El buque 'Prometheus Leader', que permanecía confinado en el Puerto de Vigo desde el martes 27 de abril, ha evacuado al hospital a los tres marineros que dieron positivo y que todavía permanecían a bordo y, tras el cambio de tripulación y completar su operativa de carga de vehículos para exportar, continuará su singladura.

Así lo ha comunicado este miércoles la Autoridad Portuaria de Vigo, toda vez que Sanidad Exterior confirmó que el buque finalizó este martes el periodo de cuarentena, iniciado después de que varios de sus tripulantes diesen positivo en la variante india de covid-19.

Fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas), han informado de que la pasada noche los tres marineros positivos que continuaban a bordo ingresaron en el Hospital Vithas de Vigo (antiguo Fátima). Con ello, las 8 personas de este barco diagnosticadas con covid están hospitalizadas, todas ellas "estables" y una de ellas en la UCI desde este martes.

Tras la desinfección del barco y el cambio de tripulación, el 'Prometheus Leader' se trasladará "en próximas horas" a la Terminal de Transbordadores de Bouzas para completar su operativa de carga de vehículos para su exportación, según ha informado la Autoridad Portuaria. Posteriormente partirá desde el Puerto de Vigo para continuar con su singladura.

Además de este barco, hay un segundo buque aislado en Vigo, el 'Emerald Leader', en el que han dado positivo en covid un total de 10 personas. De ellos, hay cuatro hospitalizados. El servicio de Microbioloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) está realizando la secuenciación de las muestras para determinar la variante del virus que afecta a este brote.

En días previos se detectaron en Vigo otras personas contagiadas con la variante india de covid-19. Se trata de una mujer de 66 años que llegó a la ciudad olívica procedente de Nueva Delhi vía Barajas, y de un hombre que permanecía ingresado por diversas patologías en el Hospital Vithas y su esposa.

CRIBADO EN EL PUERTO

La Autoridad Portuaria de Vigo también ha indicado que en el cribado masivo al que fueron citados este lunes 1.200 trabajadores del sector pesquero de la ciudad, participaron un total de 905 personas, entre las que se han detectado un total de 21 casos positivos --lo que representa un 2,3 % del total--.

Así, entre las 8,00 y las 15,00 horas de este lunes, al Mercado del Puerto Pesquero --antigua lonja de bajura-- acudieron a realizar la prueba un 75 por ciento de las personas convocadas. En este sentido, la Consellería de Sanidade y la Autoridad Portuaria han "valorado positivamente la eficacia" de este método de detección precoz.

Tras el estudio epidemiológico, Sanidade ha procedido a aislar a los infectados y sus contactos estrechos y se ha puesto en contacto con las empresas en las que trabajan los 21 positivos. Además, la institución portuaria ha indicado que "habrá que determinar si estos positivos presentan la enfermedad activa o si ya la han pasado".

Finalmente, ha comunicado que ambas administraciones estudian la posibilidad de realizar un nuevo cribado en el Puerto Pesquero de O Berbés dirigido a aquellas personas que no pudieron acudir a la cita del pasado lunes. "Una acción preventiva para detectar y contener posibles infectados por el virus", ha concluido.

La comisión sobre la 'Operación Kitchen' interrogará este jueves al que fuera máximo jefe operativo de la Policía en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario jubilado Eugenio Pino, y a Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, víctima de los seguimientos que está investigando la Audiencia Nacional en una pieza del conocido como 'caso Villarejo'.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía cuando era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido señalado como uno de los principales responsables del operativo por el que se captó al chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente de los agentes que actuaron supuestamente sin cobertura jurídica y utilizando fondos reservados.

CITADO EN VARIOS SUMARIOS

Eugenio Pino ha sido mencionado en multitud de ocasiones, tanto en sede judicial como por sus compañeros de la Policía que le han precedido en la comisión 'Kitchen' del Congreso. Su nombre ha aparecido en otros tantos sumarios como el del 'Pequeño Nicolás' o el pendrive fantasma sobre la familia de Jordi Pujol.

El comisario ya jubilado, de hecho, declaró en 2017 en el marco de otra comisión de investigación en el Congreso, que recoge en sus conclusiones que el PP hizo un uso partidista de las instituciones durante el mandato de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

De sus comparecencias en sede judicial ha trascendido momentos de tensión con el juez instructor, Manuel García Castellón, como ocurrió en octubre en una declaración en la que aseguró que 'Kitchen' eran "retales del caso Bárcenas". "De retales nada", le corrigió el magistrado.

Pino señaló como el impulsor de 'Kitchen' a otro comisario de la Policía, Andrés Gómez Gordo, que fue hombre de confianza de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y que ya ha comparecido también ante la comisión 'Kitchen', aunque evitó responder a los diputados para no perjudicar su estrategia de defensa.

Por el sumario ha trascendido que el ex DAO intercambió mensajes de Whatsapp con la cúpula de Interior, en concreto con el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, preocupados ambos tras la detención de José Manuel Villarejo. Otros mandos sitúan a este polémico policía como alguien que actuó con la cobertura de Eugenio Pino.

ROSALÍA IGLESIAS POR VIDEOCONFERENCIA

La segunda compareciente de este jueves será Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, que responderá a las preguntas de los portavoces por videoconferencia. Ambos se encuentran cumpliendo condena, en el caso de ella en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco desde el pasado mes de noviembre, al ser condenada a 12 años y 11 meses por la primera época de la trama Gürtel.

El testimonio de Rosalía Iglesias ha sido clave para apuntalar la participación de una serie de policías en un operativo de vigilancia tanto en las inmediaciones del piso de los Bárcenas como en la calle General Díaz Porlier de Madrid, donde tenía el estudio de restauración de arte la mujer del extesorero del PP.

Rosalía Iglesias y su hijo fueron retenidos en su domicilio por un falso cura cuando ya había estallado el conflicto entre Luis Bárcenas y el PP. La mujer del extesorero 'popular' relató que los funcionarios policiales que le asistieron le entregaron un terminal móvil que, en el transcurso de la investigación, fue requerido como prueba por si la función real fue utilizarlo para "controlar su ubicación o incluso sus comunicaciones de forma ilícita".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles al primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, el firme respaldo de España a la entrada del país balcánico en la UE, elogiando las reformas que ha llevado a cabo con vistas a su adhesión.

Sánchez ha mantenido un almuerzo de trabajo con Zaev en el marco de la primera visita de un jefe de Gobierno del país balcánico en sus 30 años de historia, en el que ambos han tenido ocasión de hablar sobre el proceso de adhesión y también sobre la gestión de la pandemia, según ha informado Moncloa.

Respecto a la primera cuestión, el presidente del Gobierno ha defendido que la UE debería dar un nuevo impulso a su ampliación a losBalcanes Occidentales y ha reconocido los esfuerzos de Skopje para acometer reformas como la del poder judicial y los avances realizados en transparencia y lucha contra la corrupción.

Por lo que se refiere a la COVID-19, el presidente del Gobierno ha celebrado el nuevo envío a través de COVAX de 650.000 dosis de la vacuna Pfizer/Biontech a los Balcanes Occidentales, 120.000 de las cuales corresponderán a Macedonia del Norte, lo cual permitirá aclerar la vacunación en el país.

Además, ha abogado por el establecimiento de un "claro" mecanismo de donación en el seno de la Unión y le ha trasladado la propuesta que hizo llegar hace unos días a sus socios europeos en la que se busca aunar la liberalización de patentes con transferencia de conocimiento y tecnología, incremento de la producción y distribución de las dosis a nivel mundial.

Sánchez y Zaev también han tenido ocasión de abordar la relación bilateral, que consideran excelente y con reuniones periódicas al más alto nivel, y han explorado vías de cooperación en sectores económicos que el Gobierno normacedonio busca impulsar con nuevas inversiones, como energías renovables, tratamiento de aguas e infraestructura ferroviaria.

RECONOCIMIENTO AL SENADO

Antes de ser recibido en La Moncloa, el presidente macedonio ha aprovechado su visita a España para acudir al Senado y agradecer expresamente a la Cámara y a su presidenta, Pilar Llop, que celebrara una sesión plenaria en lo más duro del confinamiento por el coronavirus para ratificar la incorporación de Macedonia del Norte a la OTAN.

El pasado 17 de marzo, días después de decretarse el estado de alarma y el confinamiento en España, el Senado efectuó un histórico Pleno casi sin senadores presenciales, y con votos a distancia, para aprobar la incorporación del país balcánico a la Alianza Atlántica, que se firmó en febrero de 2019 y que España estaba pendiente de ratificar.

Por aquel entonces, el Ejecutivo de Macedonia agradeció a España que culminara su proceso de ratificación de su entrada en la OTAN. Hoy, en su visita oficial, Zaev ha querido agradecer en persona a la presidenta del Senado este gesto, además de transmitirle su gratitud por el papel de España en el proceso de integración de Macedonia del Norte en la UE, según han informado fuentes parlamentarias.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL COP26

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno se ha reunido previamente esta mañana con el presidente de la COP26, Alok Sharma, a quien ha trasladado el compromiso de España con la transición ecológica y su determinación con hacer todo lo posible para elevar el nivel de ambición climática a nivel mundial en la Cumbre de Glasgow que se celebrará en otoño.

Asimismo, según ha informado Moncloa, Sánchez ha aprovechado el encuentro para compartir con Sharma la experiencia de la organización de la COP25, que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2019.

Como ejemplo de este compromiso, ha precisado el Gobierno en un comunicado, España se ha adherido este miércoles a Powering Past Coal Alliance, una iniciativa liderada por Reino Unido y Canadá para que gobiernos, empresas y organizaciones aceleren la transición del carbón a las energías limpias y por la que se comprometen a dejar de usar este combustible en 2030.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha reprochado al que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas "mala praxis" por "abusar de la confianza" depositada en él para llevar las cuentas del partido, así como para anotar ciertas cantidades en unos documentos que no hacían referencia a la contabilidad oficial de la formación política. En este sentido, ha señalado que tan sólo se han podido corroborar un "3,7 por ciento" de los apuntes reflejados en los conocidos como 'papeles de Bárcenas'.

Así lo ha manifestado Santos durante su informe final, el último que ha escuchado el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' antes de dejar el juicio "visto para sentencia". La formación política se encuentra en este procedimiento como presunto responsable civil subsidiario.

Según Santos, el partido no sabe por qué ni cuándo Bárcenas elaboró unos documentos sobre una supuesta caja 'b', pero ha destacado que en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, por la que el extesorero del PP está condenado a 29 años y un mes de cárcel, ya quedó acreditado que, "aprovechándose de su condición de gerente", llegó a disponer en cuentas en Suiza hasta "47 millones de euros".

"Lo que no se ha podido acreditar en este juicio es el origen de esos fondos porque no nos ha dado ninguna explicación", ha añadido el abogado del PP, que ha instado a Bárcenas a dar este tipo de explicaciones ante un tribunal para mostrar un "arrepentimiento total", ha dicho en alusión a la confesión de los hechos por parte del extesorero.

En este sentido, ha afirmado que Bárcenas ha dado en este juicio su "duodécima versión" de los hechos, llena de "incongruencias, medias verdades, dobles mentiras". Además, ha tachado de "impostura" su disposición a colaborar con la Justicia porque "conoce perfectamente que después de su condena (por Gürtel) las consecuencias de asumir esta confesión no tiene ninguna trascendencia penológica para él".

LOS PAPELES DE BÁRCENAS, UNA "CORTINA DE HUMO"

Sobre los 'papeles de Bárcenas', el letrado, cuyo objetivo en este juicio ha sido desacreditarlos, ha asegurado que el extesorero los confeccionó para que sirvieran de "cortina de humo para distraer a los tribunales y centrar la atención en la presunta financiación irregular del PP" y él "pasar a un segundo plano.

"Qué casualidad que estos papeles del señor Bárcenas salgan a la luz en el momento en que se tiene conocimiento de que ha llegado a la Audiencia Nacional los documentos de la comisión rogatoria de sus movimientos en Suiza", ha indicado el abogado del PP.

Asimismo, ha resaltado que el extesorero y exsenador 'popular' ofreció una explicación "ilógica e irracional" sobre por qué tenía dos versiones sobre unos mismos apuntes, apareciendo en una de ellas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y en otra no.

Con todo ello, Santos ha enfatizado que en cualquier caso "son documentos privados, fotocopias" y que "solo el 3,7 por ciento han podido corroborarse por otro medio de prueba".

Ese porcentaje hace referencia a los "seis testigos" que han reconocido en sede judicial haber recibido unas cantidades del partido popular, ha explicado el abogado, al tiempo que ha precisado que se trata de ayudas que dio el PP a gente cercana al partido como víctimas del terrorismo "en un momento, en los años 90, en las que sufrían el más absoluto abandono por las instituciones del Gobierno y por todos.

"No tenía ningún interés el PP en ocultar estas ayudas que se ocultaron", ha asegurado Santos achacando a "una mala praxis de Bárcenas como gerente" que estas entregas aparezcan en los documentos sobre la presunta caja 'b' y no en la contabilidad oficial.

Así, para el abogado del PP, Bárcenas no sólo eludió los controles del partido con estas anotaciones, sino que "abusó de la confianza" que le había dado el partido y que había depositado en él el entonces tesorero, el fallecido Álvaro Lapuerta.

TESTIGOS QUE NO RECONOCIERON LOS APUNTES DE BÁRCENAS

Para ahondar en la falsedad de los apuntes, ha indicado que una "treintena" de testigos no los han corroborado. Por un lado, empresarios que no reconocieron haber donado dinero al partido y por otro, "expresidentes del Gobierno, exsecretarios generales, exministros, exdiputados y exsenadores que han negado" haber recibido complementos salariales procedentes de la caja 'b'.

Ha añadido que otras de las personas que han testificado en la vista oral también han descrito al extesorero como "una persona hermética, distante, reservada, que tenía una caja de seguridad en su despacho, que se encerraba en el mismo y que tenía el control absoluto de las finanzas, de la contabilidad, que hacía y deshacía como quería, que era como un dios".

Durante su intervención, el abogado del PP también ha cargado duramente contra el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, que dio validez a los 'papeles de Bárcenas'.

Ha subrayado que el inspector respondió a preguntas de las partes, especialmente a las suyas, con "respuestas inexactas" y que el tribunal le tuvo que llamar la atención por eludir preguntas con "silencios".

En contra de los informes de la UDEF, ha puesto de relieve, entre otros, los elaborados por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que tacharon los 'papeles de Bárcenas' de "chapuceros" y señalaron que las anotaciones de pago de sobresueldos a exdirigentes del PP parecían que tenían la intención de "perjudicar a los que ahí aparecen".

CONDENA EN COSTAS A LAS ACUSACIONES POPULARES

Por último, el PP ha interesado que se condene en costas a las acusaciones populares por realizar acusaciones "sin fundamento, sin consistencia técnica y con una desmesura que no puede salir gratis" y con el fin de "desgastar" políticamente al partido.

"Han sido temerarias, infundadas y contrarias a los principios de buena fe y legalidad", ha concluido Santos, al tiempo que ha puesto de manifiesto que incluso una de ellas, la de Izquierda Unida llegó a acusar por el delito de organización criminal aunque no estaba "vigente" en el momento de los hechos enjuiciados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un artículo en 'Financial Times' en el que defiende la liberación de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, avisando de que la propiedad intelectual "no puede ser un obstáculo" para garantizar el acceso equitativo y universal a las mismas y que es "clave" para poner fin a la pandemia.

A su juicio, urge buscar un consenso, como han pedido algunos países, sobre la propuesta de Estados Unidos de una exención temporal de ciertas obligaciones en el marco del acuerdo de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19. Además, en preparación para futuras emergencias sanitarias, Sánchez ha abogado por considerar la posibilidad de adaptar las normas mundiales sobre derechos de propiedad intelectual.

No obstante, en el artículo, el presidente del Gobierno ha avisado de que los derechos de propiedad intelectual son "solo una parte de la ecuación", recordando que más de 80 patentes están involucradas en la creación de una vacuna de ARNm, cuya producción involucra 280 componentes diferentes provenientes de 86 proveedores en 19 países, y cuyo almacenamiento y distribución requiere una logística muy compleja.

Por ello, prosigue, el Ejecutivo propone una la aprobación una iniciativa integral que facilite la transmisión de la tecnología y experiencia necesaria, se eliminen todas las barreras para aumentar la producción y acelere la distribución de vacunas.

"Hasta que se alcance un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio debemos implementar todos los mecanismos disponibles para incentivar a las empresas farmacéuticas a celebrar acuerdos de licencia voluntaria, así como la puesta en común de todas las formas de conocimiento relacionadas con el virus. La próxima cumbre mundial de salud del G20 y la Asamblea Mundial de la Salud deben utilizarse para alentar a la industria a transferir los conocimientos técnicos necesarios", ha destacado Sánchez.

Dicho esto, ha subrayado la importancia de aprovechar "al máximo" las capacidades de fabricación existentes, al tiempo que se eliminan los obstáculos comerciales y se garantiza el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro. "Debemos evitar la existencia de recursos subutilizados e identificar rápidamente tanto los excedentes como la escasez de artículos esenciales, ayudando a optimizar la distribución de suministros", ha argumentado.

Además, Sánchez ha destacado la necesidad de que todos los países se comprometan a aliviar o eliminar todos los obstáculos al comercio, incluidos los derechos de importación y las prohibiciones de exportación, a lo largo de la cadena de valor de fabricación, cubriendo las vacunas terminadas y las materias primas y componentes necesarios para producirlas.

Otras propuestas que el presidente del Gobierno ha plasmado en el artículo pasan por acelerar el transporte, distribución y la entrega de vacunas, tanto entre países como dentro de ellos. "Covax debe recibir el apoyo financiero y no financiero que necesita para cumplir el objetivo de entregar al menos 2.000 millones de dosis para fin de año", ha zanjado.

El Gobierno central ha replicado a la Xunta que es "competencia" de la Administración gallega "ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a los bienes muebles e inmuebles del Pazo de Meirás.

Así lo ha trasladado después de que el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Roddríguez, pidiese al Ejecutivo central "herramientas" para preservar los bienes con todas las garantías jurídicas y señalase que los servicios jurídicos autonómicos consideran que debe ser el Estado, como propietario actual, quien ejecute los trámites para ampliar la declaración BIC de 2008 del pazo.

Según informa el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el 7 de mayo se envió un escrito en el que "se recuerda al Ejecutivo autonómico que es obligación de la Administración del Estado, como propietaria del Pazo de Meirás, poner en conocimiento de la Xunta de Galicia la existencia de diversos bienes, muebles o inmuebles, claramente asociados a los valores históricos que justificaron la declaración del BIC del pazo de Meirás".

"Y solicitar de dicha Administración la iniciación del procedimiento de modificación de la declaración de bien interés cultural de las Torres de Meirás para incluir en ella la identificación y la descripción de las partes integrantes y los bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, se deban incorporar a la declaración", apunta.

El Gobierno central justifica que la competencia para la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento corresponde a la Xunta de Galicia por tratarse de la modificación de un decreto de la Xunta y porque, añade citando la Ley de Patrimonio Histórico Español, es "competencia de las comunidades autónomas la declaración de bien de interés cultural".

Sobre este particular, explica que la Abogacía del Estado concluye en un informe que la competencia para la declaración de BIC de los bienes de Meirás corresponde a la Xunta y no a la Administración central. También sostiene que ésta puede solicitar de la Comunidad Autónoma de Galicia la iniciación del procedimiento para declarar o completar la declaración de BIC, como parte interesada.

"OBJETIVO COMÚN", PARA MIÑONES

Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se ha mostrado este miércoles optimista sobre "el objetivo común" de las administraciones de lograr que los bienes muebles del pazo se mantengan en Meirás.

Un proceso en el que, según Miñones, la "aportación" de la Xunta a la hora de las declaraciones como bienes de interés cultural (BIC) "va a ser muy importante".

En este sentido, ha apuntado que los servicios jurídicos del Estado y la Xunta mantienen sus colaboración para "conseguir que cuanto antes se puedan declarar como BIC todos los bienes muebles" y "todo sea más fácil" para lograr que los herederos del dictador no retiren los elementos que alberga el complejo de Sada.

PETICIÓN DE SADA

A su vez, el alcalde de Sada, Benito Portela, en representación del Ayuntamiento, ha presentado formalmente ante la Consellería de Cultura un escrito de solicitud para la modificación del Decreto BIC del Pazo de Meirás del 2008, según informa.

En el escrito justifica la necesidad para "la incorporación de una relación detallada de bienes muebles asociados a la categoría de sitio histórico y al establecimiento de un régimen transitorio de usos del inmueble". "Dado el pretendido destino dotacional público del mismo y hasta la aprobación y entrada en vigor del plan especial de protección".

En la solicitud, el Ayuntamiento de Sada recuerda anteriores escritos dirigidos por el alcalde al conselleiro de Cultura, así como acuerdos plenarios en los que se instaba a la Xunta a modificar, y con urgencia, el Decreto 299/2008, de declaración BIC.

"Una modificación BIC que otorgaría, ya desde el momento de su incoación y publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la tutela y protección a dichos bienes muebles, lo que evitaría el vacío material del pazo que pretenden los herederos del dictador", argumenta.

Además, sostiene que los incidentes de ejecución presentados por Sada y el Estado y los recursos de reposición de las administraciones no deben impedir que la Xunta acuerde la modificación BIC "para dar mayor seguridad jurídica de futuro". Como el Gobierno, defiende que es la Administración gallega "quien ostenta la plena y exclusiva competencia para tal modificación".

Cermi apoya la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que tramita el Parlamento de Andalucía, que considera necesaria para reforzar la protección y apoyo a las personas más vulnerables como son los niños y adolescentes con discapacidad, aunque ha pedido "una apuesta más firme u contundente" con este colectivo por su "alto grado de exclusión y desigualdad que le lleva a contar con menores oportunidades y con un mayor grado de empobrecimiento respecto a la población general".

Así lo ha dicho en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento la presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, que ha subrayado que el enfoque de la discapacidad debe ser transversal y un principio rector de la nueva norma, además de plantear un mayor y más claro reflejo en la ley de la exigencia de la accesibilidad universal, junto a otras demandas prioritarias para las personas con discapacidad, según detalla la organización en una nota de prensa.

Castillo ha compartido los principios de la perspectiva de género, la equidad, el interés superior del menor o la prioridad presupuestaria que recoge la ley, además de considerar muy positivo que en varios puntos del articulado se haga mención expresa a los niños y adolescentes con discapacidad.

Cermi reclama una mayor protección de los menores frente a la violencia y que se tenga en cuenta la discapacidad como factor de riesgo y exclusión. Por ello, "debe garantizarse la formación permanente al personal sanitario, de la administración y de las entidades sociales para identificar y detectar señales y síntomas de cualquier forma de maltrato, abuso, negligencia y abandono con respecto a estas personas".

"La discapacidad y el género son factores clave en la problemática de la violencia que en los menores provoca una mayor victimización y violencia, especialmente hacia las niñas y adolescentes. La incorporación de la perspectiva de género y discapacidad debe hacerse, por tanto, en todas las medidas relacionadas con la violencia hacia estas personas", añade.

Marta Castillo ha resaltado también que la educación pública "está aún muy lejos de ser un modelo inclusivo y no sexista", ya que los menores con discapacidad "no pueden ejercer el derecho a acudir al centro educativo más cercano al no contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades específicas". Además, la brecha digital "también les afecta sobremanera y este déficit ha de corregirse".

En cuanto a las prestaciones económicas para menores en régimen de acogimiento, pide tener en cuenta que lo costes de vida de una persona con discapacidad es mayor y los gastos añadidos por razón de discapacidad que asumen las familias con algun hijo en esta circunstancia son un 30% más que los de las familias sin miembros con discapacidad, por lo que reivindica una cuantía superior para garantizar la igualdad de estas personas.

Por último, en el ámbito de la cultura, reclama un nuevo diseño de espacios y recursos que tengan en cuenta el principio de accesibilidad universal y la perspectiva de género y de discapacidad para hacerlos más inclusivos e igualitarios.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su "agradecimiento" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la "sensibilidad" que, a su modo de ver, evidencia al ratificar las medidas de restricción impulsadas por el Gobierno autonómico frente a la covid-19 y que requerían de autorización judicial.

En concreto, el TSXG ratifica el cierre perimetral y el toque de queda entre las 23 y las 6 horas en los ayuntamientos gallegos en riesgo extremo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) y las restricciones en las reuniones, tanto para este grupo de municipios como en toda Galicia entre la 1 y las 6 de la madrugada.

Además, las reuniones de no convivientes están limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro personas en interiores, incluidos los domicilios privados, en el conjunto de municipios gallegos. En el caso de los que tienen restricciones máximas, no puede haber encuentros de personas que no convivan.

Tras conocer la decisión, Feijóo ha celebrado que el alto tribunal gallego aceptase los razonamientos articulados por la Asesoría Xurídica, cuyo trabajo ha destacado, así como "el rigor" y el trabajo tanto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) como del comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico desde el principio de la pandemia.

Más allá, ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y la "situación pintoresca" --con decisiones contradictorias de los tribunales en los distintos territorios del Estado sobre las mismas medidas-- a la que, bajo su punto de vista, aboca al "judicializar" la gestión de la pandemia. "Estamos sin rumbo y sin capitán", ha afeado, para añadir que cada comunidad sigue una "carta de navegación distinta" y trata de "llegar a puerto como puede".

En este punto, ha remarcado que la Xunta defiende desde hace meses la necesidad de adaptar la ley estatal para la gestión específica de la covid-19 y ha leído un parágrafo del pronunciamiento de la Fiscalía --en el marco del procedimiento para el aval judicial de las nuevas medidas-- en el que, según sus palabras, también defiende que sería "conveniente" dotarse de una norma estatal adecuada.

PEDIRÁ NUEVAS MEDIDAS SI ES PRECISO

Sobre el paso del TSXG, ha remarcado que se avalan todas las demandas del Ejecutivo autonómico y ha insistido en felicitar al comité --del que parten, había dicho previamente, "el 99,9%" de las decisiones que adopta la Xunta por sus "medidas razonadas y epidemiológicamente construidas".

"Vamos a seguir trabajando con el mismo rigor", ha esgrimido el mandatario autonómico, antes de añadir que las medidas se revisarán en el plazo fijado --están en vigor hasta el 22 de mayo--. Además, tras agradecer "la enorme responsabilidad" de la Fiscalía Superior y de la sala del TSXG que ha adoptado la decisión judicial, ha avanzado que, si la situación epidemiológica lo exige, la Xunta adoptará nuevas medidas y pedirá la autorización judicial.

VE "IRRESPONSABLE" QUE LOS JUECES "GOBIERNEN LA PANDEMIA"

Más allá, ha cargado contra una situación que, a su modo de ver, "no puede ser más pintoresca", con decisiones "contradictorias" entre distintos territorios e incluso salas de una misma comunidad --ha puesto el ejemplo de Andalucía--, y ha acusado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez de provocar esta situación con su "negativa" a adaptar la ley orgánica para la gestión de la covid.

"No podemos hacer responsables a los jueces de la falta de una legislación específica para la pandemia. Es absolutamente irresponsable decir a los jueces que gobiernen la pandemia cuando tiene que gobernar el Ejecutivo", ha aseverado, antes de insistir en la situación de "inseguridad jurídica" en la que "navegan" las comunidades.

De hecho, ha recurrido al símil de una travesía para argumentar su postura. "Estamos sin rumbo y sin capitán, y cada uno intentando llegar a puerto como puede, con una carta de navegación distinta y tratando de interpretar qué decisiones podemos tomar", ha esgrimido.

"SI TUVIESE LA INCIDENCIA DE EUSKADI, LO PEDIRÍA"

Sobre la opción de pedir el estado de alarma para la Comunidad si la situación epidemiológica se complica en Galicia, Feijóo se ha pronunciado en la misma línea que lo hizo en la pasada jornada y lo ha situado como última opción. Pero ha admitido que, si la pandemia se descontrolase y los jueces no avalasen las medidas de la Xunta, lo haría.

"Si yo tuviese la misma incidencia que Euskadi, lo pediría", ha dicho Feijóo, quien ha recordado, en todo caso, que el gobierno vasco defendió mantener el estado de alarma y recibió la negativa del Ejecutivo de Sánchez.

En el caso gallego, en todo caso, ha insistido en que se sigue "siempre" el "mismo protocolo, el del asesoramiento del comité clínico". De su postura parten, ha dicho "el 99,9%" de las decisiones que se adoptan y se ratifican en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El Grupo Cinológico de la 15 Zona de la Guardia Civil de Galicia ha incorporado a su plantilla una perra detectora de cebos envenenados, que se produce después de meses con casos de este tipo registrados en la ciudad de Ourense.

Se trata de una Border Collie de 15 meses de edad llamada Trudi u está especializada en la detección de cebos envenenados. Así, desarrollará su labor bajo la supervisión del guía que la ha entrenado durante un año en los montes gallegos, tras haber superado satisfactoriamente todas las pruebas en la Escuela del Servicio Cinológico de la Guardia Civil en el Pardo (Madrid).

"Trudi, durante su adiestramiento, aprendió a través del juego a detectar los cebos envenenados y animales muertos por haberlos ingerido", subraya la Benemérita.

Con esta incorporación, la Guardia Civil asegura que tendrá "un mayor control", en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, "de esta práctica ilegal" contemplada en los artículos 336 y 337 del Código Penal.

Al respecto, recuerda que estos casos conllevan un castigo de prisión de cuatro meses a dos años o multa de 8 a 24 meses y, en cualquier caso, la inhabilitación para ejercer el derecho de cazar o pescar de 1 a 3 años.

El objetivo de estas prácticas, añade la Guardia Civil, "es exterminio de depredadores en el área donde se depositan, originando un grave problema medioambiental, por los daños indiscriminados que produce".

MESES CON CASOS

Precisamente, Ourense ha registrado numerosos casos en los últimos meses. La asociación de voluntarios Agallas ha denunciado que, aunque con anterioridad la mayor parte de las trampas se encontraban localizadas en el barrio de O Vinteún, cada vez son más las zonas afectadas en la última temporada especialmente en los parques caninos.

Precisamente, esta ha sido la localización del último incidente este pasado fin de semana, en el que se tuvo que desalojar el parque canino de Salesianos, situado junto al Puente Romano, y proceder a su limpieza después de que la Policía Local fuese advertida de que se habían encontrado nuevos cebos.

En esta ocasión el perro afectado llegó a ingerir veinte alfileres ocultos en el interior de salchichas o pedazos de paté y tuvo que ser operado de urgencia, aunque ya "se recupera con normalidad".

Sin embargo, el problema de los cebos con alfileres en la ciudad de Ourense viene de largo. En el mes de enero se saldó con la muerte de un cánido en la zona de O Vinteún, por ello las distintas asociaciones como Agallas o la Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense, Apmou, solicitaban la colaboración de la Policía Local.

MEDIDAS POLÍTICAS

En este mismo sentido, el pasado mes de marzo, el Partido Popular solicitó en el pleno la adopción de "medidas urgentes y contundentes contra la situación de maltrato animal", y la concejala Ana Morenza defendía que "el Ayuntamiento tiene la obligación de salvar la seguridad de toda la ciudadanía y de luchar" contra este tipo de casos.

Entre las peticiones realizadas se solicitaba que el Ayuntamiento de Ourense instalase cámaras de videovigilancia en todos los parques caninos con la intención de evitar esta situación y atrapar a la persona o personas que estuviesen detrás de los hechos.

En su momento el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, trasladaba la complicación de que se pudiese llevar a cabo la instalación de tales cámaras, por tratarse de un sitio público en el que habría que pedir permiso a la Subdelegación del Gobierno y que no supondría una solución "eficiente" ni "a corto plazo".

En esa posición se ratifica Ucha apuntando que la petición "fue rechazada por la Subdelegación" y que "aún en caso de realizar otra y que se acepte, lleva un plazo por el que no estarían antes de tres meses". Así ha comunicado que se plantean otras medidas como "cerrar los parques solo para mascota con acompañantes porque entendemos que alguien que va con su perro no haría esto".

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha denunciado este miércoles en el Congreso la "precariedad crónica" que, según ha explicado, padece este órgano, una situación que, ha resaltado, no afecta a su imparcialidad, pero sí a un "independencia de actuación", puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, Rodríguez Álvarez, ha señalado que el Consejo, creado en 2013, en un contexto de crisis económica y austeridad, quedó "a medio hacer" y es urgente "acabar de crearlo", entre otras cosas modificando su estructura orgánica.

Rodríguez Álvarez, propuesto para el cargo por el Gobierno de coalición, ha indicado que el Consejo cuenta con una plantilla de tan sólo 24 personas, incluido él mismo, y con un presupuesto de 2,38 millones que es "manifiestamente insuficiente".

Según los cálculos más conservadores, ha apuntado, para poder desarrollar eficazmente su labor, habría que duplicar esa cantidad, puesto que su escasez de recursos le ha impedido poner en marcha algunas de las funciones que tiene encomendadas.

El presidente del Consejo ha dicho que con su estatuto de autoridad independiente vinculada al Ministerio de Política Territorial, este organismo puede cumplir sus fines si se le dota de recursos, pero se ha abierto a la posibilidad de "dar un paso más" y que, en lugar de estar vinculado a un ministerio, se le vincule al Parlamento, como ocurre en otros países y en algunas comunidades autónomas.

A su juicio, eso "supondría un avance" y, además, sería congruente con el hecho de que, aunque es el Gobierno el que propone el candidato a presidente del Consejo, su nombramiento debe ser refrendado por mayoría absoluta de la comisión correspondiente del Congreso y es ante esta Cámara ante la que rinde cuentas.

El Grupo PRISA se ha sumado al proyecto 'JOBS 2030 - Futuro del Trabajo', una iniciativa impulsada por Forética, que persigue avanzar en el crecimiento sostenible de la sociedad garantizando la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el grupo de comunicación, que ha añadido que "reafirma así su compromiso con el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), uno de sus objetivos prioritarios".

El proyecto está alineado con el 'European Pact for Skills' puesto en marcha por la Comisión Europea, y tiene como objetivo apoyar y visibilizar la acción empresarial en el desarrollo del empleo justo e integrador, especialmente tras el impacto de la crisis del COVID-19, y los principales desafíos que la sociedad afronta con la transformación digital, prestando especial atención a los grupos más vulnerables.

Se ha presentado en un encuentro virtual celebrado este miércoles, enmarcado en el Mes Europeo de la Diversidad, y ha sido inaugurado por Julio Mariano Carballo, director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Por su parte, el director de Retina ('El País') de PRISA, Jaime García Cantero, ha aportado la visión sobre cómo la transformación digital puede generar mayores niveles de inclusión y oportunidad para los colectivos más vulnerables, siempre que integre la visión de la sostenibilidad en el proceso, en línea con los Principios presentados por Forética en el marco del proyecto JOBS 2030. Además, en este encuentro se han analizado iniciativas inclusivas de alto impacto abordadas por ManpowerGroup, Fundación ONCE y Fundación Bertelsmann.

Las empresas pueden participar en el proyecto 'JOBS 2030 - Futuro del Trabajo' compartiendo aquí hasta el próximo 10 de septiembre sus iniciativas enfocadas en tres dimensiones estratégicas: Transformación tecnológica centrada en las personas; promoción y desarrollo de talento, habilidades y conocimientos; y diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Los proyectos seleccionados se destacarán a nivel europeo como las mejores soluciones de las empresas españolas al reto del futuro del trabajo.

El proyecto, liderado por Forética, cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y la colaboración de diferentes empresas y organizaciones como Grupo PRISA, ManpowerGroup y Fundación ONCE, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y CSR Europe.

Los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra, junto al Cabildo de Tenerife son también partners institucionales de la iniciativa. También las siguientes organizaciones empresariales: la Cámara de Cantabria, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Club Asturiano de Calidad, Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CERS), Eticentre, Respon.cat y Visión Responsable.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera "absurdo" el espacio que ocupan los coches en las ciudades y confía en que tras la anulación de 'Madrid Central' por parte del Tribunal Supremo la recuperación del espacio urbano para los vecinos sea "una realidad muy pronto".

Durante una rueda de prensa ofrecida junto a Alok Sharma, el presidente de la Cumbre del Clima (COP26) que se celebrará en Glasgow (Escocia, Reino Unido) el próximo mes de noviembre, con quien se ha reunido este miércoles en Madrid, la vicepresidenta ha manifestado que en su opinión "es absurda" la "cantidad de metros cuadrados" que emplean los vehículos privados en las ciudades que en el caso de España tienen "la gran ventaja" de tener un buen tamaño en accesibilidad y, en la mayor parte de los casos, sistemas de transporte público de calidad "muy elevados".

Tras explicar someramente a Sharma que el Tribunal Supremo ha anulado la zona de bajas emisiones de Madrid Central "por determinadas cuestiones de forma" respecto a las limitaciones de movilidad en vehículos con motor de combustión en el centro de la capital.

Sin embargo, confía en que esta decisión pueda ser revertida pronto ya que la ley de cambio climático que previsiblemente aprobará mañana el Parlamento contempla el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes y para las de más de 20.000 cuando tengan problemas de contaminación del aire.

En ese contexto, ha añadido que "más allá de la valoración jurídica" su valoración política "es clara". Ribera ha insistido en que este es un "momento de compromiso de entendimiento total" de los ciudadanos sobre la importancia para la salud, para el bienestar de las personas, para la calidad del aire y para el confort en el centro de las ciudades, el hecho de contar con zonas de bajas emisiones.

De ese modo, se ha referido a Sharma, que "viene de Londres" donde hace muchos años los vehículos pagan una "tasa muy elevada" para acceder al centro de la ciudad" y que "ha logrado sacar de forma muy importante el tráfico del centro de la ciudad y favorecer el transporte público. Por ello, Ribera opina que para el presidente de la COP26 el fallo del Supremo sea "un poco llamativo".

Por otro lado, la ministra ha expuesto que el Gobierno de España "ya no está solamente comprometido con el multiateralismo y la agenda del clima", sino que ha trasladado a Sharma que está "a plena disposición" de la Presidencia de la COP26 para que esta sea "un éxito".

"Ha pasado mucho tiempo desde que acabara la COP25 en Madrid, con algunos temas abiertos en un momento difícil en el que la emergencia climática necesita respuestas sobre la base de un compromiso multilateral. Y este tiempo en el que hemos vivido con limitaciones, es el punto de vista del debate físico cara a cara, nos obliga en estos meses que quedan acelerar todos los esfuerzos diplomáticos para conseguir que la COP de Glasgow, o sea un éxito", ha manifestado.

No obstante, para la ministra representan "ventajas importantes" que Estados Unidos cuente ahora con una administración "comprometida" así como con la demanda social y con una comprensión social del mundo empresarial del mundo industrial y financiero "mucho más claras".

COP26 VALORA EL LIDERAZGO DE ESPAÑA

Por su parte, el presidente de la COP26 ha agradecido el "liderazgo" del Gobierno y de Teresa Ribera a nivel nacional e internacional, al tiempo que ha subrayado que es "muy bueno" que en este momento se de una alineación entre Gobierno, empresas y sociedad "que supone un punto de inflexión" para que "todos" hablen un mismo idioma en materias como crecimiento verde, protección ambiental y, al mismo tiempo, revedercer la economía y aumentar el empleo.

Respecto a la próxima Cumbre del Clima ha expuesto que el objetivo es "trabajar todos juntos" ya no solo para mantener el compromiso adoptado en la Cumbre de París para limitar a 2ºC el calentamiento del planeta sino para lograr en Glasgow limitar el aumento de la temperatura global hasta 1,5ºC.

Así, ha destacado la importancia de trabajar a nivel multilateral para lograr que "cada país, todos los países" se comprometan a alcanzar un nivel de emisiones netas cero y a lograr mayor financiación para los países en desarrollo. En ese aspecto, ha recordado que existe un compromiso de aportar 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo y considera que "ahora es muy importante como poner en marcha esta promesa".

Asimismo, ha añadido que otro de los asuntos "fundamentales" para la COP26 será cómo terminar de desarrollar las reglas del Acuerdo de París, por lo que confía en que los próximos seis meses que quedan hasta la cita de Glasgow se pueda dialogar y adoptar compromisos de cooperación "muy fuertes" en estos aspectos.

En ese sentido, ha manifestado que su misión es ayudar a los países a elevar su compromiso climático y ha ahondado en los beneficios ambientales y económicos de la acción climática y de alcanzar un compromiso de descarbonización de la economía hasta lograr el objetivo cero emisiones.

Finalmente, ha dado la "bienvenida al fantástico trabajo" que ha hecho España en relación con la aprobación mañana de la ley de cambio climático y ha incidido en que es preciso avanzar en el "corto plazo de 2030" hacia un compromiso de reducción mayor y a un incremento de los fondos para objetivos verdes.

"Estoy muy contento de que tengamos una Administración en Estados Unidos vuelva a estar en la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, estoy contento de que su ambición pueda animar a otros países", ha señalado respecto al cambio de rumbo en la política ambiental del país norteamericano tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden.

No obstante, ha agregado que "la ambición debe convertirse en acción" que tiene que ir "más rápido" porque "la realidad" es que la suma de esfuerzos actuales de todos los países llevará al planeta a un aumento de la temperatura media global de 2,4ºC.

"Francamente, esto es catastrófico para muchos millones de personas en todo el mundo. Por eso tenemos que trabajar para persuadir a todos en la necesidad de aumentar los compromisos de reducción de emisiones", ha concluido.

El Pleno del Senado ha dado luz verde, este miércoles a la Ley que elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara alta, a excepción de Vox, que ha decidido abstenerse. El texto regresa ahora al Congreso para culminar su aprobación.

Se trata de un texto que se centra en los términos "apoyo" y "respeto a la voluntad, con el objetivo de trasponer a la legislación española las reclamaciones de la ONU recogidas en el Convenio por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El articulado sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una "ayuda técnica" en materia de "comunicación" para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.

De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene "únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo".

La norma elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

REFORMA VARIAS LEYES

Además, aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. También la ley del Notariado y la Ley de Comercio se acomodan terminológicamente a estos cambios.

En el debate celebrado en la Camara alta, se ha mantenido el consenso que se registró en la tramitación en la Cámara baja, aunque algunos partidos como ERC o PNV han sido críticos con el PSOE, que tiene mayoría en la Cámara, por cómo ha liderado la negociación de la ley en el Senado.

Tal y como ha denunciado la portavoz de ERC en el debate, Laura Castel, de las 48 enmiendas registradas, 14 se le admitieron a trámite y sólo se había aprobado una por transacción. "Qué incentivo tenemos para aprobar este texto", ha preguntado la senadora, antes de reprochar a los socialistas que el consenso y las transacciones las han hecho "consigo mismos".

De este modo, y aunque los independentistas han señalado que no se pueden oponer a esta norma, sí han criticado que no se haya permitido debatir y negociaren el senado propuestas que ya habían sido rechazadas en el Congreso.

A esta misma actitud se ha referido la representante del PNV, María Rosa Peral, quien ha recordado a los socialistas que también ellos han registrado decenas de enmiendas tras el trámite en la Cámara baja. "Esto es un sistema bicameral", ha apuntado la senadora, quien ha indicado que su objetivo es "intentar" que se aprueben la mayoría de medidas que ellos consideran que mejoran el texto, además de haber "otras mayorías" que en el Congreso.

TRAMITACIONES POR URGENCIA

A estas críticas, el portavoz del PSOE en esta materia, José Aurelio Román, ha respondido que el objetivo de su formación, con mayoría absoluta en la Cámara, era "mantener" y "ampliar" los acuerdos que esta norma ha obtenido durante su tramitación y ha señalado que las enmiendas rechazadas lo han sido, efectivamente, por haber sido ya rechazadas en el Congreso, pero también por que se apartaban del sentir de la mayoría del Pleno o, en el caso de algunas de las de Vox, según ha explicado, "se apartaban del espíritu propio de la norma".

Aunque en otra materia, el PSOE también ha sido criticado por Junts. En este caso, ha afeado su costumbre de llevar leyes debate por el procedimiento de urgencia, una situación que, especialmente para los grupos más pequeños, impide un análisis tranquilo del texto y la presentación de enmiendas.

Así, ha celebrado que, en este caso, no haya recurrido a este tipo de trámite y que los ponentes se hayan podido "reunir más de una vez" para tratar el texto y se haya conseguido un "buen tono y clima de consenso" entre los políticos sobre esta materia.

El resto de formaciones que han apoyado el texto han puesto también en valor este acuerdo casi generalizado y los objetivos que va a alcanzar la ley. "No seremos noticia pero esto es política con mayúsculas", ha reconocido el portavoz de Ciudadanos en materia de discapacidad, Tomás Marcos, que ha destacado el paso que da España hacia una sociedad "más inclusiva, igualitarias y respetuosa con la diversidad".

VOX SE ABSTIENE

Desde el PP, los senadores Miguel Lorenzo y Violante Tomás, han llamado a realizar una "labor de pedagogía" para que los profesionales de la justicia, procuradores, registradores o graduados sociales lleguen a un "cambio de mentalidad" en cuanto al "respeto" de las personas con discapacidad. También han destacado el paso que ha dado el país para adaptarse al Convenio sobre los derechos de este colectivo.

El representante de Más País, Eduardo Fernández Rubiño, por su parte, ha celebrado que haya sido la Comisión de Discapacidad y no la de Justicia quien haya tramitado esta iniciativa; mientras que su homólogo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha calificado el día como "histórico" ya que, España a través de esta ley podrá hacer "realidad" muchas de las "esperanzas" del colectivo.

Por su parte, Vox ha decidido abstenerse en la votación. Según ha defendido su senador José Manuel Marín, esta norma no da cuenta debida de "la tradicional distinción" entre capacidad jurídica y la capacidad de obrar. A su juicio, "la dignidad" de las personas con discapacidad "no sufre porque su capacidad jurídica se vea limitada" y cree que se podría haber cumplido con la Convención de la ONU con otra interpretación.

Finalmente, ERC ha reclamado al Senado y al Congreso que una vez aprobada esta norma se reproduzca en su versión de lectura fácil y en braille y que se difunda entre las organizaciones que trabajan directamente con las personas con discapacidad.

La Comisión de Calidad Democrática del Congreso ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, citar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuya comparecencia había propuesto el PP para que expusiera sus 'recetas' para mejorar la protección de los denunciantes de corrupción.

La petición del primer partido de la oposición sólo ha encontrado el apoyo de Ciudadanos y Vox. La 'popular' Macarena Montesinos ha denunciado este "veto", que ella atribuye al "pavor" que provoca en los grupos que apoyan al Gobierno "que se expresen en esta comisión determinadas personas" como Delgado.

Por contra, la socialista Ariagona González ha señalado que Delgado ya comparece ante la Comisión de Justicia cuando es menester y que, en todo caso, en la de Calidad Democrática, debería hacerlo no ella, sino el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Se trata de la cuarta vez que se rechaza la comparecencia de Delgado en la comisión que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón. A principios de año, el PP ya propuso citar a la máxima responsable del Ministerio Público en el marco de la ronda de comparecencia abiertas por este órgano para recoger ideas destinadas a reforzar la independencia de los órganos reguladores.

La iniciativa se rechazó por dos veces. La primera fue en la Mesa de la comisión, donde sólo contó con el apoyo del representante 'popular', Jaime de Olano, mientras que el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y el presidente, Íñigo Errejón, se abstuvo.

Al no haber unanimidad el asunto se sometió después a votación en el plenario de la comisión, que rechazó citar a Dolores Delgado con los votos de los socios de los partidos del Gobierno. Sólo Vox y Ciudadanos respaldaron la petición del PP.

Tras la ronda de comparecencias para recabar ideas sobre el refuerzo de la imparcialidad de los reguladores, la Comisión de Calidad Democrática abrirá otra, con otros expertos, para buscar fórmulas que mejoren la protección de los denunciantes de corrupción.

OTRAS TRES PETICIONES RECHAZADAS

El PP intentó hace unas semanas que la comisión incluyera a Delgado en esa segunda tanda de comparecencias, pero se topó de nuevo con una votación desfavorable en la Mesa de la misma, aunque al no haber unanimidad el asunto se elevó de nuevo al plenario de la comisión, donde se ha discutido este miércoles y ha vuelto a ser rechazada.

En los últimos meses, la comisión también ha rechazado, primero en la mesa y después en pleno otras tres peticiones del PP. En concreto, los 'populares' pretendían llevar ante este órgano a la ex subdirectora general de Reclamaciones el Consejo de Transparencia, Esperanza Zambrano, cesada por el nuevo equipo de este órgano propuesto por el Gobierno, para que expusiera sus propuestas para mejorar su funcionamiento y, de paso, explicara la 'purga' de la que, denuncian, ha sido objeto.

El primer partido de la oposición también intentó, sin éxito, que se citara, en su calidad de denunciantes de corrupción, a dos exabogados de Podemos: José Manuel Calvente, quien denunció presuntas irregularidades cometidas por el partido como la contratación ficticia de la consultora 'Neurona' y Mónica Carmona, quien también ha denunciado irregularidades en el seno del partido morado.

Canarias ha registrado 192 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en las islas se eleva a 54.156 en el archipiélago, al tiempo que el número de fallecidos alcanza los 751 óbitos tras morir una mujer de 71 años en Tenerife vinculada a un brote familiar, que padecía patologías previas y permanecía ingresada en el hospital, según los datos que la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico avanza diariamente pasadas las 14.00 horas.

Así del total de casos, 2.642 se encuentran activos (-88), de los cuales 69 están ingresados en UCI, 241 están hospitalizados (-12) y 2.332 están en su domicilio (-76). Además, 50.763 personas ya han superado la enfermedad en las islas tras recibir el alta 279 en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias sube hasta los 40,35 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días crece a los 86,35 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 1.083.434 pruebas PCR en las islas, de las que 57.539 han dado positivo, lo que representa el 5,31 por ciento del total.

Por islas, Tenerife suma 71 nuevos contagios con un total de 23.518 casos acumulados, de los que 1.699 están activos epidemiológicamente (-115), 418 han fallecido (+1) y 21.401 han superado la enfermedad; mientras Gran Canaria cuenta con 22.073 casos acumulados (+59), de los que 720 están activos (-15), 261 han perecido y 21.092 recibieron el alta.

Lanzarote, por su parte, acumula 5.127 (+36), de los que 174 son activos epidemiológicamente (28), 48 han muerto y 4.905 recibieron el alta; Fuerteventura tiene 2.300 casos acumulados (+27), de los que 30 están activos (+11), 13 fallecieron y 2.257 han superado la enfermedad.

La Palma, por su parte, suma un nuevo caso con un acumulado 539, de los que nueve están activos (+1), seis han muerto y 524 superaron la enfermedad; El Hierro suma tres casos y acumula 366, de los que seis están activos (+2), cuatro perecieron y 356 han recibido el alta.

La Gomera no tiene nuevos casos y acumula 231, de los que hay tres activos, una persona ha fallecido y 227 superaron el virus.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan van a presentar una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado por el control de ungulados que se realizó en el Parque Nacional de Monfragüe el pasado día 22 de abril, en el que se produjo una "matanza" de unos 40 ejemplares de ciervo y jabalí, "sin seguir ningún tipo de criterio selectivo".

Los hechos tuvieron lugar en la finca 'Las Cansinas', propiedad del 'Organismo Autónomo de Parques Nacionales', en pleno corazón de Monfragüe, y en ella "se mataron crías de jabalíes y, al menos, cinco ciervas, en plena época de reproducción y cría".

En nota de prensa, la RFEC y la Fundación Artemisan han informado de que en las jaulas se encontraron a los animales y sus crías "ensangrentados por los golpes producidos al intentar escapar", por ello "se pone en duda incluso el cumplimiento de las directrices y convenios internacionales, al igual que el personal empleado a tal fin, en lo referente a las jaulas".

De esta forma, según señala la denuncia, esta actuación se llevó a cabo mediante capturaderos y jaulas a los que los animales son atraídos mediante aporte de alimentación suplementario, donde fueron abatidos, "sin distinción de especie, sexo o edad, con disparos de arma de fuego y pistola con bala cautiva ante la presencia, entre otras personas, de personal responsable del Parque Nacional, agentes del Organismo Autónomo, Agentes del Medio Natural, veterinarios oficiales y, al menos, 15 empleados y colaboradores de una empresa pública".

DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS DE ESPECIES PROTEGIDAS

Este control, han recordado Artemisan y RFEC, se ha llevado a cabo en pleno periodo de reproducción y crianza de la mayoría de especies, tanto de las protegidas como de las cinegéticas que habitan el Parque. Entre ellas, la cigüeña negra, el buitre negro o el águila imperial ibérica, "sin respetarse sus paradas biológicas, ya que se han encontrado nidos de las dos primeras especies a muy corta distancia del capturadero".

Para las entidades denunciantes, esta actuación puede haber producido la destrucción y alteración de hábitats de especies protegidas, incumpliendo los artículos 332 y 334 del Código Penal, así como lo establecido en los artículos 46 y 57.1 b) de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que expresamente prohíben estas actuaciones.

En este sentido, la RFEC y Artemisan han denunciado la "doble vara de medir" de la administración pública y han exigido la aplicación de una serie de leyes, reglamentos, planes de gestión y condicionados técnicos a los cotos de caza que "son infringidos cuando la propia administración es el gestor".

Por ello, desde ambas organizaciones se ha solicitado la depuración de todas las responsabilidades por esta actuación y han animado a los grupos ecologistas que exigieron el fin de la caza en Parques Nacionales a que se sumen a esta demanda por una "matanza amparada por las administraciones públicas".

De este modo, Artemisan y la RFEC han advertido que estarán "muy atentos" al modelo de gestión y futuras actuaciones que se realicen en este Parque Nacional de Monfragüe pero también en otros Parques Nacionales, como es el caso de Cabañeros, cuyo modelo de control poblacional es "muy similar al realizado por el gobierno extremeño".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que "no es prudente" ampliar hasta la 1,00 de la madrugada la apertura de bares y cafeterías, que ahora deben cerrar en Galicia a las 23,00 horas.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el jefe del Ejecutivo gallego no se ha mostrado partidario de la implantación inmediata de las últimas reclamaciones trasladadas por el sector, en una reunión mantenida con el vicepresidente primero y los responsables de Sanidade y Emprego esta misma semana.

Según esta propuesta, bares y cafeterías que sirvan comidas deberían ampliar su horario y equipararlo al de los restaurantes, que pueden operar ya hasta la 1,00 horas. Asimismo, han pedido que se amplíen aún más los aforos en las zonas que se encuentren en mejor situación epidemiológica --actualmente, los máximos son del 50 por ciento en interiores y del 75 por ciento en exteriores--.

En relación a esta cuestión, Núñez Feijóo ha recordado que la ampliación de horarios y la supresión del toque de queda se tomó "hace menos de una semana", por lo que aún no ha transcurrido "un periodo epidemiológico concreto" para conocer sus efectos.

Por ello, ha pedido "un poco de paciencia a la hostelería" para "evitar volver a los cierres" y ha asegurado que esta sería, en estos momentos, una "decisión precipitada". "Ojalá podamos hacerlo y dar buenas noticias", ha dicho el presidente gallego, que ha apostado por "ir a una velocidad previamente pactada y no más rápido".

Aunque Galicia, por el momento, se encuentra en una situación de estabilidad y es una de las comunidades con "mayores pruebas diagnósticas", el jefe del Ejecutivo gallego ha instado a "no seguir abriendo" la mano al menos hasta que transcurra otra semana, para comprobar los efectos epidemiológicos de los últimos cambios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación está buscando posibles alternativas que permitan regresar a España a los 47 ciudadanos que quieren salir de Nepal y que se han visto atrapados debido a la decisión del Gobierno nepalí de suspender los vuelos hasta finales de mayo.

"A alpinistas, cooperantes y ciudadanos españoles atrapados en Nepal por la prórroga de suspensión de vuelos por covid deciros que estamos trabajando con las autoridades nepalíes e indias para ayudaros a volver a casa", ha asegurado en su Twitter la titular de Exteriores, Arancha González Laya.

Fuentes diplomáticas han precisado que en la actualidad hay 47 españoles registrados que han expresado al Ministerio su deseo de abandonar Nepal, la mayoría de los cuales se encuentra en Katmandú, la capital.

Entre ellos hay turistas así como un grupo de expedición --del que forman parte los montañeros Juanito Oiarzábal y Sebastián Álvaro--. Tanto la cónsul honoraria en Katmandú como la Embajada española en India, que es la acreditada en Nepal, se mantiene un contacto constante con todos ellos, han precisado las fuentes.

Asimismo, han aclarado que entre ellos hay cuatro españoles con COVID-19 pero sin síntomas que permanecen aislado en la habitación del hotel, mientras que otro ciudadano está ingresado en un hospital por otros motivos y su situación no reviste gravedad.

El Gobierno de Nepal anunció el 3 de mayo la suspensión de todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales, hasta el 14 de mayo, si bien la medida entró en vigor en el caso de los viajes al extranjero desde el día 6.

Antes de la entrada en vigor de la medida, que este martes fue prorrogada hasta el 31 de mayo, trece españoles consiguieron llegar al aeropuerto de Katmandú, gracias a las gestiones realizadas por la cónsul honoraria, y adelantaron sus vuelos para abandonar Nepal.

COORDINACIÓN CON PAÍSES UE

Así las cosas, la Embajada en India está en contacto con el resto de embajadas de países de la UE con vistas a "coordinar actuaciones" para poder asistir a los ciudadanos europeos que están localizados dentro de Nepal.

Además, han precisado las fuentes, "se está analizando diferentes alternativas para facilitar el retorno" de los españoles que han quedado atrapados "en el menor tiempo posible", pero respetando las restricciones que las autoridades de Nepal han impuesto como resultado del "fuerte repunte de casos por la pandemia", con cifras de contagios récord en los últimos días por encima de 9.000.

Por otra parte, las fuentes han recordado la importancia de consultar las recomendaciones de viaje que se hacen desde el Ministerio de Exteriores antes de cualquier desplazamiento al extranjero, y más en un contexto de pandemia como el actual, en el que las restricciones son constantes.

En el caso concreto de Nepal, han incidido, desde el inicio de la pandemia se ha venido recomendando no viajar al país asiático y se ha venido actualizando en todo momento la recomendación de viaje con vistas a incluir las nuevas medidas adoptadas por las autoridades nepalíes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha participado este miércoles en la plantación de los primeros árboles del proyecto 'Re-Planta Madrid' que, a iniciativa de la asociación Madrid Futuro, promoverá a través de una plataforma empresarial y ciudadana la plantación de miles de árboles en la ciudad para recuperar el patrimonio arbóreo tras las consecuencias del temporal Filomena.

En el acto, celebrado en los jardines de Cecilio Rodríguez del parque de El Retiro, una de las zonas más afectadas por la borrasca, también han participado el concejal del distrito de Retiro, Santiago Saura, y el presidente de Madrid Futuro, Manuel Bretón.

Previamente, Almeida, acompañado por representantes de las principales empresas colaboradoras del proyecto, ha visitado una exposición de carácter divulgativo con fotografías relativas a los efectos de Filomena y a la importancia del patrimonio arbóreo de Madrid que está instalada en el Paseo de Coches y estará abierta durante los próximos dos meses. El alcalde ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición y "tomar conciencia del daño que causó Filomena".

Ha recordado que "más del 45% de zonas verdes y más del 45% del patrimonio arbóreo de la ciudad sufrió daños tras el tsunami de nieve que asoló Madrid"; sin embargo, ha explicado, "también de aquella situación surgió una oportunidad para reflexionar sobre el arbolado en la ciudad y poner en marcha el Consejo Asesor que nos va a marcar los criterios para que, en caso de una situación de estas características, no tengamos que volver a sufrir ese daño".

La página web replantamadrid.com busca hacer partícipe a los madrileños del patrimonio que suponen sus árboles en una ciudad que destaca en el mundo de forma significativa por el número de ejemplares con los que cuenta, siendo la urbe de Europa con más árboles.

TRES FASES DE DESARROLLO

La primera de ellas, que se ha llevado a cabo entre los meses de enero y abril, ha consistido en recabar la colaboración de más de una veintena de empresas que han aportado más de 400.000 euros para la donación de árboles a la ciudad.

Con esta aportación inicial se ha logrado replantar El Retiro y otros parques históricos como El Capricho, La Quinta de los Molinos y Fuente del Berro.

En la segunda fase, que ya se ha iniciado y estará vigente hasta el mes de junio, cualquier ciudadano podrá colaborar donando un árbol e inscribiéndose en replantamadrid.com para plantarlo a partir del mes de septiembre.

El Ayuntamiento espera involucrar a más de 10.000 madrileños en el proyecto y será el responsable de la coordinación de las labores de plantación. Por último, entre octubre y febrero de 2022, momento de la parada invernal de la vegetación, comenzarán las jornadas de plantación con la ciudadanía.

Asimismo, y como parte fundamental de este proyecto, el Consistorio anima a la ciudadanía a compartir sus fotos y experiencias en zonas verdes de Madrid con el hashtag #ReplantaMadrid y mostrar así su apoyo a la iniciativa.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración, hasta el momento, de Iberdrola, CBRE, Atlético de Madrid, KPMG, Sanitas, Mahou-San Miguel, Herbert Smith Freehills, ACS, LG, Fundación CEPSA, HP, CaixaBank, Quirón Salud, Fundación Pulsar, Azora Capital, Kefren Capital Real Estate, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties, Greystar y Árima Real Estate.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recriminado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la "derogación de facto" de la política penitenciaria debido a los acercamientos de presos de ETA en una reunión que el departamento ministerial ha calificado de "cordial y constructiva".

En un comunicado, la AVT ha señalado que la cita, celebrada tras más de un año reclamando a Marlaska explicaciones, ha servido para trasladar el "malestar de gran parte" del colectivo de víctimas, al entender que no se ha respetado lo prometido cuando asumió la cartera en 2018. Fuentes de Interior han explicado que el ministro ha reiterado que los traslados se llevan a cabo cumpliendo la ley y de forma individualizada.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha encabezado la representación en este encuentro en el que, según Interior, se ha puesto en valor que el departamento dirigido por Marlaska es el primero que informa sobre cada uno de los traslados de etarras.

"Aceptamos resignadas la aplicación de la legislación penal y asumimos que el tiempo pasó y los etarras van cumpliendo sus condenas", han señalado desde la asociación, que insiste en exigir la colaboración con la justicia "para valorar la reinserción de los etarras".

"Esto supone una cesión a una reivindicación histórica de ETA", aseguran sobre la derogación de la política de dispersión, por lo que la AVT ha reiterado su reclamación de que "se debe exigir la colaboración con la justicia y un arrepentimiento real y no contentarse con la firma de unas supuestas cartas de arrepentimiento que no eran más que formularios tipo, tal y como la propia Audiencia Nacional ha reconocido".

PRISIONES AL PAÍS VASCO

En este sentido, la AVT ha mostrado su preocupación por la transferencia de prisiones al País Vasco "si el destino final" es que todos los presos de la banda terrorista acaben en esta comunidad autónoma --actualmente hay 44 en el País Vasco y 10 en Navarra--. Desde Interior señalan que este traspaso no varía la política penitenciaria, que seguirá siendo "competencia exclusiva" del Estado.

"Será legal pero el contexto en el que se produce no es moral", replican desde la AVT, que desconfía de que partidos como EH Bildu "se vanaglorien de condicionar la política del Gobierno" y que se siga recibiendo a etarras en sus pueblos como "héroes". La asociación reconoce que las decisiones de los presos seguirán sometidas a la Audiencia Nacional, pero subrayan que estarán "vigilantes para no abrir la puerta a la impunidad".

En este sentido, la AVT ha trasladado su preocupación por el plan del Gobierno vasco "centrado en potenciar el régimen de semilibertad, concediendo terceros grados", de ahí que pidan reformas legales como la del Estatuto de la Víctima y, de esta forma, puedan recurrir estas decisiones.

Interior, según la asociación, les ha dicho que "pronto" tendrán noticias sobre otra reforma, la de la Ley de Víctimas 29/2011, lo que abriría la puerta para un nuevo régimen sancionador en los actos de homenaje que se brindan a presos de ETA.

REUNIÓN CON PABLO CASADO

La AVT también se ha reunido este miércoles con el presidente del PP, Pablo Casado, en otro encuentro que ha contado con la asistencia del consejero Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara, además de la presidenta, Maite Araluce.

La asociación ha analizado la Proposición de Ley sobre protección de víctimas del terrorismo presentada hace unas semanas y trabajada conjuntamente con el PP, una reforma que posibilitaría a las víctimas poder recurrir terceros grados y que "cobra ahora más importancia teniendo en cuenta el plan del Gobierno vasco de potenciar el régimen de semilibertad".

La AVT ha reclamado al PP que haga un "esfuerzo" por conseguir el máximo apoyo parlamentario a dicha ley. Como en el caso de Interior, ambas partes se han emplazado a mantener una fluida comunicación "por el bien de las víctimas del terrorismo".