La Comunitat Valenciana ha detectado un total de 50 nuevos brotes de coronavirus desde la última actualización del lunes, entre los que destaca un foco en Rafelbunyol con 31 personas contagiadas y origen laboral.

De los 50 nuevos focos, 35 se han notificado en la provincia de Valencia, diez se corresponden a Alicante y cinco se han dado en la provincia de Castellón.

Asimismo, tres de los nuevos brotes superan las diez personas afectadas. El más numeroso se ha registrado en Rafelbunyol con 31 casos y origen labora; también se ha detectado un brote de 15 positivos en Teulada, de origen social, y otro en L'Enova con 11 casos y también social.

La ciudad de València concentra 20 de los 50 nuevos brotes de coronavirus. Cinco de ellos son de origen laboral: uno de nueve positivos, otro de seis positivos, uno de tres casos y dos brotes de cuatro. Los 15 brotes resntantes son de origen social: cuatro tienen 6 afectados, hay un brote de cinco positivos y el resto son de entre tres y cuatro casos.

La localidad de Orihuela ha sumado tres focos de covid de origen social: uno con cinco casos y dos con tres positivos. Benicarló ha registrado dos brotes de origen social con 9 y 4 positivos. Por su parte, Sagunt también ha detectado dos brotes: uno laboral con 7 casos y otro social con 3.

Se han detectado brotes de origen social en Utiel (8 casos), Callosa de Segura (6 casos), Moncada (5 casos), Albaida (8 casos), Gata de Gorgos (4 casos), Benaguasil (4 casos), Castalla (3 casos) y Burjassot (4 casos).

Hay brotes de origen laboral en los siguientes municipios: Segorbe (7 casos), Algemesí (5 casos), Castelló de la Plana (3 casos), Moncofa (5 casos), Pego (3 casos), Requena (3 casos), Carcaixent (4 casos) y Alcoy (3 casos).

Además, se han registrado brotes de ámbito educativo en Ontinyent (7 casos), Xàtiva (4 casos), Cox (3 casos) y Llanera de Ranes (4 casos).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han hablado por teléfono este martes durante 45 minutos, pero su conversación no ha servido para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la negativa de los 'populares' a cambiar de postura, según ha informado Moncloa.

Sánchez ha telefoneado a Casado después de que la semana pasada anunciara que retomaría su interlocución con el presidente del PP para intenta renovar "de una vez por todas" el CGPJ y otros órganos constitucionales. Casado había criticado días antes que llevaba casi dos meses esperando a que el jefe del Ejecutivo contactara con él.

Finalmente han hablado este martes pero, según Moncloa, no se han producido "avances" y la conversación "sólo ha servido para comprobar que la posición de bloqueo del PP sigue siendo la misma", a pesar del "nuevo llamamiento del presidente del gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78".

No obstante, el Gobierno ha informado de que la llamada efectuada desde Moncloa ha sido cordial y se ha prolongado por espacio de unos 45 minutos.

Asimismo, señalan que el presidente Sánchez ha transmitido al líder de la oposición que el Gobierno "está dispuesto a llegar a acuerdos de país con su formación y le ha reiterado la importancia de cumplir con el mandato constitucional de renovar órganos tan importantes como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE".

El presidente y el líder de la oposición llevan unos dos meses sin hablar. De hecho, ni siquiera se saludaron en el acto que tuvo lugar el domingo 6 de diciembre en el Congreso con motivo del día de la Constitución, que se celebró con las restricciones a las que obliga la pandemia.

Casado denunció el pasado 30 de noviembre que desde que llamó a Sánchez a mediados de octubre para trasladarle la posición del PP ante la prórroga del estado de alarma, el presidente del Gobierno no le había devuelto aún la llamada.

Por su parte, el jefe de Ejecutivo aseguró el pasado miércoles, en una entrevista en Telecinco, que estaba dispuesto a llamar al presidente del PP, y el viernes él mismo anunció que iba a hacer esa llamada, aunque no concretó cuándo se produciría su conversación.

El objetivo de la conversación, según Sánchez, era el de desbloquear "de una vez por todas" la renovación del CGJP, que ya lleva dos años con su mandato caducado; precisamente los dos años que lleva el PP en la oposición, tal y como ha denunciado el presidente.

La eliminación de las restricciones impuestas para doblegar la primera ola se correspondió con un aumento de la movilidad y las interacciones sociales, pero no de una forma homogénea en el conjunto de la población, según las dos encuestas sobre movilidad y distanciamiento social realizadas a la población española dentro del 'Proyecto Distancia-Covid', en el que participan investigadores de varios centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

A partir de una muestra de 6.952 encuestas, los investigadores han podido aproximarse a la diversidad de los patrones de movilidad y la interacción social de la población española. Si bien la estructura de los hogares, número de personas y edades con los que se convive no cambió durante el periodo de estudio, el número de contactos diarios fuera de casa sí que lo hizo.

Los cambios observados no fueron homogéneos entre la población estudiada, sino que aumentaron los contactos principalmente en unas franjas de edad concretas: por un lado, el de los jóvenes de entre 20 y 24 años con personas de 20 a 29 años, por otro, el grupo de 65 o más años tuvo más contacto con gente de 30 a 49 años.

Con la supresión del estado de alarma se aprecia que la población de más de 20 años pasó de una media de 3 contactos diarios durante el confinamiento, a una media de 5 contactos diarios. "Nuestras estimaciones denotan un cambio notable en el número de contactos promedio en esta franja de edad, pero la encuesta no nos informa del contexto de estos contactos, y puede haber múltiples contextos y causas que expliquen este aumento", explica el investigador del CSIC Frederic Bartumeus, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).

"Para el caso del grupo de edad igual o mayor de 65 años el aumento podría corresponderse con las personas mayores que se relacionan con los que generacionalmente podrían ser sus hijos adultos. Además, es importante destacar que las encuestas las respondieron personas diferentes en cada fase por lo cual los resultados no corresponden a cambios individuales sino del conjunto de la población", añade el investigador del CSIC.

INICIO DE LA TERCERA FASE DE ENCUESTAS

El informe presenta los datos comparados de las respuestas anónimas recibidas en el primer y segundo período, así como las primeras estimaciones de los parámetros de movilidad y distanciamiento social para el conjunto de la población española. La información se completará con una tercera encuesta, en la que se puede participar de manera anónima a través de la página web del proyecto.

La primera encuesta se llevó a cabo dentro del período de estado de alarma y en fase de desescalada, entre el 14 mayo y el 10 de junio de 2020. La segunda se completó ya fuera del período de alarma, entre el 24 de julio y el 31 de agosto.

Según indican los resultados, pese al aumento de la movilidad y los contactos, la mayoría de los encuestados afirman seguir tomando precauciones para evitar el contagio. Durante el primer período de encuestas se estima que el 38 por ciento de la población de más de 20 años no tuvo contactos durante un período determinado de 24 horas, un 46 por ciento tuvo más de 5 contactos y el 8 por ciento tuvo más de 10.

En la segunda tanda de encuestas, el porcentaje de personas que no tuvo contactos en un período de 24 horas bajó del 38 por ciento al 14 por ciento, mientras que el de aquellos que tuvieron más de 5 contactos subió de un 46 por ciento a un 73 por ciento, y el de personas con más de 10 contactos subió al 15 por ciento. Pese a ello, tanto durante el estado de alarma como después, los encuestados han seguido haciendo un uso frecuente de la mascarilla y el distanciamiento social, así como el lavado de manos al regresar a casa.

En relación a la estructura dentro de los hogares, los investigadores han visto muy poca diferencia en la distribución de las personas con las que se convive. Los resultados muestran dos distribuciones claras: por un lado, se agrupan, las personas de una franja determinada de edad que tienden a convivir con personas de la misma franja de edad, y por otro las agrupaciones generacionales (familias), que incluyen diferentes franjas de edad.

MAYOR MOVILIDAD EN LA POBLACIÓN

El estudio muestra que durante el estado de alarma la mayoría de los movimientos de los encuestados fuera de casa no superaban los 10 kilómetros de distancia. De hecho, el 40 por ciento de los encuestados informaron de que sus desplazamientos diarios no iban más allá de un radio de acción de 1 km alrededor de su casa. Sin restricciones, los desplazamientos de los encuestados por encima de los 10 km se dispararon, al igual que lo hicieron el número de salidas semanales.

Durante el confinamiento el 80 por ciento de los encuestados aseguraba salir de casa entre una y siete veces a la semana. Solo el 15 por ciento de los encuestados salía más de siete veces a la semana, mientras que con el cese de las restricciones ese porcentaje se dobló: el 37 por ciento de los encuestados afirmaba salir a la calle más de una vez al día.

El destino de los viajes de los encuestados durante y tras el estado de alarma siguió dominado por los comercios, así como por escapadas a espacios públicos y viajes diarios a los lugares de trabajo, aunque será necesario realizar un modelo estadístico de los datos disponibles para poder realizar estimaciones más detalladas y fiables sobre la distancia y destino de los desplazamientos.

"Nuestros resultados en cuanto a la movilidad son preliminares, pues aún no hemos realizado con ellos ninguna inferencia poblacional, estamos en ello. En su conjunto los resultados permiten estimar la variabilidad de los patrones de movilidad y de interacción social de la población, aportando así información útil para la elaboración de modelos epidemiológicos que incorporen información relevante en cuanto a los patrones de contactos sociales", apunta el investigador de la Universidad Pompeu Fabra John Palmer.

En el proyecto participan el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC), un centro mixto del CSIC y de la Universitat de les Illes Baleares; el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), el Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC). José Javier Ramasco, del IFISC, y Frederic Bartumeus, del CEAB-CSIC y el CREAF coordinan el proyecto.

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha declarado "inadmisible" el recurso interpuesto por el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la decisión del Parlamento Europeo del pasado 13 de enero que declaró vacante su escaño como eurodiputado.

Según ha concluido el tribunal con sede en Luxemburgo, la Eurocámara "no hizo más que transmitir a la institución información sobre una situación jurídica preexistente, derivada exclusivamente de las decisiones de las autoridades españolas".

Antes, la Justicia europea había desestimado hasta en dos ocasiones las medidas cautelares que había solicitado el líder independentista catalán en el marco de este procedimiento. Primero mediante un auto dictado en marzo de este año por el vicepresidente del Tribunal General, y después en octubre a través de un auto por la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior.

El exvicepresidente catalán, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación en el marco del juicio del procés, reclamaba que se declarara la suspensión de la decisión del Parlamento de hacer constatar la vacante de su escaño.

La Eurocámara tomó nota en enero de la elección de Junqueras como europarlamentario con efectos desde el 2 de julio del año anterior pero hizo constar la vacante de su escaño con efectos desde el 3 de enero de 2020.

Esta decisión se adoptó después de que la Junta Electoral Central (JEC) declarara la ineligibilidad de Junqueras por haber sido condenado a una pena privativa de libertad y de que el Tribunal Supremo acordara el pasado mes de enero que el líder de ERC no podía desplazarse al Parlamento Europeo a jurar su cargo ni tramitar el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ante el mismo.

En la sentencia que ha publicado este martes, el Tribunal General aclara que el Parlamento Europeo "no dispone de ninguna competencia para controlar la decisión de las autoridades de un Estado miembro por la que se declare la anulación del mandato de un diputado europeo en aplicación del Derecho nacional".

A esto, el fallo añade que la Eurocámara "tampoco dispone de facultad alguna para negarse a tomar en consideración la decisión de las autoridades nacionales por la que se declara dicha vacante".

Por tanto, el pasado 13 de enero el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, "no hizo más que informar a la institución de una situación jurídica preexistente, derivada exclusivamente de las decisiones de las autoridades españolas". Y en consecuencia, dado su "carácter puramente informativo", esta declaración "no puede ser objeto de un recurso de anulación".

Junqueras reclamaba igualmente que se tomaran las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos sus privilegios, inmunidades y Derechos fundamentales como miembro del Parlamento Europeo.

Con respecto a este caso, el Tribunal General destaca que el presidente del Parlamento Europeo "no está obligado en modo alguno a adoptar medidas para confirmar la inmunidad de un diputado europeo", así como que "dispone de una facultad discrecional a este respecto, incluso cuando el diputado esté detenido o vea restringida su libertad de movimiento en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades".

Esta facultad, concluye el fallo, "excluye el derecho del señor Junqueras a exigir al presidente del Parlamento Europeo que adopte con carácter urgente medidas para confirmar su inmunidad".

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y ex director de empresas de la entidad Daniel Gil Mallebrera como autores responsables de un delito de administración desleal por los negocios inmobiliarios de la CAM en el Caribe.

En la sentencia, el tribunal explica que en la pena a estos dos directivos concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, y contempla además cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo, empleo o profesión en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito de España.

En esta causa se investigaron las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta caja con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe. La sentencia dice que los dos directivos de la CAM "de común acuerdo" y a través de la entidad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) de la CAM "comenzaron a participar en el negocio de desarrollo inmobiliario y hotelero que en aquellos momentos estaba llevando a cabo la entidad mercantil Valfensal".

La Sala condena además a dos años de prisión a los administradores de la inmobiliaria Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó, como inductores de un delito de administración desleal y de tres delitos contra la Hacienda Pública. Les aplica el atenuante de reparación del daño causado y analógica de confesión de los hechos.

Por otro lado, el tribunal acuerda absolver a Vicente Sánchez Asencio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet, del delito de administración desleal del que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. También absuelven a Francisco Climent Navarro de los delitos fiscales y del delito continuado de administración desleal. Cuatro de los siete pertenecieron a la comisión de control de la CAM.

12,5 MILLONES YA CONSIGNADOS

En concepto de responsabilidad civil, la Sala resuelve que López Abad, Gil Mallebrera, Ferri Guardiola y Baldó Llorens deben indemnizar conjunta y solidariamente al Fondo de Garantía de Depósitos con la cantidad de 28 millones de euros más intereses, y añade que Valfensal SL es responsable civil subidiaria y la responsabilidad civil directa es de la compañía de Seguros CASER hasta el límite de 15 millones.

No obstante, apunta que de esa cantidad de 28 millones hay que deducir 12,5 millones que ya fueron consignados por Ferri y Baldó a cuenta del importe de la indemnización reclamada. Por lo tanto, la cantidad que deben aportar a modo de indemnización es de 17,5 millones.

En la sentencia, la Audiencia Nacional afirma que "ha quedado plenamente acreditado en autos la causación de un gravísimo perjuicio para la entidad bancaria como consecuencia de la actuación fraudulenta de los acusados, mediante una gestión que se podría calificar de negligente a través de la realización de una serie de operaciones arriesgadas a la vista de las circunstancias de mercado existentes en el momento en el que se desarrollaron los hechos".

Los magistrados recuerdan que por culpa de estas operaciones inmobiliarias el FROB se vio obligado a realizar una serie de "inyecciones" de dinero para "para paliar esa mala gestión". La causa se inició en 2012 a raíz de la querella del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que aseguraba que con el consentimiento de los exdirectivos de la CAM se desviaron fondos por valor de 28 millones que tuvieron que ser provisionados.

LAS INVERSIONES EN EL CARIBE

Entre los negocios inmobiliarios en los que entró la CAM en el Caribe está la compra y reforma del Hotel Caracol en México. El Consejo de Administración de la CAM acordó en abril de 2004 el préstamo de 30 millones de dólares a la empresa de Ferri y Baldó, que posteriormente se fue ampliando en diversas ocasiones hasta febrero 2014.

La adquisición de este hotel situado en la Riviera Maya tuvo un coste total de 60,4 millones de dólares, del que no consta "ningún informe relativo a la propuesta de inversión que debía haber realizado la TIP" --propiedad de la CAM--. Añaden que el "pago a una sociedad no está documentado".

La Sala subraya que el Consejo de Administración de la CAM tuvo una "actuación meramente formal", ya que López Abad y Gil Mallebrera habían dado previamente el "visto bueno" a todos los préstamos. Eran las personas que "directamente negociaban con los representantes legales de Valfensal, los que 'estudiaban' tales operaciones, las cuales, por cierto, siempre eran a iniciativa de los señores Ferri y Baldó".

Asimismo, recalca que los representantes de Valfensal manifestaban "qué tipo de financiación y qué importe debía tener la operación". "Esta gestión personalista era la que hacía que los trámites que se seguían para la aprobación de las operaciones y los distintos órganos por los que debían 'pasar' se supeditaran siempre a la decisión y al 'visto bueno' del director general y el director de Empresas de la CAM", concluye la sentencia.

Conducta similar se llevó a cabo para la compra de una parcela en Punta Cana (República Dominicana), la adquisición del Hotel Gala en Playacar en la Riviera Maya y de varias parcelas en Playa del Carmen (México).

El exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín declara este miércoles como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su presunta participación en un encargo al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín.

El juez del caso 'Tándem' también ha citado el expresidente de Persán José Moya Sanabria, al que fuera directivo de esta empresa Raúl Jara Lorenzo y Leticia Sánchez Mendoza, citados también como investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Además, escuchará a Antonio Fernández López, que comparece como testigo al estar personado como acusación particular.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 formó la pieza separada número 25 del conocido como 'caso Villarejo' para investigar lo que el comisario jubilado denominó como 'proyecto Saving'.

Se trata de un encargo en el que el exsenador Francisco Rodríguez habría actuado presuntamente como intermediario y que podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Según adelantó 'El Mundo' y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, el objetivo de este encargo era mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

El proyecto tiene su origen en la operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito. Finalmente en 2011, decidió acudir a Villarejo.

Para abordar el problema, el comisario jubilado diseño un plan para recuperar el estatus jurídico de Moya; disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses; y ayudarle a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Un equipo de expertos compuesto por profesores y arqueólogos de la Universidad San Pablo CEU, y técnicos en georradares encabezados por Luis Alvial, comenzarán este jueves 17 de diciembre la búsqueda con georradar de los restos del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Madrid.

Los investigadores esperan encontrar los restos del literato en una de las paredes de la capilla donde fueron inhumados en el año 1902. Aunque la iglesia fue calcinada al comienzo de la Guerra Civil, en 1936, incluida la arqueta en la que se hacía referencia a Calderón de la Barca, en los años 60, una nueva pista hizo pensar que los restos del dramaturgo podrían haber sobrevivido a la quema.

"El capellán Vicente Mayor recogió en un libro el dato que levantó nuestra investigación, que un sacerdote mayor de la congregación, que se encontraba enfermo en el hospital, le dijo: 'No se preocupe. Los restos de Calderón no han desaparecido. No estaban en la arqueta de mármol. Se colocaron en un nicho que se hizo en la pared. La arqueta era una cosa simbólica'", ha explicado el coordinador del proyecto de investigación y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Pablo Sánchez.

Si bien, el sacerdote falleció sin indicar el lugar de la pared en que fueron enterrados los restos, y el capellán Vicente Mayor intentó encontrarlos aunque sin éxito pues era "como buscar una aguja en un pajar".

A diferencia de entonces, este jueves, los expertos contarán con georradar y búsqueda geotérmica para hallar los restos del autor de 'La vida es sueño'. "La hipótesis la doy por cierta, otra cosa es que los restos pudieran haberse calcinado aunque las paredes se mantuvieran intactas. No doy por seguro el hallazgo pero es una obligación cultural y patriótica despejar esta incógnita, saber si los restos siguen allí o se perdieron", ha subrayado Pablo Sánchez en declaraciones a Europa Press.

El equipo comenzará la búsqueda por las paredes de la capilla dedicada a Calderón de la Barca y continuará rastreando toda la iglesia, los sótanos, así como el asilo y la sede de la Congregación de San Pedro Apóstol de los Presbíteros Seculares Naturales de Madrid.

"El georradar hace una radiografía de las paredes, siempre que esté la urna o una cajita (con los restos), la detectará", ha explicado a Europa Press el experto en georradar Luis Alvial, que se encargará de la búsqueda.

Si todo va bien, según ha precisado, podrían encontrar los restos "entre uno y diez días" o "nunca", si no están allí. En cualquier caso, Alvial ha remarcado que su función es encontrar la urna, lo cual sería "increíble" o, si no, "verificar que no está".

En caso de encontrarse allí, Alvial y su equipo de Falcon High Tech, prevén hallar la urna no en la propia iglesia sino en una sacristía, en un sótano o en un habitáculo adyacente, donde los restos pudieran estar "protegidos".

CAPELLÁN DE LA CONGREGACIÓN DE SAN PEDRO

Desde la muerte de Calderón de la Barca en 1681, sus restos cambiaron de ubicación hasta en siete ocasiones, hasta reposar definitivamente en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la Congregación de San Pedro Apóstol de los Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, de la que el propio Calderón fue capellán y a la que dejó en herencia todos sus bienes.

A día de hoy, una inscripción en la iglesia dice que allí estuvieron los restos y se perdieron, una afirmación que podría cambiar en los próximos días si la búsqueda concluye con éxito.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado ayudas para reparar daños por temporales y catástrofes por importe de 76 millones de euros, entre ellos varios episodios que afectaron a las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense a lo largo de 2019.

Según detalla el Ministerio en una nota de prensa, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes esta nueva convocatoria de subvenciones por un importe máximo de 76.324.639,13 euros.

El Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, establece que estas subvenciones tienen por objeto financiar hasta el 50% del coste de los proyectos directamente relacionados con los siniestros de la convocatoria, que ejecuten ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, comarcas, mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales relativos a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Las entidades locales dispondrán hasta el 29 de enero para enviar sus solicitudes, que se presentarán de forma electrónica a través de la aplicación informática 'Aura-Subvenciones para catástrofes naturales' del Portal de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Por orden cronológico, los territorios que podrán beneficiarse de las ayudas son la provincia de Cuenca por los episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27 de agosto de 2019, y las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Salamanca por la depresión aislada en niveles altos (DANA) entre los días 9 y 17 de septiembre del mismo año.

También están Castilla-La Mancha por el temporal de lluvias entre los días 19 y 22 de septiembre de 2019; Asturias, Islas Baleares y Cantabria por la DANA entre los días 21 y 23 de octubre; las provincias de A Coruña, Pontevedra y la comunidad autónoma de Asturias por la borrasca Cecilia los días 22 y 23 de noviembre; o la Región de Murcia por las lluvias intensas, viento fuerte e inundaciones de los días 2 y 3 de diciembre

Huelva y Jaén se ven beneficiadas de ayudas por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien entre los días 16 y 22 de diciembre, junto con las provincias de Albacete, Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid, Zamora, A Coruña, Ourense y Pontevedra, así como las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Extremadura.

Por último, se convocan ayudas para las provincias de Almería, Málaga, Albacete, así como a las regiones de Aragón, Murcia, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana por los daños causados por la borrasca Gloria y por la baja de gran tamaño que la absorbió, entre los días 18 y 26 de enero de 2020.

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha enviado este martes una carta a la jefa del Ejecutivo, María Chivite, en la que traslada su "voluntad firme de dimitir en el supuesto de que mi situación procesal pase a ser la de investigado o figura legal equivalente".

Así se lo ha comunicado Ayerdi a la presidenta después de que el Tribunal Supremo le haya abierto causa penal por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular de préstamos a Davalor Salud tras una querella presentada por UPN.

En la carta remitida por Ayerdi a la presidenta, que ha sido facilitada a los medios por Geroa Bai, el consejero explica su voluntad de dimitir, citando lo establecido en la ley foral del Gobierno de Navarra, que mandata el abandono de las responsabilidades en el Ejecutivo de cualquier consejero o alto cargo de libre designación en el caso de ser llamado en calidad de persona investigada por los tribunales.

"Si se produjera esa situación, lo único que me gustaría tener es una semana para poder preparar un estado de situación y para poder despedirme, como se lo merecen, todas las personas que han colaborado conmigo", afirma Ayerdi en la carta.

Mientras tanto, explica que seguirá "trabajando, de forma plenamente comprometida por el futuro de Navarra, tratando en mis decisiones, como hasta ahora, de contribuir de la mejor manera posible al desarrollo económico y social de nuestra comunidad".

Por su parte, Geroa Bai ha señalado que "a día de hoy no se ha producido" la situación de investigado para Ayerdi y su consiguiente dimisión, pero "en caso de producirse, asumirá motu proprio, tal y como ha confirmado a la presidenta".

Geroa Bai ha dejado patente su "convicción y confianza en la gestión que a lo largo de la pasada legislatura y en la presente está llevando a cabo Manu Ayerdi, desde el convencimiento de que los propios tribunales lo ratificarán".

El Gobierno de Canarias celebrará mañana miércoles un Consejo de Gobierno en el que decidirá si se endurecen las medidas contra la covid-19 en la isla de Tenerife, en función del informe de la Dirección General de Salud Pública, aunque por el momento se descarta el confinamiento.

Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en una rueda de prensa junto al presidente del Cabildo, Pedro Martín, tras una reunión para analizar la situación de los datos epidemiológicos en Tenerife, a la que han asistido casi todos los alcaldes de la isla.

El consejero ha indicado que hoy culminará el informe de Salud Pública que analiza la situación y la trazabilidad de los rastreadores en Tenerife y será el documento base para que en el Consejo de Gobierno de mañana se adopten las medidas pertinentes en relación a la ordenación de la actividad en la isla.

Blas Trujillo incidió en que el principal objetivo de estas medidas será proteger la salud de los ciudadanos y que en las próximas fechas se pueda desarrollar un determinado volumen de actividad económica y social, sin perder de vista que el objetivo final es frenar al virus, remarcó el consejero.

En cuanto a la posibilidad de que haya un confinamiento en la isla, el consejero quiso dejar claro que la situación de Tenerife se aleja bastante de la que padecen otros territorios, por lo que se descarta esa posibilidad por el momento. En cualquier caso, insistió en que será el Consejo quien tome la decisión.

A este respecto, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, hizo hincapié en que la Corporación insular no es partidaria de un confinamiento ni parcial, ni a nivel insular, pero afirmó que se someterán al dictamen que establezcan el Gobierno de Canarias y los especialistas médicos.

Por otro lado, el consejero ha avanzado que una de las medidas que se tratarán en el Consejo de Gobierno de mañana será el cierre temprano de los centros escolares, tal y como ya se ha hecho en otros países, aunque dependerá del informe de los epidemiólogos de Salud Pública.

AUMENTAR EL NÚMERO DE RASTREADORES.

En la reunión de hoy ya se han valorado algunas medidas, como incrementar el número de camas con equipamiento; realizar cribados selectivos en poblaciones con alta incidencia, así como aumentar la capacidad de espacios para alojar a aquellos pacientes no puedan pasar la cuarentena en sus domicilios.

Asimismo, se ha planteado aumentar el número de rastreadores que hay en Tenerife, que llegarán procedentes de otras islas, así como la cifra de rastreos, para lo que el Cabildo cederá algunos espacios, como el Recinto Ferial, para poder incrementar el número de pruebas.

El consejero precisó que en estos momentos hay más de 200 rastreadores en Tenerife, a los que se suman los efectivos del Ejército, y están en formación más de 40, una cifra que se podría incrementar en función de cómo evolucione la pandemia.

Además, resaltó que uno de los mejores datos de Canarias es la capacidad de su sistema de rastreo. No obstante, apuntó que uno de los principales problemas es que cuando se producen incumplimientos de las normas, muchas personas que luego dan positivo no colaboran con estos rastreos.

Por otro lado, el Cabildo ha planteado al Gobierno de Canarias que las personas que están en residencias de mayores no salgan en estas fechas en las tradicionales visitas a sus familiares, sino que sean éstos los que se trasladen a los centros. "Esto no es agradable, pero así estamos primando la seguridad", dijo Pedro Martín.

También se ha hablado de endurecer las sanciones a las personas que no cumplen con las recomendaciones y obligaciones frente a la covid-19, para lo que se reforzará la coordinación y colaboración de las policías locales y autonómica con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

UNA REUNIÓN "ABSOLUTAMENTE NECESARIA".

El consejero ha destacado que la reunión de hoy era "absolutamente necesaria" porque la situación que se vive en Tenerife requiere "más que nunca" la colaboración y coordinación de todos los poderes públicos para hacer frente a un "problema común" que también necesita del "empuje" de la ciudadanía.

Blas Trujillo ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad no sólo de la ciudadanía de Tenerife, sino de todas las islas, porque salir de esta situación depende en gran medida del comportamiento de todos, especialmente en las próximas fechas navideñas, en las que se puede caer en la relajación.

Por su parte, el presidente del Cabildo afirmó que el problema que se vive en Tenerife no afecta sólo a la zona metropolitana, sino a toda la isla, pues hay casos activos en casi la totalidad de los municipios, lo que requiere "un trabajo de coordinación de todos".

Pedro Martín también apeló a la responsabilidad de la población, toda vez que de los más de 5.000 casos activos en Canarias, 4.000 están registrados en Tenerife, una situación "anormal" que se da porque en los principales focos, como son las reuniones familiares, "no estamos teniendo el cuidado necesario".

Las farmacias europeas ofrecen una amplia y creciente cartera de servicios farmacéuticos, con prioridades definidas en ámbitos como la seguridad y eficiencia, el fomento de la adherencia a los tratamientos o la gestión de la cronicidad, según los resultados que se adelantaron del informe 'Servicios Farmacéuticos en Europa: evaluación de las tendencias y valor que aportan' del Instituto para la Salud Basada en la Evidencia (ISBE) de la Universidad de Lisboa promovido por la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU).

Los investigadores han realizado una revisión exhaustiva de la literatura científica y examinado los servicios farmacéuticos implantados en 32 países de Europa, incluidos los puestos en marcha durante la pandemia.

El estudio, que será presentado en las próximas semanas, destaca los resultados positivos y contrastados de los servicios farmacéuticos en ámbitos como la calidad asistencial por parte de los farmacéuticos y la seguridad del paciente.

También ha quedado demostrado el valor de los servicios farmacéuticos en el control de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o asma; así como en la revisión y seguimiento de la medicación, la deshabituación tabáquica o el apoyo en la adherencia terapéutica.

En la elaboración del informe se revisaron 149 estudios de los que 85 abordaron la eficacia o el impacto en salud de los servicios farmacéuticos y 64 realizaron evaluaciones económicas. Los autores del estudio concluyen que "existe evidencia sustancial sobre los servicios farmacéuticos en las revisiones sistemáticas cubiertas en esta investigación", si bien creen que hay margen de mejora ya que se presentan desafíos metodológicos al tratarse de intervenciones de salud complejas.

El encuentro de la PGEU ha sido inaugurado por la eurodiputada española del Partido Popular, Dolors Montserrat, quien ha destacado el "indispensable papel que están jugando las farmacias comunitarias durante la pandemia" y apostó porque "estén integradas en los servicios de Atención Primaria para aliviar así la presión asistencial sobre los sistema sanitarios".

Asimismo, el presidente de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea, Duarte Santos, ha destacado que todas las experiencias nacionales estudiadas muestran que los farmacéuticos comunitarios pueden ofrecer una labor asistencial de alta calidad, eficiente y centrada en el paciente.

Además, Santos ha dicho como los servicios farmacéuticos han demostrado ser beneficiosos para la calidad de vida de los pacientes, la salud pública, y sostenibilidad de los sistemas de salud. Por último el presidente ha explicado como la pandemia de la COVID-19 está demostrando la capacidad de la farmacia comunitaria para adaptarse a situaciones "difíciles y brindar una respuesta eficaz en caso de emergencia".

Las farmacias europeas han respondido a la crisis de la Covid-19 con la implantación de un buen número de intervenciones para garantizar el suministro de medicamentos y contribuir a la prevención. En este sentido, los autores del informe señalan que la pandemia ha puesto de manifiesto el carácter "altamente reactivo y adaptativo" de las farmacias en respuesta al brote pandémico.

Así, las intervenciones más frecuentes se centraron en las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio, desde la información y educación al paciente hasta el uso adecuado de los diferentes tipos de mascarillas. Además, se extendieron los servicios de atención farmacéutica domiciliaria y el apoyo telefónico, que permitieron evitar desplazamientos innecesarios, reducir contagios y garantizar el cumplimiento de los tratamientos.

En muchos países de Europa la legislación se adaptó para facilitar la participación de los farmacéuticos en este y otros ámbitos. Además, los farmacéuticos europeos han promovido acciones para garantizar el acceso a los medicamentos, generando información sobre la disponibilidad de los mismos para poder evitar desabastecimientos.

Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para recuperar y "blindar" la prestación por hijo a cargo que el actual Gobierno ha integrado dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), salvo el supuesto de que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33%, que si se puede reclamar como tal.

Para los naranjas, esta decisión de "suprimir" la prestación es "cuestionable" atendiendo a los argumentos esgrimidos por el Gobierno, cuando alega que "ambas prestaciones tienen fines análogos". A su juicio, las ayudas por menor a cargo sirven para prestar un apoyo económico a hogares con ingresos reducidos pero no necesariamente en riesgo de exclusión social, para asegurar la adecuada atención del niño.

La presidenta del partido, Inés Arrimadas, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que las formaciones en el Gobierno deben "rectificar" y apoyar esta iniciativa, recordando, además, que se trata de una medida impulsada por Unicef España, Save The Children y Plataforma de Infancia.

"Parece que el Gobierno no se entera de lo que están pasando los trabajadores que no pueden teletrabajar, q no se pueden permitir una reducción de jornada y una reducción de sueldo, porque tienen que cuidar de sus hijos que vuelven del colegio, que no pueden pasar allí las horas porque se encuentran en cuarentena obligatoria", ha criticado el portavoz parlamentario naranja, Edmundo Bal.

UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA CONCILIACIÓN

El diputado ha recordado que Ciudadanos ya pidió el regreso de estas ayudas en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en comisión y en Pleno, pero, según ha señalado, PSOE y Unidas Podemos les "pasaron por encima el rodillo" votando en contra.

Bal cree que "ya va siendo hora" de que se resuelva esta "cuestión de la conciliación". Dice que "nunca se ha tratado de poner encima de la mesa una solución definitiva" y opina que la situación de pandemia es el "mejor momento para poder alcanzar un pacto de Estado en esta materia" y "ofrecer soluciones a los problemas de los españoles".

En este sentido, llama a hacerlo desde "una perspectiva integral, desde todos los sectores productivos y personales" y con "un amplio grado de consenso entre todos los grupos parlamentarios, con todos los agentes sociales y con representantes de la sociedad civil".

El texto registrado en la Cámara baja, explican los naranjas, no sólo recoge el restablecimiento de esta asignación económica por hijo a cargo, sino que "promueve un fortalecimiento de la prestación", en línea con las reclamaciones que han venido siendo planteadas desde el Tercer Sector para mejorar la lucha contra la pobreza infantil.

INCREMENTO DEL UMBRAL

En ese sentido, la norma incorpora una serie de cambios en los parámetros de la prestación que "amplían de forma notable el alcance y la intensidad de su acción protectora en el presente", a la vez que señalan una senda incremental de cara al futuro.

En concreto, esta ley quiere que los umbrales que establece el acceso a la asignación económica --14.000 euros anuales-- se incremente para cada ejercicio presupuestario en la misma proporción que la establecida para las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social. También seguiría este camino la prestación para familias que tengan la consideración de numerosas y que, en este caso, el umbral de ayudas se fija en 20.275 euros anuales.

El texto también propone que se determine un umbral de ingresos superior para el acceso de la prestación para las familias que tengan la consideración de familias monoparentales, que a estos efectos, se entienden como aquellas constituidas por un solo progenitor con el que convive el hijo o menor a cargo y que constituye el sustentador único de la familia.

En particular, con la puesta en marcha de esta ley se establecería dicho umbral en correspondencia con lo establecido con carácter general para las familias numerosas, incrementándose en los mismos términos por cada hijo o menor a cargo, en este caso, a partir del tercero, éste inclusive.

Finalmente, Ciudadanos quiere aumentar la cuantía de esta asignación económica, con carácter general, hasta los 100 euros mensuales (1.200 euros al año) por cada hijo o menor a cargo y, en paralelo, incrementar hasta los 150 euros mensuales (1.800 euros al año) por hijo o menor a cargo la cuantía a la que tienen derecho las unidades familiares que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad

En este sentido, y para mantener la correspondencia entre las cuantías establecidas para cada supuesto causante de la prestación, se incrementaría el importe de la prestación por hijo o menor a cargo con discapacidad superior al 33% hasta los 200 euros al mes (2.400 euros anuales).

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un importante aumento de positivos con respecto a la última jornada, hasta los 260 casos de Covid-19 confirmados, y dos nuevos fallecidos, lo que supone un total de 1.017 desde el inicio de la pandemia.

En concreto, las muertes han correspondido a dos mujeres, una de 93 años de Trujillo y otra de 86 años de Portaje, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, en los hospitales extremeños hay ingresadas 154 personas, dos menos que este lunes, de las que cuales 24 de ellas están UCI, también dos menos que la última jornada. Además, se han dado 169 altas, lo que equivale a un acumulado de 29.233 altas.

Por otra parte, Extremadura ha declarado cinco nuevos brotes que se localizan dos de ellos en Cáceres ciudad, con cuatro casos y once contactos y siete casos y 20 contactos; en Membrío, con cinco casos y 19 contactos; en Santa Amalia, con ocho casos y 15 contactos; y en Don Benito, con cuatro positivos y 21 contactos.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 49 casos confirmados, tiene 32 pacientes hospitalizados, nueve de ellos en UCI, y registra 122 fallecidos y 7.042 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 61 casos positivos, tiene 51 pacientes ingresados, de los que cinco están en UCI, y acumula 354 fallecidos y 5.816 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 44 casos confirmados, tiene 15 personas hospitalizadas, de las que seis están en UCI, y acumula 110 fallecidos y 5.326 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 34 casos positivos, tiene 22 pacientes hospitalizados, de los que tres están en UCI, y acumula 96 víctimas mortales y 3.446 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 24 casos positivos, tiene 13 pacientes hospitalizados, de los que uno está en UCI, y ha registrado un total de 136 fallecidos y 2.272 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 21 casos confirmados, tiene seis pacientes ingresados y ha registrado 75 fallecidos y 1.703 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 18 casos positivos, tiene seis pacientes ingresados y ha registrado un total de 75 fallecidos y 2.574 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado nueve casos positivos, tiene nueve pacientes hospitalizados y acumula 49 personas fallecidas y 1.054 altas.

Un 9,9 por ciento de la población española ha pasado el COVID-19 y ha desarrollado anticuerpos IgG, lo que supone un total de 4,7 millones de personas, según la cuarta ronda del 'Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID', presentada este martes en rueda de prensa y elaborada por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de las comunidades autónomas.

La tercera ola del estudio, realizada hasta julio, concluyó que el 5,2 por ciento de los españoles tenía anticuerpos IgG, es decir, poco más de 2 millones de personas. Los resultados dados a conocer hoy, por tanto, indican que entre julio y noviembre, dentro de la segunda ola, se han infectado aproximadamente el mismo número de personas en España que en la primera ola, según ha precisado la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti.

En esta cuarta ronda no se han observado diferencias en la seroprevalencia entre hombres y mujeres. Tanto en prevalencia actual como global, los porcentajes son menores entre los niños menores de 10 años, y muy similares en los demás rangos de edad. Sin embargo, se está detectando "aproximadamente el 60 por ciento de los casos", de acuerdo con los datos aportados por Yotti, mientras que en la primera fue del 10 por ciento, gracias a "un incremento muy importante en las técnicas diagnósticas en todo el país".

Yotti ha remachado que estas estimaciones aún deben confirmarse, trasladarse a la realidad de cada comunidad autónoma y estudiarse considerando otros factores que trascienden al estudio de seroprevalencia, como el porcentaje de casos en población institucionalizada (como residencias).

Con datos de la segunda quincena de noviembre, el porcentaje de personas que actualmente tienen anticuerpos IgG se sitúa en un 7,1 por ciento, según ha informado la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Marina Pollán. La diferencia entre el 9,9 por ciento de prevalencia global y el 7,1 por ciento de la actual "no significa" que esas personas hayan perdido los anticuerpos contra el virus, y por tanto no estén protegidas en cierta forma, sino que "no tienen niveles suficientemente altos para que el test rápido de anticuerpos dé positivo".

Los estudios de laboratorio que se están realizando estos días en el CNE con varias técnicas serológicas de alto rendimiento permitirán analizar si la diferencia entre la prevalencia global y la prevalencia actual se debe a la duración de la inmunidad o a otros factores relacionados con las técnicas utilizadas para la medición de anticuerpos.

51.409 PARTICIPANTES, MENOS QUE EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS

El número de participantes en esta cuarta ronda ha sido de 51.409 personas, el 53 por ciento de quienes fueron contactados. Esta cifra es "algo inferior" a la de las tres primeras rondas, pero "sigue siendo excelente y más que suficiente para la representatividad del estudio", ha defendido el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS del Ministerio de Sanidad, Alfredo González, quien ha defendido que, en cualquier caso, son "muy superiores" a los de estudios similares en nuestro entorno.

En esta cuarta ronda, el trabajo de campo del estudio se ha realizado entre el 16 y 29 de noviembre, con la participación de más de 1.500 centros de salud y 4.000 profesionales sanitarios. Los resultados publicados hoy se ciñen a los resultados de los test rápidos de anticuerpos, mientras que "en las próximas semanas" se presentarán "análisis más detallados" con las pruebas realizadas en laboratorio.

Está confirmada la realización de una quinta ronda, aunque Yotti ha puntualizado que no hay una "fecha cerrada", ya que tendrá que adecuarse a las condiciones epidemiológicas y a la campaña de vacunación, que previsiblemente comenzará en la última semana del año o la primera de 2021. Originalmente, se preveía realizar la quinta tanda de pruebas de anticuerpos en febrero y la sexta en abril.

IMPORTANTES DIFERENCIAS ENTRE CCAA

Al igual que en las rondas anteriores, hay una importante variabilidad geográfica en los resultados: mientras en el núcleo central de la península la prevalencia global se acerca e incluso supera el 15 por ciento, hay provincias en las que la prevalencia no llega al 5 por ciento. Así, hay tres provincias con una prevalencia por encima del 18 por ciento (Cuenca, Soria y Comunidad de Madrid), mientras que siete se encuentran por debajo del 5 por ciento: Canarias, Lugo, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Huelva y Córdoba.

Sin embargo, y a pesar de la mayor prevalencia de personas con anticuerpos en Cuencia, Soria y Madrid, la directora del Centro Nacional de Epidemiología ha rechazado que estas provincias hayan alcanzado algún tipo de inmunidad de grupo que permita relajar las restricciones. "Las estimaciones más bajas que se han hecho para alcanzar la inmunidad de rebaño están en torno al 40 por ciento. El hecho de haber alcanzado esa seroprevalencia no significa que las medidas de contención no sean aplicables a estas zonas", ha defendido.

No obstante, en comparación con las tres primeras rondas, en la cuarta se ha observado una mayor dispersión del COVID-19 a lo largo de España. La proporción de personas con anticuerpos IgG es mayor en residentes de grandes ciudades (más de 100.000 habitantes), y se sitúa en estas localizaciones en un 8,3 por ciento actualmente y en un 11,6 por ciento desde que comenzó la pandemia.

SANITARIOS Y MUJERES QUE CUIDAN A DEPENDIENTES, LOS MÁS AFECTADOS

Según los datos de la cuarta ronda, el personal sanitario (16,8%) y las mujeres que cuidan a dependientes en el domicilio (16,3%) presentan las cifras más altas de prevalencia global. También es significativamente mayor en mujeres ocupadas en tareas de limpieza (13,9%) y en mujeres trabajadoras del sector sociosanitario (13,1%).

De la misma forma, las personas que en algún momento han convivido con un caso confirmado presentan una prevalencia de anticuerpos IgG del 31 por ciento en esta cuarta ronda, y es menor (13%) en las personas que han tenido contacto con un caso confirmado no conviviente (persona familiar o amiga). Asimismo, se ha identificado que las personas que no tienen nacionalidad española tienen una prevalencia mayor, en torno al 13 por ciento, que "puede estar relacionada con el trabajo que realizan o sus condiciones de vida", ha argumentado Pollán.

El porcentaje de personas que dieron negativo en la primera fase del estudio que ahora tienen anticuerpos (lo que se conoce como tasa de seroconversión) se sitúa en un 3,8 por ciento, un porcentaje mayor que el 0,7-0,9 por ciento detectado en las primeras rondas. "Toda la movilidad que hemos tenido en verano y otoño se refelja en esta mayor tasa", ha justificado Pollán.

De la misma forma, el porcentaje de personas asintomáticas durante las 4 rondas que tiene anticuerpos IgG se sitúa en un 3,3 por ciento, mientras que en las rondas anteriores se mantuvo entre un 2,5 y un 2,8 por ciento.

La tasa de seroconversión entre participantes que desde el verano han convivido con casos conocidos o sospechosos de COVID-19 se ha multiplicado casi por 10 con respecto al porcentaje global de seroconversión: se sitúa en un 35 por ciento en convivientes de caso confirmado y en un 26,3 por ciento en convivientes de personas con síntomas COVID-19.

El porcentaje de asintomáticos en relación con el total de positivos se estima en torno al 30 por ciento. Los nuevos datos confirman que la prevalencia aumenta con el número de síntomas compatibles con la COVID-19, y que es particularmente alta (43%) entre quienes desarrollan pérdida de olfato (anosmia).

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta martes la toma en consideración de una proposición de ley, impulsada, a través de una iniciativa legislativa popular (ILP), por el Sindicato de Enfermería (Satse), para fijar un número máximo de pacientes por enfermera en España.

En la ILP, que contó con más de 660.000 firmas, y por tanto en la proposición de ley se señala que el establecimiento de unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes dota de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias, refuerza el derecho a la protección de la salud y permite una mejor planificación de los recursos humanos dedicados a los cuidados asistenciales.

Y es que, tal y como se recuerda en el texto, existe evidencia de que la dotación "insuficiente" de enfermeras pone en riesgo la seguridad delpaciente y la de los profesionales, produce incrementos en la mortalidad y morbilidad de los pacientes, lo que se traduce, además de en los efectos indeseados mencionados, en mayores costes para el sistema sanitario en forma de reingresos y alargamiento de las estancias.

La proposición de ley ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, si bien muchos, como el PSOE, Unidad Podemos o Vox, han destacado la necesidad de introducir algunas mejoras para adecuarlo al marco constitucional. Y es que, tal y como ha señalado la diputada del PNV Josune Gorospe, partido que ha votado en contra de la toma en consideración, la iniciativa es "inconstitucional" porque invade competencias de las comunidades autónomas.

"De prosperar esta iniciativa supondría una ingerencia al ámbito competencial existente. Hay que respetar el ámbito competencial y dejar que cada órgano competente tome sus decisiones. Esta propuesta es inconstitucional", ha dicho Gorospe en la Cámara Baja, a lo que el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez le ha contestado que, si bien es cierto que el texto presenta problemas competenciales, es necesario que se establezcan unos ratios mínimos de enfermeras para toda España.

"De esto va la proposición de ley, no de competencias", ha aseverado el diputado de Ciudadanos, cuyo grupo ha apoyado continuar con la tramitación del texto porque es "bueno" para los profesionales de Enfermería, para el Sistema Nacional de Salud y para "todos los ciudadanos".

De la misma opinión se ha manifestado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ana Prieto, quien ha asegurado que con esta proposición de ley se garantiza la seguridad del paciente en la atención sanitaria, "independientemente" del lugar donde resida. Además, ha recordado que la ILP ha sido impulsada por Satse, evidenciando así el compromiso de la profesión enfermera por garantizar la seguridad de los enfermos en España.

Asimismo, la diputada de Unidas Podemos María Márquez ha aludido a un estudio llevado a cabo por la profesora de la Universidad de Sevilla, Elena Fernández, que concluye que la carencia de enfermeras eleva la mortalidad de los pacientes y que a partir de nueve pacientes, cada paciente incrementado en la ratio supone que la probabilidades de fallecer aumentan un 19 por ciento.

"En España con el pretexto de la crisis en los últimos ocho años se han destruido 20.000 empleos de Enfermería, tiene una ratio de 5,7 enfermeras por cada 1.000 habitantes lejos del 8,8 de la Unión Europea, por lo que necesitamos incrementar la ratio. Es probable que esta proposición de ley sea susceptible de mejora y quizás es necesario, seguramente, perfeccionar su encaje en el marco competencial y prestar atención a los condicionales demográficos, pero para eso está la tramitación parlamentaria", ha recalcado Márquez.

LA ESCASEZ DE ENFERMERAS ELEVA LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES

De igual modo se ha expresado el diputado de Vox Juan Luis Steegmann, quien, no obstante, ha avisado de que haber tenido una adecuada ratio de pacientes por enfermera no hubiera compensado la "terrible y temible inepcia" del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus.

¿Se hubieran infectado menos enfermeras?", se ha preguntado en el Congreso Steegmann, a lo que él mismo que ha contestado que "no" por la "terrible escasez de equipos de protección individual" que tuvieron estos profesionales de Enfermería y que llevó a Satse a denunciar a España en la Unión Europa el pasado mes de marzo.

Ahora bien, el diputado de Vox ha "saludado" la proposición de ley porque cuenta con un "gran apoyo social y profesional" y porque, a su juicio y el de su grupo parlamentario, es "necesaria para la salud de los españoles y el adecuado ejercicio de la profesión de Enfermería".

"Hay evidencias de que el cociente enfermera por paciente es muy bajo y esto se refleja en más morbilidad y mortalidad, por lo que aumentar la ratio en toda España aumentará la salud de los españoles. Por supuesto que habrá que introducir matices adicionales y ver no sólo la ratio sino también la complejidad, pero apoyamos esta proposición de ley y en estos momentos de desolación de crisis sanitarios necesitamos más y mejores enfermeras", ha apostillado Steegmann.

Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Elvira Velasco ha lamentado el fallecimiento de nueve enfermeras fallecidas por el Covid-19 y ha destacado que la ILP haya estado avalada por más de 660.000 firmas. "Nuestro sistema sanitario es deficitario y la seguridad del paciente debe situarse en el centro de las políticas sanitarias", ha dicho.

Por ello, Velasco ha mostrado el apoyo de su grupo parlamentario a la proposición de ley, recordando que España es el sexto país del mundo con menos enfermeras en relación con su población y ocupando el 22 o 24 de los países de la Unión Europea en número de enfermeras por mil habitantes. "Hay razones suficientes para apoyar esta ILP", ha zanjado la diputada 'popular'.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación sobre la quiebra de la empresa española Zed WorldWide con respecto al multimillonario ruso Mikhail Fridman, que la adquirió por 20 millones de euros.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afirma que en la instrucción practicada no se ha podido demostrar "la participación ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed por parte de Mikhail Fridman". La decisión acordada por el juez es contraria a lo que interesaba el Ministerio Fiscal.

"No existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos", explica el juez instructor en su resolución.

Por ello, considera que mantener imputado al empresario ruso sería "contrario" al principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, ya que no "existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor".

El juez García Castellón acordó la imputación de Fridman en agosto de 2019 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que era la persona que controló toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

EL INFORME DE PWC

En el auto, el magistrado se apoya además en la declaración de julio de 2020 de Edwin Harland, socio responsable de PWC que llevó a cabo la auditoria de ZED entre abril de 2013 y noviembrede 2014, y apunta que éste señaló que "no encontró evidencia alguna que relacionara a Fridman con las sociedades investigadas,ni atribuyó ningún tipo de responsabilidad, constando en lacausa los informes y cartas de PWC".

Indica el juez además que no considera necesario "ni útil ni pertinente" interesar más "papeles de trabajo que nada van a aportar" a la causa teniendo en cuenta la extensa documental obrante, y recuerda que la documental aportada por la defensa de Fridman, los abogados Jesús Santos y Víctor Mercedes del bufete Baker McKenzie, acredita "la inexistencia de un control ni directo ni indirecto ni sobre las sociedades, ni mucho menos sobre la operativa investigada".

Cabe recordar que en agosto de 2019, el magistrado acordó la imputación de Fridman al entender que lideraba presuntamente una operación financiera que llevó a la quiebra a la empresa española Zed WorlWide. Adoptó esa decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase en un escrito en el que consideraba al magnate ruso como la persona que controló toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

Hasta su archivo, Fridman era investigado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración fraudulenta, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

VIMPELCOM Y LA TESIS DE FISCALÍA

La auditoría de PWC al Grupo Zed llegó después de que Vimpelcom, propiedad de Fridman, solicitará una investigación sobre la gestión de unas de las sociedades de la tecnológica ante el "riesgo de una apropiación indebida de activos".

En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide.

Pero un informe policial obrante en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press puso en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostentaba "el poder fáctico y directo" sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.

Así, del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción, el fiscal consideró que el inversor ruso lideró "una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como 'raider' (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas, por lo que pidió su investigación.

Ahora el juez apunta que los mensajes obrantes en las actuaciones e incluso de las referencias a Fridman en las declaraciones "no implica al investigado en las operaciones investigadas, más allá dereferencias de terceros, en las que ninguna intervencióndirecta tiene el investigado". "No se puede sostener una imputaciónpor referencias que hagan terceras personas si no hay pruebaalguna que lo sustente", dice, para añadir que además no gozan de ningún soporte documental.

En su auto, el juez tampoco cree necesario atender la petición de Fiscalía de que delcarara el responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom, Philip Yalovega, y explica que a pesar de los intentos de que se realice, ha sido imposible su práctica.

Los cifras de la incidencia de la COVID-19 en los centros educativos han experimentado un leve repunte respecto a la pasada semana. De hecho, se ha incrementado tanto el número de casos activos como de aulas afectadas y centros que se han visto obligados al cierre debido a la pandemia.

Al menos cuatro escuelas infantiles se encuentran clausuradas por directrices de las autoridades sanitarias. La última de ellas ha sido la Barrio Sésamo 4, del municipio de Lugo, tras detectarse un positivo en sus instalaciones.

Las otras tres guarderías siguen cerradas desde la pasad semana. En concreto, se trata de la escuela infantil Chiquis de Pontevedra y Cáritas Tui-Vigo, esta última de la ciudad olívica, además de la Ludy de Ferrol, que cuenta tan solo con dos positivos.

El total de casos activos se ha incrementado, pasando de los 848 contabilizados el sábado a 902 este mismo martes, del mismo modo que las aulas cerradas en los centros educativos, de 48 a 67 (casi una veintena de diferencia).

El punto de mayor incidencia se encuentran en la zona de influencia de A Coruña. El centro privado plurilingüe La Grande Obra de Atocha no ha experimentado mejoría, de momento, y registra 22 positivos y al menos tres aulas cerradas.

Otro centro especialmente afectado es el IES plurilingüe Pedra da Aguia, del municipio de Camariñas, con 18 positivos y un total de cinco unidades clausuradas. En Fisterra, por su parte, el IES Fin do Camiño contabiliza 12 contagios.

No obstante es la zona de Vigo la que concentra el mayor número de casos en centros educativos, con 202 positivos en activo y al menos 189 aulas y una escuela infantil clausuradas.

En esta zona destaca la situación del CIFP Manuel Antonio, con 16 contagios y un aula cerrada, y el CEE Saladino Cortizo, que mantiene al menos cuatro unidades inactivas debido a nueve positivos.

El área de A Coruña, por su parte, cuenta con 171 positivos y 13 aulas cerradas, mientras que Santiago se sitúa en 158 contagios y diez unidades, experimentando así un repunte respecto a las cifras de la pasada semana.

RESTO DE ÁREAS

En el resto del territorio la situación se mantiene en términos similares, también con incremento de casos.

El área de Pontevedra cuenta con unos 147 positivos en sus centros educativos y al menos siete aulas y una escuela infantil cerrada.

A esta zona le sigue el área de Lugo, con 80 casos y seis aulas afectadas, además de una guardería, y Ferrol con 77 positivos, cinco aulas y una escuela infantil cerrada.

El balance de cifras se cierra con los centros del área de Ourense, con 64 positivos y siete unidades afectadas.

La Reina Letizia se ha reunido este martes con representantes de ONGs españolas en el Valle de Sula (Honduras) que están trabajando en la emergencia y la cooperación en las zonas más afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, han informado fuentes de la Casa del Rey.

Acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, y por el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, la Reina se ha reunido con representantes de Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Médicos Mundi, Entreculturas, Cesal y con el padre Patricio Larrosa, presidente de Acoes, ONG galardonada este año con el premio Rey de España de Derechos Humanos.

Según estas fuentes cooperantes y las ONGs han valorado el impulso político de la cooperación española para la labor humanitaria en Honduras y han destacado que la visita de Doña Letizia contribuye al ánimo de los cooperantes y la esperanza de la población afectada. También han reprochado falta de sensibilidad de medios de comunicación que, a su juicio, no trasladan la realidad ni la dimensión de la tragedia.

La secretaria de Estado de Cooperación, por su parte, ha puesto el énfasis en el impacto de la devastación sobre la educación y la importancia de contribuir a una mejor formación de las nuevas generaciones.

Con ese objetivo, ha destacado un proyecto prioritario de la ayuda de España: el proyecto educativo que pretende impulsar la digitalización de la enseñanza en un país donde se caracteriza por ser rural y diseminada. Precisamente la visita de una escuela va a ser uno de los puntos de la agenda de la Reina en esta jornada en la región De San Pedro Sula.

En su viaje a Honduras, el primero centrado en la Cooperación que realiza este año, Doña Letizia hará entrega simbólica al presidente del país, Juan Orlando Hernández, de un cargamento de ayuda humanitaria destinada a las víctimas de los huracanes, que han obligado a evacuar a medio millón de personas y afectado de una u otra forma a un 40 por ciento de la población del país.

El avión en el que viajó la Reina este lunes transportaba 6,7 toneladas de ayuda, concretamente kits de cocina, lonas de cobijo, catres y material de bioseguridad, según ha informado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Otras 11 toneladas de material humanitario, entre las que se encuentran 2.000 catres y unas 24.000 pruebas de detección de Covid-19, salieron también el lunes de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y 30 más --kits de cocina, mosquiteras, mantas, bidones para transportar agua, lonas y tiendas de campaña familiares-- que llegarán a San Pedro Sula por carretera desde la base humanitaria de la AECID en Panamá.

Entre estos envíos y la ayuda que ya se está distribuyendo en Honduras, el total de materiales enviados asciende a 120 toneladas de ayuda humanitaria.

La AECID valora el coste total de este material y su envío en unos 500.000 euros. Los costes de transporte de la carga serán asumidos, en un 75%, por el programa Team Europe --Equipo Europa--, coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), que aúna recursos de los Estados Miembro y de la UE para cofinanciar la asistencia humanitaria internacional.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que este miércoles analiza en el Ministerio de Sanidad la oferta de plazas de formación de especialistas (MIR), ha reclamado un refuerzo de plantillas y una planificación urgente de los recursos ante los primeros signos que se están detectando de la llegada de una tercera ola de Covid-19.

Teniendo en cuenta la situación actual, la escasez de médicos de Familia y la necesidad de crear plazas de Enfermería Comunitaria, el sindicato reclama la creación de nuevas unidades docentes en los centros hospitalarios (lo que permitiría ampliar las plazas de formación) como la agilización de las acreditaciones.

Según señalan, los delegados de CSIF están comprobando como la situación sanitaria está empeorando en comunidades como la Valenciana o Madrid, y eso les lleva a "ver muy cerca la tercera ola". "Desde hace meses, CSIF está pidiendo un incremento de los recursos humanos y una mejor planificación de su distribución", añade.

Destacan la situación de la Comunidad de Madrid donde observa con "indignación" el traslado forzoso de personal al nuevo Hospital Zendal, procedente de otros centros hospitalarios. "La falta de planificación está provocando el contrasentido de que el personal del Zendal aún no se encuentra al 100 por cien de actividad por la falta de pacientes, mientras que en el resto de hospitales se ha incrementado la carga de trabajo. Por tanto, no es de recibo que con el repunte de casos que se prevé en las próximas semanas, se resten recursos de los hospitales del SERMAS para llevarlos al Zendal", advierten.

En otras comunidades, como Castilla La Mancha o Aragón, aunque la situación se mantiene estable en número de hospitalizaciones y de pacientes en UCI, observan que "los hospitales siguen muy justos de personal y se está reclamando una campaña de contratación, de cara a la vacunación Covid y ante una eventual tercera ola".

Otro problema recurrente son las dificultades de cubrir las bajas de personal contagiado, como sucede en Andalucía. "Aquí, el sistema sanitario público continúa tensionado por la atención a la Covid y aunque se ha logrado estabilizar las hospitalizaciones, nuestros delegados lamentan las bajas de personal sanitario contagiado (a primeros de diciembre se registraban en torno a 1.200 profesionales en incapacidad temporal)", explican.

CSIF insiste en que los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso. Y, en su opinión, el sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha comunicado que actualmente hay cuatro residencias de mayores intervenidas en Baleares por los casos de COVID-19.

En rueda de prensa, Arranz, quien ha estado acompañado por la asesora técnica Margalida Frontera, ha informado de los centros de mayores intervenidos.

En este sentido, ha indicado que las residencias intervenidas son Domusvi, en Santanyí, Seniors Inca, Seniors Pollença y Sant Lluis, en Menorca.

En el caso de la residencia Domusvi de Santanyí hay 19 usuarios contagiados y siete trabajadores; Seniors Inca cuenta con 12 usuarios positivos por coronavirus y ocho empleados; Seniors Pollença tiene 49 mayores con COVID-19 --15 están en la residencia y 31 hospitalizados-- y 11 trabajadores; y Sant Lluis, en Menorca, cuenta con un residente afectado.

Arranz ha subrayado que ante un aumento de casos en las Islas, "acaban subiendo los positivos en las residencias". De ahí, que en sólo siete días se haya pasado de 36 casos activos de residentes a 102, que es la cifra actual.

Sobre la residencia Domusvi de Alcúdia, el brote actual es de 12 residentes positivos y cuatro trabajadores. Arranz ha confirmado que Salud "estudia intervenirla".

Precisamente, el Ayuntamiento de Alcúdia ha confirmado que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "tiene la situación bajo control". El Consistorio ha informado de que los usuarios positivos han sido trasladados al hospital, "con síntomas leves y algunos asintomáticos".

Por otra parte, el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas ha indicado que no tiene constancia de que haya una epidemia de gripe. "Casi se han vacunado un 45 por ciento más de personas que el año anterior", ha concluido.

Odiseo, creado e imaginado por el Grupo Orenes, es un imponente edificio que ha sido creado con el propósito de situar la ciudad de Murcia en el mapa gastronómico, gracias a una propuesta integral de ocio y disfrute en la que la cocina es el hilo conductor y donde figura el restaurante del chef Nazario Cano que acaba de hacerse con una estrella Michelin en la edición 2021 de la prestigiosa guía.

Para el chef, este galardón es "una inyección de energía y motivación para todo el equipo en un año especialmente complicado para el sector" y un reconocimiento al esfuerzo realizado".

Supone, además, un espaldarazo a su carrera y a la valiente decisión del cocinero de abandonar, El Rodat, donde había conseguido su primera estrella en 2017, en busca de nuevos retos profesionales.

"Nos dio mucha pena dejar Jávea, pero estamos muy ilusionados con este proyecto tan especial donde esperamos dar continuidad y estabilidad a la estrella gracias también al apoyo de Grupo Orenes. Creemos que todavía tenemos mucho que dar; esto es solo el principio", añade.

Fuentes de la compañía han destacado que "Odiseo ha sido creado para marcar un antes y un después en la oferta turística del Mediterráneo, hemos querido revolucionar el concepto de ocio integral aunando en un solo complejo la mejor oferta gastronómica con el mejor entretenimiento. Del mismo modo queremos agradecer a la organización de la Guía Michelin por elegirnos y reconocer al equipo de Odiseo por su gran trabajo, algo que sin duda nos impulsará a seguir creciendo"

COCINERO POR VOCACIÓN

Nazario Cano (Alicante, 1973) comenzó su idilio con la profesión a la temprana edad de nueve años, "no por imposición, sino por pura vocación": su abuelo era pescador y su padre, cocinero en La Goleta, un restaurante de cocina tradicional en Alicante, y por eso el mar, los salazones, el olor a carbón y los caldos de pescado que hacían para los arroces marineros están entre sus primeros recuerdos, impregnando de aroma y sabor cada plato que imagina.

A los 12 años siguió a su progenitor hasta El Delfín, donde descubrió productos como el caviar y la trufa, que se llevaba a casa a escondidas para investigar y de los que aun hoy no se ha desprendido su cocina. Más adelante trabajó junto a figuras de la talla de Ramón Roteta, Martín Berasategui, Ferrán Adriá, Manolo de la Osa o Norberto Jorge, de la arrocería Casa Benigna, con quien viajó a Francia para conocer sus grandes comedores con dos y tres estrellas Michelin.

De cada maestro y de cada vivencia, Nazario fue absorbiendo algunos de los rasgos que hoy definen su cocina. Una cocina tan osada en apariencia como esencial en el fondo; donde hay tanta reflexión como intuición (la propia materia prima es la que lo inspira); que puede definirse como de autor pero también como de terruño, ya que se adapta a la despensa local del lugar en que se encuentra en cada momento; que resulta divertida (por estética, insólita, fácil de compartir...) pero, al mismo tiempo, reverencia un producto de primera y en la que se vale de técnicas primitivas (salazones, ahumados, sustanciosos caldos y fumets, etc.) en pro de reforzar el sabor.

DISTINTOS CONCEPTOS

En Odiseo ha creado un repertorio inagotable de conceptos culinarios que hacen que cada visita sea única y distinta a la anterior. "Otros colegas tienen que coger un avión para visitar sus diferentes negocios; yo, por suerte, solo tengo que tomar el ascensor", explica el chef, cuyo cargo en este nuevo proyecto bien podría ser el de responsable de emociones.

"Me gusta decir que un cocinero no duerme, sueña, porque nuestra misión no es solo dar de comer bien, sino sorprender y hacer disfrutar al comensal", explica.

En el restaurante informal del complejo Nazario ofrece un completo recorrido por su desbordante creatividad a través de más de un centenar de platos y pequeños bocados; en el piano bar --llamado Bar Rojo-- ha diseñado una carta de cocina nikkei resultado de los cuatro años que vivió en Perú; y en el restaurante gastronómico --premiado con su primera estrella Michelin-- recoge, a través de los menús Aglaia (90 euros) y Ares (60 euros), su esencia más pura.

Esta herencia es "la querencia al mar que heredó de su abuelo; el domino de los arroces, que también le viene de cuna; la destreza con la caza y el guiso que adquirió en Las Rejas; la precisión técnica de los padres de la vanguardia vasca; el gusto por la parrilla y el sarmiento del clásico comedor norteño; su capacidad para mimetizarse con el entorno al reinterpretar productos y recetas murcianas y, cómo no, su manera de dar sentido y valor al concepto de mar y montaña en carnes que encuentran su enjundia en un fondo marino o en pescados y mariscos enriquecidos con sutiles pinceladas cárnicas".

Todo ello está arropado por un servicio de sala y un equipo de profesionales de primerísima división que hacen de Odiseo un espacio único en el Mediterráneo.

ODISEO EN CIFRAS

Odiseo un proyecto sin precedentes en nuestro país que alberga, en sus 15.000 metros cuadrados distribuidos en sus tres alturas, los tres restaurantes de Nazario Cano, el renovado casino de Murcia, una sala de espectáculos, tres terrazas y una discoteca.

Tiene capacidad para 2.000 personas, ha dado trabajo a más de 280 profesionales -entre ellos, 45 cocineros y una compañía teatral propia- y ha sido posible gracias a una inversión de 35 millones de euros por parte del Grupo Orenes, uno de los grandes referentes del ocio en España.

Además de la propuesta culinaria, destacan la arquitectura y el interiorismo de Odiseo, obra del murciano Manuel Clavel, y muy especialmente la piscina situada en la azotea del edificio que se posiciona como la piscina voladiza más grande de Europa y segunda del mundo.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha achacado la subida de casos de coronavirus en Mallorca al "aumento de la movilidad" por las compras en jornadas como el 'Black Friday' y el Puente de la Constitución.

En rueda de prensa, Arranz, quien ha estado acompañado por la asesora técnica Margalida Frontera, ha valorado este martes la situación epidemiológica en Baleares. El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares ha advertido de que Mallorca está "en una línea ascendente de casos".

"Mallorca está en una situación de número de casos claramente ascendente", ha remarcado Arranz, quien ha asegurado que quedan "por delante días muy difíciles" porque las personas con síntomas "han aumentado". "Esto implica mayor posibilidad de ingresos y, por tanto, de entrada en UCI", ha señalado.

Con datos de este martes, las Islas se sitúan en los 5.474 casos activos y la incidencia acumulada en 306 casos por 100.000 habitantes. En el caso de Mallorca, esta última cifra está en 348, Ibiza, en 92, Menorca, en 164 y Formentera, en 82.

En cuanto a los datos de incidencia acumulada en los últimos siete días, Mallorca está en 202. "Esta cifra supone más de la mitad de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas en la Isla, con lo cual evidencia que los casos seguirán subiendo", ha explicado Arranz.

Del mismo modo, Arranz ha confiado en el ejemplo de Ibiza para que las medidas tomadas --Mallorca está desde este martes en nivel 4 de alerta ante las COVID-19-- funcionen. "En Ibiza también ha ayudado el comportamiento de la población", ha añadido.

Igualmente, el portavoz de Salud ha indicado que la incidencia acumulada entre personas mayores de 65 años ha subido en Mallorca, así como los brotes y los ingresos hospitalarios.

Respecto a que las Islas sean ahora la comunidad con mayor incidencia acumulada en los últimos 14 días de España, Arranz ha subrayado que en la Península vienen de semanas de restricciones y, en consecuencia, "la mayoría ha bajado los casos". "Esperemos que en Mallorca pase lo mismo", ha pedido.

Por último, Frontera ha descartado que el aumento de casos en la Isla desemboque en el cierre de los colegios. Para la experta, no hay un "factor importante de propagación" de los casos en las escuelas. "El riesgo no está ahí", ha concluido.

Castilla y León contabiliza un total de 133.418 positivos por coronavirus, de ellos 379 nuevos, junto con 16 nuevas víctimas mortales (diez de ellas en hospitales y seis en residencias) y un total de 18.817 altas hospitalarias, de ellas 79 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este martes registran diez fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.994 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 18.817, tras sumarse otras 79 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 258 y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 3.356. De ellos, Ávila contabiliza 15, los mismos; Burgos, 35, tres más que el día anterior; León, 24, cinco más; Palencia, 25, uno más; Salamanca, 28, uno más; Segovia, 19, cuatro más; Soria, 13, uno más; Valladolid, 71, 17 más, y Zamora 28, tres más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 133.418 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 379. Según los datos de la Administración regional, 126.636 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

BURGOS SUMA 40 NUEVOS POSITIVOS Y CINCO FALLECIDOS

Por provincias, Burgos es la que suma más nuevos positivos con 87 y 23.726; le sigue Salamanca, con 73 y 18.393; Valladolid, con 68 y un total de 30.677; León, con 63 y 21.751; Palencia, con 31 y un total de 9.260; Zamora, con 21 y 8.551; Segovia, con 17 y 8.146; Ávila, con 14 y 7.147, y Soria, con cinco y 5.768.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.994, diez más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 826 --dos más--, le sigue Valladolid con 792 --tres más--; a continuación figura Salamanca, con 617 --los mismos--; Burgos alcanza 539, cuatro más; Zamora anota 307 --uno más--; Segovia se sitúa en 261 --los mismos--; Ávila 242 --los mismos--; Palencia, 237 --sin variación--, y Soria, 173 --los mismos que ayer--.

En el caso de las altas, un total de 18.817, se han computado 4.555 en Valladolid; 3.416 en León; en Salamanca 2.671; en Burgos 2.680; en Zamora 1.317; en Segovia 1.196; en Ávila 1.166; en Palencia, 1.087, y en Soria 729.

CUATRO PACIENTES MÁS EN UCI

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo de la COVID-19 un total de 857 personas, 33 MENOS. Los pacientes que se encuentran en planta se sitúan en 655, 37 menos, y los hospitalizados en unidades de críticos 169, cuatro más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 51 por ciento de las camas en unidades de críticos, un punto por encima de la tasa del lunes.

Así, se informa de 40 en el Complejo Universitario de Burgos; 31 en el Clínico Universitario de Valladolid; 27 en el Universitario Río Hortega de Valladolid; 15 en el Complejo Asistencial de León, 14 en los de Salamanca y Palencia; nueve en El Bierzo; siete en el Complejo de Zamora; seis en el de Soria, y tres en Ávila y Segovia.

ONCE INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.611 --11 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.506 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 11 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.611 finados hasta el momento, 2.049 personas han perdido la vida en su residencia o centro, seis más que el dato de ayer, mientras que cinco personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.562.

Un total de 25 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, cinco más que en la jornada previa, y 897 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 25 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se sitúa en los 289, uno más, de ellos 172 con positivo confirmado, uno más, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 31 residentes, dos más que ayer, y se sitúa en 915, ocho menos, el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, sin variación, mientras que 25 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos también.

Las concejalías de Educación, Medio Ambiente y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas han unido sus esfuerzos estas Navidades para canalizar todo el cariño de los escolares del municipio a los mayores de las residencias a través de 'Navidad con nuestros mayores'.

La iniciativa se desarrolla con dos acciones diferentes con el mismo objetivo de "animar y acompañar a estas personas, que están sufriendo un duro golpe desde el inicio de la pandemia y afrontan en las próximas semanas unas Navidades en las que muchos de ellos no van a poder contar con el cariño cercano de quienes más les quieren", según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Por un lado se ha propuesto a los centros escolares del municipio que propongan a los alumnos que consideren la creación libre de cartas, dibujos, poemas o cualquier otro trabajo creativo que sirva para expresar este cariño o el mensaje que le quieran hacer llegar a nuestros mayores. La respuesta de los colegios ha sido "masiva", con la participación de la mayor parte de los centros roceños.

Los trabajos realizados ya se han recogido y se están encuadernando para entregarlos, repartidos en varios tomos, a los centros, quienes los pondrán a disposición de los mayores.

Entre las creaciones de los alumnos que compondrán estos tomos se encuentran desde cuentos escritos por toda una clase hasta dibujos, poemas y sobre todo muchas cartas en las que escolares de todas las edades expresan "con ternura" su cariño a los mayores.

Por otro lado, se ha propuesto a las Ecoescuelas del municipio que se hagan cargo de la plantación y primeros cuidados de las semillas cedidas por el Ayuntamiento, para regalar a los mayores de estas residencias, junto con los tomos de mensajes de cariño, más de 1.000 plantas aromáticas.

En total entre las dos acciones 25 colegios se han querido sumar a la iniciativa, que en pocos días habrá culminado con el reparto de los trabajos a las siete residencias de ancianos de Las Rozas, además de la ubicada en Molino de la Hoz pero perteneciente al municipio de Galapagar. En cuanto a las plantas aromáticas, solamente cinco de estas ocho residencias han querido participar en la iniciativa.

"Sabemos que van a ser unas Navidades difíciles para muchos de nuestros mayores y hemos querido que sepan que no están solos y que estamos orgullosos de ellos, por eso estamos muy contentos con la magnífica respuesta por parte de los colegios y de todos los alumnos que han participado. Confiamos que ello, entre todos, logremos llevar al menos un poco de todo el cariño que la sociedad roceña tiene por sus mayores", ha declarado el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.

El próximo día 22 de diciembre, coincidiendo con el último día lectivo del año, será el día en el que las residencias reciban tanto los tomos con los trabajos de los escolares como las plantas, tras haber pasado por las medidas preventivas necesarias para evitar posibles riesgos de contagio de Covid.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha calificado de "deleznables" las declaraciones del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sobre la repetición del juicio al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el 'caso Bateragune' y las ha relacionado con el apoyo de esta formación a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Ábalos defendió este lunes que, igual que hay que distinguir las "acciones personales" del rey emérito, Juan Carlos I, y sus supuestas irregularidades fiscales de lo que es la institución de la monarquía, en el caso del juicio que el Tribunal Supremo ha ordenado repetir a Otegi y a varios miembros de la antigua cúpula de Batasuna hay que tener claro que se va a procesar a determinadas personas, no a un partido o a un grupo parlamentario.

En rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, Bal ha dicho que las declaraciones de Ábalos le parecen "absolutamente vergonzosas, bochornosas y deleznables" porque no se puede argumentar que "esto es una cosa personal del señor Otegi".

No sé si ustedes recuerdan que había una banda terrorista en su día que mataba a gente inocente", más de 800 personas, y "parece ser que algunos señores colaboraron con ella, pero pelillos a la mar; esto es lo que ha venido a decir el señor Ábalos", ha indicado el diputado de Cs.

PARA ÁBALOS, ETA "YA NO IMPORTA"

En su opinión, el dirigente socialista ha dado a entender que "la democracia ya no importa, ni ETA, ni Otegi, ni quien estaba en la cúpula de Batasuna". Según ha recalcado, la Justicia determinó que este partido "formaba parte del entramado de ETA" y que "estas personas trataban de reconstituir Batasuna como parte de ETA, colaborando presuntamente con una banda armada".

"Qué caros le están saliendo a la dignidad y a la memoria de millones de españoles los cinco votos de Bildu a los Presupuestos. Y qué pena, porque el Gobierno podría haber elegido los diez votos de Ciudadanos, haber mantenido la dignidad del Gobierno de España y podido mirar a los ojos a las víctimas de la banda terrorista ETA", ha manifestado.

Sobre la decisión del Tribunal Supremo de seguir el criterio de la Fiscalía y pedir un nuevo juicio en la Audiencia Nacional a los condenados por el 'caso Bateragune' --tras anularse la sentencia de 2012 por falta de imparcialidad del tribunal, según concluyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos--, Bal ha afirmado que Cs, como siempre, respeta las decisiones judiciales.

NO ES "VENGANZA DEL ESTADO", SINO JUSTICIA

Pero, además, considera que en este caso la resolución es "un motivo de celebración para los demócratas" y para quienes creen en el Estado de Derecho. Según ha señalado, es necesario "llegar al descubrimiento de la verdad" en este juicio "para que los presuntos dirigentes de una banda terrorista tengan que rendir cuentas" de sus actos.

"Esto no es, como dicen los dirigentes nacionalistas, una venganza del Estado. No, se llama justicia, es aplicar el Derecho y conocer la verdad de lo que sucedió", ha defendido, reivindicando "memoria, dignidad y justicia" para las víctimas del terrorismo.

La Audiencia Nacional deberá juzgar de nuevo a Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí, que fueron condenados a penas de entre seis años y seis años y medio de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha rechazado el recurso de reforma presentado por Vox contra la decisión de archivar la parte del 'Delcygate' que se investigaba en esta sede judicial por un presunto delito de prevaricación contra varios funcionarios por la escala que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero.

El partido liderado por Santiago Abascal ve así frustrada su pretensión de que el juez Antonio Serrano-Arnal rectificara el auto de sobreseimiento que dictó el pasado 11 de noviembre, aunque contra la decisión adoptada este martes cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La parte del 'Delcygate' que se instruía en este juzgado madrileño partía de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez durante dicha escala, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.

Serrano-Arnal, siguiendo el criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid, decidió archivar el caso por considerar que las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles, entre las que se cuenta la terminal ejecutiva y su sala VIP, donde estuvo la dirigente venezolana, no pueden considerarse territorio español.

El 'Delcygate' también llegó al Tribunal Supremo (TS) por sendas querellas presentadas por Laócratas y Vox contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación por reunirse en Barajas con Rodríguez.

El pasado 26 de noviembre, el alto tribunal optó igualmente por cerrar el caso pero en su razonamiento se desmarcó del criterio tanto del juzgado y de la Fiscalía de Madrid como de la propia Fiscalía del Supremo, al considerar que Rodríguez entró en territorio español desde el mismo momento en que su avión irrumpió en el espacio aéreo de España y que, en consecuencia, se violaron las sanciones de la UE.

No obstante, el TS decidió archivar el 'Delcygate' argumentando que dichas medidas punitivas "tienen una naturaleza esencialmente política", de modo que su control también debe ser político, no judicial. Tanto Laócratas como Vox han recurrido el cierre del caso en el Tribunal Supremo.

PUNTO DE ENTRADA ADMINISTRATIVO

Vox fundamentó su recurso de reforma en el auto del Tribunal Supremo, agarrándose a que reconocía que Rodríguez estuvo en territorio español. Sin embargo, Serrano-Arnal ha desechado este argumento aduciendo que, "a efectos administrativos, ha de existir un punto de entrada en el territorio nacional".

"Lo contrario nos llevaría a que todas y cada una de las compañías aéreas o marítimas que operan internacionalmente tendrían que poner en conocimiento de cada Estado que sobrevuele o navegue (...) la identidad de su pasaje y tripulación a fin de controlar que ninguno de ellos sea sujeto de iguales restricciones que las que afectan a la mandataria de la República de Venezuela", ha sostenido.

En cambio, el titular del juzgado madrileño sí ha asumido el auto del Tribunal Supremo por cuanto establece la "atipicidad" de los hechos por ser solo susceptibles de control político. "No cabe sino la desestimación del recurso de reforma interpuesto, ya que no es posible la iniciación de procedimiento penal alguna en tales condiciones", ha concluido Serrano-Arnal.

LA ESCALA EN BARAJAS

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' del Gobierno de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Qatar. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen --incluida España-- por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

La población residente en España ha experimentado el mayor crecimiento desde el año 2008 y en 2019 se situó en 47.332.614 habitantes, el máximo de la serie, según las cifras de Población a 1 de enero de 2020 publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo a estos datos, la población aumentó en 395.554 personas durante 2019, año en el que se superó los 47 millones de habitantes por primera vez en la estadística.

En 2019, llegaron a España 750.480 inmigrantes procedentes del extranjero, lo que supone un 14,2% más que en 2018 y la cifra más elevada desde 2008. De ellos, 666.022 tenían nacionalidad extranjera y los 84.458 restantes eran españoles.

Por otro lado, se registraron 296.248 emigraciones con destino al extranjero, la cifra más baja desde 2009. Así pues, en 2019 hubo un saldo migratorio positivo de 454.232 personas y, de hecho, es el mayor saldo migratorio de la serie iniciada en 2008, según el INE.

Por su parte, en 2019 hubo un saldo vegetativo negativo de 58.762 personas, al producirse 359.941 nacimientos, frente a 418.703 defunciones. Así, el saldo vegetativo negativo se vio compensado por el saldo migratorio positivo, lo que ha provocado un incremento poblacional durante el año 2019 en 392.921 personas.

De acuerdo a los datos del INE, la población no crecía tanto desde 2008 --año en el que la población aumentó en 570.333 personas--. En términos relativos, la tasa de crecimiento anual de la población se ha acelerado desde el 0,60% de 2018 hasta el 0,84% de 2019.

AUMENTA LA POBLACIÓN EN 14 CCAA

Por territorios, los datos del INE reflejan que durante el año 2019 la población creció en 14 comunidades autónomas y se redujo en tres (Castilla y León, Asturias y Extremadura), así como en Ceuta y Melilla.

Los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Baleares (1,90%), Comunidad de Madrid (1,59%) y Canarias (1,38%).En el otro extremo, los descensos de población más acusados se dieron en Extremadura y Principado de Asturias (ambas con -0,34%) y Castilla y León (-0,27%).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo. El número de extranjeros aumentó en 386.699 personas durante 2019, hasta un total de 5.226.906 a 1 de enero de 2020. De hecho, por primera vez desde 2013 se vuelven a superar los cinco millones de extranjeros.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO

Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 8.855 personas. Esta evolución fue resultado de un saldo vegetativo negativo, que no se vio compensado ni por el saldo migratorio positivo, ni por las adquisiciones de nacionalidad española (que afectaron a unas 98.800 personas).

Con estas tendencias demográficas, apunta el INE, España ganaría casi un millón de habitantes en los 15 próximos años y más de tres millones hasta 2070. Además, la población de 65 y más años supondría el 26,5% del total en el año 2035, siendo en 2020 de un 19,6%, la cifra más alta de la serie histórica.

En este sentido, el estudio refleja que La edad media de la población de España aumentó 0,2 años entre 2020 y 2019, situándose en 43,6 años. Es también la más elevada de la serie, que comienza en 1975.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este martes que su departamento está trabajando en la reforma relativa a los delitos de sedición y rebelión contemplados en el Código Penal, si bien aunque estaba previsto que ésta estuviera lista antes de finales de año, ha indicado que no tiene "fecha exacta".

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

Preguntado sobre cuándo cree que el Congreso de los Diputados podrá aprobar esta reforma del delito por el que el Tribunal Supremo condenó a nueve de los doce líderes del 'procés' independentista en Cataluña, el titular de Justicia ha señalado que no tiene "fecha exacta".

"Evidentemente se está trabajando" en ello, revisando los códigos penales de países del entorno, como Alemania, Portugal, Francia o Italia, ha explicado.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de noviembre, el ministro apuntó que el "calendario normativo" establecía que esta modificación del Código Penal se acometería a finales de este año. No obstante, hace dos semanas, concretamente el pasado 30 de noviembre, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ya destacó que no se sentirá "en absoluto incumplidor" si el anteproyecto se presentaba más tarde de lo inicialmente fijado.

TEXTOS "RAZONABLES"

Con todo ello, el ministro ha defendido que lo importante es que los textos que se lleven al Consejo de Ministros para que se inicie su tramitación parlamentaria sean "razonables, sesudos" y en "armonización del derecho europeo".

Por otro lado, en relación con los condenados por el proceso independentista de Cataluña, Campo ha rechazado que haya algún tipo de "apriorismo" en relación a los indultos solicitados. En este sentido, ha recordado que el derecho de gracia está marcado por ley del indulto de 1870.

Así, ha reiterado que "hay que esperar" a ver lo que dice en sus respectivos informes el tribunal sentenciador, la Fiscalía y los centros penitenciarios en los que se encuentran cumpliendo condena para "hacer una valoración" de cada caso concreto. "Por tanto, no hay ningún 'a priori'", ha añadido.