La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha apreciado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está «nerviosa» ante la posibilidad de perder el Gobierno regional después de sus críticas al líder de este espacio político, Pablo Iglesias, al «sacudir el tablero político» con su candidatura en Madrid.

«Si alguien está acabada es ella», ha apuntado después de que la dirigente regional señalara esta mañana que «Madrid será quien ponga punto y final» a la historia política de Iglesias.

En declaraciones a la cadena ‘Cuatro’, Serra ha destacado que el aún vicepresidente segundo del Gobierno ha demostrado que «poner por delante los intereses colectivos a su sillón, a sus intereses personales» con el objetivo de acabar con la era de la «privatización de los servicios públicos» y la «absoluta responsabilidad» ante la pandemia que ha supuesto, a su juicio, Ayuso.

También ha reivindicado el compromiso de Iglesias con los madrileños al presentarse a estos comicios y están convencidos de que hay posibilidad de gobernar. «Es el objetivo», ha apostillado.

LOS INCENTIVOS DEL PSOE NO RESPONDEN A LO ACORDADO

Sobre las discrepancias con el PSOE en la negociación de la nueva Ley de Vivienda, la coportavoz nacional de Podemos ha rebatido el modelo de incentivos a propietarios con viviendas en alquiler que propone su socio de gobierno, dado que el acuerdo de gobierno y de presupuestos marca poner un «techo» al precio del arrendamiento y «bajarlo» en zonas de mercado tensionado.

En este sentido, ha criticado que «no es asumible» que las familias paguen «tanto» por vivir de alquiler mientras fondos de inversión compran bloques enteros de pisos para «especular» con ellos. Por tanto, ha reclamado al PSOE que cumpla con el acuerdo estableciendo este control de los precios del alquiler.

Y es que ha defendido que el modelo de incentivos no garantiza que la renta para los inquilinos baje y ha demandado que se apliquen medidas para aflorar la vivienda vacía en España, que estima en 3,4 millones de unidades. En consecuencia, la ley debe «obligar a los fondos buitre a que arrimen el hombro».

Respecto al rechazo de Más Madrid a la oferta de Iglesias de conformar una candidatura de unidad, Serra ha comentado que es un «error» porque esa confluencia era un «clamor social».

Tras lamentar que esta formación aludiera a que se ponía «testosterona» a la política cuando precisamente el «feminismo es dialogar», ahora es el momento de colaborar para lograr el objetivo de «echar a Ayuso».

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha defendido este jueves la iniciativa adoptada por PP y CS, socios en el Gobierno andaluz, de rechazar en sus filas los cargos electos procedentes del otro partido, ejemplo que, ha estimado, «es lo que deberían haber hecho García Egea y Pablo Casado a nivel nacional», mientras que ha reconocido que la salida de Toni Cantó de Cs, con renuncia al acto de diputado autonómico, «lo ha hecho como había que hacerlo».

En una entrevista con el programa ‘Más Vale Tarde’ de La Sexta, Marín, que ha circunscrito la reacción del PP de intentar captar a cargos electos, militantes y votantes de Cs como de «algunos del PP», ha reivindicado que la situación en Andalucía «es todo lo contrario» tras esgrimir «la addenda al convenio» que el martes, a la conclusión de la reunión del Consejo de Gobierno, presentaron el propio Marín y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que supone la no aceptación recíproca de cargos procedentes del otro partido.

«Respetamos que los cargos electos permanezcan hasta el final de la legislatura», ha afirmado Marín, quien ha considerado esta iniciativa emprendida en el seno del Gobierno andaluz como un ejercicio de «ser serios, de generar estabilidad, que es lo que deberían haber hecho García Egea y Casado a nivel nacional».

Cuando se le ha preguntado si estos acuerdos pueden ser papel mojado, por cuanto el PP ya ha rubricado el Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, Marín ha afirmado que «una cosa es el Pacto Antitransfuguismo y otra cosa es el compromiso de dos formaciones que decimos al 100% que no vamos a aceptar a esos cargos».

«Si Casado ha firmado el Pacto Antitransfuguismo debería cumplirlo», ha aseverado Marín, antes de trasladar que «Ciudadanos lo va a hacer».

El vicepresidente de la Junta ha negado con «un absoluto» que Cs esté en riesgo de desaparecer tras perder el grupo en el Senado y ha replicado afirmando que «es un partido fuerte», así como lo ha descrito como «incómodo» por una serie de atributos como «la lucha contra la corrupción o hacer bien las cosas».

«Los que se han ido no eran los míos, estaban en Ciudadanos, pero no lo eran», ha afirmado Marín para retratar a los cargos electos que abandonan este partido, al tiempo que ha recordado que «los cargos electos firman una declaración jurada de renuncia al acta».

Tras advertir de un comportamiento de ex representantes de Cs «que no están dispuestos a cumplir su palabra», el vicepresidente de la Junta ha esgrimido que «muchos lo hacen para mantener un sueldo», antes de insistir en el argumento de que «esas personas que se van no son ni nunca lo han sido de Ciudadanos».

Preguntado si Cs hacía autocrítica de todo el proceso que ha vivido desde el anuncio de presentación de una moción de censura en Murcia, el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de este partido ha afirmado que «la hemos hecho», para lo cual se ha remitido a que «hemos remodelado la permanente, la ejecutiva, y hemos relevado a las personas que han tomado las últimas decisiones».

«No estoy enfadado, molesto, cumplo con lo que firmo», ha esgrimido Marín sobre las salidas de Cs, quien ha proseguido trasladando que «no están defraudando a Juan Marín, a Cs, defraudan a las personas que los votaron con unas siglas».

«Podré o no podré estar de acuerdo, pero ha hecho a lo que se comprometió», ha señalado Marín mientras ha aludido a Toni Cantó, que «lo ha hecho como había que hacerlo».

La Princesa de Asturias llevará a cabo la próxima semana su primera actividad en solitario con motivo del acto de conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes, según ha anunciado este jueves la Casa Real.

Felipe VI ha encargado a la Princesa Leonor que presida el acto en el mismo escenario elegido para que la heredera del trono pronunciara sus primeras palabras en público el 31 de octubre de 2018, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución.

En esta ocasión, en el acto previsto para el 24 de marzo, la Princesa de Asturias depositará en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución que leyó precisamente en 2018 así como el ejemplar de ‘El Quijote’ cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la Infanta Sofía.

Este último evento, organizado con motivo del Día de las Letras, estuvo dedicado a todo el personal sanitario y colectivos de servicios esenciales por su esfuerzo en la lucha contra la COVID-19.

Durante el acto del próximo miércoles, la Princesa Leonor hará un recorrido por las instalaciones del Instituto Cervantes, donde tendrá oportunidad de conocer los proyectos de digitalización que lleva a cabo y de visitar una exposición con una muestra de obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales en España, ha precisado Zarzuela.

Desde el Instituto Cervantes se han presentado este jueves los actos de celebración de su 30º aniversario, que durarán todo este año y concluirán con un acto en el Congreso de los Diputados en el que los grupos parlamentarios leerán fragmentos de las distintas literaturas y lenguas que se hablan en España.

Los actos han sido presentados por el director del Cervantes, Luis García Montero y llevarán por lema ’30 años creando hispanistas’. Así, comenzarán la próxima semana en la sede central con la presentación del libro-disco ‘Hola Tierra’, del cantautor y artista Antonio Arias el martes 23 de marzo y una exposición de libros de literatura filipina en español (jueves 25 de marzo) en la que participarán el presidente de la Academia Filipina y el secretario general de ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española.

El 29 de marzo se presentará el Congreso Mundial del Flamenco (tras la firma del convenio con Unión Flamenco), con la presencia de Carmen Linares, Arcángel, Rocío Márquez o Marina Heredia.

El 6 de abril, la responsable de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan, y los escritores Fernando Iwasaki y Marta Sanz participarán presencialmente en la presentación del libro ‘Lo uno y lo diverso’, que coeditan el Cervantes y Espasa. A distancia, Sergio Ramírez, Laura Restrepo o Juan Villoro apoyarán el bautizo de este título que celebra la unidad de una lengua, que tiene en la diversidad uno de sus puntos fuertes.

El 22 de abril, en la Semana del Libro, grandes autores como Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Muñoz Molina o Cristina Fernández Cubas (que escriben en distintas lenguas) harán un legado colectivo en la Caja de las Letras de apoyo al mundo editorial, en un homenaje a editoriales históricas como Alfaguara, Espasa Calpe o Alianza Editorial.

También en abril se inaugurará en la sede de Alcalá de Henares (Madrid) lo que se llamará Biblioteca Patrimonial, que preservará y digitalizará «el inmenso tesoro bibliográfico» de la red de bibliotecas del Instituto. Además, en la Semana de las Letras en Español participarán creadores jóvenes y consagrados en los centros de Nueva York, Chicago, Mánchester o Manila.

El 6 de junio se abrirá en la Caja de las Letras el legado que dejó Luis García Berlanga, el día que el cineasta habría cumplido cien años de edad. Y antes de fin de año se abrirá en la sede central la Banca Cervantes, una especie de museo interactivo dedicado a la palabra y al español.

También se presentará el ‘Libro Verde del Instituto Cervantes’, una apuesta por la sostenibilidad y la concienciación ecológica, y se editará un nuevo Anuario que destacará el avance de una lengua que usan casi 500 millones de nativos hispanohablantes, un 70% más que hace tres décadas.

El director general al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, se ha negado en la comisión de la operación Kitchen del Congreso de los Diputados a dar detalles sobre el funcionamiento de los fondos reservados al entender que la normativa en vigor le impide hacerlo.

«De hacerlo», ha dicho, «incurriría en responsabilidades penales y, por tanto, no puedo ir más allá de lo que este deber de secreto me impone». Rodríguez, que es policía desde 1977, ocupa desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior un cargo clave en la coordinación de Policía y Guardia Civil, teniendo entre sus tareas la supervisión del sistema de fondos reservados.

Sobre la operación Kitchen de sustracción de documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, Rodríguez ha indicado que antes de su cargo en Interior sólo la conocía por referencias en los medios de comunicación.

Otra de las cuestiones que ha abordado es su sobrenombre como Lenin. «Me enteré de ese apelativo hace dos o tres años, cuando iba a tomar posesión como director del Gabinete de Coordinación y Estudios. Me hizo mucha gracia, tampoco me distorsiona la vida», ha contestado.

VILLAREJO O LA EXNOVIA DE PUJOL

El alto cargo de Interior se ha negado a responder si se sigue pagando con cargo a fondos reservados a confidentes de José Manuel Villarejo, el polémico comisario jubilado y detenido por corrupción. Lo mismo ha dicho al ser preguntado por el PP por la «exnovia del primogénito de los Pujol». «No puedo responder a esa información», ha terciado.

Al comienzo de su comparecencia, y en respuesta al PSOE, Rodríguez ha señalado que no podía hablar ni de la asignación de fondos reservados ni de una normativa que, según ha dicho, no ha cambiado desde su llegada a la Secretaría de Estado a mediados de 2018.

En este sentido, ha apuntado que estas partidas están sometidas a un «sistema especial de justificación» según la normativa en vigor desde 1995 y que de la misma se da cuenta a puerta cerrada en una comisión específica de la Comisión del Congreso.

Rodríguez ha reconocido como un «supuesto extraño» el que un funcionario reciba fondos reservados sin conocimiento de la Comisaría General a la que pertenece, aunque matizando que «no lo descartaría por razones de seguridad», pero sin dar más detalles si esto es posible por orden directa del director adjunto operativo (DAO) u otro alto cargo.

El comisario jubilado recientemente de la Policía –motivo por el que fue reestructurado el organigrama de Interior para nombrarle director general– ha señalado que existen «medios de control» de esos fondos reservados, que van más allá de aportar un ticket de un almuerzo o un parking, porque «siempre prevalece el control documental».

Al ser preguntado si el secretario de Estado de Seguridad puede interesarse directamente por un gasto con cargo a los fondos reservados, Rodríguez ha respondido que «entra dentro del control» pero «a posteriori». «Podría ser informado de una determinada operación, pero no es lo habitual», ha comentado.

Patronales de la Dependencia han celebrado este jueves la firma del Plan de Choque en Dependencia junto al Ministerio de Sanidad, la vicepresidencia de Asuntos Sociales y los sindicatos, porque consideran que marca el «primer día» para avanzar hacia un sistema mejor y da «esperanza» a los más de 230.000 mayores en el limbo de la dependencia, aunque piden que no se quede «en palabras».

«Hemos firmado un acuerdo marco que da mucha esperanza para más de 230.000 mayores que están esperando en el limbo servicios de atención a la dependencia, es importantísimo que no se quede en palabras sino que pase a la acción», ha subrayado, la presidenta del Círculo de Atención a Personas (CEAPs), Cinta Pascual, firmante del acuerdo.

Pascual espera que con este acuerdo «se terminen las listas de espera, se den todos los servicios que marca la ley de dependencia y sean de calidad y se mejoren las tarifas y los salarios de los profesionales».

Igualmente, el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), Jesús Cubero, ha destacado que la firma de este acuerdo «representa el primer día hacia un modelo de excelencia, que no solamente busque mejorar el sistema vigente, sino que aspire a construir uno que sea ejemplar para toda Europa«.

A su juicio, se trata de «un día histórico» porque es un acuerdo «fruto de la voluntad de todo un sector (sindicatos, empresas, patronales e instituciones) y busca su transformación para primar la calidad asistencial».

Según ha destacado, el objetivo es doble: «desarrollar herramientas para que los poderes públicos garanticen y certifiquen la calidad asistencial y abordar el modelo de coordinación sociosanitaria».

Entre otros puntos del acuerdo, ha puesto de relieve el refuerzo de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día; la financiación del sistema y la revisión del catálogo de prestaciones y requisitos de acreditación; o el impulso de la revisión de los instrumentos de control público de la calidad en los servicios para la dependencia.

Para la coordinación y garantía de todos los avances, destaca que el acuerdo también se focaliza en la instauración de un organismo supervisor que coordine los servicios sociales y sanitarios.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, ha dicho que no calificaría la firma como un día histórico porque «históricos serán los resultados».

«Es una magnífica noticia para todos, pero lo que hemos aprobado hoy es la constitución de esta mesa, históricos serán los resultados si los ejecutamos», ha subrayado Fernández-Cid.

LAMENTAN QUE IGLESIAS «SE BAJA DEL BARCO»

En todo caso, por el momento, ha valorado positivamente que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, haya pasado de pensar que el sector privado «poco menos tenía que dejar de existir» a «darse cuenta de que es importante». En todo caso, ha tachado de «lamentable» que Iglesias «se baje del barco» y deje el Ministerio cuando quedan «muchas cosas por hacer».

Ahora, según ha indicado, con la creación de esta mesa de diálogo, estudiarán los recursos de los que dispone actualmente el sector, los que serán necesarios en el futuro y, al mismo tiempo, irán «mejorando las condiciones del sistema». También ha destacado el objetivo que se marcan de reducir las listas de espera.

Si bien, ha advertido de que «si se quiere dar más y mejores servicios y pagar mejor a los profesionales, esto pasa por mejorar los precios públicos». A su juicio, esto no ocurre hoy por hoy y «el que está fallando es el Estado».

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno central con volver a retomar la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán, «tal y como se acordó con ERC», si bien ha reprochado a los independentistas la «estrategia de confrontación» del expresidente catalán Quim Torra.

Durante su intervención en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, Iceta se ha defendido de las críticas del PP por querer reeditar esta mesa de diálogo como si fuera entre dos Gobiernos de igual a igual.

En este contexto, el ministro ha defendido que la mesa de diálogo es un instrumento, «llevando al extremo el planteamiento», que guarda cierta relación con la convocatoria de una Comisión bilateral con la Xunta de Galicia, como le han reclamado algunos grupos para poner en marcha ciertas transferencias de competencias.

«El diálogo se puede establecer de muchas formas, pero reconozcamos que el problema que se está viviendo en Cataluña no es un problema de la transferencia de una autopista», ha aseverado el ministro de Política Territorial.

Por ello, el también líder del PSC ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «sigue comprometido» con el diálogo que acordó con Esquerra Republicana para poder abordar «políticamente» el conflicto catalán.

Eso sí, Iceta ha recalcado que existen «diferencias importantes» entre los grupos independentistas y el Gobierno de coalición y, en este punto, ha considerado que el liderato de Quim Torra «no fue una presidencia favorecedora de esa estrategia favorecedora del diálogo».

PP: «¿ES NECESARIO REEDITAR ESE SAINETE?»

De esta forma ha respondido el ministro a las críticas vertidas por algunos partidos de la oposición, como el PP, Vox o Ciudadanos, sobre la mesa de diálogo con Cataluña. «¿Es necesario reeditar ese sainete?», ha preguntado el diputado del PP Vicente Betoret, quien ha censurado el empeño del Gobierno por impulsar un foro para hablar con quienes no tiene intenciones de negociar sino de «humillar» al Estado.

De su lado, en nombre de Vox, Emilio del Valle ha cargado contra el ministro, al que ha denostado por ser «el ideólogo de la España plurinacional» y a cuyo Gobierno ha censurado por sus «cesiones» ante los independentistas catalanes.

«Un claro ejemplo es su nombramiento» como ministro, ha apuntado del Valle, quien ha instado a Iceta a aclarar si realmente el Gobierno facilitará un referéndum en Cataluña si, como afirmó el propio ministro hace tiempo, el independentismo supera el 60% de la población.

En Ciudadanos, José María Espejo ha subrayado a Iceta que si está al frente del Ministerio de Política Territorial no es porque era la personal ideal para dirigirlo sino para «despachar las demandas» del independentismo.

«Han usado a su Ministerio para pagar los favores debidos a sus socios» en el Congreso, a los que incluso les han integrado en la dirección del Estado, ha criticado el diputado de la formación naranja, quien ha pedido saber si en la mesa de diálogo con Cataluña Iceta iba a representar a España o a Cataluña.

Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que exploraron a Ana María B.L., la mujer acusada de asesinar a su hijo de siete años en Huércal de Almería (Almería) el 10 de octubre de 2019, han señalado este jueves en la cuarta sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial que la autora confesa del crimen tenía una «alteración parcial de sus facultades» cuando se sucedieron los hechos tras no haber «remitido completamente» los efectos del trastorno psicótico agudo transitorio que sufrió el verano anterior y que la llevaron a estar hospitalizada durante nueve días tras un ingreso involuntario.

Los autores del informe psiquiátrico forense han apuntado a preguntas de la Fiscalía, que solicita para la acusada una pena de prisión permanente revisable en la que podría darse una atenuante de alteración psíquica, que la sucesión de los hechos que se dieron hasta el momento del crimen es «totalmente compatible con un cuadro psicótico» ya que el propio día del crimen se dieron una serie de «sucesos ilógicos» por parte de la madre del menor, quien acudió con el cuerpo sin vida del menor hasta las Norias de Daza en El Ejido tras vestirlo y aparentar que iba dormido ante los vecinos.

«Si bien es verdad que hay una base psicótica, había una conciencia parcial de esos hechos», ha expuesto el perito quien ha echado en falta una «motivación» por parte de la acusada. «No vemos una conciencia real de los hechos», ha añadido al indicar que Ana María B.L. nunca pudo explicar los motivos que le habían llevado a ejecutar sus actos, pero que esta «falta de motivación» no tendría que estar ligada a un episodio de «amnesia» que le lleve a no recordar lo que hizo.

En esta línea, los forenses han observado que junto con un cuadro «depresivo» y una percepción de sí misma «en tercera persona» de la acusada, la misma presentaba un «embotamiento afectivo», que la lleva a estar en «otro plano», lo que se correspondería con una apariencia de «frialdad».

Durante la práctica de la prueba judicial, los forenses han recordado que la mujer fue hospitalizada en el área de Salud Mental el mes de julio de 2019 tras haber acudido a urgencias unos días antes; una «medida extrema» que tuvo como objetivo reducir una «sintomatología aguda» para, después del alta hospitalaria, mantener un seguimiento psiquiátrico. Aunque en un primer momento visitó a su facultativo, después la mujer dejó de ir a la especialista y habría abandonado la medicación.

Aunque los médicos del IML creen que el episodio no remitió tras el alta hospitalaria, ya que el trastorno «no terminó de curarse» porque para una remisión «completa» era «imprescindible» que se hubiera continuado el tratamiento, la prueba pericial presentada por la acusación particular ha enmarcado en una suposición que la acusada mantuviera su trastorno hasta los días próximos al crimen ni que existiera un «embotamiento afectivo» en el momento.

EL MENOR NO PUDO DEFENDERSE

Durante la sesión, a la que han asistido el padre y la abuela paterna de la víctima, los forenses han expuesto también sus informes sobre la autopsia realizada al menor y han certificado que el niño murió por estrangulamiento, para lo que habría empleado el cordón de un albornoz que la acusada portaba en una mochila en el momento de la detención.

Las peritos que practicaron la autopsia han observado además que no hallaron signos de que el pequeño hubiera intentado defenderse en ese momento al no encontrar signos compatibles con esfuerzos para desprenderse del lazo.

«Si lo hizo fue con muy poca fuerza o que lo pilló completamente por sorpresa», han afirmado las médicos, quienes han dado cuenta de la inferioridad que mostraba el menor, de apenas 24 kilos y medio, frente a un adulto. No obstante, no se observaron otras lesiones que no estuvieran relacionadas con la asfixia ni se hallaron restos de posibles estupefacientes o alcohol en el organismo del niño, que falleció entre las 9,00 y las 9,30 horas, tras estar «cuatro o tres minutos» sin respirar.

El juicio, que encara ya su recta final, continúa este viernes con la finalización de la prueba forense mediante la práctica de pericial psicológica, que dará paso al examen de las pruebas documentales y, según el cronograma, la presentación de informes de las diferentes partes antes de la entrega a jurado del objeto de veredicto, el próximo lunes.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que su partido seguirá pactando tanto con el PSOE como con el PP. A los que no estén de acuerdo con esto porque solo quieran acuerdos con los ‘populares’ –como algunos de los cargos que están abandonando la formación naranja– les ha dicho que no han entendido el papel que debe desempeñar «el centro político».

«Quien establezca que no se puede pactar con unos porque siempre son malos mientras que los otros siempre son buenos, aquellos que están apostando por una de las dos Españas, no están entendiendo lo que es el centro político, que es la tercera España, la mano tendida a los dos lados» para «encontrar soluciones a los problemas reales de los españoles», ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Según ha declarado, esto es lo que ha manifestado la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en la reunión que ha mantenido a primera hora de la mañana con su grupo parlamentario. Dos de los diez diputados, Pablo Cambronero y Marta Martín, han dejado el grupo a raíz de la moción de censura frustrada contra el PP en la Región de Murcia y su efecto en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha convocado elecciones anticipadas.

CIUDADANOS ESTÁ APLICANDO SU PROGRAMA

Arrimadas también ha defendido, según Bal, que la formación naranja está aplicando el programa con el que se presentó a las elecciones generales de noviembre de 2019, promoviendo sus propuestas sobre la libertad de educación, la tarjeta sanitaria única, la eutanasia o la lucha contra la corrupción, también en Murcia contra los ‘populares’, hasta ahora socios de gobierno.

«Quien no se crea esto no esta en el partido correcto, que se vaya y que se vaya cuanto antes. Los que nos vamos a quedar aquí nos lo creemos. Somos más, somos muchos y seremos en el futuro muchos más porque la gente nos verá como lo que somos: el centro moderado, tan necesario para este país de trincheras y polarización», ha subrayado, añadiendo que Ciudadanos va a seguir por este camino.

A los que se marchan de Cs acusando a Arrimadas y a su equipo de abrazar el «sanchismo» y de defraudar a sus votantes por pactar ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el PSOE pese a que Albert Rivera como presidente prometió lo contrario, el dirigente les ha instado a aclarar «dónde está eso que dice que Inés Arrimadas dijo que nunca apoyaría a Sánchez».

«¿Dónde está eso? Se lo están inventando, están fabricándose excusas que son mentira para poder justificar sus decisiones», ha manifestado, aprovechando para reclamar a los diputados y senadores que han dejado de militar en Ciudadanos que actúen «con dignidad» y dejen libre su escaño.

Bal recordado que poco después de las elecciones generales del 10-N, la entonces portavoz en el Congreso propuso que Ciudadanos y el PP permitieran la investidura del líder socialista para evitar que pactara con «los populistas de Podemos y los nacionalistas de ERC y Bildu».

«Nuestros ideales del 10 de noviembre, nuestro programa, se están desarrollando. No hemos mentido a nadie, hemos sido coherentes. Siempre hemos dicho que tenemos una mano abierta por este lado y otra por el otro, que somos el puente entre el PP y el PSOE», ha insistido.

También ha rechazado la idea expresada por algunos cargos públicos que se han dado de baja en Cs sobre que los «tránsfugas» no son ellos, sino la dirección del partido por haber cambiado de estrategia respecto a 2019. «Hay que tener la cara muy dura para decir eso», ha declarado, indicando que la definición de ese concepto está recogida de forma clara en el Pacto Antitransfuguismo.

LA «POCA LEALTAD» DE HERVÍAS HACIA CIUDADANOS

Por otro lado, el portavoz de la Ejecutiva ha asegurado que después del proceso «lamentable, triste e indignante» que están sufriendo por «la ofensiva del PP para tratar de debilitar o destruir» a la formación naranja captando a personas de este partido a cambio de «cargos, dinero y poder», Cs va a «salir más fuerte. «No van a conseguir acabar con el centro político español», ha recalcado.

Bal ha sugerido que en esa maniobra «pública y orquestada» del PP está implicado el exsenador de Ciudadanos Fran Hervías, que fue secretario de Organización durante la etapa de Albert Rivera y que ahora ha tramitado su baja como afiliado y se ha puesto a trabajar para el PP.

«Creo que no hace falta dar más explicaciones, más vale una imagen que mil palabras», ha comentado sobre la fotografía publicada por ‘El Español’ donde aparece Hervías comiendo en un restaurante con Ruth Goñi y Emilio Argüeso, los otros dos senadores que han abandonado Cs, y la diputada Marta Martín, que ha renunciado a su acta este jueves.

A su juicio, Hervías ha demostrado «muy poca lealtad a los principios y valores» de Ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta que militaba en él casi desde sus orígenes en Cataluña. «No puede llamarse a engaño respecto a que en las elecciones del 28 de abril (de 2019) quisiéramos tener un socio preferente, que era el PP, mientras que en las del 10 de noviembre quedó claro que éramos el centro político» que «puede pactar con los dos lados», ha declarado.

A la pregunta de si Rivera podría estar detrás de la operación del PP y Hervías, el dirigente ‘naranja’ ha señalado que tras su dimisión Rivera dijo que no quería tutelar a Cs ni dar consejos a Arrimadas sobre cómo dirigir el partido y «lo ha cumplido». «Yo confío en su palabra, siempre me ha parecido una persona muy honesta» y «estoy convencido de que seguirá apartado de la política, feliz con su profesión», ha afirmado.

PRIMARIAS PARA LAS ELECCIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Por último, sobre las primarias que se van a celebrar en Ciudadanos para elegir al cabeza de lista a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Bal ha precisado que en breve se abrirá un periodo de 48 horas para que quien lo desee presente su candidatura. Hasta ahora ha habido dos personas que han avanzado su intención de hacerlo, el exvicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, y el afiliado madrileño Juan Carlos Bermejo.

Sobre la posibilidad de que también se postule Malena Contestí, exdiputada de Vox por Baleares en el Congreso que el pasado octubre entró a formar parte de Cs, el portavoz ha detallado que para formar parte de una lista electoral es necesario que, a fecha del cierre del censo electoral, esa persona esté empadronada en la Comunidad de Madrid, y desconoce si Contestí cumple este requisito.

En cuanto a su opinión sobre la exdiputada, ha comentado que cuando la conoció congenió con ella y que «sabe lo que es el centro político», está «convencida de que se puede pactar a los dos lados» y tiene «mucha fe» en Arrimadas.

Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda han reabierto el pulso entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la regulación del alquiler, que ya ha despertado tensiones en el pasado, y que se amplifica ante el clima preelectoral por el adelanto de elecciones en Madrid.

Y es que se trata de una normativa que el aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha marcado como objetivo prioritario antes de recalar como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas, como el mismo avanzó en su anuncio sorpresa de este lunes. Por tanto, sus esfuerzos se centrarán en encauzar este asunto mientras siga en el Ejecutivo.

La propuesta escrita presentada por el Ministerio de Transportes, basada en incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar el alquiler, ha provocado el rechazo expreso en Unidas Podemos, que acusa a los socialistas de no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el alquiler con control de precios y obligaciones a grandes propietarios.

El propio Iglesias lo ha evidenciado este mismo jueves con una advertencia al PSOE de que incumplir lo pactado, en una materia tan sensible como vivienda, equivale a una «falta de respeto» a los ciudadanos. De hecho, ha recalcado que la situación para muchas familias es «indecente» y que lo que caracteriza a un gobierno de izquierdas es «cumplir» los compromisos pactados.

No ha sido el único representante del socio minoritario que ha lanzado un aviso claro a los socialistas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado al respecto que «lo que se firma es palabra sagrada», y ha dejado claro que solo podría salir adelante con el apoyo del PP, lo que significaría, ha dicho, un «cambio de socio.

«No se puede incumplir un acuerdo de gobierno que supone la esperanza para millones de españoles». «Si todos respetamos el acuerdo, no habrá ruidos, ni tensiones», ha zanjado. Ayer, fuentes de Unidas Podemos acusaron al PSOE de «sucumbir» a los intereses de la patronal inmobiliaria con un modelo «antisocial» y que beneficia a los grandes propietarios a través de esas bonificaciones.

PSOE TRASLADA SU APOYO A ÁBALOS Y AFIRMA QUE CUMPLE

En el ala socialista, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el modelo de incentivos diseñada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al sostener que el sistema de bonificaciones cumple con el acuerdo de coalición, aunque escucharán las aportaciones de la formación ‘morada’.

El titular de este departamento, José Luis Ábalos, cree que hay espacio para «converger» con Unidas Podemos respecto a la Ley de Vivienda, dado que las negociaciones siguen abiertas. Más incisiva ha sido Calviño, que respeta la política de «eslogan» y de «comunicación pública» de los morados, para dejar claro que ella está «en la sustancia.

TAMPOCO VA EN LA LÍNEA MARCADA POR SOCIOS DE INVESTIDURA

En la formación morada tienen claro que no van a ceder sobre la regulación del precio del alquiler que persiguen desde hace tiempo, al ser un compromiso refrendado en varias ocasiones, como en el caso del pacto sobre Presupuestos Generales.

Sobre todo cuando el modelo propuesto tampoco satisface a los socios de investidura, con los que los morados coinciden y han refrendado postura común en varias ocasiones. En esta línea, deslizan que mantener el modelo de incentivos entraña riesgo de distanciamientos con grupos de dicho bloque, que en otras ocasiones ya han dado avisos al no apoyar votaciones clave. También inquieta que se pueda mirar hacia Cs en este asunto, debido a la situación actual de la formación naranja.

Además, son conscientes que la regulación del precio del alquiler es una cuestión que demandan muchos sectores sociales es relevante en territorios como Cataluña y Madrid, región a la que precisamente va a concurrir Iglesias.

Lo que sí tienen claro que van a seguir peleando por que se cumpla el programa de la coalición, empezando por la regulación de los alquileres, la ley Trans o el inicio de la derogación de la reforma laboral, que Iglesias espera dejar encarrillado antes de abandonar el Gobierno dentro de un mes.

Y es que la Ley Trans también ha suscitado discrepancias entre la coalición, con acusaciones pasadas de Unidas Podemos al PSOE por entender que bloqueaba su tramitación.

Un hombre se enfrenta a ocho años de prisión que es la pena que le pide el Ministerio Fiscal tras acusarle de abusar sexualmente de su hija cuando la menor tenía entre 13 y 14 años. La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha sido la encargada de enjuiciar este caso que ya ha quedado visto para sentencia.

Durante el juicio, J.B.A. ha negado la acusaciones y ha señalado que la relación con la menor, así como con sus otros dos hijos, «siempre ha sido muy buena», al tiempo que ha atribuido la denuncia a la mala relación con su exmujer y madre de sus hijos. «Quiere verme en la cárcel», ha dicho el acusado para justificar la denuncia interpuesta por su exmujer en julio de 2019 y en la que le acusa de abusar sexualmente de su hija.

También ha declarado la exmujer que ha defendido que interpuso la denuncia cuando la menor, tras pasar un fin de semana con su padre, le contó que el acusado la sometía a tocamientos de índole sexual y que había llegado a masturbarse delante de ella.

La menor, que ha comparecido en el juicio por videollamada, ha relatado que los tocamientos comenzaron cuando ella empezó a desarrollarse, pero que no quiso decir nada para que sus padres no discutieran.

Por su parte, las psicólogas han declarado que el relato de la menor es «creíble» y los síntomas que presentaba, «compatibles con la violencia sexual». Asimismo, han rechazado por las pruebas practicadas durante las dos entrevistas que mantuvieron con la menor que alguien de su entorno la hubiera influido para llevar a su padre ante la justicia.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal ha pedido que se le retire la patria potestad de sus tres hijos durante diez años y que se le imponga la prohibición de comunicarse y acercarse a sus hijos por un periodo de ocho años. En el caso de la menor, el alejamiento y prohibición de comunicación se eleva a trece años.

Junto a ello, desde Fiscalía se ha pedido que se le impongan ocho años de libertad vigilada y la prohibición durante este mismo tiempo de residir en el mismo lugar en el que lo hagan sus tres hijos. En lo que respecta a la responsabilidad civil se le reclama 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la menor.

La acusación particular se ha adherido a la petición de penas del Ministerio Fiscal, mientras que desde la defensa se ha abogado por la libre absolución.