que los 45.000 restantes conviven con otras personas sin vínculo familiar.

Atendiendo a los hogares monoparentales donde el progenitor y los niños viven con otro familiar, en 184.000 de estos núcleos el familiar es el abuelo o abuela, mientras que en los 50.000 hogares restantes, el familiar es una hermana o una prima.

Además, del informe se desprende que de los 1,9 millones de hogaresmonoparentales, más de 8 de cada 10 están encabezados por mujeres y sufren una mayor situación de vulnerabilidad en comparación con el resto de hogares con niños, niñas y adolescentes.

Así, el estudio precisa que el riesgo de pobreza para menores en hogares monomarentales simples es 20 puntos superior (47,3%) al riesgo medio en España (27,4%). El riesgo es aún mayor para los que viven en núcleos monoparentales con otros convivientes (52,3%).

Además, entre los niños, niñas y adolescentes en hogares monomarentales simples, la privación material severa alcanza el 13,5%, más del doble de la tasa general (6%). Esta cifra se incrementa hasta el 15,7% en el caso de hogares formados por un núcleo monoparental con otros convivientes.

"Los hogares monomarentales tienen mayor riesgo de pobreza", ha constatado Gabriela Jorquera, del equipo técnico del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil.

Durante la presentación del informe, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha subrayado que "la pobreza inicial no se puede convertir en una condena para siempre" y ha añadido que el Estado "no puede flaquear" en la protección a los menores que viven en hogares monomarentales, ante la "irresponsabilidad" de los padres que "dejan solas" a las mujeres con sus hijos.

"La pobreza infantil avanza cuando se produce la ruptura de los progenitores. Tenemos estadísticas que indican que fundamentalmente esto ocurre por la inercia del propio patriarcado que deja a las mujeres solas con menores", ha precisado Calvo, subrayado que la "irresponsabilidad" de algunos progenitores "convoca al Estado con toda la potencia a proteger a la infancia".

De los datos se desprende que en más de la mitad de los hogares monomarentales simples (la madre con sus hijos), el estado civil de la progenitora es divorciada o separada. La situación es diferente en los hogares monomarentales donde viven con otros convivientes. En este caso, la mayoría de las madres (54%) son solteras y más jóvenes.

En cuanto al nivel de estudios alcanzado, el informe muestra que en los hogares monomarentales simples, el 42% de estas madres tienen estudios superiores, frente a un 33% que solo tienen estudios primarios. El porcentaje de madres universitarias cae al 24% en el caso de los núcleos monomarentales con otros convivientes.

La directora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Carmen Gallo, ha explicado que este informe es el primero de una serie sobre pobreza de la infancia, con el objetivo de conocer mejor las características de estos hogares y proponer medidas y políticas adecuadas a las situación de estas familias.

El Partido Popular ha cargado duramente este viernes contra el Gobierno que lidera Pedro Sánchez por permitir en varias autonomías manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algo que, a su entender, evidencia que antepone la política a la salud como ocurrió hace un año.

"Lo vivo como una gran decepción de nuevo. De verdad, que no vuelvan a repetir lo que fue tan grave para tantos ciudadanos de nuestro país", ha declarado la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, en un podcast difundido por el partido junto a la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marga Prohens, la senadora Sofía Acedo, y la portavoz de Igualdad del PP en la Cámara Baja, María Auxiliadora Pérez.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno ha prohibido todas las manifestaciones para el 8M, pero otras comunidades como Cataluña, Valencia, Navarra o Castilla y León sí permitirán las que cumplan con las medidas sanitarias.

"UNA IRRESPONSABILIDAD ENORME"

Acedo --que ha moderado el debate-- ha señalado que con el planteamiento del Gobierno ante este 8M parece que no se ha "aprendido nada" de lo ocurrido hace un año. Y ha preguntado a sus compañeras de grupo parlamentario cómo valoran que el "Gobierno de nuevo vuelva a poner la ideología por encima de la salud".

Pastor ha hecho hincapié en el 8 de marzo de 2020 y ha resaltado que desde el 31 de enero el Gobierno sabía que había un virus con una alta transmisibilidad. Por eso, ha insistido en que ha vivido "con profunda decepción" que de nuevo se permitan manifestaciones y se tomen decisiones "por motivos políticos y no sanitarios".

De la misma manera, Prohens ha afirmado que se trata de una "irresponsabilidad enorme" por parte del Ejecutivo y ha subrayado que el feminismo y la lucha por la igualdad "no puede circunscribirse a un día al año". A su entender, salir a la calle ese día no puede ponerse por encima de "la salud de todo un país.

PROHENS: "LOS NIÑOS ENTENDIERON QUE NO HABÍA CABALGATAS"

Además, Prohens ha señalado que el Gobierno permitió hace un año esas manifestaciones "escondiendo" la información que manejaba sobre el Covid-19, con "más de diez alertas internacionales de la OMS". "Nos pusieron en riesgo a todas", ha resaltado, para añadir que esa cita fue el inicio de un contagio masivo de coronavirus.

Por eso, ha subrayado que no se puede ser que se permitan de nuevo esas manifestaciones cuando "los niños entendieron que no había cabalgatas" y los ciudadanos han entendido que no pueden visitar a los abuelos. "No puede ser que ahora una guarda de irresponsables y egoístas pongan otra vez por encima su protagonismo ese día por encima del bien común", ha aseverado.

Por su parte, Auxiliadora Pérez ha acusado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de haber "infantilizado" su Ministerio y ha asegurado que no le ha entrado en la cabeza que es "ministra" y no "activista". "A diferencia de hace un año, las mujeres tenemos información y la mayoría del 24 millones de mujeres de este país somos mucho más responsables que la activista Montero", ha abundado.

PASTOR: "PROPAGADA Y ALGARADA" Y NO "POLÍTICAS REALES"

Pastor, que se ha definido como una "feminista convencida", ha apostado por ofrecer soluciones porque sigue "habiendo discriminación y desigualdad". "A mi el carné de feminista no me lo da nadie", ha dicho, para asegurar que hay que trabajar en cuestiones como el empleo de las mujeres, la conciliación o la brecha salarial.

Además, Pastor ha asegurado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "vale mucho para la propaganda y la algarada, pero para las políticas reales no vale". A su entender, hay que tomar medidas como un plan específico para "atajar el desempleo femenino"

Acedo ha criticado que "la izquierda se arrogue la defensa para sí de la mujer y la lucha por la igualdad" cuando, según ha dicho, los datos demuestran que con el PSOE y Podemos en el Gobierno ha subido la brecha salarial y se ha incrementado la brecha de género. De la misma manera, Auxiliadora Pérez ha subrayado "las mujeres son las grandes olvidadas de este Gobierno socialcomunista".

También Prohens ha defendido a "pasar de la pancarta" a planes que "realmente ofrezcan resultados". Tras recordar que el PP logró "las más altas cotas de mujeres trabajando", ha destacado que ahora España es el segundo país de la UE donde más crece el paro.

"Desde que gobierna la izquierda las mujeres en España hemos perdido libertad porque una mujer en paro y sin independencia económica, no es libre para decidir", ha avisado Prohens, para añadir que esa independencia por la que lucharon en el pasado ahora se está "perdiendo a pasos agigantados".

El vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, ha pedido que la prohibición de manifestaciones por el 8M en Madrid la extienda el socialista Pedro Sánchez "por ley" a todo el país, después de recordar la "irresponsabilidad" cometida a su juicio el pasado año por el Gobierno central con la autorización de celebraciones de ese tipo pese a los "avisos" recibidos de "lo peligrosa" que era ya entonces la situación del coronavirus.

Así, en rueda de prensa telemática este viernes en Cáceres, ha indicado que el Partido Popular celebra que el Gobierno de Pedro Sánchez "decida que no se puedan celebrar manifestaciones en Madrid" por el 8M, ya que "no tiene ningún sentido que no podamos ir a ver a nuestros padres o a nuestros abuelos a su casa y sin embargo sí nos lo podamos encontrar en una manifestación en la calle con otras 500, con 600 o con miles de personas"; aunque ha reclamado que la citada prohibición se extienda a todo el país.

"Nosotros estamos de acuerdo en que no se celebren esas manifestaciones pero nos acordamos también de lo que ocurrió el año pasado, de la irresponsabilidad de este Gobierno que ha derivado en miles y miles de fallecidos en el país", espetado De Olano, quien ha indicado también que el PP no entiende cómo la decisión de que no se celebren manifestaciones por el 8M en Madrid no se toma a nivel nacional.

Hay comunidades autónomas donde el delegado del Gobierno, como en Valencia, se está planteando si permite manifestaciones por el 8M o no", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado "¿para qué está el Gobierno de Sánchez, que por la Ley de Salud Pública es el encargado de gestionar las pandemias de carácter internacional, es el que tiene la máxima responsabilidad?"

"Por ley debería (Pedro Sánchez) como máximo responsable decidir que no se celebraran a lo largo y ancho de todo el territorio nacional... No tiene sentido que no se permitan en Madrid pero sí que se permitan en otras CCAA", ha dicho el 'popular', quien ha considerado que "basta ya de lavarse las manos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de derivar toda la responsabilidad a las CCAA". "Porque si no ¿para qué necesitamos un Gobierno, una ministra de Sanidad?", ha preguntado.

Con ello, en su comparecencia informativa este viernes, en vísperas del 8M, De Olano ha recordado lo que ocurrió el pasado año con esta celebración, cuando "el Gobierno de Pedro Sánchez tenía los avisos, desde el 30 de enero de 2020, de la Unión Europea de que estábamos ante una crisis sanitaria mundial y prefirió esperar hasta que pasara el 8M para tomar algún tipo de medidas".

Desoyeron las advertencias y los avisos de la Organización Mundial de la Salud, lo mismo de la Unión Europea, que envió avisos desde el mes de febrero de lo peligrosa que era esta crisis, desoyeron lo que ya estaba pasando en Italia, cuando ya teníamos en Europa países tomando medidas contra esta pandemia y sin embargo (el Gobierno central) decidieron celebrar aquellas manifestaciones que nos decía la vicepresidenta Calvo que nos iba la vida en ello", ha espetado De Olano, quien ha recordado que "100.000 españoles han perdido la vida en este último año".

En este sentido, ha añadido que "hay estudios de científicos reales con nombres y apellidos, no como el comité de expertos de Sánchez, científicos de la Universidad de Tarragona y de Zaragoza, que estiman que de haberse tomado decisiones una semana antes de cuando se tomaron, en lugar de tomarlo el 14 de marzo se hubieran tomado el 7 de marzo, nos hubiéramos ahorrado nada más y nada menos que 23.000 fallecidos en el país".

VACUNACIÓN

Por otra parte, ha criticado también la gestión del Gobierno central en el proceso de vacunación. "Desde luego ellos presumen mucho de la vacunación y se han convertido en meros transportistas de vacunas, pero ni siquiera eso lo hacen bien", ha afirmado De Olano, quien ha afirmado que en España se va "ya por 28.000 dosis de vacunas perdidas o extraviadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Si desde luego fueran una agencia de transportes estarían absolutamente todos despedidos", ha aseverado en alusión al Gobierno central y sobre una situación que a su juicio es "muy grave".

"Esto es muy grave porque son 28.000 dosis, 28.000 españoles que podrían estar vacunados en pocos días y que no lo van a estar por la incompetencia de este Gobierno", ha concluido.

El presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que el tiempo ha dado la razón a los rectores en su apuesta por los exámenes presenciales en enero, en medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 tras la Navidad y de los efectos provocados por el paso de la borrasca 'Filomena'.

"Al final, el tiempo nos ha dado la razón. No ha habido problemas en los exámenes presenciales, no se han producido brotes (de Covid-19), las universidades hemos facilitado, para aquellos estudiantes que han tenido dificultades por situaciones personales de Covid o de cualquier otra cosa, que puedan examinarse y no pierdan la convocatoria. Ha funcionado todo como tenía que funcionar", reivindica Gómez Villamandos en una entrevista, con motivo de su reelección como presidente de la institución.

A finales del mes de enero, CRUE emitió un comunicado asegurando que las facultades son "espacios seguros" y censurando la misiva del ministro del ramo, Manuel Castells, en la que instaba a celebrar los exámenes de forma 'online' y no presencial, si no había garantías de que se pudiera proteger la salud de los estudiantes y demás personal universitario.

Preguntado por este desencuentro, Gómez Villamandos afirma que "lo único que pasó" es que los rectores expusieron su "posicionamiento" y añade que "no fue un tema de enfrentamientos". "Todo el mundo se pronunciaba. Se pronunciaban los estudiantes, se pronunciaba el Ministerio y los rectores nos pronunciamos. Yo creo que, en líneas generales, se está poco habituado a que los rectores nos pronunciemos con determinada contundencia y eso sorprendió", matiza, para después añadir que "no era cuestión de cabezonería. Era buscar lo mejor para el sistema, para los estudiantes y para el profesorado".

En este sentido, el presidente de CRUE insiste en que "fue simplemente manifestar cuál era la posición de las universidades españolas" y poner en valor "todo el trabajo que se había venido haciendo por todos los trabajadores de la universidad para hacer que fuera un espacio seguro, donde se podían hacer las cosas bien", y que los exámenes presenciales "garantizaban la equidad, cosa que no garantizaban los exámenes 'online'".

"HABÍA DOS PROBLEMAS"

Además, señala que, en buena medida, la apuesta por la evaluación presencial por parte de CRUE tiene también que ver con la posibilidad de que los alumnos tienen más fácil copiar en las evaluaciones 'online'. Según apunta, "había dos problemas".

"Por un lado, las oportunidades no son las mismas para todos estudiantes en un examen 'online'. Eso es la realidad", manifiesta, para después añadir que los exámenes 'online' "evidentemente tienen unos riesgos, eso es indudable".

También preocupaba, según manifiesta, que "el profesorado, en un exceso de celo, llegara a unos extremos de dificultades en los exámenes que tuviera un efecto rebote". "Creíamos que lo más garantista para todos, para todos, tanto para el profesorado como para los estudiantes, eran los exámenes presenciales", remarca.

Por otro lado, el presidente de CRUE comenta que en universidades "que no han tenido más remedio, por situación sanitaria o por cuestión de espacio, que hacer exámenes online", se han producido las dos situaciones que temían, es decir, "o un exceso de aprobados o un exceso de suspensos".

"Se han producido los dos escenarios. Creo que se ha actuado con bastante sentido común, con bastante lógica y buscando lo mejor para todos. No era cuestión de cabezonería, era buscar lo mejor para el sistema, para los estudiantes y para el profesorado", concluye.

La Policía Nacional ha arrestado en el aeropuerto de Barajas a un hombre de nacionalidad rumana como presunto autor de un delito de trata de seres humanos porque pretendía viajar desde Italia a Costa Rica con un niño de tres años y no fue capaz de aportar una versión coherente sobre su viaje, ni sobre la procedencia de los 11.000 dólares en efectivo que portaba.

El menor, también de nacionalidad rumana, viajaba sin la autorización necesaria de ambos progenitores. Además, consultadas las bases de datos de su país de origen, los agentes descubrieron que le habían cambiado el apellido recientemente.

La investigación se inició cuando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comunicaron desde el filtro de entrada que había un individuo, en compañía de un menor, que podría ser el responsable de un delito de trata de seres humanos. Los agentes del grupo especializado en la lucha contra la trata se entrevistaron con esta persona, que manifestó haber llegado desde Italia y que tenía un billete para viajar a Costa Rica haciendo escala en nuestro país.

Tras preguntarle aspectos relativos a su viaje, aseguró que el menor era su hijo, cayendo en frecuentes contradicciones, y siendo incapaz de construir un relato verosímil. Además, manifestó que no tenía trabajo ni ingresos de ninguna clase aunque portaba cinco mil dólares en la cartera y otros seis mil escondidos en la maleta, sin especificar de dónde procedían.

ESCASO EQUIPAJE Y SIN AUTORIZACIÓN

El equipaje que portaban consistía en una pequeña maleta de cabina y una mochila, insuficiente para un viaje de nueve días de un adulto y un niño. Los agentes realizaron las comprobaciones pertinentes, constatando que según la legislación rumana, los menores tienen que viajar con la autorización de los dos progenitores ante notario, documento del que el arrestado carecía.

Del mismo modo, los agentes pudieron comprobar que al niño le habían cambiado el apellido recientemente por el del detenido. El menor ha quedado bajo protección en un centro de la Comunidad de Madrid y el individuo ha ingresado en prisión por ser el presunto autor de un delito de trata de seres humanos y sustracción de menores.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que el Gobierno Vasco está "contribuyendo a contener la situación" generada por la pandemia de coronavirus, y ha mostrado su "plena confianza" en que se va a "reactivar la economía, volver a la senda del crecimiento y la recuperación del empleo". "Necesitaremos tres años para la recuperación, pero comenzará este mismo año", ha subrayado.

En el pleno de control al Gobierno Vasco en la Cámara vasca, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha preguntado al lehendakari sobre la situación de hosteleros, empresas turísticas y comercios, ya que, "desde que se declaró la pandemia, su situación ha ido empeorando día a día" sin tener "alternativa" porque "los cierres obligatorios les han condenado sin remisión, y muchos han perdido todo".

"Hay cierres de negocios, pérdida de ingresos, destrucción de empleo, escasas perspectivas de futuro, familias sin ingresos y pobreza", ha indicado.

Martínez ha criticado que el Gobierno Vasco parece "ajeno al durísimo momento que tantos empresarios del sector hostelero y tantas familias están sufriendo" y ha afirmado que "los cierres, el confinamientos y otras medidas restrictivas han condenado a la crisis a miles de personas". "En esta pandemia ustedes deciden sin informes que soporten nada", ha acusado.

Iñigo Urkullu ha defendido que las decisiones adoptadas por su gobierno para hacer frente a la pandemia son "responsables" y buscan "el equilibrio entre la protección del bien mayor, que es la salud, y el menor costo posible a la sociedad". "El único enemigo es el virus y nuestra mejor ayuda es cumplir todas las medidas con rigor y responsabilidad", ha insistido.

Además, ha afirmado que "se puede hacer una comparativa entre el cierre de determinados sectores y la incidencia en la presión hospitalaria", y también ha destacado que los datos del INE indican que se ha incrementado un 35% los procesos concursales en el sector de la hostelería en el Estado, mientras que Euskadi presenta un porcentaje del 16%.

El lehendakari ha afirmado que el Gobierno Vasco está "activando todos los medios de ayuda a los sectores más afectados" y ha recordado que esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas de apoyo económico al comercio que se suman a las ya aprobadas para turismo, hostelería y comercio. "El año pasado aprobamos 70 millones de euros de ayudas, y este primer trimestre hemos aprobado ya 37 millones más", ha señalado.

Urkullu ha asegurado que el Gobierno Vasco está "contribuyendo a contener la situación" y ha mostrado su "plena confianza" en que se va a "reactivar la economía, volver a la senda del crecimiento y la recuperación del empleo. "Necesitaremos tres años para la recuperación, pero comenzará este mismo año", ha subrayado.

"FALTA DE RESPETO" AL LABI

Además, ha criticado la "falta de respeto absoluta" de Vox a los profesionales que conforman la Comisión Científico-Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI).

Tras subrayar que Euskadi, al igual que "el mundo entero, padece una pandemia global que ha provocado más de dos millones y medio de muertes", ha señalado que "la única manera de hacer frente a la transmisión del virus por aerosoles es limitar al máximo posible" la movilidad y las interacciones sociales, especialmente en espacios interiores.

"Esta pandemia implica aplicar severas restricciones, tanto a la forma de vida de las personas como al normal funcionamiento de negocios, actividades y empresas. Estamos adoptando decisiones responsables, buscando el mejor equilibrio entre la protección del bien mayor de la salud y el menor coste posible a la sociedad", ha reiterado.

En este sentido, ha citado medidas como los ERTE y su complemento, el protocolo para preservar la actividad económica comercial e industrial, el Fondo Covid, las ayudas directas de todas las instituciones públicas, o los programas sociales de ayuda a las personas, familias y sectores más vulnerables.

"La liquidación del presupuesto 2020 muestra que hemos destinado 851 millones de euros a gastos relacionados con la covid. Con el nuevo presupuesto, hemos aprobado el Fondo Covid, de 540 millones, y 430 millones adicionales de ayuda a las empresas. Convendría que hiciera usted una comparativa entre las ayudas aprobadas en Euskadi y las aplicadas en otras comunidades autónomas", ha señalado.

La vacunación de las personas que son "grandes dependientes" y sus cuidadores comenzará en la Comunidad de Madrid este próximo lunes, ha dado a conocer este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Se comenzará con 7.925 grandes dependientes inmovilizados (pacientes que no se pueden desplazar de su domicilio por distintas circunstancias) y sus cuidadores. Los profesionales de Enfermería de Atención Primaria comienzan este viernes a contactar por teléfono con los pacientes inmovilizados para concertar la cita de la administración de la vacuna a partir del 8 de marzo, tanto para la persona dependiente como para sus cuidadores.

Así, Zapatero confía en que "entre el 8 y 31 de marzo" se les administre la primera dosis y la segunda después de semana santa. "Todos serán vacunados", ha remachado.

Los pacientes grandes dependientes inmovilizados mayores de 55 años (7.360) recibirán durante el mes de marzo la primera dosis de la vacuna de Pfizer mientras que, a 565 personas con estas mismas características de entre 18 y 55 años, se les administrará la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, dado que ésta solo se administra a ese grupo de edad.

DEPENDIENTES CON MOVILIDAD

Por otra parte, e igualmente a partir del próximo lunes, se inicia la vacunación en los centros de salud del grupo de cerca de 23.000 grandes dependientes con movilidad, es decir, que sus condiciones físicas les permiten desplazarse.

Al igual que con la inoculación de los mayores de 80 años, iniciada el 25 de febrero, los profesionales de Atención Primaria contactarán por teléfono con estos pacientes y sus cuidadores para citarles en su centro de salud y proceder a la administración de la vacuna.

De este grupo de pacientes, se prevé que más de 17.000 correspondan a mayores de 55 años y por lo tanto se les inoculará con la vacuna de Pfizer, y el resto, más de 5.000 recibirán la vacuna de AstraZeneca, al tratarse de pacientes de 18 a 55 años.

VACUNACIÓN DE MAYORES DE 80 AÑOS

En cuanto al grupo de mayores de 80 años, un total de 90.000 personas mayores de 80 años de la Comunidad de Madrid han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer frente al COVID-19 en su centro de salud, a un ritmo de 4.000 personas vacunadas a la hora.

La campaña para inmunizar al grupo priorizado de 80 o más años se mantendrá en próximas semanas y se prevé administrar dosis progresivamente a más de 320.000 ciudadanos dentro de esta franja de edad.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha presentado este viernes el primer estudio integral sobre la situación de la mujer privada de libertad, que representa el 7% del total de los internos, una radiografía que muestra que 7 de cada 10 prefiere las cárceles mixtas -- con hombres y mujeres-- y no participan en programas tratamentales. El 70% opina que tiene poca formación laboral y 9 de cada 10 afirman tener buena relación con el personal de Vigilancia.

Los datos se han presentado en el marco de la Jornada del Ministerio del Interior 'Mujer, Igualdad y Seguridad', que ha contado con la participación del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente, y la subdirectora general de Relaciones Institucionales, Olga Ballesteros.

En la actualidad 3.468 mujeres están privadas de libertad. Apenas representan un 7,3% del total de la población penitenciaria, que se sitúa en 47.374 personas. Una circunstancia que "convierte la realidad penitenciaria en esencialmente masculina", según Ballesteros.

La mayoría de mujeres, como en el caso de los hombres, cumple condena por delitos contra el patrimonio y delitos contra la salud pública. El tiempo medio de condena es similar: 6 años en el caso de las mujeres, 7 en el de los hombres. Pero el porcentaje de mujeres que cumple condena en régimen de semilibertad casi duplica al de los hombres: 30% frente al 18% masculino.

INVESTIGACIÓN INICIADA EN 2019

Para conocer la percepción que la mujer presa tiene de su situación, en 2019 se puso en marcha una investigación que comenzó con el envío de un cuestionario formado por 40 preguntas. Se remitió a todos los centros penitenciarios en los que cumplen condena, tres de ellos exclusivamente femeninos -Alcalá de Guadaira, Madrid I y Ávila- y a las tres unidades de madres de la Administración General del Estado.

A partir de los 1.703 cuestionarios contestados por las internas, se elaboró el informe que, entre los datos más reseñables, pone en evidencia que solo 3 de cada 10 elegiría un centro exclusivamente femenino. En cuanto a su satisfacción con el centro penitenciario en el que se encuentran, alrededor del 70% se muestra satisfecha de estar en la prisión en la que cumplen condena. Y en la misma proporción, 8 de cada 10 no ha pedido el traslado a otro centro penitenciario.

El apartado en el que las mujeres demuestran más descontento tiene que ver con la participación en actividades ya que el 70% manifiestan que dichas actividades son "monótonas, esporádicas e insuficientes". En los centros exclusivamente de mujeres esa percepción es mayor. El mismo resultado nos arroja su participación en programas de tratamiento específicos, 7 de cada 10 no acude a ellos.

Un tercio de las mujeres trabaja en algún taller productivo. Las cifras más altas se dan en los centros penitenciarios de hombres y mujeres. En relación con el marco de convivencia, el 80% considera que su relación con el equipo de tratamiento es buena o muy buena. Sube a una 90% cuando esa relación tiene que ver con los funcionarios de Vigilancia. Sin embargo, más de un tercio considera mejorable su relación con el servicio médico.

SENSACIÓN DE DESIGUALDAD

En el capítulo de preguntas abiertas, tan sólo el 17% de las internas respondieron a las cuestiones que se les planteaban. En el grupo de edad que va de 41 a 60 años la sensación de desigualdad tiene mayor peso que en el resto. Por el contrario, es entre las jóvenes y las mayores donde aumenta la necesidad de mejorar la atención en los programas de tratamiento.

Con esos datos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha anunciado las medidas que la Administración tomará para avanzar en la igualdad en el ámbito penitenciario, entre ellas potenciar la creación de módulos de respeto mixtos en los que, además de la normal convivencia "se garantice el acceso efectivo de la mujer a todas las actividades que se desarrollan en prisión".

En estos momentos son nueve los centros penitenciarios que cuentan con este tipo de módulos residenciales en los que conviven 121 mujeres y 543 hombres.

Además, Ortiz ha anunciado que "se resolverá a favor de la mujer cualquier situación que impida su participación en actividades que puedan desarrollar hombres y mujeres, primando la participación de ellas en aquellas en las que no intervienen o su presencia está infrarrepresentada".

Se asegurará el acceso de la mujer a todos los recursos, servicios y programas de tratamiento. El secretario general ha destacado en este punto el programa 'SerMujer.es' que, desde 2011, "ha empoderado a 1.700 mujeres fomentando su autoestima o ayudándoles a comprender las relaciones afectivas de una manera saludable". Ese programa permitió descubrir que el 70% de las mujeres que llegan a un centro penitenciario reconoce haber sido víctima de violencia de género antes de su ingreso.

Garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones penitenciarias, generalizar el lenguaje inclusivo y planes de formación para el personal penitenciario que incluyan actividades de género, son otras de las medidas que la Secretaría General "trasladará a todos los centros penitenciarios para su implantación inmediata", ha concluido Ortiz.

El exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el responsable de las residencias y centros de día públicas de la Comunidad, Óscar Álvarez López, ha asegurado este viernes que los polémicos protocolos de no derivación de residentes a los hospitales vigentes durante las semanas más duras de la pandemia del coronavirus "venían marcados" desde la Consejería de Sanidad.

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 que celebra en la Asamblea de Madrid, Álvarez López ha explicado que asumió su cargo en septiembre de 2019 pero dimitió el 30 de junio por problemas de salud. "He vivido la peor experiencia de mi vida. Me infecté en abril y tuve problemas físicos evidentes y gran ansiedad y estrés con medicación por lo vivido. Acabé destrozado y aguanté cuando concluía la primera ola por responsabilidad", ha dicho.

El compareciente ha relatado que el primer caso de coronavirus se dio en la residencia de mayores La Paz el 4 de marzo. Entonces, llegaron médicos del hospital Gregorio Marañón y se hicieron PCR a todos los residentes. Según ha señalado, hasta el día 7 la situación estaba controlada pero a partir de entonces la crisis sanitaria explotó.

"Vivimos una situación de guerra, no existía certidumbre de un virus desconocido, con unos protocolos modificándose por días. Sufrimos un desabastecimiento de equipos de protección, empezamos a perder efectivos y el miedo de los propios trabajadores a infectarse. La situación inicial era de angustia", ha indicado.

Tal y como ha explicado Álvarez, además del cierre de los centros, empezaron a tomar otras medidas como la compra de EPIs, el aislamiento por zonas, planes de contingencia, establecimiento de registros diarios de contagiados y fallecidos, medidas de distancia de seguridad siguiendo protocolos del Ministerio y de la Consejería de Sanidad.

A VUELTAS POR LOS PROTOCOLOS

Preguntado por los protocolos específicos enviados entre la tercera semana de marzo a los geriátricos para no derivar a residentes enfermos con dependencia o discapacidad a los hospitales, el exgerente de la AMAS tiene constancia de que el día 18 de marzo tiene constancia de esos documentos y dos días después saben que llegan a los centros "directamente desde los hospitales y sus servicios de Geriatría, pero no a todos".

"El día 20, una vez que se tienen constancia de varios centros, por la noche, desde la coordinación médicoasistencial de la Agencia, se remite el protocolo a las 25 residencias, como otros protocolos de sanidad mortuoria y demás", ha manifestado.

Al día siguiente, continúa el compareciente, se reunió el equipo de coordinaciones de la AMAS. "Leímos el protocolo en detalle para ver qué soporte había que hacer para lo que se establecía en los circuitos. Cuando lo analizamos en detalle ese día transmito a los directores la necesidad de plantear algunas dudas como si podían llamar las enfermeras, temas de logística... Les digo que refuercen las compras por si no pudieran acceder desde el sistema de abastecimiento de hospitales, o que familia pueda acompañar al residente en los últimos momentos", ha indicado.

Álvarez López ha subrayado que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se reunía con su equipo de forma diaria estos días "y se trabaja en muchos aspectos del día a día, que eran frenéticos, con reuniones con todo el mundo, viendo dónde se podían comprar EPIs, hacer contratos, etc".

En esa reunión del día 21 el interviniente ha asegurado que trasladó a Reyero su "temor y miedo" por "las situaciones que se podrían producir" si se aplicaban dichos protocolos con criterios de no derivación en determinados casos. "El consejero visualiza con base a las escalas cómo puede repercutir en las personas con discapacidad y otras personas. Reyero manifestó el desacuerdo con el protocolo. Yo visualizo su negativa que me la hace llegar, y la también la de la directora del Mayor, que lo manifiesta de una forma clara posteriormente", ha apuntado.

Al contrario que lo manifestado la semana pasada en esta comisión por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, el exgerente del AMAS ha asegurado que dichos protocolos eran "de obligado cumplimiento, como cualquier protocolo o instrucción y se tiene que actuar conforme a eso: llamar al enlace de Geriatría del hospital y lo que se produzca".

"Es que directamente tenías que contactar. No hay otra posibilidad", ha añadido el compareciente, que ha confirmado que los residentes tampoco podían ser trasladados en ese momento al hospital de Ifema o a los hoteles medicalizados.

A preguntas de la diputada socialista Purificación Causapié, Óscar Álvarez ha respondido que esos protocolos no se aplicaron en ámbito de la discapacidad porque pelearon para que no se produjera esa discriminación y que dichos criterios "son contrarios" a la Convención de Derechos Humanos y la legislación.

"Yo no puedo afirmar que han fallecido más residentes o no por la aplicación de alguno de esos criterios. Yo tengo la seguridad que en las residencias de las AMAS se presentó atención integral a los usuarios en esos días, con los criterios de los geriatras, con las mismas medicaciones. Las residencias contaban con el personal. Yo no puedo sacar a los residentes ni trasladarlos, pero fueron tratados por nuestros equipos, donde tenemos plantillas muy sanitarizadas y a nivel material se dota de fármacos de urgencia", ha detallado.

No obstante, el exgerente de la AMAS ha informado de que en la primera ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de junio murieron en sus residencias más de mil personas por toda las causas, cuando en todo el año anterior fallecieron esa mismo número de usuarios. Una cifra de mortalidad que Causapié ascendió a 1.197, el 19 por ciento del total, según datos que le han proporcionado desde la propia Comunidad.

Por último, Álvarez López ha querido aclarar que ni él ni su coordinador médico, Primitivo Ramos, no participaron en la elaboración ni enviaron dichos protocolos de no derivación a los geriátricos, tal y como afirmó la semana pasada Carlos Mur.

Según ha explicado, el 13 de marzo desde Sanidad les citaron a él y a la directora del Plan para trasladarles un plan de actuación en residencias en lo que estaba trabajando los geriatras. Pero, ha agregado, Ramos solo participó en perfilar denominación de caso y un tema de aislamiento, "pero no participamos en su elaboración".

La Comunidad de Madrid no aplicará la semana que viene nuevas restricciones por zonas básicas de salud (ZBS), que se mantienen en la zona básica de Marie Curie en Leganés y se prorrogarán en Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes y Villanueva del Pardillo hasta el 15 de marzo.

Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por Covid-19 en la región, quien ha recalcado que se ha bajado el umbral para la aplicación de restricciones de entrada y salida a 400 casos por 100.000 habitantes de tasa de Incidencia Acumulada a 14 días.

"Ninguna nueva zona básica de salud cumpliría criterio como para aplicar nuevas medidas de restricción de movilidad", ha manifestado, para recordar que no obstante se mantienen en la zona de Marie Curie de Leganés, y además se prorrogan 7 días naturales en la zona básica de Villanueva del Pardillo y en los municipios de Torrejón de Ardoz (6 ZBS), Collado Villalba (3 ZBS) y San Sebastián de los Reyes (4 ZBS).

En estos núcleos de población que se mantienen con restricciones desde el próximo lunes viven 301.000 madrileños, el 4,5% de la población de la región, y en ellos se concentra el 7,3% de los casos de contagios.

Debido a su buena evolución, se levantan las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud de Andrés Mellado (Chamberí), General Oraá (Salamanca) y Vinateros-Torito (Moratalaz), todas en Madrid capital; así como en la localidad de Hoyo de Manzanares.

Con una incidencia acumulada a 14 días de 291 casos por 100.000 habitantes la última semana --a día de hoy ya se sitúa en 245 casos por cada 100.000 habitantes--, la Dirección General de Salud Pública ha decidido bajar de 500 a 400 el umbral para el establecimiento de restricciones por ZBS con alta incidencia, unido a la observación de transmisión comunitaria y que no se muestre una tendencia decreciente.

Andradas ha detallado que al cierre de la última semana, 22 ZBS presentaban una incidencia acumulada a 14 días superior a 400 casos por 100.000 habitantes, y que el jueves ya solo eran seis zonas, de las cuales una ya contaba con restricciones y las cinco restantes no presentaban transmisión comunitaria no controlada sino que registraban "brotes en colectivos muy específicos", de manera que no cumplían los criterios.

"CONSOLIDACIÓN DE LA TENDENCIA DESCENDENTE"

Por su parte, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha destacado que la incidencia acumulada a 7 días se reduce hasta los 111 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica la tendencia descendente.

En este sentido, ha recalcado que los indicadores muestran una "consolidación de la tendencia descendente", que viene registrándose desde hace un mes.

En la semana del 22 al 28 de febrero, los casos han descendido un 23% respecto a la semana anterior, y respecto a hace 15 días el porcentaje asciende al 44,6%.

A nivel asistencial, aunque se observa la misma tendencia descendente, "siguen ingresados miles de pacientes en los hospitales", pero "por fortuna es una cifra que baja poco a poco", con 334 pacientes menos a día de hoy en comparación con la semana anterior.

Los nuevos ingresos presentan la misma tendencia, habiendo bajado más de la mitad en un mes, al pasar de 2.899 en la primera semana de febrero a 1.277.

Zapatero ha recordado que sigue vigente el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 de la mañana hasta el día 14 de marzo, así como la prohibición de las reuniones de no convivientes en los domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables).

OPOSICIÓN A LA PROPUESTA DEL MINISTERIO

A este respecto, ha señalado que el 80% de los contagios de Covid-19 se produce en el ámbito familiar y domiciliario, por lo que ha criticado que la propuesta del Ministerio de Sanidad para Semana Santa solo contemple evitar este tipo de reuniones como recomendación.

La Comunidad de Madrid se opuso en la Comisión de Sanidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la propuesta del Ministerio, que contempla el cierre perimetral de todas las comunidades, una medida que Zapatero cree que no ha funcionado con anterioridad, así como establecer el toque de queda desde las 22.00 horas y limitar los comensales a cuatro personas en terrazas. La propuesta tendrá que ser ratificada el miércoles por el Pleno del Consejo Interterritorial.

Actualmente, tal y como ha recordado Zapatero, el toque de queda comienza a las 23.00 horas y hasta esa hora los establecimientos de hostelería pueden permanecer abiertos, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22.00 horas.

También ha recordado que el número de comensales en las terrazas sigue con un máximo de seis personas por mesa, y un máximo de cuatro comensales por mesa en el interior de los establecimientos, con obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en la terraza, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.

Además, continua siendo obligatorio dentro de las medidas preventivas para hacer frente al coronavirus, asegurar la ventilación adecuada de los establecimientos, ya sea por medios naturales o mecánicos.

La concentración convocada para el lunes a partir de las 18.30 horas por la Comisión 8 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento de Santander por el Día de la Mujer tendrá un aforo máximo de 300 personas, aunque se espera no pasar de las 200, y solo para aquellas que estén invitadas.

De esta manera, y debido a la pandemia del COVID-19, se pretende limitar la asistencia a este "acto simbólico" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer solo a representantes de colectivos de mujeres o vinculados al movimiento 8 de marzo y algunos representantes de la sociedad civil.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes por la pandemia pero también "controlar" que se cuelen personas que pretendan "reventar" el acto, según ha explicado este viernes la portavoz de la Comisión, Ana Bolado, en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada de María Ángeles 'Sande' Ruiz-Tagle para dar a conocer los detalles de este evento.

Según Bolado, será un acto "sencillo", "amable", "a pie de plaza" y "breve", de menos de una hora de duración. "Que nadie esté preocupado, ni los señores de extrema derecha", ha aseverado. También se pretende que sea "lo más silencioso posible", sin grandes megafonías, aunque sí está prevista la lectura de un comunicado.

Como lugar del evento se ha elegido la Plaza del Ayuntamiento ya que, según Bolado, para la Comisión es su "lugar más simbólico" porque es la "plaza del pueblo" y, además, el lugar donde el colectivo empezó haciendo "pequeñas concentraciones" hace casi 30 años. El acto no se desarrollará en toda la plaza sino en una zona que se acotará con vallas y cintas.

Bolado ha explicado que en el seno de la Comisión han debatido "mucho" sobre cómo conmemorar en este año de pandemia el 8M y han concluido que era "imposible" celebrar la manifestación por las calles de Santander que organiza desde hace más de dos décadas y que, según ha subrayado, era cada vez "más multitudinaria".

Por ello, se ha optado por "hacer otra cosas distinta" como es este acto conmemorativo. Dado que este año, el acto está limitado, desde la Comisión han hecho un llamamiento a colgar el 8M de las ventanas o balcones símbolos feministas, carteles reivindicativos o elementos de color morado (el tono representativo de la celebración).

EL DEBATE "INTERESADO" SOBRE LAS MANIFESTACIONES

En su intervención, Bolado también se ha referido al debate que se ha abierto en toda España acerca sobre las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer en este año del COVID-19 y la polémica abierta acerca de si se debían celebrar o no actos en la calle.

"Se ha abierto la caja de Pandora", ha afirmado la portavoz de la Comisión 8M, que cree que el debate ha sido "bastante interesado", en el que se han hecho afirmaciones "extrañísimas" respecto a la actividad feminista que, a su juicio, responden "más que al tema de la pandemia a una actitud antifeminista".

Bolado ha reconocido que este "revuelo" que se ha generado le ha "indignado un poco" y le ha llamado "mucho la atención", más después de que a lo largo de este año se hayan celebrado "manifestaciones de todo tipo", algunas, a su juicio, "un poco espeluznantes", y que son "criticadas o alabadas" pero una vez se han celebrado.

"Pero es que cuando se ha acercado el 8 de marzo ha habido una acción inmediata y preventiva para que de ninguna manera las mujeres nos atreviéramos a salir a la calle", ha afirmado Bolado, que ha advertido que las "mujeres ya están en las calles", "cuando quieren y a la hora que quieren porque son libres.

La portavoz de la Comisión 8M ha señalado que a las mujeres les ha "costado mucho" que les dejasen salir de casa, o ir a estudiar o trabajar y lo han tenido que "forzar". "No vamos a dejar la calle aunque sea de manera simbólica, como va a ser el lunes, ni la universidad, ni el empleo ni nada. Es más vamos a profundizar en todos estos derechos", ha avisado.

En la misma línea, 'Sande' Ruiz-Tagle ha reivindicado que se ha avanzado en los derechos de las mujeres pero cree que aún "queda mucho por recorrer".

Además, considera que "no solo hay que avanzar" sino "consolidar" todo lo conseguido porque, según ha dicho, en este año de la pandemia, los derechos de las mujeres "han sufrido estrepitósamente". "Y si no hemos retrocedido, se han paralizado y paralizar los derechos de avance es retroceder".

CC.OO. y UGT de la Comunidad de Madrid llevarán a los tribunales la prohibición por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de su concentración, que habían convocado como cada año en la Plaza de Cibeles por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que, aseguran, se ha negado "de manera irregular".

Así lo han señalado en rueda de prensa telemática representantes de ambos sindicatos, que han criticado que se trate de "demonizar y criminalizar" el movimiento feminista del 8M y han defendido que un alto porcentaje de las concentraciones presentadas ante la Delegación están "ajustadas a derecho".

En concreto, la secretaria de Organización de CC.OO. Madrid, Paloma Vega, ha reprochado que "no se puede criminalizar al 8M como si fuera la única manifestación de todas que provoca contagios". Por ello, ha afirmado que van a presentar un recurso, porque entienden que la resolución de denegación "atenta contra derechos fundamentales" y que el acto programado por los sindicatos estaba "dentro de la legalidad".

Se trata de una concentración que convocan cada año frente al Palacio de Cibeles y en la que, tal y como ha explicado la secretaria de Igualdad de UGT en Madrid, Ana Sánchez, se iban a reunir un total de 100 personas, 50 de cada sindicato, en un acto "reivindicativo feminista, laboral y sindical".

Sánchez ha expresado que este acto del 8M es "fundamental" porque pese a que la lucha de las mujeres es "diaria", se trata de un evento en el que se visibilizan todas las reivindicaciones del feminismo. En esta sentido, ha señalado que "por desgracia" querían mostrar un año más las brechas a las que se enfrentan las mujeres.

"DEL TODO DEMENCIAL" PROHIBIR ESTOS ACTOS

"Este año tenemos la gran sorpresa de que desde las instituciones también nos están demonizando siendo las más responsables", en una región con "una laxitud tremenda en las medidas sanitarias".

"Semana tras semana se han estado produciendo manifestaciones y son capaces de prohibirnos el 8M", ha reprochado, algo que ha calificado "del todo demencial" mientras terrazas, transportes y conciertos están "atestados" en Madrid. "No tienen ningún problema de dejar abierto el perímetro en Semana Santa porque vamos a contagiar las mujeres trabajadoras y no el resto de turistas", ha añadido Sánchez.

En concreto, tanto ella como la secretaria de las Mujeres de CCOO de Madrid, Pilar Morales, han hecho hincapié en que se trataba de una concentración con medidas "pautadas" y distancia de seguridad. "No solamente estamos sufriendo la precariedad sino que ahora somos las culpables de todos los males", ha espetado la representante de UGT.

En esta línea, Morales ha criticado que se utilicen "cortinas de humo" para que no se hable de la situación real de las mujeres trabajadores con "falsos debates". Así, ha denunciado que la Comunidad de Madrid, siendo una región "rica", no acabe con las colas del hambre, en la que se sitúan especialmente las mujeres.

"Del paro de la pandemia más del 53% son mujeres, en los bares también hay muchas mujeres. A ver si hablamos alguna vez para cambiar la economía de esta ciudad para que no sea de cerveza y pinchito", ha expresado, a lo que ha añadido que las mujeres seguirán con su lucha "hasta que el patriarcado caiga, que va a caer.

La secretaria de Organización de UGT Madrid, Rosa Moreno, ha señalado que se sienten "indignadas" por que se prohíban todas las manifestaciones y no entiende por qué la Delegación de Gobierno no ha hecho una "criba" con las que estaban bien convocadas, respetando la legalidad, y las que no.

Considera que se trata de un "jarro de agua fría", que a quien beneficia es a la derecha y a la ultraderecha. "Seguiremos con nuestras movilizaciones como podamos, a pesar de todo que no sea crea la ciudadanía que nos vamos a quedar quietas", ha asegurado.

"EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN NO SE LE HA QUITADO A NADIE, NI A LA ULTRADERECHA"

En la rueda de prensa, han participado también los secretarios general de UGT y CC.OO. Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente, que han señalado que el derecho de manifestación no se le ha quitado a nadie, "ni a la ultraderecha" y que esta situación "enmascara" la desigualdad que sufren las mujeres.

Reillo ha valorado que la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de prohibir todas las concentraciones presentadas hasta el momento es "abuso de poder" y que "no viene a cuento que se ataque permanentemente al 8M". "Este ataque misógino e indiscriminado hacia la mujer me parece una barbaridad", ha sostenido.

Por su parte, Cedrún ha apostillado que esta prohibición ha sido "un gran triunfo del patriarcado machista en esta Comunidad, impulsado por la ultraderecha y animado por nuestra presidenta (Isabel Díaz Ayuso)".

Asimismo, ha subrayado que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, "no tiene competencias para suspender una manifestación", aunque sí para decir cómo, cuándo y dónde se hace. "El delegado del Gobierno está contribuyendo a la criminalización del movimiento feminista", ha reprochado.

CONCENTRACIONES ALTERNATIVAS

Ante esta situación, han explicado que lanzarán otras manifestaciones alternativas y llaman a las mujeres a concentrarse entre 5 y 10 minutos en las puertas de sus lugares de trabajo a las 12 horas para protestar contra esta medida que creen que va "en contra de la ley", así como para reivindicar sus derechos.

En concreto, la intención es leer un manifiesto y dejar patente las reivindicaciones de las mujeres contra las desigualdades que siguen existiendo.

Además, acto seguido, a las 12 horas las sindicalistas tiene previsto reivindicar sus derechos en sus propias sedes en Madrid con unas concentraciones. "Si no es en Cibeles o en la Puerta del Sol tendrá que ser en Lope de Vega y en la Avenida de América", ha detallado Moreno.

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP) ha pedido este viernes al Gobierno que "haga caso" a los científicos y técnicos para unificar las medidas a adoptar para controlar la pandemia durante la Semana Santa, a fin de evitar que existan "diecisiete modelos distintos".

Pastor ha realizado este viernes una visita al Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (Imoma), en el marco de su participación en la conviene a la constitución de la Comisión de Sanidad del PP de Asturias. La vicepresidenta segunda del Congreso ha estado acompañada por la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

En declaraciones a los medios, Pastor ha pedido que las medidas de cara a la Semana Santa estén basadas en "criterios científicos y técnicos" y que no haya un plan por cada comunidad autónoma. "Estamos acostumbrados a que, con los mismos indicadores, unas veces se hagan unas cosas y otras lo contrario", ha criticado, pidiendo así al Ministerio de Sanidad que "lidere por una vez" la lucha contra la COVID-19. Ha pedido además que las medidas que se tomen se adopten "con transparencia", explicando en qué criterios se basan.

Por otro lado, ha urgido a Sanidad a impulsar la vacunación a personas con patologías crónicas, especialmente aquellas inmunodeprimidas, personas con trasplantes de órganos o pacientes oncológicos. "Es fundamental y urgente", ha dicho, que se vacune a estas personas.

En lo referido a la Comisión de Sanidad de los 'populares' asturianos, Pastor ha agradecido al Imoma su labor, y ha abogado por que el futuro de la Sanidad, especialmente ahora con la pandemia, esté vinculado al refuerzo del sistema sanitario, la incorporación de tecnología e investigación al sistema, el traslado de esa investigación a los pacientes.

Ha pedido además que los fondos europeos de resiliencia sirvan para "fortalecer" el sistema sanitario español, incorporar fármacos "innovadores" y hacer posible que la sanidad española "siga siendo de las mejores del mundo".

BARBÓN ESTÁ "PONIENDO LA VENDA ANTES DE SABER CUÁL ES LA HERIDA", DICE MALLADA

Por su parte la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha criticado que el líder del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, esté "poniendo la venda antes de saber cuál es la herida", al anunciar que las restricciones no se relajarán durante la Semana Santa. Barbón, sostiene Mallada, "se ha anticipado demasiado".

Así, ha reclamado al presidente que espere a conocer los datos a medida que la fecha se vaya acercando. Tanto el alcalde como yo pedimos que gestionen a la vez la situación sanitaria y económica, y que, en la medida de lo posible, se vayan relajando las medidas para poder reactivar la economía", ha defendido.

Sobre la Comisión de Sanidad que hoy se constituye, Mallada ha explicado que su objetivo es "acercar el partido a la sociedad" y buscar el asesoramiento en "verdaderos profesionales" como los que forman el Imoma. En este sentido ha pedido a Adrián Barbón que no excluya a la sanidad privada y fomente la colaboración con ella desde la pública, ya que con estos profesionales "es inaceptable" que se produzcan retrasos en las listas de espera.

CANTELI: EL CIERRE DE LA HOSTELERÍA A LAS 20.00 "NO PUEDE MANTENERSE"

Por su parte, el alcalde de Oviedo ha pedido a Barbón que no mantenga el cierre de la hostelería a las 20.00 horas. Ha defendido que, si bien "hay que respetar" las normas sanitarias, "hay que pensar" que al otro lado "hay gente que lo está pasando mal. Considera el primer edil ovetense que el cierre a las 20.00 "no puede mantenerse". "¿Qué mas da a las 20.00 que a las 22.00?", se ha preguntado, para después incidir en que así se permitiría que los negocios hosteleros pudieran dar algunas cenas.

Canteli ha pedido a Barbón que "no esté colgado del poste de la sanidad y se olvide de todo lo demás", porque, de lo contrario, en el futuro las depresiones, las pérdidas de empleo y las necesidades "van a ser tremendas".

La Comisión de Ética Judicial aconseja a los jueces que no participen en programas que puedan incitar debates acalorados o al sensacionalismo ni en medios de comunicación que no sean plurales, para salvaguardar la imagen de independencia e imparcialidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.

"La Comisión de Ética Judicial considera poco aconsejable la participación de jueces y magistrados en programas o medios que, por su formato, puedan incitar al debate acalorado, al sensacionalismo o sean identificables por el público en general como alineados ideológicamente con una opción política sesgada y no plural", ha informado el CGPJ en un comunicado.

Así se ha expresado la Comisión al responder a una consulta sobre cómo puede verse afectada la apariencia de imparcialidad de los jueces como consecuencia de su colaboración con los medios de comunicación, cuestión que --ha recordado el CGPJ-- ya ha sido abordada ampliamente y desde distintas perspectivas en anteriores dictámenes.

La Comisión, ha explicado el Consejo, parte de la premisa de que los integrantes de la carrera judicial gozan, como cualquier ciudadano, del derecho fundamental a la libertad de expresión y, por lo tanto, pueden intervenir en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Sin embargo, ha señalado que la libertad de expresión de jueces y magistrados tiene unos límites que nacen de su condición de representantes del Poder Judicial, razón por la cual sus intervenciones deben estar presididas por el respeto a los principios de independencia, integridad, imparcialidad y transparencia.

"En otras palabras, los integrantes de la carrera judicial deben ejercer su libertad de expresión con la prudencia y moderación necesarias para preservar su independencia y apariencia de imparcialidad y, con ellas, la confianza de los ciudadanos en la Justicia", ha resumido el CGPJ.

Realizada de esta manera, la Comisión ha estimado que la intervención de jueces y magistrados en medios de comunicación y redes sociales cumple una función pedagógica, la de explicar la ley y el funcionamiento del proceso judicial.

Además, ha subrayado que corresponde al juez valorar en cada caso el alcance de su derecho a la libertad de expresión, teniendo en cuenta que los ciudadanos le perciben como representante del Poder Judicial.

"DEBER DE CAUTELA"

El CGPJ ha señalado en su nota que "ese deber de cautela ha de ser aún mayor cuando la intervención del juez es requerida en determinados medios, en los que se busca el sensacionalismo o la confrontación en materias sensibles a la opinión pública".

La Comisión ha puesto como ejemplo los programas de la llamada 'prensa rosa', 'prensa sensacionalista' o de las tertulias televisivas, con grandes audiencias que "pueden desencadenar debates acalorados y poco idóneos para el matiz y en los que cualquier opinión del juez puede ser entendible por un profesional jurídico pero malinterpretada por el público en general".

En esos casos, ha advertido la Comisión, "el riesgo de que la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia se vea en peligro es muy grande", como lo es también la posibilidad de que "puedan verse afectados los principios éticos esenciales como la integridad, independencia e imparcialidad".

Así pues, ha concluido que, la intervención de jueces y magistrados en ese tipo de medios o programas puede llegar a considerarse desaconsejable por el elevado riesgo de lesión de los principios éticos que deben guiar la actuación de los integrantes de la carrera judicial.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro ha desestimado "íntegramente" las oposiciones a la ejecución de los 111 bienes de Barbastro presentadas por Consorcio Museo de Lleida Diocesano y Comarcal y del Obispado de Lleida. Así, ha determinado que la entrega de las obras siga adelante.

En el auto, la jueza condena a las partes ejecutadas al pago de las costas procesales. Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La Generalitat y el Obispado de Lleida se han opuesto a la ejecución provisional argumentando que en el caso de que la sentencia, de la que se deriva el proceso de ejecución, fuese revocada por instancias judiciales superiores y las piezas tuvieran que regresar a Cataluña la destrucción o daños que los traslados producirían en las obras serían de imposible reparación y no se podría compensar económicamente a las instituciones catalanas, dado el incalculable valor artístico de los bienes.

Otro motivo de oposición es la ejecución sobre 28 de las 111 piezas sobre las que no ha existido litigio, ya que en el juicio celebrado se reconoció que pertenecían al obispado de Barbastro Monzón. Además, señalan que el plazo otorgado para efectuar la entrega de las piezas es insuficiente.

A estas alegaciones responde la juzgadora que, a pesar de que los demandados reconocieron que la propiedad de estos 28 bienes correspondía al Obispado de Barbastro, en la fecha en se presentó en el juzgado la oposición a la ejecución dichas piezas todavía no han sido devueltas. Sin embargo, hace constar la jueza que tiene constancia, por las partes, de que las piezas fueron entregadas por el Museo de Lleida al Museo de Barbastro-Monzón el 15 de febrero de 2021, quedando por tanto estas 28 obras fuera de la presente oposición a la ejecución.

Sobre el posible deterioro de las piezas y su compensación económica desestima la oposición porque, aunque se alude a un riesgo grave e irreparable, en los informes no se determina con exactitud, y añade "es evidente que deberá de realizarse el embalaje y transporte de acuerdo con la importancia y valor de las obras sobre las que se ejecuta y con la máxima de las cautelas, pero no se acredita la imposibilidad de llevarlo correctamente a efecto ni menos los daños irreparables".

Subraya también que, en este momento, no cabe pronunciarse sobre las compensaciones económicas por el posible deterioro de los bienes y recuerda a lo ejecutados que "podrían pedir la indemnización de los daños y perjuicios que se les hayan irrogado con esta ejecución provisional en caso de que la sentencia sea revocada en instancias superiores".

En cuanto a la insuficiencia de los plazos de ejecución, establecidos en el auto del pasado 17 de diciembre de 2020 que determinaba la fecha del 15 de febrero como plazo de entrega y la solicitud de la Generalitat y el Obispado de Lleida de su suspensión y ampliación, reitera la jueza que la suspensión no es posible, tal y como ya se ha indicado en distintas resoluciones judiciales sobre la ampliación que "el Consorcio ha presentado en este Juzgado un plan de entrega a cumplir el día 5 y el día 10 de marzo, con lo cual se entiende que según los actos propios de los demandados es más que factible que en el periodo indicado se pueda dar cumplimiento al auto de 17 de diciembre de 2020 sin necesidad de conceder nuevos plazos como solicitaban, más y cuando tampoco está prevista dicha concesión como una casusa de oposición ni ha sido pedida en forma".

Respecto las alegaciones de la Generalitat acerca de que el destino de los bienes no es el adecuado para su conservación la juez manifiesta que "no puede estimarse dicha causa de oposición pues no existe prueba alguna de que así sea".

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado, este viernes en un acto por el Día Internacional de la Mujer, las aportaciones de su departamento a la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', de la que ahora hace un año de su aprobación en el Consejo de Ministros.

Campo ha inaugurado la jornada que el Colegio General de la Abogacía ha celebrado con motivo del 8 de marzo con un discurso en el que ha enumerado algunas de las iniciativas de Justicia en favor de lograr la igualdad real.

Entre ellas, ha destacado la puesta en marcha del primer Plan de Igualdad de la administración de Justicia o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está ahora en fase de consulta pública, y en la que, según ha explicado, están participando muchas asociaciones feministas que darán "perspectiva de género" al texto.

En este sentido, también se ha referido a la participación del Ministerio en la redacción de las leyes de Libertades Sexuales o en la de la lucha contra la trata, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad.

DIFERENCIAS CON PODEMOS POR LA NORMA

Campo habla así de una norma por la que le acusaron de bloqueo, tanto desde el departamento que dirige Irene Montero, como por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Este último aseguró que en las "excusas técnicas" que ponía Justicia para no dar su 'ok' final a la ley, había "mucho machista frustrado".

El ministro de Justicia se defendió asegurando que su departamento resulta "antipático" cuando se pone "tiquismiquis" a la hora de mejorar leyes para que sean "lo más perfectas posibles".

También ha destacado la participación de su departamento en el desarrollo de las leyes de Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', o de las lucha contra la trata; así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su actual fase de información pública, ha precisado, ha contado con la participación de asociaciones feministas para "aportar mayor perspectiva de género" al texto.

LE PIDEN QUE LIDERE LA CONCILIACIÓN

El acto ha estado dirigido por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que, en su intervención, ha pedido a Campo que lidere el camino legislativo hacia la conciliación. "Queremos que los hombres se sumen con total decisión a en este viaje hacia la igualdad", ha declarado.

Ortega cree que España es "uno de los países europeos más avanzados en igualdad legal" pero señala que, en pleno siglo XXI "la brecha legal y real están más diferenciadas de lo que cabría esperar y desear".

Además, ha explicado, que si el camino hacia la igualdad ya era "lento", "con la pandemia corre el riesgo de plantarse". Una situación que, a su juicio, sería "intolerable para cualquier democracia". "La igualdad una palabra frágil que seguirá estando lejana si la pasividad monopoliza el presente", ha advertido.

La Reserva Marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas, situada al sur de la isla de El Hierro, cumple estos días 25 años como referente de buenas prácticas pesqueras y de buceo de recreo responsable, actividades que son compatibles, en un marco de colaboración, en beneficio del hábitat de la reserva marina y del conjunto de la sociedad.

Creada mediante Orden Ministerial de 24 de enero de 1996 (BOE de 3 de febrero), esta reserva marina está gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (aguas exteriores) y por la Comunidad Autónoma de Canarias (aguas interiores). Ambas administraciones trabajan de manera conjunta en la gestión de este espacio, en el marco de un convenio de colaboración.

La Reserva marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas forma parte de la Red de Reservas Marinas de interés pesquero, creada al amparo de la Ley de Pesca Marítima del Estado. Actualmente, esta red está compuesta por 12 espacios (9 en el Mediterráneo y 3 en aguas de Canarias), que ofrecen protección a más de 105.200 hectáreas.

El principal objetivo de una reserva marina es dar apoyo a la pesca artesanal tradicional a través de esta figura de protección pesquera, el mejor conocimiento científico, y la normativa que recoge los planes de gestión, que ordenan los usos, tanto espacialmente con la zonificación, como la regulación y los medios materiales y humanos en cada reserva.

Estos planes contemplan la gestión de los recursos humanos que forman los servicios y el material del que disponen: embarcaciones de vigilancia, equipamientos, centros de visitantes y puntos de información in situ.

La Reserva Marina de la Isla de Tabarca (Alicante) fue la primera reserva creada por el Ministerio, en el año 1986, mientras que en 2020 se creó la Reserva de la Isla de Dragonera (Mallorca), la última hasta el momento.

La Reserva Marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas protege una superficie de 1.180 hectáreas en el extremo suroccidental de la isla de El Hierro y se caracteriza por estar al abrigo de los vientos alisios, recibiendo por ello ese litoral la denominación de 'Mar de las Calmas'. Esta reserva marina fue solicitada por la Cofradía de Pescadores de La Restinga, Nuestra Señora de los Reyes.

Los fondos volcánicos fueron directamente afectados por las erupciones que tuvieron lugar en octubre de 2011 y provocaron el nacimiento del volcán Tagoro, a una milla aproximada a poniente de La Restinga. La reserva marina ha permitido la realización de un seguimiento exhaustivo de este fenómeno, ya que se inició su seguimiento desde los primeros meses desde la erupción y que continúan actualmente.

El buen estado ambiental del que la Reserva ya disfrutaba en 2011 ha sido decisivo para una pronta recuperación de especies y comunidades, incluso las más afectadas, como las macro algas o los moluscos.

Esta reserva marina constituye un apoyo esencial para la pesca artesanal, que convive con un sector de buceo de recreo que encuentra en sus fondos marinos unos paisajes que atraen a visitantes nacionales y de otros países.

El buceo de recreo en las reservas marinas está regulado para buscar una experiencia de calidad y compatibilizar la conservación de los espacios marinos con la necesaria sensibilización del buceador en el disfrute de esta actividad de ocio.

El departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral ha informado de que, este viernes, los 71 centros de mayores y 53 de discapacidad se encuentran libres de COVID-19. Esta situación no se daba desde finales del pasado mes de junio de 2020.

El Ejecutivo ha manifestado que el dato confirma el impacto positivo de la estrategia de vacunación en los centros que alcanza al 93,8% de las personas residentes, como señaló esta misma semana en rueda de prensa la consejera, Carmen Maeztu.

En el caso de los centros de mayores se han producido ya 608 altas epidemiológicas, mientras que 7 trabajadores permanecen todavía de baja. En lo que respecta a los centros de discapacidad únicamente una persona permanece hospitalizada frente a las 109 altas epidemiológicas y 3 bajas de profesionales.

La drástica bajada de la incidencia de las últimas semanas, una vez finalizado el proceso de vacunación el pasado 12 de febrero, ha permitido flexibilizar las medidas sobre visitas y salidas de los centros y recuperar las actividades interrumpidas por la pandemia, ha recordado el Ejecutivo.

Las personas que viven en centros van recuperando poco a poco la "normalidad" y comienzan a participar en actividades fuera del recinto de dichos centros, manteniendo las mismas medidas de precaución y normas establecidas para el resto de la ciudadanía.

Desde el 26 de febrero, tanto personas vacunadas como no vacunadas pueden realizar salidas del centro, incluidas las comidas y pernoctaciones en casa de familiares, sin que sea necesaria la realización de PCR o aislamiento al regreso salvo que no sea posible mantener las medidas de prevención, en cuyo caso si es necesario hacerse la prueba, ha añadido el Gobierno.

VISITAS DE FAMILIARES DE OTRAS COMUNIDADES

Por otro lado, desde esta semana se abre la posibilidad de visitas a residentes por parte de familiares que viven en otras Comunidades Autónomas para lo que cada centro expide un certificado previo.

A pesar de esta buena tendencia, tanto Salud como Derechos Sociales insisten en la importancia de no relajar las medidas preventivas para que esta situación se sostenga en el tiempo.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha mostrado su "satisfacción" por haberse llegado a esta situación. "Hoy es el día de volver a dar las gracias a todo el personal sociosanitario, sanitario, a los responsables de los centros y a los propios residentes y sus familias por el gran esfuerzo colectivo hecho para llegar hasta aquí. Vamos a seguir vigilantes para que esta situación no se revierta, pero estamos muy esperanzados porque estamos viendo la eficacia de la vacuna de manera muy clara", ha dicho.