La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, continuará guardando cuarentena a pesar de haber dado negativo en una prueba PCR a la que se ha sometido tras haber tenido contacto estrecho con un positivo en covid-19 de la variante ómicron.

Aún así tendrá que seguir confinada, igual que otros dirigentes socialistas como el Presidente de Asturias, Adrián Barbón y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contagiados de covid-19 y el secretario general del PSC, Salvador Illa, aislado a causa de un contacto estrecho con un positivo.

La número dos del PSOE se realizó la prueba este domingo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el resultado ha sido negativo, tal como ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter. 

Aún así, deberá seguir guardando cuarentena y se volverá a someter a una prueba el próximo domingo 26 de diciembre, según ha explicado. Este sábado Lastra informó de que se confinaba durante al menos diez días tras haber estado en contacto estrecho con un positivo de la variante ómicron.

"Al ser contacto estrecho de un positivo ómicron, estaré confinada durante al menos diez días", escribió también en Twitter Lastra. En este mismo mensaje explicó que se encontraba bien y sin ningún síntoma de coronavirus.

EL PRESIDENTE DE ASTURIAS HOSPITALIZADO

Este fin de semana estaba previsto que se celebrase en Oviedo el congreso de la FSA-PSOE, pero fue suspendido a última hora después de que el Presidente del Principado de Asturias y líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, se contagiase de covid-19 y además tuviese que ser ingresado en el hospital.

Este lunes Barbón ha recibido el alta, aunque seguirá aislado y recuperándose de su infección en el Palacio de Presidencia, en Oviedo. Hasta su total recuperación, Barbón ha indicado que seguirá ejerciendo de presidente en funciones el vicepresidente Juan Cofiño, y Gimena Llamedo seguirá al mando de la Federación Socialista Asturiana.

ARMENGOL E ILLA CONFINADOS

También este lunes, la presidenta balear, Francina Armengol anunció su positivo en covid después de haber participado el fin de semana en el congreso del PSC celebrado en Barcelona. Por este motivo, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, inició a su vez una cuarentena al haber estado en contacto estrecho con Armengol.

Illa comió con Armengol y otros dirigentes socialistas el sábado en un restaurante cercano al Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), donde se celebró el Congreso Extraordinario del PSC, al que también asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que en la región "solo hay dos opciones" que son "sanchismo o futuro" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero.

Fernández Mañueco se ha reunido este lunes con afiliados 'populares' para acercarles su proyecto político, si bien el acto estaba inicialmente enfocado a su candidatura para renovar su cargo de presidente del PP de Castilla y León, la única presentada al próximo Congreso regional del partido.

Ha defendido que este lunes "ha sido un día muy importante para las personas de esta tierra" y ha puesto de manifiesto que "ante el sanchismo está la protección de familias, la modernización de esta tierra o la creación de empleo que encabeza el PP".

Así, ha remarcado que se dejará "la piel por las personas de esta tierra" con el principal propósito de "seguir creyendo en el potencial y capacidad de esta tierra y la utilidad del PP para construir un futuro mejor".

En un día que ha sido "complicado", según ha reconocido, tras la convocatoria de elecciones, ha defendido que su intención "siempre fue la de agotar la legislatura", pero la situación "era insostenible".

También ha enfatizado que ha preferido "arriesgar" su presente personal para "garantizar el futuro de la ciudadanía ante aquellos que han querido romper la estabilidad para gobernar".

"NO VOY A SER COMO SÁNCHEZ"

El líder de los 'populares' en Castilla y León ha incidido en que "esta tierra no merece un gobierno Frankenstein apoyado por tránsfugas" y ha añadido que no acepta "chantajes". "Alguno ha querido jugar a ser como Rufián, pero yo no voy a ser como Sánchez", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que "no es de recibo que se quiera pactar un presupuesto a espaldas del presidente" y ha confirmado que siempre actúa en nombre de los castellanoleoneses, pensando "en lo mejor para las personas de esta tierra, sin descanso y hasta la extenuación para protegerlas de las duras consecuencias de la pandemia".

Por este motivo, ha demandado "la confianza de las personas de la tierra para seguir creciendo" y ha remarcado que se propone "para liderar la transformación de León empezada hace dos años y medio con servicios públicos para todo el territorio, sanidad en el medio rural, los mejores servicios a los mayores, apostando por autónomos, pymes y empresarios, bajando impuestos y, especialmente, en el medio rural".

Así, ha recordado que el PP "es el partido del medio rural, de los agricultores y ganaderos", como con las ayudas al vacuno de leche, al toro de lidia, al caprino, al ibérico, al ovino de carne, a la industria agroalimentaria, para las concentraciones parcelarias, los regadíos, sobre lo que ha detallado que "impulsará el desarrollo rural en esta provincia".

Por último, ha confirmado que defenderá "a todas las personas de las políticas del Sanchismo que hacen daño", como "el facturón de la luz o el cierre precipitado de las minas y térmicas o el intento de cerrar la estación de esquí de Navacerrada".

Asimismo, ha indicado "a todas las personas que estuvieron en el PP o quieren estarlo" que tienen "los brazos abiertos" para "seguir creciendo en León y en Castilla".

El PSOE sostiene en sus conclusiones sobre la investigación del Congreso relativa a la operación 'Kitchen' que la trama para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción se "ordenó" desde "la cúpula directiva" del partido, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y, de hecho, era la que "informaba" al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

"El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas", reseñan los socialistas en el documento que han registrado.

Este texto, se someterá a votación el próximo miércoles en la que será la última sesión de la comisión de investigación, junto con los registrados por PP, Vox, Ciudadanos y PNV y las conclusiones suscritas conjuntamente por Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts y la CUP. El documento que salga aprobado se elevará a ratificación del Pleno ya en 2022.

El PSOE no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

IMPLICACIÓN "INDICIARIA" DE RAJOY

Resalta que se produjo "con el conocimiento" de Cospedal que "informaba" a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien "encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y que el "epicentro" del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de "obstruir" las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, según el PSOE, en esta trama "de interés particular exclusivo del Partido Popular" se utilizaron "ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales".

En opinión de los de Pedro Sánchez, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir "la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno".

NO SE CUMPLÍAN LOS PROTOCOLOS

El PSOE también señala como otra "conclusión evidente" el "descontrol absoluto en el uso de los fondos" en Interior, así como la "ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos".

Como ejemplo de esto último, los socialistas denuncian la utilización de "catálogos, provisiones de plazas y medios personalesde forma arbitraria" por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, "con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales".

Así, apunta a un "despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas", y, encima, "en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban".

"Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley, se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento", señala el partido mayoritario.

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que procede declarar la nulidad del decreto de enero de 2021 del Ejecutivo valenciano por el que, por ejemplo, se limitaba la entrada y salida de personas de la comunidad, dado que traía causa y estaba fundamentado en el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez por el que se aprobaba la prórroga del estado de alarma.

En un informe del Ministerio Público de 2 de diciembre, se apunta que dado que esta prórroga fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la norma valenciana debe correr la misma suerte al menos en los aspectos y puntos en los que se apoyaba en los artículos del decreto del Gobierno que fueran declarados nulos por el TC.

De hecho, indica que es pertinente declarar nulo el apartado primero, relativo a la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados, y el apartado tercero, que hace referencia a las limitaciones de movilidad en horario nocturno --los toques de queda--.

"Es lo propio que las disposiciones generales dictadas en aplicación de una norma jurídica declarada inconstitucional y nula en diversos pasajes deban ser tenidas, correlativamente, también por nulas y, en consecuencia desprovistas de consecuencias jurídicas", indica la Fiscalía.

ERGA OMNES

El Ministerio Público indica además en su alegación tercera que las sentencias del TC "se dotan de una eficacia 'erga omnes' --frente a todos--, con una especial vinculación para los tribunales de Justicia, en mérito a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LEy Orgánica del Poder Judicial". Esta aseveración abra la puerta a que la Fiscalía abogue porque todos los decretos autonómicos aprobados en base a ese decreto de prórroga del estado de alarma deban ser declarados nulos en el Supremo.

De hecho, menciona un párrafo de la sentencia del TC en el que se indica explícitamente que las normas dictadas sobre la base de reglas incursas en inconstitucionalidad y nulidad, al ser estudiadas por otros órganos judiciales, estos pueden apreciar esa "afectación".

Recuerda al hilo que la sentencia del Constitucional que declaraba inconstitucional la prórroga del estado de alarma, anulaba diferentes preceptos del Real Decreto aprobado por el Gobierno en octubre de 2020. Y apunta el Ministerio Público que el decreto firmado por el president de la Generalitat valenciana Tximo Puig se apoyaba en ese decreto.

AUTORIDAD COMPETENTE

Concretamente ese decreto autonómico se dictaba "de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 2, apartado 2 del Real Decreto" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese punto concreto hacía referencia a la designación como autoridad competente delegada a la presidencia de la comunidad autónoma, y se da la circunstancia de que ése era uno de los puntos que el TC declaró inconstitucional.

Además, recuerda que la resolución de Constitucional también tumbaba el artículo 7.2 de Real Decreto del Gobierno por el que facultaba a las autoridades competentes --CCAA-- a fijar un número inferior a seis para las reuniones de personas en espacios públicos tanto cerrados como al aire libre --terrazas-- y en espacios de uso privado. Y explica que la disposición valenciana se acogía a dicha facultad.

Otro punto que anulaba el TC era que las CCAA pudieran decretar toques de queda entre las 22.00 o 00.00 horas y las 5.00 o 07.00 horas. La orden valenciana también se refería a la reunión de grupos de personas.

EL RECURSO DE NICOLAU

Este informe ante el Supremo deriva del escrito presentado en noviembre por el abogado valenciano Curro Nicolau, quien pedía al TS que aplique la doctrina que el Tribunal Constitucional fijó con su sentencia sobre el segundo estado de alarma y declare nulo un decreto de la Generalitat de la Comunidad Valenciana por el que se impusieron medidas de restricción por la covid-19.

En concreto, el abogado impuganaba el texto por el que se limitaba la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorrogaba la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunidad Valenciana y se limitaba, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y salida de los municipios y grupos municipales con población superior a 50.000 habitantes.

Indicaba que dicho Decreto fue dictado al amparo de una norma que fue declarada nula e inconstitucional por el tribunal de garantías, en referencia al Real Decreto 926/2020 por el que se dictó el segundo estado de alarma. De ahí que, a su juicio, procede directamente declarar igualmente su nulidad.

Los ministerios de Interior y Justicia han votado en contra del informe preceptivo sobre el III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2022-2025, que denuncia la violencia machista institucional y se refiere específicamente a casos como el de Juana Rivas o Irume Costumero. Fuentes del departamento de Pilar Llop, han explicado que desde el Ministerio consideran que este contenido podría ser contraproducente para las víctimas.

El texto en cuestión ha sido elaborado el Instituto de las Mujeres, departamento dependiente del Ministerio de Igualdad. Se trata de un Plan que el Ministerio espera llevar al Consejo de Ministros durante el primer trimestre de 2022, según ha asegurado la directora del Instituto, Toni Morillas, pero antes debe pasar por el informe preceptivo del Consejo de Participación de las Mujeres.

El informe fue votado este jueves 16 de diciembre y salió adelante, aunque sin los votos a favor de los representantes de Justicia e Interior.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska explican que se pidió la supresión del párrafo en el que figura "una mención en términos genéricos a la violencia institucional y al Poder Judicial en relación a algunos procesos judiciales concretos, que este ministerio no puede compartir".

Según ha señalado, el Ministerio de Igualdad rechazó la supresión de este párrafo, motivo por el cual, según apunta Interior, votó en contra de la aprobación de dicho informe.

Se refiere a un párrafo en el que se hace referencia expresa a los casos de Juana Rivas o Irume Costumero, según han explicado fuentes presentes en la reunión.

UN TÉRMINO SIN DEFINIR

También el Ministerio de Justicia pidió que se retirara ese texto concreto, según han informado fuentes del departamento que dirife Pilar Llop. Para el Ministerio es arriesgado hablar de violencia institucional cuando es un término sin definir, según han explicado las fuentes.

Del mismo modo, señalan que el Ministerio defiende que las víctimas deben tener la certeza de que las instituciones las van a ayudar y, según explican, teme que este tipo de declaraciones pueden tener un efecto disuasorio.

Aun así, el voto en contra de ambos ministerios no ha afectado ni tiene consecuencias negativas sobre el informe, como han recordado las fuentes de Justicia. De hecho, el documento ha sido aprobado igualmente.

El Ministerio de Igualdad sí usa en ocasiones el término violencia institucional. Últimamente, por ejemplo, en los tuits de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, para calificar la situación de Juana Rivas tras la resolución del Juzgado de Granada que denegaba su puesta en libertad.

La XXXV Campaña Antártica Española celebra una de sus ediciones "más ambiciosas" con la participación de 300 personas y más de 26 proyectos científicos nacionales, si bien también tiene previstas actividades de colaboración internacional.

El buque Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desembarcó la semana pasada en la base antártica Juan Carlos I marcando así el inicio de la Campaña con la llegada del primer grupo de participantes que previamente había pasado siete días de cuarentena en la ciudad chilena de Punta Arenas.

De este modo, la base Juan Carlos I se encuentra ya operativa y está previsto que a lo largo de esta semana se complete el protocolo de vigilancia y apertura de la de Gabriel de Castilla, situada en la isla Decepción, en la que se encuentra un volcán activo.

Ante esta situación, un equipo científico observará y evaluará la actividad volcánica para que el proceso de apertura de esta base se produzca "en condiciones de seguridad", según informa el Ministerio de Ciencia e Innovación, que destina una media de diez millones de euros al año a la Campaña.

También, está previsto que en los próximos días el buque Sarmiento de Gamboa navegue hacia Ushuaia, en Argentina, para iniciar el segundo de los cuatro cruces del mar de Hoces que se realizarán en esta edición.

Allí embarcará el tercer grupo de científicos que participarán en algunos de los 26 proyectos científicos españoles que se desarrollarán en esta edición, entre los que se abordan disciplinas como la dinámica de glaciares, geomorfología, sísmica, volcanología o ecología de pingüinos, entre otras.

Dentro de los proyectos previstos se incluyen cuatro series históricas de investigación en la Antártida que llevan recogiendo datos en las bases desde hace más de 25 años y que proporcionan datos a redes internacionales, por ejemplo, de suelos congelados y movimientos sísmicos.

Por el momento, el Ministerio ha precisado que en el buque Sarmiento de Gamboa se llevará a cabo un proyecto de geofísica marina; mientras que en el BIO Hespérides, que se unirá a la campaña el 18 de enero, se abordará un proyecto en geología marina y otro sobre contaminantes químicos atmosféricos.

La XXXV Campaña también incluirá colaboración en proyectos internacional. En concreto, las bases españolas apoyarán de forma logística una decena de iniciativas de países como Canadá, Italia, Reino Unido, Portugal, Colombia y Bulgaria, mientras dos de los proyectos españoles trabajarán también en la base Artigas, en Uruguay, y King Sejong, en Corea del Sur.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, propondrá este martes a la Mesa de la Cámara que en el Pleno de esta semana todos los diputados voten telemáticamente ante el aumento de contagios de la variante ómicron de coronavirus.

Tras meses de aforos reducidos en el hemiciclo y de votaciones telemáticas generalizadas, el Congreso acordó en octubre recuperar progresivamente la normalidad presencial, pero se reservó al posibilidad de volver a aplicar restricciones en situaciones puntuales y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Así, se mantuvo la votación telemática generalizada en días de largas votaciones, como con los Presupuestos, y en elecciones mediante papeleta y urna, como los nombramientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

Y esta semana, viendo que es el último Pleno del año y que se prevén de nuevo votaciones largas, Batet va a volver a echar mano de la excepción y propondrá a la Mesa que se usen las votaciones telemáticas para todos los asuntos se la sesión plenaria. Se trata de evitar aglomeraciones de diputados en el hemiciclo para no facilitar la propagación del coronavirus.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS QUIEREN REDUCIR LA PRESENCIALIDAD

Paralelamente, el PSOE y Unidas Podemos están hablando con los demás grupos parlamentarios para intentar llegar a acuerdo que reduzca la presencialidad en el hemiciclo, volviendo a los aforos restringidos de meses atrás. Ese objetivo requería, como compensación, la generalización de las votaciones telemáticas.

Cuando se suspendieron las restricciones, el PP era quien más exigía la vuelta a la normalidad y el fin de las votaciones telemáticas generalizadas. Su posición será clave este martes para adoptar o no estas medidas que se plantean, dado que no es posible prohibir a los diputados asistir al Pleno del Congreso y votar en persona.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reivindicado este lunes un modelo de "autoexigencia" dentro de los organismos públicos de investigación (OPI) y de financiación para asegurar un cumplimiento "ejemplar" de los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual o por razones de sexo.

Así lo ha asegurado en el pleno del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI), un organismo interministerial del Gobierno que trabaja por una igualdad de género real y efectiva en el sistema científico, tecnológico e innovador español, pleno que ha presidido.

"Solo cumpliendo estrictamente con nuestros planes de igualdad y nuestros protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo estaremos dando respuesta a miles de investigadoras que encuentran dificultades para alcanzar un desarrollo profesional pleno por el mero hecho de ser mujeres", ha defendido Morant durante el pleno, en el que ha hecho un balance de las acciones impulsadas desde el OMCI en el último año para combatir las barreras de género.

Entre estas acciones, destacan, según ha indicado Morant, la publicación de un estudio pionero en España sobre la situación de las jóvenes investigadoras de España y el lanzamiento de la iniciativa 'Científicas e Innovadoras' que anualmente visibilizará a destacadas investigadoras e innovadoras.

"Y estamos ultimando el Real Decreto de creación del Distintivo de Igualdad de género en I+D+I, que permitirá reconocer la excelencia en igualdad en los centros de investigación", ha añadido Morant, quien ha subrayado, no obstante, que aún queda trabajo por hacer para acabar con las barreras de género en el sistema de ciencia e innovación.

En concreto, ha señalado que uno de los retos que tiene el Ministerio por delante es el de "sumar el talento de las mujeres a la transformación" de España, que a juicio de la ministra, "no será efectiva ni justa sin la aportación de la mitad de la población". "También es tarea nuestra exponer a la sociedad una radiografía clara y rigurosa sobre la situación de la mujer en el sistema de la ciencia y la innovación", ha añadido.

Para cumplir este último objetivo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial han presentado durante la reunión un diagnóstico de la situación de la igualdad de género en sus instituciones.

El objetivo de estos informes es explorar e identificar obstáculos visibles e invisibles para proponer medidas clave que contribuyan a avanzar en una igualdad real para las investigadoras e innovadoras del país.

En el pleno celebrado este lunes se han aprobado las líneas prioritarias del programa de trabajo de la OMCI para el próximo año, entre las que se encuentran la publicación del informe 'Mujeres e Innovación 2022'; la actualización de la plataforma 'Científicas e Innovadoras' para visibilizar la figura y la contribución de las mujeres premiadas y destacadas en 2021; y la implementación de un sistema de estadísticas de igualdad que facilite el seguimiento del OMCI.

También se impulsará la creación de una plataforma que acoja la red de comisiones y grupos de trabajo del Observatorio, incluidos responsables de igualdad de instituciones, entidades y asociaciones de ciencia, tecnología y/o innovación, y personas expertas en este ámbito. Además, se avanzará en el diseño de nuevas medidas que refuercen la integración de la dimensión de género en los proyectos de I+D+I para garantizar que sus resultados benefician por igual a mujeres y hombres.

El PNV apunta a una "responsabilidad política vicaria" del ex presidente del Gobierno y el PP Mariano Rajoy y de la que fuera su 'número dos' en el partido María Dolores de Cospedal al ser ambos los "máximos beneficiarios" de la operación 'Kitchen', la trama organizada con medios del Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del partido Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes en casos de corrupción para evitar que cayeran en manos de la Justicia.

En su documento de conclusiones, los nacionalistas vascos concluyen que la 'Kitchen' fue posible gracias a la estructura policial conocida como 'policía patriótica' que, también bajo mandato del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, se creó de manera "fraudulenta" como ya acreditó el Congreso tras otra investigación en 2017 destinada, entre otras cosas, a la "persecución de adversarios políticos".

El grupo parlamentario que dirige Aitor Esteban sostiene que los indicios señalan al ex ministro, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como "conocedores, consentidores o como inductores" del "dispositivo Kitchen".

"Tuvieron a su disposición motivos, medios y oportunidades para la perpetración directa o indirecta de los hechos relatados, no cabiendo duda a esta Comisión de Investigación de su responsabilidad política directa en los hechos", aduce el PNV.

Pero también extiende esa responsabilidad a Rajoy y Cospedal. Del expresidente apunta a una "responsabilidad política 'in vigilando' o vicaria por los graves hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno".

"Máxime", añade, siendo uno de los "máximos beneficiarios" del "éxito" de la 'Kitchen', "en su calidad de presidente del Gobierno y del PP como posible responsable de su financiación irregular y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular". "Idéntica conclusión y por los mismos motivos de responsabilidad política vicaria, hemos de alcanzar respecto a Cospedal", explica el PNV.

MÁS DE 50.000 EUROS EN FONDOS RESERVADOS

El PNV calcula que los fondos reservados utilizados en la 'Kitchen' superaron los 50.000 euros, y llama la atención sobre el hecho de varios funcionarios policiales clave en el entramado creado para estas "actividades fraudulentas dentro de la Policía, fueran promocionados y/o premiados con medallas pensionadas".

Para los nacionalistas vascos, la comisión ha puesto de manifiesto que hubo un "incumplimiento flagrante de la ley; una acción para dificultar e impedir la recta administración de la justicia; y la producción de daños de difícil o imposible reparación para el crédito y buen nombre del Cuerpo Nacional de Policía, con afección grave a sus recursos, estructura y funcionamiento".

También Ciudadanos señala a Rajoy y Cospedal como responsables políticos de una trama en la que se usaron medios y fondos públicos."Políticamente, se trata de una corrupción sobre otra, de una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción", resume en sus conclusiones.

QUE DONEN LOS FONDOS QUE UTILIZARON

A su juicio, "la responsabilidad política de hechos tan graves" corresponde "al Partido Popular y al Gobierno de España". "No hay pruebas suficientes desde el punto de vista penal, pero resulta inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno desconocieran estas operaciones orquestadas por los entonces ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad", plantea al formación naranja.

Es más, añade que, "incluso en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudieran desarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran".

Además, Ciudadanos sugiere que se pida al PP que done para actividades de interés general las cantidades de dinero público que se utilizaron para sufragar la 'Kitchen' y que lo haga a modo de "indemnización" una vez que sean cuantificadas por la Justicia.

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, ha negado este lunes haber incurrido en una supuesta violación de la ley de incompatibilidades entre el ejercicio de la actividad económica privada y el desempeño de ciertos cargos de responsabilidad en la universidad pública.

"Creo que todo lo que he hecho en mi carrera académica ha sido ético, ha cumplido la legalidad al cien por cien", ha indicado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, al ser preguntado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

En este sentido, el presidente de RTVE ha asegurado que "nunca, ninguna empresa participada" por él ha facturado "nada, ni medio euro, nada, a la Universidad Autónoma". "Y esto durante toda mi carrera académica y profesional", ha subrayado, para después afirmar que la institución educativa "nunca" ha subcontratado a ninguna empresa participada por él ni ha participado en ningún proyecto financiado por la Unión Europea en el que haya intervenido una empresa participada por él, "ni directa ni indirectamente".

"Creo que debe aprovechar esta oportunidad. Que será bueno para Televisión Española que dé todas las explicaciones y aleje cualquier atisbo de duda que pueda haber", ha dicho el diputado del PP Eduardo Carazo.

A esto, Pérez Tornero ha apostillado que aceptó el cargo de presidente "por servicio público" y ha apuntado que su vida hubiera sido "mucho más cómoda continuando en la universidad". El presidente ha negado las afirmaciones que "no están acreditadas" y que, desde su punto de vista, "no tienen otro interés que desprestigiar a RTVE como servicio público".

Por los criterios utilizados por la Corporación para elegir a la subdirectora del Área de Proyectos y Desarrollo y al subdirector de Estudios y Transferencia del Conocimiento, le ha preguntado desde Ciudadanos José María Espejo-Saavedra. Según el presidente de RTVE, han sido elegidos por concurso público, "siguiendo la normativa" de RTVE.

"Los 15 días de publicidad para presentarse al concurso son los habituales. Se han valorado los méritos", ha declarado, al tiempo que ha subrayado que, "sobre todo, el presidente de RTVE no ha tenido ni arte ni parte y, por tanto, ni siquiera posibilidad de presentar un eventual descargo de conflicto de intereses en este asunto".

Pérez Tornero también ha abordado este lunes ante el Parlamento la colaboración de la actriz Verónica Forqué la última edición de 'Masterchef Celebrity' al ser preguntado por la senadora del PSOE Josefina Bueno. La parlamentaria socialista ha recordado que la semana pasada se conocía el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué por suicidio, poco tiempo después de despedirse del programa de La 1, que abandonó por voluntad propia.

"Su despedida del programa se había hecho viral y aunque está claro que el programa no fue la única causa de sus problemas de salud mental, queda claro que esta mujer estaba pidiendo ayuda, nadie lo vio y el programa debería haber sido más cauto", ha manifestado, para después añadir que "la actuación del problema es criticable porque con sólo ver sus apariciones se nota que no estaba bien y tal vez el programa la estaba llevando al límite".

"RESPETO" A LA FIGURA DE VERÓNICA FORQUÉ

En este sentido, Pérez Tornero ha trasladado las "condolencias" de RTVE a la familia y el "respeto" a la figura de Verónica Forqué como persona y como actriz, y ha destacado que la empresa pública alteró su programación "para rendir homenaje a esa figura del cine español" el mismo día de su fallecimiento.

"MasterChef lo vemos no como un programa de reality, sino como un concurso de habilidades. A veces los matices entre uno y otro son discutibles. Yo creo que moralmente tenemos que discutirlos", ha apuntado Pérez Tornero, que ha rechazado que la audiencia sea el único razonamiento.

Asimismo, ha defendido que una cosa es lo que haga una televisión pública "controlada, supervisada por un Consejo de Administración, por un Parlamento" y "otra cosa es lo que, a partir de eso, hagan las redes sociales" que, en la actualidad, se caracterizan por "desarrollar más desinformación que formación y por desarrollar más los aspectos negativos que los positivos con la persona".

"Eso no es una disculpa para lo que pueda hacer Radiotelevisión Española. Al contrario. Admitalo como la asunción por mi parte y por parte de RTVE de la responsabilidad que tenemos sobre este u otros asuntos semejantes que puedan producirse. Reflexionaremos profundamente sobre este tema. Apelaremos a la Academia, a los investigadores, a los grupos sociales para que esto no pueda ni debatirse en los próximos tiempos", ha zanjado.

Por su parte, el senador de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal ha querido saber si RTVE piensa seguir manteniendo en la parrilla el programa taurino Tendido Cero que, a su juicio, "sigue fomentando la tortura animal". "Lo que usted llama tortura animal se podía llamar tauromaquia. Es el único programa que existe en TVE desde hace 35 años. Nosotros no hemos considerado todavía un cambio en esta línea de programación a la espera del mandato-marco", ha explicado.

Desde VOX, el parlamentario José María Figaredo ha pedido al presidente una valoración de la situación de la audiencia que el representante del partido conservador considera "nefasta" y "muy mala". Es este punto, Pérez Tornero se ha mostrado "razonablemente optimista" ya que, tras la entrada del nuevo Consejo de Administración, se ha logrado "frenar" la tendencia descendente de los últimos años. No obstante, ha agregado que quedan "muchas cosas que hacer todavía".

Finalmente, el presidente de RTVE ha dicho que va a participar "muy activamente" en la tramitación de la nueva Ley General Audiovisual con el fin de garantizar la financiación de RTVE. "Nos jugamos mucho en este tema y a partir de enero será un debate que nos interesará a todos", ha concluido.

Los casos de coronavirus se han disparado este fin de semana en la Comunidad Valenciana con 9.648 positivos, máximo de contagios registrados un lunes desde febrero, y 11 fallecidos con edades comprendidas entre los 27 y los 85 años. Por su parte, los hospitales valencianos tienen 118 ingresados más en planta y diez camas UCI ocupadas más que el vienes, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

De este modo, este lunes se ha notificado 9.648 nuevos casos de coronavirus, 2.952 más que la semana anterior cuando se registraron 6.696 contagios. De este modo, la cifra total de positivos se sitúa en 577.255 personas. Los nuevos casos por provincias son 1.226 en Castellón (64.155 en total); 3.367 en Alicante (209.659) y 5.055 en Valencia (303.440) y la cifra de casos no asignados se mantiene en una.

Por su parte, el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.032: 898 en la provincia de Castellón, 3.085 en la de Alicante y 4.049 en la de Valencia. Se trata de 4 mujeres de 63, 64, 73 y 90 años; y 7 hombres con edades comprendidas entre los 27 y los 85 años.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 812 personas ingresadas, 148 de ellas en la UCI: 147 en la provincia de Castellón, 24 en UCI; 251 en la provincia de Alicante, 54 de ellas en la UCI; y 414 en la provincia de Valencia, 70 en UCI.

Por otra parte, se han registrado 4.268 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunidad Valenciana asciende a 546.843 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 60.008 en Castellón, 198.519 en Alicante y 288.260 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 56.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 33.821 casos activos, lo que supone un 5,75% del total de positivos y desde la última actualización, no se han notificado brotes de 10 o más casos.

El PP considera que la comisión que ha investigado en el Congreso el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas se ha convertido en "un juicio sumarísmo e inquisitorial" en contra del primer partido de la oposición y ha denunciado la instrumentalización "partidista" que se ha hecho de este órgano desde que comenzó sus trabajos hace un año hasta convertirse, dice en "una causa general" contra los 'populares'.

Así lo plasma en las conclusiones que el partido de Pablo Casado ha presentado al término de la citada comisión de investigación, que se analizarán junto a las del resto de grupos en la reunión prevista para este miércoles.

En el escrito, que consta de 39 páginas, el PP señala que las únicas conclusiones a las que han podido llegar apuntan a una utilización "política" de la citada comisión de investigación, al "maniqueísmo" de pretender crear una policía "buena" y otra "mala", y a la voluntad de dar sólo presunción de veracidad a la versión del excomisario José Manuel Villarejo sólo cuando perjudican al primer partido de la oposición.

ARRANCÓ CON LA CAMPAÑA ELECTORAL CATALANA

En concreto, el PP denuncia el uso "partidista" de la comisión recordando que el PSOE y Unidas Podemos solicitaron su creación más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid absolviera a las personas investigadas y de que la Audiencia Nacional así lo confirmara ratificando la inocencia de las mismas, y justo cuando el entonces presidente en funciones en Cataluña, Pere Aragonés, convocó elecciones "tras la inhabilitación de Quim Torrra y la imposibilidad de encontrar un candidato que lograse la mayoría suficiente para ser investido presidente".

Y añade que la intencionalidad política de la comisión queda en evidencia en el enunciado de la misma puesto que "da por probado" una utilización ilegal de los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para favorecer al PP". "Nacía así viciada de origen", resume el PP, quien critica que el único objeto de esta comisión haya sido "ajustar" las declaraciones de los comparecientes "al relato preconcebido" del PSOE y Unidas Podemos.

El PP también denuncia el "menoscabo" de derechos fundamentales al discurrir los trabajos de la comisión de investigación en paralelo a la instrucción de un procedimiento penal en el que tanto el PSOE como Unidas Podemos tenían acceso al expediente judicial al ejercer la acusación popular en el proceso, al tiempo que critica la superación de los límites que el ordenamiento jurídico impone a las comisiones de investigación.

"IRA IRRACIONAL" CONTRA LA POLICÍA

También concluye que la comisión ha servido para "atacar" a la Policía, contra los que el PSOE y Unidas Podemos, a juicio del PP, han descargado toda su "ira irracional" con todo tipo "insidias" y "faltas de respeto". Aún con todo, recalca que, "con la única excepción de Villarejo", ninguno de los policías que han desfilado por el Congreso han afirmado haber tenido conocimiento de la existencia de la denominada 'operación Kitchen' y haber visto cantidades asignadas a la misma.

"Queremos poner de manifiesto que los trabajos de la comisión no han servido para encontrar la supuesta información que poseía el señor Bárcenas contraria a los intereses del PP, y por la que supuestamente se montó un operativo policial en el Ministerio del Interior", afirma a renglón seguido el PP.

Los de Casado denuncian, por último, que tanto el PSOE cono Unidas Podemos den por buenas las acusaciones vertidas por Villarejo en la comisión de investigación sólo "cuando les conviene", esto es, sólo cuando sirven para deslegitimar al PP: "El Grupo Popular no da ni quita presunción de veracidad a muchos de las acusaciones vertidas por el señor Villarejo, pero no compartimos la hipocresía del PSOE y Unidas Podemos, empeñados en afirmar la veracidad absoluta de aquello que les conviene y en negar todo lo que se desvía de su relato oficial".