Luis Jhon Castro Ramírez, 'El Zarco', un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional (ELZ) colombiano, ha señalado este jueves ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no acepta ser extraditado a su país de origen porque, asegura, no ha asesinado a nadie sino que fue el denunciante por el que la Justicia del país supo de determinados hechos. "Y a mi me quieren crucificar, por lo que no acepto la extradición, porque a mi me callarían, hoy en día tanto la guerrilla como el ejército me buscan", ha apuntado.
Este jueves se celebra la vista de extradición de 'El Zarco', detenido en febrero en Alicante, después de que fuera reclamado por Colombia por dos procedimientos diferentes, al tener pendiente una condena de 40 años de prisión por homicidios de personas protegidas y concierto para delinquir agravado.
A 'El Zarco' se le imputan hechos como la captación y posterior entrega de 14 jóvenes a unidades militares en el Valle del Cauca y Tolima, que posteriormente fueron asesinados y presentados como bajas de combate.
Su reclamación internacional se remonta a 2007, cuando el prófugo participó en el asesinato de cuatro personas. También fue el responsable de la muerte de otras seis en el municipio de Coyaima, donde miembros del Ejército de Liberación Nacional las ejecutaron para hacerlas pasar por víctimas.
Pero hoy ante el tribunal Castro Ramírez ha negado la mayor y ha defendido que ni recibió dinero ni mató a nadie, y ha apuntado que tuvo que huir de su país junto a su familia después de confiar en la Fiscalía de su país porque le quisieron asesinar hasta en dos ocasiones. "Mi casa me la ametrallaron después de que declarara en 2000 ante la fiscal, por eso no regresé a Colombia, porque me quieren asesinar", ha incidido al inicio de la vista.
Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene lo defendido en su informe, e interesa la extradición de 'El Zarco'. Entienden que se cumplen los requisitos de legalidad, audiencia y doble incriminación que fija el convenio extradicional, ya que los hechos por los que se le reclama están castigados tanto en España como en Colombia a penas superiores a un año, y además no han prescrito.
Añaden que las razones por las que se reclama a 'El Zarco' no son de carácter político ni puede aventurarse que el detenido sufra persecución injusta por motivos religiosos, raciales o políticos en su país de origen, por lo que no hay razones que impidan su entrega, que se ha visto retrasada por motivo del covid-19.
LAS PALABRAS DE IVÁN DUQUE
Pero la defensa de 'El Zarco' se opone a que sea entregado a Colombia porque en el conflicto armado colombiano se han dado violaciones de los derechos humanos y "el estado no ha quedado al margen". En este sentido, ha indicado que Castro Ramírez estuvo a punto de ser "un falso positivo más" y que lo que hizo fue convertirse en denunciante.
Indican que no se cumple con el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a un juicio justo dado que el presidente colombiano, Iván Duque, declaró recientemente sobre Castro que era un bandido de alta peligrosidad que debía ser extraditado para responder en Colombia por sus crímenes. "No se puede permitir la extradición porque ya ha sido condenado sin juicio previo", ha indicado la defensa para preguntarse luego "dónde queda la presunción de inocencia".
Por otro lado, ha indicado que el tipo punible de homicio en persona protegida requiere que lo cometa un actor armado de un grupo que forme parte del conflicto armado colombiano, y ha explicado que Castro "no consta" que fuera actor armado.
Además, ha indicado que en el expediente de extradición no se afirma que haya causado la muerte a persona alguna. E incide en que la solicitud de extradición aclara que fueron militares los que cometieron el delito por lo que su cliente no es autor material.
A esto ha sumado que no se cumple con el requisito de doble incriminación, y sobre el delito de concierto para delinquir ha explicado que fue el Gobierno quien en aras a erradicar los grupos guerrilleros creó una red de informantes civiles para acabar con los insurgentes.
"Se ha de destacar que él mismo fue obligado por los militares a integrarse en redes de apoyo para captar información", ha explicado, para luego añadir que difícilmente se puede hablar de concierto para delinquir "máxime cuando la red surge del propio gobierno colombiano". Por todo esto ha interesado su puesta en libertad y que no se lleve a cabo su extradición
