Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales adscrita a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía de El Puerto de Santa María-Puerto Real (Cádiz) ha concluido la ‘Operación Manzanilla’, iniciada en el mes de octubre de 2020, con la detención de la máxima responsable de la trama delincuencial asentada en la localidad de Sanlúcar de Barrameda que se dedicaba a regularizar extranjeros mediante la formalización de parejas de hecho ficticias.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, entre los investigados se encuentra encartado el propietario de la vivienda de Sanlúcar de Barrameda que autorizaba las inscripciones de las parejas en el Padrón Municipal y que estaba registrada a nombre de una promotora.

La investigación han desvelado la existencia de una red delincuencial en la localidad sanluqueña, cuya actividad delictiva consistía en la legalización en España de ciudadanos marroquíes en situación irregular, utilizando como ‘modus operandi’ la inscripción de una pareja inexistente en el Padrón Municipal y posteriormente en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como vías previas para solicitar la documentación de residencia legal para el extranjero en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, derivando en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de falsedad documental.

Durante varios meses, desde octubre del pasado año los investigadores de la Ucrif se centraron en la comprobación de la efectiva convivencia de las presuntas parejas, así como de la obtención de la documentación probatoria de la falsedades documentales, procediendo de manera paulatina a la detención de las parejas de hecho de conveniencia, alcanzando un total de ocho parejas, todas ellas formadas por un ciudadano español y un ciudadano marroquí irregular.

La trama captaba a hombres y mujeres españolas a quienes, previo ofrecimiento de dinero, se les hacía la propuesta de hacerse pareja de hecho con un ciudadano marroquí irregular, siendo como requisito necesario inscribirse en el Padrón Municipal en un domicilio, que en ocasiones es ficticio y otras veces el propio domicilio del ciudadano español, y posteriormente inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho después de pasar una entrevista personal que tienen previamente preparada.

Este último paso permite al ciudadano marroquí irregular acudir a la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz y solicitar una Tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea con validez de tres años, prorrogables.

Con este ‘modus operandi’ se vulnera el artículo 318 bis.2 del código penal, al ayudar, con ánimo de lucro, a una persona que no es nacional de un Estado de la Unión Europea a permanecer en España, al incumplir la legislación sobre estancia de extranjeros y el artículo 392.1 del Código Penal, al proceder a la simulación de varios documentos que inducen error en cuanto a su autenticidad.

Las sucesivas detenciones de parejas ficticias facilitan información a los investigadores que llevan a la detención del captador de ciudadanos españoles para formalizar una pareja ficticia con un extranjero, tratándose de un ciudadano de origen marroquí nacionalizado español, afincado en Sanlúcar de Barrameda, que reconoció a la policía formar parte de la red delictiva que le facilitaba ingresos económicos.

Las investigación de la Ucrif en torno al captador de parejas de hecho ficticias llevaron a identificar y detener a la principal artífice de la trama delictiva, tratándose de una abogada. Esta letrada es la que solicitaba a su contacto la búsqueda de un ciudadano español para regularizar a un extranjero que solicitaba sus servicios jurídicos y quien finalmente participaba personalmente como letrada y representante legal en las formalizaciones documentales necesarias tanto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz como en el Registro de Parejas de hecho de la Junta de Andalucía.

La investigada fue citada en las dependencias de la Brigada de Extranjería de Puerto Real donde compareció con abogado particular, siendo detenida como presunta autora de los delitos de falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha defendido la «extraordinaria» actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir con el mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña convocado el 1 de octubre de 2017. También ha señalado que «ni conocía ni podía conocer» el informe de la manifestación del 8M relacionado con su cese como jefe de la Comandancia de Madrid.

El mando de la Guardia Civil ha protagonizado un tenso interrogatorio a preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, que le ha afeado –al igual que antes Rafael Mayoral, de Unidas Podemos– su falta de colaboración con la comisión ‘Kitchen’ en el Congreso de los Diputados.

«No me vacile, no está en una caserna», ha asegurado en reiteradas ocasiones Rufián en un cruce de reproches entre el diputado y el compareciente por el tono de sus intervenciones, acusándose mutuamente de interrumpirse.

Pérez de los Cobos, que fue alto cargo en el Ministerio del Interior, ha defendido que no podía hablar sobre fondos reservados ni si trataba sobre estas cuestiones con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, investigado en el ‘caso Kitchen’ por el operativo para sustraer supuestamente información sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Rufián se ha quejado de que el coronel «mentía flagrantemente» y éste se ha quejado de interrumpirle, advirtiendo que conocía el Código Penal y que no le iban a «intimidar a estas alturas» por recordarle que podía incurrir en un delito penado con prisión.

Pérez de los Cobos ha señalado que su función en la comisión ‘Kitchen’ no era dar su opinión. Rufián, no obstante, ha insistido en preguntarle por el motivo por el que fue cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando al informe de la manifestación del 8M dentro de una investigación judicial sobre el inicio del contagio de coronavirus en Madrid.

«Ni lo conocía ni lo podía conocer», ha asegurado sobre dicho informe tras explicar que la unidad investigadora dependían funcionalmente de la juez de Madrid al frente de una investigación que, finalmente, fue archivada. En cualquier caso, ha señalado que en estos casos de investigación judicial un jefe de Comandancia «no puede inmiscuirse en ningún caso».

APALEAR A VOTANTES Y URNAS DEL 1-O

Rufián le ha llamado «Capitán América» en una intervención en la que Pérez de los Cobos ha elevado el tono para exigirle que no le interrumpiera, lo que ha motivado la intervención de la presidenta de la comisión llamando al orden y también de otros portavoces de grupos parlamentarios.

Ahora decido yo hacer la siguiente pregunta y se calla», le ha llegado a decir en una ocasión Rufián antes de preguntar por su papel al frente de la coordinación del dispositivo del 1-O en el que, según el diputado, se «apaleó a la gente en colegios electorales». «No he venido a hablar de eso, pero no puedo permitirle utilizar esos términos de apalear», le ha dicho el coronel.

Pérez de los Cobos –que también ha negado que hubiera cargas policiales el 1-O, a pregunta de Junts– ha añadido que «no podía pasar por alto» una defensa que ya hizo durante su testifical en el juicio en el Tribunal Supremo que condenó a los líderes del ‘procés’. De los agentes de Policía y Guardia Civil ha dicho que eran «extraordinarios profesionales que llevaron a cabo una labor difícil con absoluta eficacia», insistiendo en que no se apaleó a nadie.

«Mil heridos, vergüenza debería darle», ha terciado Rufián sobre el 1-O, a lo que Pérez de los Cobos ha añadido: «Si hablamos de vergüenza…» El diputado de ERC le ha pedido que continuara, pero el coronel ha preferido guardar silencio y no terminar la frase. La última palabra ha sido la del dirigente independentista, antes de terminar su turno: «¿Cómo lleva no haber descubierto una sola urna del 1-O? Muchas gracias».

BILDU Y LA «LEYENDA NEGRA» DEL CORONEL

En el turno de EH Bildu ha habido un momento de distensión y risas cuando el diputado de este partido Jon Iñarritu le ha preguntado por un episodio de 1981 en el que supuestamente el coronel se personó en dependencias policiales en Yecla para apoyar el golpe de Estado.

«No sabe la alegría que me da», ha comentado Pérez de los Cobos, para advertir que entonces era «menor de edad y estaba en el instituto», por lo que ha calificado esto de rotundamente falso, señalando, además, que se ha atribuido el mismo episodio a un familiar suyo. La respuesta ha provocado las risas de algunos de los diputados de la comisión ‘Kitchen’.

Iñarritu le ha preguntado luego por las torturas en la Guardia Civil. «Jamás he sido testigo de la comisión de delitos», ha señalado el coronel, que ha matizado que sí supo de la «reiteración de denuncias falsas de elementos terroristas». En otro momento ha pedido el amparo de la presidencia para rechazar la acusación de la CUP de que es «memoria viva de las cloacas del Estado».

La secretaria de Estado para Agenda 2030 y futura ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado al PSOE que aclare cuántas viviendas tiene disponibles la Sareb y pide, como le vienen proponiendo desde hace meses a su socio de coalición, que se dediquen el 75% a alquiler social ante la situación de «emergencia habitacional».

Por su parte, el aún vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aludido a esta propuesta para enfatizar que, de cara a ampliar al parque público «no hay que construir más», sino aprovechar el «inmenso stock de vivienda inutilizada» que tienen instituciones como la SAREB.

Así lo han trasladado ambos en una serie de comentarios en Twitter un día después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, manifestara que el plan de vivienda para alquiler accesible cuenta ya con 100.000 inmuebles, gracias a los fondos europeos y al acuerdo con la Sareb.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de StopDesahucios y el Sindicato de Inquilinos han iniciado el ‘PlanSareb’, una ofensiva de acciones y campañas contra la Sareb, que arrancó ayer con el acceso ayer a la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Madrid, principal accionista del ‘banco malo’.

Entre sus demandas se encuentran que las viviendas de Sareb pasen a formar parte del parque de vivienda pública y se incluyan en la Ley de Vivienda o que se archiven todos los procedimientos de desahucios de la Sareb.

Todo ello después de las informaciones relativas a que la oficina de estadísticas Eurostat obliga a España a incorporar a la Sareb dentro de las cuentas públicas, lo que supone que compute en el déficit y la deuda pública.

Además, la futura Ley de Vivienda, que ha suscitado discrepancias entre Unidas Podemos y PSOE a la hora de abordar la regulación del alquiler. Por un lado, los socialistas defienden un modelo basado en incentivos que rechazan los morados al suponer un «incumplimiento» del acuerdo de coalición y Presupuestos.

Sin embargo, en la última reunión los socialistas, según trasladan desde la formación morada, se abrieron a negociar el modelo de control de precios que propuso la Vicepresidencia Segunda.

HAY QUE SER CORRESPONSABLES ANTE LA «EMERGENCIA HABITACIONAL»

Respecto al papel de la Sareb en materia de alquiler social, Belarra ha subrayado que el conocido como «banco malo» fue creado por el PP para «deshacerse de los activos tóxicos procedentes del estallido de la burbuja hipotecaria».

Y pese a que el entonces ministro de Economía popular Luis de Guindos dijo en su día que «no costaría un euro al contribuyente», cuando la realidad es que la entidad «ha tenido pérdidas todos los años.

«Nuestro país vive una emergencia habitacional y es urgente que los grandes propietarios, especialmente si son empresas con capital público, se corresponsabilicen de la garantía del derecho a la vivienda», ha insistido para aludir a la necesidad de imponer obligaciones a los grandes propietarios en la Ley de Vivienda.

Además, ha apuntado que las «abultadas pérdidas» de la Sareb han terminado «consumiendo su capital» y que era «fácil intuir» que esto iba a pasar, dado que los «activos tóxicos se traspasaron muy sobrevalorados».

«En el pasivo de la Sareb ahora sólo queda deuda avalada por el Estado, y Eurostat exige que se contabilice como deuda pública. Aflora para la ciudadanía, nuevamente, un coste que el PP dijo que nunca existiría», ha zanjado.

Unas palabras que el líder de Podemos ha refrendado para apoyar la propuesta esbozada por su futura sucesora al frente del Ministerio de Derechos Sociales.

Para ampliar el parque público de vivienda no hay que construir más (somos el país con más viviendas vacías de toda Europa), sino aprovechar el inmenso stock de vivienda inutilizada que tenemos en instituciones como la SAREB.

La Junta Electoral Provincial ha estimado en sendas resoluciones que el candidato de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, han incurrido en una infracción de la Ley Electoral por el uso de recursos públicos con fines electoralistas.

En una de las resoluciones, la Junta estima la denuncia del PP de Madrid contra el líder de Podemos por el vídeo que lanzó en redes sociales para anunciar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al considerar que vulneraba «los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad».

Por tanto, aprecia que Iglesias incurrió en una infracción de lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su intervención grabada en que dio a conocer su decisión de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Dicho artículo establece que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Por otro lado, la Junta acuerda en otra resolución archivar la denuncia ante la Junta Electoral presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo, en relación a sus intervenciones de los pasados 10 y 17 de marzo.

Pero estiman que la rueda de prensa ofrecida el pasado 15 de marzo en la que hizo un repaso de sus logros frente a la pandemia y en la que llegó a pedir el voto incurrió en una infracción del mismo artículo de la Ley Electoral.

Los magistrados señalan que harán saber a Ayuso que «debería tener más cuidado para no incurrir en este tipo de actuaciones». De este modo, se ordena retirar la grabación de la publicación de esa rueda de prensa.

Finalmente, la resolución señala que no se iniciará expediente sancionador alguno contra la presidenta regional y candidata a revalidar su cargo al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el próximo lunes el documento Foco África 2023 en el que se recogen las acciones que desde el Ejecutivo se quieren llevar a cabo para forjar una relación estratégica con el continente de igual a igual y aprovechando las oportunidades existentes.

Este plan de acción, explican desde Moncloa, no es sino la plasmación de las prioridades que ya se marcó en su momento el Gobierno en el III Plan África aprobado en 2019 y las acciones que se prevé ejecutar para hacer realidad el deseo del presidente de que esta sea la década de España en el continente.

La sistematización de las prioridades, objetivos y acciones en un único documento obedece al interés de trasladar a la sociedad española, pero también a la sociedad y las instituciones africanas, que África es prioritario para España y que por ello se quiere construir un partenariado estratégico, sobre la base también de los numerosos desafíos comunes, destacan fuentes gubernamentales.

En este sentido una de las apuestas más novedosas que se hace desde el Gobierno es el impulso de la industrialización del continente, cuyos países habían venido experimentando un importante crecimiento económico antes de la pandemia y en muchos casos estaban embarcados en ambiciosos planes de infraestructuras.

Así, el Ejecutivo considera que en África hay una oportunidad y un enorme potencial en este ámbito y se quiere participar en esa industrialización, lo cual constituye un elemento novedoso que no está en las estrategias respecto al continente de otros socios europeos. La idea no es otra que promover una mayor inversión y una mayor presencia de las empresas españolas.

PRIORIDADES SECTORIALES Y GEOGRÁFICAS

El documento identifica una serie de prioridades sectoriales como pueden ser paz y seguridad, la lucha contra el cambio climático, la gestión de la migración o la política de igualdad de género, y plantea una serie de acciones que desde los distintos ministerios que participan en la acción exterior se pueden llevar a cabo.

Además, también hay prioridades de carácter geográfico. Así, por ejemplo, se ha decidido que Senegal y Marruecos sirvan como países piloto, habida cuenta de las estrechas relaciones existentes con ambos y los mecanismos de coordinación ya vigentes, para luego seguir con el resto.

En concreto, se han establecido tres categorías: los países ancla, identificados por su relevancia político-económica y su peso regional –Nigeria, Etiopía y Sudáfrica–; los países prioritarios con los que se cree que será más fácil trabajar –Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Angola, Mozambique y Tanzania–; y las prioridades geográficas en función del área de acción, con el Sahel y el Cuerno de África, por ejemplo, en el apartado de paz y seguridad.

Desde el Gobierno aseguran que con este plan de acción quieren poner de manifiesto la voluntad de España de liderar y de influir en las políticas y estrategias que desde la UE se adopten con respecto a África y de ser mucho más activos de lo que se ha sido hasta ahora en este ámbito.

Para la puesta de largo del Foco África 2023, Sánchez contará con la presencia del presidente de Ghana, Nana Akufo Addo, quien actualmente ejerce la presidencia de turno de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) y en cuyo país tiene su sede la secretaría del Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA).

Asimismo, estarán presentes la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, su homóloga senegalesa, Aissatou Tall Sall, el director ejecutivo del Banco Africano de Desarrollo, Akinwumi Adesina, y el consejero delegado de Elecnor, Rafael Martín de Bustamante.

La presentación, además, se producirá apenas una semana antes de que Sánchez inicie una gira que le llevará a Angola y Senegal, donde tiene previsto viajar con algunos empresarios y mantener encuentros con las autoridades de ambos países, prioritarios en el Plan África.

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a tres años de prisión y a una multa de 1.080 euros al excura acusado de simular una boda en 2008 con un hombre que ya había muerto; lo hizo en la parroquia de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), en connivencia con la esposa y a la hija, y con el objetivo de estafar una herencia de medio millón de euros a la familia del difunto.

La sentencia, explica que la pareja mantuvo una relación sentimental prolongada y convivieron como pareja de hecho en una vivienda del hombre, que falleció el 11 de noviembre de 2008, sin testamento y sin descendientes directos, solo con dos sobrinos como familiares próximos.

Meses después de la muerte, sin fecha determinada y antes del 17 de marzo de 2009, la mujer –ahora ya fallecida– «concertó con el acusado y su hija fingir que se había tramitado un expediente matrimonial y que se había celebrado un enlace matrimonial el 1 de julio de 2008».

«EL MATRIMONIO NO SE HABÍA CELEBRADO»

El excura, después del fallecimiento del hombre, rellenó con un rotulador azul los espacios de un documento matrimonial para formalizar el enlace, haciendo constar la fecha de 1 de julio, y que firmaron la mujer y la hija y los magistrados constatan en la sentencia que ni «en dicha fecha ni en ninguna otra el matrimonio no se había celebrado».

En el documento «se suplantó y se aparentó la intervención» del hombre y se estampó su firma por imitación mediante calco de la firma que figuraba en su DNI.

La hija se encargó de tramitar en el registro civil la inscripción del matrimonio el 17 de marzo de 2009, «para que le fueran reconocidos efectos civiles», y el 30 de abril de 2009, la mujer consiguió la herencia.

El juez ha decretado para la hija, acusada de falsedad documental, un año y medio de prisión y a pagar una multa de 540 euros, y el tribunal ha acordado una indemnización conjunta de más de 200.000 euros para los familiares de la víctima y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Vic.

La fiscal, durante la segunda sesión del juicio el pasado 22 de febrero, retiró el delito de estafa de su acusación, y finalmente la sala ha absuelto a los dos acusados del delito de estafa agravada

El encargado de negocios de Estados Unidos en España, Conrad Tribble, ha afirmado este jueves que la nación norteamericana «apoya con entusiasmo» un «mayor» rol de liderazgo español a nivel internacional.

«Apoyamos con entusiasmo un mayor rol de liderazgo internacional de España», ha asegurado Tribble, que ha enumerado entre las regiones «clave» en las que España podría tener más peso algunas como América Latina, Centroamérica o el Sahel.

En concreto, el principal representante diplomático norteamericano –a la espera del nombramiento del nuevo embajador– ha aludido específicamente a la situación de Venezuela o al desarrollo potencial de Centroamérica, así como a «contrarrestar» la influencia de Rusia o el apoyo a los Derechos Humanos en todo el mundo. A su juicio, para todo ello, «España es un aliado de gran importancia».

Tribble ha participado en la séptima sesión del II Ciclo de encuentros digitales de grandes potencias: Estados Unidos, que el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) organiza en colaboración con la Fundación Consejo España-EEUU, donde ha hecho hincapié en la importancia de la relación entre ambas naciones.

«Trabajamos con energía y entusiasmo para profundizar y expandir nuestra relación bilateral», ha afirmado, destacando que Estados Unidos y España han sido aliados durante 70 años y, para Washington, la «perspectiva» es que la relación se mantenga «durante muchos más».

Así, ha detallado que Washington y Madrid han mantenido «muchos» contactos de alto nivel y, entre ellos, ha mencionado los que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, han mantenido en la reunión de la OTAN de esta semana.

El encargado de negocios de la nación norteamericana ha destacado aspectos del ámbito económico, como inversiones recíprocas, y seguridad, como la presencia de militares estadounidenses en las bases de Rota y Morón, en el marco de la relación entre ambos países.

También, ha garantizado que la relación bilateral no sufrirá «grandes cambios» con la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca, aunque el más significativo será que la nueva Administración estadounidense mantiene una visión más abierta respecto a la Unión Europea (UE). «Buscaremos donde podemos aprovechar y buscar más intereses comunes», ha agregado.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU

Durante su intervención, Tribble también se ha referido a las grandes líneas de política exterior que el nuevo Ejecutivo de Washington ha esbozado y ha subrayado que tanto Blinken como Biden tienen un «gran» compromiso con la relación transatlántica, con la diplomacia y con poder de las alianzas.

«La más relevante para España es el foco que hemos puesto en nuestras alianzas», ha explicado el encargado de negocios en Madrid, que ha destacado que Biden y su equipo reconocieron «desde el primer día» la necesidad de reconstruir las relaciones «dañadas». «Necesitamos a nuestros aliados y socios, incluidos España y la UE», ha aseverado.

A pesar de que ha matizado que, por el momento, la nueva política exterior estadounidense está «reevaluándose» por el nuevo equipo, ha querido poner el foco en algunas de las decisiones que ya se han tomado en este sentido, algunas de las cuales marcan las distancias con ciertas resoluciones de la Administración de Donald Trump, como la vuelta al Acuerdo Climático de París, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Otra de las líneas que vertebran la nueva política exterior estadounidense, según Tribble, es combatir la pandemia de COVID-19 y, así, ha recordado que «no puede haber una verdadera recuperación sin abordar colectivamente las necesidades de los países que no tienen acceso a la vacuna».

Otra de las prioridades estadounidenses en materia de asuntos exteriores con importancia para España es el cambio climático, que Biden ya tildó de «amenaza existencial». Prueba de ello es que la primera orden ejecutiva que firmó el presidente fue la vuelta de Washington al Acuerdo de París.

Por otro lado, Tribble ha aludido a la necesidad de asegurar una economía global «más inclusiva», destacando que las últimas décadas de globalización y la crisis financiera de 2008 han dejado el poso de que las políticas de reconstrucción deben orientarse en este sentido. «Más oportunidades a largo plazo es fundamental», ha explicado, antes de poner el foco en el crecimiento de las clases medias y la creación de nuevos y mejores empleos.

DEL «DESAFÍO» CHINO AL «COMPORTAMIENTO MALIGNO» RUSO

Por último, el encargado de negocios en Madrid también ha dedicado un espacio a hablar de China y Rusia y ha criticado que el país asiático «socava» el sistema financiero mundial, mientras que ha afeado el «comportamiento maligno» de Moscú.

«No hay duda de que China representa el desafío geopolítico del siglo XXI más importante para las sociedades democráticas y sus intereses compartidos», ha zanjado Tribble, que ha señalado la necesidad de que las sociedades democráticas «cooperen de forma más eficaz».

Así, ha urgido a que Estados Unidos y la Unión Europea, los dos bloques que representan la mitad del PIB mundial, trabajen juntos en asuntos como la reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se implemente un «campo de juego equitativo».

Tribble se ha pronunciado sobre los abusos a los Derechos Humanos en regiones como Xinjiang y Tíbet, la injerencia en Hongo Kong o el debilitamiento de la democracia en Taiwán, aunque ha puesto el foco en que también es necesario encontrar «oportunidades para cooperar» con China.

En referencia a Rusia, ha lamentado que, en la relación bilateral, lo más importante no son las acusaciones o la retórica, sino su comportamiento, un sentimiento compartido con más países, según ha precisado.

«El problema es un comportamiento maligno que nos perjudica», ha afeado, ejemplificando sus palabras con la presunta interferencia rusa en elecciones de varios países. «Eso no es aceptable», ha remachado. Así, matizando que Estados Unidos no busca una «confrontación porque sí», ha llamado a «evaluar» la respuesta, «porque no es lo mismo una reacción de un país que de las huestes», aunque ha instado a «dar una respuesta».

«La diplomacia está hecha por personas y para personas, necesitamos su ayuda para avanzar estos objetivos conjuntos», ha concluido Tribble.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que la gestión de la pandemia se haga con unos protocolos que se ajusten a «criterios sanitarios» y no «de oportunidad política», al tiempo que ha criticado «improvisaciones nocturnas o cada dos o tres días». Asimismo, aunque ha vuelto a rechazar «terminologías como toque de queda o estado de alarma», ha manifestado su convicción de que decisiones que afectan a derechos fundamentales deben tomarse «con un refrendo legal suficiente».

Así lo ha trasladado después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trasladase este jueves que si finalmente se decide no prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque la situación de la pandemia lo permite, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá seguir tomando decisiones de obligado cumplimento para todas las comunidades autónomas porque así lo acaba de avalar el Tribunal Supremo.

La vicepresidenta primera se refería al auto emitido por el Supremo el pasado martes rechazando la suspensión cautelar que había solicitado Vox del cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, que se acordó en el Consejo Interterritorial por acuerdo de todas las autonomías, menos Madrid, para el Puente de San José y Semana Santa.

Preguntado al respecto, tras presidir la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo ha advertido que terminologías como «toque de queda» o «estado de alarma» son «antiguas» y se ha reafirmado en que, a su modo de ver, «no deberían usarse en pandemia». «Por eso pedimos una ley orgánica para gestionar la pandemia y no tener que estar con la incertidumbre de qué hacer en mayo», ha remarcado.

De hecho, ha apuntado a que las vacunas aún «no son suficientes» y «la mayoría de la población está sin inmunizar», lo que sumado a las nuevas cepas ratifica «un riesgo sanitario muy alto». Y en mayo, ha agregado, se desconoce «qué cepa será la predominante y qué capacidad de contagio tendrá».

Así las cosas, el presidente ha señalado que se evidencia de nuevo que España se equivocó «en la orientación legislativa de la pandemia», pero ha lanzado una advertencia al Gobierno: «afectar» a derechos fundamentales necestia «una legislación orgánica suficiente».

«Si volvemos a adoptar decisiones como toques de queda o a cerrar la hostelería, entiendo que se necesita un refrendo legal suficiente», ha zanjado.

CAMBIOS EN EL TOQUE DE QUEDA O CIERRE DE BARES

Por otra parte, el presidente gallego también ha sido preguntado acerca de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tantease a las comunidades sobre un posible cambio en las limitaciones horarias para la actividad no esencial, y de otras cuestiones que el Ejecutivo central tiene sobre la mesa, como modificar los criterios para cerrar los bares.

Al respecto, Feijóo dijo que en la pasada jornada «no se llegó a ningún acuerdo» en el marco del Consejo Interterritorial porque, formalmente, «no hubo ninguna propuesta». Dicho esto, se ha mostrado contrario a las «improvisaciones nocturnas o cada dos o tres días» como modelo de gestión de la pandemia, y ha reivindicado actuar en base a «protocolos sanitarios».

En este momento, ha defendido que a Galicia le parece especialmente importante el indicador de la incidencia a siete días, y ha asegurado que el Ministerio siempre tendrá la «colaboración leal» o la opinión de la Comunidad si «llama» o se debate una propuesta concreta en el Consejo Interterritorial.

«Pero no sabemos qué se plantea ahora», ha reflexionado, para insistir: «improvisaciones nocturnas o cada dos o tres días, eso no es protocolo, es la acreditación de falta de protocolo». En el polo opuesto, Feijóo ha manifestado que la pandemia debe gestionarse «con criterios sanitarios y no de oportunidad política o por elecciones en ningún sitio», y ha ejemplificado con lo sucedido con el toque de queda antes de las catalanas.

A LA ESPERA DEL COMITÉ DEL MARTES

Sobre Galicia, tras desglosar los datos y subrayar que todavía no se conocen los efectos del Puente de San José ya que no se ha cerrado el ciclo epidemiológico de diez días, Feijóo se ha remitido al comité clínico que se reunirá el próximo martes para evaluar los datos y adoptar las medidas que sean necesarias.

El presidente gallego ha recordado los niveles establecidos en la Comunidad y ha remarcado que, con independencia de las fechas, sea o no Semana Santa, las medidas –restricciones en las reuniones, en la hostelería y de movilidad– se tomarán según dicten las cifras. Esta misma semana Sanxenxo y Baiona escalaron al nivel alto de restricciones.

Así, Feijóo ha vuelto a insistir en hacer una llamada a la responsabilidad, con la convicción de que lo que ocurra en Galicia «dependerá mayoritariamente de los comportamientos individuales» de los ciudadanos. Y el resultado, ha agregado, será «un triunfo de todos o un fracaso de todos».

RASTREO COVID ESTABLE PORQUE «LA SITUACIÓN VA PARA LARGO»

Y preguntado sobre la información que publica el diario digital ‘Praza Pública’ relativa a que la Xunta no decidió contratar un sistema estable de rastreo de la covid hasta que la situación «se complicó» en Navidad, Feijóo ha admitido que su Ejecutivo decidió dar el paso de acometer este contrato cuando ve que la situación «va para largo».

«Acreditamos el avance de la cepa británica, que el porcentaje de contagios se disparaba y que empezaba a haber otras variantes como la sudafricana o la brasileña y otras. También empezamos a comprobar que las vacunas no se cumplimentaban al ritmo avanzado por el Gobierno central y tomamos la decisión al ver que esto va para largo», ha dicho.

El presidente de la Comisión de Seguridad Vial y diputado del PP por Almería, Juan José Matarí, ha trasladado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que más que disculparse con él debe pedir perdón a las personas con discapacidad que, a su juicio, «ofendió» este miércoles en el Pleno del Congreso.

Celaá ha revelado en Twitter que ha pedido disculpas al diputado del PP por si sus palabras han podido ofenderle. «Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia», ha señalado. Dicho esto, ha defendido la respuesta que dio a la pregunta formulada por este diputado en el Pleno del Congreso: «Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución».

Matarí ha indicado que ha dicho este jueves a la ministra –en una conversación que se produjo en torno a las 14.00 horas, cuando finalizó el Pleno del Congreso– que más que disculparse con él, debería hacerlo con «los cientos de personas con discapacidad que ofendió». A su entender, esa llamada «no le servía para justificarse».

EL PP HA PEDIDO LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA

En la sesión de control de este miércoles Matarí puso en duda que la nueva ley educativa, la LOMLOE, garantice la libre elección de los padres en la educación de sus hijos, en particular cuando éstos tienen alguna discapacidad. Y contó el caso de su hija, que, con 25 años y Síndrome de Down, está trabajando tras haber estudiado en la universidad y haber acudido a un centro de educación especial, unos colegios que, en su opinión, Celaá quiere que «desaparezcan».

Tras apostar por «combatir la segregación escolar» poniendo «muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial», la ministra respondió al diputado del PP: «¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla».

Apenas unas horas después de esa intervención parlamentaria, diputados del PP, Vox y Ciudadanos afearon a la ministra de Educación la respuesta que había dado a Matarí en la sesión de control al Gobierno. Y este jueves, el PP ha dado un paso más y ha solicitado la dimisión de Celáa.

«24 horas después de reírse del padre de una joven con Síndrome de Down, la ministra de ‘Educación’ no ha pedido perdón a nuestro compañero ni a las asociaciones de educación especial», ha escrito a primera hora el partido en su cuenta oficial de Twiter. «Su irresponsabilidad y falta de empatía obligan», ha exclamado.

Además, el PP ha presentado una proposición no de ley en la que pide la reprobación de la ministra y subraya que las palabras de Celáa demuestran «no solo su falta de sensibilidad y respeto hacia las personas con discapacidad, sino su incapacidad para seguir ni un minuto más al frente del ministerio de Educación».

EL PP DIFUNDE EN REDES UN VÍDEO DE ANDREA, HIJA DE MATARÍ

Al hilo de esta polémica, cargos del PP han difundido en Twitter un vídeo de Andrea, la hija de Matarí, que se grabó antes de que se aprobase la ‘Ley Celaá’ y en el que defiende los colegios de educación especial, donde ella estudió 15 años, y pide no «cerrarlos».

El líder del PP, Pablo Casado, se ha hecho eco de esa vídeo y ha señalado que Andrea, como «tantos jóvenes con Down forja su mejor futuro gracias a la educación especial». «Pedimos la dimisión de Celaá y registramos su reprobación por sus palabras y su desprecio a tantas familias a las que ha ofendido», ha recalcado.

La filósofa Adela Cortina, quien publica ‘Ética cosmopolita’ (Paidós), ha afirmado que la actual situación del reparto de vacunas en distintos países está «siendo un espectáculo digno de El Bosco, un espectáculo kafkiano».

«No me podía imaginar que diéramos un espectáculo tal con esto de las vacunas. Cada país ha pensado en su vacunas y no se ha pensado en los del tercer mundo. Y esto lo ha aprovechado China y Rusia para ir allí con sus vacunas para establecer una línea geoestratégica», ha señalado Cortina en una entrevista.

Para la filósofa, creadora del término ‘aporofobia’, con las vacunas no se ha pensado en los países del tercer mundo «y eso es una barbaridad», pero también incide en que en los países del primer mundo «se han producido sucesos extrañísimos».

«Ha habido contratos que se hacen pero no se sabe muy bien qué se ha contratado; unos pactos que no se cumplen y la última es un alijo de vacunas encontrado en Italia como en los viejos tiempos del estraperlo. Es una barbaridad lo de las empresas farmacéuticas que están haciendo ese tipo de actuaciones», ha lamentado.

Cortina no cree que se vaya «a salir más fuerte de ninguna manera» tras la pandemia de coronavirus. «Ojalá algunos, pero me da la sensación de que no hemos aprendido demasiado. Y más fuertes, me temo que no», ha lamentado la pensadora española, quien cree que los Gobiernos han tratado de aprovecharse además de la pandemia.

«Al comienzo hubo un momento de incertidumbre que no se sabía qué se iba a hacer. Pero los partidos políticos iban a lo suyo y la ciudadanía lo ha percibido claramente: hay una sensación de que, salvo excepciones, no parece que les haya interesado tanto el bienestar como la lucha de poder», ha criticado.

Cortina ha alertado de que, en estas situaciones, la sociedad es «más influenciable» a los populismos. «La sociedad, en una situación de vulnerabilidad, está en manos de quien pueda manejarla. Y los populismos son mala cosa, simplificadores de una realidad que es muy compleja», ha avisado.

Asimismo, ha pedido «cordura» para afrontar la actual situación de restricciones, rechazando la «falsa dicotomía entre vida y economía«. «La vida humana no es dicotómica, hay que hacer las cosas con prudencia por los dos lados: proteger la vida es fundamental, pero la economía también lo es: si la gente se queda sin trabajo, eso va afectar a la vida», ha destacado.

En cualquier caso, sí ha reclamado terminar con esta «vida de pantallas» en cuanto sea posible. «Ahora tenemos este sucedáneo porque no queda más remedio, pero esto es para un tiempo de pandemia, no para toda la vida. No hay que sustituir relaciones humanas por telemáticas y me da mucho miedo que quienes intentan ahorrar gastos piensen que vamos a optar por la telemedicina, la telecultura o la televida», ha indicado.

Cortina también ha mostrado malestar por la reacción de determinada parte de la sociedad respecto a las personas mayores durante la pandemia. «Cuando algunos leían que el 50% de los muertos eran ancianos, respiraban. La gente está pensando que no valen igual todas la vidas», ha afirmado.

Y además ha comprobado un aumento de la ‘aporofobia’ en estos tiempos pandémicos, porque «cuando la situación de pobreza es mayor, la aporofobia también se recrudece». «Cada vez se desprecia más a quien parece que no tiene nada importante que ofrecer. Estamos tan ocupados que para algunos parece que solo falta que vengan personas sin hogar o inmigrantes a molestar», ha concluido.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha pedido este jueves «disculpas» por salir «un momento» por la calle sin llevar la mascarilla puesta por «un despiste al salir de almorzar».

Así lo ha explicado el propio consejero en un apunte en su cuenta de Twitter después de que haya circulado por la misma red social un vídeo de apenas cinco segundos de duración en el que se le ve caminando por la calle sin llevar puesta la mascarilla cuyo uso es obligatorio en el actual contexto de pandemia por la Covid-19.

«Pido disculpas porque he sufrido un despiste al salir de almorzar y, sin darme cuenta, he salido sin la mascarilla un momento», ha argumentado el consejero este jueves por la tarde. «Me he dado cuenta de la situación y me la he puesto enseguida. Creo que muchos me entenderéis porque a todos nos ha pasado. Siempre he defendido su uso», ha añadido Jesús Aguirre.

Antes de que el consejero haya pedido perdón, el parlamentario del PSOE-A Carmelo Gómez ha compartido dicho vídeo desde su cuenta en la citada red social y ha criticado con signos de exclamación que «se ve que las normas no son para todos iguales». «La mascarilla en la calle es obligatoria para todos los andaluces, menos para el consejero de Salud de la Junta de Andalucía que se pasea sin ella», ha añadido el diputado socialista antes de apostillar que «eso es dar ejemplo».

Podemos Andalucía también ha compartido este vídeo desde su cuenta de Twitter, comentando que «quizás al consejero de Salud» le «gustaría explicarle a la ciudadanía andaluza y a la Policía por qué él sí puede saltarse las normas y pasear por la calle sin mascarilla con la más absoluta de mas parsimonias». «¡Qué tranquilidad, consejero!», ha exclamado la formación morada.

Las especies de elefantes africanos, el de bosque y el de sabana, han pasado a engrosar las categorías de «en peligro crítico» y en «peligro» respectivamente, en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza (UICN), que por primera vez ha analizado por separado estas dos especies tras aparecer nuevas pruebas genéticas que apuntan que son diferentes.

La UICN alerta de que la situación de los elefantes de África ha empeorado, ya que hasta ahora –aunque considerados una sola especie– estaban en la categoría de ‘vulnerable’. La lista roja de la UICN incluye 134.425 especies de las que 37.480 (27,88 por ciento) están en peligro de extinción.

El director general de la UICN, Bruno Oberle, ha destacado el papel «clave» que desempeñan los elefantes «en los ecosistemas y las economía» así como en el «imaginario colectivo de todo el mundo.

Sin embargo, ha añadido que las nuevas evaluaciones de la ambas especies coinciden en las presiones persistentes a las que se enfrentan estos «animales emblemáticos». Orbele exige «poner fin urgentemente» a la caza furtiva y garantizar que se conserven suficientes hábitats adecuados tanto para los elefantes de bosque como para los de sabana.

Además, destaca que en los últimos años varios países africanos «ya van mostrando el camino» y están demostrando que se puede revertir la tendencia de disminución de los elefantes. «Debemos trabajar juntos para garantizar que se pueda seguir su ejemplo», ha defendido.

De acuerdo con las últimas evaluaciones el número de elefantes en todo el continente ha disminuido. En concreto, los ejemplares de elefantes de bosque africanos se ha reducido en más de un 86 por ciento en los últimos 31 años, mientras que la población de elefantes de sabana africanos lo ha hecho en al menos un 60 por ciento en los últimos 50 años, según las evaluaciones.

La UICN subraya además que ambas especies han experimentado «fuertes disminuciones» desde 2008 por un «aumento significativo» de la caza furtiva, que llegó a su máximo en 2011 y que sigue amenazando a las poblaciones. Otros factores de amenaza son la continua de sus hábitats, principalmente para usos agrícolas, entre otros usos de la tierra.

El informe de la UICN ‘Situación de los Elefantes Africanos de 2016’ ofrece los datos fiables más recientes de la población del continente de las dos especies combinadas, en torno a 415.000 individuos.

No obstante, el documento valora también el impacto positivo de los esfuerzos de conservación, como las medidas contra la caza furtiva en terreno; una legislación más favorable y una planificación del uso de las tierras que busca fomentar la coexistencia entre humanos y vida silvestre, que según la UICN han sido «clave para el éxito» de su conservación.

De hecho, añade que algunas poblaciones de elefantes de bosque se han estabilizado en áreas de conservación gestionadas adecuadamente, en Gabón y la República del Congo.

En cuanto al número de elefantes de sabana, refleja que también se ha mantenido estable, especialmente en el área transfronteriza de conservación Kavango-Zambeze, que alberga la subpoblación más importante de esta especie a escala del continente.

El evaluador del grupo de elefantes africanos, el doctor Dave Balfour, ha explicado que aunque los resultados de la evaluación sitúan a la población continental de elefantes de sabana en la categoría ‘En peligro’, es importante tener en cuenta que a nivel de algunos sitios, algunas subpoblaciones están prosperando. Por esta razón, ha añadido que se requiere una «considerable cautela y conocimiento local» para traducir estos resultados en políticas.

DOS ESPECIES DISTINTAS

La consideración como especies distintas de los elefantes de bosque y de sabana africanos es fruto de un consenso surgido entre expertos después de analizar nuevos estudios sobre la genética de las poblaciones de elefantes.

En concreto, los elefantes de bosque se encuentran en los bosques tropicales de África Central y en una variedad de hábitats en África Occidental. Su área de distribución rara vez se superpone con la del elefante de sabana, que prefiere las zonas abiertas y se encuentra en una variedad de hábitats en África subsahariana, incluidos pastizales y desiertos.

Se calcula que el elefante de bosque, que tiene una distribución natural más restringida, ocupa sólo una cuarta parte de su área de distribución histórica en la actualidad, con las poblaciones restantes más importantes en Gabón y la República del Congo.

En ese sentido, la evaluadora principal del grupo de elefantes africanos y miembro del grupo de especialistas en elefantes africanos de la CSE-UICN, la doctora Kathleen Gobush ha detallado que para este análisis, seis evaluadores utilizaron series de datos, algunos desde la década de 1960 y emplearon un enfoque de modelización totalmente basado en datos para consolidar, por primera vez, los esfuerzos de muchos equipos de investigación durante décadas.

«Los resultados muestran la dramática magnitud del declive de estos animales ecológicamente importantes. Con la demanda persistente de marfil y la creciente presión humana sobre las tierras silvestres de África, la preocupación por los elefantes africanos es alta, y la necesidad de conservar creativamente y manejar sabiamente estos animales y sus hábitats es más aguda que nunca», ha sentenciado.

A este respecto, la secretaria ejecutiva de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), Amy Fraenkel, ha celebrado que el elefante de bosque y el de sabana ya están incluidos como dos especies separadas en el Anexo II de la Convención sobre las Especies Migratorias.

«Nos felicitamos del reconocimiento por parte de la UICN de esas dos especies distintas de elefantes africanos, y esperamos que esto conduzca a mayores acciones de conservación para ambas especies. En particular, el elefante de bosque ha sufrido drásticas disminuciones de sus efectivos en las últimas décadas», ha concluido.

La teniente María Sol Rodríguez se ha convertido en la primera mujer que entra a formar del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil tras superar con éxito el ‘LI Curso de Adiestramientos Especiales’ de la UAR junto a otros 38 guardias civiles y cuatro militares.

Ante esto, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha subrayado «la elevada exigencia» de la formación y ha celebrado que «son techos que se rompen y que abren la puerta a muchas mujeres más».

María Gámez ha participado este jueves en la clausura del Curso en Logroño a la vez que ha expresado su satisfacción por el trabajo de los aspirantes que harán que, a partir de ahora, «estén al frente de los dispositivos más arriesgados que tiene en estos momentos el país y los desafíos más altos en la lucha contra el terrorismo también a nivel internacional y el crimen organizado que sigue siendo, desde luego, uno de los desafíos que seguimos manteniendo en determinadas zonas del país».

Además, ha reconocido estar especialmente satisfecha porque en esta edición del curso una mujer, por primera vez, va a formar parte de esta unidad. «Espero que se animen a que puedan llegar allá donde su esfuerzo las lleve. En ningún lugar, ni en ninguna especialidad, está vetada ninguna mujer», ha recalcado.

Durante la clausura del curso, María Gámez ha puesto de relieve que el curso no es solo exigente por el esfuerzo físico, sino también por la capacidad de adaptación psicológica que requiere.

«Llegar aquí no es un camino fácil y hay mucha gente que se queda en el camino. Pero ya habéis alcanzado el final superando uno de los cursos más exigentes y duros de la enseñanza de perfeccionamiento de la Guardia Civil», ha afirmado.

Además, la directora general ha resaltado que la preparación, la profesionalidad y la implicación que el personal de la Unidad de Acción Rural posee es lo que ha permitido la derrota del terrorismo de ETA y en la actualidad permite que la Unidad esté siendo imprescindible en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y también desplegarse en misiones en el exterior.

La directora general ha terminado sus palabras haciendo alusión al mensaje escrito en el mural de la zona de entrenamiento dedicada al Teniente Coronel Jesús Gayoso en el Polígono de Experiencias Especiales: SIEMPRE GAR.

CURSO DE ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES

El Curso tiene una duración de 675 horas lectivas repartidas en 90 días. Este curso está dividido en tres fases: adaptación, formación y actuación operativa. La primera está dirigida a seleccionar personas que presenten las mejores capacidades psicofísicas y adaptación al perfil buscado.

La segunda a impartir los contenidos docentes encaminados a adquirir las bases de la cualificación a la que se enfoca el curso. Por último, la actuación operativa está enfocada a la realización de sesiones cuyo factor común es la proximidad a la realidad operativa.

UNIDAD DE ACCIÓN RURAL

La Unidad de Acción Rural (UAR), desplegada en el País Vasco y Navarra desde 1980, tiene como misión específica la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida, así como la especialización de su personal y la realización de los cursos que se le encomienden, a nivel nacional e internacional.

Para el desarrollo de estos cometidos, la UAR se estructura en una Unidad operativa, el Grupo de Acción Rápida (GAR), y de otra de apoyo a la formación e instrucción, el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE).

El GAR, como unidad integrada en la reserva de la Guardia Civil, es una Unidad de «operaciones especiales» concebida y preparada para el planeamiento y ejecución de dispositivos y cometidos contra elementos terroristas, así como misiones que entrañen gran riesgo o requieran una respuesta rápida.

El CAE es un Centro docente de perfeccionamiento en operaciones especiales de reconocido prestigio a nivel internacional, el cual tiene doble dependencia: por un lado orgánica y funcional de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva (JUER) y, por otro lado, una dependencia técnicodocente de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.

Aunque el origen y principal cometido fue la lucha contra ETA, sus «capacidades especiales», han provocado que la Unidad se haya redirigido hacia dos nuevas líneas de actuación:

Ámbito nacional.

Dentro del ámbito territorial del País Vasco y Navarra, trabaja de forma coordinada con el Servicio de Información para cubrir sus necesidades de obtención, así como cualquier otro apoyo que pudieran requerir.

En el resto del territorio nacional, tras la implantación del nivel 4 de alerta del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista en mayo de 2015, se inició su despliegue en infraestructuras críticas (puertos / aeropuertos) y en espacios públicos de grandes eventos, así como principal elemento de interceptación de posibles células yihadistas.

Actualmente, se integra en el Plan Especial para luchar contra el narcotráfico en la zona del Estrecho. A su vez, también desarrollan operaciones coordinadas con la Unidad Central Operativa (UCO), en diferentes zonas de la geografía española.

Ámbito internacional.

Componentes del GAR han participado en multitud de operaciones internacionales desde el año 1994, bajo el paraguas de todas las organizaciones internacionales: OTAN, UE, ONU y OSCE. Las actividades internacionales más destacadas en los últimos años han sido las siguientes:

– Participación desde el origen del Proyecto GAR-SI Sahel que consiste en replicar la unidad GAR en los países del G-5 y Senegal.

– Despliegue en EUFOR-RCA en los años 2014/2015.

– Despliegue en Irak, Inherent Resolve (mayo 2017-marzo 2020), donde desplegaron un total de 144 hombres (BPC Besmayah).

– Equipo de Seguridad del Embajador español en el Líbano (desde 2006) y participación en la misión UNIFIL en este país.

– Ejercicio de Operaciones Especiales Flintlock dirigido por SOCAFRICA (USAFRICOM) y ejecutado en África (Senegal, Mauritania, Burkina-Faso) desde el año 2016.

La contribución de la Unidad en actividades internacionales en los últimos tres años es la siguiente:

– Año 2018 han participado con 122 componentes en 18 países.

– Año 2019 han participado con 207 componentes en 32 países.

– Año 2020 han participado con 59 componentes en 9 países.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este jueves el visto bueno al anteproyecto por el que se adapta el ordenamiento jurídico español al reglamento europeo para la creación de la Fiscalía Europea, pero advierte de las dificultades para su implantación ya que choca con la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que establece que las instrucciones penales las dirigen los jueces. El Gobierno ya ha presentado un anteproyecto para cambiar la ley y otorga la dirección de las investigaciones penales al Ministerio Público.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado el informe, del que han sido ponentes los vocales Juan Manuel Fernández y Rafael Mozo, que hacen una valoración positiva del anteproyecto, que tiene por objeto adaptar el marco jurídico español a lo dispuesto en el Reglamento europeo de octubre de 2017, completando sus disposiciones y regulando un procedimiento especial para la investigación por parte de los fiscales europeos delegados de aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.

La norma comunitaria define la competencia de los fiscales europeos delegados para dirigir la investigación penal, para el ejercicio de la acción penal y la acusación en el proceso penal en España.

Asimismo, determina la competencia de los órganos judiciales para el conocimiento y fallo de los procedimientos sobre los que se proyecta la competencia de la Fiscalía Europea, junto con las atribuciones del juez de garantías, que desplaza la figura del juez instructor propio del ordenamiento español vigente.

El informe recuerda que el sistema de instrucción español está concebido actualmente en torno a los jueces de instrucción –salvo en la jurisdicción de menores–, a quienes corresponde la dirección de las investigaciones.

Ello hace que existan «discordancias» porque se pretende «integrar dos modelos procesales regidos bajos diferentes principios». Por ello, ve «más complejo» aplicar la Fiscalía Europea en España que en otros países donde sus sistemas otorgan la investigación penal al Ministerio Público.

CAMBIO DE PARADIGMA QUE REQUIERE IMPORTANTES REFORMAS

El CGPJ advierte que «desplazar» el modelo procesal actual, «siquiera sea dentro de un determinado marco material y personal de competencia, supone un cambio de paradigma que habrá de requerir importantes reformas que posibiliten la convivencia del modelo impuesto por el Reglamento y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales instructoras conferidas a los jueces de instrucción, así como las funciones de control y garantía de los derechos fundamentales en los procesos competencia de la Fiscalía Europea».

El CGPJ destaca que el Gobierno ha elaborado ya un anteproyecto de reforma de la LECrim, por la que se otorgará la dirección de las investigaciones al Ministerio Fiscal y se diseñará un sistema de garantías y de control jurisdiccional.

No obstante, apunta que el anteproyecto analizado para adaptar el sistema jurídico español a la Fiscalía Europea se debe aplicar a la actual legislación y es ahí donde se aprecian «deficiencias» en relación a la configuración del sistema de garantías y control jurisdiccional.

Según explica, el modelo que se establece no es conciliable con la actual estructura procesal española, en la medida en que el procedimiento instructor de la vigente LECrim responde a principios diferentes de los señalado en el procedimiento de investigación reservado a la competencia de la Fiscalía Europea.

En opinión del CGPJ, al establecer las competencias del juez de garantías, el anteproyecto deja espacios «ausentes de regulación o choca» con el marco normativo del propio Reglamento, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Constitución.

EL CONTROL JURISDICCIONAL QUEDA LIMITADO

Asimismo, subraya que el control jurisdiccional en la fase de investigación parece quedar «limitado a valorar la relevancia de las diligencias de investigación solicitadas por los investigados en orden al sobreseimiento de las actuaciones» y que deja al margen de dicho control la «depuración de los elementos probatorios de cargo y la procedencia o no de la desestimación de los elementos de descargo, al no tener expresamente prevista la vía impugnatoria».

El CGPJ considera que los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar tanto los actos de la Fiscalía Europea que sean adoptados antes de la acusación y estén destinados a producir efectos jurídicos ante terceros –incluidos el sospechoso, la víctima y otros interesados– como la legalidad de los actos procesales de esta Fiscalía.

También creen que deben garantizarse las vías de recurso jurisdiccional contra las omisiones de actos procesales que la Fiscalía Europea esté obligada a adoptar.

Por todo ello, el órgano de gobierno de los jueces concluye que la «dificultad» de adaptar el Reglamento al sistema procesal español, «quedaría en gran medida, si no enteramente, paliada si el régimen jurídico aplicable a la instrucción y enjuiciamiento criminal en España se acompasara al sistema previsto en el Reglamento y se acomodara al principio acusatorio que lo orienta».

DISFUNCIÓN ESTATUTARIA

Por último, el informe señala que, basándose en la literalidad del Reglamento de creación de la Fiscalía Europea, el anteproyecto establece que los Fiscales Europeos Delegados, ya provengan de la Carrera Judicial o de la Fiscal, estarán en situación de servicio activo desde el momento de su nombramiento hasta su destitución.

El Consejo advierte de que la elección de esa concreta situación administrativa –servicio activo– ocasiona ciertas disfunciones estatutarias a los jueces y magistrados que accedan al cargo, por lo que recomienda su sustitución por la de «servicios especiales».

La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a la aplicación de una política migratoria de acuerdo con los derechos humanos y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

La iniciativa –presentada por MÉS per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos– también pide al Gobierno que adopte de manera urgente las medidas necesarias para facilitar el acceso al sistema de cita previa y reducir la demora existente para la realización de diversos trámites en dependencias policiales.

Asimismo, solicita al Ejecutivo central a adoptar dentro de sus posibilidades como medida extraordinaria, prorrogar de manera automática todas las autorizaciones de residencia y trabajo de carácter permanente que hubieran vencido después de la vigencia del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020.

La PNL también insta al Estado a la ampliación del plazo de 90 días posteriores al vencimiento de la tarjeta de residencia a 180 días para tramitar la renovación correspondiente y evitar así la situación de irregularidad sobrevenida en el contexto de crisis por la pandemia y saturación de la administración.

Además, la iniciativa exige al Gobierno de España que siga las recomendaciones del defensor pueblo de protección internacional, referente al asilo y refugio, de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos extranjeros que acuden a dependencias policiales a recibir un resguardo para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional.

«Nuestro deber, como representantes políticos, es garantizar por todos los medios, un recibimiento digno, unos servicios eficaces y unas instituciones que aseguren el cumplimiento de los derechos de todas las personas con independencia de su lugar de nacimiento», ha señalado la diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor.

Según ha explicado Mayor, esta iniciativa responde a la necesidad de dejar constancia en la institución de aquello que se reclama en las calles «con fuerza y contundencia y que un país sin una defensa real de la igualdad y los derechos humanos, es un país con una baja intensidad democrática».

ATENCIÓN PRESENCIAL CIUDADELA

Por otro lado, la Comisión ha aprobado una segunda PNL, presentada por el Grupo Popular, con la que insta al Govern a restablecer y recuperar en Ciudadela la atención presencial de los servicios de atención social a las personas que dependen de la comunidad autónoma.

Entre otros puntos, también se pide al Govern restablecer y recuperar esta atención presencial para agilizar la gestión y evitar desplazamientos, y a hacer un análisis de los servicios que gestiona en Menorca para mejorar y agilizar su ejecución y eficacia.

El Museo Nacional de Altamira recibió en 2020 más de 98.000 visitantes a pesar de la situación sanitaria marcada por el coronavirus, además de que albergó dos exposiciones temporales y más de 250 actividades en las que participaron alrededor de 5.000 personas.

La programación del 2021 incluye cuatro exposiciones temporales que se van a celebrar a lo largo del año, comenzando por ‘Kiputz. Un abismo en la Prehistoria’, que se presentará el próximo martes, 30 de marzo.

Así se ha anunciado este jueves tras reunirse la Comisión Permanente del Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en un encuentro telemático en el que se ha hecho balance del año 2020, se ha dado a conocer la programación de 2021 y se han presentado tanto proyectos de investigación arqueológica como para la conservación de la cueva.

Además, en la reunión se ha informado del desarrollo de las visitas a la cueva de Altamira desde que se reanudaran con el nuevo sistema de selección de visitantes en agosto de 2020, así como la aplicación de los protocolos relacionados con la conservación preventiva de la cueva, según ha informado el museo en nota de prensa.

El encuentro ha sido presidido por la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, Dolores Jiménez-Blanco; y ha contado con la participación de la subdirectora general de MuseosEstatales, Carmen Jiménez; el director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón; y la directora del Museo de Altamira, Pilar Fatás.

La subdirectora general de Museos Estatales ha informado sobrela integración del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en la Mesa Técnica de Sostenibilidad en el marco de la Programa Internacional Ibermuseos.

Este programa reúne a 13 países con el objetivo de contribuir a la articulación de las políticas públicas museológicas en Iberoamérica, favoreciendo el desarrollo sostenible y la integración regional de los museos.

Esta Comisión Permanente, compuesta por cinco de sus patronos, se reúne de manera periódica para dar seguimiento a las cuestiones que se tratarán en los plenos, además de tener una serie de funciones plenarias delegadas, como informar de los asuntos relacionados con las colecciones, la aceptación de donaciones, las salidas de fondos, las inversiones, proyectos de investigación o la programación de exposiciones temporales.

Igualmente, tiene encomendado informar y aprobar los tratamientos de carácter extraordinario o de especial importancia para la conservación de la cueva de Altamira y el resto de patrimonio encomendado al Museo.