El Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza ha calificado de «bulos» las declaraciones del ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, en ‘The Guardian’ en las que afirmaba que «España exporta carne de mala calidad de animales maltratados», y han considerado que son «una ofensa para profesionales, técnicos, industriales, investigadores y ganaderos».

En un comunicado, el Colegio de Veterinarios ha manifestado el profundo malestar por las palabras del ministro entre «los que diariamente trabajamos para poner en la mesa de los consumidores carne y productos cárnicos saludables y de calidad procedentes de animales criados en España».

El Colegio ha dicho que «se está convirtiendo en algo endémico» el que «cualquier persona puede opinar de temas que desconoce y emitir bulos sin ninguna responsabilidad», algo que se realiza «sin valorar el daño hace a un sector tan importante en España como es el ganadero y cárnico». Y han destacado que «esta situación es mucho más grave cuando el responsable es nada menos que el Ministro de Consumo».

Los veterinarios han defendido el respeto internacional que existe hacia «los profesionales que trabajamos en el sector de animales de producción en España», donde «el sistema de trazabilidad es fuerte y funciona correctamente».

El Colegio ha señalado que veterinarios y ganaderos «trabajamos para criar animales sanos y en óptimas condiciones de bienestar animal». En este sentido, han subrayado que «en las granjas se verifica la salud de los animales, en el sacrificio se inspecciona y garantiza la calidad y seguridad de la carne, y hasta su consumo, se controla su manipulación, distribución y venta».

BUENAS CUALIDADES

Por eso, han calificado de «bulo» que España exporta carne de mala calidad, ya que, han asegurado que «no existen diferencias entre la destinada al consumo en España o en terceros países» y todas tienen de buenas cualidades.

También han señalado de «bulo» la afirmación de que España cría animales maltratados, ya que se aplica «la normativa europea» y los ganados «se crían con óptimas condiciones de bienestar». Igualmente desmienten que la ganadería «contamine el aire y el suelo» y que «los médicos y nutricionistas muestran su apoyo total al no consumo de carne».

Finalmente, han señalado que relacionar la ganadería con el cambio climático «de manera tan poco detallada» da lugar a «malas interpretaciones».

Los veterinarios han reiterado la «impotencia, desasosiego, ansiedad y desesperación» que estas declaraciones generan en el sector y han remarcado sentirse «muy orgullosos» de su trabajo, al tiempo que han asegurado que van a seguir «garantizando la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores».

La Guardia Civil ha formulado varias denuncias administrativas por transporte ilegal y suelta, no autorizada, de cientos de perdices para la realización de una cacería en un terreno cinegético del término municipal de Chiva (Valencia). La actuación se ha llevado a cabo tras interceptar un transporte con más de 1.100 perdices destinadas a ser cazadas de forma ilegal.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, tras una investigación por parte de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la Comandancia Valencia, la tarde del pasado día 14 de noviembre, en colaboración con la Patrulla de Protección de la Naturaleza la Guardia Civil de Benaguasil, se dio el alto reglamentario a un camión procedente de la provincia de Lleia.

Los agentes procedieron a la identificación de los ocupantes del vehículo, en cuya parte trasera hallaron 92 cajas de cartón que albergaban 12 aves cada una, hasta sumar un total de 1.104 perdices. Las cajas no llevaban agua ni comida para las aves, que podrían haber muerto.

Durante la investigación, los agentes averiguaron que la intención de los ocupantes del camión era soltar las perdices en un coto del término municipal de Chiva, cuyo presidente de forma previa supuestamente había permitido esta acción sin los permisos reglamentarios.

Los autores han sido denunciados por la carencia de la guía de origen y sanidad pecuaria, de la autorización para transportar animales vivos y del certificado de desinfección del vehículo, así como también por no llevar agua ni comida para las aves.

Igualmente, el presidente del coto no mostró a los agentes la preceptiva resolución de la Conselleria competente en materia cinegética que autorizara la adquisición y suelta de la aves. Gracias a esta intervención se ha podido evitar las posibles consecuencias perjudiciales para la fauna autóctona de la zona.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana (Secciones de Ganadería y de Caza y Pesca).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha acordado el procesamiento de 79 encausados a los que se les imputan los delitos de tráfico de drogas en cantidades de «extrema gravedad» y pertenencia a organización criminal. Operaban en el levante español y, además del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, blanqueaban los beneficios obtenidos.

De las diligencias llevadas a cabo en el marco de la instrucción, el magistrado recuerda en su auto, que se han incautado casi 3.800 kilogramos de cocaína. En la parte dispositiva de la resolución calcula que el valor de esas sustancias incautadas, atendido a su valor de venta al por mayor, ronda los 268 millones de euros, por lo que fija una fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias de casi 1.432 millones de euros.

Recuerda asimismo que aun hay seis investigados en paradero desconocido por lo que acuerda mantener las órdenes de búsqueda y detención, y anuncia que se formarán las correspondientes piezas separada si a la fecha de la conclusión del sumario no hubieran sido hallados.

LOS CUATRO NIVELES

La organización tenía cuatro niveles, y en la cúspide estaba estaban Juan Andrés C. (líder de la rama de Alicante), Sergio F. –alias Rubio– (líder de la rama de Valencia), Jonas S. F. (líder de la rama de Barcelona), y José C. P. –alias Costiña– (líder de la rama en Galicia).

Los cuatro ostentaban la dirección de todo el entramado criminal. El juez explica que eran quienes llevaban a cabo «la negociación, organización, planificación y financiación de las partidas de cocaína a gran escala procedentes de Sudamérica para su introducción en territorio español y europeo». Además, dirigían las principales operaciones de blanqueo de capitales de la organización a través de entramados empresariales creados a tal fin.

En un escalafón intermedio estaban otros procesados, como Kristian S., que eran responsables de la distribución de la droga a media escala. Dirigían, según apunta Calama, sus respectivos grupos criminales compuestos por sus subalternos de confianza, pero siempre supeditados a la rama principal y realizando incluso funciones de blanqueo de capitales a un nivel intermedio.

«Esta rama, por tanto, es la encargada de la recepción de las sustancias estupefacientes que introduce en España la rama principal y distribuirla a escala intermedia entre los componentes de la rama de narcotráfico a menor escala», apunta.

VUELCOS Y ASESINATOS, EL NIVEL INFERIOR

EL juez habla de un tercer nivel, el de enlace, que sería intermediario con el cartel sudamericano proveedor de la sustancia estupefaciente en origen. Los miembros pertenecientes a esta rama cobraban un beneficio porcentual en forma de comisión por sus actividades.

Por último, el nivel base, en el que estaban componentes como Francisco Javier C. –alias Checa–, tenía por objetivo el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de capitales pero a menor escala, así como la comisión de delitos violentos conexos a aquella actividad.

Ellos eran los encargados de distribuirla la cocaína a menor escala entre traficantes de último nivel dedicados al menudeo. También se incluyen en este nivel los encargados de realizar actividades violentas conexionadas al delito principal de tráfico de drogas como robos a otros traficantes –vuelcos–, amenazas, extorsiones, ajustes de cuentas, cobros de deudas, secuestros, lesiones, asesinatos, etc.

COCHES CAROS Y UNA HABITACIÓN DEL PÁNICO

En el auto, Calama recoge que Juan Andrés C. era el colíder de la rama principal y que dirigía y organizaba las operaciones más importantes de narcotráfico usando como tapadera un negocio de vehículos de alta gama que tenía en Jávea (Alicante). Ahí mantenía reuniones con el resto de integrantes de la red, si bien no siempre ya que a veces viajaba a Madrid o Valencia.

Calama destaca que en la diligencia de entrada y registro en su domicilio habitual, además de abundante documentación relacionada con los hechos investigados, se intervino más de un millón y medio de euros en efectivo y relojes de lujo por valor de otro millón. Todo oculto en una habitación perfectamente preparada al efecto, «de las conocidas como habitación del pánico».

Pero el juez dedica un epígrafe extenso a la figura de El Rubio, «el auténtico líder de la organización en cuanto a operaciones de narcotráfico se refiere». Señala que proporcionaba la infraestructura necesaria para las importaciones de cocaína por el Puerto de Valencia, y que organizaba las mismas junto a resto de la rama principal.

De Jonás S.F. subraya que mantenía reuniones con el resto de cabecillas tanto en un hall de un hotel de cinco estrellas en Madrid como en el concesionario de coches de Juan Andrés C.

EMBARCACIONES NODRIZAS

Sobre el cuarto de la cúspide de la pirámide criminal, Costiña, señala que desempeñaba un papel fundamental en las operaciones de narcotráfico de la organización ya que se encarga de organizar el transporte de las principales importaciones de cocaína de la organización desde el punto de origen en Sudamérica hasta nuestro país.

Lo hacía a través de embarcaciones nodrizas y pesqueras que realizan el trasbordo en un punto en alta mar, previamente pactado, y a través de embarcaciones portacontenedores en las cuales se camuflaba la droga. Él era además el responsable de viajar a Sudamérica para negociar con el cartel, tras lo cual se reunía con el resto para contarles novedades.

El Papa ha lamentado la situación de muchos matrimonios que por problemas de infertilidad no logran un embarazo y ha invitado a estas parejas a «no tener miedo de adoptar» y «asumir los riesgos» que conlleva la acogida.

«¡Cuántos niños en el mundo están esperando que alguien se ocupe de ellos¡ y cuántos matrimonios desean ser padres y madres pero no pueden por motivos biológicos no hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción y de asumir el riesgo de la acogida», ha señalado el Pontífice.

Francisco ha hecho estas declaraciones durante la Audiencia General de este miércoles, la primera en la que un hombre laico y una mujer, trabajadores del Vaticano, han leído los saludos en distintas lenguas, una tarea que hasta ahora estaba reservada a los curas de la Secretaría de Estado.

Improvisando, el Pontífice también ha lamentado que las parejas no quieran tener hijos pero sí «dos gatos y dos perros». «El otro día hablé del invierno demográfico que hay hoy en día. Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solo uno, pero sí que tienen dos perros y dos gatos. Sí…, los perros y los gatos ocupan el lugar de los hijos –ha señalado arrancando algunas risas entre los participantes en la audiencia general– Hace reír, pero pasa de verdad».

Según Francisco, esta negación de la maternidad y la paternidad disminuye, «quita humanidad». «Y nuestra civilización se vuelve vieja y sin humanidad , pues se pierde la riqueza de la paternidad y la maternidad . ¿Quién pagará los impuestos de mi jubilación cuando no haya hijos?», ha cuestionado asegurando que este cuestionamiento fue un comentario que le hizo alguien «que decía la verdad».

Francisco ha reflexionado sobre la paternidad y la maternidad al meditar sobre la figura de San José como padre de Jesús. «No basta con traer al mundo a un hijo para decir que se es padre o madre», ha asegurado el Papa. El Papa, al hablar sobre la adopción, ha asegurado que san José evidencia «que este tipo de vínculo no es secundario, no es un expediente».

«Este tipo de elección está entre las formas más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos; o, incluso teniendo ya hijos quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene. No hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el «riesgo» de la acogida», ha manifestado el Pontífice.

En este sentido, ha pedido que las instituciones estén «siempre listas» para ayudar en este sentido, «vigilando con seriedad pero también simplificando el procedimiento necesario para que se pueda cumplir el sueño de tantos pequeños que necesitan una familia, y de tantos esposos que desean donarse en el amor».

«Rezo para que nadie se sienta privado de un vínculo de amor paterno», ha exclamado. De este modo, ha pedido que San José pueda ejercer su protección y su ayuda «sobre los huérfanos» e «interceda por las parejas que desean tener un hijo».

Una testigo del accidente vivido este martes en la Feria de Mislata (Valencia), donde una ráfaga de viento levantó una colchoneta hinchable y provocó la muerte de una niña de ocho años y heridas a otros ocho menores, una de ellos grave, ha relatado cómo fue la secuencia de hechos. «Vi a los niños en el aire y dije: Madre mía, sea caen», ha indicado a los medios de comunicación.

La joven, visiblemente emocionada y llorando, ha explicado que estaba paseando a su perra por la calle cuando, de repente, vio que se levantaba la colchoneta del suelo, una secuencia que llegó a grabar porque estaba hablando con amiga y le llamó la atención que hacía mucho viento.

«La colchoneta se levantó, vi los niños que estaban en el aire y creo que cayeron en la colchoneta que estaba al lado», ha descrito, y ha indicado que una de las niñas estaba en el suelo y la colocaron en posición de seguridad. «Todo el mundo estuvimos ayudando; como pude tuve que levantar la colchoneta con más gente porque no sabíamos si había más niños entre la colchoneta y el suelo», ha señalado la joven.

En este momento acudieron a ayudar feriantes y familias y acto seguido llegaron los efectivos de Policía, ambulancia y bomberos, que intentaron pinchar la atracción infantil para descartar que hubiera atrapados. También ha relatado momentos de confusión porque había otra menor a la que no localizaban y luego la encontraron y otra que estaba igualmente herida de gravedad. La joven ha asegurado que en ese momento el viento que soplaba era «exagerado».

Otro testigo ha explicado que se acercó a la zona para ayudar porque es miembro de Protección Civil y vio llegar coches de Policía Autonómica, bomberos y ambulancias. Vio a padres en las inmediaciones, a personas llorando y un compañero le relató que una colchoneta hinchable se había desplazado por una ráfaga de aire y habían salido dos menores despedidos mientras que a otros los sacaron de debajo de la atracción.

El coordinador general de IU Aragón y diputado autonómico, Álvaro Sanz, ha mostrado, a través de su cuenta de Twitter, su apoyo al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras el rechazo que han suscitado sus declaraciones sobre la ganadería española, al tiempo que ha reivindicado un modelo de agricultura extensiva y familiar.

En este sentido, el líder de IU en Aragón ha pedido al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, que antes de pedir dimisiones repase el proyecto de ley propuesto por su Ejecutivo para la protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario.

Álvaro Sanz ha respondido al tuit del presidente Javier Lambán en el que pedía la dimisión del responsable de la cartera de Consumo y le ha reclamado que defienda a la ganadería extensiva.

En concreto, ha escrito: «Antes de pedir dimisiones a golpe de ABC sería bueno leer la entrevista. Y sí, nuestra ganadería extensiva y familiar tiene un serio problema de supervivencia también por el modelo de ganadería intensiva al que ponéis alfombra roja».

El líder de IU en Aragón ha enviado un nuevo mensaje al presidente Lambán, al que ha reprochado no conocer que las Cortes autonómicas están tramitando un proyecto de ley que defiende un modelo de agricultura familiar.

Sanz ha escrito: «Parece que el presidente no se lee las leyes que propone su gobierno. En esta de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón que está ahora a debate os recomiendo el artículo 8 y la exposición de motivos».

El diputado autonómico ha vuelto a insistir en un tercer mensaje en que el modelo descrito por Garzón en sus declaraciones es el que defiende ese proyecto de normativa aragonesa y ha tildado las críticas de «demagogia».

En su mensaje, Sanz ha escrito: «Si la prensa, las derechas y Lambán tradujesen ‘CATTLE’ verían que Garzón dice lo mismo que los productores, el parlamento y el gobierno: una granja de más de 4.000 vacas es insostenible. Por eso se van a limitar por ley sus dimensiones ¡Cuánta demagogia!».

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha presentado un escrito de recusación contra el juez de la Audiencia Nacional Fermín Javier Echarri por sus presuntas maniobras en la causa del magnate millonario libanés Abdum Rahman El Assir El Kassab años atrás, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.

Según explica en su escrito, Villarejo habría actuado entre 2013 y 2014 «en aquellos asuntos donde otros enviados del CNI habían fracasado y uno de ellos era buscar una salida discreta al problema judicial que tenía el comerciante de armas», al que se acusaba de haber defraudado a Hacienda más de 14 millones de euros.

Esos trabajos, alude el comisario jubilado, le habrían llevado a mantener una reunión con el propio Echarri. «El ahora recusado, a cambio de volver a la Audiencia Nacional, lo que ocurrió, se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de diez a tres millones de euros, lo que finalmente no sucedió», relata.

En esta línea, la defensa de Villarejo asegura que Echarri «tendrá una gran dificultad negando tales gestiones puesto que el decano saliente y su sustituto fueron ambos informados del calado de la actuación». «Este juez encargado del caso, el ahora recusado, aceptó el encuentro y puso en marcha las gestiones solicitadas por nuestro defendido, quien se identificó en todo momento como servidor del estado en una gestión sensible para los intereses nacionales», apuntan.

El magistrado recusado es uno de los integrantes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada del juicio que comenzó el pasado mes de octubre relativo a los asuntos privados del propio Villarejo. En concreto, en este procedimiento se ventilan tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’: ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’.

La madre de los dos menores edad cuya desaparición había denunciado su padre, vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla), tras incumplir ella el régimen de custodia compartida que regía respecto a los niños, se ha personado a mediodía de este miércoles en sede judicial y ha hecho entrega de ambos, siendo inmediatamente arrestada por un presunto delito de sustracción parental.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, tras la denuncia del progenitor, los investigadores lograron averiguar el paradero de los niños, situándolos en un municipio de Portugal. Es más, este pasado martes, los agentes visitaban la propia calle de dicho municipio lusitano donde se alza el inmueble donde estaban los menores, con la colaboración de las fuerzas policiales de Portugal.

Tras ello, la madre de los mismos ha hecho entrega de ambos este mismo miércoles en sede judicial, en Sevilla. Con motivo de ello, la Guardia Civil la ha detenido por un presunto delito de sustracción parental, extremo que investiga del Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, toda vez que los menores han sido entregados a su padre.

Recordemos que recientemente, el padre de estos dos menores de 14 y 12 años de edad denunciaba la desaparición de los mismos en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, localidad vecina de Mairena, haciéndose finalmente cargo del asunto la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de esta última localidad, donde reside el padre de los menores.

Habría sido a comienzos de noviembre cuando la madre de los niños habría incumplido su obligación de entregar los mismos a su padre merced al régimen de custodia compartida, una situación que persistía hasta el momento, derivando ello de la negativa de la mujer a que sus hijos sean vacunados contra el Covid-19, estando actualmente plenamente en marcha la vacunación para la población infantil.

La denuncia, en ese sentido, fue formulada después de que el padre de los menores tuviese constancia de la desaparición de los menores, pues este hombre pensaba que tras dejar el domicilio habitual de la madre, ubicado en Tomares, los niños seguían junto a ella en Jerez de la Frontera (Cádiz).

De cualquier manera, la representación judicial de este hombre indicaba días atrás que pesa una resolución del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla que ante la postura de la madre, dictaba la retirada del régimen de custodia compartida que pesaba sobre los menores y la atribución temporal de la custodia al padre.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, ha pedido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que rectifique las polémicas declaraciones sobre el sector cárnico español que ofreció en una entrevista con el diario británico ‘The Guardian’.

«Rectifique o váyase», ha exigido el titular de Ganadería en un vídeo que ha difundido este miércoles en su perfil de Twitter, en el que aparece junto a un cartel que publicita la carne de Cantabria.

Blanco lamenta en el vídeo que el ministro «de forma reiterada fija su diana en el consumo de carne» y que sus declaraciones son «nefastas para el sector primario», pues «suelta frases recurrentes como que la vaca es un problema que provoca el cambio climático, que dejemos de consumir carne o que la carne que exporta España no respeta el bienestar animal».

Por ello, se ha dirigido al «todopoderoso ministro de Consumo» para pedirle que rectifique, teniendo en cuenta «el poder que tienen sus palabras». «Antes es un ganadero que un nefasto ministro. Por favor rectifique o váyase», ha sentenciado el consejero cántabro.

Además, se ha preguntado «qué habremos hecho en lo que se denomina la España rural para merecer esto», recordando que a la postura de Garzón en torno al consumo de carne se suma la reciente inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE) impulsada por le Ministerio para la Transición Ecológica, lo que hace «casi imposible» el «necesario control» poblacional de la especie, con lo que ello conlleva para los ganaderos.

Al hilo, Blanco ha remarcado que, tal y como ya le trasladó a la ministra de este área, Teresa Ribera, «en Cantabria de forma mayoritaria opinamos que antes es el ser humano que cualquier especie animal. Es decir, antes se ha de proteger al ganadero y a su forma de vida que al lobo», ha sostenido.

Por último, ha lamentado que los «lobbies ultra animalistas parecen haberse hecho hueco en las mentes de las más altas instancias del Gobierno de España y eso nos va a traer consecuencias», y ha opinado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, debería «dar un golpe en la mesa y defender públicamente a su sector».

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha manifestado «el rechazo más absoluto del Gobierno regional a los chantajes del Gobierno de España a los regantes de la Región de Murcia y del Levante español, forzándoles a que acepten el agua desalada como única vía para regar sus cultivos, mientras por detrás dan una estocada mortal al Trasvase Tajo-Segura».

Así lo ha manifestado el consejero tras conocer la intención del Ministerio de «subvencionar el coste del agua desalada aumentando su producción en 75 hectómetros cúbicos», lo que «lamentablemente demuestra que se cumple aquello que veníamos denunciando desde hace meses».

Ha añadido que «pretenden ser los salvadores de un problema que han generado ellos mismos, ofreciendo a los regantes un agua mucho más cara, de peor calidad y que contamina en su producción», según informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

«Resulta paradójico que la apuesta del Gobierno de España por la transición ecológica sea la de sustituir una infraestructuras limpia, sostenible y verde, que garantiza agua a buen precio y de calidad óptima, por unas infraestructuras grises que están a la cabeza en cuanto a contaminación del medio ambiente», ha explicado el consejero. «Están jugando con el futuro de los regantes, engañándoles de manera permanente y llevándolos a una situación extrema para que se vean abocados a aceptar sus exigencias».

«Desde el Gobierno de López Miras no vamos a tolerar que se hable de agua desalada mientras el Gobierno de Sánchez no garantice el 100% del volumen trasvasable del Tajo al Segura, cumpliendo con lo que dice la Ley, y si el Ministerio quiere abaratar el precio del agua tan solo tiene que cumplir con lo que dice la Ley 1/2018, que fija el precio del agua desalada a 0,30 euros el metro cúbico».

Por último, Luengo ha recordado que, solo en el año 2021, «desde que Teresa Ribera es la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica ha recortado de manera sectaria y partidista más de 103 hectómetros cúbicos que han sustituido por aguas procedentes de recursos no convencionales, lo que ha supuesto un sobrecoste a los usuarios de la cuenca del Segura de más de 41,5 millones de euros y un incremento en las emisiones de CO2 de más de 58 millones de kg de CO2″.

Residencias de mayores, centros de día y servicios de atención domiciliaria de la Comunidad de Madrid podrán excepcionalmente contratar empleados sin la titulación requerida para hacer frente a la gran cantidad de bajas y cuarentenas provocadas por la sexta ola del Covid.

Según han indicado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la llegada de ómicron no ha ocasionado consecuencias graves ni entre los residencias ni entre el personal, «pero obliga a prescindir de los trabajadores afectados por Covid para intentar frenar los contagios, algo especialmente importante cuando se trata de centros con personas mayores que pueden ser más vulnerables».

La Comunidad de Madrid identificó un total de 996 casos de Covid-19 asociados a 98 brotes en la semana comprendida entre el 26 de diciembre y el 2 de enero. Y precisamente la mayoría de ellos se han registrado o en centros socio sanitarios, mayoritariamente en residencias y centros de día de personas mayores, con un total de 60 brotes que han dejado 714 contagiados. En esos días ha muerto en el hospital por Covid un residente de un geriátrico.

Por ello, el Gobierno regional ha modificado la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Entró en vigor el día 28 de diciembre, tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La Comunidad reconoce que en las últimas fechas los indicadores epidemiológicos reflejan un repunte de los casos positivos y de la tasa de incidencia acumulada por esa enfermedad, «circunstancias que determinan la necesidad de reforzar las medidas adoptadas especialmente las que afectan a uno de los colectivos más vulnerables como son los usuarios de centros sociosanitarios».

FLEXIBILIZAR LA CONTRATACIÓN

Y por ello apuesta por flexibilizar la contratación de determinado personal en aquellos centros o servicios de carácter social que tengan dificultad para encontrar trabajadores disponibles, «todo ello al objeto de ampliar el número de personas susceptibles de ser contratadas para garantizar el correcto funcionamiento de dichos centros».

Así, se introduce un punto 7 en el apartado sexagésimo cuarto de dicha Orden, que queda redactado de la siguiente forma: «Como consecuencia de la crisis sanitaria, y durante la vigencia de la presente Orden, los centros, servicios o establecimientos de servicios sociales podrán, de manera excepcional, proceder a la contratación de personal en las distintas categorías profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia relacionadas con el cuidado de las personas en centros residenciales, de día o servicios de atención domiciliaria, cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o la institución social».

Así, si no existiera disponibilidad de demandantes de empleo con las titulaciones que habilitan el acceso a dichas categorías podrán desempeñar estas funciones personas que, «careciendo de titulación, preferentemente tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales».

El Consejo Fiscal celebrará el próximo martes 11 de enero su primer pleno del año, y en el abordará entre otros asuntos la elección del que será nuevo teniente fiscal del Tribunal Supremo, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento en diciembre de Juan Ignacio Campos.

Así queda reflejado en el punto sexto del orden del día, en el que se recuerda que también se decide sobre el concurso discrecional para la plaza de Teniente Fiscal del Tribunal Constitucional.

Fuentes del Consejo consultadas explican que los candidatos para el puesto de teniente fiscal del Supremo que han pedido esa plaza son la que fuera fiscal general del Estado en 2015 Consuelo Madrigal; el fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza; el fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña; el fiscal de Sala del Supremo José Javier Huete; y la fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.

Los consejeros tendrán que elegir entre esos cinco nombres, llamados a ser el ‘número dos’ en la Fiscalía General del Estado (FGE). Cabe recordar que el anterior teniente fiscal era además el responsable de las diligencias de investigación relativas al rey emérito.

EL PROCÈS

Si bien las fuentes indican que ninguno de los cinco está mejor posicionado que el resto, cabe recordar que Zaragoza y Madrigal tienen un peso específico importante en la sede de la calle Fortuny por cuanto formaron parte del equipo de fiscales que trabajó en la causa del ‘procès’ independentista catalán.

No obstante, al ser un puesto de elección discrecional, unos candidatos tienen más posibilidades que otros, y su carrera puede influir a la hora de que el consejo, dirigido por la FGE Dolores Delgado, se decante por uno u otro nombre.

Así, según fuentes consultadas, el hecho de que Zaragoza (de la Unión Progresista de Fiscales) y Madrigal (de la Asociación de Fiscales) se encargaran del procès puede jugar también en su contra en un momento dado ya que la nueva etapa política, con los indultos parciales a los líderes condenados, parece que pretende dejar atrás 2019 –año de la sentencia–.

EL ENCONTRONAZO CON NOREÑA

Noreña, que goza dentro de la carrera de un gran reconocimiento, y que por su trayectoria podría ser uno de los candidatos a tener en cuenta, es también de la Asociación de Fiscales (AF), y esto puede ir en detrimento de su candidatura. Se debe tener en cuenta que Delgado pertenece a la UPF, y aunque esto no tiene por qué influir en un nombramiento discrecional, es un factor a tener en cuenta a la hora de barajar quién tiene más posibilidades.

Además, Noreña tuvo un encontronazo en febrero de 2021 con Delgado después de que ésta designara a Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar, puesto al que con posterioridad renunció el elegido.

Pero Noreña ya había calificado para entonces la decisión de Delgado de «ilegal e improcedente» en un escrito en el que manifestaba su discrepancia con esa decisión.

HUETE Y SÁNCHEZ CONDE

Así las cosas, los nombres que pueden llegar a ese concurso con más garantías de éxito son los de María Ángeles Sánchez Conde y José Javier Huete. Fuentes consultadas señalan que de la primera ya se habló cuando se optó por Juan Ignacio Campos, es de la UPF, y juega a su favor que ha sido fiscal jefe del Tribunal Constitucional.

Por su parte, Huete, que no pertenece a ninguna asociación de fiscales, fue fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado desde 2015 y abandonó ese puesto para ocupar una plaza de fiscal en el Supremo en 2020, en la Sección de lo Penal.

Las afirmaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un medio británico sobre la calidad de la «mala calidad» de la carne que se exporta desde España han generado reacciones por parte del bloque socialista del Gobierno, que defiende el apoyo al sector ganadero, y de cinco presidentes autonómicos, alguno de ellos llegando a pedir su dimisión.

El primero en mostrar su rechazo a las palabras del titular de Consumo ha sido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ha defendido el modelo de ganadería asturiano y ha criticado que algunos diputados no lo conozcan y se limiten a «decir y defender lo que les mandan desde Madrid».

«Cuando me refiero a Madrid, me refiero a algún partido y los argumentarios que les envían a sus cargos autonómicos para que repitan una y otra vez», ha escrito en un mensaje en la red social Twitter.

A Barbón le ha seguido el presidente aragonés, Javier Lambán, que ha señalado que quien hace estas declaraciones «no puede ser ministro de España ni un día más».

Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible», ha censurado el socialista aragonés, que lo ha calificado de «insulto a la inteligencia.

También se ha pronunciado su homólogo de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, que ha pedido a Garzón unas rectificación porque, según ha apuntado, «no se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior». «Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad», ha defendido.

El de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asistirá este domingo al acto del PSOE en Palencia, que lleve «la rectificación» o el «cese» del ministro de Consumo, Alberto Garzón, porque es «reincidente en sus ataques a la ganadería».

Mañueco ha dado a Sánchez las opciones de Lambán y Page, el cese o la rectificación, porque «no puede mantener en su Gobierno a quien pone en peligro una actividad esencial». En este sentido, el dirigente del PP ha avisado que las críticas de Garzón por su «defensa de las mujeres y los hombres del campo» no le van a frenar.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado al ministro del bloque de Podemos que contribuya a generar «mala reputación y eche por tierra la profesionalidad» de los ganaderos.

«No se entiende que un ministro del Gobierno de España contribuya a generar mala reputación y eche por tierra la profesionalidad de nuestros ganaderos. Y no es la primera vez. Es un sector muy serio que crea empleo y da de comer a muchas familias en España y Andalucía», ha indicado Moreno tras esas palabras del ministro, al que ha reclamado «respeto» para este sector.

DECLARACIONES A TÍTULO PERSONAL

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desautorizado al ministro de Consumo, asegurando que sus declaraciones son opiniones «a título personal» y no del Gobierno, y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir o no o rectificar sus palabras.

En este sentido y al ser preguntada durante una entrevista en La Sexta, si cree que el ministro debería dimitir como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se ha limitado a decir: «eso se lo deberá preguntar a él».

«Él hablaba a título personal», ha insistido la ministra, quien ha recalcado que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones apoyando al sector ganadero del país.

En estos mismos términos se ha pronunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que ha asegurado que «lo que todo el mundo conoce» es que España «es un país gran productor de alimentos de calidad» y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos.

Organizaciones ecologistas como WWF España, Greenpeace, Ecologistas en Acción o SEO/BirdLife han mostrado este miércoles su apoyo al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus últimas declaraciones en un medio de comunicación británico sobre la ganadería en España y las macrogranjas.

«Lo que dice el ministro Garzón tiene toda la razón. Ese no puede ser el modelo para nuestro país», ha declarado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, quien apuesta por consumir menos carne y de más calidad, como defiende el titular de la cartera de Consumo.

Asimismo, Del Olmo ha explicado que la posición de la ONG es contraria al «modelo de ganadería intensiva, que se está imponiendo y que cuenta con todos los apoyos públicos oficiales, todas las subvenciones directas e indirectas». «Todas los apoyos están dirigidos a la gran industria de las macrogranjas, de la carne rápida que tiene unos impactos medioambientales y sociales brutales», ha destacado.

El secretario general de WWF España ha asegurado que la alternativa a este modelo es la ganadería extensiva y ha alertado de que ésta en España «se está muriendo por falta de apoyo, por falta de relevo generacional» y porque está «abandonada».

«Todos los esfuerzos van a la producción de carne rápida porque España se está convirtiendo en el Bangladesh de Europa, es decir, toda la producción de carne de cerdos, de pollos, de vacas que nadie quiere en Europa, porque la normativa ambiental y de derechos de los animales es muy estricta, se ha desplazado a España», ha insistido.

Según el secretario general de WWF España, el país tiene «unos problemas brutales» y «espectaculares» de contaminación de acuíferos y de ríos por nitratos. «Esta deriva es peligrosísima», ha manifestado, al tiempo que ha señalado que la ganadería intensiva se alimenta de la soja que viene de la selvas tropicales que se están deforestando para estos cultivos.

Del Olmo ha asegurado que la ONG está «muy de acuerdo» con la postura del ministro Garzón y ha añadido que «choca completamente» con los intereses de la industria y de determinados gobiernos «que están hasta arriba de macrogranjas, como son Castilla y León, Aragón, Cataluña o Murcia. «No genera empleo rural como sí lo haría la ganadería extensiva. Todo son, para nosotros, desventajas», ha sentenciado.

ELEGIR «CONSCIENTEMENTE»

Por su parte, la responsable del programa de Agricultura de SEO/BirdLife, Tamara Rodríguez, considera «necesario» que los consumidores puedan distinguir los productos de la ganadería extensiva de los que provienen de la ganadería industrial y «elegir conscientemente cuál quieren apoyar».

«Hacer esa diferenciación en el mercado compete directamente a los políticos, por lo que consideramos que el ejercicio que está haciendo el ministro Garzón es necesario, valiente y tiene vistas de garantizar el futuro de una actividad agraria sostenible y saludable para las personas y nuestro medio ambiente», ha declarado Tamara Rodríguez.

Así, la responsable del programa de Agricultura de SEO/BirdLife ha señalado que «la ganadería extensiva produce alimentos de forma sostenible, integrándose en los ecosistemas mediante un aprovechamiento adaptado a la disponibilidad y a la conservación de los recursos naturales de los que depende, fijando población en el medio rural y dinamizando las economías locales».

Sin embargo, ha alertado de que «la ganadería intensiva e industrializada, cuyo mayor exponente son las macrogranjas, genera enormes impactos ambientales y sociales ligados a la contaminación del aire, el suelo y el agua y la pérdida de biodiversidad». «Además, la ganadería industrial causa una fuerte competencia sobre los pequeños y medianos ganaderos extensivos, que acaban echando el cierre», ha recalcado.

En la misma línea se ha expresado la Elisa Oteros, del área de Agroecología de Ecologistas en Acción, quien ha destacado que llevan años diciendo desde el ecologismo, «y está más que demostrado científicamente, que la ganadería industrial contamina la naturaleza y contribuye a destruir empleo y vaciar el mundo rural».

«Las declaraciones del ministro Garzón son muy acertadas», ha afirmado en una entrevista, para después confesar: «Nos alegramos de que el Gobierno por fin defienda la ganadería extensiva y condene la industrial».

A su juicio, algunos sindicatos y empresas «atacan ahora» al ministro Garzón porque «en realidad defienden los intereses de la agroindustria, en lugar de la salud de quienes consumen, el trabajo de ganaderos y ganaderas y la conservación de la naturaleza de la que todos dependemos».

Ante la nueva polémica contra Garzón, Greenpeace acoge con «mucha satisfacción el firme posicionamiento» del ministro respecto a la «necesidad urgente de reducir el excesivo consumo de carne en España y de frenar en seco el modelo de ganadería industrial y las macrogranjas como su máximo exponente».

«La producción de carne ha crecido de forma exponencial en España, casi un 1.000% desde los años 60, frente a poco más del 150% en la Unión Europea o en otros países como Alemania, Dinamarca o Francia», ha afirmado Luis Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España, quien avisa de que «este crecimiento demencial de la producción de carne sólo ha sido posible debido a un destructivo modelo de ganadería industrial que está dejando una nefasta huella ecológica y social».

En su opinión, «la industria cárnica y sus patronales, así como algunas organizaciones agrarias y muchos responsables políticos deben de una vez dejar de torpedear toda y cada una de las declaraciones del ministro Garzón, asumir con valentía sus responsabilidades en los graves problemas ambientales y sociales que genera la ganadería industrial y escuchar a la ciudadanía que pide cada vez más productos verdaderamente sostenibles», ha zanjado el responsable de Greenpeace.

Finalmente, Ferreirim ha afirmado que «apostar por la ganadería ecológica es una oportunidad, pero es lamentable ver como mucha gente y entidades en España se siguen aferrando al destructivo modelo de ganadería industrial».

La presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), María Aráuz, ha celebrado que el Papa Francisco, una personalidad que es «trending topic» mundial, haga un llamamiento a favor del acogimiento familiar. En España, más de 23.000 menores crecen en centros residenciales y buscan una familia.

«Nos parece maravilloso porque el acogimiento familiar se conoce muy poquito. La mayoría de la gente que acoge, se entera de forma muy casual de que existe esta medida de protección, y cuando de repente un ‘trending topic’ como es el Papa habla de acogimiento familiar en un discurso que escuchan todas las familias, es una pasada», ha valorado Araúz en declaraciones.

Así se ha pronunciado después de que este miércoles, el Papa Francisco haya invitado a las parejas a «no tener miedo de adoptar» y de acoger a menores que necesitan una familia.

«¡Cuántos niños en el mundo están esperando que alguien se ocupe de ellos! Y cuántos matrimonios desean ser padres y madres pero no pueden por motivos biológicos, no hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción y de asumir el riesgo de la acogida», ha señalado el Pontífice este miércoles durante la Audiencia General de este miércoles.

La presidenta de ASEAF ha asegurado que es «maravilloso» que personas famosas como el Papa lancen este tipo de mensajes porque ayudan a generar una concienciación sobre la falta que hace que más familias se decidan a acoger.

«Vemos que cuando la gente escucha hablar de acogimiento, de la realidad de tantísimos miles de niños que crecen en centros de menores, hay una sensibilización instantánea y quieren saber, dicen ‘a lo mejor me podría plantear ser familia de acogida’, hay mucha receptividad. Lo que hace falta es divulgarlo», ha indicado Araúz.

Según los últimos datos, más de 23.000 menores en España crecen en centros residenciales, sin una familia de referencia. Por ello, desde ASEAF promueven el acogimiento familiar, para que estos niños y niñas puedan crecer en un hogar.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía han pedido este miércoles una «rectificación inmediata» del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre sus declaraciones en relación a la producción y exportación de carne en España, unas palabras «desafortunadas», en opinión de UPA, en tanto que desde COAG se ha apuntado que «para defender un modelo productivo no hay que atacar otros».

Las organizaciones han considerado en declaraciones que el ministro «debería estar informado» y «asesorado» sobre el sector cárnico, después del revuelo causado porque el titular de Consumo afirmara en una entrevista a ‘The Guardian’ que hay carne que se exporta desde España que es «de mala calidad» y proveniente de animales «maltratados», algo que hacía referencia, según la transcripción completa de esa entrevista divulgada posteriormente por el propio Garzón, a las macrogranjas.

«Creo, sin estar de acuerdo con el modelo productivo –desde la organización agraria COAG no es el modelo que defendemos las macrogranjas–, pero creemos que son explotaciones ganaderas que cumplen unos estándares europeos, que cumplen esa normativa en bienestar animal y en sanidad animal y que ponen una carne en el mercado que cumple con todas las garantías que se piden a nivel europeo», ha dicho el responsable de Ganaderías de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez.

Rodríguez ha explicado que el modelo que defienden desde COAG «es el modelo de explotaciones familiares, el modelo de explotaciones profesionales, un modelo de ganadería sostenible, un modelo de ganadería en el entorno del medio rural, manteniendo estos pueblos vivos, manteniendo esta calidad de medio ambiente», pero ha subrayado que «para defender este modelo no hay que atacar otros modelos, y menos un ministro».

Asimismo, ha afirmado que «este ministro debería rectificar en sus acciones y debería estar informado y hacer las cosas de otra manera».

Por su parte, el secretario general de UPA-A, Cristóbal Cano, ha apuntado que «lamentan profundamente las desafortunadas declaraciones del ministro», que «denotan un total desconocimiento de la realidad del sector cárnico y del sector ganadero, por extensión, de nuestra región y de nuestro país y hace un flaco favor a un sector tan importante para nuestro medio rural como es el sector cárnico y que tanto bien hace para nuestro medio».

Entendemos que es necesario una rectificación inmediata, contundente, y no escudarse en el mensajero como está haciendo el ministro, echándole la culpa al medio (de comunicación), y no a sus declaraciones cuando está claro lo que ha dicho», ha considerado Cano.

A juicio de UPA-A, si la rectificación «no se da tiene que ir acompañada por un cese, una dimisión de su responsabilidad, porque un ministro de nuestro país tiene que asesorarse e informarse bien antes de lanzar cualquier tipo de titular que haga un daño difícilmente reparable para un sector que está tan vulnerable como es el sector agrario». Para Cano, «no es concebible» que el titular del Ministerio de Consumo tenga «una opinión infundada y carente de verdad como es la que se ha expresado en esa última entrevista».