La Confederación de Sindicatos de Inquilinas quiere que el derecho a la vivienda prevalezca sobre la libertad de empresa. La organización presentó el lunes 9 de noviembre en Madrid 'Casas para vivir', un programa de reforma integral del modelo residencial que plantea modificar la Constitución para resolver los conflictos entre ambos principios.
¿Qué propone el plan 'Casas para vivir'?
El eje del documento es constitucional. La confederación sostiene que, ante un conflicto de intereses, el derecho a la vivienda quedaría por delante de la libertad de empresa. Hoy la Constitución recoge la vivienda digna como derecho y la libertad de empresa como principio económico, sin una regla que fije cuál pesa más. La propuesta busca, en palabras de la organización, poner el parque residencial «al servicio de las necesidades sociales y no de la rentabilidad privada».
El programa incluye además una cesión obligatoria de uso de las viviendas vacías. En concreto, las viviendas vacías desde la tercera propiedad pasarían al parque público, con independencia de quién sea su titular y de forma temporal. Se suman la prohibición de los pisos turísticos en los municipios donde el alquiler se ha disparado y la creación de impuestos para evitar el acaparamiento.
La financiación es la parte más ambiciosa. La CSI calcula que harían falta unos 20.000 millones de euros al año para levantar un parque público de un millón de viviendas en alquiler. El dinero llegaría de una reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, del blindaje del impuesto a las grandes fortunas y de integrar las rentas del capital en la base general del IRPF. Los alquileres de esas viviendas no superarían el 20% de los ingresos familiares.
¿A quién afecta y cómo cambiaría el precio del alquiler?
El impacto más directo sería para los inquilinos. La confederación reclama contratos prorrogables de forma automática por periodos de entre cinco y siete años y un índice de precios máximos vinculado a los ingresos de la población. Con ese mecanismo, la renta no podría superar el 25% de la renta mediana de cada barrio.
El paquete se completa con un estatuto de las personas inquilinas que reconocería el derecho a sindicarse, a negociar de forma colectiva con la propiedad y a secundar una huelga de alquileres sin riesgo de desahucio. Además, la CSI propone impedir los desahucios sin una alternativa habitacional, derogar la Ley Mordaza —la norma de seguridad ciudadana de 2015— e ilegalizar las empresas de desocupación, las que fuerzan la salida de ocupantes de un inmueble.
La propuesta no se queda en el precio: reordena quién puede acumular vivienda, cómo se negocia un contrato y cuándo se puede desahuciar.
El portavoz de la confederación, Aldo Reverte, defendió que el programa es un compromiso «gobierne quien gobierne». El objetivo, dijo, es «cambiar el modelo de vivienda de este país desde abajo, para que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que se especula». «El 11 de noviembre lo decimos parando», añadió.
Qué implica reformar la Constitución y qué pasos vienen ahora
Cambiar la Constitución exige mayorías reforzadas en el Congreso y el Senado, muy por encima de la mayoría simple, y el procedimiento puede alargarse meses o años según el artículo que se toque. El documento presentado no detalla el precepto concreto ni un calendario de tramitación.
El detalle de la tercera propiedad es el que más preguntas abre. Afectaría a propietarios con tres o más inmuebles, incluidos particulares, fondos de inversión y sociedades, que verían limitado el uso de parte de su patrimonio. El documento no concreta la duración de esa cesión temporal.
En la práctica, el alcance del plan depende de quién gobierne y de la correlación de fuerzas en el Parlamento. La confederación lo presenta como una agenda que quiere mantener al margen de los ciclos electorales y de los cambios de Ejecutivo.
El primer termómetro será la huelga general convocada bajo el lema «Huelga general por la vivienda y el coste de la vida». La cita es el miércoles 11 de noviembre y la CSI ha llamado a secundarla «masivamente». El seguimiento que tenga dará una medida aproximada del respaldo social a su programa.
Mientras tanto, las medidas que no requieren tocar la Constitución —los topes a los precios del alquiler, la cesión de viviendas vacías, o los cambios fiscales— podrían aprobarse por vía legislativa ordinaria, aunque seguirían necesitando mayoría parlamentaria. En ese terreno se juega buena parte de la partida a corto plazo, y es también donde la ciudadanía notaría antes los efectos.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La CSI propone reformar la Constitución para que la vivienda pese más que la libertad de empresa.
- 👥 Quiénes son los afectados: Inquilinos, propietarios de tres o más viviendas, fondos de inversión y vecinos de zonas con pisos turísticos.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Si se aprobara, cambiarían los contratos, los desahucios y el uso de las viviendas vacías; la reforma exige mayorías amplias.
