El Papa Francisco ha dedicado una carta apostólica a Dante Alighieri en el séptimo centenario de su muerte y ha reivindicado a esta figura de la literatura universal como «profeta de esperanza» y «testigo del deseo humano de felicidad».

Este jueves, 25 de marzo, día en que la liturgia celebra la solemnidad de la Anunciación, Francisco ha publicado una carta apostólica, con el título ‘Candor lucis aeternae’, en el VII centenario de la muerte de Dante Alighieri. Esta fecha, según el Papa, «invita a contemplar el proyecto de amor que es el núcleo mismo y la fuente inspiradora de la obra más célebre del poeta, la Divina Comedia».

El texto se divide en nueve parágrafos y se abre con un breve excurso en el que Francisco recuerda el pensamiento de varios Pontífices sobre Dante: en 1921, Benedicto XV le dedicó la Encíclica ‘In praeclara summorum’ y afirmó que el poeta florentino pertenecía a la Iglesia, hasta el punto de llamarlo «nuestro Dante», ya que su obra toma «poderoso impulso de inspiración» de la fe cristiana.

En 1965, San Pablo VI escribió la Carta Apostólica ‘Altissimi cantus’ y destacó que la «Comedia» es «universal», porque «abarca el cielo y la tierra, la eternidad y el tiempo» y tiene un fin «transformador», que es «capaz de cambiar radicalmente al hombre y conducirlo del pecado a la santidad».

El Papa Montini destacó también «el ideal de paz» expresado en la obra de Dante, junto con la «conquista de la libertad» que, liberando al hombre del mal, lo conduce hacia Dios. Veinte años después, en 1985, San Juan Pablo II recuerda otro término clave de la ‘Divina Comedia’: el verbo «transhumanizar», que permite que el hombre y lo divino no se anulen mutuamente.

La primera Encíclica de Benedicto XVI, la ‘Deus caritas est’, en 2005, destaca la originalidad del poema de Dante, es decir, «la novedad de un amor que llevó a Dios a tomar un rostro y un corazón humanos». El Papa Francisco también ha recordado su primera Encíclica, ‘Lumen fidei’, publicada en 2013, en la que se cita al Poeta Supremo para describir la luz de la fe como «chispa, llama y estrella en el cielo» que destella en el hombre.

Bergoglio se detiene después en la vida de Dante, definiéndolo como «paradigma de la condición humana» y destacando «la actualidad y perennidad» de su obra que «supo expresar, con la belleza de la poesía, la profundidad del misterio de Dios y del amor».

Es, de hecho, según dice, «parte integrante de la cultura. «Nos recuerda las raíces cristianas de Europa y de Occidente, representa el patrimonio de ideales y valores», añade, propuestos aún hoy por la Iglesia y la sociedad civil como «base de la convivencia humana.

Francisco precisa que el padre de la lengua y la literatura italiana, Alighieri, vivió su vida con la «atormentada melancolía» de un peregrino y un exiliado, siempre en movimiento, no sólo exteriormente porque se vio obligado a exiliarse, sino también interiormente, en busca de su meta. Es aquí, según explica, donde surgen los dos ejes principales de la ‘Divina Comedia’, es decir, el punto de partida representado por «el deseo, inherente al alma humana» y el punto de llegada, es decir, «la felicidad, dada por la visión del Amor que es Dios».

Para el Papa, Dante nunca se resigna y por eso es un «profeta de la esperanza»: porque con su obra empuja a la humanidad a liberarse de la «selva oscura» del pecado para encontrar «el camino recto» y alcanzar así «la plenitud de la vida en la historia» y la «eterna dicha en Dios».

La suya es, pues, según el Papa, una «misión profética» que no ahorra denuncias y críticas contra aquellos fieles y Pontífices que corrompen la Iglesia y la transforman en un instrumento de interés personal. Pero como «cantor del deseo humano» de felicidad, Alighieri sabe discernir «incluso en las figuras más abyectas y perturbadoras» la aspiración de cada uno a ponerse en marcha «hasta que el corazón encuentre el descanso y la paz en Dios».

El camino indicado por Dante, añade el Pontífice, es «realista y posible» para todos, porque «la misericordia de Dios ofrece siempre la posibilidad de cambiar y convertirse». En este sentido, Alighieri es el «poeta de la misericordia de Dios» y es también el cantor «de la libertad humana», de la que se hace «paladín», porque representa «la condición fundamental de las opciones de vida y de la fe misma». La libertad de quien cree en Dios como Padre misericordioso, afirma, es «el mayor regalo» que el Señor hace al hombre para que «alcance la meta final».

El Papa también subraya la importancia de las mujeres en la «Divina Comedia» que da protagonismo a tres figuras femeninas: María, Madre de Dios, emblema de la caridad; Beatriz, símbolo de la esperanza; y Santa Lucía, imagen de la fe. Estas tres mujeres, que recuerdan las tres virtudes teologales, acompañan a Dante en diferentes etapas de su periplo, y les mueve siempre el amor divino, «la única fuente que puede dar la salvación».

En otro parágrafo, el Pontífice se refiere a San Francisco, que en la obra de Dante es representado en la «cándida rosa de los bienaventurados». Entre el Poverello de Asís y el Poeta Supremo, el Papa ve «una profunda sintonía»: ambos, de hecho, se dirigieron al pueblo, el primero «yendo entre la gente«, el segundo eligiendo no usar el latín, sino la lengua vernácula, «la lengua de todos. Ambos, además, se abren «a la belleza y al valor» de la Creación, espejo de su Creador.

Alighieri es también para el Papa «un precursor de la cultura multimedia», porque en su obra «las palabras y las imágenes, los símbolos y los sonidos» se funden para formar «un único mensaje» que tiene casi el sabor de la «provocación». «Quiere hacernos plenamente conscientes de lo que somos en la tensión interior y continua hacia la felicidad» que representa el Amor infinito y eterno de Dios.

De ahí el llamamiento que lanza el Pontífice para que la obra de Dante se conozca aún más y se haga «accesible y atractiva» no sólo para los estudiosos, sino también para todos aquellos que «quieren vivir su propio camino de vida y de fe de forma consciente», aceptando «el don y el compromiso de la libertad».

Francia ha desaconsejado este jueves «rotundamente» a los ciudadanos de este país que viajen a España por razones de ocio y ha denunciado el intento de «estigmatizar» a los franceses con la imagen de turismo de borrachera.

En cualquier caso, ha admitido que no puede prohibir estos desplazamientos, por lo que recomienda a sus compatriotas el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por las autoridades en el marco de la lucha contra la Covid-19.

«Desaconsejamos rotundamente viajar a España desde Francia por razones de ocio», señala la Embajada de Francia en España en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que recuerda que en caso de tener que realizar el desplazamiento «los viajeros siempre deben cumplir las normas».

En un mensaje, el encargado de negocios de la Embajada de Francia en España, Gautier Lekers, ha señalado que no se puede prohibir a los franceses que acudan a España y únicamente se puede recomendar que no viajen y cumplan las normas cuando lo hagan y ha pedido no «exagerar un fenómeno que no existe».

«No quiero entrar en polémicas sobre los turistas europeos que vienen a visitar España. Solo quiero subrayar que no hay que exagerar un fenómeno que no existe», ha señalado, al tiempo que ha rechazado «rotundamente» que se trate de «estigmatizar» a los franceses con la imagen del turismo de borrachera. «Hay de todas las nacionalidades y vienen a España ahora», ha aclarado.

En este sentido, ha recordado que únicamente el 10 por ciento de los clientes de los hoteles de Madrid son franceses y que la propia hostelería y los propios hosteleros de la capital dicen «que los turistas franceses representan, ahora, una parte muy pequeña de su clientela».

«Tenemos que tener en cuenta que algunas Comunidades Autónomas quieren a turistas europeos como Baleares», ha indicado no obstante, al tiempo que ha llamado a sus compatriotas a cumplir las normas adoptadas por cada Comunidad Autónoma y del Gobierno español, con el que Francia trabaja para luchar contra la pandemia.

Asimismo, ha lanzado un llamamiento a la tranquilidad dado que los franceses que acuden a España lo hacen con una prueba PCR negativa y ha reiterado el compromiso de Francia para trabajar conjuntamente con nuestro país en la lucha contra la pandemia de la Covid-19.

La Embajada de Francia endurece así su tono tras las críticas de la candidata de Más Madrid a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, Mónica García, por el turismo de borrachera de ciudadanos franceses en Madrid.

En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter este miércoles, replicó a las mismas recordando que los franceses no necesitan «ni alcohol ni alfombra roja» para viajar a España porque, como a todos los europeos, les gusta este país.

En concreto, se refería a los turistas que llegan a la capital para disfrutar de unas restricciones más relajadas por la pandemia del Covid-19, con la hostelería abierta y el toque de queda fijado para las once de la noche, cuando en Francia está establecido a las ocho de la tarde y en varias regiones del país rige un confinamiento estricto.

«No hacen falta ni alcohol ni alfombra roja… Como a todos los europeos, a las «hordas» de franceses siempre nos gustarán Madrid y España», ha respondido la embajada dirigida por Jean-Michel Casa en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

La comisión de seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo ha señalado como «tránsfugas» a los tres diputados de Ciudadanos que, tras pactar con el PP, hicieron fracasar la moción de censura que su partido y el PSOE presentaron en la Asamblea de Murcia. Eso sí, no se ha podido alcanzar la mayoría suficiente para aprobar una declaración formal porque el PP ha votado en contra.

Así lo ha explicado el secretario de relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, tras la reunión que la comisión ha mantenido este jueves en el Congreso, a instancias de Ciudadanos tras las mociones de censura de Murcia y Castilla y León.

Según ha dicho, todos los partidos presentes en la reunión, salvo el PP, han apoyado la declaración de transfuguismo tanto en la moción regional de Murcia como en la destitución el pasado año de la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, que fue sustituida por el candidato de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, gracias a una edil que se desmarcó también de Ciudadanos.

A esta reunión han acudido todos los partidos firmantes del Pacto, que suponen aproximadamente un 80% de representación del Congreso y el Senado: PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, PRC, Galicia en Común, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera. Quién no forma parte de esta adenda es Vox y otras fuerzas minoritarias.

En cualquier caso no ha habido unanimidad, ya que en ambas ocasiones el PP votó en contra y se requería que 3/5 partes lo apoyaran, por lo que la declaración formal pasará ahora a un comité de expertos independientes, que dirimirán si ha habido o no transfuguismo en ambos episodios.

SIN EFECTOS JURÍDICOS

A tal efecto, Gómez de Celis ha avanzado que el PSOE ha solicitado ya a la secretaría del Pacto que este grupo de cinco expertos decida si finalmente estos exdiputados de Ciudadanos son considerados como personas tránsfugas.

Estos cinco expertos independientes están acordados, según ha asegurado, por el PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos y son, tal y como han informado los socialistas, Pilar Navarro Rodríguez, Dolors Canals, Silvia del Sanz, Rafael Ibáñez y Mariano Pérez-Hickman.

Eso sí, el diputado socialista ha precisado que esta declaración de persona tránsfuga dentro del Pacto contra el transfuguismo no tiene consecuencias jurídicas pero sí que sirve para hacer un «reproche moral, ético y político».

EL PP ALEGA CUESTIONES FORMALES

En cuanto al rechazo del PP, Gómez de Celis ha afirmado que se ha escudado en cuestiones formales que tienen que ver con que la denuncia de Ciudadanos no le había llegado ni se encontraba en el orden del día. «Argumentos no tenían ninguno y solo se han podido agarrar a esta cuestión formal para votar en contra de algo muy claro y evidente», ha censurado.

De otro modo, el diputado socialista también ha sido preguntado por la moción de censura en Castilla y León, que finalmente fue frustrada pese a la marcha de una procuradora de Cs. Gómez de Celis ha defendido que en este caso, la exparlamentaria de Ciudadanos no ha decidido el no éxito de esta moción y que si la formación ‘naranja’ realiza alguna denuncia «se estudiará en el pacto».

El proyecto de Ley de Cambio Climático ha superado este jueves 25 de marzo la fase de Ponencia del Congreso con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe, pero los socios de Gobierno, socialistas y ‘morados’, quieren recabar un apoyo «mayoritario». En total, se han discutido 757 enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.

El diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que esta es una norma «fundamental; muy importante, porque va a cambiar el marco normativo sobre una serie de cuestiones transversales que afectan a todos en el día a día».

Uralde ha agradecido el apoyo a las modificaciones introducidas en el texto de ERC, EH-Bildu, PNV y Teruel Existe y ha destacado que aunque el consenso es «mayoritario», hay grupos que «todavía no han mostrado claramente su posición». «Esperamos y deseamos que de aquí al proceso final se sumen más grupos, pero los apoyos actuales son suficientes para la aprobación de la ley», ha advertido.

Así, ha adelantado que el se debatirá en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados «probablemente» la semana posterior a la Semana Santa y ha defendido que es «un texto mejor» que el proyecto de ley que llegó a la Cámara Baja «tanto en ambición como en la eficacia de la misma».

Uralde ha expuesto los diez aspectos «novedosos» respecto al texto original que han enriquecido la ley. En concreto, se ha introducido la importancia de garantizar la armonización y el desarrollo económico de las zonas receptoras de centrales de energías renovables respetando los valores ambientales del territorio o que tendrá en cuenta la «mejor y más reciente evidencia científica disponible».

Respecto a los objetivos de la ley para 2030, ha afirmado que se ha avanzado en «todos» puesto que el objetivo de reducción de emisiones pasa del 20 al 23%; el de penetración de renovables en el consumo de final de energía, del 35 al 42%; se ha elevado del 70 al 74% el input renovable en el conjunto del sistema eléctrico y se ha mejorado el objetivo de eficiencia energética hasta el 39,5%. No obstante, ha afirmado que existe «voluntad» de introducir en los próximos pasos legislativos una modificación para que estos objetivos se revisen de nuevo en 2023.

Por otro lado, ha añadido que se impulsará también la digitalización de la economía para contribuir a descarbonizar la economía y que se reforzará el impulso a la rehabilitación energética de los edificios que para Uralde es «uno de los mayores yacimientos de empleo» y que además puede comportar «importantes reducciones» de gases de efecto invernadero.

Además, ha destacado que el artículo 8.bis supondrá el fin de la exploración y explotación futura de hidrocaburos y la minería de uranio a partir de la entrada en vigor de la ley, lo que a su juicio, da por terminado «sin lugar a dudas» el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca) –que está en proceso de tramitación administrativa–.

«Ya no se darán más permisos de exploración o explotación a materiales con propiedades radiactivas o fisionables. Esto es muy importante para el progresivo final de la energía nuclear y fósil para pasar a una 100 por 100 renovable. Que se sume el fin de los proyectos de minería de uranio refuerza el contenido de la ley», considera.

En esa línea, opina que el texto refuerza la prohibición de la explotaciones de hidrocarburos para lo que ha tratado de «dejar muy claro» que no se procederá a admitir a trámite ninguna solicitud. «Esto termina con la especulaciones de algunos proyectos que vienen de atrás y que tienen que terminar porque hablamos de un cambio del paradigma», ha precisado.

Otro aspecto nuevo es la defensa de la introducción de una dieta alimentaria de calidad y contra el cambio climático y la consideración de los impactos este en la salud pública. Entre las mejoras citadas celebra la enmienda pactada que establece que el despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y combatir el deterioro demográfico.

Asimismo, durante la ponencia se ha introducido una enmienda para el fortalecimiento de la capacidad de los bosques como sumideros de carbono y que dará «importancia política» a la política forestal. Al mismo tiempo, defiende que el texto legislativo plantea tres compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como elemento de transporte importante para reducir emisiones.

«Invito al resto a sumarse a la ley de cambio climático para que salga adelante con el mayor consenso posible y que todo el mundo está reclamando desde hace ya demasiado tiempo», ha concluido.

FALTA DE AMBICIÓN

Sin embargo, desde Verdes Equo (Equo y Más País) lamentan que los debates en ponencia no hayan permitido aumentar la ambición de la ley climática y critica que sus enmiendas «plenamente alineadas» con la ciencia, el Acuerdo de París y con la juventud han sido «sistemáticamente marginadas por PSOE y UP».

No obstante, adelantan que «hasta el último momento» seguirán negociando y proponiendo para que la ley esté «a la altura del reto climático», ya que opina que hace falta «más valentía para que la ley no nazca vieja y sea un apalanca de cambio». Por eso pide al Gobierno, y sus apoyos de Bildu y ERC que rectifiquen y apuesten por una «mayor ambición climática».

Desde el Partido Popular, el ponente y portavoz en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Diego Gago, ha señalado que el proyecto aprobado en la ponencia es «pobre», llega «tarde» y con una gran falta de «diálogo previo». En su opinión, el Gobierno ha empezado la casa por el tejado aprobando, primero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y, posteriormente la ley de cambio climático, de modo que el proyecto ha tenido que «autoenmendar sus objetivos».

A su juicio, el hecho de que se haya presentado 757 enmiendas a un texto de 36 artículos «da idea de la falta de diálogo previo y el desatino». Su grupo parlamentario planteó 90 enmiendas.

Si bien, reconoce que en la fase de ponencia el proyecto de ley «ha mejorado mínimamente» con enmiendas de «todos los grupos», opina que a la ley le que da «mucho camino de mejora». Con todo, ha añadido que para el PP, el futuro social y económico de España han de ir de la mano de los objetivos de lucha contra el cambio climático y esto pasa por una transformación productiva y sostenible de la economía.

«Tenemos un firme compromiso con la lucha contra el cambio climático. Compartimos los objetivos con el Gobierno, pero nos diferencian las autopistas de como alcanzarlos. El cambio climático es un grandísimo problema, el mayor reto de la sociedad, pero es una fuente de oportunidades para España», ha concluido.

El Rey de España ha sido recibido por el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en su despacho oficial en el edificio administrativo del Gobierno, donde Don Felipe ha firmado en el libro de honor, y después ambos han mantenido un encuentro con las ministras de Exteriores de ambos países.

Las dos delegaciones han mantenido un encuentro institucional en la sala del Consejo de Ministros: el Rey ha estado acompañado por el jefe de la Casa de Su Majestad, Jaime Alfonsín Alfonso; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y el embajador en Andorra, Àngel Ros.

También han estado el consejero diplomático de la Casa de Su Majestad el rey, Alfonso Sanz, y la directora general de Europa Occidental, Central y Sureste de Europa, María Victoria González.

La delegación andorrana la han completado la ministra de Asuntos Exteriores, Maria Ubach; el embajador en España, Vicenç Mateu, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Landry Riba.

El jefe de gabinete del jefe de Gobierno de Andorra, Guillem Casal, y la directora de Asuntos bilaterales y Consulares, Cristina Mota, también han asistido a la reunión.

LOS TEMAS DE LA REUNIÓN

El Gobierno andorrano explica en un comunicado que se han tratado varios aspectos de las relaciones bilaterales que involucran ambos países y se ha acercado la realidad andorrana al monarca.

Espot le ha explicado que el actual proceso andorrano para lograr un Acuerdo de Asociación con la UE pretende ser la culminación de la apertura económica, la homologación fiscal y la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capital, objetivo que ha llevado a cabo el país en los últimos 10 años.

Según el ejecutivo, Felipe VI se ha interesado por cómo Andorra afronta la pandemia, y Espot ha destacado la colaboración sanitaria entre ambos territorios así como también la campaña de tests en toda la población en el Principado.

Espot también ha constatado ante el Rey su compromiso con el Acuerdo de París para continuar haciendo pasos decididos para frenar el cambio climático y en favor de la transición energética y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, Espot y Felipe VI han tratado la XVII Cumbre Iberoamericana que acogerá Andorra en abril.

La Ejecutiva de Junts ha decidido que sus 32 diputados en el Parlament se abstengan en la votación del pleno de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, que se celebrará este viernes, por lo que no será elegido presidente de la Generalitat en primera vuelta.

Lo ha explicado fuentes de la formación, después de la reunión extraordinaria de la Ejecutiva del partido este jueves por la tarde para decidir el sentido del voto del grupo parlamentario, encuentro que ha tenido lugar tras que la CUP haya avalado el preacuerdo con ERC para investir a Aragonès como presidente de la Generalitat.

En un comunicado posterior, Junts ha defendido que su objetivo desde las elecciones del 14 de febrero «ha sido y continúa siendo la configuración de un acuerdo de legislatura que garantice un gobierno independentista».

En la reunión de la Ejecutiva, la comisión negociadora del partido, integrada por Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Josep Rius, Míriam Nogueras y Francesc de Dalmases, ha informado de las «numerosas reuniones que han mantenido estos días con ERC y la CUP», y que no se ha llegado a ningún acuerdo de legislatura.

El balance de estos encuentros es que no se ha podido llegar a ningún acuerdo de legislatura que garantice un gobierno estable que permita salir de la crisis social y económica que sufre Catalunya y que, a la vez, implemente el mandato de las elecciones del 14F, en el que el independentismo superó por primera vez en la historia el 52% de los votos», ha argumentado, por lo que la decisión ha sido abstenerse en la primera vuelta del debate de investidura de Aragonès.

De esta manera, si no hay ningún cambio de última hora, Aragonès obtendrá 42 votos favorables –los 33 de ERC y los 9 de la CUP–, los 32 diputados de Junts se abstendrán, mientras que el resto –PSC, Vox, comuns, Cs y PP–, que suman 61 escaños, votarán en contra, por lo que no llegará a la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser elegido en primera vuelta.

Así, deberá someterse a una segunda vuelta en la que le bastará con mayoría simple para ser investido, es decir, obtener más votos a favor que en contra, pero tampoco saldrá adelante si no logra un acuerdo con Junts en los próximos días.

NEGOCIACIÓN SIN ÉXITO

Después de 40 días desde las elecciones del 14 de febrero, ERC y Junts no han logrado desencallar sus negociaciones para investir al candidato republicano y formar un nuevo Govern.

Uno de los principales escollos para llegar a este acuerdo está siendo el papel del Consell per la República: Junts quiere que este órgano, presidido por Carles Puigdemont, tenga más peso y sea el espacio de coordinación de la estrategia independentista, pero ERC lo rechaza, aunque en los últimos días se ha abierto a reformularlo para integrar a los principales actores del independentismo –ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium– y que todas las partes se sientan «cómodas».

Sin embargo, en las últimas horas no han trascendido reuniones entre las dos formaciones, de manera que no se ha superado este escollo y todavía deberían alcanzar un acuerdo sobre el programa del nuevo Ejecutivo y la estructura y los cargos del Govern.

Con quien sí ha logrado pactar ERC es con la CUP, a quien los republicanos priorizaron desde el primer momento en las negociaciones por delante de Junts: ERC decidió reunirse con los ‘cupaires’ antes de que con Junts, lo que cambiaba la dinámica de que el socio prioritario era siempre la formación de Carles Puigdemont, y la negociación ha avanzado más rápido con ellos.

Republicanos y ‘cupaires’ han alcanzado un acuerdo, que las bases de la CUP han avalado, que da dos años de margen a la mesa de diálogo, sitúa el 2023 para evaluar si está funcionando o si el independentismo debe apostar por un nuevo «embate» con el Estado, que preferentemente sería un referéndum, y aboga por crear una mesa de coordinación estratégica independentista, en la que el Consell per la República quedaría subordinado y en esa mesa se debería decidir cómo coordinarse con este y otros órganos.

Además, incluye cuestiones programáticas, como la creación de una banca pública, una energética pública, un plan piloto sobre una renta básica universal, profundizar la regulación sobre el alquiler, suspender el uso de proyectiles de foam de los Mossos d’Esquadra hasta que se publiquen sus protocolos, entre otras cuestiones.

La Comisión Islámica de España confía «plenamente» en la «inocencia» del representante de una asociación musulmana de España que ha sido enviado a prisión y en su «actuación de buena fe en cualquier colecta en que hubiera intervenido, sin ninguna responsabilidad sobre destinos finales».

«Confiamos plenamente en su inocencia y actuación de buena fe en cualquiera colecta en que hubiera intervenido, sin ninguna responsabilidad sobre destinos o desvíos finales, de haberlos habido en el interior del país de destino», precisa el presidente de laComisión Islámica de España (CIE), Aiman Adlbi.

Desde la Comisión Islámica de España aconsejan «hacer caso omiso a este tipo de suposiciones y sospechas» e insisten en su «convencimiento sobre la inocencia y buena fe del trabajo para la beneficencia».

Además, aclaran que el enviado a prisión no es el tesorero de la Comisión Islámica de España, aunque sí es, según puntualizan, «una persona muy querida por todos los que le conocen de verdad».

Según figura en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, es el representante legal de la Asociación Musulmana de España.

Así se ha pronunciado la Comisión Islámica de España, después de que el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, haya acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, al que se le imputa un delito de pertenencia a organización terrorista y otro de financiación del terrorismo, según fuentes jurídicas consultadas.

Esta decisión llega después de que haya sido puesto a disposición judicial, y tras tomarle declaración. Es uno de los tres detenidos en la operación policial desarrollada este martes. Los otros dos, entre los que se encuentra el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Ayman Adlbi, quedaron en libertad a la espera de que el magistrado decida si les cita en sede judicial para declarar.

El Parlament celebrará este viernes a las 10.00 horas el pleno de investidura con el republicano Pere Aragonès como candidato a la Presidencia, que previsiblemente no logrará ser investido como presidente de la Generalitat al tener garantizados solo los votos favorables de su propio partido y de la CUP, pero no los de Junts, que se abstendrán.

Si no hay ningún cambio de última hora, Aragonès obtendrá 42 votos favorables –los 33 de ERC y los 9 de la CUP–, los 32 diputados de Junts se abstendrán, mientras que el resto –PSC, Vox, comuns, Cs y PP–, que suman 61 escaños, votarán en contra, por lo que no llegará a la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser elegido en primera vuelta.

De esta manera, deberá someterse a una segunda vuelta en la que le bastará con mayoría simple para ser investido, es decir, obtener más votos a favor que en contra, pero que tampoco saldrá adelante si no logra un acuerdo con Junts en los próximos días.

Según la Ley de Presidencia y el reglamento del Parlament, la segunda vuelta debe celebrarse dos días después de la primera votación fallida, lo que situaría el segundo pleno en el domingo 28, pero la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, estudia celebrarlo el martes 30 al entender que deben ser dos días hábiles, aunque en otras legislaturas ha habido plenos de investidura en fin de semana.

NEGOCIACIÓN SIN ÉXITO

Tras la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, Borràs propuso el miércoles a Aragonès como candidato a la investidura, pese a no tener los votos necesarios para garantizar su elección.

Después de 40 días desde las elecciones del 14 de febrero, ERC y Junts no han logrado desencallar sus negociaciones para investir al candidato republicano y formar un nuevo Govern, y la dirección de Junts ha optado por que sus diputados se abstengan.

Uno de los principales escollos para llegar a este acuerdo está qué papel debe tener el Consell per la República: Junts quiere que este órgano, presidido por Carles Puigdemont, tenga más peso y sea el espacio de coordinación de la estrategia independentista, pero ERC lo rechaza, aunque en los últimos días se ha abierto a reformularlo para integrar a los principales actores del independentismo –ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium– y que todas las partes se sientan «cómodas».

Sin embargo, en las últimas horas no han trascendido reuniones entre las dos formaciones, de manera que no se ha superado este escollo y todavía deberían alcanzar un acuerdo sobre el programa del nuevo Ejecutivo y la estructura y los cargos del Govern.

ACUERDO CON LA CUP

Con quien sí ha logrado pactar ERC es con la CUP, a quien los republicanos priorizaron desde el primer momento en las negociaciones por delante de Junts: ERC decidió reunirse con los ‘cupaires’ antes de que con Junts, lo que cambiaba la dinámica de que el socio prioritario era siempre la formación de Carles Puigdemont, y la negociación ha avanzado más rápido con ellos.

El acuerdo alcanzado entre ambos partidos da dos años de margen a la mesa de diálogo, sitúa el 2023 para evaluar si está funcionando o si el independentismo debe apostar por un nuevo «embate» con el Estado, que preferentemente sería un referéndum, y aboga por crear una mesa de coordinación estratégica independentista, en la que el Consell per la República quedaría subordinado.

Además, incluye cuestiones programáticas, como la creación de una banca pública, una energética pública, un plan piloto sobre una renta básica universal, profundizar la regulación sobre el alquiler y suspender el uso de proyectiles de foam de los Mossos d’Esquadra hasta que se publiquen sus protocolos, entre otras cuestiones.

Asimismo, plantean dar estabilidad a la legislatura: la CUP se compromete a que, si se cumplen todos los acuerdos, facilitará la estabilidad y negociaría unos Presupuestos, y Aragonès en 2023 se sometería a una cuestión de confianza.

Las bases de la CUP han aprobado este acuerdo con el 59% del voto y por eso sus 9 diputados votarán a favor, aunque la portavoz de la formación en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha advertido de que no es suficiente y que es un punto de partida para iniciar la legislatura que deberá respetarse en un eventual pacto entre ERC y Junts.

DESARROLLO DEL PLENO

El pleno comenzará a las 10.00 horas con el discurso de Aragonès, que presentará sin limite de tiempo su programa de gobierno, y después habrá un receso que podría llegar a ser de media hora.

Posteriormente, los grupos intervendrán de mayor a menor representación, pero dejando el partido de Aragonès (ERC) para el final, y tendrán todos un límite de 30 minutos.

El candidato republicano podrá contestar a los grupos individualmente o de manera conjunta sin límite de tiempo, lo que abrirá un turno de réplica, y después de las intervenciones se realizará la votación, que se hará en voz alta diciendo ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’.

Como ocurrió en el pleno de constitución de la legislatura, esta sesión también se celebrará en el Auditorio del Parlament para garantizar las medidas sanitarias ante la pandemia y para que todos los diputados puedan estar presentes, pero en esta ocasión se ha habilitado una primera fila para los miembros del Govern en funciones.

VOTO DE LLUÍS PUIG

Una de las incógnitas del pleno es si el diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bélgica, podrá votar, ya que ha pedido delegar su voto y la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, lo ha admitido sin haber celebrado una Mesa, lo que ha motivado que el PSC haya presentado una petición de reconsideración.

Por eso, antes del pleno se reunirá la Mesa y la Junta de Portavoces para decidir sobre esta reconsideración y se dará la situación que el secretario cuarto del órgano, Ruben Wagensberg (ERC), se ausentará y seguirá la sesión telemáticamente al estar confinado, mientras que el secretario tercero, Pau Juvillà (CUP), ya podrá asistir presencialmente tras haber estado aislado hasta este jueves.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) en la Base Militar Jaime I de Bétera (Valencia) que ha calificado como «la mejor representación» del Ejército de Tierra y les ha augurado un «gran liderazgo y protagonismo» en la OTAN.

«España es un gran país. Nuestro Ejército de Tierra, un ejemplo internacional, y este Cuartel General, la mejor representación, con unos hombres y mujeres de los que nos sentimos muy orgullosos y que tienen y tendrán un gran liderazgo y protagonismo en OTAN», ha escrito la ministra en un libro de honor.

Robles ha dedicado un tiempo a hablar con algunos de los hombres que han participado en estas operaciones para conocer «de primera mano» su trabajo y experiencias, y ha finalizado agradeciendo a todos y cada uno de ellos por una excelente «labor de equipo».

Tras atender a una presentación sobre la historia, misiones y retos de este multinacional cuartel general, y contemplar una exposición sobre sus capacidades, la ministra ha dejado unas palabras de elogio y agradecimiento en el libro de honor.

La ministra ha estado acompañada durante la visita por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Francisco Varela, y el jefe del CGTAD, teniente general Fernando García-Vaquero.

El CGTAD pertenece a la estructura de fuerzas de la OTAN y tiene capacidad para dirigir una operación militar de hasta 80.000 efectivos. Como el resto de las Fuerzas Armadas, este Cuartel General también ha desplegado efectivos y recursos en la lucha contra la pandemia del covid-19 durante las operaciones de ‘Balmis’ y la vigente ‘Misión Baluarte’, con la activación de casi 400 rastreadores y otros apoyos, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En concreto, en la Comunidad Valenciana durante ‘Balmis’ han llevado a cabo 325 misiones de presencia y 2.500 desinfecciones, así como 180 apoyos.

El CGTAD es un órgano de carácter nacional cuyo cometido principal es prepararse para ser utilizado como estructura de mando en aquellas operaciones que se determinen. Además, está puesto a disposición de la OTAN, a cuya estructura de fuerzas pertenece, con lo que hay un total de 9 cuarteles generales similares en toda la Alianza Atlántica.

También puede ser ofrecido a la Unión Europea como Cuartel General Operacional. En este caso, y junto con el personal aliado de las once diferentes naciones que lo integran, forman el Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica (HQ NRDC-ESP, NATO Rapid Deployable Corps Spain, en inglés).

Esto significa que tiene capacidad para dirigir una operación militar nacional o bajo los auspicios de la OTAN de hasta 80.000 militares (hasta cinco divisiones) en cualquier parte del mundo, con total autonomía y en breve espacio de tiempo.

Para ello, dispone de unos sistemas de información y telecomunicaciones con un elevado nivel tecnológico y seguros, así como de unidades específicas de apoyo logístico y de seguridad, para lo que cuenta con un Batallón de Apoyo y de un Batallón de Policía Militar, todos ellos con sede en Bétera (Valencia).

Entre sus retos más próximos está el ostentar el liderazgo de lo que se denomina ‘rol de Warfighting Corps’, una operación convencional de «alta intensidad» que pone a España, y concretamente al CGTAD de Bétera, como unidad «de referencia» en el panorama nacional e internacional, siendo el tercer aliado en asumir este liderazgo.

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad cuenta casi 60 militares de once países aliados, algunos en puestos clave, siendo Italia y Estados Unidos los que aportan los contingentes más numerosos.

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) se ha sumado a la petición del PP de la dimisión de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.

La asociación considera una «falta de respeto a los padres» la respuesta que dio la ministra al diputado ‘popular’ Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el Pleno del Congreso del miércoles.

El diputado del PP puso en duda que la nueva ley educativa, la LOMLOE, garantice la libre elección de los padres en la educación de sus hijos, en particular cuando éstos tienen alguna discapacidad. Y contó el caso de su hija, que, con 25 años y Síndrome de Down, está trabajando tras haber estudiado en la universidad y haber acudido a un centro de educación especial, unos colegios que, en su opinión, Celaá quiere que «desaparezcan».

Tras apostar por «combatir la segregación escolar» poniendo «muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial», la ministra respondió al diputado del PP: «¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla».

Según CONCAPA, Celaá ha mostrado «su peor cara», con unas afirmaciones «inaceptables» en un Estado de derecho, «impropias» de una ministra e «inadmisibles» para todo el conjunto de los padres españoles, «especialmente para los que tienen hijos con discapacidades o con capacidades diferentes, hacia quienes no ha manifestado la más mínima empatía, más aún en un cargo público de su nivel y, por si fuera poco, la responsable de la educación en nuestro país».

El presidente de la confederación, Pedro José Caballero, considera que estas declaraciones «desacreditan» a la ministra como cargo público y «demuestran su incapacidad para velar por los intereses de las personas con necesidades especiales».

Por todo ello, CONCAPA exige la «inmediata rectificación pública de estas declaraciones y su posterior dimisión como cargo público», algo que solicita también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha admitido la delegación del voto solicitada por el exconseller y diputado de Junts Lluís Puig para el pleno de investidura de este viernes, y el PSC-Units y Cs han pedido reconsiderar esta decisión, algo que deberá debatirse en una reunión de la Mesa de la Cámara antes de que empiece la sesión.

Puig, que se encuentra en Bruselas, ha pedido este jueves delegar el voto para el pleno, en el que se votará la candidatura del republicano Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, y Borràs lo ha aceptado de acuerdo a una autorización de la Mesa del 16 de marzo, según el acuerdo de la presidenta.

Así, Borràs ha decidido admitir a trámite la delegación del voto de Puig sin llevarlo a la Mesa, que deberá reunirse este viernes a las 9.00 horas –el pleno empieza a las 10.00– para tratar la petición de reconsideración que han presentado el PSC-Units y Cs, y a las 9.10 se reunirá la Junta de Portavoces.

Fuentes socialistas han explicado que consideran que Borràs ha hecho una «interpretación excesivamente expansiva» de este acuerdo del 16 de marzo, por el que se delegan las funciones de la Mesa en la Presidencia en determinados supuestos.

INFORME DE LOS LETRADOS

Además, los socialistas han registrado una petición para que Borràs solicite un informe jurídico a los letrados del Parlament sobre si la admisión de la delegación del voto de Puig para la investidura es conforme a derecho, y pide recibir el informe antes de que la Mesa deba decidir sobre la petición de reconsideración.

El PSC-Units ha criticado que la decisión de Borràs va en contra de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara de 2018, algo que también resalta Cs en su petición de reconsideración, en la que también aseguran que «no concurre ninguna de las causas» previstas en el Reglamento del Parlament que permita la delegación de voto de Puig.

En el pleno de constitución del Parlament, la Mesa de Edad rechazó la delegación del voto solicitada por Puig, ya que se opusieron los dos miembros más jóvenes de la Mesa, el diputado socialista David González y el de Vox Alberto Tarrades, pese a que el presidente de ese órgano al ser el de más edad, Ernest Maragall (ERC), votó a favor.

Además de admitir la delegación del voto de Puig, Borràs también ha aceptado la del diputado de Junts Eusebi Campdepadrós, y la del republicano Ruben Wagensberg, que ha estado en contacto con un positivo de coronavirus.