La Policía Nacional ha detenido esta noche en Madrid al exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como el 'Pollo Carvajal', que era prófugo de la Justicia y buscado para su extradición a EEUU.

Según ha informado la Policía Nacional, Carvajal vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza".

El exjefe de los servicios secretos venezolanos del régimen de Hugo Chávez estaba reclamado internacionalmente por Estados Unidos por un delito de tráfico de drogas y ya fue inicialmente detenido en el 2019. Tras su puesta a disposición judicial, fue puesto en libertad provisional y se fugó en el momento que se enteró que se iba a materializar la entrega a EEUU.

ARRESTO A LAS 21.15 HORAS

El arresto lo ha llevado a cabo a las 21.15 horas de este jueves el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, según han informado fuentes policiales. El prófugo se ocultaba en la calle Torrelaguna de Madrid.

La entrada en el inmueble donde se ocultaba Hugo Armando Carvajal Barrios se llevó a cabo mediante autorización judicial, con la colaboración de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para proceder al mandamiento.

Actualmente, el detenido tenía vigente orden de detención e ingreso en prisión para la ejecución de la extradición emitida por la sección tercera de la Audiencia Nacional

EXTRADICIÓN APROBADA POR CONSEJO DE MINISTROS

En marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la entrega a EEUU del exgeneral venezolano para que sea juzgado por los presuntos delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas. La decisión del Ejecutivo se tomó a pesar de que se encontraba en paradero desconocido desde noviembre de 2019, cuando la Audiencia Nacional ya había decidido su entrega.

Quien fuera jefe de la Dirección de Contrainteligencia militar deVenezuela durante ocho años en los gobiernos de Hugo Chávez y deNicolás Maduro es reclamado por EEUU por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, "cuando presuntamente pertenecía al llamado 'Cártel de los Soles', dedicado al transporte de cargamentos de droga".

La exportavoz del Partido Popular en el Congreso y diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sea quien lidere el PP en la región y ha asegurado que no entiende que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se haya metido "en este lío".

En una entrevista en la Cadena Ser, la diputada ha explicado que en el PP tienen "una deuda" con Ayuso tras su triunfo en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. "Ha dado a la alternativa una oportunidad, que no teníamos, y convirtió la desmovilización en esperanza", ha dicho.

Según Álvarez de Toledo, "es incomprensible" que la mandataria regional se convierta "en la excepción" respecto a otros líderes autonómicos 'populares'. "¿Por qué va ser ella la excepción? ¿Por qué no va a tener derecho a presidir el PP de Madrid cuando otros líderes territoriales si lo hacen en sus territorios", ha cuestionado.

Para la exportavoz parlamentaria, esta discusión "forma parte de las ínfimas y pequeñas batallas de poder interno", con "celos y rivalidades" en los partidos políticos. "Son pulsiones pequeñas y e incluso autodestructivas que hay que aparcar y superar", ha pedido, al tiempo que ha insistido en dar la "oportunidad" a Ayuso de "presentarse ante los militantes y ganar como lo merece".

En este contexto, Álvarez de Toledo ha señalado que no entiende "muy bien" que Almeida, "que es un magnífico alcalde", se haya metido "en este lío". "Visto desde la condición de diputado raso, no entiendo muy bien lo que está pasando", ha indicado.

Preguntada por si ve a la líder del Ejecutivo madrileño como próxima presidenta del PP, la diputada ha respondido que el futuro del partido "pasa por la reagrupación del inmenso espacio constitucional" con Pablo Casado, que es "el candidato". "Tiene una responsabilidad y obligación histórica. Este país necesita una poderosa alternativa", ha reivindicado.

El pasado martes, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que "en estos momentos" no tiene previsto competir contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la Presidencia del PP de Madrid, pero ha apuntado que lo decidirá "cuando se acerque el congreso".

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado, en declaraciones a Antena 3, que el modelo de dirección actual del PP en Madrid "ha funcionado", con la separación entre los máximos puestos orgánicos de responsabilidad y los cargos institucionales. Actualmente, el PP madrileño está presidido por Pío García Escudero y Ana Camíns, como secretaria general.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias a la familia y a los compañeros del bombero forestal que ha fallecido este jueves mientras trabajaba en las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, el jefe del Ejecutivo ha querido destacar "la entrega, dedicación y el valor de los bomberos forestales" en una tarea, ha resaltado, que "es encomiable".

"Mi abrazo, y la solidaridad de todo el Gobierno, con la familia y compañeros del bombero de Plan INFOCA que hoy ha fallecido mientras participaba en la extinción del incendio la Sierra Bermeja. Descanse en Paz", ha escrito Pedro Sánchez.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido todo su "apoyo y afecto a la familia y compañeros del bombero forestal que ha fallecido mientras trabajaba en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga". "Una desgracia terrible. Mi agradecimiento a cuantos trabajan en las labores de extinción", ha señalado en redes sociales.

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha mostrado sus condolencias y cariño a "los familiares y compañeros de este bombero que se ha dejado la vida en la lucha contra el fuego". "Un gran servidor público. Descanse en paz", ha indicado.

Un bombero forestal de 44 años de edad ha fallecido la tarde de este jueves mientras participaba en las labores de extinción desplegadas por el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el plan Infoca, frente al incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís.

Un bombero forestal de 44 años ha fallecido la tarde de este jueves mientras participaba en las labores de extinción desplegadas por el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, frente al incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís.

Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Estepona (Málaga), para coordinar las labores de extinción del fuego, que ha calificado de "terrible, peligroso y muy complicado".

También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado en un mensaje en Twitter, sus condolencias. "Es una desgracia enorme. Mi abrazo a su familia y a sus compañeros del Plan Infoca", ha señalado.

Por su parte, Crespo, de igual modo, ha lamentado "el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales" durante la labor de extinción en este incendio. El bombero, que contaba con seis años de experiencia, pertenecía al retén de Almería y trabajaba en las labores de contención y extinción del fuego.

"Se pueden imaginar el dolor y la tristeza que, en estos momentos, reina en el Puesto de Mando y en todo el Plan Infoca de Andalucía", ha dicho la consejera, al tiempo que ha informado de que se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este terrible suceso.

También ha trasladado el apoyo y fuerza a cada uno de los trabajadores de este incendio y sus compañeros. "Todos están trabajando en un incendio complicado y muy difícil", ha afirmado, añadiendo que "siguen ahí, esforzándose con profesionalidad y con el ímpetu que les caracteriza para combatir este incendio, que sigue activo".

Crespo ha advertido de que el fuego es "muy peligroso", volviendo a mostrar el reconocimiento "porque este hombre ha fallecido en acto de servicio por los andaluces; y todos los que están trabajando en el incendio están trabajando por los andaluces", ha sostenido.

A su juicio, "le debemos todos un reconocimiento público, como mínimo", pidiendo, en este punto, tener precaución "pensando lo que son capaces de producir los incendios en la zona, vidas humanas, y por tanto, tenemos que extremar precauciones, ser diligentes".

También ha incidido en que se investiguen las causas del incendio y "si es provocado que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que lo han producido".

"No olvidemos nunca que estos hombres y mujeres están dando la vida y su trabajo por todos los andaluces, no por el medio forestal solo, no por los bienes, sino por los andaluces al completo", ha concluido.

CASI 1.000 DESALOJADOS

El incendio declarado este pasado miércoles en Sierra Bermeja, que está "complicado" y es "complejo", afecta a la localidades de Estepona, Jubrique, Genalguacil y Benahavís y ha obligado, por el momento al desalojo de casi 1.000 personas.

Un operativo de casi 400 personas trabaja en las tareas de extinción y protección a la población en el incendio, que continúa activo. El viento, la humedad relativa y el calor están dificultando las labores de extinción del fuego, que comenzó con dos focos y del que se investigan las causas y circunstancias.

Así, en cuanto a la cifra de desalojados de forma preventiva por el incendio de Sierra Bermeja, asciende a 939 personas de las urbanizaciones y diseminados de Estepona y Benahavís.

En concreto, según han detallado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, en el municipio malagueño de Estepona son 750 personas las desalojadas de la Urbanización Forest Hill y Abejeras; 37 del diseminado de Peñas Blancas en la carretera MA-8301; 12 de la zona de la Charca de la Extranjera; y 60 de la zona de Huerta Padrón. Por su parte, en la localidad malagueña de Benahavís han sido desalojadas unas 80 personas de la Urbanización Montemayor.

Alrededor de una quincena de ellos se encuentran albergados en el Pabellón del Carmen de Estepona donde están siendo asistidos en todo lo necesario. Por su parte, en la localidad malagueña de Benahavís han habilitado el salón de actos del Ayuntamiento para quien lo necesite.

De igual modo, y en relación con los desalojos, también debido al incendio que se está desarrollando, Selwo Aventura anunció que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso como medida preventiva.

En cuanto al tráfico, ha sido restablecida la circulación en la AP-7 en ambos sentidos tras permanecer cortada debido al incendio forestal en Sierra Bermeja, que continúa activo. Cabe recordar que permanece aún el cierre a la circulación de las carreteras MA-8301 y MA-8302.

En las labores de extinción del fuego, están actuando unos 200 profesionales por tierra, con nueve vehículos pesados y 26 medios aéreos. Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Málaga, han desplegado efectivos.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha detallado durante una visita en la mañana de este jueves al Puesto de Mando Avanzado que son unas 2.167 hectáreas de perímetro, por lo que "es un incendio grande". El municipio más afectado, con más de 800 hectáreas, es Estepona. Asimismo, el fuego ha quemado una vivienda diseminada y el porche de un inmueble.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, activó a las 03.34 horas, el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) en la provincia de Málaga. Además, se ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Estepona.

El fuego se originó a las 21.37 horas de la noche del miércoles, cuando el 112 recibió la primera de unas 140 llamadas que alertaban de un incendio en Sierra Bermeja.

Asimismo, el incendio ha afectado a hectáreas de bosque mediterráneo y zona arbolada "importante"; aunque "la zona de mayor valor ecológico, de mayor protección, que es el pinsapar, no ha sido afectado", según precisó el alcalde de Estepona, José María García Urbano.

El Partido Popular (PP) ha acusado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de alejar a España de la Unión Europea al rechazar su propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces elijan a los jueces.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Luis Santamaría, ha reprochado a la ministra que defienda renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, con la normativa vigente y "contra el criterio de la Unión Europea, del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia, de GRECO y de la inmensa mayoría de los jueces españoles".

"Es usted miembro de un Gobierno que ha decidido alejarse de Europa al defender que sea el poder político quien designe los miembros del CGPJ, parece como si quisieran ustedes devolvernos a los lamentables años del aislacionismo franquista", ha señalado Santamaría en la que ha sido la primera comparecencia de Llop en la Cámara Baja desde que asumió el cargo el pasado julio.

El portavoz del PP ha calificado de "lamentables" las declaraciones de la ministra en relación con la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En su primera intervención, Llop ha apelado a la formación liderada por Pablo Casado a que deje de "bloquear" la situación y le ha advertido de que el sistema actual "es la única opción" y la constitucional.

Santamaría ha asegurado que defender lo que defiende el Gobierno es "luchar contra los molinos de viento de lo inexorable" y ha insistido en que desde el PP no van a renunciar "ni a mirar al futuro ni a mirar a la Unión Europea".

LLOP PIDE AL PP "ACEPTAR LA DERROTA"

El diputado 'popular' ha criticado el resto de la intervención de Llop, dedicada en gran parte a destacar el proyecto de Justicia 2030, con el que se pretende poner las bases de un sistema "accesible, eficiente y sostenible", y para el que --según ha precisado la ministra-- entre 2021 y 2023 se invertirán 470 millones de euros.

A juicio del portavoz, ha sido una comparecencia "muy académica" con "pocos datos" y "poca ambición". "No puedo ser benevolente al valorar su labor al frente del Ministerio. Ni queriendo hubiera podido tener un peor comienzo. Comenzó criticando al Tribunal Constitucional por la sentencia sobre el estado de alarma", ha dicho.

En su turno de réplica, la ministra ha criticado al PP por no aceptar la "derrota" y situarse en una "oposición contra todo". "Yo quiero que hagan oposición y critica constructiva, pero lo que no pueden hacer es ir en contra de la Constitución y de las leyes", ha dicho, en referencia a la intención de la formación de no renovar el CGPJ con la normativa vigente.

"INSUMISOS CONSTITUCIONALES"

En el marco de las intervenciones, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Francisco Aranda, también se ha pronunciado sobre la situación actual de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces y ha asegurado que se trata del "gran elefante en la habitación del PP".

En este sentido, ha atribuido a los 'populares' una falta de voluntad para llegar a un acuerdo en las negociaciones. "Quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no encuentra una excusa", ha dicho tras calificar a los del PP de "insumisos constitucionales".

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el diputado Roberto Uriarte ha prometido concederle a Llop "los 1.000 días de cortesía" y ha hecho un "llamamiento a los compañeros del Grupo Popular" para que reflexionen sobre su negativa a renovar el CGPJ hasta que se reforme la ley.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha dirigido a Llop como "señora ministra de la ideología de género" y la ha acusado de "venir a cumplir la cuota".

Le ha preguntado si va a luchar por "proteger" a "aquellos hombres que quieren una igualdad real, a los heterosexuales y a los homosexuales que no aceptan la imposición de los lobbys lgtbi o a los que sufren discriminación porque no aceptan la ideología de género ni los lobbys de las feminazis".

En su turno de réplica, Llop le ha reprochado que con ese tipo de manifestaciones "pone en riesgo a las mujeres" pues trata, a su juicio, de "infundir cierto miedo, para que no acudan al sistema judicial, para que no pidan ayuda".

Por su parte, la diputada Carolina Telechea, del Grupo Parlamentario Republicano, ha subrayado que es "urgentísima" la renovación del CGPJ, así como la del resto de instituciones cuyos miembros han agotado su periodo y se encuentran en funciones, en referencia, entre otros, al Tribunal de Cuentas y al Constitucional.

Telechea ha preguntado a la ministra por la opinión del Gobierno sobre la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como por las medidas que piensa llevar a cabo para impulsar la paridad de género en la cúpula de los órganos de la Administración de Justicia.

"UN PARIPÉ"

Desde el Grupo Parlamentario EH Bildu, el diputado Jon Iñarritu ha criticado a la ministra por creer que tras mil días y "mil excusas del PP" va a haber negociación. "Este bloqueo ha servido para acabar con un paripé", ha dicho.

Así, ha sugerido que lo propio sería que los vocales del CGPJ dimitan o que se prepare una reforma de la ley para que aquellos vocales con cargo caducado sean cesados. Llop, en su turno de réplica, ha asegurado que esa es una propuesta que no corresponde al Gobierno sino a los grupos parlamentarios.

En el marco de su intervención, Iñarritu también ha pedido que se acabe con "tribunales de excepción" como la Audiencia Nacional, y ha pregunta a la ministra por la respuesta que dará el Gobierno al dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el exjuez Baltasar Garzón.

LENGUAS COOFICIALES

Telechea e Iñarritu, al igual que los diputados del Grupo Plural Josep Pagés --de Junts-- y que Genis Boadella --del PdeCAT--, han puesto sobre la mesa de debate la situación de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

Han denunciado que "solo el 7% de las resoluciones en Cataluña son en catalán", una cifra que según han dicho ha ido disminuyendo en los últimos años. "Nos preocupa el fragante incumplimiento", han asegurado tras insistir en el "problema de desconocimiento" y de "analfabetismo" de las lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas.

JUSTICIA 2030

En su intervención, Llop ha repasado los tres grandes objetivos que a su juicio se pretenden con el plan de transformación de la Justicia, y ha destacado el de que el sistema sea accesible. Ha recordado que se contemplan las oficinas de justicia municipales, para ser más cercano al ciudadano, y el acompañamiento en el proceso para acabar con la brecha digital que afecta a colectivos vulnerables.

Al hilo, ha apuntado que se pretende mejorar en accesibilidad para personas con discapacidad con el sistema de lectura fácil y ganar en accesibilidad también a través de las lenguas oficiales.

Llop ha puesto en valor la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para que todos puedan acceder con garantías al sistema y ha recordado la inversión de 33 millones en ese ámbito.

Asimismo, ha destacado su intención de convertir la Administración de Justicia en un servicio eficiente y de calidad. También ha citado el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa y ha recordado que prevé la implantación de 431 tribunales de instancia.

El diputado Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, ha asegurado durante su turno de palabra que, pese a los esfuerzos del Ministerio en los últimos años, han aumentado los medios pero ha bajado la productividad un 5%. "Este es el gran reto de lo que queda de legislatura", ha dicho.

Más Madrid, PSOE y Más Madrid se reunirán mañana, en la Asamblea de Madrid, para estudiar iniciativas contra los discursos de odio pese a negarse el PP y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a acudir.

Así, los tres grupos parlamentarios de izquierda se darán cita a las 10 horas para debatir sobre posibles iniciativas políticas y parlamentarias destinadas a la lucha contra los discursos de odio y la violencia que estos generan.

En una misiva, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha respondido a la petición de su homóloga en Más Madrid, Mónica García, en la que ha expresado su "preocupación" por que esté "horrorizada ante una noticia falsa". "Quizá debería analizar su capacidad de análisis político para no confundir la realidad con la propaganda comunista, que tanto daño ha hecho a la humanidad", ha escrito.

"En cualquier caso, sepa que toda la sociedad madrileña es contraria a cualquier forma de violencia cuando ocurre, y este Grupo Parlamentario siempre ha condenado cualquier crimen, incluidos los que han afectado, cuando así se han producido, a personas LGTBI", ha asegurado.

Precisamente, ha aseverado que su partido tiene "por bandera la libertad" y ha sufrido "el odio y el terror en primera persona", por lo que siempre ha manifestado su "tolerancia cero" con la violencia "venga de donde venga y atente contra quien atente". "Pero también nos rebelamos ante los intentos de la izquierda de hacernos creer lo que no es verdad, manipulando la realidad para su beneficio político", ha añadido.

Serrano ha continuado diciendo que resulta "chocante" insinuar un martes "algún tipo de responsabilidad" de Ayuso sobre la "agresión" y "llamarla homófoba", para el miércoles "invitar a este Grupo o convocarla a ella" en una acción que considera "lejos de sus atribuciones como portavoz de Mas Madrid". "Y todo ello sin la más mínima disculpa tras insinuaciones y acusaciones muy graves", ha censurado.

UNA FALSA DENUNCIA NO DEBE TAPAR LOS CASOS REALES

Como Grupo, ha subrayado que esta falsa denuncia no debe tapar los casos reales y que se deben abordar estos casos entre todos los grupos. "No creo que la manera de abordar los delitos de odio, sea excluyendo a ninguna formación democrática con representación parlamentaria. Precisamente porque somos responsables políticos, debemos hacer uso de los instrumentos que reglamentariamente dispone nuestra cámara, sin necesidad de crear mesas o círculos adyacentes", ha proseguido.

También, el portavoz le ha recordado que la Comunidad no tiene competencia en seguridad y le ha pedido trabajar en la Cámara regional "sin sectarismos, para que Madrid siga siendo lo que es, una Comunidad libre, abierta y plural". "El deseo de que sus activistas no le vuelvan a engañar y así pueda rebajar el nivel de sus difamaciones, le mando un saludo", concluye.

García envió este miércoles una carta a Ayuso y a todos los grupos parlamentarios, menos a Vox, para convocarles a una mesa de seguimiento de los delitos de odio ante "la escalada de intolerancia, discriminación y violencia lgtbifóbica que se está viviendo en la Comunidad de Madrid" e inmediatamente después de la denuncia de una agresión homófoba en Malasaña, que ha resultado ser falsa.

Ese mismo día, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, criticó que las agresiones homófobas se utilicen como "arma de lucha política" así como que se dejase fuera a Vox, "un partido votado por los ciudadanos".

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y las ONG de infancia han apostado por una prestación por hijo a cargo que llegue a las familias más vulnerables que no hacen la declaración de la renta, que son más pobres y no se ven beneficiadas actualmente de las deducciones fiscales.

"Es una anomalía que madres con niños por debajo de 3 años con trabajo remunerado, en mejor situación económica, estén cobrando 100 euros al mes en forma de deducciones fiscales, y las que no tienen empleo, en una situación más difícil, no reciban ninguna", ha explicado Belarra este jueves en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con representantes de la Plataforma de Infancia, UNICEF y Save the Children, para abordar la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias.

Precisamente, la ministra ha indicado que con este proyecto de ley de diversidad familiar, que esperan que llegue al Consejo de Ministros a finales de este año o comienzos de 2022, quieren "corregir" esta situación de forma que "todas las familias con niños por debajo de 3 años reciban 100 euros al mes para apoyar la crianza".

El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, que ha estado presente en la reunión, ha señalado en declaraciones que España tiene "un sistema que protege muy poco a la crianza y que está muy mal redistribuido ya que la gran mayoría de apoyo a la crianza son deducciones fiscales y se orientan a quienes hacen la declaración de la renta, sobre todo, familias de clase media y alta".

En este sentido, ha explicado que le han trasladado a la ministra de Derechos Sociales la importancia de que el apoyo a la crianza sea "una de las prioridades en lo que queda de legislatura".

"Hemos destacado que esta ley tiene que trabajar, sobre todo, en esas familias que no hacen la declaración de la renta, tiene que llegar a las familias pobres", ha enfatizado Ibarra, quien ha añadido que están trabajando en distintos escenarios de simulación del coste y posibles alternativas al sistema actual de prestaciones, una propuesta que presentarán, según ha avanzado, el próximo 23 de septiembre, y que trasladarán a los Ministerios de Derechos Sociales, Hacienda e Inclusión.

Además de la prestación para la crianza, el director de la Plataforma de Infancia ha destacado que han planteado a la ministra la necesidad de mejorar los permisos para el cuidado de hijos más allá del nacimiento, sobre todo, en el caso de los menores de 12 años, a través de compensaciones económicas o días disponibles.

El tenor Plácido Domingo ha criticado la publicación de determinadas noticias en la "era de las redes sociales", ya que entiende que "las informaciones que se divulgan a menudo son una distorsión de la realidad".

La Asociación Española de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) ha hecho entrega al cantante español del Premio de Cultura ACPE "por su inmensa trayectoria profesional". Pese a que Domingo no ha podido acudir a la ceremonia de entrega en Madrid, ha grabado un vídeo para expresar su agradecimiento.

"En la era de las redes sociales con demasiada frecuencia creemos obtener rápidamente los hechos, pero las informaciones que se divulgan a menudo son una distorsión de la realidad", ha explicado en su intervención, citando además unas palabras del Papa Francisco al respecto: 'Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir'.

Domingo ha continuado su crítica a este tipo de informaciones. "Un evento existe si los medios de comunicación hablan de él. ¿Que enorme responsabilidad para un periodista averiguar las informaciones, seleccionarlas con imparcialidad y hacerlas de nuestro conocimiento, evitando tener que obedecer a posiciones ideológicas, evitando imponer etiquetas preestablecidas a hechos y personas?", ha lamentado.

Tras alabar la labor de la ACPE, Domingo ha defendido la "pluralidad e independencia" de los medios de comunicació para evitar estos casos. "¿Qué mayores logros existen para la sociedad civil que la pluralidad y la independencia de la prensa para garantizarnos a todos nosotros (que somos los usuarios de su trabajo) el camino hacia una sociedad mejor a través del respeto y del expreso rechazo de todas las discriminaciones y prejuicios?", ha cuestionado.

"El artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos define la libertad de comunicación de ideas y opiniones como uno de los derechos humanos más preciados. De esto ustedes son promotores y garantes", ha concluido en el vídeo.

Los premios anuales ACPE 2020, que valoran el esfuerzo de destacadas figuras profesionales e instituciones en distintos apartados, han recaído en esta edición también en Susanna Griso, Pau Gasol y los Parques históricos y singulares de Madrid, entre otros.

El pasado mes de agosto fue el sexto más cálido del siglo XXI y el noveno de los últimos 60 años en España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con una temperatura media de 23,6 grados centígrados (ºC), 0,9 °C por encima de la media del periodo de referencia (1981-2010).

Concretamente, agosto fue cálido o extremadamente cálido en el sureste de la península ibérica, mientras que en el resto del territorio tuvo un carácter cálido o muy cálido, exceptuando el cantábrico oriental y la rías Baixas de Galicia, donde mantuvo un carácter normal o incluso frío.

Así, se ha registrado incremento cercano a los 2 °C en amplias zonas de Andalucía central y oriental, Castilla-La Mancha, Madrid, región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con incluso cifras próximas a 3 °C más en puntos del este de Andalucía y el noroeste de Castilla-La Mancha. Solo se registraron valores negativos cerca a los -1 °C en el Cantábrico Oriental.

Respecto a las máximas diarias, cuetan con un promedio de 1,0 °C por encima de la media, mientras que las temperaturas mínimas se situaron en 0,7 °C superando el valor medio, lo que resulta una oscilación térmica 0,3 °C superior a la habitual en el mes.

Sin embargo, la AEMET señala que lo más destacable de este pasado mes de agosto es la intensa ola de calor que afectó a la Península y Baleares entre los días 11 y 16, y a Canarias entre el 15 y el 19. Durante este periodo, las temperaturas máximas y mínimas tomaron valores muy altos con máximas que superaron los 40 °C en parte del territorio peninsular y ambos archipiélagos, e incluso en los 45 °C en zonas amplias de Andalucía y Murcia y en puntos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias, ha precisado.

La ola de calor ha dejado registros de temperatura muy altos. Así, el día 15 de agosto el observatorio de la base aérea de Alcantarilla, en Murcia, registró 47,0 °C, un récord absoluto de la red de estaciones principales, según AEMET. También se registró el día 14 46,9 °C en el aeropuerto de Córdoba, 46,2 °C el día 15 en Murcia, y 46,0 °C en el aeropuerto de Granada el día 14.

Además, en 24 estaciones principales, la temperatura máxima resultó la más alta para un mes de agosto y en 19 de ellas se batió el récord absoluto de temperatura máxima. En seis estaciones principales se registró la temperatura mínima más alta de un mes de agosto, donde en cuatro de ellas se estableció un nuevo récord de temperatura mínima más alta registrada a día de hoy en cualquier otro mes. Además, en la estación principal de Cuenca, la temperatura media fue la máxima alcanzada para un mes de agosto desde 1955.

SÉPTIMO MÁS SECO DEL SIGLO XXI

Respecto a las precipitaciones, agosto fue seco con una media sobre la España peninsular de 15,9 litros por metro cuadrado, un 70 por ciento del valor normal del mes. Según los datos, se trata del decimoséptimo mes de agosto más seco desde 1961 y el séptimo de este siglo.

Por último, la precipitación acumulada tuvo un valor inferior al normal en gran parte de la península, Baleares y Canarias, situándose incluso por debajo del 25 por ciento del valor normal en Andalucía, parte de Extremadura, la mitad Ocidental de Castilla-La Mancha, Castilla y León, cornisa cantábrica, Galicia, Pirineos, Cataluña, mitad norte de Aragón. En cambio, se superó el 200 por ciento, incluso el 300 por ciento en puntos de la mitad oriental de Castilla-La Mancha, Aragón, norte de la Comunidad Valenciana, Málaga y Extremadura.

Los policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) han agradecido este jueves el "aliento" que recibieron de sus familiares, de las instituciones y del conjunto de la sociedad española mientras participaban en la evacuación de más de 2.000 afganos que querían abandonar Kabul antes del 31 de agosto por la vuelta de los talibanes al poder.

"Cumplimos con nuestro deber y volveríamos a tomar la misma decisión", ha explicado José Antonio García Hernán, uno de los 17 GEO y agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que han sido homenajeados con la presencia de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Los GEO han reconocido la "dureza emocional" de una operación que llegó a "buen término" por la cooperación existente entre diferentes departamentos ministeriales, sumado al "aliento permanente" de sus familiares y mandos, así como al trabajo "codo con codo" con el resto de policías y militares de países como EEUU y Reino Unido.

RECUERDO UNO A UNO

El acto, emotivo por la presencia de familiares de los policías, incluido las de los dos agentes fallecidos en 2015 en un atentado terrorista contra la Embajada de Kabul, ha servido para oficializar la entrega de la bandera nacional que ondeaba en la delegación española. También han devuelto la enseña que recordaba a sus compañeros asesinados y han homenajeado a las víctimas del atentado junto al aeropuerto de la capital afgana cuando ya expiraba el plazo dado por los talibanes.

Con voz por momentos entrecortada por la emoción, el ministro del Interior ha citado uno a uno a los 17 policías -luego reforzados por otros tres agentes-- que estuvieron con el embajador y la segunda jefa de la delegación española en el aeropuerto de la capital afgana. "Sois héroes", les ha dicho Grande-Marlaska, poniendo en valor su profesionalidad en "días duros".

En concreto, ha mencionado el uso de todas las capacidades posibles recurriendo a sus conocimientos del terreno, incluyendo alcantarillas para "vencer los 'checkpoints de los talibanes" que dificultaban la extracción de los colaboradores afganos que previamente el Gobierno había autorizado para que volaran en aviones del Ejército de Aire hasta Madrid.

"Salvaron a gente llamándoles por sus nombres de pila porque los conocíais", ha explicado Grande-Marlaska, rememorando una situación límite en los días donde policías y militares españoles se mezclaron con uniformados de otros países para, desde el interior del aeropuerto, identificar a los colabores entre las miles de personas que se agolpaban junto a las puertas de acceso.

LA MISIÓN CONTINÚA

Tanto Grande-Marlaska como Albares han coincidido en que la "misión continúa" hasta que se rescate al último colaborador afgano. "Somos una nación seria", ha dicho el ministro del Interior, que ha elogiado el papel de los policías de Kabul por "anteponer todo por la libertad de los demás".

El titular de Exteriores ha recogido de manos de los GEO la bandera de España en Kabul y ha dicho que su compromiso es trabajar para que pueda volver a ondear en la capital afgana. "Hay que facilitar la salida de todas las personas que colaboraron con nosotros. No dejaremos a nadie atrás", ha señalado.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha ensalzado a los policías por ser "buena gente". "Servidores públicos ejemplares", ha dicho en el acto celebrado en el Complejo de Canillas, recordando el mensaje que el equipo de seguridad de la Embajada envió a una responsable policial cuando se inició el plan de evacuación: "Todos nos quedamos hasta el final por humanidad con los afganos".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la condena impuesta a un hombre por el Juzgado de lo Penal número 5 de esta ciudad por un delito de amenazas condicionales y por el que fue condenado a una pena de dos años y seis meses de cárcel, así como el pago de una indemnización de 9.000 euros al familiar de la víctima.

El tribunal acepta en su totalidad los hechos considerados probados en el fallo, según el cual, en octubre de 2019, el acusado contactó a través de la aplicación 'Bender' con la víctima, a la que acabó exigiendo la suma de cien euros a cambio de no difundir o revelar capturas relativas a su homosexualidad.

La víctima llegó a pagar ese dinero, aunque el condenado le siguió enviando mensajes de whatsapp "presionando" para que le entregara más dinero a cambio de no decir la condición sexual del joven en A Coruña.

"Si no te hablo más me maté. No aguanto más", le respondió este, recoge la sentencia. En ella, se sostiene que el condenado "no cejó en sus amenazas" y continuó exigiéndole una suma de dinero. Sobre la víctima, añade que "presa de la desespeeración y la angustia en la que se hallaba sumido", se suicidó. El ahora condenado, desconocedor de tal circunstancia, siguió enviándole whatsapps, reclamando dinero y diciendo que le iba a "amargar" la vida.

La sentencia de la Audiencia de A Coruña, dictada en junio, afirma que "este dramático final, pese a ser ajeno a la voluntad" del condenado "es el mejor reflejo de la perturbación y angustia creadas en la víctima por la presión a la que le sometía el apelante", dice sobre el recurso que este presentó por su condena en primera instancia.

"La presión continua, la reiteración de la petición de dinero tras haber recibido el primer pago, fueron suficientes para llevar a la víctima a adoptar una decisión irreversible y gravísima", añade, descartando también el argumento de que existía en la víctima una "circunstancia preexistente" en relación al suicidio por la nota que la víctima dejó.

"Es cierto que reconoció esas tendencias, aunque sin llegar a concretar cuándo y cómo se produjeron los 'muchos intentos' que menciona", señala el fallo, que apunta, no obstante, a frases también incluidas como "antes muerto que dominado por quien sea". También ve acreditado el delito de amenaza por "un ataque al derecho de la persona a formar, disfrutar y ejercer su libertad con plena autonomía de decisión y acción".

La Comunidad de Madrid ha notificado 742 casos nuevos de coronavirus, de los que 563 corresponden a las últimas 24 horas (con un descenso semanal del 43,99%), y 12 fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 921 casos nuevos de coronavirus (179 más), de los que 725 corresponden a las últimas 24 horas, y 14 fallecidos más en hospitales (dos más), mientras que el jueves de la pasada semana se registraron 1.230 contagios (488 más), 848 del último día, y 17 muertos (cinco más).

El número de hospitalizados se sitúa en 814 (38 menos que el día anterior) y 269 en la UCI (14 menos), mientras que 96 han recibido el alta. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.564.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 897.340 positivos, un total de 124.810 casos han requerido hospitalización, 13.133 han precisado UCI y 110.292 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 956.995 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.131, de los cuales 5.097 han sido en centros sociosanitarios, 18.585 en hospitales, 1.419 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días continúa en ligero descenso hasta llegar a los 159,32 casos por cada 100.000 habitantes, aunque por encima de la media nacional de 140,43, mientras que la registrada a 7 días se sitúa en 61,02 casos, frente a la media en el país de 52,24.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 9.357.995 dosis de las 10.850.729 recibidas, con 4.158.242 segundas dosis registradas y 232.770 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 71,3%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 81,9%, mientras que el 88,2% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han registrado 4.763 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.090 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.311 registrados el miércoles, lo que eleva a 4.903.021 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 140,43 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 150,37 notificados el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 71 más, de los cuales 270 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 85.218 personas.

Actualmente hay 5.115 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España, 229 menos que este miércoles, y se registran 1.258 en la UCI (55 menos), si bien en las últimas 24 horas se han producido 442 ingresos y 585 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 4,31 por ciento y en las UCI en el 13,73por ciento, en ambos casos los datos mejoran con respecto a los datos dados este miércoles.

Un total de 1.423 miembros de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia se han formado en igualdad entre hombres y mujeres y en prevención contra la violencia de género desde el año 2019, 526 de ellos fiscales.

Así lo ha detallado este jueves la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política de su departamento.

En total, según ha precisado, desde 2019 se han impartido 460 horas de formación en materia de igualdad y prevención de la violencia machista repartidas en 44 actividades formativas. De estas, a la carrera fiscal le han correspondido 210 horas de formación en 18 actividades formativas a las que han asistido 526 alumnos.

Además, Llop ha avanzado que en la actualidad están trabajado en el desarrollo del plan específico de formación en materia de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género para todos los cuerpos y carreras que se forman en el centro de estudios jurídicos.

Llop ha destacado que el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres será un "eje transversal" de la política de su departamento "por convicción y por obligación democrática".

La ministra ha recordado que en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género y en la actualidad siguen funcionando las comisiones de seguimiento del mismo en ambas cámaras, el Senado y el Congreso.

Según ha indicado, desde enero de 2003 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas un total de 1.111 mujeres y 41 niños y niñas, y 320 menores han quedado huérfanos. Frente a estos datos, Llop ha lamentado que "hay quien niega la violencia de género".

Por ello, ha dicho que todos los poderes públicos están obligados a tomar acciones para erradicar la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito de la pareja y expareja "por el modo tan cruel y horrible, que afecta a los hijos e hijas", como la violencia sexual, la trata o el acoso.

SIN IMPUNIDAD PARA EL ACOSO EN INTERNET

También ha subrayado que "no cabe impunidad para los delitos cometidos en la red" pues "el insulto, la amenaza o el acoso en el espacio virtual son tan graves o más que en el espacio físico".

La ministra ha abogado asimismo por seguir trabajando para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres llegar a puestos de responsabilidad, pues según ha indicado, la crisis de la Covid-19 "ha levantado el velo de la aparente igualdad que se creía haber consolidado" con un incremento de las brechas salariales y una pérdida de talento femenino.

Igualmente, Llop ha precisado que la desigualdad también tiene su reflejo en la Justicia donde "han tenido que pasar 200 años para que una mujer sea presidenta de sala del órgano supremo". En este sentido, ha indicado que las mujeres aún están "infrarrepresentadas" en el Supremo, donde suponen el 22%, aunque ha celebrado que en la carrera judicial se ha avanzado gradualmente en el equilibrio de género alcanzándose un 70% de mujeres en algunas promociones.

Por ello, la ministra ha asegurado que uno de sus principales objetivos es "incorporar la perspectiva de género en el Ministerio" a través de la formación en perspectiva de género, la implantación de planes de igualdad y de prevención del acoso sexual, y ha señalado que ha reforzado la unidad de igualdad de su cartera.

EL SIGLO DE LAS MUJERES

Según ha insistido, "es el siglo de las mujeres" que están "aportando una mirada distinta" y ha destacado que las mujeres van a "dejar esa impronta en la Justicia".

Por otro lado, Llop se ha referido a algunas reformas legislativas que han entrado en vigor recientemente como la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Con esta reforma, según ha destacado la ministra, ya "no se sustituye su toma decisiones sino que se les acompaña para que tomen sus decisiones libremente" pues "no hay mayor dignidad del ser humano que su libertad para decidir". En este ámbito, Llop ha avanzado que desde el Ministerio van a intensificar la perspectiva de discapacidad.

En cuanto a la ley integral de protección a la infancia frente a la violencia, la ministra ha asegurado que su Ministerio potenciará las oficinas de asistencia a las víctimas para que el interés superior del menor esté siempre presente. Entre otras, Llop también ha destacado la reciente aprobación del proyecto de ley de libertad sexual, que "supone un avance para la libertad sexual de las mujeres".

En el ámbito formativo, la ministra también ha anunciado que en cuanto a la formación de los operadores, están estudiando la posibilidad de configurar los cursos selectivos impartidos en el centro de estudios jurídicos como una titulación oficial, en concreto, como un máster universitario.

VOX: "SEÑORA MINISTRA DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO"

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el diputado y secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, se ha dirigido a Llop como "señora ministra de la ideología de género" y la ha acusado de "venir a cumplir la cuota".

Tras criticar que la ministra declarara en 2019 en una entrevista con El País que "una democracia en la que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia", Ortega Smith ha dicho que para Llop "los hombres son machistas, violentos y agresivos por su condición de hombres, y la otra mitad, por su condición de mujeres son todas víctimas".

También le ha preguntado si va a luchar por "proteger" a "aquellos hombres que quieren una igualdad real, a los heterosexuales y a los homosexuales que no aceptan la imposición de los lobbys lgtbi o a los que sufren discriminación porque no aceptan la ideología de género ni los lobbys de las feminazis". Igualmente, le ha preguntado si va a luchar contra los delitos de odio hacia los cristianos.

Llop ha reprochado a Ortega Smith que con ese tipo de manifestaciones "pone en riesgo a las mujeres" pues trata, a su juicio, de "infundir cierto miedo, para que no acudan al sistema judicial, para que no pidan ayuda".

El Gobierno de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han destacado que el decreto ley que aglutina las medidas de control contra la propagación de la Covid-19 en las islas mantiene la ratificación judicial a las diferentes medidas que sean necesarias aplicar desde el punto de vista sanitario.

Así lo han puesto este jueves de manifiesto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, tras mantener una reunión en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, al ser cuestionado por las veces en que la Justicia no respaldó algunas de las medidas que su Ejecutivo veía necesario aplicar, Torres recordó que una vez decaído el Estado de Alarma, y teniendo en cuenta la evolución de la Covid y la Incidencia Acumulada, hubo que tomar decisiones que tenían que ser ratificadas por la Justicia, y que algunas lo estuvieron y otras no.

"Y por cierto --añadió--, el Decreto Ley de Medidas Sanitarias recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias y que irá a Pleno también mantiene la ratificación de medidas por parte de la Justicia", para entender que lo mejor es que cualquier decisión que se tome desde el plano de vista legislativo tenga la máxima seguridad desde el plano judicial "por el bien de todos".

El presidente regional apuntó que en los últimos meses han habido medidas que no fueron ratificadas por el TSJC y otras que sí lo fueron, como por ejemplo el número máximo de personas en grupo. "Y justamente eso es la separación de poderes", matizó.

Asimismo, hizo especial hincapié en que siempre ha acatado las decisiones judiciales independientemente de que haya podido estar más o menos de acuerdo con las mismas, señalando que Gobierno de Canarias y TSJC caminan "de la mano" para preservar la salud de los isleños.

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO HA FUNCIONADO EN UNA SITUACIÓN "INÉDITA"

Desde el TSJC, su presidente suscribió las palabras de Torres y añadió que en la situación "inédita" que ha producido la pandemia el ordenamiento jurídico "ha funcionado". "Estamos en un Estado de Derecho con sus controles, sus poderes y sus garantías. En definitiva, los poderes se han limitado a la labor que constitucionalmente tienen asignada", aseveró.

Lorenzo Bragado comentó de igual modo que el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias contempla una remisión de las normas sobre la ratificación de las medidas que puedan suponer una afectación a los derechos fundamentales sin perjuicio de que todos los actos que constituyan la aplicación de la normativa puedan ser susceptibles de control por parte de los tribunales de lo contencioso-administrativo.

"Y que no le quepa duda a ningún ciudadano de que si algún tribunal con ocasión de la revisión de esos actos concretos tuviera duda sobre la constitucionalidad de algunos de esos preceptos podría, si así lo estima oportuno, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad", observó.

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, ha avisado este jueves de que el Mediterráneo no puede permitirse ser el mar más sobre explotado por la pesca del mundo, por lo que ha invitado a detener ese discurso con un trabajo conjunto entre las administraciones públicas y el sector pesquero.

Así lo ha trasladado tras participar en un encuentro en Almería, en el que ha estado acompañada por la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, para analizar "in situ" el estado de la aplicación del reglamento para la pesca demersal en el Mediterráneo con representantes del sector pesquero.

Vitcheva ha valorado la primera toma de contacto con el sector para la evaluación del reglamento, si bien ha insistido en que durante la planificación de este instrumento se han tenido en cuenta opiniones de científicos, administraciones y representantes de organizaciones marítimo-pesqueras. "El plan ya está establecido, pero hay que analizarlo", ha señalado antes de congratularse por sus primeros resultados.

En este sentido, y a pesar de que desde entidades como la Confederación Española de Pesca (Cepesca), y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) se ha incidido en que su aplicación ha llegado a suponer una reducción de en torno al 29 por ciento de los días de pesca, la directora de la CE tiene que seguir adelante para abundar en la recuperación de los fondos marinos.

La delegación de la Comisión Europea ha informado así del impacto que las medidas aplicadas en el plano socioeconómico y de viabilidad del mismo, no sólo en el arrastre, sino también en el resto de flota que depende de la infraestructura creada en todo el Mediterráneo.

Desde el Gobierno, Villauriz ha valorado el "esfuerzo de coordinación y puesta en práctica" de las medidas del reglamento entre los sectores científicos, pesqueros y las administraciones públicas para mejorar los stocks del Mediterráneo, si bien ha incidido en que los organismos comunitarios deberán valorar los estudios presentados por España de cara a su consideración para el próximo plan.

"Queremos que la aplicación de las medidas se haga de manera proporcionada y equilibrada y que la reducción de días de captura sea lo menos lesiva posible para el sector", ha dicho la secretaria general de Pesca.

En esta línea, desde la representación de la flota pesquera del Mediterráneo han valorado la visita de Vitcheva, por lo que confía en que sirva para que en Europa "se tome conciencia sobre la función del arte de arrastre como eje vertebrador económico y social en el Mediterráneo en torno al cual gira toda la actividad pesquera en este mar, tanto de cerco como de artes menores, así como la cadena de suministro y comercialización de sus productos, pilar de la apreciada dieta mediterránea y se reconozcan todos los esfuerzos ya realizados por el sector pesquero español".

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Subdelegación de Gobierno, el sector le ha manifestado su oposición a la reducción adicional de los días de pesca de las flotas hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que sobre los stocks han tenido las medidas ya puestas en marcha desde 2020.

La valoración por parte de los organismos científicos, incluido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), "no estará disponible hasta 2022 y así lo reconoce la propia CE que, sin embargo, propone seguir reduciendo los días de pesca a pesar de no contar con una evaluación del resultado de las medidas ya adoptadas", han abundado.

Igualmente, los pescadores han renovado ante Vitcheva su afán de colaborar en la sostenibilidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo y han reclamado que su experiencia y oficio tengan más peso en la toma de decisiones. A este respecto, han expuesto durante la reunión los cerca de 20 proyectos puestos en marcha por el sector como muestra de su "compromiso con la pesca sostenible en el Mediterráneo".

El plan de gestión de demersales de la UE ha supuesto, según el sector, la aplicación de una serie de medidas que están "comprometiendo la actividad pesquera en la zona de embarcaciones de arrastre y llevando a los pescadores y sus familias al límite"; una opinión que ha sido destacada también por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), y la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes).

El sector pesquero, que ha agradecido a Vitcheva su interés en conocer de primera mano la realidad de la pesca en el Mediterráneo español, ha instado a la directora general a colaborar y trabajar juntos en el objetivo de una pesca sostenible, única fórmula, esgrimen los pescadores, para evitar la amenaza de que un plan de gestión de demersales meramente burocrático puede tener sobre la actividad de 600 buques españoles y más de 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

La flota llevó a cabo una parada generalizada el pasado junio y solicitó la actuación del Gobierno y la CE para evitar la extinción de la actividad pesquera y, específicamente, de un arte tradicional del litoral mediterráneo y tan sostenible como otros como es el arrastre.

Además, la modalidad del arrastre no solo es la única que permite la captura de determinadas especies como, por ejemplo, la famosa gamba roja, el carabinero o la cigala; sino que también es esencial para asegurar toda la cadena de suministro y comercialización y todas las actividades de los puertos pesqueros del Mediterráneo.

En virtud del Plan y en el marco, además, del complejo escenario generado por la covid-19, se han creado zonas de cierre espacio-temporales para evitar la captura de juveniles y se ha reducido de forma notable el esfuerzo pesquero. En concreto, la aplicación del Reglamento para la pesca demersal en el Mediterráneo "en los dos primeros años ya ha supuesto una reducción de en torno al 29 por ciento de los días de pesca".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este jueves que el momento actual, con la llegada de los fondos europeos 'EU Next Generation', es el "propicio" para abordar la transformación del sistema de justicia en España. Ha añadido que a la entrada de ese capital se suma la experiencia acumulada y los estudios realizados en materia de modernización, algo que lleva siendo una demanda desde hace años.

Así lo ha dicho en el marco de su comparecencia en la Comisión de Justicia de este jueves en el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido a petición propia y por primera vez desde que asumiera el cargo el pasado mes de julio.

Llop ha agradecido al inicio de su intervención al exministro Juan Carlos Campo haberle dejado un "legado muy preciado" que le sirve de base sobre la que construir proyectos vanguardistas que supongan un cambio de paradigma en justicia.

Además, ha agradecido a los trabajadores del sector por su función durante la pandemia, que "han puesto en riesgo su vida para que la justicia no se paralizara", y ha indicado que si el coronavirus hubiera llegado hace 30 años "el país se habría colapsado".

Asimismo, ha indicado que aspira a un clima de diálogo con los grupos políticos del Congreso y los distintos operadores jurídicos para abordar "el reto apasionante que supone transformar la justicia en el país" y ha subrayado que por su parte no habrá exclusiones.

JUSTICIA 2030

Durante su comparecencia ha repasado extensamente el plan que arrancó con Campo y que se desarrolla bajo el marco de 'Justicia 2030', con el que se pretende poner las bases de un sistema "accesible, eficiente y sostenible", y para el que, ha indicado que entre 2021 y 2023 se invertirán 470 millones de euros.

En este sentido, ha apuntado que debe avanzarse desde el dialogo y la cogobernanza, y que es necesario partir del análisis de los diferentes agentes. "Tenemos la verdadera convicción de que debe haber consenso", ha explicado, para luego apostar por la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional. Por eso, ha anunciado que convocará en octubre la próxima conferencia sectorial en el Senado y que el resto se realizaran en diferentes comunidades autónomas.

Llop ha repasado los tres grandes objetivos que a su juicio se pretenden con el plan de transformación de la Justicia, y ha destacado el de que el sistema sea accesible. En ese plano ha recordado que se contemplan las oficinas de justicia municipales para que el sector sea más cercano al ciudadano y que contemple el acompañamiento en el proceso para acabar con la brecha digital que afecta a colectivos vulnerables.

Al hilo, ha apuntado que se pretende mejorar en accesibilidad para personas con discapacidad con el sistema de lectura fácil y ganar en accesibilidad también a través de las lenguas a través de lenguas oficiales.

Tras esto también ha puesto en valor la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para que todos puedan acceder con garantías al sistema y ha recordado la inversión de 33 millones en ese ámbito.

EFICIENCIA Y DE CALIDAD

El segundo de los ejes que ha destacado es convertir la Administración de Justicia en un servicio eficiente y de calidad, y tras repasar datos de litigiosidad ha apuntado que prevén la creación en 2021 de hasta 60 unidades judiciales. Al hilo, la ministra ha señalado que el problema de eficiencia no es presupuestario sino de optimización y por eso ha calificado de necesario el anteproyecto de medidas de eficiencia procesal, porque mejorará el servicio publico.

También ha citado el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa y ha recordado que prevé la implantación de 431 tribunales de instancia, "un modelo ya existente en países de nuestro entorno. Y ha añadido que se ampliará la oficina judicial como una forma de llevar la justicia al mundo rural donde se podrán crear incluso espacios de 'coworking' para el trabajo deslocalizado.

Por otro lado, la ministra ha apuntado que el plan comprende el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital que propicia un nuevo marco legal para avanzar en la firma digital, en los juicios telemáticos, etc. En este punto ha hablado de la necesidad de implementar la Inteligencia Artificial para una justicia inteligente "entrenando redes neuronales para habilitar herramientas inteligentes" y "trabajando en algoritmos que no sean discriminatorios".

Por último, ha apostillado que ese plan de transformación debe ser sostenible porque la transición ecológica "también es un eje prioritario para el Gobierno".

El conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP), como son los patinetes eléctricos, estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine.

Así lo han acordado este jueves los grupos parlamentarios en el trámite de ponencia sobre el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.

Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV y Ciudadanos habían presentado enmiendas en este sentido de establecer la obligatoriedad del uso del casco por parte de los usuarios de vehículos de movilidad personal.

Según han confirmado fuentes de la ponencia, la próxima reunión tendrá lugar el 22 de septiembre y en ella se abordarán la mayoría de las enmiendas a la Ley sobre Tráfico, que han quedado pendientes de trabajar. La norma podría quedar aprobada el próximo mes de octubre.

Queda pendiente de abordar en la próxima reunión el tema de la supresión de la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

Para el profesor Luis Montoro, presidente de Honor de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) y catedrático de Seguridad Vial, "hay argumentos para mantener la situación actual, pero son muchas más las razones de seguridad que aconsejan no rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en los adelantamientos, aparte de que con ello se contribuye a una mayor y completa armonización de esta norma en la Unión Europea, donde España es la única excepción".

Las principales modificaciones recogidas en el proyecto de ley son la unificación en un plazo de dos años del tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo.

Asimismo, la norma sustituye la infracción grave consistente en 'utilizar' mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de 'llevar en el vehículo' esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.

Por otro lado, el proyecto aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil; y eleva de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Además, incorpora como causa de la pérdida de esos puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal tomará declaración el 17 de septiembre al bróker Javier Biosca, en prisión provisional como presunto cabecilla de una estafa piramidal con criptomonedas que habría dejado cientos de afectados y de millones de euros estafados.

En una providencia, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 acuerda volver a interrogar a Biosca a las 10.00 horas del viernes de la próxima semana, para lo cual ordena su traslado desde la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permanece desde el 8 de junio.

Biosca ya declaró ante el anterior responsable de dicho juzgado, Santiago Pedraz, que ordenó su ingreso en prisión provisional tras ser detenido en Málaga por otro asunto. En julio, compareció ante Abascal, al que aseguró que su intención no era engañar a los inversores, reivindicando que realmente el negocio que les proponía era muy rentable, según las fuentes consultadas.

Incluso manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia aportando las claves de las cuentas bancarias y otras que sean necesarias para ir pagando a los inversores, si bien expuso al juez que, dado que no recuerda muchas, para ello tendría que ser puesto en libertad. De ser así, en tres o cuatro semanas quedaría resuelto, afirmó.

Su mujer y el hijo de la pareja, Paloma Gallardo y Sergio, que están acusados de los mismos delitos que el bróker por su presunto rol de captadores de inversores, también comparecieron ante Abascal para asegurar que no conocían nada de los negocios de su marido y padre. En su caso, el juez optó por retirarles el pasaporte pero les mantuvo en libertad.

La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación popular y particular de perjudicados que se querellaron contra Biosca, ha insistido en un escrito en que la mujer debe ingresar igualmente en prisión provisional.

Asevera que tanto ella como su hijo "sabían todo acerca del negocio". En el caso de Gallardo, precisa que "era la encargada de realizar las numerosas fiestas que se celebraban para la captación de clientes, poniéndose de ejemplo de lo que podían llegar a conseguir mediante las inversiones en criptomonedas".

Su cometido, de acuerdo con dicho relato, sería "dar imagen de estabilidad", de la buena marcha del negocio, y ello implicaría una vida de ostentación. Así, Gallardo "realizaba operaciones en las 'wallets' desde su propio teléfono" y pagaba en criptomonedas "artículos de lujo".

RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

Al margen del rol que la mujer y el hijo tuvieran en esta supuesta estafa, la Asociación de Afectados justifica la necesidad de encarcelar preventivamente a Gallardo en el hecho de que "visita todos los domingos en la prisión a su marido", del que --avisa-- podría seguir recibiendo órdenes.

Advierte de que esas órdenes podrían ir destinadas, por un lado, a "seguir moviendo el dinero en el extranjero, impidiendo que desde España se pueda seguir su rastro". A este respecto, llama la atención sobre el hecho de que cuando comienzan a tener "grandes beneficios" y después de 25 años casados, la pareja pactó un régimen de separación de bienes.

Por otro lado, alerta de que cuando Biosca fue detenido y antes de que pudiera acordarse un registro en la vivienda alquilada por él en Málaga, Gallardo y su suegra se llevaron de esa casa ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otras pertenencias, dejándola "vacía". En estos meses los podría haber puesto a "buen recaudo", "obstruyendo con este proceder la investigación, facilitando la destrucción de pruebas e impidiendo recuperar las cantidades estafadas", señala.

La Asociación de Afectados recalca que estas acusaciones están respaldadas por las declaraciones de numerosos testimonios, algunos de los cuales aporta en su escrito, por lo que plantea a Abascal que escuche a estos testigos, para llamar después a Gallardo y acabar ordenando su pase a prisión provisional.

"EL EQUIPO DE AMANCIO ORTEGA"

De acuerdo con la querella presentada el pasado mes de marzo, en 2019 Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas que canalizaron a través de Algoritmhmics Group, pero que carecía de todo tipo de autorizaciones dado que no estaba inscrito por ejemplo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Uno de los testigos recabados por la Asociación de Afectados cuenta que Biosca le dijo que "estaba empezando con un 'bot' de un ex trabajador del equipo de Amancio Ortega y estaba sacando unos beneficios muy elevados diariamente". Según el bróker --completa otro testigo-- "a través de un trabajador que había contratado del Grupo Inditex llegó a controlar un algoritmo matemático con el que (..) conseguía rendimientos increíbles".

"Obviamente, cuando alguien te habla de un rendimiento del 100% mensual, dudas mucho (pero mucho...) pero mi amigo me aseguró que llevaba meses cobrando sin ningún problema y que funcionaba como un reloj", explica este segundo testigo.

Garantizaba una rentabilidad del 20 o del 25% semanal, al menos al principio, por lo que se corrió la voz entre familiares y amigos de los primeros inversores y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500. En un mes ya habíamos recuperado la inversión, con lo cuál ya estábamos tranquilos y siguió cumpliendo semanalmente hasta febrero de 2020, coincidiendo con la pandemia del COVID", relatan los testigos.

Entonces, continúan, Biosca "decide parar el 'bot' durante unas semanas sin rendimientos y, cuando decide volver a sacar el 'bitcoin' de sus billeteras frías, baja los rendimientos para 'recuperar las pérdidas', con la falsa promesa de volver a subir en pocos meses".

Los atrasos e impagos se acumularon y el esquema piramidal estalló. Un tercer testigo confiesa que llegó a pasar miedo por reclamar sus fondos. "Me llegaron a encerrar en un coche a mí y a mi hija o ir a buscarme a mi domicilio, temiendo por mi vida por sus malas actuaciones de no querer devolver el dinero", dice.

UNA ESTAFA "COMO UNA CATEDRAL"

Uno de los testigos, que tenía nociones contables, admite que siempre sospechó por tratarse de rentabilidades muy altas respecto a lo que ofrecía el mercado en ese momento. Por eso, comenta, no quiso captar nuevos inversores para los Biosca, a pesar de que le prometieron comisiones por ello. "Si se perdía algún dinero, que fuera el mío", razona.

"Cuando fui a verlo a su mansión en Marbella por primera vez fue cuando realmente me di cuenta de que 'estábamos perdidos'. Seguridad privada como si fuera un búnker, coches por doquier, dinero a espuertas, cenas en salones privados... Ese ritmo de vida era demencial y me dio mucho miedo", reconoce.

Ese poder adquisitivo queda reflejado en otro de los testimonios, según el cual Biosca "alardeaba de todo". Hablaba de "comprar un banco en Santo Tomé y Príncipe, que tenía un 'bullet' con la Reserva Federal americana, que quería comprar el Dinamo de Bucarest y que tenía en ese momento más de 600 millones de euros" en bancos nacionales y extranjeros.

Las sospechas del testigo con conocimientos financieros se vieron confirmadas cuando, por circunstancias, pudo acceder a una de las cuentas gestionadas por los Biosca. "Llamé a Javier y le dije textualmente que lo único que veía es que las nuevas inversiones de clientes se dedicaban 100% al pago de rentabilidades atrasadas de clientes, es decir, una pirámide de Ponzi como una catedral", describe.

Finalmente, en octubre de 2020 Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna a los inversores. La Asociación de Afectados, a la que representa el bufete de Emilia Zaballos, calcula que hay más de 750 perjudicados y que la cantidad estafada alcanzaría los 475 millones de euros.