Junts ha registrado este jueves en el Parlament una proposición de ley para tramitar una ley audiovisual catalana para proteger el catalán en este ámbito, algo que cree que no hace el borrador del proyecto estatal: "No dejaremos la defensa de la lengua catalana en manos del Gobierno español".

Lo ha anunciado en rueda de prensa en la Cámara el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, tras registrar la proposición de ley, y ha destacado que quieren que se apruebe "de forma extraordinaria y urgente" y antes de que prospere la estatal, que el Gobierno central está abierto a negociar.

"Aunque digan que quieren negociar, nosotros no nos fiamos del PSOE", ha advertido Batet, que ha explicado que mantiene abierta la negociación porque no es incompatible con esta iniciativa parlamentaria, con la que plantean modificar la Ley 22/2005 de la Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Ha sostenido que esta iniciativa da más fuerza para defender el catalán también en la negociación de la ley estatal, y ha advertido de que Cataluña no avanza si va a remolque del Estado: "Ante la ofensiva del Gobierno español, Junts tomamos la iniciativa", ha proclamado.

Preguntado por el motivo por el que Junts ha optado por promover la ley en lugar de que lo haya hecho el Govern de ERC y Junts, Batet ha asegurado que tenían este asunto avanzado como grupo parlamentario desde la pasada legislatura: "No es importante quien lo presenta, sino que lo importante es que salga adelante", ha replicado.

Ha explicado que Junts avisó a ERC este miércoles de que registraría la proposición, y ha dicho sobre las razones por las que no se ha impulsado desde el Ejecutivo de Pere Aragonès: "Eso se lo tienen que preguntar al Govern", y ha asegurado que facilitarán cualquier iniciativa que pueda promoverse para defender el catalán, sea del Govern o del Parlament.

Preguntado por el Debate de Política General previsto para la próxima semana, ha garantizado que Junts lo afronta de forma positiva y teniendo claro lo que defienden: "La Cataluña del 'sí' contra la del 'no', porque ya hemos visto los proyectos a los que se les está diciendo que no", y apostando por más soberanía y por avanzar hacia la independencia revalidando el 1-O, ha dicho.

EL CATALÁN EN PLATAFORMAS

Batet ha recalcado que su propuesta de ley audiovisual defiende competencias catalanas y la diversidad cultural, y también "estipula una regulación de mínimos en las plataformas para el uso del catalán", así como medidas para promover la producción audiovisual catalana.

En concreto, la proposición de ley, establece que Consell del Audiovisual de Cataluña (CAC) debe velar por que los servicios a demanda dispongan en los catálogos de al menos el 30% de obras audiovisuales europeas y que, de estas, el 50% estén en catalán o en aranés.

Fija como infracción grave la omisión de "cualquiera de los deberes en relación con la presencia del catalán y la cultura catalana y del aranés en la comunicación audiovisual", y defiende que el Govern establezca líneas de ayuda para fomentar la presencia del catalán y el aranés, tanto en versión original como en el doblaje y la subtitulación.

Además, atribuye nuevas competencias CAC ante contenidos que fomenten el odio y la desinformación y quiere proteger a la infancia y la adolescencia ante material que incluya pornografía, violencia gratuita y violencia de género, ha destacado Batet.

Fija que el CAC promoverá la autorregulación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y de las plataformas de intercambio de vídeo mediante códigos de conducta --aunque podrá adoptar una instrucción si la autorregulación no alcanza sus objetivos--, y señala que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) podrá prestar servicios al margen de sus compromisos de servicio público, dentro de sus funciones propias.

Preguntado por si el Parlament puede aprobar una ley que imponga un mínimo de contenidos en catalán a las plataformas, ha asegurado que otros países de la UE lo han regulado para proteger sus lenguas propias: "Creemos que lo podemos hacer desde el Parlament, y pediremos el máximo posible. Somos ambiciosos, tenemos que defender el catalán al precio que sea".

Hace poco leía un artículo en referencia a la cantidad de estudiantes que abandonan sus estudios. El nivel de estudios alcanzado es determinante a la hora de encontrar empleo, pero además es proporcional al nivel cultural que debe tener un país. Normalmente, más de una cuarta parte de quienes no acabaron la educación secundaria obligatoria suelen ser desempleados.

La formación es clave para lograr un hueco en el mercado laboral. La tasa de paro varía mucho según el nivel de estudios alcanzado. En el caso de los considerados analfabetos, el 43,07% está desempleado, un porcentaje que se va reduciendo a medida que se amplía la formación. Siguiendo este parámetro, el 38,15% de aquellas personas con estudios incompletos se encuentra desocupada. La tasa continúa cayendo en aquellos con educación primaria (33,15%) y se reduce al 26,7% para aquellos con la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

También es muy importante acertar con el enfoque de los estudios escogidos, ya que al especializarse también se pierden oportunidades laborales.

Pero el nivel de estudios influye a su vez en la calidad de empleo a la que se puede optar y en la remuneración. Los licenciados universitarios perciben un salario anual superior en un 55,3% al salario medio. Por su parte, la remuneración de los trabajadores sin titulación o que no habían completado los estudios primarios es un 37,1% inferior al salario medio.

Volviendo al principio del abandono universitario, el 21,82% de los estudiantes españoles abandona la carrera tras cursar el primer curso. La falta de información con la que llegaron al campus o la diferencia entre las expectativas depositadas en el grado y la realidad de los estudios llevan a miles de estudiantes a colgar los libros en los inicios de la andadura universitaria. De ese 21,82%, hay un 8% que se matriculan en otra titulación. El resto se marcha del sistema universitario.

Por comunidades autónomas Baleares, con un 24,22%, y Canarias, con un 21,71%, son las autonomías donde más se abandona, mientras que Castilla y León, con un 15,21%, y Madrid, con un 15,72%, son las que menos.

En los últimos años se ha establecido cierta rivalidad entre regiones por las diferencias existentes en la Selectividad: los universitarios castellano-leones acusan a los canarios de hacer una prueba más fácil y tener mejores resultados en bachillerato, circunstancias que les permiten ocupar las plazas de sus campus en carreras como medicina sin tener suficiente nivel.

Esto explicaría el posterior abandono. En el ministerio se ha creado una comisión para estudiar las denuncias y buscar unos criterios más homogéneos en las pruebas.

Los campus públicos que más abandono presentan son la Universidad de Baleares (24,22%), la Politécnica de Cartagena (23,12%), la Universidad de Las Palmas (21,88%) y la Universidad de La Laguna (21,58%). En el otro lado están la Carlos III (11,40%), la Universidad de Valencia (13,82%) o la Autónoma de Madrid (13,85%).

El Ministerio de Universidades ha publicado unos indicadores de Rendimiento Universitario, que da pistas sobre si los estudiantes aprovechan o no la universidad. Además de la nota media (un 7,2, la misma en los últimos años), los datos revelan que el rendimiento medio de los alumnos de grado (número de créditos superados entre el número de créditos matriculados) es del 77,98%: 76,66% en universidades públicas y 85,35% privadas.

La tasa de abandono educativo temprano se sitúa en el 16% en 2020, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Es decir, alrededor de 530.000 personas, 343.000 hombres y 186.500 mujeres, habían abandonado los estudios en 2020.

La reducción está asociada al incremento en 1,5 puntos en la proporción de población que ha alcanzado el nivel de formación CINE 3 o segunda etapa de Secundaria. La estrategia europea 2020 estableció ya en 2010 entre sus objetivos reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10% en la UE y del 15% en España, debido a las altas tasas de nuestro país.

Precisamente, uno de los objetivos principales de la LOMLOE, la ley educativa que acaba de entrar en vigor es reducir las tasas de abandono escolar temprano en línea con los países europeos más avanzados.

Desde 2010, la tasa de abandono temprano en España ha disminuido 12,1 puntos, pasando del 28,2% en 2010 al 16% en 2020, lo que supone un 43% menos. Este descenso ha sido mayor entre los hombres (13,3 puntos) que entre las mujeres (11 puntos), aunque la tasa sigue siendo en 2020 muy superior entre los varones: un 20,2% frente al 11,6%, es decir, un 74% más.

Por Comunidades Autónomas, hay cuatro que en 2020 han logrado situarse por debajo del objetivo del 10% y por debajo también de la tasa media de la UE (10,2%). Se trata de País Vasco (6,5%), Asturias (8,9%), Cantabria (9,1%) y Madrid (10%). Otras cuatro CCAA tuvieron tasas entre el 10% y el 15% (Navarra, Galicia, Aragón y La Rioja), mientras en el extremo opuesto, con tasas superiores al 20%, están Illes Balears (21,3%), Andalucía (21,8%), Ceuta (22,8%) y Melilla (25,5%). Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Canarias, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha obtienen tasas entre el 15% y el 20%.

El mundo laboral y el formativo han experimentado una gran revolución en los últimos años debido a la digitalización y la demanda de nuevos perfiles tecnológicos. En concreto, 9 de cada 10 empleos en Europa precisarán de algún tipo de competencia digital que no posee el 40% de los trabajadores en activo hoy en día, según datos de un reciente estudio de la Comisión Europea. Una tarea pendiente en nuestro país, donde los titulados en este ámbito no llegan a representar ni un 4% del total, como muestran las cifras del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI).

Al problema de la falta de perfiles especializados se le suma una causa más: la económica. Según información recopilada por el Observatorio de la Juventud de la Fundación SM, el 30% de los jóvenes abandona sus estudios por la necesidad de trabajar y conseguir ingresos o por la dificultad que encuentran para poder costearlos. Y es que, la financiación pública universitaria en nuestro país se sitúa un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea y la OCDE respecto a las que mantiene una insuficiencia de recursos públicos de 1.600 millones de euros, según se desprende del último informe La Universidad Española en Cifras elaborado por Crue Universidades Españolas.

Son muchos los datos, pero necesarios para entender mejor la gravedad del problema.

 Es muy importante insistir en la necesidad que todos los individuos tenemos y debemos, llevar a cabo los diversos procesos educativos, estos nos permiten crecer en valores, aprender a socializar, obtener nuevos conocimientos, desarrollar habilidades cognitivas y físicas, integrarnos en la sociedad, adoptar conductas, sentirnos parte de una comunidad, identificarnos culturalmente, entre otros.

La familia, tiene que ser la principal organización social, y cumplir un papel fundamental para evitar o inducir, según sea el caso, la deserción escolar. Los padres, representantes o tutores deben velar porque sus hijos o representados asistan a clase y estudien.

Los padres deben ser las primeras figuras de autoridad en incentivar a sus hijos a que asistan a clase, estudien y se preparen para culminar su formación profesional.

Asimismo, no se debe olvidar que la educación académica debe complementarse con valores familiares como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad o la amistad, a fin de formar seres de bien capaces de actuar de manera responsable ante cualquier situación.

Otro tema y este si me parece triste, que son muchos los estudiantes que se encuentran en medio de una situación económica o financiera desfavorable que, lamentablemente, los limita a que puedan continuar con sus estudios puesto que deben hacer frente a otras obligaciones.

Esto se puede deber a varios factores como, por ejemplo, que en la familia se generen bajos ingresos económicos, mensualidades académicas elevadas, que el estudiante deba trabajar para costearse sus gastos de vivienda, alimentación, estudio, así como de ropa y calzado, entre otros.

En los casos más críticos se han encontrado familias en las cuales los menores de edad dejan sus estudios para trabajar y asegurar el sustento diario de toda la familia.

Se encuentran casos en el que los padres no pueden costear los estudios universitarios debido a otras responsabilidades económicas o cuando el estudiante considera que es más conveniente trabajar a tiempo completo que optar a un grado académico. Una realidad muy cruda y que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben afrontar con ayudas.

Un país sin formación es un país ignorante, y lo peor de la ignorancia, es que a medida que se prolonga, adquiere confianza.

El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha señalado este viernes que se está estudiando la actuación realizada por parte de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Almería por la fuga de B.L.S., el hombre que permanece en prisión provisional acusado de haber intentado acabar con la vida de su expareja de 25 años tras embestirla con su coche cerca del aeropuerto, quien una vez detenido consiguió huir del lugar de los hechos para posteriormente entregarse de nuevo.

"Ahora mismo está aclarándose qué paso en cada momento, qué hizo cada cuerpo, porque estuvieron implicados Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil y se está detectando si hubo algo inadecuado", ha resumido el subdelegado de Gobierno, quien al ser interpelado por esta cuestión, se ha remitido a los informes aportados por cada uno de los cuerpos.

El hombre, que está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, fue detenido por segunda vez tras personarse en dependencias policiales acompañado de su abogado ya que, aunque fue arrestado poco después de los hechos que tuvieron lugar sobre las 7,00 horas del pasado sábado, la intervención de los distintos cuerpos no evitó que abandonara la escena una vez identificado y detenido.

Aunque en un primer momento de la actuación el suceso fue identificado como un accidente de tráfico, los testigos revelaron que los hechos se encuadraban en una agresión machista por lo que el acusado habría llegado a estar en el vehículo de la Policía Nacional antes de haber sido entregado a la Guardia Civil, si bien algunas dudas sobre las competencias del caso había propiciado que el acusado se marchara a pie, según ha avanzado la edición digital de 'La Voz de Almería'.

Cabe señalar que el servicio unificado de emergencias 112 recibió un aviso en el que se relataba que una joven estaba siendo agredida en la rotonda que conecta los barrios almerienses de El Alquián, El Toyo y Retamar, camino del aeropuerto.

Sucesivamente, el 112 trasladó esta información al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), que se movilizó al lugar de los hechos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería confirmaron entonces que los hechos se encuadran en una agresión de violencia de género, por lo que el caso se ha incluido en el protocolo de seguimiento del sistema Viogén. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, se hizo eco de esta agresión para asegurar que no habrá "plena democracia mientras haya mujeres que son agredidas, que son asesinadas, a manos de sus parejas, exparejas, de otros hombres".

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en la que figuran como investigados el exdirector de la entidad Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la misma Ana Valls; solicitando seis años de cárcel para Villén y cuatro para Valls.

En este escrito la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado interesa la apertura de juicio oral contra ambos acusados por un presunto delito continuado de malversación y otro supuesto delito de falsedad en documento oficial continuado cometido por funcionario público. En concreto, achaca a Villén la presunto autoría de tales delitos y a Valls el papel de cooperadora necesaria.

Por eso, pide para el primero seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros, mientras para Valls solicita cuatro años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 6.000 euros. Además, solicita que ambos indemnicen "conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 32.566 euros por las cantidades distraídas".

"Fernando Villén Rueda, con desprecio a los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar, satisfacía sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza. En ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados que llegaron a alcanzar una cuantía considerable", avisa la Fiscalía, desgranando cada uno de los pagos, que ascienden a 32.566 euros.

"DISPOSICIÓN ILÍCITA" DE FONDOS

En un auto del pasado mes de diciembre de 2020, el juez insiste en que Fernando José Villén Rueda, "prevaliéndose de su cargo como director" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo una disposición ilícita y continuada de los fondos de la entidad pública, desviándolos de su finalidad (...) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación".

Según el mencionado auto, Fernando José Villén "habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe". Además, y según este auto, en connivencia con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, también investigada en la causa, ideó "un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados", con lo que "en los libros diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad".

"CAMUFLAR" LOS GASTOS

"Al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los investigados utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas pero en realidad inexistentes reposiciones en metálico de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tal en la contabilidad", resume el auto.

Igualmente, el auto reitera que hay "contabilizadas diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización por Fernando Villén de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución, por un importe total de 17.049 euros".

Del mismo modo, el juez insiste en "que no consta la devolución contable" de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los establecimientos por importe de 780 euros, "de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe".

LOS ARQUEOS

Detallando cada uno de los pagos y cargos y las operaciones asociadas a los mismos, el juez determina que "estas irregularidades deben conectarse también con la inobservancia detectada respecto los mecanismos de control contable de la Faffe, de modo que, por ejemplo, se habrían realizado muy pocos arqueos de las cajas -Caja Central, principalmente--, cuando al menos tendría que verse realizado uno mensual.

"La falta de arqueos habría impedido el efectivo control del saldo de las cajas, dificultando así la comprobación de las reposiciones de efectivo y la acreditación de los ingresos o gastos realizados; lo que, su vez, posibilita la alteración del correspondiente saldo sin ningún tipo de justificación", indica el juez.

Dado el caso, el juez insiste en atribuir a Villén Rueda una supuesta "disposición ilícita" de los fondos públicos, considerando que Ana Valls, como directora financiera de la Faffe, "habría podido realizar u omitir actos tendentes a cooperar o a encubrir" tales hechos.

Los Reyes se encuentran realizando una visita a La Palma en la que han tenido ocasión de conocer por boca de los propios evacuados y los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja el impacto que está teniendo en sus vidas así como la última información sobre la situación en la isla, en sus contactos con las autoridades y los equipos de emergencia.

Don Felipe y Doña Letizia han llegado cerca de las 12.00, hora local, al Acuartelamento de El Fuerte, en Breña Baja, donde han podido conversar con algunas de las personas que permanecen alojadas en estas instalaciones tras haber sido evacuadas e interesarse por sus casos particulares.

Los Reyes se han acercado a algunos de ellos, principalmente personas de edad avanzada y con movilidad reducida, a quienes han saludado y han dado muestras de cercanía y apoyo ante las circunstancias que les ha tocado vivir, además de interesarse por su situación.

Uno de ellos, un anciano, no ha reconocido inicialmente al monarca, que se ha retirado un breve momento la mascarilla para que pudiera ver que era el Rey y que quien le acompañaba era la Reina Letizia. Otra de ellas le ha recitado una poesía.

A continuación, han aprovechado para saludar y conversar con representantes de los distintos cuerpos de seguridad y servicios que están participando en las labores de emergencia y evacuación, como el Ejército, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, los Bomberos así como el Servicio Canario de Salud o la Cruz Roja.

A todos ellos les han trasladado su agradecimiento por la labor que están realizando de forma conjunta y en colaboración. "Gracias por el esfuerzo", les ha dicho la Reina Letizia. Además, han dado "ánimo, porque esto todavía va a durar", ha subrayado Don Felipe.

ACOMPAÑADOS POR SÁNCHEZ Y TORRES

Durante toda su visita, los Reyes han estado acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quienes también han aprovechado para departir tanto con los afectados como con los distintos efectivos.

Desde el acuartelamiento, se han trasladado a la sede del Cabildo, en la capital, para presidir la reunión diaria del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). También han mantenido un encuentro con miembros de su Comité Científico.

Aquí, les han informado sobre la evolución de la erupción y los daños ocasionados por la misma, así como las distintas medidas que se están adoptando para mitigar en la medida de lo posible los estragos que está ocasionando la lava.

Posteriormente se han desplazado al puesto de mando avanzado de todo el operativo de emergencia, situado en El Paso y más cerca de la zona de erupción.

SEGUNDO ENCUENTRO CON LOS AFECTADOS

A continuación, está previsto que se dirijan hacia Todoque, localidad que ya se ha visto afectada por la llegada de la colada de lava, donde podrán ver in situ los estragos ocasionados por la erupción. Por último, los Reyes volverán a tener ocasión de hacer llegar su solaridad y su apoyo a los afectados en la localidad de Los Llanos.

En la Plaza de La Laguna, podrán hablar con familias que han perdido sus viviendas así como con agricultores que han perdido sus cultivos, además de responsables locales e insulares de servicios sanitarios y sociales, según han informado desde Casa Real.

Los Reyes han estado pendientes en todo momento de la evolución de los acontecimientos en La Palma desde que se inició la erupción del Cumbre Vieja a primera hora de la tarde del domingo. Ese mismo día, Felipe VI habló tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente canario. El lunes, durante un acto oficial, el Rey trasladó su "ánimo" a los palmeros.

Canarias ha registrado 78 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 94.501, mientras que los fallecidos se sitúan en los 979 al sumar tres muertes --dos en Tenerife y una en Gran Canaria-- en el último día, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Así del total de casos, 2.431 están activos (-461), de los que 43 están ingresados en UCI (-2), 210 permanecen hospitalizados (-7) y 2.178 están en sus domicilios (-452). Además 90.555 personas han superado la enfermedad en lo que va de pandemia en el archipiélago tras recibir el alta hospitalaria 536 personas en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias se sitúa en 27,71 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en 61,17 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 2.103.027 pruebas PCR en las islas, de las que 123.994 resultaron positivas, lo que supone el 5,9 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 27 positivos, acumulando 45.235 casos, de los que 1.087 están activos epidemiológicamente (-87), 560 han fallecido (+2) y 43.588 han superado la enfermedad; Gran Canaria cuenta con 36.133 acumulados (+23), de los que 1.102 son activos (-377), 331 han muerto (+1) y 34.700 recibieron el alta médica.

Por su parte, Lanzarote suma 10 positivos, con 6.794 acumulados, de los que 102 son activos, mientras ha registrado 50 óbitos y 6.642 superaron la enfermedad; Fuerteventura tiene 4.381 casos acumulados (+11), de los que 122 están activos (-4), 17 fallecieron y 4.242 recibieron el alta médica; y La Palma suma tres casos y alcanza 1.095 acumulados, de los que siete están activos, 16 han muerto y 1.072 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro suma tres casos y acumula 458, de los que siete están activos, cuatro han fallecido y 447 superaron la enfermedad; mientras que La Gomera acumula 402 casos, de los que dos están activos, uno ha muerto y 399 han recibido el alta médica.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 94 nuevos casos de COVID-19 y dos fallecimientos, de forma que se eleva el total acumulado en las Islas a 98.818 casos y 957 muertes desde que comenzó la pandemia.

Según ha informado la Conselleria de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado 79 nuevas pruebas positivas, 37 más que el día anterior, por lo que la tasa de positividad se sitúa en un 1,52 por ciento.

Por islas, 51 pruebas positivas corresponden a Mallorca, 24 a Ibiza y tres a Menorca.

Actualmente hay 100 personas hospitalizadas en planta en la comunidad, de las que 75 están en Mallorca, cuatro en Menorca y 21 en Ibiza.

La tasa de ocupación en las UCI de Baleares se mantiene en riesgo medio --un 11,44 por ciento--, con 39 personas ingresadas, las mismas que ayer. De ellas, 33 están en Mallorca y seis en Ibiza. En Menorca no consta ningún paciente ingresado en UCI por coronavirus.

Además, el servicio de Atención Primaria atiende actualmente a 1.522 personas en relación al COVID en Baleares.

Por otro lado, Baleares ha administrado hasta este jueves 1.574.462 dosis de la vacuna contra el COVID-19, con las que 845.354 personas han recibido al menos una dosis (81,69% de la población diana) y 821.834 tienen la pauta completa (79,41% de la población diana).

La Consejería andaluza de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha informado de la declaración al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de un caso de virus del Nilo Occidental en Castilblanco de los Arroyos, que se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha señalado que, al conocerse el resultado de las pruebas, se han activado inmediatamente todos los protocolos, así como las medidas de salud pública previstas en los mismos. El caso ha sido confirmado por el laboratorio de referencia en Granada.

Según está establecido en los puntos siete y diez del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNA), Salud y Familias ha convocado al comité de dirección previsto en estos puntos.

Desde la Consejería, se recuerda que se han realizado diversas actuaciones tras la declaración del brote del pasado año 2020. Entre ellas, destaca la creación de un grupo de expertos en el control de mosquitos contando con personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Servicio de Control Mosquitos de la Diputación de Huelva, Universidad de Córdoba y técnicos de la Junta de Andalucía de los organismos implicados en sanidad animal y control fauna silvestre.

Siguiendo las directrices de este grupo, así como las promulgadas por el ECDC para programas de control ante FNO, se elaboró el Programa de Vigilancia y Control Integrado de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental --tomado en consideración por el Consejo de Gobierno y publicado el 12 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)-- que parte de la elaboración de un mapa de riesgo, en el que se superponen diferentes capas, como existencia de zonas humedales, régimen de lluvias, régimen de temperaturas, y detección de mosquitos culex y de virus en anteriores temporadas.

En este programa se establece la necesidad de que cada municipio con nivel de riesgo 2 o superior, debe realizar un Plan Municipal de control y vigilancia, por lo que "se procedió a notificar individualmente a cada uno de ellos esta necesidad, enviando el programa que establece los puntos que deben tenerse en cuenta en su elaboración y ejecución, siendo posteriormente evaluados por los técnicos de las delegaciones territoriales".

Por otra parte, se ha trabajado en coordinación con los técnicos de Sanidad Animal, para incrementar los puntos de muestreo de equinos y situarlos estratégicamente en las áreas de riesgo. Este muestreo es usado como "balizas" que avisan de la presencia y circulación del virus. Además, este año se ha adelantado este muestreo desde el mes de mayo. También se está trabajando para finalizar la implantación de una vigilancia entomológica autonómica, que permita detectar la circulación de mosquitos del género culex, el posible aumento y la circulación del virus en ellos.

Además, tras detectar la primera presencia del virus este año, así como el aumento de las poblaciones de culex, la Consejería de Salud y Familias dio traslado de esta información a los municipios afectados para intensificar las medidas de control y ejecutar los planes municipales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Finalmente, desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica se recuerda que no hay transmisión de persona a persona y que dicha transmisión es por picadura, por lo que las medidas de prevención de la infección en humanos están basada en evitar las picaduras de mosquitos.

Así, se recomienda emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer, procurar dejar la luz apagada, seguir diariamente una correcta higiene corporal, evitar los perfumes intensos, usar ropa que cubra lo máximo posible la piel y sacudirla antes de usarla si se ha tendido en el exterior, además de hacer un uso adecuado de los repelentes, siguiendo estrictamente las recomendaciones sobre el modo y frecuencia de uso descritos por el fabricante. "Si se usa crema para el sol, hay que aplicarla primero, dejar absorber durante veinte minutos y, entonces, aplicar el repelente de mosquitos", añade.

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha afirmado este jueves que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma mantiene los fenómenos explosivos, una velocidad estable en las deformaciones y una sismicidad de bajo nivel.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del comité científico y director del Pevolca, ha comentado que una colada de lava prácticamente se ha detenido --la orientada más al norte-- y la otra avanza "muy lento", a unos 4 metros por hora, algo que es normal cuando se alejan del centro de emisión, aparte de que tiene que arrastrar el material previo, parte de él frío, y adaptarse a la topografía del terreno.

Ha comentado que el frente de lava tiene unos 500 metros y en algunos tramos, una altura de 12 metros, y la columna de gases del volcán alcanza picos máximos de 4.500 metros de altitud.

Blanco ha dicho que "no es esperable" que haya lluvia ácida debido a la acción de los alisios y que la calidad del aire es buena, y ha garantizado que, ante la lentitud de la lava, ni este jueves ni mañana viernes, llegará al mar.

Ha señalado que el centro emisor no se ha detenido "y sigue siendo el mismo", y ha emitido unos 26 millones de metros cúbicos de lava.

En una erupción de tipo fisural, como la de La Palma, ha comentado que hay distintos centros emisores y cuando construyen un cono, se producen fenómenos de acumulación de gas que "se libera de forma repentina, brusca" y son muy explosivos, como ha ocurrido en los últimos días.

En esa línea, ha señalado que van a seguir ocurriendo en los próximos días y tampoco descarta que se creen nuevas centros emisores --bocas--.

Blanco ha reconocido también que a primera hora de este jueves la acción del viento conjugada con la producción de ceniza ha originado problemas en la navegación aérea --ha habido retrasos en La Palma y se han creado dos zonas de restricción para vuelos de emergencias-- y ha recomendado a la población de los municipios más afectados que se mantenga en casa o en caso de salir, utilice la mascarilla.

Los pilotos del Ejército del Aire han relatado este jueves a la ministra de Defensa, Margarita Robles, las dificultades a las que se enfrentaron en el plan de evacuación de afganos desde el aeropuerto de Kabul en una misión en la que no podían apagar los motores en ningún momento entre aterrizaje y despegue, y que les obligó a ir solventando algunos problemas mecánicos sobre la marcha.

"Cuando despegábamos, algunos se ponían a rezar, otros a llorar, era imposible no sentir empatía con esa gente que se va no se sabe a dónde", ha relatado uno de los integrantes del Ejército del Aire durante la visita de Robles a la Base Aérea de Zaragoza.

La titular de Defensa ha rendido homenaje a las dos unidades del Ejército del Aire, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y el Ala 31 que participaron en el plan de evacuación que permitió rescatar a más de 2.000 colaboradores afganos ante el retorno al poder de los talibanes.

Uno de los papeles clave los asumieron los certificadores de que los vuelos podían operar con seguridad en un aeropuerto como el de Kabul, situado a una altura de 2.000 metros y con temperaturas extremas, lo que sumado a que los motores no paraban nunca aumentaba los riesgos de avería.

CARAMELOS PARA NIÑOS

Este personal de mantenimiento viajó en cada vuelo con piezas de repuesto y herramientas, pero también echó una mano en la labor humanitaria de asistir a las personas que embarcaban para salir de Kabul. "Había compañeros que compraban caramelos y se lo daban a los niños para que no le pitaran los oídos en los descensos", ha explicado uno de ellos.

"Estábamos todo el día dándole vueltas. Veíamos las imágenes y tratábamos de anticiparnos a todo, había poca información", ha señalado uno de los pilotos del Ejército del Aire, recordando la tensión vivida antes del primer vuelo con el A400M a la capital afgana, haciendo escala en Dubai en trayectos de unas tres horas.

Luego, con el rodaje, comenzaron a volar "con un poco más de calma". "Cuando ya sacamos tandas de 300 personas, cada vez estábamos más satisfechos", ha puntualizado en uno de los corrillos con la ministra Margarita Robles.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando veían la cara de los niños ya a salvo en los aviones, a donde muchos era la primera vez que subían. "Iban mirando alrededor, no daban crédito", ha señalado este piloto, que recuerda que los motores en marcha aumentaba el ruido, por lo que las órdenes muchas veces se daban a voces porque no quedaba más remedio.

"Los motores en marcha era para asegurarnos que no había ninguna avería al parar y volver a arrancar", han comentado, añadiendo que el primer plazo de 30 minutos para estar en pista en Kabul "se quedaba un poco corto", aunque luego se fue alargando a una media de 40 o 50 minutos entre aterrizaje y despegue. "Más o menos nos arreglamos", han enfatizado.

Los pilotos han señalado que a 2.000 metros de altura --en Zaragoza la base está a 250 metros sobre el nivel del mar-- los motores no tienen el mismo rendimiento, y que tenían que cuidar también de mantener el avión a unos 30 o 35 grados de temperatura. "Se buscaba la hora más fría del día para maximizar la gente a la que sacar", han indicado.

IMÁGENES DE LA "LIBERACIÓN" DE MUJERES Y NIÑOS

También han reconocido que hubo fallos en algún avión A400M, sobre todo en uno que dio un error en un sensor y a efectos prácticos en el ordenador se indicaba que estaba siempre volando. "Había gente muy experta que daba tranquilidad a la tripulación y a su vez hacía la labor humanitaria durante ese trayecto", ha puntualizado un oficial.

"En todo momento ha sido seguro, pero hemos tirado de experiencia", ha señalado uno de los encargados del mantenimiento de los aviones, pese a los "quebraderos de cabeza" por los sistemas de refrigeración y el fallo en algún sensor. "Un vuelo tardó más del doble por eso, aunque no afectó a la operación", han puntualizado.

Otro de los aspectos tratados con Margarita Robles era que había niños que viajaban sin zapatos por la premura de la evacuación y la respuesta de las mujeres afganas una vez que se sentían a salvo de los talibanes. Una de estas mujeres, por ejemplo, aprovechó una escala para pedir permiso e ir al baño, pasando de ir vestida tapada de pies a cabeza a lucir vaqueros y zapatillas.

"Es la imagen del antes y el después", ha comentado una de las mujeres militares que participaron en la misión. "De la liberación", ha puntualizado la ministra de Defensa.

La pandemia de COVID-19 en Aragón sigue manteniendo una tendencia descendente por novena semana consecutiva, con una incidencia de 45,7 casos por 100.000 habitantes frente a los 51,4 que se registraban la semana pasada, si bien en los últimos días se ha frenado el ritmo de descenso.

El pico de esta sexta oleada se produjo el pasado 22 de julio, con una tasa de 450 nuevos casos por 100.000 habitantes a 7 días. Por primera vez desde que comenzó esta oleada la incidencia a 14 días baja de 100, con 97,7 casos.

Por provincias, la incidencia disminuye en Zaragoza y Huesca y se incrementa en Teruel. En estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 43,6 casos; Huesca de 44,5; y Teruel, 61,1 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Huesca se sitúa en 24,1 casos por 100.000 habitantes; Teruel en 99,3 y Zaragoza en 33,6.

En números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 161.037 casos confirmados de COVID-19, de los que 154.323 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.803 fallecimientos.

En cuanto a otros indicadores, el índice de reproducción básico se mantiene en 0,86 y la positividad global de pruebas diagnósticas se mantiene en el 4,47%.

HOSPITALIZACIÓN Y CONTACTOS

Esta semana se mantiene la tendencia descendente en hospitalización. Actualmente se registran 111 pacientes COVID ingresados en los centros aragoneses, frente a los 155 de la pasada semana. Del total, 26 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (el 12,7% de las camas uci disponibles) y 85 en hospitalización convencional (2,2%).

La cifra de contactos en seguimiento desde Atención Primaria también está descendiendo, con 2.093 personas en esta situación (2.312 hace una semana). Durante el pico de esta sexta oleada (22 de julio) se llegó a realizar seguimiento a 18.423 personas.

RESIDENCIAS

En las residencias de mayores de Aragón hay 19 brotes abiertos, que afectan a 450 personas: 387 residentes y 63 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En 3 centros solo hay afectados residentes; en 4 solo hay trabajadores positivos, y en 12 hay trabajadores y residentes.

A día de hoy, hay 39 personas hospitalizadas. Desde que comenzó esta sexta onda epidémica, el 28 de junio, han fallecido 78 personas en residencias de mayores de la Comunidad.

Santiago de Compostela será la sede de una cumbre en la que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de otras cinco comunidades autónomas abordarán la reforma del sistema de financiación autonómica.

Lo ha avanzado este jueves el presidente del Gobierno gallego al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, tras la que ha explicado que, de cara a este encuentro, está confirmada la presencia de Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Cantabria. Además, no se descarta la presencia de otras regiones.

Si bien ha dicho que las fechas que se barajan sitúan el encuentro en el horizonte de "finales de octubre o principios de noviembre", el máximo mandatario autonómico no ha concretado el día, pendiente de fijar según las "agendas de como mínimo seis presidentes".

En su comparecencia ante la prensa, Feijóo ha asegurado que la "actualización" del sistema de financiación "es uno de los grandes temas pendientes" en España. Toda vez que, finalizado el periodo de vigencia, "toca revisarlo".

"Hay comunidades de distinto signo político que llevamos mucho tiempo trabajando. No miramos cuál es el signo político de la comunidad, miramos si tenemos coincidencia de criterio en base a motivos objetivos y objetivables", ha sostenido Feijóo.

Feijóo ha subrayado que la invitación a este foro parte del "convencimiento de que la financiación de las comunidades autónomas es un tema crucial para el Estado de las Autonomías", así como de la necesidad de "defender los intereses de la población" que los gobiernos representan. "Eso sí", ha dejado claro, "con criterios objetivos y no simplemente porque sí".

De este modo, ha incidido en que "esto no va de colores políticos" sino de "criterios objetivos" como el reto demográfico, la dispersión de la población o el envejecimiento.

"Creo que las comunidades de sistema de financiación de comunidades sabemos, por lo tanto, es bueno que los que gestionamos le facilitamos al Gobierno central una propuesta, si es posible consensuada por la mayor parte de las comunidades", ha apuntado.

Con todo, ha dicho que el hecho de que se vaya a realizar este foro en el que participarán "seis o siete comunidades" no significa que Galicia "no hable con cualquier otra comunidad autónoma". Así, ha recordado que "desde hace tiempo" tiene una reunión aplazada por la covid con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"MESA MULTILATERAL"

Todo ello en una intervención en la que se ha mostrado convencido de que la "inmensa mayoría de los presidentes autonómicos tienen algo común": "Que el sistema de financiación autonómica tiene que cerrarse en una mesa multilateral y no en las reuniones bilaterales entre el Gobierno central y una comunidad autónoma".

"Seguro que todos los presidentes, salvo uno, estamos de acuerdo con eso, lo cual ya es un avance", ha apuntado.

La mayoría de los grupos del Congreso han avanzado su apoyo a retomar los trabajos de la comisión de la Cámara Baja que investiga el accidente del Alvia que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, conocido como accidente ferroviario de Angrois, y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas.

Así, el Congreso reabrirá esta Comisión de investigación después de que la mayoría de la Cámara haya aprobado una iniciativa presentada por el BNG, ERC y Bildu en la que se solicitaba retomar estos trabajos con el fin de "esclarecer la cadena de responsabilidades" y adoptar medidas para evitar que se repitan situaciones similares.

El Congreso ya constituyó una comisión de investigación sobre este accidente en 2018, pero sus trabajos se quedaron a medias por la convocatoria de la elecciones de abril de 2019 y nunca se retomaron, a diferencia de lo que sí ocurrió, por ejemplo, con la relativa al accidente de Spanair en Barajas en 2008, que aprobó sus conclusiones el pasado mes de mayo.

EN PARALELO CON EL JUICIO

De este modo, la Comisión de investigación se desarrollará previsiblemente al mismo tiempo que se celebra el juicio para esclarecer lo sucedido en el accidente. Este procedimiento está previsto para mediados de 2022 después de que la instrucción judicial se cerrara el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado.

En este contexto, el diputado del BNG, Néstor Rego, encargado de defender la iniciativa, ha señalado ante el Congreso que aún quedan muchos cabos sueltos sobre las causas y responsabilidades de la misma, algo que también se indica en el escrito de la iniciativa.

Ante esto, el diputado del PP Celso Luis Delgado, que ha avanzado que su formación política no se opondrá a la creación de esta comisión de investigación, ha reclamado que este grupo de trabajo "no se convierta en un juicio paralelo" al que se celebrará en Galicia para dirimir los hechos.

Asimismo, ha pedido que se retomen los trabajos en el mismo punto en el que se dejaron y ha adelantado que los 'populares' trabajarán en esta comisión de investigación "con el mayor respeto y convencimiento" que se merece esta causa.

También desde Ciudadanos y el PSOE han adelantado que apoyarán reabrir esta comisión de investigación y, en el caso de los socialistas, han pedido que los miembros de este grupo tengan la capacidad de "empatía" para sacar las conclusiones "con todas las garantías de rigurosidad".

VOX DUDA DE LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

Por su parte, la diputada de Vox María de los Reyes Romero Vilches ha puesto en cuestión los objetivos de esta comisión propuesta por ERC, BNG y Bildu: "La izquierda utiliza las desgracias en su propio beneficio partidista".

Asimismo, durante su intervención también ha hecho mención a las víctimas de ETA, "aunque para eso la izquierda, junto con sus cómplices, no se plantean siquiera crear una comisión de investigación, lo que demuestra el sectarismo que se ha instalado en España".

PROCEDIMIENTO CONTRA ESPAÑA

En cualquier caso, los promotores de la iniciativa apuntan que diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto.

Respecto a la comisión que ya se creó en el Congreso, recalcan en su escrito que muchos de los comparecientes arrojaron "serias dudas" relativas a las "responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea.

Además, recuerdan que "también quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes".

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino, ha apoyado las tesis del escrito presentado por los grupos proponentes de la iniciativa y ha pedido que en la Comisión "ninguna sombra pueda tapar la verdad".

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España la retirada del proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por favorecer, entre otros aspectos, la "ideologización de los campus".

Así lo ha afirmado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, durante su intervención en la Conferencia General de Política Universitaria, que se ha celebrado este jueves de manera telemática y en la que han participado representantes del ministerio del ramo y de las comunidades autónomas.

Ossorio ha subrayado que la actual redacción de la LOSU está encaminada a una "muy negativa ideologización de los campus", ya que se otorga gran peso "a la anticuada memoria democrática".

Además, ha apuntado que se excede "en la perspectiva de género para quebrar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al servicio público" y, todo ello, para "aleccionar a los estudiantes en los mantras del actual Gobierno central".

El consejero madrileño ha mostrado su preocupación ya que asegura que la LOSU "no contribuye a la excelencia, buena gobernanza y la transparencia del sistema universitario", sino que es un proyecto que "pretende dar continuidad en el ámbito universitario a la rebaja de la calidad educativa que propone la Ley Celaá para los estudios de Primaria, ESO y Bachillerato".

"Reniega de la memoria y el esfuerzo y apuesta por acceder a los conocimientos mediste su búsqueda en internet", ha destacado.

Entre otros aspectos, Ossorio ha criticado la supresión de la condición de ser catedrático para poder optar al cargo de rector, puesto que esta "va directamente ligada a la excelencia, prestigio y el mérito", o la desaparición en la Ley Orgánica de la mención de la expedición de títulos por el Rey.

PAPEL DE LOS ESTUDIANTES EN TOMA DE DECISIONES

Igualmente, ha calificado como un "retroceso" que se dé a los estudiantes un papel determinante en la toma de decisiones, al concedérseles un peso "de al menos el 25% en las Juntas de Facultades y en los consejos de departamento".

"Los estudiantes han de tener su voz, su presencia y su participación, pero no pueden ser decisivos en cuestiones de investigación, transferencia de conocimiento y aspectos de gestión y gobernanza de la universidad para las que carecen de preparación", ha aseverado.

El consejero regional también se ha referido a las modificaciones de la gobernanza de las universidades previstas en la LOSU, de las que ha expresado que pretenden "primar a determinados colectivos para que tomen las universidades y devaluar el mérito y el esfuerzo".

Por otro lado, considera "positivo" que el mandato del rector se extienda a seis años, pero sin que pueda optar a la reelección, y que se pueda nombrar a una persona de fuera de la universidad como director de la Escuela de Doctorado.

DIÁLOGO Y LA COLABORACIÓN

Asimismo, Ossorio ha mostrado su "total disposición" al diálogo y a la colaboración, aunque ha resaltado sus dudas ya que a la vez que se convoca para dialogar sobre la LOSU en esta Conferencia Sectorial, "se esté cambiando de facto nuestro sistema universitario con otras normas y decretos que se han venido desplegando en paralelo".

"El ministerio pregunta a las comunidades autónomas qué universidad queremos, mientras se pone en marcha la universidad que quiere el Gobierno", ha criticado.

Por último, Ossorio ha destacado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir avanzando "en favor de todo aquello que dé un nuevo impulso a nuestras universidades como espacio de igualdad, de libertad, de calidad docente e investigadora y de excelencia".

La Audiencia de Sevilla señala para el 10 de julio de 2023 el juicio de la pieza separada de los ERE que irregulares financado con cargo a los fondos autonómicos corespondiente a las ayudas concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica.

Así lo ha decidido la Sección Terera después de que en 2017, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, elevase esa pieza separada a la Audiencia de Sevilla, según el auto emitido el día 20, adelantado por Diario de Sevilla y ABC.

En dicho auto, la Sección Tercera de la Audiencia señala un total de 35 sesiones entre dicha fecha de julio y el 27 de noviembre de 2023, para la celebración de toda la vista oral, sin perjuicio de acordar "días adicionales en función del desarrollo del juicio".

En esta pieza figuran como acusados varios exaltos cargos socialistas de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, pesando la muerte de Guerrero el pasado mes de octubre de 2020.

Igualmente, cabe recordar que Fernández, Barberá y Márquez fueron condenados por la Sección Primera de la Audiencia en la sentencia relativa al denominado como "procedimiento específico" mediante el cual fue canalizada la financiación pública de los ERE irregulares o innecesarios y ayudas subvenciones y supuestamente arbitrarias.

Asimismo, esta pieza afecta al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos 'intrusos' --uno de ellos concuñado de Antonio Rivas--, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y un representante sindical.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Lanzas y Juan Francisco Algarín.

PENAS DE CÁRCEL

El Ministerio Público pide además ocho años de prisión para Rivas; seis años de cárcel para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados.

De su lado, la acusación que ejerce el PP-A pide las mismas penas que la Fiscalía pero les suma dos años de cárcel por un delito de asociación ilícita, mientras que la Junta ha pedido la libre absolución de Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera y del representante sindical José Hurtado, solicitando penas de cárcel para los otros acusados.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que fue el 22 de marzo de 2005 cuando la mercantil solicitó a la Delegación de Empleo en Sevilla la solicitud de un ERE para la extinción de los contratos laborales de los 45 trabajadores de la plantilla de la empresa "por razones económicas", no obstante lo cual la Junta advirtió en dicha solicitud "defectos y omisiones".

Así, la empresa fue requerida para subsanarlos, "sin que ello se hiciera", lo que motivó el archivo del expediente mediante resolución de 20 de mayo de 2005 firmada por Antonio Rivas, dice la Fiscalía, que resalta que "en fechas anteriores le habían sido autorizado a estas empresas tres ERE, dos suspensivos y uno extintivo, que afectaron a 43 personas".

EL PAPEL DE LANZAS

La Fiscalía agrega que, a principios de 2006, los responsables de estas empresas contactaron con un letrado "para iniciar la tramitación" de un nuevo ERE y con Juan Lanzas "como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas".

"Para conseguir los fondos públicos necesarios para hacer frente a las obligaciones de estas empresas por la extinción de las relaciones laborales", Juan Lanzas contactó con Rivas y Guerrero, "facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción". Finalmente, Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.

La Fiscalía asevera que Rivas, "con el conocimiento y consentimiento" de Guerrero, "instó" a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarios a dos personas que "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas", tras lo que, el 28 de junio de 2006, Guerrero, "con el conocimiento y consentimiento" de Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para 26 extrabajadores de Surcolor.

SIN "PROCEDIMIENTO ALGUNO"

Los encausados "conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores --además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla ya reseñadas--, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa (ausencia de baremación o cualquier tipo de estudio de las circunstancias de los beneficiarios, ausencia de fiscalización por la Intervención delegada de la Consejería de Empleo), sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna".

"Esta ayuda deliberadamente no fue publicada ni registrada en la base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía", dice la Fiscalía, que asevera que Juan Lanzas, "como contraprestación económica a la consecución de los fondos públicos de la Junta para el pago de las indemnizaciones por despido obligación de las empresas", hizo que el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, "como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes", facturara en el ejercicio 2006 un total de 118.752 euros a Surcolor, Surcolor Óptica e Indobarasa.

A juicio de Anticorrupción, el supuesto 'testaferro' "conocía que el importe reseñado de las facturas que había emitido era la contraprestación económica, de la cual participa éste, que recibía Lanzas por conseguir que con fondos públicos de la Junta de Andalucía se pagaran obligaciones de los empresarios sin sujeción a procedimiento alguno".

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a dos mujeres de nacionalidad española como presuntas responsables de un delito de estafa. La más joven fingía estar enamorada de la víctima, aprovechando sus encuentros para conseguir las tarjetas bancarias y sus claves, para posteriormente efectuar extracciones fraudulentas por valor 4.000 euros. A la detenida de mayor edad le figuraba, además, varias requisitorias de ingreso en prisión.

En la denuncia presentada por un hombre ante la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaria Provincial de Málaga, manifestaba haber sido víctima de varias extracciones fraudulentas en sus cuentas bancarias, desconociendo quién podría haberlas realizado. El perjuicio económico producido alcanzaba los 4.000 euros.

Las pesquisas policiales arrojaron que la presunta autora sería una joven, la cual fingía una supuesta relación sentimental con la víctima, en connivencia con otra mujer que participaría en la trama.

Esta mujer aprovechaba sus encuentros con el perjudicado para solicitarle pequeñas cantidades de dinero. Acudían juntos a retirar el efectivo al cajero automático, momento en el que aprovechaba, en confabulación con otra investigada, para hacerse con las claves de las tarjetas. Días después, sustraían al descuido las tarjetas bancarias para, desde otro cajero, realizar las oportunas extracciones, llegando a estafar al anciano un total de 4.000 euros.

Los agentes comprobaron la relación entre ambas mujeres, destapando que la alcahueta resultó ser la expareja del padre de la joven investigada. Constatando, a través de las bases de datos policiales, que a esta cómplice le figuraban varias requisitorias de ingreso en prisión.

Tras numerosas gestiones, los funcionarios ubicaron los lugares de residencia de ambas mujeres, donde tras ser identificadas procedieron a su detención como presuntas responsables de un delito de estafa. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial, quien decretó el ingreso en prisión de la detenida a la que le constaban las requisitorias.

La Fundación Fontilles ha abierto este jueves al público una exposición fotográfica virtual para sensibilizar a la población sobre el derecho a la salud de las personas más vulnerables del planeta y difundir su trabajo por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

La apertura de la muestra, que lleva por título 'Abre los ojos por la salud global' y a la que se puede acceder desde la web de la fundación, coincide con la celebración, este sábado 25 de septiembre, del sexto aniversario de la firma de la Agenda 2030 por parte de los países miembros de Naciones Unidas.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de València, recopila las vivencias de 20 personas que han participado o se han beneficiado de diversos proyectos de cooperación sanitaria internacional que la entidad ha desarrollado durante los últimos años en India, Nepal, Mozambique y la República Democrática del Congo.

Las imágenes, obra de los fotógrafos Alberto Pla, Tom Bradley y Jordi Pla, así como de varios colaboradores de Fontilles, reflejan diversas iniciativas orientadas a lograr los ODS centrados en el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la reducción de las desigualdades.

"Abre los Ojos por la Salud Global refleja el impacto de las desigualdades en el derecho a la salud y la importancia de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha explicado al respecto la directora de Sensibilización de Fontilles, Yolanda Sanchis.

Sanchis ha recordado que "más de 1.000 millones de personas en el mundo, una de cada seis, padecen una o varias enfermedades tropicales desatendidas que, si no se tratan a tiempo, condenan a una vida de estigma y exclusión".

"La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad que existe para acceder a los servicios sanitarios, la relación de la salud con la pobreza y la importancia de la salud para un desarrollo global y sostenible", ha lamentado.

MÁS DE 780.000 BENEFICIADOS

La entidad desarrolló el año pasado 23 proyectos de cooperación sanitaria internacional que beneficiaron a 786.846 personas en Asia, África y América Latina. Las iniciativas se ocuparon de combatir la lepra, el mal de Chagas, la úlcera de Buruli, la filariasis linfática y otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza, así como de fomentar iniciativas de prevención de discapacidades, rehabilitación física y socioeconómica, y salud materno-infantil y comunitaria.

El proyecto de concienciación iniciado con la apertura al público de exposición virtual se completará durante el mes de octubre mediante una campaña de sensibilización en los espacios publicitarios Línea 0 de MetroValencia y TRAM de Alicante, dedicados a la comunicación de organizaciones sin ánimo de lucro.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha solicitado a la Audiencia Nacional que avale la decisión del juez Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación sobre la 'Operación Kitchen' y de dejarla a ella y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, fuera del caso, argumentando que las pesquisas en torno a la supuesta trama política están "agotadas" sin "indicios sólidos", lo que conduciría a la conclusión de que solo fue una "operación policial".

En un escrito, Cospedal se ha opuesto a los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el PSOE y Podemos, que buscan que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que puso fin a la investigación sobre esta pieza separada 7 de la macrocausa 'Tándem'.

Cospedal reclama a la Sala que confirme la decisión de García-Castellón de archivar el asunto para ella y para su marido, que llegaron a estar imputados porque el juez sospechó que pudieron haber tenido una participación "decisiva" en la captación del chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía del operativo parapolicial con el que habrían vigilado entre 2013 y 2015 a la familia para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes.

La Fiscalía cree que el magistrado debe seguir investigando la llamada "conexión política", que habría dado la cobertura necesaria para que el Ministerio de Interior y la cúpula policial pudieran poner en marcha la 'Operación Kitchen'. En este paraguas político, Anticorrupción incluía a Cospedal y apuntaba también al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Sin embargo, el abogado de Cospedal sostiene que la investigación sobre su cliente, López del Hierro y "la supuesta 'conexión política' de la presunta operación policial" está "agotada", incidiendo en que la participación del matrimonio en el espionaje a Bárcenas es "inexistente".

Y ello porque entiende que, de las diligencias practicadas en estos años de instrucción, no se han extraído "indicios sólidos" contra la pareja. En este sentido, subraya que los únicos elementos que podrían apuntar a Cospedal y López del Hierro son los aportados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que califica de "meras sospechas".

Así, responde a los fiscales anticorrupción, que acusaron a García-Castellón de dibujar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política, que "no es que el juzgado 'no quiera' continuar con la investigación sobre el supuesto 'patrocinio político' de la presunta operación policial, es que no debe hacerlo, pues no hay razones jurídicas de peso para ello".

LA PALABRA DE VILLAREJO

En consecuencia, considera improcedente la petición del Ministerio Fiscal de seguir indagando en los cinco números de teléfono que Villarejo aportó asegurando que a través de ellos mantenía a Rajoy al corriente de 'Kitchen'.

Cospedal destaca en su escrito que "no constan comunicaciones" entre los teléfonos que habría usado el comisario y el que pertenecería a Rajoy, razonando que el hecho de que esta última línea telefónica pertenezca al PP, o que incluso realmente fuera la del ex presidente, no demuestra "en absoluto" que ambos se comunicaran.

La ex jefa de los 'populares' esgrime que ni en este punto, ni tampoco en sus declaraciones judiciales, en las conversaciones que grababa y en los apuntes de sus agendas personales, se puede dar credibilidad a la palabra de Villarejo.

"Sabido es que la declaración incriminatoria de un imputado --en este caso, del señor Villarejo-- por sí sola no puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia", sino que debe ser corroborada por "datos objetivos", recalca apostillando que no es el caso.

CONTACTOS "SOCIALES"

Cospedal coincide con el juez en definir 'Kitchen' como una "operación policial", es decir, restringida al ámbito del Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, de la que asegura que no tuvo conocimiento alguno.

Sobre su supuesta intervención para fichar a Ríos, indica que fue el chofer quien "por propia iniciativa" acudió a Andrés Gómez Gordo --ex jefe de seguridad de Cospedal--, a quien conocía de una etapa anterior, después de que alguien de la Policía contactara con él. A partir de ahí, relata, los comisarios se comunicaron entre ellos. "¿Qué necesidad había de que López de Hierro o Cospedal estuviesen por medio? No tiene ningún sentido", expone el escrito.

En cuanto a la relación del matrimonio con Villarejo, el escrito habla de simples contactos "sociales". El primero en conocerle, relata, fue López del Hierro en los años 90, aunque retomaron la relación en el año 2000 tras un encuentro casual. "A partir de ese momento comenzó una relación de quedar de vez en cuando a tomar un café y ponerse al día (...). Hablaban de política, de anécdotas del mundo policial y judicial", explica.

Villarejo, continúa, pidió a López del Hierro reunirse con Cospedal en 2009 porque tenía "información interesante sobre determinadas personas del partido político". Ella aceptó porque en ese momento estaba "preocupada" por si el entonces Gobierno socialista estaba grabando al PP en Génova y por las filtraciones a la prensa sobre temas judiciales que afectaban al PP. Después se reunieron 3 o 4 veces más pero solo hablaron de "actualidad política y judicial", asevera.

De esta forma, Cospedal niega que esos encuentros tuvieran como finalidad que Villarejo le diera información sobre las investigaciones judiciales de 'Gürtel', al tiempo que plantea "qué necesidad podría tener el Partido Popular para patrocinar o idear una supuesta operación policial ('Kitchen') con el fin de sustraer una supuesta documentación del señor Bárcenas, cuando dicha documentación estuvo en la sede del propio partido durante años".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha juzgado este jueves a dos hermanos, de 30 y 28 años, por un supuesto delito de tentativa de homicidio, después de que le cortaran el cuello con un 'cutter' a un compañero de trabajo, de 58 años.

Éste también ha sido juzgado por un delito leve de lesiones, al supuestamente agredir a los hermanos con un palo para defenderse. La Fiscalía pide para los familiares siete años de cárcel.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los dos familiares han negado los hechos, que ocurrieron el 13 de diciembre de 2018 en Manacor. Ese día, ambos se dirigieron al lugar de trabajo de uno de ellos, donde supuestamente habían quedado con su jefe para reclamarle un dinero que le debía.

Al no hallar al mismo, los dos hermanos fueron a hablar con su mujer, con la que empezaron una discusión y a la que, según el escrito de la Fiscalía y el testimonio de algunos testigos, amenazaron y gritaron, lo que dio lugar a una discusión.

Al escuchar los gritos, el tercer acusado se acercó con el objetivo de lidiar la situación, de acuerdo a su testimonio. No obstante, como respuesta recibió, presuntamente, un puñetazo en la cara por parte de uno de los hermanos.

Mientras, el otro le agarró por detrás, inmovilizándole, hecho que el autor del puñetazo aprovechó para cortarle el cuello con el 'cutter'.

Sobre esto, el responsable de la agresión ha reconocido que llevaba el arma encima, pero que su intención era únicamente amenazar a su compañero y no intentar acabar con su vida.

Además, el escrito inicial de la Fiscalía apunta a que el varón de 58 años agredió a los dos jóvenes utilizando un palo. Sin embargo, varios testigos de los hechos, así como el propio acusado, han negado que portara algún objeto con el que pudiera agredir a los familiares.

Con todo, y a consecuencia del altercado, uno de los hermanos sufrió una herida en la pierna y, el otro, traumatismos en la pierna y la cadera. Por su parte, el varón de 58 años sufrió una herida incisa en el cuello, valorada pericialmente en 15 puntos.

Por ello, la Fiscalía ha pedido para los dos hermanos la pena de siete años de prisión con ihnabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la misma y la prohibición de acercarse al compañero de trabajo por un plazo de diez años a una distancia mínima de 500 metros. Además, deberán indemnizarle con 7.000 euros por las lesiones causadas.

Asimismo, para el varón de 58 años se pide una pena de un mes de multa por valor de 180 euros y la cantidad de 1.660 euros por las lesiones y perjuicio estético causado a uno de los hermanos.

La defensa de Juana Rivas ha valorado este jueves la postura favorable de la Fiscalía del Tribunal Supremo a que se conceda el indulto parcial a esta madre de Maracena (Granada), condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores; una pena que está cumpliendo en estos momentos en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos.

El Ministerio Público sugiere dejar la pena de prisión en dos años y rebajar la pena de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad sobre los niños de seis a cuatro años.

El abogado Carlos Aránguez ha señalado en declaraciones que valora "muy positivamente" la postura de la Fiscalía, que a su juicio "demuestra" que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada "se equivocó" y que "esas prisas que tenía por que Juana ingresara en prisión no estaban justificadas".

Junto a ello, el letrado se ha referido a la disparidad de criterio entre la Fiscalía de Granada, que solicitó el "inmediato ingreso en prisión" y "con la máxima dureza" para su cliente, y la Fiscalía del Tribunal Supremo, que está apoyando la concesión del indulto parcial.

"La Fiscalía debe actuar siempre de acuerdo a los principios de unidad y jerarquía como es sabido", ha advertido la defensa de Rivas, que en todo caso ha mostrado su "más sincera satisfacción" por el informe favorable del Ministerio Público al indulto.

Sobre esta "contradicción" en los criterios de la Fiscalía también se ha pronunciado Enrique Zambrano, el abogado de la expareja de Juana Rivas, que ha lamentado en declaraciones la "extrema politización" de este caso.

Fuentes del Supremo consultadas han asegurado que, en el marco del procedimiento, los magistrados del Alto Tribunal debatirán su propio informe el próximo 5 de octubre y luego se remitirá al departamento dirigido por Pilar Llop para que sea ésta quien defienda la solicitud ante el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra sobre el destino de Rivas.

Fue condenada tras abandonar Italia en 2016 con sus dos hijos con la intención de no regresar, pese a no contar con el consentimiento del padre de los menores. En 2017 pasó un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los niños a su expareja, al que acusa de malos tratos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha puesto un centenar de dosis adicionales de la vacuna del coronavirus a otros tantos usuarios de residencias de personas mayores y dependientes en el primer día de esta nueva campaña de vacunación, que arrancó el miércoles en dos centros de Santander.

El pinchazo de refuerzo se empezó a inocular en la región en el CAD de Cueto y en la residencia Virgen del Faro, a 78 y 24 usuarios respectivamente, y que suman un total de 102 vacunas administradas.

Se trata de menos de las previstas inicialmente debido a que algunos de los receptores se encontraban enfermos, según ha explicado el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga.

En rueda de prensa ha indicado que este proceso de refuerzo de la inmunización continúa este jueves en la Fundación San Cándido de la capital y el viernes en El Aliso de Torrelavega.

VACUNACIÓN SIN CITA

En paralelo, prosigue la vacunación sin cita programada para esta semana en diversos puntos de la región: esta tarde en el Centro de Salud Covadonga de Torrelavega y mañana por la tarde en el del Sardinero.

Y el sábado se desarrollará una nueva jornada, en el hospital Sierrallana, entre las 12 y las 15 horas, y el domingo, coincidiendo con el Día de Campoo, en el Hospital Tres Mares, de 9 a 21 horas y sin límite de dosis.

POSITIVOS EN RESIDENCIAS

Al margen de la vacunación, en relación con la incidencia de la pandemia en las residencias, cuentan en la actualidad con un total de 20 casos activos entre usuarios, de los que 17 están en los centros y los tres restantes hospitalizados. Además, 6 profesionales se han infectado.

La gran mayoría de los residentes afectados pertenecen a Villa Cicero, con 12, mientras que tres son de la residencia municipal de Castro Urdiales y los otros dos del Padre Menni, donde recientemente se detectó un brote Covid.

El PNV celebrará el próximo domingo, día 26, un nuevo Alderdi Eguna en la campa de Foronda sin fiesta, en un contexto todavía de pandemia de la covid-19, y con un "sobrio" acto político, de foro limitado, que centrará en su liderazgo para que Euskadi salga "más fuerte" de la crisis. Sus mayores retos en los próximos meses serán la igualdad, sostenibilidad, demografía y digitalización, que es donde "está el futuro" de los vascos.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la dirigente de la organización juvenil jeltzale, EGI, Aitana Agirre, intervendrán en el acto, que tendrá limitación de aforo y que comenzará a las 12.00 horas en Foronda (Vitoria).

Esta será la 45 edición de la conmemoración de la formación jeltzale que volverá a celebrarse este 2021 en situación de emergencia sanitaria por la pandemia, aunque con una evolución positiva de la práctica totalidad de indicadores.

En un comunicado, el PNV ha explicado que, en este contexto todavía de lucha contra el coronavirus, este Alderdi Eguna "poco o nada tendrá que ver" con el de los años anteriores a la pandemia, "de marcado carácter festivo".

En esta ocasión, no habrá en la campa de Foronda fiesta ni txosnas, ni música, aurreskus, desfiles, atracciones pequeños, ni comidas populares, como era tradicional, sino que solo se celebrará el acto político "y un sentido recuerdo" a las víctimas de la covid-19.

Los jeltzales destacan que, pese a la evolución positiva de la práctica totalidad de indicadores, la situación de emergencia sanitaria en la que aún se encuentra Euskadi "obliga a todas y todos a seguir actuando con responsabilidad y desde la más estricta observancia de las normas sanitarias vigentes" en el quehacer diario.

Según aseguran, esta es también "la máxima" que inspira al PNV a la hora de organizar este Alderdi Eguna 2021. Es la principal razón por la que el aforo de la campa de Foronda se verá "muy acotado" el próximo domingo.

De hecho, el aforo ha quedado ya cubierto con los asientos reservados los miembros de la Asamblea Nacional, a los dirigentes de la Ejecutiva Nacional y de los Consejos Territoriales, a representantes institucionales, a militantes de EGI, y a representantes de las Organizaciones Municipales del partido. La afiliación y el conjunto de la ciudadanía podrán seguir en directo el acto político a través de la web del PNV y de las redes sociales.

Con la celebración de este acto político, la formación jeltzale pretende trasladar a la sociedad vasca que la positiva evolución de la pandemia permite a todos los vascos, en sus respectivos ámbitos, "ir retomando espacios y actividades previos a la Covid-19 desde la sensatez y la prudencia".

ACCIÓN POLÍTICA

El PNV aprovechará este encuentro para explicar su acción política en los próximos meses, "desde la plena confianza en que Euskadi saldrá adelante". En este sentido, ha asegurado que, "en correspondencia a la confianza que en este partido ha depositado la ciudadanía vasca, ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando" para que los vascos "salgan más fuertes de esta crisis".

"Lo hará con la firme determinación de acometer la transformación de nuestro país atendiendo y afrontando los mayores retos que encara: igualdad, sostenibilidad, demografía y digitalización. Ahí está el futuro de Euskadi y ahí estará PNV liderando ese proceso", ha aseverado.

PRIMER ALDERDI EGUNA

El primer Alderdi Eguna se celebró en septiembre de 1977 en San Miguel de Aralar, en Navarra. "Desde entonces, el PNV ha organizado de forma ininterrumpida una fiesta única en el panorama político de la Europa occidental", ha destacado.

El año pasado, con una tasa de incidencia que oscilaba la última semana de septiembre entre los 350 y los 480 casos por cada 100.000 habitantes y sin haberse iniciado aún el proceso de vacunación, sus suspendió la fuesta, y la dirección del partido organizó en la campa de Foronda un acto al que fueron convocadas 80 personas y en el que estuvo "muy presente" el recuerdo y homenaje a las víctimas de la Covid-19.

En estas fechas de 2021, con la pandemia "aparentemente bajo control" y con casi el 90% de las personas vascas mayores de 12 años con la pauta de vacunación completada, el PNV cree "oportuno emprender, con un primer paso, pequeño pero seguro, el camino de regreso a la normalidad con la organización de este Alderdi Eguna de aforo limitado".

Los asistentes están citados a las 11.30 horas en la campa de Foronda tomen asiento de modo ordenado. El acto político comenzará a las 12.00 horas y esta previsto que se prolongue durante una hora. Cuando concluya, en torno a las 13.00 horas, se procederá al desalojo organizado del recinto.

El diputado y portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha sostenido este jueves que si el Partido Popular siguiera las directrices en financiación autonómica que pregona la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "significaría la ruina de Administración de Andalucía, de los servicios públicos en Andalucía".

Jiménez, en declaraciones a los medios, ha sostenido sobre la presidenta de Madrid que "defiende la insolidaridad" y rechaza "el criterio de igualdad o de población que imperen en el reparto de los fondos de la financiación autonómica".

El parlamentario socialista ha calificado este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, como "un cobarde político", pronunciamiento que ha sustentado en que "no se atreve a sentarse en la mesa del diálogo de financiación autonómica", un hecho que ha atribuido a que "no se atreve a plantarle cara a quien marca el ritmo político de la derecha que es la señora Ayuso".

Mario Jiménez ha esgrimido los postulados de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre que la negociación de la financiación autonómica debe afrontarse a dos bandas: por un lado, los responsables de las comunidades autónomas, y por otro, un diálogo Gobierno-PP, que el portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia ha considerado que "no es fácil" por los argumentos antes esgrimidos.

"Le pedimos a Moreno que reclame en su partido que se produzca la rectificación", ha afirmado Jiménez en referencia a la disposición de Casado al diálogo sobre la financiación, quien ha augurado que "si el señor Casado se reúne con la señora Montero habrá un acuerdo de financiación, de reforma de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades de Autónomas), y de actualización del modelo fundamentado en el criterio de población ajustada que garantice la igualdad de oportunidades de ciudadanos".

Tras insistir en que "en muy poco tiempo habrá acuerdo" de producirse ese encuentro entre el presidente del PP y el Gobierno, Jiménez ha considerado que "Moreno tiene un problema en la calle Génova, que se llama Pablo Casado, no en las comunidades gobernadas por el PSOE".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este jueves "garantizar el acceso de todos a los servicios públicos, a todo el sistema de conocimiento y a las universidades".

En el acto de inauguración del curso académico 2021-2022 del sistema universitario catalán, en el aula magna de la Universitat de Girona (UdG), Aragonès ha recordado que la pandemia de Covid-19 "puso de relieve la necesidad de reconocer lo colectivo", ya que los servicios públicos compartidos continuaron pese a la situación sanitaria.

En este sentido, ha asegurado que no ve ninguna etapa educativa como una experiencia individual sino como un "proceso colectivo"; y entender esto puede ayudar a maximizar las oportunidades que brinda la diversidad académica y social, en su opinión.

"La educación es la base de una sociedad justa, libre, comprometida y plenamente democrática, y en el caso de las universidades sumamos un sistema de investigación del que nos enorgullecemos como país, pero no debemos caer en la autocomplacencia y debe ser un elemento de autoexigencia en el futuro más inmediato", ha reflexionado.

Aragonès ha apuntado que este debe ser el curso de la "recuperación progresiva de la presencialidad" y de empezar a dejar atrás los efectos que ha tenido la pandemia en la actividad universitaria, porque los efectos económicos, sociales y económicos continuarán durante un tiempo, ha dicho.

A su vez, la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, ha defendido asegurar el relevo generacional en la educación superior, mejorar las infraestructuras científicas y aumentar la financiación de los centros docentes y de investigación.

Asimismo, ha propuesto que la universidad defienda el catalán como lengua propia, y ha llamado a "no desaprovechar las oportunidades" que lleguen con el nuevo presupuesto de la Generalitat, intentando consensuar las mejores decisiones para el ámbito de su departamento.

RECLAMACIONES DEL RECTOR

A su vez, el rector de la UdG, Quim Salvi, ha pedido a los responsables políticos presentes en el aula magna "que conviertan los buenos augurios en el apoyo político y económico necesario para que el barco de las universidades llegue a buen puerto".

Salvi, que ha apostado por un cambio de modelo universitario que pase de apostar "de la cantidad a la calidad", ha alertado de que se atisba un futuro a corto plazo caracterizado por la crisis y la complejidad.

La lección inaugural, sobre la educación inclusiva, ha corrido a cargo de la miembro del Departamento de Educación de las Escuelas Públicas de Nueva York (Estados Unidos) Roser Salavert.

UGT Canarias, en nombre de sus federaciones y uniones territoriales, ha trasladado a través del registro digital de la propia institución la solicitud urgente para que se inicie un expediente de reclasificación de los terrenos colindantes a los afectados por la erupción volcánica.

Como norma general, apuntan en una nota, este caso se realiza cuando las instituciones públicas llevan a cabo modificaciones puntuales de sus planes de ordenamiento municipal.

Sin embargo, la propia ley también establece que esto se puede realizar en caso de interés general o en caso de una emergencia sobrevenida como es la actual crisis volcánica que vive La Palma.

Además, como antecedentes cercanos la Ley 9/2011, aprobada por el Parlamento de Canarias, permitió llevar a cabo la modificación del uso de los terrenos colindantes al Aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, para proceder a la ampliación de dicha instalación.

Asimismo, existe el mecanismo del Decreto Ley, una herramienta más ágil y que posibilitaría al Ejecutivo canario llevar a cabo su aprobación directamente, y de ser así, sería la primera vez que se aplicaría esta fórmula.

En esta línea, Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, aboga por su uso inmediato con la finalidad de dar una respuesta rápida a la ciudadanía afectada.

Para este sindicato, y a tenor de la gravedad y la implicación emocional de la situación, esta reclasificación debe realizarse en la zona próxima a la afectada y así el impacto psicológico en los vecinos será menor.

Además, debe responder a nuevos criterios de replanteamiento urbano para evitar la dispersión en la zona.

UGT solicita también activar planes formativos, ayudas y estrategias de recolocación para los trabajadores afectados por esta situación.

Los servicios jurídicos de la Asamblea Regional dictaminan en su informe, sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2020 de 27 de julio de recuperación y protección del Mar Menor, que el cierre de los regadíos ilegales en la laguna corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Desde un punto de vista en materia de competencias, considera que la adopción de medidas dirigidas a "cortar el suministro de agua para evitar que continúe un riego ilegal correspondería, en primer término, al organismo de cuenca".

La Comunidad, recuerda, dispone de competencias en materia de medio ambiente y ordenación del territorio que "ampararían la adopción de medidas encaminadas a evitar cualquier afección a los valores ambientales que determinaron la protección de sus espacios naturales".

Pero estas medidas, avisa, "deben respetar, en todo caso, el orden constitucional de competencias, sin que puedan por ello interferir en el ejercicio legítimo de competencias que corresponde, en exclusiva, al Estado".

Según los servicios jurídicos de la Asamblea, el Estado es quien tiene atribuida la competencia exclusiva para la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad.

De forma que subraya que corresponde al organismo de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura el "ejercicio legítimo de esta competencia exclusiva estatal en todo el ámbito de la misma, teniendo en cuenta que no se ha hecho efectivo, hasta la fecha actual, el traspaso de funciones y servicios referidos a la cuenca intracomunitaria vertiente Mar Menor".

Igualmente, le corresponde "ordenar la reposición y reparación de los daños ocasionados por un aprovechamiento ilegal y hacer efectivo lo dispuesto en los actos administrativos, adoptando las medidas que fueran precisas para evitar el uso del agua para un fin no autorizado".

Va más allá el informe al exponer que de constatarse la persistencia de un riego ilegal en zonas declaradas vulnerables por su posible afección a la masa de agua subterránea e incluso a la masa de agua costera del Mar Menor, la CHS debería "adoptar las medidas necesarias para frenar la situación".

Precisamente, recuerda que el organismo de cuenca declaró la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena en riesgo al "no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico y un mal estado cualitativo o químico en lo que respecta al acuífero cuaternario del Campo de Cartagena".

Aunque la Comunidad tiene atribuida la competencia exclusiva, dice, "en materia de ordenación del territorio y agricultura y competencia para dictar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente", advierte que "si se constatara la persistencia de un cultivo de regadío ilegal, en superficies de terreno vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario que puedan tener efectos adversos en los valores ecológicos y ambientales, ello facultaría a la Comunidad e incluso la obligaría a adoptar las medidas necesarias para impedir su continuación".

Sin embargo, puntualiza que las medidas que se prevén en la iniciativa "inciden, de forma directa, en el ejercicio de competencias exclusivas estatales sobre el dominio público hidráulico".