El director general al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, se ha negado en la comisión de la operación Kitchen del Congreso de los Diputados a dar detalles sobre el funcionamiento de los fondos reservados al entender que la normativa en vigor le impide hacerlo.

"De hacerlo", ha dicho, "incurriría en responsabilidades penales y, por tanto, no puedo ir más allá de lo que este deber de secreto me impone". Rodríguez, que es policía desde 1977, ocupa desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior un cargo clave en la coordinación de Policía y Guardia Civil, teniendo entre sus tareas la supervisión del sistema de fondos reservados.

Sobre la operación Kitchen de sustracción de documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, Rodríguez ha indicado que antes de su cargo en Interior sólo la conocía por referencias en los medios de comunicación.

Otra de las cuestiones que ha abordado es su sobrenombre como Lenin. "Me enteré de ese apelativo hace dos o tres años, cuando iba a tomar posesión como director del Gabinete de Coordinación y Estudios. Me hizo mucha gracia, tampoco me distorsiona la vida", ha contestado.

VILLAREJO O LA EXNOVIA DE PUJOL

El alto cargo de Interior se ha negado a responder si se sigue pagando con cargo a fondos reservados a confidentes de José Manuel Villarejo, el polémico comisario jubilado y detenido por corrupción. Lo mismo ha dicho al ser preguntado por el PP por la "exnovia del primogénito de los Pujol". "No puedo responder a esa información", ha terciado.

Al comienzo de su comparecencia, y en respuesta al PSOE, Rodríguez ha señalado que no podía hablar ni de la asignación de fondos reservados ni de una normativa que, según ha dicho, no ha cambiado desde su llegada a la Secretaría de Estado a mediados de 2018.

En este sentido, ha apuntado que estas partidas están sometidas a un "sistema especial de justificación" según la normativa en vigor desde 1995 y que de la misma se da cuenta a puerta cerrada en una comisión específica de la Comisión del Congreso.

Rodríguez ha reconocido como un "supuesto extraño" el que un funcionario reciba fondos reservados sin conocimiento de la Comisaría General a la que pertenece, aunque matizando que "no lo descartaría por razones de seguridad", pero sin dar más detalles si esto es posible por orden directa del director adjunto operativo (DAO) u otro alto cargo.

El comisario jubilado recientemente de la Policía --motivo por el que fue reestructurado el organigrama de Interior para nombrarle director general-- ha señalado que existen "medios de control" de esos fondos reservados, que van más allá de aportar un ticket de un almuerzo o un parking, porque "siempre prevalece el control documental".

Al ser preguntado si el secretario de Estado de Seguridad puede interesarse directamente por un gasto con cargo a los fondos reservados, Rodríguez ha respondido que "entra dentro del control" pero "a posteriori". "Podría ser informado de una determinada operación, pero no es lo habitual", ha comentado.

Patronales de la Dependencia han celebrado este jueves la firma del Plan de Choque en Dependencia junto al Ministerio de Sanidad, la vicepresidencia de Asuntos Sociales y los sindicatos, porque consideran que marca el "primer día" para avanzar hacia un sistema mejor y da "esperanza" a los más de 230.000 mayores en el limbo de la dependencia, aunque piden que no se quede "en palabras".

"Hemos firmado un acuerdo marco que da mucha esperanza para más de 230.000 mayores que están esperando en el limbo servicios de atención a la dependencia, es importantísimo que no se quede en palabras sino que pase a la acción", ha subrayado, la presidenta del Círculo de Atención a Personas (CEAPs), Cinta Pascual, firmante del acuerdo.

Pascual espera que con este acuerdo "se terminen las listas de espera, se den todos los servicios que marca la ley de dependencia y sean de calidad y se mejoren las tarifas y los salarios de los profesionales".

Igualmente, el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), Jesús Cubero, ha destacado que la firma de este acuerdo "representa el primer día hacia un modelo de excelencia, que no solamente busque mejorar el sistema vigente, sino que aspire a construir uno que sea ejemplar para toda Europa".

A su juicio, se trata de "un día histórico" porque es un acuerdo "fruto de la voluntad de todo un sector (sindicatos, empresas, patronales e instituciones) y busca su transformación para primar la calidad asistencial".

Según ha destacado, el objetivo es doble: "desarrollar herramientas para que los poderes públicos garanticen y certifiquen la calidad asistencial y abordar el modelo de coordinación sociosanitaria".

Entre otros puntos del acuerdo, ha puesto de relieve el refuerzo de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día; la financiación del sistema y la revisión del catálogo de prestaciones y requisitos de acreditación; o el impulso de la revisión de los instrumentos de control público de la calidad en los servicios para la dependencia.

Para la coordinación y garantía de todos los avances, destaca que el acuerdo también se focaliza en la instauración de un organismo supervisor que coordine los servicios sociales y sanitarios.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, ha dicho que no calificaría la firma como un día histórico porque "históricos serán los resultados".

"Es una magnífica noticia para todos, pero lo que hemos aprobado hoy es la constitución de esta mesa, históricos serán los resultados si los ejecutamos", ha subrayado Fernández-Cid.

LAMENTAN QUE IGLESIAS "SE BAJA DEL BARCO"

En todo caso, por el momento, ha valorado positivamente que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, haya pasado de pensar que el sector privado "poco menos tenía que dejar de existir" a "darse cuenta de que es importante". En todo caso, ha tachado de "lamentable" que Iglesias "se baje del barco" y deje el Ministerio cuando quedan "muchas cosas por hacer".

Ahora, según ha indicado, con la creación de esta mesa de diálogo, estudiarán los recursos de los que dispone actualmente el sector, los que serán necesarios en el futuro y, al mismo tiempo, irán "mejorando las condiciones del sistema". También ha destacado el objetivo que se marcan de reducir las listas de espera.

Si bien, ha advertido de que "si se quiere dar más y mejores servicios y pagar mejor a los profesionales, esto pasa por mejorar los precios públicos". A su juicio, esto no ocurre hoy por hoy y "el que está fallando es el Estado".

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno central con volver a retomar la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán, "tal y como se acordó con ERC", si bien ha reprochado a los independentistas la "estrategia de confrontación" del expresidente catalán Quim Torra.

Durante su intervención en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, Iceta se ha defendido de las críticas del PP por querer reeditar esta mesa de diálogo como si fuera entre dos Gobiernos de igual a igual.

En este contexto, el ministro ha defendido que la mesa de diálogo es un instrumento, "llevando al extremo el planteamiento", que guarda cierta relación con la convocatoria de una Comisión bilateral con la Xunta de Galicia, como le han reclamado algunos grupos para poner en marcha ciertas transferencias de competencias.

"El diálogo se puede establecer de muchas formas, pero reconozcamos que el problema que se está viviendo en Cataluña no es un problema de la transferencia de una autopista", ha aseverado el ministro de Política Territorial.

Por ello, el también líder del PSC ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sigue comprometido" con el diálogo que acordó con Esquerra Republicana para poder abordar "políticamente" el conflicto catalán.

Eso sí, Iceta ha recalcado que existen "diferencias importantes" entre los grupos independentistas y el Gobierno de coalición y, en este punto, ha considerado que el liderato de Quim Torra "no fue una presidencia favorecedora de esa estrategia favorecedora del diálogo".

PP: "¿ES NECESARIO REEDITAR ESE SAINETE?"

De esta forma ha respondido el ministro a las críticas vertidas por algunos partidos de la oposición, como el PP, Vox o Ciudadanos, sobre la mesa de diálogo con Cataluña. "¿Es necesario reeditar ese sainete?", ha preguntado el diputado del PP Vicente Betoret, quien ha censurado el empeño del Gobierno por impulsar un foro para hablar con quienes no tiene intenciones de negociar sino de "humillar" al Estado.

De su lado, en nombre de Vox, Emilio del Valle ha cargado contra el ministro, al que ha denostado por ser "el ideólogo de la España plurinacional" y a cuyo Gobierno ha censurado por sus "cesiones" ante los independentistas catalanes.

"Un claro ejemplo es su nombramiento" como ministro, ha apuntado del Valle, quien ha instado a Iceta a aclarar si realmente el Gobierno facilitará un referéndum en Cataluña si, como afirmó el propio ministro hace tiempo, el independentismo supera el 60% de la población.

En Ciudadanos, José María Espejo ha subrayado a Iceta que si está al frente del Ministerio de Política Territorial no es porque era la personal ideal para dirigirlo sino para "despachar las demandas" del independentismo.

"Han usado a su Ministerio para pagar los favores debidos a sus socios" en el Congreso, a los que incluso les han integrado en la dirección del Estado, ha criticado el diputado de la formación naranja, quien ha pedido saber si en la mesa de diálogo con Cataluña Iceta iba a representar a España o a Cataluña.

Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que exploraron a Ana María B.L., la mujer acusada de asesinar a su hijo de siete años en Huércal de Almería (Almería) el 10 de octubre de 2019, han señalado este jueves en la cuarta sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial que la autora confesa del crimen tenía una "alteración parcial de sus facultades" cuando se sucedieron los hechos tras no haber "remitido completamente" los efectos del trastorno psicótico agudo transitorio que sufrió el verano anterior y que la llevaron a estar hospitalizada durante nueve días tras un ingreso involuntario.

Los autores del informe psiquiátrico forense han apuntado a preguntas de la Fiscalía, que solicita para la acusada una pena de prisión permanente revisable en la que podría darse una atenuante de alteración psíquica, que la sucesión de los hechos que se dieron hasta el momento del crimen es "totalmente compatible con un cuadro psicótico" ya que el propio día del crimen se dieron una serie de "sucesos ilógicos" por parte de la madre del menor, quien acudió con el cuerpo sin vida del menor hasta las Norias de Daza en El Ejido tras vestirlo y aparentar que iba dormido ante los vecinos.

"Si bien es verdad que hay una base psicótica, había una conciencia parcial de esos hechos", ha expuesto el perito quien ha echado en falta una "motivación" por parte de la acusada. "No vemos una conciencia real de los hechos", ha añadido al indicar que Ana María B.L. nunca pudo explicar los motivos que le habían llevado a ejecutar sus actos, pero que esta "falta de motivación" no tendría que estar ligada a un episodio de "amnesia" que le lleve a no recordar lo que hizo.

En esta línea, los forenses han observado que junto con un cuadro "depresivo" y una percepción de sí misma "en tercera persona" de la acusada, la misma presentaba un "embotamiento afectivo", que la lleva a estar en "otro plano", lo que se correspondería con una apariencia de "frialdad".

Durante la práctica de la prueba judicial, los forenses han recordado que la mujer fue hospitalizada en el área de Salud Mental el mes de julio de 2019 tras haber acudido a urgencias unos días antes; una "medida extrema" que tuvo como objetivo reducir una "sintomatología aguda" para, después del alta hospitalaria, mantener un seguimiento psiquiátrico. Aunque en un primer momento visitó a su facultativo, después la mujer dejó de ir a la especialista y habría abandonado la medicación.

Aunque los médicos del IML creen que el episodio no remitió tras el alta hospitalaria, ya que el trastorno "no terminó de curarse" porque para una remisión "completa" era "imprescindible" que se hubiera continuado el tratamiento, la prueba pericial presentada por la acusación particular ha enmarcado en una suposición que la acusada mantuviera su trastorno hasta los días próximos al crimen ni que existiera un "embotamiento afectivo" en el momento.

EL MENOR NO PUDO DEFENDERSE

Durante la sesión, a la que han asistido el padre y la abuela paterna de la víctima, los forenses han expuesto también sus informes sobre la autopsia realizada al menor y han certificado que el niño murió por estrangulamiento, para lo que habría empleado el cordón de un albornoz que la acusada portaba en una mochila en el momento de la detención.

Las peritos que practicaron la autopsia han observado además que no hallaron signos de que el pequeño hubiera intentado defenderse en ese momento al no encontrar signos compatibles con esfuerzos para desprenderse del lazo.

"Si lo hizo fue con muy poca fuerza o que lo pilló completamente por sorpresa", han afirmado las médicos, quienes han dado cuenta de la inferioridad que mostraba el menor, de apenas 24 kilos y medio, frente a un adulto. No obstante, no se observaron otras lesiones que no estuvieran relacionadas con la asfixia ni se hallaron restos de posibles estupefacientes o alcohol en el organismo del niño, que falleció entre las 9,00 y las 9,30 horas, tras estar "cuatro o tres minutos" sin respirar.

El juicio, que encara ya su recta final, continúa este viernes con la finalización de la prueba forense mediante la práctica de pericial psicológica, que dará paso al examen de las pruebas documentales y, según el cronograma, la presentación de informes de las diferentes partes antes de la entrega a jurado del objeto de veredicto, el próximo lunes.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que su partido seguirá pactando tanto con el PSOE como con el PP. A los que no estén de acuerdo con esto porque solo quieran acuerdos con los 'populares' --como algunos de los cargos que están abandonando la formación naranja-- les ha dicho que no han entendido el papel que debe desempeñar "el centro político".

"Quien establezca que no se puede pactar con unos porque siempre son malos mientras que los otros siempre son buenos, aquellos que están apostando por una de las dos Españas, no están entendiendo lo que es el centro político, que es la tercera España, la mano tendida a los dos lados" para "encontrar soluciones a los problemas reales de los españoles", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Según ha declarado, esto es lo que ha manifestado la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en la reunión que ha mantenido a primera hora de la mañana con su grupo parlamentario. Dos de los diez diputados, Pablo Cambronero y Marta Martín, han dejado el grupo a raíz de la moción de censura frustrada contra el PP en la Región de Murcia y su efecto en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha convocado elecciones anticipadas.

CIUDADANOS ESTÁ APLICANDO SU PROGRAMA

Arrimadas también ha defendido, según Bal, que la formación naranja está aplicando el programa con el que se presentó a las elecciones generales de noviembre de 2019, promoviendo sus propuestas sobre la libertad de educación, la tarjeta sanitaria única, la eutanasia o la lucha contra la corrupción, también en Murcia contra los 'populares', hasta ahora socios de gobierno.

"Quien no se crea esto no esta en el partido correcto, que se vaya y que se vaya cuanto antes. Los que nos vamos a quedar aquí nos lo creemos. Somos más, somos muchos y seremos en el futuro muchos más porque la gente nos verá como lo que somos: el centro moderado, tan necesario para este país de trincheras y polarización", ha subrayado, añadiendo que Ciudadanos va a seguir por este camino.

A los que se marchan de Cs acusando a Arrimadas y a su equipo de abrazar el "sanchismo" y de defraudar a sus votantes por pactar ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el PSOE pese a que Albert Rivera como presidente prometió lo contrario, el dirigente les ha instado a aclarar "dónde está eso que dice que Inés Arrimadas dijo que nunca apoyaría a Sánchez".

"¿Dónde está eso? Se lo están inventando, están fabricándose excusas que son mentira para poder justificar sus decisiones", ha manifestado, aprovechando para reclamar a los diputados y senadores que han dejado de militar en Ciudadanos que actúen "con dignidad" y dejen libre su escaño.

Bal recordado que poco después de las elecciones generales del 10-N, la entonces portavoz en el Congreso propuso que Ciudadanos y el PP permitieran la investidura del líder socialista para evitar que pactara con "los populistas de Podemos y los nacionalistas de ERC y Bildu".

"Nuestros ideales del 10 de noviembre, nuestro programa, se están desarrollando. No hemos mentido a nadie, hemos sido coherentes. Siempre hemos dicho que tenemos una mano abierta por este lado y otra por el otro, que somos el puente entre el PP y el PSOE", ha insistido.

También ha rechazado la idea expresada por algunos cargos públicos que se han dado de baja en Cs sobre que los "tránsfugas" no son ellos, sino la dirección del partido por haber cambiado de estrategia respecto a 2019. "Hay que tener la cara muy dura para decir eso", ha declarado, indicando que la definición de ese concepto está recogida de forma clara en el Pacto Antitransfuguismo.

LA "POCA LEALTAD" DE HERVÍAS HACIA CIUDADANOS

Por otro lado, el portavoz de la Ejecutiva ha asegurado que después del proceso "lamentable, triste e indignante" que están sufriendo por "la ofensiva del PP para tratar de debilitar o destruir" a la formación naranja captando a personas de este partido a cambio de "cargos, dinero y poder", Cs va a "salir más fuerte. "No van a conseguir acabar con el centro político español", ha recalcado.

Bal ha sugerido que en esa maniobra "pública y orquestada" del PP está implicado el exsenador de Ciudadanos Fran Hervías, que fue secretario de Organización durante la etapa de Albert Rivera y que ahora ha tramitado su baja como afiliado y se ha puesto a trabajar para el PP.

"Creo que no hace falta dar más explicaciones, más vale una imagen que mil palabras", ha comentado sobre la fotografía publicada por 'El Español' donde aparece Hervías comiendo en un restaurante con Ruth Goñi y Emilio Argüeso, los otros dos senadores que han abandonado Cs, y la diputada Marta Martín, que ha renunciado a su acta este jueves.

A su juicio, Hervías ha demostrado "muy poca lealtad a los principios y valores" de Ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta que militaba en él casi desde sus orígenes en Cataluña. "No puede llamarse a engaño respecto a que en las elecciones del 28 de abril (de 2019) quisiéramos tener un socio preferente, que era el PP, mientras que en las del 10 de noviembre quedó claro que éramos el centro político" que "puede pactar con los dos lados", ha declarado.

A la pregunta de si Rivera podría estar detrás de la operación del PP y Hervías, el dirigente 'naranja' ha señalado que tras su dimisión Rivera dijo que no quería tutelar a Cs ni dar consejos a Arrimadas sobre cómo dirigir el partido y "lo ha cumplido". "Yo confío en su palabra, siempre me ha parecido una persona muy honesta" y "estoy convencido de que seguirá apartado de la política, feliz con su profesión", ha afirmado.

PRIMARIAS PARA LAS ELECCIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Por último, sobre las primarias que se van a celebrar en Ciudadanos para elegir al cabeza de lista a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Bal ha precisado que en breve se abrirá un periodo de 48 horas para que quien lo desee presente su candidatura. Hasta ahora ha habido dos personas que han avanzado su intención de hacerlo, el exvicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, y el afiliado madrileño Juan Carlos Bermejo.

Sobre la posibilidad de que también se postule Malena Contestí, exdiputada de Vox por Baleares en el Congreso que el pasado octubre entró a formar parte de Cs, el portavoz ha detallado que para formar parte de una lista electoral es necesario que, a fecha del cierre del censo electoral, esa persona esté empadronada en la Comunidad de Madrid, y desconoce si Contestí cumple este requisito.

En cuanto a su opinión sobre la exdiputada, ha comentado que cuando la conoció congenió con ella y que "sabe lo que es el centro político", está "convencida de que se puede pactar a los dos lados" y tiene "mucha fe" en Arrimadas.

Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda han reabierto el pulso entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la regulación del alquiler, que ya ha despertado tensiones en el pasado, y que se amplifica ante el clima preelectoral por el adelanto de elecciones en Madrid.

Y es que se trata de una normativa que el aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha marcado como objetivo prioritario antes de recalar como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas, como el mismo avanzó en su anuncio sorpresa de este lunes. Por tanto, sus esfuerzos se centrarán en encauzar este asunto mientras siga en el Ejecutivo.

La propuesta escrita presentada por el Ministerio de Transportes, basada en incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar el alquiler, ha provocado el rechazo expreso en Unidas Podemos, que acusa a los socialistas de no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el alquiler con control de precios y obligaciones a grandes propietarios.

El propio Iglesias lo ha evidenciado este mismo jueves con una advertencia al PSOE de que incumplir lo pactado, en una materia tan sensible como vivienda, equivale a una "falta de respeto" a los ciudadanos. De hecho, ha recalcado que la situación para muchas familias es "indecente" y que lo que caracteriza a un gobierno de izquierdas es "cumplir" los compromisos pactados.

No ha sido el único representante del socio minoritario que ha lanzado un aviso claro a los socialistas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado al respecto que "lo que se firma es palabra sagrada", y ha dejado claro que solo podría salir adelante con el apoyo del PP, lo que significaría, ha dicho, un "cambio de socio.

"No se puede incumplir un acuerdo de gobierno que supone la esperanza para millones de españoles". "Si todos respetamos el acuerdo, no habrá ruidos, ni tensiones", ha zanjado. Ayer, fuentes de Unidas Podemos acusaron al PSOE de "sucumbir" a los intereses de la patronal inmobiliaria con un modelo "antisocial" y que beneficia a los grandes propietarios a través de esas bonificaciones.

PSOE TRASLADA SU APOYO A ÁBALOS Y AFIRMA QUE CUMPLE

En el ala socialista, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el modelo de incentivos diseñada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al sostener que el sistema de bonificaciones cumple con el acuerdo de coalición, aunque escucharán las aportaciones de la formación 'morada'.

El titular de este departamento, José Luis Ábalos, cree que hay espacio para "converger" con Unidas Podemos respecto a la Ley de Vivienda, dado que las negociaciones siguen abiertas. Más incisiva ha sido Calviño, que respeta la política de "eslogan" y de "comunicación pública" de los morados, para dejar claro que ella está "en la sustancia.

TAMPOCO VA EN LA LÍNEA MARCADA POR SOCIOS DE INVESTIDURA

En la formación morada tienen claro que no van a ceder sobre la regulación del precio del alquiler que persiguen desde hace tiempo, al ser un compromiso refrendado en varias ocasiones, como en el caso del pacto sobre Presupuestos Generales.

Sobre todo cuando el modelo propuesto tampoco satisface a los socios de investidura, con los que los morados coinciden y han refrendado postura común en varias ocasiones. En esta línea, deslizan que mantener el modelo de incentivos entraña riesgo de distanciamientos con grupos de dicho bloque, que en otras ocasiones ya han dado avisos al no apoyar votaciones clave. También inquieta que se pueda mirar hacia Cs en este asunto, debido a la situación actual de la formación naranja.

Además, son conscientes que la regulación del precio del alquiler es una cuestión que demandan muchos sectores sociales es relevante en territorios como Cataluña y Madrid, región a la que precisamente va a concurrir Iglesias.

Lo que sí tienen claro que van a seguir peleando por que se cumpla el programa de la coalición, empezando por la regulación de los alquileres, la ley Trans o el inicio de la derogación de la reforma laboral, que Iglesias espera dejar encarrillado antes de abandonar el Gobierno dentro de un mes.

Y es que la Ley Trans también ha suscitado discrepancias entre la coalición, con acusaciones pasadas de Unidas Podemos al PSOE por entender que bloqueaba su tramitación.

Un hombre se enfrenta a ocho años de prisión que es la pena que le pide el Ministerio Fiscal tras acusarle de abusar sexualmente de su hija cuando la menor tenía entre 13 y 14 años. La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha sido la encargada de enjuiciar este caso que ya ha quedado visto para sentencia.

Durante el juicio, J.B.A. ha negado la acusaciones y ha señalado que la relación con la menor, así como con sus otros dos hijos, "siempre ha sido muy buena", al tiempo que ha atribuido la denuncia a la mala relación con su exmujer y madre de sus hijos. "Quiere verme en la cárcel", ha dicho el acusado para justificar la denuncia interpuesta por su exmujer en julio de 2019 y en la que le acusa de abusar sexualmente de su hija.

También ha declarado la exmujer que ha defendido que interpuso la denuncia cuando la menor, tras pasar un fin de semana con su padre, le contó que el acusado la sometía a tocamientos de índole sexual y que había llegado a masturbarse delante de ella.

La menor, que ha comparecido en el juicio por videollamada, ha relatado que los tocamientos comenzaron cuando ella empezó a desarrollarse, pero que no quiso decir nada para que sus padres no discutieran.

Por su parte, las psicólogas han declarado que el relato de la menor es "creíble" y los síntomas que presentaba, "compatibles con la violencia sexual". Asimismo, han rechazado por las pruebas practicadas durante las dos entrevistas que mantuvieron con la menor que alguien de su entorno la hubiera influido para llevar a su padre ante la justicia.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal ha pedido que se le retire la patria potestad de sus tres hijos durante diez años y que se le imponga la prohibición de comunicarse y acercarse a sus hijos por un periodo de ocho años. En el caso de la menor, el alejamiento y prohibición de comunicación se eleva a trece años.

Junto a ello, desde Fiscalía se ha pedido que se le impongan ocho años de libertad vigilada y la prohibición durante este mismo tiempo de residir en el mismo lugar en el que lo hagan sus tres hijos. En lo que respecta a la responsabilidad civil se le reclama 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la menor.

La acusación particular se ha adherido a la petición de penas del Ministerio Fiscal, mientras que desde la defensa se ha abogado por la libre absolución.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación delGobierno Contra la Violencia de Género, ha anunciado este jueves que ha iniciado sus trabajos para la redacción de una Ley Integral Contra la Trata.

Según explica a través de un comunicado, el departamento que dirige Irene Montero "impulsará" un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómenos de la trata yaquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados.

Desde Igualdad señalan que la trata "supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona" y "constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación".

Además, indica, "la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género". Así, apunta que "la trata de seres humanos afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual".

El Ministerio recuerda que la normativa europea y los estándares internacionales establecen la obligación de los poderes públicos de prevenir estos graves abusos, a través del Convenio Europeo contra la Trata de seres humanos y la Directiva relativa a la prevención y lucha contra esta lacra, que "compromete" a España a "identificar a las posibles víctimas y ofrecerles una asistencia integral, accesible y apropiada".

En ese sentido también recuerda que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, compele a los estados parte a adoptar "medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar este delito en su derecho interno".

Además, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en su objetivo estratégico D.3 exhorta a los gobiernos a eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la explotación sexual, prostitución y la trata de mujeres, concluye.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado sendos acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) del 8 y 10 de noviembre de 2019, por los que se comunicó a Vox que no podía discriminar al diario 'El País' y a la Cadena SER impidiéndoles acceder a sus actos públicos de naturaleza electoral durante la campaña de las elecciones del 10-N.

Así lo ha dado a conocer el alto tribunal, que ha indicado que la Sala considera que la exclusión de los informadores de Prisa de la cobertura informativa de actos electorales de Vox obedecía a la consideración de que son "hostiles" a la formación política, por lo que era "un menoscabo de las garantías de transparencia y objetividad del proceso electoral, por las que está obligada a velar la JEC".

El 6 de noviembre de 2019, a las 19.12 horas, la Sección de Prensa de Vox notificó mediante correo electrónico a Prisa que, desde ese momento, no concedería acreditaciones a ningún periodista vinculado a dicho grupo, ni para acceder a su sede, ni para cualquier acto que este partido organizara en espacios privados.

'El País' y la SER denunciaron el comunicado de Vox ante la JEC, que el 8 de noviembre de 2019 estimó sus reclamaciones y resolvió comunicar al partido político que no podía discriminar al medio solicitante, en relación con el resto de medios, impidiéndole el acceso a sus actos públicos de naturaleza electoral.

La JEC confirmó este acuerdo en otra resolución adoptada dos días después. Posteriormente, 'El País' denunció que, durante la jornada electoral celebrada en dicha fecha, particularmente durante la tarde, Vox estaba denegando a los periodistas de Prisa el acceso a la sede nacional. Esta última reclamación fue desestimada por la JEC.

La Sala desestima ahora los recursos interpuestos por Vox contra los citados acuerdos de la JEC y afirma que en algunos pasajes del recurso se intenta relacionar la exclusión a los informadores, por motivos del aforo, pero "la realidad es que la finalidad de la exclusión de determinados medios de comunicación de la cobertura informativa de actos electorales de Vox no es ésta, sino la consideración de que dichos medios son 'hostiles' a la formación política".

Para la Sala, el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza el interés constitucional de la formación y la existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia en los procesos electorales, ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática.

Asimismo, recuerda que esta dimensión objetiva o institucional de estos derechos-libertad les dota de una preeminencia en nuestro ordenamiento jurídico frente a otros derechos o bienes jurídicos en conflicto.

Por ello, añade la Sala, durante la cobertura informativa de la campaña electoral, y con independencia del lugar donde se celebren los actos de naturaleza electoral de las candidaturas electorales, incluso cuando se desarrollen en espacios privados, "no cabe que las formaciones políticas discriminen entre los medios de comunicación, pues solo a través del libre acceso a los mismos pueden los medios informativos cumplir lo dispuesto en el art. 66.2 LOREG".

Igualmente, señala que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, "el derecho a recibir información veraz está constitucionalmente configurado como un derecho de toda la ciudadanía, y se concreta en la facultad de cada persona, pero también de la colectividad, de acceder libremente al conocimiento transmitido por los medios de comunicación, de los hechos de relevancia realmente acaecidos".

"Ese derecho, colectivo e individual a la vez, no puede ser obstaculizado en modo alguno, y menos aún por los partidos políticos, dado el papel esencial que les asigna el art. 6 de la CE, como instrumento fundamental para la participación política. La exclusión arbitraria del acceso de determinados medios a sus actos electorales públicos, cualquiera que sea el lugar en que se celebren constituye un evidente menoscabo de las garantías de transparencia y objetividad del proceso electoral, por las que está obligada a velar la Junta Electoral Central (art. 19 LOREG)", concluye el tribunal.

La Sala considera que "no resulta desvirtuado" el acuerdo de la Junta "por el tenor de su posterior acuerdo de 27 de noviembre de 2019, por el que la Junta Electoral Central rechazó el pretendido incumplimiento por Vox del acuerdo de 8 de noviembre de 2019, en orden al acceso de determinados medios de comunicación a actos celebrados en la sede de Vox durante el proceso de escrutinio electoral en la noche del 10 de noviembre de 2019".

Finalmente, subraya que "la Junta Electoral Central explica con nitidez que tales actos, aun teniendo lugar antes de finalizar el proceso electoral, carecen de incidencia real en el desarrollo de las elecciones, y se enmarcan en la actividad ordinaria de los partidos políticos, y, por tanto, no entendió vulnerado el art. 66.2 de la LOREG".

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha defendido este jueves los cambios internos para disponer de un "cuadro de mandos mayoritariamente renovado" desde su llegada al Instituto Armado, citando entre ellos al coronel Diego Pérez de los Cobos. Además, ha defendido entre las estrategias del cuerpo la monitorización de redes sociales y páginas web para evitar la desinformación y bulos que provocan "alarma y estrés social".

En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, María Gámez ha mencionado los cambios en la estructura de mando, destacando que los que encabezan operativamente el cuerpo bajo su coordinación como directora general tienen una "trayectoria impecable".

Una de las peticiones de comparecencia la formularon los partidos de la oposición para que Gámez explicara en el Congreso el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, una decisión tomada cuando una unidad policial investigaba por orden judicial la manifestación del 8M en Madrid y su posible relación con el contagio de coronavirus.

Gámez ha sostenido que esta cuestión ya ha sido "sobradamente explicada" por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por lo que ha alegado que, "sin mayor novedad", lo que se hizo fue cesar a un mando en un puesto de libre designación, una decisión que ha enmarcado en la mencionada "renovación de equipos".

Además, ha dicho que no podía abundar en esta cuestión al estar aún abierto un procedimiento contencioso-administrativo, lo que ha motivado las críticas de los partidos de la oposición, que han vuelto a denunciar el cese de Pérez de los Cobos por negarse a una cumplir una orden que hubiera supuesto una "intromisión en la justicia", según el PP. Este partido ha empezado preguntado por la cinta de correr del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Vox ha vinculado el cese de Pérez de los Cobos con su papel para "frenar el golpe" de los partidos independentistas en Cataluña y también ha censurado que el Ministerio del Interior haya negado al coronel el ascenso a general.

"CIERTA POLÉMICA" POR MONITORIZAR REDES

Tras disculparse por el retraso en comparecer en el Congreso, Gámez se ha referido a otro mando, el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, por sus declaraciones en una rueda de prensa en Moncloa durante el primer estado de alarma por la Covid-19, donde habló de monitorización de redes sociales y páginas web para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno".

La directora general ha recordado que estas palabras --que "generaron cierta polémica" y motivó su petición de comparecencia-- ya fueron matizadas por el propio general y el Ministerio del Interior, subrayando que lo que se persigue son "informaciones falsas que pueden incrementar el estrés social" por basarse en engaños o buscar una ganancia económica.

Además, ha señalado que esta monitorización se lleva a cabo con "escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y crítica", centrándose, por tanto, en evitar la alarma basada en bulos o noticias falsas. "La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión", ha enfatizado.

VACUNAS Y EQUIPARACIÓN SALARIAL

En lo que se refiere a la crisis sanitaria por la Covid, Gámez ha señalado que la Guardia Civil fue "una de las primeras instituciones" en practicar test rápidos para detectar el coronavirus en su plantilla. También ha hablado de la dotación de mascarillas y otros medios de protección y, tras de lamentar las pérdidas humanas, ha revelado que hasta el 17 de marzo había 299 casos confirmados y seis hospitalizados, "cifras que nos siguen doliendo --ha dicho-- pero son muy inferiores a etapas anteriores".

La directora general se ha referido al plan de vacunación, paralizado provisionalmente por las dudas con las dosis de AstraZeneca, aunque ha puesto en valor que 50.000 agentes del cuerpos han recibido ya la primera dosis, el 65% de la plantilla. Como ejemplo ha puesto que sólo en Madrid se vacunó a 10.000 agentes en los primeros seis días.

Gámez ha repasado las diferentes normativas orientadas a "modernizar" la Guardia Civil y ha defendido el Acuerdo de Equiparación Salarial con la dotación de 807 millones en tres años que, en el caso de la institución, ha supuesto un incremento del 21,5% la escala de cabos y guardias, del 17,3% en la de suboficiales y del 13,4% en la de oficiales.

Sobre el reparto de la productividad, que ha levantado críticas internas, Gámez ha dicho que lo que se busca es "mejorar la eficacia y eficiencia" y que, según sus datos, ahora se destina más dinero a los guardias que tienen la jornada en régimen general, dentro del horario nocturno o festivo.

La directora ha negado escasez de medios anunciando que la intención es que todos los agentes tengan un chaleco antibalas de uso individual, entre otras medidas como dotar de un dron de vigilancia a cada comandancia, renovar las armas cortas y largas o volver a licitar el contrato de 150 pistolas eléctricas tipo Táser tras quedar desierto el anterior concurso.

MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En su repaso a las líneas generales de actuación de la Guardia Civil, ha citado la lucha contra los delitos de odio, la trata o la violencia de género, unos "delitos atroces", ha dicho al referirse a la "todas las violencias sobre la mujer" y que "se aborda con perspectiva de género" con el compromiso de mejorar protocolos y los recursos.

"No hay puestos vetados a la mujer", ha sostenido María Gámez subrayando la importancia de "visibilizar" dentro de la Guardia Civil la labor que realizan las guardias civiles mujeres, para lo que ha hablado de un curso que se impartirá entre todos los integrantes del Instituto Armado.

También ha subrayado el compromiso para no dejar de investigar "nunca" los atentados de ETA que todavía no tienen sentencias judiciales, así como para luchar contra la inmigración irregular o combatir amenazas para la seguridad con el refuerzo de medios en la lucha contra el narcotráfico, citando el despliegue en la zona del Campo de Gibraltar.

La Asamblea Regional de Murcia ha dado este jueves la espalda a la moción de censura de Ciudadanos y PSOE para sacar a Fernando López Miras de presidencia de la Comunidad, tras quedarse con 21 votos a favor de los 23 que se necesitan para que la moción salga adelante.

La candidata de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha recibido el apoyo de los 17 diputados regionales del PSOE, dos de Podemos y dos de su propio partido, quedándose a dos de la mayoría absoluta (23 votos) necesaria para que triunfase, y ha cosechado 23 votos en contra, incluyendo los del PP, los tres expulsados de Ciudadanos y los cuatro del Grupo Parlamentario VOX. Sólo ha habido una abstención, la del presidente de la Asamblea Regional, de Ciudadanos.

Para relevar a López Miras, la candidata de Ciudadanos necesitaba reunir la mayoría absoluta de la Cámara, 23 votos, y como no lo ha logrado el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, ha dado por rechazada la iniciativa.

Tras el debate de la moción, fuentes del PP consultadas no han descartado ceder la Consejería de educación a los tres diputados expulsados de Vox que, con su voto en contra, han hecho fracasar la moción de censura presentada por PSOE y Cs en la Asamblea Regional.

"Dentro de ese proyecto en común que hemos iniciado desde el PP con los diputados independientes estamos elaborando un programa con propuestas concretas y, en ese marco de trabajo, no descartamos nada", según han destacado las mismas fuentes.

CASADO ANUNCIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DERECHA

La sesión de este jueves ha contado con la asistencia del presidente del PP, Pablo Casado, que, tras el fracaso de la moción de censura, ha celebrado que en la Región "empieza la reconstrucción y reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular", que es el "punto de unión de todos los que no quieren que el 'sanchismo' siga gobernando en España ni expanda sus gobiernos a nivel autonómico y provincial".

"Llevo dos años ofreciendo que teníamos que ir juntos para hacer un proyecto ganador que desalojara al gobierno más radical y más sectario", ha indicado el dirigente 'popular', que ha añadido que ya avisaron de que "la reunificación se haría por la base, por los votantes. Hay diputados que pertenecían a partidos y han decidido votar por la palabra dada".

Por otro lado, Casado ha exigido que se retiren las mociones de censura del Ayuntamiento de Murcia y la presentada en Castilla y León porque "no todo vale en política, los españoles necesitan estabilidad y los políticos estamos para servir a nuestros compatriotas".

LÓPEZ MIRAS: "HOY ES UN DÍA IMPORTANTE"

Por su parte, el presidente de Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha dicho, tras el fracaso de la moción de censura presentada contra su gobierno, que hoy nace en la Región de Murcia "un proyecto de centro derecha" que apuesta por "la libertad" y "el futuro de esta tierra".

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha señalado que "hace poco más de una semana, en las cloacas y sótanos de Moncloa, el señor Sánchez y sus cómplices urdían quitar la libertad de la Región de Murcia a muchos kilómetros de aquí.

Hoy, frente a todo esto, "es un día importante" porque "ha venido Pablo Casado a reconocer el trabajo de un gobierno que apuesta por la libertad", ha dicho López Miras.

"Porque los diputados que creemos en la libertad, que no queremos que nos impongan postulados de izquierdas a muchos kilómetros de esta tierra, hemos dicho no; no a que nos usurpen un gobierno que estaba funcionando", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo murciano ha insistido en que los diputados que han votado en contra de la moción "hemos dicho no a seguir siendo el epicentro de un escándalo bochornoso a nivel nacional, en un momento en el que todos los esfuerzos tienen que centrarse en luchar contra la pandemia, en evitar que llegue la cuarta ola y en propiciar la recuperación económica y social".

"Y hemos dicho no a un gobierno urdido en Madrid por el señor Sánchez y por la izquierda".

Por contra, hoy "se ha dicho sí al gobierno de la libertad", a "un proyecto que lidera el presidente Casado" y en el que "caben muchos más; se ha dicho sí a un proyecto de centro-derecha que hoy nace en la Región de Murcia y que, sin duda, va a tener futuro".

CONESA VE AL PP "CAPAZ DE TODO" CONTRA LA MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

En la rueda de prensa ofrecida tras la votación, el secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa, ha asegurado que el PSOE "ni se ha sentado ni ha pactado absolutamente nada con Vox", un partido que "estará en el Gobierno de la Región".

Todo ello, "en una Comunidad que es el laboratorio de las políticas de la ultraderecha, como sucedió el año pasado con la censura educativa que representa el 'pin parental'". Ahora, lamenta que Vox "será el que marcará claramente las políticas en la Región".

De cara a la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, ha dicho tener el "temor" de la "capacidad que tiene el PP de comprar voluntades corrompiendo la democracia, como ha demostrado a nivel autonómico". Y le consta que el PP "es capaz de todo para hacer que esa moción de censura no salga adelante en el Consistorio".

EL FUTURO DE CASTILLO, POR DECIDIR

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Cs, Juan José Molina, ha advertido que no tomarán "ninguna decisión en caliente" sobre el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, también de Cs, que se ha abstenido en la votación de la moción de censura.

Molina ha indicado que se sentarán a hablar con Castillo y "dentro de unos días tomaremos las decisiones oportunas".

Asimismo, ha denunciado que tanto la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, como él han recibido insultos y presiones por parte del PP. "Hemos recibido auténticas barbaridades, cosas soeces y obscenas. Es abominable lo que hemos llegado a recibir por parte de miembros importantes del PP".

"CASADO DEBE ESTAR ORGULLOSO DEL GOBIERNO QUE HA COMPRADO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto y diputada de Podemos, María Marín, ha señalado que el presidente del PP, Pablo Casado, "debe estar orgulloso" del Gobierno que ha "comprado Teodoro García con expulsados de VOX y tránsfugas de Cs".

Marín ha incidido en que su grupo "ha cumplido con la palabra dada" y ha votado a favor de la moción de censura para "desalojar al PP más corrupto de España". Según ha dicho, el PP "ha atornillado al sillón a López Miras, un sillón que da muestras de que el PP sigue siendo el mismo de siempre cambien de sede o no".

LOS EXPULSADOS DE VOX PIDEN "SOSIEGO"

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha afirmado en rueda de prensa tras no prosperar la moción de censura presentada por PSOE y Cs que siente "mucho orgullo" al haber sido "la pieza clave que ha hecho posible garantizar la estabilidad en la Región".

Liarte pide "sosiego" para "asumir la nueva situación" en el reparto de las mayorías parlamentarias. En este sentido ha confirmado haber negociado líneas programáticas para evitar que saliera adelante la moción de censura. No obstante, ha dejado claro que actualmente no tiene "intención ni proyecto" de ocupar algún cargo en el Gobierno regional. "Es verdad que hemos negociado líneas programáticas, seguimos hablando y si en el transcurso de las conversaciones llegamos a un punto en el que se entendiera que puedo ser de utilidad ahí que me incorporara al Gobierno, podría ser así", ha dicho.

De momento, ha dicho, "nos enfrentamos a un horizonte de dos años y sentimos la necesidad de introducir en la política ideas que estaban en nuestro programa electoral", ha añadido.

Podemos, junto a ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP, JxCat y el BNG, ha registrado este jueves una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso en la que piden "el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes cuando finalice la actual licencia de funcionamiento en marzo de 2021".

Esta petición la realizan los 'morados' cuando este mismo jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la orden ministerial por la que extiende la autorización de explotación de esta central valenciana hasta el 30 de noviembre de 2030, una fecha en la que fija su cierre definitivo.

Según manifiestan los portavoces de dichos grupos, Cofrentes va camino de los 36 años de actividad (se conectó a la red en marzo de 1984), cuando "el periodo razonable de vida útil en una central nuclear oscila entre los 25 y los 30 años".

"Sus instalaciones están obsoletas y deterioradas; el tipo de actividad a la que está sometida la planta y la fatiga del material --provocada por las condiciones de alta presión, temperaturas y radiación--, provoca que muchas de las piezas de la planta sean insustituibles. Esto supone el riesgo de sufrir accidentes y que la gravedad de los mismos aumente exponencialmente cada año que se alarga la vida de la central", denuncian.

Los firmantes de la iniciativa aseguran que "prolongar el funcionamiento de las nucleares supone agravar el problema ya existente de gestionar los residuos radiactivos" y, en el caso concreto de Cofrentes, alargar su actividad hasta 2030 supondría "añadir entre 250 y 300 toneladas de residuos radiactivos de alta actividad, para los que no hay tratamiento posible, a los ya existentes". En este sentido, recuerdan también que las piscinas de combustible generado de la central "ya están llenas".

Además, exponen que Cofrentes es "el mayor consumidor de agua" de toda la Comunidad Valenciana. Consume, según estos ocho partidos, hasta 32 hm3 de agua al año, "el equivalente a 10.500 piscinas olímpicas", agua que procede del río Júcar.

"En un contexto de cambio climático acelerado, los modelos indican para el área mediterránea, que la temperatura y los requerimientos hídricos ya han aumentado, mientras que la precipitación, la escorrentía superficial y la recarga de acuíferos están descendiendo desde hace décadas", explican. Por este motivo, consideran que "es necesaria urgentemente este agua que ahora consume la central de Cofrentes para el consumo humano, la agricultura y el mantenimiento de un caudal ecológico en el río Júcar.

LAS RENOVABLES SUPERAN A LA NUCLEAR

Por otro lado, los firmantes indican que la producción eléctrica de fuentes renovables como el viento o el sol "ya superan ampliamente" a la producción procedente de las centrales nucleares. "Y en pocos años la puede sustituir fácilmente", añaden, para recalcar también que "sustituir la energía nuclear por renovables supondrá un aumento del grado de autosuficiencia e independencia energética del Estado español".

Asimismo, señalan que las centrales nucleares tampoco son necesarias como "energía de respaldo" para cuando no se puedan aprovechar las fuentes de energía renovables simultáneamente: "Para la flexibilidad de respaldo que necesitan las renovables, la rigidez de la nuclear es absolutamente incompatible".

En este sentido, recuerdan que las centrales no tienen, ni tienen previsto invertir en ello, seguimiento de carga, por lo que "esa flexibilidad para la evolución de las renovables nunca va a venir desde la producción nuclear". "Este papel de flexibilidad lo puede realizar (lo está haciendo ya) la energía hidroeléctrica, pero también se podría generar a través de otras energías renovables de producción gestionable, como la biomasa y la termosolar con almacenamiento térmico", dicen.

10 VECES MÁS EMPLEO

Finalmente, los firmantes aseguran que el cierre de Cofrentes podría suponer "una oportunidad de mejora del empleo". En concreto, la sustitución de la energía generada por la central por renovables supondría la creación de "hasta 10 veces más puestos de trabajo" de los que genera actualmente la central. En cualquier caso, al cerrar la central, "una parte de sus trabajadores seguirán trabajando durante un periodo de desmantelamiento de la central, que durará décadas", agregan.

A ello destacan que el impacto socioeconómico del cierre de una central nuclear y sus sustitución por renovables es "claramente favorable". "Sólo el desmantelamiento de una central nuclear puede suponer un impacto socioeconómico mayor que el de la misma central en funcionamiento, como ya ocurrió en el caso de Vandellós II", advierten, calificando finalmente en la iniciativa de "intolerable" e "inasumible" que Iberdrola haya pedido alargar la vida de la central hasta 2030, es decir, hasta los 46 años.

La sección territorial de Avilés de la Fiscalía del Principado de Asturias ha formulado denuncia contra el exviceconsejero del Sector Público del Gobierno asturiano, el socialista Álvaro Álvarez, por un delito de tráfico de influencias.

Considera el fiscal que existen indicios suficientes de que la persona denunciada se ofreció a influir, a cambio de una contraprestación económica, en la adjudicación del contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés.

El escrito, enviado al juzgado de instrucción correspondiente, es el resultado de las diligencias de investigación incoadas el pasado mes de enero por la Fiscalía tras la denuncia interpuesta en la Sección Territorial de Avilés por el presidente de la mesa de contratación constituida para la licitación del contrato por el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA).

En su denuncia, la Fiscalía solicita al juzgado que, dentro de las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos, se tome declaración al denunciado en calidad de investigado, según han confirmado fuentes jurídicas.

Una vez recibida la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite y, en caso afirmativo, incoar las correspondientes diligencias previas. En este marco, tras la finalización de la instrucción judicial de la causa, la Fiscalía formulará escrito de acusación si se considera que existen pruebas suficientes contra la persona denunciada.

PIDIÓ SUSPENSIÓN DE MILITANCIA

La noticia del supuesto tráfico de influencias de Álvarez trascendió públicamente a finales del mes de enero, después de un escrito presentado ante Fiscalía por el Parque Empresarial del Principado de Asturias, tras una denuncia de dos empresas que relataban que un exalto cargo del Gobierno asturiano se había ofrecido para mediar en ese contrato. Esa persona sería Álvaro Álvarez, exviceconsejero del Sector Público del Gobierno asturiano, exdiputado regional y exsecretario general del PSOE de Avilés.

El mismo 31 de enero, el PSOE de Avilés informaba de que había aceptado la petición de suspensión de militancia que le había trasladado el propio Álvarez. En todo caso, el actual secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, Luis Fernández Huerga, mostró su confianza en veterano líder socialista. Dijo que tenía la certeza de que las acusaciones eran falsas.

Vox Melilla ha advertido de la "picaresca" que se estaría produciendo en los viajes de residentes en la ciudad española a la Península para citas médicas, para "sortear" el confinamiento perimetral, y reclama al Gobierno que exija justificante medico a los viajeros.

La petición se ha realizado este jueves al superarse los 500 casos activos para una población de 85.000 habitantes, con una incidencia media tres veces mayor que la media nacional y después de haberse registrado un fallecido más.

Su presidente, José Miguel Tasende, ha destacado que la situación sanitaria de Melilla no mejora, según los últimos datos facilitados por el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Covid-19, después de un mes encabezando la incidencia acumulada en España. "La entrada y salida de la ciudad debería estar más controlada por parte del Gobierno", ha reclamado el máximo dirigente de Vox en la ciudad española del norte de África.

"Deberían controlarse los contagios, que pueden o no, venir de los viajes a la península, pero hay que pedir el justificante médico a los ciudadanos que se desplacen por este motivo", ha recalcado Tasende, al considerar que "la picaresca en las salidas de Melilla está a la orden del día" y habría que evitar las "citas falsificadas".

"No tiene sentido que las medidas sanitarias nos prohíban reunirnos con nuestras familias, limiten los aforos y arruinen a los pequeños empresarios de la ciudad, cuando los barcos y aviones van llenos", ha añadido José Miguel Tasende.

Las navieras están aumentando las afluencias de buques de cara a Semana Santa y se supone que no podemos salir", ha sentencia, después de que las compañías estén ofreciendo salidas extras a Málaga, Almería y Motril (Granada) por la alta demanda existente.

Tasende ha destacado que la presión en el hospital se mantiene estable estos días, aunque el número de ingresados en la "escasa" UCI con la que cuenta la ciudad ha subido. Por ello, ha indicado que Vox Melilla vuelve a instar al Gobierno a que "tome cartas en el asunto" y se lleve a cabo un "mayor control para entrar en la ciudad con solicitud de PCR y que se cumplan de verdad las excepciones para saltarse el cierre perimetral".

Dos diputados del Congreso, seis diputados autonómicos --en Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana-- y tres senadores han abandonado o han sido expulsados de Ciudadanos tras la operación frustrada para impulsar una moción de censura contra el PP en la Región de Murcia y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso (PP), que ha dejado a Cs fuera del Gobierno autonómico.

La inesperada decisión de Ciudadanos de aliarse con el PSOE para presentar sendas mociones de censura en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la capital el pasado miércoles contra su hasta ahora socio de gobierno generó estupor entre cargos y afiliados del partido.

Una sensación que se extendió cuando, el viernes pasado, el presidente del Ejecutivo regional murciano, Fernando López-Miras, anunció un pacto con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea, que han votado en contra de la moción de censura a cambio de formar parte del Gobierno.

Los primeros en salir de Cs fueron esos tres diputados --Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez--, expulsados del partido el sábado pasado y a los que se considera tránsfugas.

LA MARCHA DE FRAN HERVÍAS AL PP

Pero el abandono que más efectos negativos e incontrolables está teniendo para el partido liderado por Inés Arrimadas es el de Fran Hervías, que el sábado comunicó que renunciaba a su escaño en el Senado y dejaba Ciudadanos para entrar en el PP. En su carta de dimisión, argumentó que Cs ha "abandonado los valores y principios liberales para convertirse en una muleta más del sanchismo".

Hervías, que siempre ha discrepado de la estrategia de Arrimadas de pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, fue el secretario de Organización en la etapa de Albert Rivera, impulsó la implantación territorial del partido y conserva una amplia red de contactos con la que podría ayudar a los 'populares' a captar a cargos de Ciudadanos. De hecho, eso es precisamente lo que está haciendo, según han publicado varios medios.

Aunque desde Cs se intentó tranquilizar al PP apostando por mantener los gobiernos de coalición que comparten en lugares como Andalucía, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid, en el partido liberal seguía habiendo malestar interno por la inestabilidad generada.

Tras las peticiones de varios dirigentes para que se diesen explicaciones, Arrimadas reunió a la Ejecutiva de Ciudadanos el lunes. Allí, Carlos Cuadrado y José María Espejo dejaron sus funciones como vicesecretarios del partido y se amplió el Comité Permanente con nuevos miembros.

GOTEO DE BAJAS TRAS EL ABANDONO DE TONI CANTÓ

Tras cinco horas de debate, se buscó una imagen de unidad de toda la Ejecutiva para reivindicar el proyecto de centro y liberal de Ciudadanos y rechazar las maniobras del PP, pero quedó empañada por Toni Cantó, portavoz en las Cortes Valencianas, que, tras exigir la dimisión de todo el Comité Permanente, salió de la reunión y dijo que dejaba sus cargos en Cs y su escaño.

Desde entonces, el goteo de salidas en Ciudadanos ha continuado. Así, el martes se supo que dos diputados de la Asamblea de Madrid, Marta Marbán y Sergio Brabezo, que era el portavoz adjunto de Cs en la Cámara, se daban de baja como afiliados.

Este último se va ante "la deriva insensata" de la formación naranja que, según ha dicho, puede hacer que la Comunidad de Madrid acabe gobernada por Más Madrid y Unidas Podemos. "Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica", ha manifestado.

Además, Brabezo y Marbán han asegurado que ellos y sus compañeros en la Asamblea fueron instados por la dirección de Cs a firmar una moción de censura contra Díaz Ayuso, algo que ha sido desmentido por la dirección nacional del partido.

El motivo por el que Marbán no quiere seguir en Ciudadanos es porque ya no se identifica con lo que esta pasando en el partido y "lo que no se comprende no se defiende", según ha afirmado. Tanto ella como Brabezo han rechazado que Aguado repita como cabeza de lista en las elecciones del 4 de mayo.

CIUDADANOS PIERDE DIPUTADOS EN EL CONGRESO Y SENADORES

Mientras tanto, el diputado en el Congreso por Sevilla Pablo Cambronero comunicaba su baja del partido y solicitaba a la Mesa de la Cámara integrarse en el Grupo Mixto.

Justificaba su decisión por el "giro hacia la izquierda" y la "deriva sanchista" que achaca a la dirección de Cs por estar haciendo lo contrario de lo que prometió antes de los comicios de noviembre de 2019, cuando su entonces presidente, Albert Rivera, afirmó que "jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu".

Pero estas no fueron las únicas bajas que se produjeron el miércoles, ya que por la noche se sumaron las de los senadores Emilio Argüeso y Ruth Goñi, que en ambos casos se han quedado con sus escaños aunque ya no forman parte de Cs.

Goñi ha dejado de ser militante porque considera que Arrimadas y el resto de la cúpula del partido se han "abrazado al sanchismo" y han incurrido en "transfuguismo" al "defraudar" a quienes votaron a Ciudadanos con la idea de que no pactaría con el PSOE de Sánchez, con el cual Cs ha alcanzado importantes acuerdos durante el último año.

En cuanto a Argüeso, el miércoles se le abrió un procedimiento de expulsión del partido por haber ofrecido "prebendas a cargos y afiliados" para que lo abandonaran y pasaran a ser "tránsfugas" y por hacer manifestaciones públicas en canales de comunicación del Senado con la intención infligir un "daño relevante" a Ciudadanos. Después, él mismo acabó cancelando su afiliación.

Además, este jueves se ha conocido una nueva salida en el grupo de Cs en el Congreso, la de la diputada por Alicante Marta Martín, portavoz en la Comisión de Educación. En un mensaje en Twitter, ha afirmado que renuncia a su acta y espera que los que se quedan en la formación naranja cumplan en "compromiso" de que su escaño "no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción".

EL PP ABRE LAS PUERTAS A GENTE DE CIUDADANOS

A lo largo de la última semana ha habido otros cargos públicos y orgánicos de Ciudadanos en distintos lugares que han dejado el partido, concejales en Ayuntamientos pequeños y personas que ocupaban cargos en comités territoriales de la formación. También hay personas que no formaban parte de Cs desde hacía tiempo y que ahora se han unido al PP.

El día en que se registraron las mociones de censura en Murcia, el Partido Popular visualizó formalmente su ruptura con Inés Arrimadas y lanzó una OPA a los dirigentes y votantes de Ciudadanos de toda España. "Hoy abrimos las puertas del PP a los simpatizantes de Cs que se han sentido huérfanos y defraudados", declaró el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Desde entonces se ha desarrollado un trasvase de cargos de Cs al PP y, aunque 'Génova' no ofrece nombres de las personas que están llamando a su puerta, sí que está animando públicamente a "los activos" de Ciudadanos que "no están nada de acuerdo con la deriva" de Arrimadas a sumarse a sus filas.

Mientras, desde la dirección de Cs sugieren que todas las bajas que está sufriendo el partido se deben a la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja a cambio de "cargos, dinero o poder". Sin embargo, no todos los que se han marchado lo han hecho para irse al PP, y algunos ni siquiera se sienten próximos a este partido.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que tanto los ocho diputados de Cs que han quedado en la Cámara Baja tras la salida de Pablo Cambronero del partido y la renuncia de Marta Martín a su acta, como la persona que ocupará ahora el escaño de esta última, Juan Ignacio López Bas, están "comprometidos con el centro político" y respaldan a la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas.

"Los nueve miembros del grupo estamos absoluta y completamente comprometidos con esos ideales y valores del centro político y apoyando a nuestra líder, Inés Arrimadas", ha respondido, en una rueda de prensa en el Congreso, cuando le han preguntado si teme que haya más bajas en el grupo parlamentario.

Sobre López Bas, que entra en la Cámara Baja en sustitución de Martín al ser el siguiente en la candidatura por Alicante que Cs presentó a las últimas elecciones generales, Bal ha dicho que López Bas --que ya fue diputado en la anterior legislatura-- le ha trasladado que está "absolutamente de acuerdo" con la posición actual del partido y que "quiere ayudar a Inés Arrimadas a sacar adelante este proyecto de centro".

Respecto a Martín, el portavoz le ha agradecido su trabajo durante estos años en Ciudadanos, especialmente en el ámbito de la educación, y ha destacado su "tesón" al oponerse a la 'ley Celaá', reivindicar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y defender la escuela concertada.

NO HAY "NINGÚN COMPROMISO" CON MARTÍN

También ha aplaudido que, tras manifestar sus discrepancias con la estrategia de Arrimadas, la diputada haya actuado con "dignidad y honor" y haya renunciado a su acta en vez de conservarla y pasarse al Grupo Mixto, como ha hecho su compañero Cambronero.

A este último le ha instado a dejar libre su escaño porque, según ha indicado, en los comicios "no le votaron por llamarse Pablo Cambronero, sino por presentarse por Cs", partido del que ahora se aparta. "Nuestro compromiso es con los votantes, con los electores, está en el programa electoral", ha defendido.

Y volviendo a Martín, ha añadido que si ya "no está a gusto con esos valores e ideas" o si "ha cambiado de parecer respecto a con quién se puede pactar o a quién hay que apoyar, hay otros partidos que lo defienden".

En cuanto al tuit que ha escrito la diputada --donde dice "espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado" y "ese escaño no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción"--, Bal ha aclarado que, en la reunión que ha mantenido Arrimadas este jueves por la mañana con el grupo parlamentario, "no ha habido ningún tipo de compromiso ni negociación". Martín "ha manifestado su malestar" y "eso ha sido todo", ha agregado.

PLASMAR EN LA LEY EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

Por otro lado, el dirigente de la formación naranja ha afirmado que aunque Ciudadanos acudiera a la Justicia para intentar recuperar los escaños de los diputados y senadores que se han dado de baja como afiliados pero se han quedado el acta, esas acciones tendrían "una viabilidad escasa".

Según ha explicado, la Constitución establece que los diputados y senadores no están sujetos al mandato imperativo y la jurisprudencia muestra que en este tipo de contenciosos los jueces no suelen fallar a favor de los partidos. "Estamos hablando de responsabilidades políticas, más que jurídicas, y sobre todo estamos hablando de ética" y de "prohibir comportamientos inmorales", ha apuntado.

Tras recordar que el Pacto Antitransfuguismo firmado por los partidos políticos no tiene eficacia jurídica, se ha mostrado a favor de "explorar" una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la definición del transfuguismo y los compromisos recogidos en el pacto "se pudieran incorporar a la legislación electoral".

La asociación Derecho a Vivir se ha manifestado este jueves ante el Congreso de los Diputados contra la aprobación de la Ley de eutanasia, "una de las peores noticias de la historia reciente", y ha hecho un llamamiento a médicos, enfermeros y a todo el personal sanitario a "plantar cara" a la ley.

"Hacemos un llamamiento a los médicos, enfermeros y personal sanitario para que planten cara a esta ley criminal y se nieguen a acabar con la vida de los pacientes. Pedimos a los ciudadanos que nieguen el voto a los partidos de cualquier signo político que hayan impulsado la legalización de la eutanasia, una práctica ancestral que ya se aplicó en la Alemania nazi", ha subrayado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, tras la aprobación de la ley.

Ribera considera que es una ley que "condena a muerte a los más vulnerables: a los ancianos, a los enfermos y a las personas que sufren alguna discapacidad" y critica que se apruebe tras un año de pandemia "con cerca de 100.000 muertes por COVID-19 y en pleno estado de alarma".

Además, ha lamentado que no se haya aprobado una ley de cuidados paliativos. "¿Por qué el PSOE, Ciudadanos, el PNV, la izquierda radical y los independentistas no son capaces de aprobar una ley que garantice a las personas el derecho a los cuidados paliativos y sí que se han puesto de acuerdo para acabar con la vida de los que sufren y convertir a los médicos en verdugos? Los españoles tenemos que recordar esto cuando nos llamen a las urnas", ha zanjado.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado este jueves que empezará la ronda de consultas de cara a la investidura cuando estén constituidos todos los grupos parlamentarios, tal y como establece el reglamento.

"No he podido empezar esta ronda de consultas porque no están constituidos todos los grupos como tal. Es preceptivo que, para poder empezar esta ronda, haya la constitución de los grupos, y esto no ha pasado aún en el Parlament", ha precisado en declaraciones a los medios tras visitar a los presos del 1-O que están en la prisión de Lledoners.

Sobre si el debate de investidura se podrá celebrar el 26 de marzo, Borràs ha constatado que el reglamento indica "que debería poderse hacer si hay un candidato que disponga" del apoyo suficiente para ser investido presidente de la Generalitat.

"En el caso de que haya este apoyo para uno de los candidato, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento", ha añadido la presidenta del Parlament, que ha pedido dejar trabajar a los equipos negociadores de los partidos.

PONERSE A "DISPOSICIÓN"

También ha explicado que, tras su reciente nombramiento como presidenta del Parlament, una de las primeras acciones que ha querido realizar es visitar a los presos del 1-O apra ponerse a su "disposición" y para escucharles.

"Están preocupados por estas decisiones de la justicia, que muestran un componente de arbitrariedad respecto al tercer grado. Si ellos ya están en una situación de represión, que se les prive del tercer grado es una represión añadida. El tercer grado no es ningún privilegio", ha sostenido.

Además, ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista.

"Reciben una querella por hacer su trabajo y por haber permitido que se produjera este debate en el Parlament", ha apuntado Borràs, que también ha pedido voluntad política para aprobar en el Congreso la ley de amnistía presentada por Junts, ERC, la CUP y PDeCAT.