La comunidad internacional ha hecho grandes progresos hacia el objetivo global de cobertura de áreas protegidas y conservadas de 2010, pero se ha quedado muy corta en sus compromisos sobre la calidad de estas áreas, según un nuevo informe del Centro Mundial de Control de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), elaborado con el apoyo de la National Geographic Society.

La última edición del informe bienal ‘Planeta Protegido’ es el último informe sobre la Meta 11 de Aichi, la meta mundial de 10 años sobre áreas protegidas y conservadas que pretendía aportar importantes beneficios tanto a la biodiversidad como a las personas para 2020. La Meta 11 de Aichi incluía el objetivo de proteger al menos el 17% de las tierras y aguas interiores y el 10% del medio marino.

El informe refleja que desde el año 2010 a nivel mundial se ha incorporado a la red global de áreas protegidas una cobertura de casi 21 millones de kilómetros cuadrados, algo más que el equivalente a la superficie terrestre de la Federación Rusa, y se han incorporado nuevas áreas protegidas cada mes, a medida que los gobiernos nacionales y otros actores amplían sus esfuerzos.

En total, en la actualidad, 22,5 millones de km2 (16,64%) de los ecosistemas terrestres y de las aguas interiores y 28,1 millones de km2 (7,74%) de las aguas costeras y del océano se encuentran dentro de áreas protegidas y conservadas documentadas (OMEC, por sus siglas en inglés), lo que supone un aumento de más de 21 millones de km2 (42% de la cobertura actual) desde 2010, según revela el nuevo informe.

Está claro que la cobertura en tierra superará considerablemente el objetivo del 17% cuando se disponga de datos de todas las zonas, ya que muchas áreas protegidas y conservadas siguen sin estar documentadas, señala el informe.

El marco de la biodiversidad mundial para después de 2020 se acordará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (CDB COP15) que se celebrará en Kunming (China) en octubre y se prevé que incluya la ambición de aumentar la cobertura y la eficacia de las áreas protegidas y conservadas.

El Informe Planeta Protegido concluye que el reto será mejorar la calidad de las áreas existentes y de las nuevas para lograr un cambio positivo para las personas y la naturaleza, ya que la biodiversidad sigue disminuyendo, incluso dentro de muchas áreas protegidas. El Estándar de la Lista Verde de la UICN es la única medida global de un cambio global en la calidad.

Neville Ash, Director del PNUMA-WCMC, señala que «las áreas protegidas y conservadas desempeñan un papel crucial en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, y en los últimos años se han hecho grandes progresos en el fortalecimiento de la red mundial de áreas protegidas y conservadas».

«Sin embargo –prosigue–, designar y contabilizar más áreas protegidas y conservadas no es suficiente; es necesario que se gestionen de forma eficaz y se gobiernen de forma equitativa para que puedan aprovechar sus múltiples beneficios a escala local y global y asegurar un futuro mejor para las personas y el planeta».

Para ser eficaces, las áreas protegidas y conservadas deben incluir lugares importantes para la biodiversidad. Sin embargo, según el informe, un tercio de las zonas clave para la biodiversidad, ya sea en tierra, en aguas interiores o en el océano, aún no están protegidas en absoluto.

Las zonas protegidas y conservadas también deben estar mejor conectadas entre sí, para permitir la circulación de las especies y el funcionamiento de los procesos ecológicos. Aunque ha habido mejoras recientes, menos del 8% de las tierras están protegidas y conectadas a la vez (muy por debajo del casi 17% de la superficie terrestre que ahora está protegida) y sigue siendo necesario garantizar que las zonas circundantes se gestionen adecuadamente para mantener los valores de la biodiversidad.

Además de designar nuevas áreas, el informe pide que se identifiquen y reconozcan las áreas protegidas y conservadas ya existentes, contabilizando los esfuerzos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las entidades privadas, al tiempo que se reconocen sus derechos y responsabilidades.

Los esfuerzos de conservación de estos guardianes siguen estando infravalorados y no se informa de ellos, a pesar de que sus contribuciones son amplias para asegurar un futuro para la naturaleza, alertan.

El informe también concluye que es necesario hacer más para gestionar las áreas protegidas y conservadas de forma equitativa, de modo que los costes de la conservación no sean asumidos por la población local mientras que sus beneficios sean disfrutados por otros. Esto es clave para construir redes de conservación que cuenten con el apoyo y la participación de la gente de todo el mundo.

«La UICN se congratula de los enormes progresos realizados, en particular en la última década, con áreas protegidas que cubren una proporción creciente del planeta», señala el doctor Bruno Oberle, director general de la UICN.

«Como la biodiversidad sigue disminuyendo, ahora pedimos a las Partes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad en Kunming que establezcan una meta ambiciosa que garantice una cobertura de áreas protegidas del 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos para 2030, y estas áreas deben estar ubicadas de manera óptima para proteger la diversidad de la vida en la Tierra y ser gestionadas eficazmente y gobernadas de manera equitativa», añade.

Protegiendo las áreas intactas y restaurando los ecosistemas degradados, los países pueden crear una red para la naturaleza que ayude a detener e invertir la pérdida de biodiversidad, mantenga los servicios esenciales de los ecosistemas, ayude a la sociedad a afrontar y adaptarse al cambio climático y reduzca el riesgo de futuras pandemias.

Si se gestionan de forma eficaz, las áreas protegidas y conservadas pueden ayudar a prevenir una mayor degradación de los ecosistemas y a consolidar los avances del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. El Decenio se lanzará oficialmente el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente 2021. En muchos casos, las áreas en proceso de restauración se añadirán a la red de áreas protegidas y conservadas, para garantizar que los beneficios de la restauración se mantengan.

El presidente del PP, Pablo Casado, y más de 200 alcaldes y cargos municipales del partido han participado en una concentración ante el Congreso de los Diputados para protestar por el «abandono» a los ayuntamientos durante la pandemia por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y reclamar ayudas ante la crisis que ha generado el Covid-19.

Después, los regidores del PP se han desplazado a las puertas del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, donde han leído un manifiesto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Estos cargos del PP han viajado a la capital en representación de los 2.863 alcaldes y más de 20.366 concejales del PP.

El PP ha convocado esta concentración de alcaldes, portavoces de ayuntamientos y presidentes de Diputación del Partido Popular con el objetivo de «censurar la política de abandono que el Gobierno de España ha tenido hacia las entidades locales desde el inicio de la pandemia», según ha informado la formación.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha afirmado que ya son «15 meses de abandono y desprecio de Sánchez contra los ayuntamientos y diputaciones» y ha recalcado que por eso el PP ha salido «a la calle para exigir fondos suficientes para que puedan ayudar a la gente que lo necesita.

CASADO, RECIBIDO CON APLAUSOS A LAS PUERTAS DEL CONGRESO

A su llegada la concentración en las escalinatas del Congreso, dónde se ha hecho la foto con sus cargos municipales, los asistentes han recibido al líder los ‘populares’ con un prolongado aplauso. «Presidente», han gritado algunos de los presentes.

En las filas del PP ha cundido la euforia estas dos últimas semanas tras la victoria de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, que logró 65 escaños (se quedó a cuatro de la mayoría absoluta) y sumó más que los tres partidos de izquierda juntos.

LECTURA DE MANIFIESTO DELANTE DE HACIENDA

Después de esa foto en el Congreso, los cargos municipales han ido andando hasta la sede del Ministerio de Hacienda. El PP se queja de que la ministra Montero «no se ha molestado ni siquiera en responder a dos cartas que le fueron remitidas por alcaldes de las grandes ciudades de todo signo político» y que recogían las quejas del municipalismo.

En ese manifiesto, el PP asegura que los ayuntamientos de España están haciendo frente a la crisis socioeconómica generada por la Covid en solitario, abandonados y castigados, según su conveniencia, por el Gobierno de la nación más anti-municipalista de la historia». «Esa es la triste realidad, el retrato moral del Gobierno: a pesar de las enormes dificultades que estamos atravesando, no hemos recibido un solo euro del Gobierno central», señala el PP en el texto.

Tras subrayar que las entidades locales son la administración «más cercana a la ciudadanía» y están en primera línea de «incidencia de la pandemia», los ediles se quejan de que el Gobierno les quiera convertir «en gestores mudos y obedientes de las medidas unilaterales y equivocadas adoptadas por él, cuando lo que se necesita en estascircunstancias excepcionales es coordinación, empatía y lealtad entreinstituciones».

«DEJAR DE SER LOS INVISIBLES DE ESTA CRISIS»

«Necesitamos contar con la atención del Gobierno de la nación, dejar de ser los invisibles de esta crisis», han señalado los alcaldes del Partido Popular. Por eso, en esta protesta han exigido la habilitación de un sistema de ayudas con un fondo de 4.000 millones por la crisis derivada del Covid y otro de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público.

Además, han reclamado, siguiendo las reivindicaciones realizadas desde la FEMP, que el porcentaje destinado a los ayuntamientos de los fondos europeos sea del 14,16%, que es el equivalente al gasto local en España respecto del gasto público total, y no del 4,2% como pretende el Ejecutivo. «El dinero no es del Gobierno, es de los españoles. Hay que sacarlo de los despachos de La Moncloa y llevarlo a pie de calle», han indicado.

Los ediles del PP han anunciado que han pedido el amparo institucional tanto de la presidenta de la Comisión Europea como del presidente del Comité de Regiones para que obligue a Sánchez «a atenerse a criterios de justicia» para hacer que rectifique «esa mala política del reparto de ayudas de la UE».

A su entender, se trata de conseguir que las entidades locales reciban el adecuado trato que merecen por parte del Gobierno. «Por eso estamos hoy aquí, para defender ante cualquier instancia el municipalismo y los intereses de nuestros vecinos», han señalado.

Varias comunidades autónomas ofrecerán al Gobierno su apoyo para acoger a los menores extranjeros que han llegado este lunes y martes a Ceuta, y que han cruzado la frontera solos, así como a habilitar los recursos que sean necesarios para su atención, como el Gobierno Vasco, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que Andalucía ha dicho que no puede acoger más porque ya tienen 3.000 niños.

Así lo trasladarán los consejeros de las respectivas comunidades autónomas esta tarde en la reunión que van a mantener con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el Consejo Territorial que ha convocado de urgencia para abordar la situación de los menores migrantes que han llegado a Ceuta.

En concreto, el Gobierno Vasco trasladará en esta reunión de urgencia su disposición a acoger menores en lo que ha calificado de «grave situación» desde el punto de vista humanitario.

También va a trasladar la «urgente necesidad» de que se convoque la conferencia sectorial de migraciones y su preocupación «por el tratamiento que se está dando a las políticas migratorias por parte del Estado, cuya inacción luego tienen que parchear las políticas sociales».

Así lo ha confirmado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a preguntas de los medios sobre si Euskadi ofrecerá su colaboración para acoger a algunos menores en una comparecencia en la que ha confirmado que Euskadi «siempre ha sido solidaria y esta vez también lo será», aunque ha añadido que de momento, no cuentan con información precisa sobre el alcance y el perfil de las personas migrantes que van a necesitar ser acogidos.

Por su parte, Murcia ha ofrecido a Ceuta su colaboración para habilitar distintos recursos frente a la crisis. Así lo ha indicado la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco.

Las direcciones generales de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, y de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, se han puesto a plena disposición de la ciudad autónoma para la coordinación entre administraciones de las actuaciones necesarias. Asimismo, la Dirección General Servicios Sociales trabaja en canalizar las comunicaciones con las entidades del Tercer Sector de la Región.

«Éste es un drama humano en el que no se debe criminalizar a las personas por la situación a que se han visto abocadas, pero ante el que el Gobierno de la Nación debe asumir su responsabilidad y competencias, tomando decisiones, nosotros responderemos con lealtad y solidaridad», ha señalado la consejera.

Franco ha puntualizado que la Comunidad acoge en estos momentos 144 menores extranjeros, financiando el cien por cien de este acogimiento, ante lo que la vicepresidenta ha reclamado «la responsabilidad de Moncloa a la hora de contribuir a gastos que consideramos derivados de la inmigración, que son competencia del Estado».

CRISIS HUMANITARIA

Asimismo, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que el conjunto de las comunidades autónomas deben contribuir a solucionar la crisis provocada en Ceuta por la llegada masiva de migrantes, y que podría provocar una «crisis humanitaria».

Vergeles ha reconocido que de momento desconoce la forma en la que podría materializarse esta ayuda, ya sea habilitando plazas para acoger a los menores extranjeros solos u otras medidas, por lo que esperará a conocer las propuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En todo caso, ha remarcado que «Extremadura siempre ha estado cuando lo ha necesitado España», porque esto es algo que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lo tiene «claro».

Mientras, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a todas las fuerzas políticas, «esta vez sí», que apoyen al Gobierno de la Nación en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta porque «en estos momentos es cuando se demuestra la altura de miras y el patriotismo». Así lo ha manifestado su portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, este miércoles en rueda de prensa.

Fernández ha afirmado que la de Ceuta es «una crisis sin precedentes», con una actitud por parte del Gobierno de Marruecos que «deja bastante que desear» porque «no se puede nunca utilizar a las personas y menos aun a menores, para conseguir absolutamente nada ni para protestar por nada». «Las personas no somos mercancía ni somos moneda de cambio», ha criticado.

Además, ha apuntado que tampoco hay que olvidarse de la cuestión humanitaria, especialmente cuando tiene que ver con menores de edad, que «tienen que ser correctamente atendidos». «España no se puede permitir el lujo de tratar a niños y niñas como algo distinto a lo que son, niños y niñas, cuyos derechos tienen que ser protegidos», ha subrayado.

ANDALUCÍA PIDE EQUIDAD Y SOLIDARIDAD A LAS DEMÁS CCAA

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha manifestado este miércoles sobre la reunión de esta tarde con el Gobierno que, si se propone un reparto, van a decir que «Andalucía no puede acoger a más niños».

«Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía», ha argumentado en declaraciones a los periodistas la consejera en un acto en Madrid.

Ruiz ha dicho que quiere ver «la capacidad que tiene el resto de las comunidades», ya que la de Andalucía «está ya bastante saturada» y, aunque tienen plazas, «por supuesto, reservadas siempre porque las pateras llegan en cualquier momento», ahora se ha precipitado el flujo.

«En verano suele haber también muchísimas más llegadas, pero llega un momento en que no vamos a poder», ha lamentado, por lo que espera «que la solidaridad y la equidad se vea reflejado en la reunión».

La embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, ha partido ya rumbo a Rabat después de que el Gobierno marroquí la llamara a consultas en plena crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según han confirmado fuentes diplomáticas de este país.

Pese a que el Gobierno había evitado vincular su decisión de acoger a Ghali por razones humanitarias para que reciba tratamiento contra la COVID-19 con la llegada de más de 8.000 migrantes en apenas 24 horas a Ceuta, fue la propia Benyaich la que apuntó en este sentido.

En declaraciones, sostuvo que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias «y se tienen que asumir», insistiendo en que hay «actitudes que no se pueden aceptar». Según Benyaich, las relaciones entre países vecinos y amigos se tienen que basar en «la confianza mutua, que se tiene que trabajar y nutrir».

La embajadora hizo estas declaraciones antes de acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que fue convocada por su titular, Arancha González Laya, quien le trasladó el «disgusto» y el «rechazo» del Gobierno a los sucesos en Ceuta así como el deseo de «mirar al futuro y evitar que actos como estos puedan volver a repetirse».

Horas más tarde se producía la llamada a consultas de Benyaich, sin que hasta el momento el Ministerio de Exteriores marroquí haya ofrecido una explicación oficial para justificar esta decisión.

En declaraciones al portal le360, una fuente diplomática ha apuntado igualmente a Ghali. «Hemos esperado durante bastante tiempo las explicaciones de Madrid. Y cuando uno se comporta de tal forma con un país al que se califica de aliado estratégico, hay que asumir las consecuencias», han sido sus palabras, en línea con Benyaich.

El único que ha hablado por ahora ha sido el ministro de Estado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento, Mustafá Ramid, quien en una publicación en Facebook ha asegurado que España «sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto».

«La recepción por parte de España del líder de las milicias separatistas del Polisario, bajo una identidad falsa, sin tener en cuenta las relaciones de buena vecindad que requieren coordinación y consulta, o al menos cuidando de informar a Marruecos, es un acto irresponsable y totalmente inaceptable», ha defendido.

DURO ARTÍCULO DE OPINIÓN DE MAP

A falta de comunicado oficial, la agencia pública de noticias MAP, que estos días no ha informado sobre los sucesos en Ceuta, ha publicado este miércoles un largo artículo de opinión en el que se echa en cara al Gobierno español su «doble cara» y su «hipocresía» por el caso del líder del Polisario.

«Aquí está un país democrático que, tras haber sufrido en sus propias carnes varios años de terrorismo separatista, recibe a escondidas en su territorio a un individuo que quiere amputar a Marruecos una parte de su territorio», denuncia el artículo.

Como ya había hecho previamente el Gobierno marroquí, que advirtió de «consecuencias» a España, la MAP afea el hecho de que no se informara de la llegada de Ghali habida cuenta de la «amistad» entre los dos países.

«No hace falta ser un veterano de la alta diplomacia para adivinar que la mala fe de España resuena en este asunto, diga lo que diga la jefa de la diplomacia», subraya, denunciando que España ha conseguido la «proeza» de elevar la «doble cara» al rango de «política de Estado».

El artículo plantea cómo puede justificar el Gobierno ante la opinión pública española que Ghali, «un individuo siniestro», esté en un hospital «pagado por los impuestos de los españoles» y que no comparezca ante la justicia por las causas que tiene pendientes «por crímenes cometidos contra ciudadanos españoles».

«Al encubrir a un criminal de guerra cuyas manos están manchadas de sengre española y marroquí, el Gobierno de Madrid se muestra desleal, no solo hacia Marruecos, sino hacia los españoles y los habitantes de las Canarias, que han votado por él con el fin de que defienda su honor y la memoria de sus familiares asesinados, secuestrados, torturados o violados por orden de Brahim Ghali», denuncia.

«De qué lógica diplomática política o económica pueden valerse los responsables españoles para sacrificar la relación pacientemente construida con Marruecos para ayudar a un septuagenario enfermo a escapar de la justicia española», plantea el artículo para responder: «La historia lo dirá».

Entretanto, advierte, Marruecos espera que el Gobierno español, al que reprocha no haber aprendido las «enseñanzas del pasado», «se tranquilice y dé una explicación lógica de sus actuaciones» ya que mientras esto no ocurra «la confianza mutua será un recuerdo lejano».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresas porque «generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo de una minoría y no de la mayoría, cuando es el principal reto y desafío».

«Esta pandemia deja ganadores y perdedores: no podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores», ha enfatizado en su discurso en la segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia.

Por contra, Sánchez ha prometido que el Gobierno trabajará intensamente junto a los sindicatos para evitar los despidos colectivos en las empresas en las que «los beneficios no los justifiquen».

En su intervención ha aludido a otros objetivos de legislatura del gobierno de coalición, como elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores «del siglo XXI» que ha recordado que prometió en su discurso de investidura.

El presidente también ha destacado el «gran acuerdo» alcanzado en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de las pensiones de 2013, algo que ha confiado en cerrar en los próximos días «trabajando intensamente». Se ha comprometido a proteger las pensiones como «clave de bóveda del Estado del Bienestar» para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

ENSALZA LA «VALENTÍA» DE UGT

En clave sindical, Pedro Sánchez ha felicitado «de corazón» a la UGT por su papel en la cohesión territorial de España, además de reconocer su «valentía» para tomar decisiones difíciles durante el último año «acompañando al Gobierno» para salvar empleos y empresas. «Vamos a continuar haciéndolo unidos», ha augurado.

Como militante del sindicato, ha trasladado su apoyo al único candidato a revalidar como secretario general, Pepe Álvarez, aunque todavía no puede hacerlo oficialmente porque no ha sido proclamado. «Contarías con mi voto», le ha dicho, para apostillar que hay que «pasar de las palabras a los hechos mal que le pese a la derecha».

El también líder del PSOE ha reivindicado la figura de Francisco Largo Caballero cuando «en estos tiempos algunos quieren mancillar su recuerdo y memoria». «Fue un sindicalista y político consecuente con sus actos, promulgo la legislación laboral más avanzada de su época y actuó como queremos, comprometiéndose con su época: Eso hizo Largo Caballero y es lo que quiere hacer la izquierda política que hoy está gobernando», ha aseverado.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha propuesto al vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès (ERC), como candidato a ser investido presidente de la Generalitat en un pleno que se celebrará a partir de este jueves a las 16.00 horas y continuará el viernes a las 9.00.

Lo ha anunciado este miércoles en breve una comparecencia desde el Despacho de Audiencias de la Cámara catalana, después de haber finalizado la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

«Como presidenta del Parlament de Cataluña, y después de haber llevado a cabo la preceptiva segunda ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios de esta cámara, he constatado que el candidato que tiene más posibilidades de ser investido es el señor Pere Aragonès i Garcia», ha afirmado.

Borràs ha explicado que, tras este anuncio, firmará la convocatoria del pleno de investidura y formalizará la candidatura de Aragonès a la investidura a la Presidencia de la Generalitat.

Aragonès tiene garantizados los votos de su formación, de Junts y la CUP, que suman mayoría absoluta al tener 74 diputados, por lo que se prevé que el viernes será elegido el 132 presidente de la Generalitat en primera votación.

Será el segundo pleno de investidura al que se somete Aragonès, después de las dos votaciones fallidas que tuvo a finales de marzo, cuando Junts se abstuvo y no logró los votos suficientes para ser escogido presidente.

Esta vez la formación de Carles Puigdemont sí que dará su apoyo a la investidura de Aragonès después del acuerdo alcanzado con los republicanos, que anunciaron el lunes tras tres meses de negociaciones entre ambos partidos.

Este mismo miércoles Junts ha anunciado que sus bases han ratificado el pacto con el 83% de los votos, mientras que la CUP ya no tiene que hacer ninguna validación interna del acuerdo con los republicanos, por lo que Aragonès tiene los 74 votos asegurados para ser investido.

SERÁ INVESTIDO EL VIERNES

El pleno comenzará el jueves a las 16.00 horas con la intervención de Aragonès para exponer de nuevo su programa de gobierno como ya hizo en la sesión de investidura fallida en marzo.

Está por ver si el mismo jueves ya intervendrán algunos líderes de los grupos parlamentarios o si se dejan todos para el viernes a partir de las 9.00.

Ese día, tras finalizar los turnos de réplica y contrarréplica, se llevará a cabo la votación en la que Aragonès necesita obtener mayoría absoluta para ser investido, es decir, 68 votos, por lo que con toda probabilidad ya saldrá el viernes del Parlament como presidente de la Generalitat y no necesitará ir a una segunda vuelta, en la que le bastaría con obtener mayoría simple –más votos a favor que en contra–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia han demostrado que «el entendimiento entre las izquierdas es posible y necesario».

Así lo ha asegurado durante su intervención en la clausura del 43º Congreso Confederal de la UGT, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, en la que ha defendido que es gracias a la unión de la izquierda cómo se avanza de los derechos de los ciudadanos y, en concreto, de los trabajadores.

«Si algo estamos demostrando durante este año largo de pandemia, como un mensaje político a los ciudadanos que creen en la izquierda y en las fuerzas progresistas, es que el entendimiento entre las izquierdas es posible, necesario y fundamental, también para que los trabajadores avancen en sus derechos y libertades durante los próximos años», ha defendido.

«MALA NOTICIA PARA LA DERECHA»: AGOTARÁ LEGISLATURA

Por ello, se ha reafirmado en que el Gobierno de coalición agotará la legislatura. «Tengo una mala noticia que darle a la derecha: quedan 31 meses para que acabe la legislatura y vamos a seguir haciendo cosas en beneficio de los ciudadanos y singularmente de los trabajadores», ha enfatizado.

No obstante, aunque ha defendido la coalición, ha evitado una vez más alinearse con la intención de su vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de derogar por completo la reforma laboral del PP. La líder de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo ha vuelto a reafirmar este miércoles en el Congreso sus planes al respecto, que no cuentan con el visto bueno de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño.

A este respecto, el presidente ha asegurado que la izquierda «no solo tiene que decir que tiene que desmantelar» sino trabajar para «avanzar» y, sobre todo, hacerlo con el acuerdo de los agentes sociales. Eso sí, ha dejado claro que en lo que queda de legislatura van a «seguir pasando de las palabras a los hechos». «No quepa duda, mal que le pese a la derecha», ha advertido.

Asimismo, Sánchez ha puesto al histórico socialista Francisco Largo Caballero de ejemplo de cómo debe actuar la izquierda política, sindicalista y social, frente a las formaciones y municipios que quieren «encerrarle en el olvido» y «mancillar su memoria».

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la petición promovida por un varón condenado a once años de cárcel por la Audiencia de Sevilla por abusos sexuales continuados a su sobrina menor de edad, en demanda de autorización para interponer un recurso extraordinario de revisión destinado a incorporar el testimonio de la abuela materna de la víctima, pues la testigo esgrimida por el inculpado tras su condena «nada decisivo pudiera aportar respecto a la realidad de los hechos que se declararon probados», según el tribunal.

En un auto emitido el pasado 6 de mayo, el Supremo trata una petición promovida por un varón en demanda de autorización para formular un recurso extraordinario de revisión, contra una sentencia previa de dicha instancia que confirma una resolución emitida en 2018 por la Audiencia de Sevilla, condendándole a once años de cárcel por un delito de abusos sexuales continuados a su sobrina cuando la misma contaba menos de 13 años de edad.

Más al detalle, este hombre fue condenado por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla a once años de cárcel por dicho delito, siete años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión, 15 años de prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima, una indemnización de 12.000 euros en favor de la misma y además a pagar las costas del juicio.

La representación del condenado solicitaba autorización para interponer un recurso extraordinario de revisión esgrimiendo el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite tal extremo «cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o condena menos grave».

LA ABUELA MATERNA

En concreto, «se trata del testimonio de la abuela materna de la víctima, quien resulta ser también la suegra del acusado, tío de la menor víctima». La abuela, según la defensa del condenado, «en el período en el que tuvieron lugar los hechos enjuiciados llevaba y recogía regularmente a su nieta al colegio, almorzando la niña en casa de esta hasta que llegaba su madre», siendo así «copartícipe en la crianza de la menor».

Empero, el Supremo avisa de que «no se explica el motivo por el cual, en ese contexto familiar, pudiera desconocer la parte en su día estas mismas circunstancias y haber propuesto, para el caso de haberlo considerado conducente, el referido testimonio». «Se observa sí que desde que empezó el procedimiento en 2015, la relación del acusado y de su esposa con la testigo ha sido nula (según la defensa) y que, reiniciado el contacto, tardaron en hablar del tema, pero eso no resultaba obstáculo para que, conociendo el vínculo estrecho de la menor con su abuela, el testimonio de ésta pudiera haber sido propuesto por la defensa», razona el Supremo.

UN TESTIMONIO NO «DETERMINANTE»

«Resulta claro que la testigo cuya declaración ahora se impetra pudo ser propuesta sin dificultad alguna por la defensa para el juicio y no cabe la menor duda de que, a partir de lo que el recurrente asegura podría aportar al mismo, su testimonio no determinaría el dictado de una sentencia absolutoria ni la reducción de la pena impuesta, habida cuenta de que en el procedimiento se contó no ya solo con la declaración de la madre de la menor respecto del estado y evolución de su hija, sino con sendas pruebas periciales al respecto, habiendo descansado el pronunciamiento condenatorio en el testimonio ofrecido por la menor, sin que se advirtiera en el mismo propósito espurio alguno, que se reputó persistente y corroborado por determinados elementos periféricos», explica el Supremo.

Es más, el tribunal precisa que «en realidad, la testigo que quiere proponerse no refuta de un modo terminante, más allá de cuales pudieran haber sido sus impresiones personales, sin que nada decisivo pudiera aportar respecto a la realidad de los hechos que se declararon probados», lo que lleva al Supremo a coincidir con la Fiscalía en que «la pretensión no es viable al no reunir los requisitos» previstos para un recurso extraordinario de revisión, extremo por el cual «no ha lugar» a autorizar la interposición del mismo.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha presentado este miércoles la Cátedra UICN para la Conservación de la Naturaleza en las jornadas técnicas ‘Soluciones basadas en la Naturaleza para la conectividad y la restauración ambiental en el marco de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde’, que se están celebrando virtualmente este 19 de mayo y el día 20.

Según detalla la UNIA en una nota de prensa, esta cátedra nace fruto de la colaboración entre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN-Med) y la UNIA, tras el convenio suscrito por su director, Antonio Troya, y el propio rector. Y está dirigida por el profesor de la Universidad de Málaga (UMA), doctor en Ciencias Biológicas e investigador medioambiental, Enrique Salvo Tierra.

García explica que se ha creado «para promover el conocimiento y la difusión de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en el contexto Mediterráneo e Iberoamericano y que se ubica en nuestra sede Tecnológica de Málaga».

Añade que pretende ser un instrumento válido, tanto para la Universidad como para la UINC que permita el desarrollo de actividades en materia de docencia, investigación, promoción cultural, transferencia, innovación, emprendimiento y divulgación de conocimiento en el campo de la conservación de la naturaleza, las SbN y el desarrollo sostenible.

«Nace, por tanto, con el objetivo de contribuir a mejorar el conocimiento sobre el papel de las SbN en la conversación de la biodiversidad y dar respuesta a desafíos como el cambio climático, los desastres naturales o la seguridad alimentaria», resume.

En virtud de este convenio, la UNIA se compromete a organizar y promocionar actividades docentes, académicas y de investigación en sus diferentes tipologías, másteres, cursos, seminarios, talleres, encuentros internacionales, etcétera; al desarrollo de publicaciones que ayuden a divulgar el concepto de SbN o a la participación en jornadas divulgativas científicas, tecnológicas y artísticas orientadas a cumplir los objetivos de esta Cátedra UICN.

Las jornadas técnicas ‘Soluciones basadas en la Naturaleza para la conectividad y la restauración ambiental en el marco de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde’ están organizadas con la participación de la UICN-Med y la UNIA, a través de la mencionada cátedra.

Su objetivo es contribuir a la integración de las SbN para la restauración y conectividad ecológica y a la coordinación de las políticas territoriales y sectoriales para el desarrollo de una infraestructura verde coherente e integrada con la cual gestionar el capital natural del territorio del Estado español.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, en medio de la crisis abierta con Marruecos tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, que el PP «siempre estará ayudando al Gobierno de España ante cualquier agresión que venga del exterior». Dicho esto, ha señalado que «la crisis diplomática es culpa de Marruecos pero la responsabilidad es del Gobierno porque se podía haber evitado».

«En política exterior, nosotros estamos a la altura porque España necesita que en la política de Estado haya un Gobierno responsable y una oposición responsable», ha asegurado Casado a las puertas del Congreso, donde ha participado con más de 200 alcaldes y cargos municipales del PP en una concentración para denunciar el «abandono» del Gobierno a los ayuntamientos durante la pandemia.

Pese a la dureza que se ha visualizado en la sesión de control del Congreso, fuentes de la cúpula del PP han insistido después en que hay un apoyo de Casado al Gobierno en esta crisis, si bien han asegurado que Pedro Sánchez tampoco puede pretender un «apoyo incondicional» con los socios que tiene y las tesis que estos defienden.

De hecho, las mismas fuentes reconocen que «quizá» Casado no ha sido «muy cordial en las formas» durante el Pleno del Congreso y no ha sabido «explicarlo bien», pero el PP apoya al Ejecutivo en esta crisis diplomática y así se lo trasladó el presidente ‘popular’ en la charla que tuvo este martes con Sánchez, han añadido las mismas fuentes.

DESTACA LA «LEALTAD» DEL PP EN LA OPOSICIÓN FRENTE AL PSOE

En declaraciones a los periodistas, Casado ha subrayado que el PSOE no tuvo la misma lealtad que el PP cuando estaba en la oposición y ha recordado cómo José Luis Rodríguez Zapatero viajó entonces a Rabat «a ver a un Gobierno que le recibió con un mapa de las islas Canarias pintadas como si fueran parte de Marruecos». «Creo que ésa es la diferencia de política exterior del PP y del PSOE», ha enfatizado.

Además, ha asegurado que el PP apoyó que la vicepresidenta Nadia Calviño fuera presidenta del Eurogrupo –cargo que no consiguió– mientras que el PSOE «rechazó» el nombramiento de Luis de Guindos. De la misma manera, ha señalado que su partido ha apoyado el puesto de Josep Borrel en la UE y los socialistas «lo que hicieron es que no saliera el señor Cañete», que fue nombrado comisario europeo.

Tras asegurar que el PP en política exterior está «a la altura», ha subrayado que en su intervención este miércoles en la sesión de control al Gobierno –en la que Sánchez le ha acusado de «desleal»– ha realizado un «análisis objetivo» que «nadie puede rebatir».

«LA CRISIS DIPLOMÁTICA ES CULPA DE MARRUECOS»

Casado ha afirmado que lo que está ocurriendo es «una crisis diplomática» y ha añadido que «la inmigración se ha utilizado como arma arrojadiza». «Quizá eso es lo que se ha interpretado como alguna crítica», ha asegurado, en alusión a sus declaraciones sobre el «efecto llamada» del Aquarius o «cuando se intentó suspender la ley de Seguridad Ciudadana» por la devolución en caliente de las personas que llegaban de forma irregular a España.

«La crisis diplomática es culpa de Marruecos pero la responsabilidad es del Gobierno porque se podía haber evitado, como venimos diciendo desde hace ya un mes en la primera queja formal que hubo de Marruecos», ha señalado, en alusión a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Tras asegurar que él defendió a España cuando se reunió la pasada semana de forma telemática con los partidos marroquíes Istiqlal y Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI), ha recalcado que el PP tiene «una posición muy responsable en la política exterior». «La hemos tenido también en Latinoamérica, a pesar de nuestras discrepancias en el tema de Venezuela, que en mi opinión también responde a lo que está pasando en Estados Unidos», ha agregado.

Así, ha señalado que «cuando hay una política contraria a los intereses de Estados Unidos en países tan importantes para ellos como Venezuela o como la situación en Oriente Próximo, EEUU suele responder a pesar de los cambios en la administración».

«Le pasó a Zapatero cuando se fue Bush y vino Obama y me temo que nos está pasando cuando se ha ido Trump y ha venido Biden. Es algo que habría que aprender», ha manifestado, para añadir que tanto Sánchez como él tienen «experiencia exterior» antes de haber tomado las riendas de sus respectivos partidos.

En este sentido, ha recalcado que Sánchez debería saber que la política exterior «requiere de mucho conocimiento, de mucha prudencia». «Y lo digo con toda prudencia y sin acritud», ha asegurado el presidente de los ‘populares’.

PIDE COHERENCIA Y DECIR LO MISMO EN CEUTA Y EN CATALUÑA

Casado ha reiterado que él llamó este martes a Sánchez para darle «todo el apoyo» del PP en la defensa de la soberanía y la integridad territorial en Ceuta. Eso sí, ha dicho que «hay que mandar un mensaje de coherencia con respecto a lo que se hace también dentro» porque «lo que se defiende para Ceuta hay que defenderlo para Cataluña».

«Y lo que se defiende para el Ejército en Melilla hay que defenderlo de los ataques al Ejército de los socios de Gobierno. Pero una vez que se haga esa coherencia, esa responsabilidad y esa política de Estado, el PP siempre estará ayudando al Gobierno de España frente a cualquier agresión que venga del exterior», ha concluido.

Un total de 108 de las casi 200 temporeras marroquíes contratadas en origen que precisaban regresar a su país de forma anticipada por diferentes razones (problemas de salud, embarazos, hijos recién nacidos o necesidad de retorno por cuestiones familiares), han partido este miércoles hacia el país alauita junto a seis bebés, después de que su vuelta fuera desbloqueada el pasado sábado.

Así, tras un primer intento que finalmente se vio frustrado hace unas semanas, el Gobierno de Marruecos confirmó el pasado sábado la vuelta de estas mujeres, que se produce a bordo del Ferry ‘Poeta López Anglada’, que ha partido a las 13,00 horas desde el Puerto de Algeciras con destino a Tánger-Med. Todas las que regresan lo hacen con una PCR realizada previamente, según ha indicado la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva (UPA).

De este modo, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, una vez que lleguen a Tánger permanecerán confinadas durante diez días en establecimientos hoteleros antes de ser trasladadas a sus hogares.

El resto, hasta las 200 que mostraron estos días su deseo de volver, no lo han hecho por diferentes motivos, según ha indicado UPA, entre los que se pueden encontrar la decisión de continuar trabajando hasta el final de la campaña, la posibilidad de haber dado positivo en la PCR o, incluso, estar en un estado de gestación muy avanzado, entre otros.

Las mujeres que han regresado han estado acompañadas por consultores del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa (Prelsi), que se han trasladado a Algeciras, al tiempo que desde UPA han señalado asimismo que las trabajadoras gestionadas por esta organización han sido atendidas por las mediadoras de la ONG MZC, «que han tenido un papel fundamental de acompañamiento y ayuda, especialmente a las trabajadoras con niños recién nacidos o embarazadas, que necesitaban de una atención especial para embarcar y transportar el equipaje».

UPA Huelva se ha mostrado «satisfecha» con la solución final de la situación y con que «finalmente las trabajadoras hayan podido salir hoy como ya se comprometió el gobierno marroquí el pasado sábado.

Asimismo, desde esta organización agraria han agradecido el papel que las distintas autoridades han ejercido –Secretaría de Estado de Migraciones, Subdelegación del gobierno de Huelva y Gobierno Marroquí– «para que exista una interlocución al más alto nivel y dar una salida a estas trabajadoras», así como «el trabajo que el puerto de Algeciras y los Cuerpos y Seguridad del Estado que desempeñan su papel allí realizan siempre para que el embarque se realice de forma ordenada y sin ningún tipo de incidente».

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a nueve años de prisión a un hombre que abusó sexualmente del hijo de su compañera sentimental, quien denunció cuando alcanzó la mayoría de edad después de sufrirlo durante ocho años.

El Alto Tribunal rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado, quien alegó una «presunta trama en su contra a resultas de que no permitiese al denunciante y a su pareja ir a vivir al domicilio conjunto» y apuntó a «motivos económicos».

La sentencia refrenda que «no pasa de ser una hipótesis basada en especulaciones no fundadas» y que se contradice con el hecho de que la propia víctima relatase en juicio que, «pese a los hechos, el acusado había ayudado a su madre e, incluso a él mismo, a superar la dependencia al consumo de drogas».

En la resolución, el Supremo resalta que la Audiencia Provincial de Almería consideró que el relato del denunciante, «creíble y persistente», estaba además «corroborado y respaldado» por otras testificales y una pericial.

Alude a testimonios como una amiga de su madre, que relató «comportamientos anómalos» con ella por parte del acusado o varios primos a los que la víctima le contó lo ocurrido.

Según se recoge como probado en firme, el procesado inició los abusos sexuales en 1994, cuando el denunciante tenía ocho años aprovechando su relación de amistad, primero, con su madre y más tarde, sentimental.

Lo hizo aprovechando la relación familiar y de convivencia y en «repetidas ocasiones» cuando estaba «a solas con el menor en el domicilio familiar» aunque cesó cuando la víctima cumplió 16 años.

La denuncia se produjo en 2012, bastante después de «alcanzada la mayoría de edad», y el joven indicó en la vista oral que «no lo hizo antes porque los abusos sexuales se desarrollaban en un ambiente de normalidad, sin que él pudiera darse cuenta de la trascendencia que tenían y que, además, se creía obligado hacía él por la atención que daba a su madre, que padecía problemas».

«La declaración no tiene ningún indicio que apunte a la existencia de móvil de resentimiento o venganza», concluye el Supremo, que ratifica en todos sus pronunciamientos el fallo del tribunal de la Sección Tercera que, al margen de la pena privativa de libertad, le condenó a alejamiento por periodo de cinco años y al pago de una indemnización por daños morales de 80.000 euros.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Fernández Castañón, será elegida este jueves en el Congreso nueva vicepresidencia Primera de la Comisión de investigación sobre la ‘Operación Kitchen’, cubriendo así el puesto que ha dejado vacante el secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien continúa como portavoz de IU en la Cámara.

Fernández Castañón, que ya formaba parte de la comisión, será elegida para ocupar su nuevo puesto cuando la comisión afrontar la recta final de las comparecencias previstas para indagar en la supuesta trama parapolicial montada desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Además de la vicepresidencia de sea comisión, Santiago era portavoz de la misma, aunque desde que sustituyó a la ahora ministra, Ione Belarra, como secretario de Estado para la Agenda 2030, no ha vuelto a intervenir en ninguna de sus sesiones.

MAYORAL LLEVARÁ EL PESO

Si lo desea, como cualquier otro diputado, podrá participar en algunos de los interrogatorios que aún quedan pendientes, aunque la voz cantante en esta recta final está previsto que la lleve el también portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Interior, Rafael Mayoral.

Precisamente, fue Mayoral quien hace unas semanas sustituyó a Santiago en la Portavocía de Interior, uno de los cargos parlamentarios de los que se ha ido descargando Santiago desde su incorporación al Gobierno.

El secretario general del PCE también ha dejado la Vicepresidencia Primera de la Comisión de Justicia y la Portavocía Adjunta de la Comisión Constitucional, responsabilidades que ha ‘heredado’ el diputado vasco de Unidas Podemos Roberto Uriarte. También ha causado baja como portavoz en la de Asuntos Exteriores, donde le sustituye la diputada de Podemos, Lucía Muñoz Dalda.

Tradicionalmente, los secretarios de Estado, del PP y el PSOE, salvo los de Relaciones con las Cortes si lo eran, han renunciado a sus puestos en el Congreso. Sin embargo, los de Unidas Podemos han roto con esa costumbre manteniendo sus actas y lo mismo ha hecho Santiago.

¿SECRETARIO DE ESTADO A TIEMPO PARCIAL?

Dado que no se pueden cobrar dos sueldos públicos, Santiago ha renunciado al de diputado para percibir la retribución que le corresponde como secretario de Estado, de la que aportará una parte a Izquierda Unida, como ya venía haciendo, igual que el resto de los cargos públicos de la coalición. También ha dejado de percibir la indemnización de 935,37 euros mensuales que le corresponde como diputado por Madrid.

Santiago sí va a continuar ejerciendo como portavoz de Izquierda Unida en la Cámara y de hecho este miércoles ha intervenido en un debate en el Pleno sobre la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlska. «No sabía que los secretarios de Estado de este Gobierno trabajaran a tiempo parcial», le ha dicho la diputada del PP Beatriz Fanjul.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido este miércoles a las comunidades autónomas, competentes en materia de infancia, «corresponsabilidad» para acoger «lo más rápido posible» a los menores que han llegado solos a Ceuta.

En una entrevista a TVE, Belarra explica que ha convocado un Consejo Territorial para realizar esta petición a las autonomías y «poder resolver» la situación que se vive en la ciudad autónoma y que, ha precisado, «no es la habitual», porque «hay niños que no quieren quedarse en España» sino «que quieren volver a su casa».

La titular de Derechos Sociales ha explicado, en este sentido, que las autoridades y organizaciones que trabajan en Ceuta se han encontrado estos días con niños y niñas «mucho más pequeños de lo habitual», de entre 7 y 9 años, que ahora están pidiendo regresar a sus hogares en Marruecos. «Muchos no sabían las consecuencias que tenía pasar la frontera», ha explicado.

Es por eso que, ha explicado, el Gobierno está trabajando ahora en que este deseo se pueda cumplir con todas las garantías y respetando los derechos humanos.

FUERA DE LAS PREVISIONES

Sobre lo vivido estos dos últimos días en Ceuta, Belarra cree que se «desbordó» la situación porque no estaba en las previsiones y «no responde a los flujos migratorios» normales del país.

A su juicio, es necesario «reconducir» las medidas hacia la puesta en marcha de «vías legales y seguras» y evitar imágenes como las vividas de personas «jugándose la vida dando la vuelta a un espigón» y que, a su juicio, no corresponden a las que se deberían producir en «un país democrático».

En su intervención ha reconocido, además, que lo que está haciendo España en la frontera con Marruecos «son devoluciones» y recuerda que lo que dice la legislación española «de forma enormemente clara» es que estas prácticas se pueden llevar a cabo, pero «con supervisión judicial» y «cumpliendo con los derechos humanos». «Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia», ha apuntado.

REPENSAR LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Aunque Belarra ha indicado que esta práctica «es un tema que ha generado debate en el seno del Gobierno», también ha señalado que el Ejecutivo está trabajando y dedicando su labor en «asegurar que se acoge en condiciones dignas» a los migrantes que así lo requieren y en que aquellas personas que dicen que quieren volver puedan regresar.

En este sentido, ha pedido una mayor «altura de miras» tanto «a la oposición» como a quienes informan o se manifiestan sobre este tema en los medios de comunicación para darle «la humanidad y la empatía» que, a su juicio, requiere este tema. La ministra de Derechos Sociales cree que en situaciones como esta se debe «poner en el centro» a los migrantes y, especialmente «a los más vulnerables».

También ha puesto ‘deberes’ al Gobierno, en este caso ha llamado a hacer «una reflexión» sobre las políticas migratorias europeas y nacionales para que haya «vías legales y seguras para migrar» y evitar que miles de personas tengan que «arriesgar su vida» para lograrlo. «Tenemos que repensar esto», ha concluido.