El primero en declarar será el exconsejero de Empresa Santi Vila, quien dimitió el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Actualmente, al igual que los exconsejeros Mundó y Borrás, se encuentra en libertad provisional.

La Fiscalía solicita para él siete años de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por los delitos de malversación y desobediencia. La Abogacía del Estado también pide siete años de prisión por malversación y una multa de 300.000 euros por un delito continuado de desobediencia grave. Por su parte, Vox solicita 24 años de prisión por los delitos de malversación y organización criminal. El Ministerio Público entiende que Vila desatendió los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) y su departamento autorizó contratos necesarios para la celebración del referéndum y dispuso fondos públicos.

Posteriormente, llegará el turno de Jordi Sánchez, para quien la Fiscalía solicita 17 años de prisión y los mismos de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por su condición de jefe o promotor. La Abogacía del Estado, en cambio, pide ocho años de prisión por el delito de sedición y la acusación popular ejercida por Vox solicita 62 años de prisión, 50 por dos delitos de rebelión y 12 por organización criminal. A continuación, será el turno del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para quien se solicitan las mismas penas que para Sánchez.

El Ministerio Público atribuye a Sánchez y a Cuixart una participación “activa” en la ejecución de una estrategia “perfectamente planificada” para conseguir la independencia de Cataluña. Así, entiende que Sánchez participó en reuniones para discutir los aspectos relativos al proceso de independencia. La Fiscalía le recordará, entre otras cosas, que durante la Diada de 2015 expresó: “Hemos decidido que nos vamos. Y lo haremos tan rápido como podamos, con la legitimidad de la calle y el mandato de las urnas”.

Posteriormente, hizo un llamamiento, junto a Cuixart, a la unidad del soberanismo y animó a Forcadell a mostrar desobediencia si el TC la sancionaba por permitir la votación parlamentaria que abría la convocatoria del referéndum. Además, según la Fiscalía, durante una movilización en junio de 2017 el líder de ANC advirtió al Gobierno español que la única forma de impedir el 1-O era llevando a cabo “actos impropios”. En este sentido, Cuixart aseguró que las entidades independentistas serían garantes de que el 1-O fuese vinculante. Asimismo, la Fiscalía considera que ambos utilizaron su responsabilidad para movilizar a la ciudadanía tanto en la concentración del 20-S frente a la Consejeria de Economía y Hacienda como en la jornada del 1-O.

En último lugar, está prevista la declaración de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para quien la Fiscalía solicita 17 años de prisión y los mismos de inhabilitación por el delito de rebelión agravada. La Abogacía del Estado, en cambio, pide 10 años de prisión por el delito de sedición y la acusación popular ejercida por Vox solicita 62 años de prisión, 50 por dos delitos de rebelión y 12 por organización criminal.

El Ministerio Público preguntará a Forcadell sobre la hoja de ruta del independentismo y sobre su participación como presidenta de la ANC (cargo que ocupó entre 2012 y 2015, cuando pasó a ocuparlo Jordi Sánchez) en el acuerdo que fijó que las elecciones del 27 de septiembre de 2015 tendrían carácter plebiscitario. Asimismo, la Fiscalía considera que, como presidenta del Parlament, Forcadell permitió la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión, incumpliendo las sentencias del TC, y alentó a la ciudadanía a la participación en el referéndum.

El Tribunal ya indicó que este viernes no habrá sesión en ningún caso, por lo que si alguna de las declaraciones de los acusados no acaba durante esta jornada se aplazará hasta la próxima semana, momento en el que están llamados a declarar los primeros testigos, entre los que se encuentran Rajoy, Torrent y Mas.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Calvo insistió en que Franco será exhumado según un procedimiento administrativo "riguroso" como corresponde a un Estado de Derecho, y que se guía por los principios de "decoro y respeto" a unos restos humanos y a su familia, más allá del significado político que tengan para unos y para otros.

Según ese procedimiento, explicó, la familia tiene quince días para indicar dónde deben ihnumarse esos restos de acuerdo con los principios legales, entre ellos el de "no enaltecimiento" de la figura de un dictador, por lo que se descartó La Almudena, en el centro de Madrid y al lado del Palacio Real, destacó la vicepresidenta.

Si la familia no hace esa indicación en el plazo de tiempo estipulado, prosiguió, el "último acuerdo" del Gobierno en relación a ese procedimiento sería dedicir en Consejo de Ministros donde se llevan los restos de Franco para ser inhumados.

En todo ese procedimiento, "el sujeto con el que nos comunicamos" es el Estado Vaticano, que ya ha dicho, primero verbalmente y después por escrito, que no tiene ningún inconveniente en que el Gobierno siga adelante con lo que es, insistió Calvo, el cumplimiento de una ley.

En una rueda de prensa, ambos secretarios generales informaron de que al margen de los paros parciales de dos horas, habrá huelga de 24 horas para la sanidad pública y privada, la educación, las administraciones local y regional, intervención social y algunas empresas de artes gráficas y comunicación como Telemadrid.

La mayoría de trabajadores y trabajadoras de otras empresass, según los sindicatos, tendrán “cobertura legal de dos y 24 horas”, ya que otras plataformas sindicales sí han convocado paro general de toda la jornada. No obstante, lamentaron que hacer huelga de 24 horas “a muchas compañeras les puede costar más que el descuento”.

Entre sus reivindicaciones -a las que se incorporan las del movimiento feminista- está el salario mínimo de mil euros en 14 pagas o la firma del acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadores del hogar, a quienes no se reconoce aún las vacaciones pagadas o derecho al desempleo.

Así se expresó Bassa ante las preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane. La letrada preguntó a la exconsejera “cómo pensaba que los ciudadanos iban a votar el 1-O”, ante esta cuestión Bassa indicó que “el pensamiento es libre, cada uno lo pensaba a su manera” y que “no se materializó ninguna acción” para celebrar el referéndum. “Sobre el pensamiento, no quiero responderlo”, agregó la exconsejera ante la insistencia de la abogada del Estado sobre cómo iba a votar la ciudadanía.

Asimismo, Bassa reiteró, como ya lo habia hecho anteriormente ante las preguntas del fiscal Cadena, que no se realizó “ningún gasto” desde su departamento orientado a la celebración del referéndum. Finalizado el turno de la Abogacía del Estado, la exconsejera respondió a la defensa de Carme Forcadell, la abogada Olga Anderiu, que su defendida no participó en ninguna de las reuniones celebradas por el Govern.

Posteriormente, ante las preguntas de su abogado Mariano Bergés, Bassa subrayó que “jamás” el Govern asumió la violencia como medio para celebrar el referéndum del 1-O y que siempre apostó por el “diálogo, negociación y pacto”. Asimismo, la exconsejera rechazó cualquier gasto en favor de la celebración del referéndum. “Era totalmente imposible esquivar algún gasto”, explicó, porque el control era “férreo y exigente”. En este sentido, insistió, “era imposible poner algo en la contabilidad de la Generalitat y que no se enterase el Gobierno”. Es más, continuó, “se bloquearon las partidas sobre procesos electorales”.

Ante las preguntas de su abogado, la exconsejera también subrayó que “siempre, hasta el último minuto, pensamos en la negociación y el pacto”. Ante la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicase el artículo 155 de la Constitución, el president Puigdemont, destacó, “instó al Parlament a hacer lo que considerase más conveniente”, de modo que “no forzó” la DUI, explicó. En este sentido, Bassa subrayó, como ya había hecho anteriormente, que la declaración unilateral de independencia fue exclusivamente una "manifestación política".

Así se manifestó Bassa cuando en la fase de interrogatorio, tras terminar el turno de la Abogacía del Estado, el presidente del Tribunal Manuel Marchena le preguntó si iba a responder a las preguntas de los letrados Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, letrados de la acusación popular ejercida por Vox.

“No, por respeto a las mujeres de España. Tolerancia cero”, fueron sus palabras ante la pregunta de Marchena. De esta manera, Bassa se sumó al rechazó de los exconsejeros Turull, Romeva y Rull, amparados en su derecho a no declarar y guardar silencio, a responder a las preguntas de Vox en la fase del interrogatorio. Tal y como ya lo hicieron durante la primera semana del juicio el exvicepresidente Junqueras y el exconsejero Forn.

Así lo indicó durante una entrevista con Servimedia, después de que Maduro animase a Guaidó a convocar elecciones, lo que De Laiglesia consideró que “sería una fantástica noticia” porque “va a ser una vía de solución mayor y con más posibilidades de aportar una solución definitiva a la crisis que cualquier otra de las cosas que estamos viendo”.

De Laiglesia afirmó que “quienes propician la estrategia del caos” en Venezuela pueden provocar un "encastillamiento", porque “Maduro no ha cogido la maleta y ha salido corriendo, el régimen no se ha desmoronado y el Ejército no se ha dividido”. El secretario de Estado indicó que, más bien, estas situaciones “pueden producir un efecto boomerang, de encastillamiento del régimen y de resistencia frente a lo que consideran como una agresión del exterior”.

De Laiglesia comentó que las distintas iniciativas de Guaidó “han tenido efecto en la movilización interna y en el apoyo internacional”, pero matizó que “no está en condiciones de convocar elecciones, para lo que le hemos reconocido la legitimidad”.

"ACERCAMIENTO CONSTRUCTIVO"

Además, indicó que la crisis en Venezuela “nos viene acompañando desde hace bastantes años desgraciadamente”, pero aseguró que con el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, “además de las sanciones, introdujimos la necesidad de acercamiento constructivo para ayudar a la solución de la crisis, con un enfoque que prestara atención a los aspectos y necesidades humanitarias”.

Además, continuó, que permitiera “abrir canal de diálogo político desde el convencimiento de que solo puede venir de forma pacífica, democrática y con elecciones generales donde participen los venezolanos y decidan los venezolanos”.

De Laiglesia comentó que el papel del Gobierno español nunca ha sido el de mediador, sino que lo catalogan más como con la idea de “facilitador del diálogo entre el Gobierno de Maduro y las fuerzas democráticas”

El secretario de Estado indicó que desde la Unión Europea se intentó lograr algo más constructivo para el país, pero “no tuvimos respuesta ni en diálogo político ni en el humanitario”. “Pretendíamos una solución antes del 10 de enero, pero no tuvimos éxito y no conseguimos mover la voluntad del Gobierno de Maduro”.

En este sentido, recalcó que tanto desde España como desde la Unión Europea “no hemos renunciado a la idea de que la crisis venezolana tiene que resolverse democrática y pacíficamente y tiene que desembocar en elecciones”.

Cuestionado por si antes de verano habrá elecciones en Venezuela, De Laiglesia aseguró que van a seguir trabajando, porque “quien podría no quiere convocarlas y quien no tiene el poder y quiere no puede”. “Más allá del ruido de la crisis, lo importante es que se puedan convocar elecciones que superen de manera democrática y pacífica esa situación, porque es la única solución posible de la crisis”, reiteró.

Por último, lamentó que estamos en un momento en el que parece que “ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder y parece que van a mantenerse en sus pretensiones y no se van a mover de sus posiciones”. Por ello, añadió, “hace falta que alguno de los dos o los dos cedan, se pongan de acuerdo y consideren una salida antes que proseguir con cumplir sus objetivos al 100%”.

Según informó este miércoles el Ayuntamiento de Madrid, en términos absolutos, la mayor reducción se registró en las denuncias por acceso no autorizado a Áreas de Prioridad Residencial (139.935 menos que en 2017, lo que supone un descenso del 21,3%), exceso de velocidad (137.348 menos, un 22,5% de decremento) y estacionar sin tique o con tique no válido en zona SER (72.686 denuncias menos con una disminución del 7,5%). Destaca también la caída del 28,2% en las infracciones por rebasar semáforo en rojo (9.559 menos).

Es importante destacar el impacto sobre la seguridad vial del descenso en las infracciones detectadas por los radares de velocidad y los dispositivos de control de superación de semáforo en rojo (foto-rojos), dado que en ambos casos las denuncias proceden fundamentalmente de dispositivos automáticos que funcionan 24 horas al día todos los días del año, y por tanto la reducción da cuenta de una disminución efectiva en las conductas especialmente peligrosas a las que hacen referencia.

ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL

En las Áreas de Prioridad Residencial (APR) el descenso en cifras totales fue de 139.935 denuncias menos, con una reducción del 21,3%. Las 657.865 de 2017 se quedaron en 2018 en 517.930. Un dato en el que podría haber influido la entrada en vigor de Madrid Central, ya que desde el 30 de noviembre no se están procesando denuncias de APR (unas 50.000 denuncias mensuales, aproximadamente).

Por otro lado, y respecto al abono de las sanciones, la reducción por 8'pronto pago' en un 50% del importe también mejora la gestión de los expedientes infractores. En 2018, el 53,76% de los boletines de denuncia se han pagado en periodo voluntario frente a los 50,05% de 2017.

Policía Municipal también tramitó 157.249 denuncias menos. En 2017 la cifra ascendía a 966.934 que en 2018 se quedaron en 809.685, un 16,26% menos. Una tónica muy parecida a las multas impuestas por los Agentes de Movilidad con una disminución de 13.517 sanciones (-15,11%): 89.455 en 2017 y 75.938 (2018).

Unidos Podemos defendió una proposición no de ley que plantea vincular el otorgamiento de esas ayudas a “un compromiso de no iniciar un proceso de deslocalización en los siguientes 20 años a la concesión de la ayuda”, según el texto presentado por el diputado Josep Vendrell.

La proposición también insta al Gobierno a impulsar la aplicación de medidas legales para que, en caso de deslocalización, las empresas afectadas reintegren al Estado los beneficios económicos que hayan recibido., así como revertir la reforma laboral del año 2012 para volver al sistema anterior de autorización previa administrativa en caso de despido colectivo.

Por el PSOE, Herick Campos dijo que 20 años de obligatoriedad de permanecer en España es “excesivo” y si se quiere atraer inversión a España hay que ser ambiciosos y no proteccionistas. “A ver si vamos a conseguir el efecto contrario y ponemos condiciones con las que no viene ni el Tato”, afirmó.

Desde Ciudadanos, José Luis Martínez criticó a la formación morada que opte “por medidas coercitivas para frenar la deslocalización”, y Jordi Roca, del PP, dijo que la proposición no de ley es “un batiburrillo de medidas izquierdistas” que “no han funcionado en ningún sitio”.

Bassa entendía en cualquier caso que “el referéndum no era delito porque había sido destipificado expresamente en el año 2005. Había leyes y normativas jurídicas que amparaban nuestra demanda. También había informes y estudios de legislaturas anteriores” que, a su juicio, avalaba la convocatoria incluso aunque la Constitución no lo permitiera.

“Siempre he entendido que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, pero la Constitución tiene miradas más amplias”, aseguró en respuesta a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, quien la interrogó por su conocimiento de la hoja de ruta independentista: “Yo lo único que había leído era el programa electoral, no las hojas de ruta”, respondió.

La exconsejera insistió en justificar que se siguiera adelante con el referéndum: "Creo que si estábamos en un conflicto íbamos a resolverlo, nunca pensé que era un delito y continuamos avanzando con esta idea. Tampoco hice nada para no cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron. A partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, no hacemos nada más, incluso acatamos la desautorización de la Sindicatura Electoral".

El fiscal Cadena preguntó entonces a Bassa si nadie sugirió que la firma del decreto de convocatoria del referéndum iría en contra de las resoluciones anteriores del Constitucional que iban orientadas a paralizar el `procés´. "La ley del referéndum no estaba suspendida ese día. No lo hablamos, ni sabíamos que se suspendería al día siguiente", se justificó la exconsejera.

El día 6 de septiembre la ley estaba en vigor, según Bassa, quien afirmó que “a partir del 7 de septiembre, en que la ley (del referéndum) es suspendida, no se materializa ningún otro acto que tenga que ver con el referéndum, lo acatamos todo". A diferencia de ésta norma, la Ley de Transitoriedad, que se aprobó al día siguiente, emanaba del programa electoral que nunca fua invalidado ni impugnado.

Bassa explicó que la consejería que tenía bajo su dirección asumió las competencias de los directores de los centros cívicos que actuaron como centros de votación ante la “inquietud” que demostraron por la posible “responsabilidad civil” en la que podrían incurrir “si alguien se hace daño durante las actividades en los centros cívicos”. Así, su departamento asume esas competencias el día 29 tras recibir la petición de los directores generales del departamento.

La decisión se hizo ejecutiva, “pero no se firmó ningún decreto, ni se cesó a nadie. La avocación de competencias era para los centros cívicos, para que los directores tuvieran esa tranquilidad", sin que la decisión estuviera conectada "en ningún momento con el 1 de octubre”, aunque “lo cierto es que el 1-O la ciudadanía estaba haciendo actividades".

De hecho, señaló, el fin de semana del referéndum fue "como todos los fines de semana en que hay actividades, sólo que este fin de semana había muchas más actividades de lo que era normal".

Preguntada por si la Generalitat desvió dinero público para organizar el referéndum del 1-O, la exconsejera aseguró que "no se hizo ningún gasto a partir del día en que se suspende la ley". El fiscal mostró entonces una supuesta factura del Departamento de Trabajo por valor de algo más de 194.000 euros pagados a Unipost. "Yo no veo factura, para mí esto no es una factura, no la entiendo como una factura. Me extraña que sea una factura, yo las facturas de la Generalitat siempre las he visto muy distintas", aseguró la acusada.

A diferencia de los cinco exmiembros del Gobierno catalán que ya han declarado, Dolors Bassa ha reconocido que el referéndum no se imaginó como un “acto concluyente” para alcanzar la independencia, sino que “fue un acto más de legislatura para poder llegar a una negociación”.

La exconsejera fue taxativa al afirmar que “teníamos claro que si iba mucha gente a votar eso nos ayudaba en la negociación”, pero insistió en que el referéndum no iba a ir seguido por una declaración de independencia, pese a que la ley que lo regulaba preveía la declaración de independencia dos días después en caso de que el resultado fuera favorable. Para Bassa, “la prueba” de la fidelidad de su declaración “es que estamos aquí y no hay independencia”.

Sobre los hechos violentos que se registraron a lo largo del 1-O al Bassa afirma que no podía imaginar que hubiera violencia policial del 1-O a tenor de la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que mandó impedir el referéndum sin alterar la convivencia ciudadana.

En su opinión, no se debió utilizar métodos violentos contra los votantes y llegó a decir que se le “ocurren mil maneras de impedir el referéndum sin atacar a la gente que estaba allí. Podrían haber desnaturalizado el resultado, podrían haberse llevado las urnas cuando la gente hubiera acabado de votar. Se me ocurren mil maneras de acabar con el referéndum", sentenció.

Según indicó la aerolínea irlandesa en un comunicado estas nuevas rutas formarán parte del calendario de invierto 2019 que la compañía anunciará próximamente.

En la actualidad los clientes de Ryanair en Alicante pueden reservar sus vacaciones hasta marzo de 2020 y, para celebrar el lanzamiento de las nuevas conexiones a Toulouse y Marsella, ha lanzado una oferta de asientos desde 19,99 euros para viajar en octubre. La promoción estará disponible hasta la medianoche del viernes 22 de febrero en la página web de la aerolínea.

La iniciativa fue aprobada con 222 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. El texto estuvo presidido por un alto grado de consenso a su paso por el Senado, puesto que solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó 10 enmiendas, que fueron rechazadas.

Los senadores agilizaron la tramitación sin cambiar nada el texto recibido desde el Congreso, puesto que en caso contrario se corría el riesgo de que la reforma del Código Penal no viera la luz debido a que el próximo 5 de marzo se disolverán las Cortes Generales por el adelanto de las elecciones generales.

La iniciativa aprobada parte de una proposición de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados en junio de 2017 a partir de la campaña ‘Por una ley justa’, abanderada por Anna González, que perdió a su marido tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta por el arcén y cuyo conductor se marchó del lugar de los hechos y se dio a la fuga, aunque luego fue detenido y posteriormente puesto en libertad. El camionero nunca llegó a cumplir condena porque el ciclista falleció en el acto y la ley no contempla esta situación como omisión de socorro.

González, que ha logrado recoger más de 326.000 firmas, señaló en una rueda de prensa en Madrid pocas horas antes de que se aprobara la reforma penal en el Senado que “hoy es un gran día” porque los ciudadanos se sentirán más protegidos cuando sufran un accidente de tráfico, ya sean conductores, peatones, motoristas, ciclistas o cualquier usuario de las vías.

“MALDAD INTRÍNSECA”

El texto incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente, que estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión, y de uno a cuatro años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados. Esa pena baja a de tres a seis meses de cárcel y de seis meses a dos años sin conducir si la fuga es fortuita.

“Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”, indica el texto, recogido por Servimedia.

Además, redefine los supuestos de imprudencia grave e imprudencia menos grave al volante. En el primero de ellos se incluye la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad y las penas podrían elevarse uno o dos grados más si el conductor causa la muerte o lesiona a varias personas, de manera que el máximo serían nueve años de cárcel si el número de fallecidos fuera “muy elevado”.

Y se considera imprudencia menos grave si el juez estipula que el accidente se produjo por una infracción grave de las normas de tráfico. Los conductores que causen lesiones que requieran de tratamiento médico o quirúrgico serán castigados con una multa de tres a 12 meses.

La tramitación parlamentaria comenzó con un alto grado de consenso en el Congreso de los Diputados, donde comparecieron numerosos expertos en la materia. Sin embargo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votó en contra en la Cámara Baja durante un Pleno celebrado el pasado 22 de noviembre que presenciaron en la tribuna de invitados exciclistas como Perico Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988, y Roberto Alcaide, campeón paralímpico en Atenas 2004.

PODEMOS DISCREPA

Una vez en el Senado, el texto ha vuelto a suscitar inicialmente un consenso mayoritario. La reforma del Código Penal superó esta pasada semana la fase de ponencia y comisión con el deseo mayoritario de los senadores de mantener el documento recibido del Congreso.

Solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado enmiendas, en concreto 10, que mantienen el hilo argumental del rechazo que mostró la formación morada en el Congreso.

Las enmiendas iban en la línea de que no crear el delito de abandono del lugar del accidente, sino que esos supuestos se juzguen por la vía administrativa, no la penal, además de proponer reformas de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y la Ley de Contrato de Seguros para beneficiar a los accidentados frente a las aseguradoras.

Celia Cánovas, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aclaró desde la tribuna de oradores del Senado que su grupo parlamentario no se oponía a la “filosofía” de la reforma penal, sino que las enmiendas mejorarían la técnica legislativa del texto. “Estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma”, apuntó.

Juan Ramón Represa, del PP, indicó que la proposición de ley inicialmente presentada por los populares en el Congreso surgió de una “generalizada demanda social” de víctimas y ciclistas para adaptar al Código Penal los criterios de la Fiscalía General del Estado en casos de comportamiento imprudente de conductores que causen víctimas. “Es malvado abandonar un lugar del accidente sabiendo que dejas detrás a un herido o un muerto”, añadió.

Juan Luis Soto, del PSOE, consideró “necesaria” la reforma aprobada porque “viene a proteger a los más débiles, en este caso peatones y ciclistas”, frente a los conductores de vehículos que causen accidentes por circular de manera imprudente.

Tomás Marcos, de Ciudadanos, destacó que el texto aprobado surgió de “una justa demanda social” que trata de “mandar un mensaje muy claro a la sociedad”, en el sentido de que “el alcohol y las drogas deben quedar definitivamente fueras de nuestras carreteras”. “Quien abandona a una víctima, finalmente lo paga”, apostilló.

Por último, Jokin Bildarratz, del PNV, comentó que la reforma del Código Penal muestra una “cercanía con las víctimas” e intenta evitar que comportamientos imprudentes al volante salgan “gratis”.