Acciona ha fijado en 26,73 euros el precio de la salida a Bolsa de su filial de renovables, prevista para el próximo jueves 1 de julio, lo que supone el precio mínimo establecido dentro de una horquilla de precios que llegó a alcanzar inicialmente los 29,76 euros.

Por ello, la valoración máxima de la compañía es ahora de 8.800 millones de euros, 1.000 millones de euros menos que el máximo al que aspiraba inicialmente y muy por debajo de los 12.000 millones que estimaban los analistas.

No obstante, fuentes del mercado explican que el establecimiento del precio en el rango más bajo de precios le otorga a Acciona Energía un mayor recorrido en Bolsa, puesto que el precio inicial ofrecería un descuento en relación con la valoración que el mercado hace de la empresa.

Al mismo tiempo, la compañía ya ha recibido las suficientes propuestas no vinculantes de compra por parte de los inversores cualificados que le asegura una colocación del 15%, más un ‘green shoe’ de entre el 10% y el 15% de las acciones emitidas, es decir, 1.518 millones de euros.

De esta forma, Acciona colocará un total de 49,39 millones de acciones ordinarias de su filial energética, el 15% del total, también el rango más bajo que barajaba la compañía, que llegó a plantear la suscripción de 82,3 millones de títulos.

La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a 3.600 millones de euros, ha excedido en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada, siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación.

Tras la liquidación de la Oferta Pública de Venta (OPV), Acciona será titular del 85% del capital de Acciona Energía, una participación que se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que el ‘green shoe’ se ejercite totalmente.

1.759 MILLONES DE INGRESOS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó la pasada semana el folleto de salida a Bolsa de la compañía, que apunta al 30 de junio como la jornada en la que tendrá lugar la transacción con los inversores institucionales que participen en esta OPV, siendo la fecha de debut el próximo jueves 1 de julio, bajo las siglas ‘ANE’.

En el folleto también se recoge la última información financiera correspondiente a la compañía, que obtuvo 1.759,1 millones de euros en ingresos en 2020 y un resultado neto de 198,8 millones de euros, con una deuda, a marzo de 2021, de 2.287,9 millones de euros.

Los beneficios obtenidos irán destinados a reducir la deuda de la matriz, que asciende ahora a 5.800 millones de euros, y no se descarta que, una vez debute en el mercado español, también se estrene en otras plazas extranjeras. También se prevé un dividendo de entre el 25% y el 50% del beneficio.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, reunirá a las partes implicadas en el proceso para la venta de la fábrica de Alcoa en Cervo (Lugo) y después viajará a Pittsburgh, Pensilvania, donde fue establecida la multinacional del aluminio, para tratar de dar con una solución para la planta.

Así se lo ha trasladado este martes a los representantes del comité de empresa, según indica su presidente, José Antonio Zan, al término de un encuentro que finalmente se ha producido horas antes de lo previsto.

A la cita de la semana que viene, la titular del Ministerio ha indicado que convocará a la Xunta, al comité y a los sindicatos. Ello, después de haberse puesto en contacto esta semana con el vicepresidente económico del Gobierno gallego, Francisco Conde, y también con el responsable de la empresa en España, Álvaro Dorado.

«Posteriormente viajará a Pittsburgh», según ha comunicado el comité, quien apunta a la intención de «poner sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo y que se produzca esa venta».

Por parte del comité, Zan ha subrayado que «sigue siendo indispensable que la SEPI (la sociedad estatal de participaciones industriales) siga siendo esa garantía en la venta».

«Indispensable justamente porque no queremos vernos como A Coruña y Avilés», ha remarcado, sobre lo ocurrido en sendas plantas, en la actualidad Alu Ibérica e intervenidas judicialmente por indicios de despatrimonialización en la operación de venta a Parter primero y Riesgo después.

DELEGADO DEL GOBIERNO.

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha recordado, a través de un comunicado remitido al finalizar la reunión, que el Ejecutivo está «del lado de los trabajadores de Alcoa» y ha reconocido «el esfuerzo tanto de ellos como de las diferentes administraciones para mantener los puestos de trabajo y las capacidades productivas de la planta de A Mariña».

La cita con Maroto, según indica la Delegación del Gobierno, ha contado también con el secretario general de Industria, Raül Blanco, y la subdelegada de Lugo, Isabel Rodríguez.

«Lo que tenemos que forzar es que Alcoa venda y lo haga a un buen comprador porque los hay, a diferencia de Alu Ibérica, porque hay empresas industriales con garantías y que conocen el negocio. Y podríamos estudiar cómo favorecer la compra», ha explicado el delegado del Gobierno.

En esta línea, ha avanzado que la ministra de Industria ha emplazado a un nuevo encuentro en los próximos días para definir «una estrategia común que permita garantizar la venta de Alcoa».

Ha señalado que, «Alcoa tiene una estrategia que consiste intentar demostrar ante la justicia que ellos son los buenos y el resto los malos». Sin embargo, critica que «Alcoa ha sido desleal con España y lo demuestran los diferentes conflictos que tienen abiertos, como el de Alu Ibérica», censura.

En la reunión, apunta la nota, han repasado las diferentes actuaciones del Gobierno «para salvar San Cibrao», como buscar alternativas industriales e intervenir en el proceso judicial para evitar el ERE.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recordado que el acuerdo que firmó Alcoa con los trabajadores el pasado mes de enero para evitar la huelga incluyó la intervención de la SEPI, «cuando nadie consultó con la propia SEPI o con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo».

«El Gobierno sigue estando al lado de los trabajadores. El papel de la SEPI es de intermediador. Pero hay seis posibles compradores y no todos necesitan el papel de intermediación de la SEPI», concluye.

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación en profundidad para examinar la compra de Air Europa por parte de Iberia, ante la sospecha de que la operación podría reducir la competencia en setenta rutas nacionales españolas e internacionales con origen y destino en España.

«Examinaremos detenidamente si la operación propuesta afectaría negativamente a la competencia en las rutas nacionales, de corta distancia y de larga distancia con origen y destino en España, lo que podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad para los viajeros», ha explicado en un comunicado la vicepresidencia de Competencia del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager.

La danesa ha afirmado que «aunque la situación financiera de muchas compañías aéreas sigue siendo frágil», existen «indicios» que apuntan a que «la demanda de servicios de transporte aéreo se está recuperando de la crisis del coronavirus» y por eso «es importante velar por que la recuperación del sector se produzca en un entorno competitivo que preserve una capacidad de elección suficiente para los viajeros».

El Ejecutivo comunitario podría haber dado ya el visto bueno a la operación, pero ha iniciado una investigación en profundidad ante la «preocupación» de que la operación «pueda reducir significativamente la competencia en setenta pares de ciudades de origen y destino dentro de España y hacia o desde este país, entre las que ambas compañías aéreas ofrecen servicios directos».

Además, los servicios de Competencia de Bruselas sospechan que la compra podría afectar a aquellas rutas en las que otras compañías aéreas rivales dependen de la red nacional y de corta distancia de Air Europa para sus propias operaciones en el aeropuerto de Madrid y en otros de la UE.

«Sin los vuelos de enlace de Air Europa, varias compañías aéreas podrían decidir suspender sus servicios a destinos internacionales también explotados por IAG, con lo que se reducirían las posibilidades de elección de los viajeros», ha apuntado la Comisión Europea.

De la misma forma, el Ejecutivo comunitario ha constatado que la competencia de otras aerolíneas «probablemente no ejercería una presión suficiente sobre la entidad fusionada en las rutas en las que tendría elevadas cuotas de mercado». También «parece insuficiente» la competencia que ejercerían otras compañías aéreas europeas de servicio regular o compañías aéreas latinoamericanas.

Bruselas ha informado también de que tanto IAG, matriz de Iberia, como Air Europa han firmado «memorandos de entendimiento» con otras dos compañías aéreas españolas para encontrar «posibles soluciones» a los problemas detectados por las autoridades comunitarias, pero «han decidido no presentarlos durante la investigación».

La operación fue notificada el pasado 25 de mayo a Bruselas y sus servicios de Competencia disponen ahora de un plazo de 90 días hábiles, hasta el 5 de noviembre de 2021, para tomar una decisión. El Ejecutivo comunitario ha aclarado que la apertura de la investigación «no prejuzga el resultado final de la misma».

El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, ha advertido que la región de América Latina va a convivir con la pandemia del Covid-19 «mucho más tiempo de lo que pensamos», por lo que necesitará «superar la desconfianza en las instituciones y liderazgo».

Así lo ha expresado Ruiz en la primera sesión del seminario ‘América Latina en el escenario global 2021’, celebrado en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Este ciclo de conferencias está organizado por el Consejo Social de la universidad, que preside el exministro Jordi Sevilla, y dirigido por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez.

Ruiz ha puesto énfasis en las cifras de la pandemia en la región, que con el 8% de la población mundial aporta el 35% de los fallecidos por el virus, datos que están lejos de mejorar por, entre otros motivos, el fracaso de «los Estados en la logística de las vacunas».

«La pregunta no es si vamos a tener una década perdida, sino si vamos a tener otra generación perdida», ha apuntado Ruiz. Asimismo, el presidente del Instituto ha alertado sobre el aumento de la desigualdad y la reducción de la movilidad social, lo que acentuará la desconfianza ante las instituciones, la marginación y la violencia.

Para afrontar todo ello, Ruiz cree que es preciso «restaurar la confianza, el ‘rule of law’, la apelación de la razón», en lugar de «defenderse de la ilustración, de no querer excluir la revolución como mecanismo de redención o del recurso a líderes mesiánicos».

En la presentación, Jordi Sevilla ha señalado que aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recuperado «cierto multilateralismo, Estados Unidos parece estar centrándose en el Indo – Pacífico», y entiende que es preciso poner el foco en Latinoamérica, ya que es «la región que más tarde va a salir de la pandemia». En este escenario, el exministro cree que España «debe aspirar a ser el gozne entre América Latina y la Unión Europea».

Por su parte, Trinidad Jiménez ha recordado que «el valor añadido que España tiene en el mundo es por su papel en América Latina».

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha ratificado por unanimidad el texto del acuerdo para reformar el sistema de pensiones, según ha informado este martes la patronal.

El Gobierno y los interlocutores sociales alcanzaron el lunes un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.

«Desde CEOE y Cepyme queremos señalar que se trata de un acuerdo en el que una parte ya ha sido consensuada previamente por los grupos parlamentarios en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo; entre otros, la revalorización de las pensiones conforme al IPC real», ha destacado la patronal en un comunicado

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

El texto se va a aprobar como anteproyecto de Ley el próximo martes en Consejo de Ministros y previsiblemente se firmará antes de que termine la semana en un evento en el que participarán los agentes sociales (UGT, CCOO, CEOE y Cepyme) y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

CEOE y Cepyme han subrayado que, del lado de las empresas, ha primado en todo momento «la responsabilidad ante el mandato de Europa de afrontar esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema, como viene señalando en los últimos años».

En este sentido, la patronal ha destacado la permanencia en el acuerdo del factor de sostenibilidad como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y el largo plazo, y su sustitución, en su caso, por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, y para reforzar la confianza país, como señalan las principales agencias de ‘rating’ del mundo sobre esta reforma.

En este plano, los organismos han remarcado «el compromiso de las organizaciones empresariales con el sistema de pensiones, por ser un elemento de cohesión social indispensable, cuya preservación depende de la confianza y la solidaridad intergeneracional».

Por otro lado, las instituciones han indicado que si los principios que han guiado el acuerdo son la sostenibilidad financiera y social del sistema y la equidad, la separación de fuentes «contribuye a lograr estos objetivos y a que las cotizaciones sociales, que pagamos empresas y personas trabajadoras, se destinen a su verdadera finalidad, las prestaciones contributivas».

El acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

«La sostenibilidad del Sistema de pensiones depende del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado laboral. Para ello es imprescindible un entorno normativo flexible que garantice la creación y el mantenimiento del empleo y la adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores, a través de la formación y la recualificación permanente», ha apostillado el texto.

En el texto se recoge que los interlocutores sociales tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad actual por un factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en la Ley posteriormente a través de una enmienda.

Con el acuerdo se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Como novedad, se establece también que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación.

PROLONGACIÓN DE LA VIDA ACTIVA.

Las instituciones empresariales han remarcado en un contexto de presión demográfica, la sostenibilidad del sistema exige la prolongación de la vida activa, como se viene realizando en los países de nuestro entorno.

En este sentido, CEOE y Cepyme valoran que la reforma despliegue incentivos para retrasar la decisión de jubilarse anticipadamente, salvaguardando los procesos de reestructuración y adecuación empresarial a las nuevas realidades económicas.

Asimismo, el acuerdo «incentiva y estimula el mantenimiento y la contratación de los trabajadores senior», mediante la articulación de una política activa de apoyo al coste laboral asociado a los procesos de IT de los mayores de 62 años.

Los organismos han subrayado que el acuerdo deja claro el compromiso de las empresas con un mercado laboral «inclusivo, sostenible y diverso» a través de mecanismos que impulsan la participación de las mujeres en sectores de actividad tradicionalmente masculinos, como es la cláusula de jubilación forzosa; y con la incorporación de los jóvenes en el sistema de la Seguridad Social desde su primer contacto con la empresa, a través de las prácticas formativas y académicas.

INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN DEMORADA.

Asimismo, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.

En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a esta se exigirá al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.

También se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

NUEVOS DERECHOS Y AMPLIACIÓN DE EXISTENTES

La reforma iguala además los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, al tiempo que refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.

Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha afirmado este martes en el Congreso que el Gobierno no vio «necesario» ni «recomendable» ampliar su estrategia fiscal, con objetivos de reducción de déficit y deuda más allá de 2024.

Así lo explicitó el Ejecutivo, ha dicho, durante la respuesta a sus recomendaciones, entre las que esta autoridad pedía completar una estrategia fiscal para reconducir deuda y déficit, ampliar el horizonte temporal de la estrategia e integrar en ella el impacto de las inversiones y las reformas del Plan de Recuperación.

Frente a ello, el Gobierno replicó que el déficit y la deuda volvían colocarse en trayectoria decreciente gracias a la mejora de la situación económica, que el horizonte previsto cumplía la normativa europea ni era «ni necesario ni recomendable ir más allá», y que el Plan de Recuperación no iba a tener «impacto directo» en el déficit público.

Herrero ha señalado que, en todo caso, sí que habrá un impacto de las inversiones y las reformas en el déficit, y ha abogado por integrar este impacto dentro de la estrategia fiscal, para que esta vaya de la mano del Plan de Recuperación y que, por mucho que la deuda y el déficit se reconduzcan con la mejora de la economía, hacen falta medidas estructurales dentro de esa estrategia fiscal.

Todo ello durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, a la que ha acudido para informar de la valoración de la AIReF de la Actualización del Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno a la Comisión Europea.

Una actualización que, ha señalado Herrero, cumple con la normativa europea, pero carece de una estrategia fiscal, se realiza en términos de contabilidad nacional sin correspondencia con los Presupuestos, y se limita a «una evolución más o menos inercial de la actividad económica, presupuestaria y fiscal para 2021-2024».

Asimismo, ha lamentado la falta de concreción de las implicaciones en las partidas de gasto y de detalle de las reformas del Plan de Recuperación, cuyo impacto, ha lamentado, se limita a conocer que el Gobierno espera una creación de empleo de 800.000 puestos de trabajo en tres años, un impacto en el crecimiento potencial de cuatro décimas de PIB y dos puntos de crecimiento en términos agregados, pero nada más en sus previsiones fiscales.

«Planificación no significa recorte, sino lo que uno va a hacer, cuál es tu hoja de ruta y esa planificación es revisable», ha insistido Herrero, poniendo como ejemplo que otros países han llevado más allá de 2024 sus previsiones de déficit y deuda, o el objetivo de Francia para actuar sobre los niveles de gasto en 2023.

Pese a la suspensión de las reglas fiscales, Herrero ha argumentado que considera «un error» retrasar el diseño de esta estrategia a la vuelta de estas reglas, y ha señalado que una vez vuelvan esto no será una necesidad, sino directamente una obligación.

En este sentido, ha anticipado que las medidas de control se dirigirán a los niveles de deuda de los países comunitarios, y a la búsqueda de la convergencia entre los mismos. Si el objetivo es no sobrepasar el 60% del PIB de deuda pública, y se tomarán como referencia los niveles de 2022, para ese año España casi duplicará esta referencia, con unos niveles en el entorno del 113%.

En el caso del déficit público, el 4,6% del PIB previsto para 2022 dejaría a España 1,6 puntos de desviación sobre el umbral del 3% a partir del cual se prevé la apertura de un procedimiento por déficit excesivo, pero en términos estructurales, respecto al 0% se recoge una diferencia de 4,6 puntos.

Respecto a las previsiones del Gobierno para los próximos años respecto a las de la AIReF, Herrero ha señalado que «no hay grandes diferencias», si bien a final del ciclo, para 2023 y 2024, cumplir los niveles de crecimiento requerirá alcanzar las proyecciones más optimistas.

Todo ello en función de cómo evolucione la pandemia, el ritmo de vacunación y el control de las nuevas variantes, pero también de la ejecución y gestión de las inversiones del Plan de Recuperación, cuyo ritmo de ejecución, ha dicho, «no va a ser tan favorable» teniendo en cuenta que se preveía la ejecución de inversiones para este segundo semestre del año.

Respecto al escenario fiscal para este año 2021, Herrero ha señalado que la actualización de sus previsiones, prevista para el próximo mes de julio, contemplará medidas como la reducción del IVA en la factura de la luz, pero también un mejor comportamiento en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y del IVA, así como una extensión del sistema de ERTE, ya previsto, pero no en términos de la «generosidad» de sus exoneraciones tal y como fue aprobada.

NH Hotel Group ha anunciado este martes el cierre en el mercado una emisión de bonos senior garantizados por valor de 400 millones de euros y vencimiento en julio de 2026.

Tal y como ha informado la multinacional hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos obtenidos se emplearán para amortizar el bono senior ahora existente, por valor de 357 millones de euros y vencimiento en 2023.

Además de la emisión del nuevo bono, en la que se ha obtenido una relevante sobresuscripción y que tiene un cupón anual del 4%, la hotelera ha acordado la extensión de su línea de crédito sindicada revolving (RCF) por valor de 250 millones de euros, cuyo vencimiento pasará de marzo de 2023 a marzo de 2026.

Según NH, el cumplimiento de estos hitos permite a la compañía alcanzar su objetivo de ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación hasta 2026 y establecer una estructura financiera más flexible que le permita continuar con el desarrollo de su plan estratégico.

Asimismo, NH Hotel Group ha propuesto a la Junta General de Accionistas, que se celebra mañana, 30 de junio, una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas por un valor de hasta 107 millones de euros.

De acuerdo con el orden del día que acompaña la convocatoria, los accionistas tendrán que aprobar, como es habitual, las cuentas anuales del ejercicio 2020, los informes de gestión y el de gobierno corporativo, así como la gestión del consejo de administración durante el pasado ejercicio.

Los accionistas también están llamados a reelegir a William Ellwood Heinecke, Emmanuel Jude Dillipraj y Stephen Andrew Chojnacki como consejeros dominicales por un plazo de tres años. También se propondrá reelegir a José María Cantero de Montes-Jovellar y Fernando Lacadena Azpeitia como consejeros independientes también por un plazo de tres años. Asimismo, se propondrá ratificar por cooptación a Rufino Pérez Fernández como consejero ejecutivo por el mismo plazo.

VENTA DEL HOTEL CALDERÓN EN BARCELONA

Por otra parte, la hotelera continúa avanzando en la concreción de su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de sale & lease back ya en estudio, con en el que espera obtener una contribución después de impuestos superior a 200 millones de euros.

En este sentido, la semana pasada anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón por un importe aproximado de 125 millones de euros, manteniendo la operación del hotel en régimen de alquiler a largo plazo mediante el pago de una renta variable con mínimo garantizado, y con los mecanismos habituales de limitación de pérdidas.

De ese modo, los fondos procedentes de estas desinversiones permitirán a NH reforzar su liquidez a corto plazo y reducir el endeudamiento corporativo en el medio plazo.

El fundador de Tesla, Elon Musk, ha explicado que prevé alcanzar 500.000 usuarios de la red de Internet satelital Starlink que, ha asegurado, que en agosto tendrá cobertura en todo el mundo salvo en los dos polos.

Lo ha dicho en una conferencia telemática este martes en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2021, en una charla con el editor de Mobile World Live, Justin Springham.

Musk ha asegurado que actualmente la red tiene más de 1.500 satélites activos, una capacidad en órbita superior a los 30 Terabytes por segundo y que funciona en doce países.

Ha asegurado que la red «es un buen complemento a la fibra óptica y al 5G» y ha avanzado que puede ser útil para las compañías de telecomunicaciones como ‘data bakchaul’, es decir, como red para contener los enlaces intermedios entre el núcleo y los bordes.

ACUERDOS CON GRANDES EMPRESAS

Musk ha explicado que Starlink ya cuenta con dos acuerdos con «grandes compañías de telecomunicaciones nacionales», aunque no ha querido anunciar sus nombres, y ha apuntado que está negociando con otros grandes ‘telecos’ para proveer acceso en la red.

Estos avances en el proyecto hacen que Musk augure que el precio del equipo para conectarse a Starlink pueda pasar de los 500 dólares actuales (420 euros al cambio) –a pesar de que vale unos 1.000 dólares (840 euros aproximadamente) — a entre 200 y 300 dólares (entre 168 y 252 euros), a lo que se debe sumar otros 100 dólares mensuales de subscripción, ha detallado.

Ha augurado un «futuro muy positivo» para la iniciativa y ha explicado que la inversión en el proyecto antes de alcanzar un ‘cashflow’ positivo será de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares (entre 4.200 y 8.400 millones de euros al cambio) y que después la inversión puede alcanzar los 30.000 millones de dólares (25.217 millones de euros).

«Ahora mismo estamos perdiendo dinero», ha asegurado el directivo, que ha explicado que la empresa está trabajando en la siguiente generación de satélites de la red.

STARSHIP

Musk también ha repasado el progreso del proyecto Starship y ha asegurado que en la empresa trabaja para «hacer un intento de lanzamiento orbital en los próximos meses».

Ha explicado que este proyecto es el primer paso para crear «una base en la Luna y una ciudad en Marte» y ha señalado que, en sus palabras, está haciendo los máximos progresos posibles para iniciar los viajes interplanetarios y para conseguir el cohete más rápido diseñado hasta el momento.

En todo caso, ha recordado que «el ‘Santo Grial’ de la industria de los cohetes espaciales es la RRR, es decir, rápido, reutilizable y fiable (‘reliable’, en inglés)».

Los accionistas de Amper han reelegido este miércoles en junta de accionistas a cuatro consejeros y han aprobado una nueva política de remuneración para los miembros del consejo y la dirección, que se aplicará hasta 2024, periodo que marca el nuevo plan estratégico de la firma.

Íñigo Resusta Covarrubias (Auriga Global Investors) ha sido nombrado nuevo consejero dominical de la compañía, mientras que la exsecretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, ha sido nombrada nueva consejera independiente, según la información remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, Mónica Espinosa Caldas y Pilar Platero Sanz han sido reelegidas como consejeras independientes.

Posteriormente, el consejo de administración de la sociedad ha atribuido sus responsabilidades dentro del órgano y Poncela presidirá la nueva Comisión de Sostenibilidad, secundada por Platero y Espinosa.

Asimismo, Espinosa mantendrá la presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Platero la de la Auditoría y Control.

Los accionistas también han aprobado la reelección de Ernst & Young como auditor por tres años, el resultado del año pasado y modificaciones en el reglamento de la sociedad, entre otros puntos.

Además, la junta de accionistas ha facultado al consejo a emitir instrumentos de renta fija por un valor máximo de 100 millones de euros en una o varias emisiones en un plazo máximo de un año y a adquirir acciones propias.

La dirección de la compañía ha hecho una presentación del plan estratégico 2021-2024 que cuenta con el objetivo de facturar 700 millones de euros en 2024 y generar un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 100 millones de euros con un flujo de caja de 60 millones de euros.

REMUNERACIONES

Asimismo, la nueva política de remuneraciones establece un sueldo fijos de 2.125 euros para los Consejeros con una dieta por asistencia al Consejo de 1.275 euros por sesión y hasta seis pagos de dietas de 510 euros por asistir a las comisiones.

Por su parte, los consejeros ejecutivos cobrarán 200.000 euros fijos en efectivo y un variable anual liquidable en acciones de la compañía en función de lo que determine el consejo de administración.

El presidente del grupo, Pedro Morenés, tendrá derecho a 7,5 millones de acciones con un precio mínimo de 0,16 euros por acción por un periodo devengado de cuatro años en función del cumplimiento del plan estratégico.

No obstante, el Consejo de Administración, bajo previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, podrá establecer la posibilidad de rescate y ejecución anual de las acciones en atención al grado de cumplimiento y de forma proporcional a la evolución del Plan con el descuento que se determine, que nunca será inferior a un 25%.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, y el consejero delegado, Pablo Colio, se han mostrado optimistas respecto al futuro crecimiento de la compañía, toda vez que la crisis del coronavirus comienza a remitir y la empresa ya cuenta con una «sólida estructura financiera».

En la junta de accionistas, ambos ejecutivos han destacado en varias ocasiones la presencia del magnate mexicano Carlos Slim en el capital de la compañía –controla el 74% por medio de Grupo Carso-, agradeciéndole su liderazgo y contribución «decisiva» para afrontar estos últimos años particularmente difíciles.

Slim tomó el control del grupo hace seis años, cuando inyectó 1.709 millones de euros en la sociedad y permitió rescatarla tras el fuerte impacto que sufrió la compañía como consecuencia de la crisis financiera de 2008.

Colio se ha referido al «liderazgo esencial» que mostró el mexicano en su objetivo de fortalecer la estructura financiera de FCC, lo que le permitió acometer una profunda transformación y reducir posteriormente su deuda.

«El grupo cuenta ahora con una estructura financiera sólida y está preparado para afrontar con garantías de éxito los desafíos que el futuro le depare», ha añadido el consejero delegado de la constructora.

Colio también se ha referido a la vertiente medioambiental de la compañía, que tiene por delante materializar la agenda 2030 y todos sus objetivos en el ámbito del desarrollo sostenible y «ser líder en todas los sociedades en las que opera».

MANTIENE LA CIFRA DE NEGOCIOS

En la división de Construcción, Colio estima que en 2021 la cifra de negocios sea parecida a la obtenida en 2020, con una fuerte contribución de los mercados en América, Oriente Medio y Europa y con la culminación de las obras desarrolladas entre 2018 y 2020.

«Afrontamos los próximos años con un gran optimismo, siguiendo en línea con nuestra cultura de la austeridad y la orientación a resultados. Contamos con el apoyo decidido del accionista mayoritario (Carlos Slim)», ha concluido el consejero delegado.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, también se ha mostrado optimista respecto al futuro de la compañía, basándose en el modelo de negocio de FCC y en la estrategia de sus equipos, uno de los pilares que cree que les permitirá crecer y afrontar los nuevos desafíos que se presenten, al mismo tiempo que se sigue aportando valor para los accionistas.

«Hemos sido demostrado que somos capaces de recuperarnos en las adversidades, trabajando juntos y sirviendo a la sociedad, unos valores que, desde 1900 han sido parte del saber hacer de FCC. A pesar de lo vivido, durante este tiempo no nos hemos detenido. Con un esfuerzo extraordinario, hemos seguido por la senda del crecimiento rentable y sostenible», ha añadido Alcocer Koplowitz.

DIVIDENDO DE 164 MILLONES

Los accionistas han aprobado todos los puntos del orden del día, lo que incluye el reparto de un dividendo flexible de 0,40 euros por acción con cargo a los resultados del año pasado, lo que supone un desembolso de cerca de 164 millones de euros entre los accionistas.

Un dividendo que está en línea con los pagos que suele hacer cada año entre los meses de mayo y junio. FCC volverá a recurrir esta vez a la fórmula de ‘scrip dividend’, que consiste en que los accionistas podrán escoger entre recibir el pago en efectivo o, como alternativa, recibirlo en forma de nuevas acciones de la compañía.

La junta también ha dado ‘luz verde’ al nombramiento de Alicia Alcocer Koplowitz como consejera dominical, quien ya está presente en el consejo pero de forma indirecta como representante de su sociedad EAC Inversiones.

Alicia Alcocer Koplowitz es licenciada en Derecho, inició su actividad profesional en el Banco Zaragozano, es presidenta de Cementos Portland Valderrivas (filial de FCC) y forma parte del consejo de la Clínica Cemtro.