La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha urgido este lunes a alcanzar un acuerdo para formar un Govern y ha asegurado que esta semana habrá una «aceleración» de las negociaciones que mantiene con Junts, la CUP y los comuns.

«Cada día que pasamos sin un acuerdo, sin poder concretar un gobierno y las mayorías parlamentarias, cada día que pasamos sin tener un instrumento al servicio de la ciudadanía, quien sale perdiendo es la ciudadanía», ha advertido en rueda de prensa telemática.

Vilalta ha sostenido que están trabajando para tener un acuerdo lo más pronto posible: «Si puede ser esta semana, mejor que la semana que viene», y ha destacado que tiene buenas sensaciones por cómo están yendo las negociaciones.

También ha anunciado que este jueves por la tarde el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, dará una conferencia dirigida a la ciudadanía para exponer las «líneas maestras» que debe tener la próxima legislatura y el nuevo Govern.

CUATRO EJES

La portavoz republicana ha explicado que en las negociaciones ERC está planteando la acción del próximo Govern en cuatro ejes: un plan de rescate social inmediato, un plan de reconstrucción y transformación «para construir la Cataluña» del futuro, un pacto antifascista para garantizar derechos y libertades para todos, y construir las bases para avanzar hacia la independencia.

Ha desgranado que para el plan de rescate social proponen un plan de ocupación y emancipación juvenil, un plan de choque contra la pobreza, garantizar el acceso a los servicios básicos, subvenciones para los productos de higiene femenina para acabar con la «pobreza menstrual», un plan de salud mental, y un plan de choque por la vivienda y hacer frente a los desahucios.

Sobre la reconstrucción, ha dicho que se trata de un plan a medio y largo plazo en el que incluye un fortalecimiento del sector publico para «reforzar el estado del bienestar», la gratuidad de la educación 0-3 años, un plan nacional para la transición ecológica, el despliegue de la agenda rural para el equilibrio territorial y doblar el presupuesto en cultura, entre otras cuestiones.

Para llevarlos a cabo, Vilalta ha apuntado que uno de los instrumentos imprescindibles son los Presupuestos de la Generalitat y ha asegurado que están trabajando «en paralelo en una propuesta para poder consensuar, negociar y acordar» las cuentas catalanas del próximo año.

QUERELLA CONTRA TORRENT

Además, ha señalado que en el ámbito de la independencia ERC prioriza la negociación con el Gobierno central para «hacer posible un referéndum, el fin de la represión y la amnistía».

La dirigente republicana ha reivindicado la necesidad de esta negociación también tras la querella que la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la Mesa de la Cámara por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por haber admitido a trámite resoluciones sobre la autodeterminación y la Monarquía.

Vilalta ha dicho que «por mucho que intenten censurar» seguirán criticando las prácticas de la Monarquía y defendiendo la autodeterminación, y ha defendido que en el Parlament se puede hablar de todo.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Preguntada sobre quién debería asumir la Presidencia del Parlament, ha rechazado posicionarse para no entorpecer las negociaciones, pero ha apostado por que este cargo lo ostente una persona independentista y de izquierdas.

Asimismo, ha rechazado la propuesta de los comuns de hacer un Govern ERC-comuns con el apoyo externo del PSC: «Con el PSC no hay nada a pactar ni nada a sumar».

El director general de À Punt, Alfred Costa, ve el vaso «medio lleno» para llegar a la reciprocidad con TV3 y IB3: «Yo veo el vaso medio lleno. Hay mucho avanzado y es un debate que está también en manos de la capacidad técnica. Nuestra voluntad es ir ocupando la mayoría de las ventanas para hacernos visibles».

Costa se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa de presentación del largometraje participado por las tres televisiones autonómicas ‘Frederica Montseny, la dona que parla’, que se estrenará simultáneamente en las tres cadenas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Costa, preguntado por si considera imprescindible la reciprocidad, ha afirmado que en estas cosas «siempre» ve el vaso «medio lleno»: «Estas colaboraciones que hacemos –en relación a la película– tienen un mercado industrial muy importante; nosotros tenemos un compromiso a la hora de invertir en producción valenciana y estos proyectos a tres bandas amplían el vaso que veo medio lleno».

Costa ha señalado que ahora mismo todas las televisiones están «ocupadas y preocupadas» por comenzar a ganar terreno: «Somos conscientes en la Comunitat de que desde las plataformas que ofrecen servicios de televisión de pago haya una reciprocidad para que los valencianos podamos ver todas las autonómicas que queremos, cosa que nos consta que se pueden ver ahora mismo».

«Pero creo que no estamos sintonizados en algunos canales donde los valencianos pueden ver todas las autonómicas», ha agregado, por lo que ha afirmado que le gustaría que hubiera también reciprocidad en la reivindicación o reclamación de otros territorios a la hora de que la señal valenciana se vea en Galicia, Euskadi, Andalucía, Cataluña o Baleares.

Por otro lado, ha comentado que están trabajando para que haya una reciprocidad también digital: «Mis compañeros son conscientes de que en Forta se está trabajando para ofrecer nuestros productos, y ahí están también los gallegos o los vascos, los que compartimos lengua propia e idiosincrasia propia», ha dicho.

Por su parte, Vicent Sanchis, director de TV3, ha manifestado sobre la reciprocidad que hay indicaciones políticas y también dificultades técnicas, y esto son temas que se les escapan a los directores de los medios.

Así mismo, Andreu Manresa, director general de IB3, ha señalado que desde 2015 la reciprocidad existe entre Cataluña y Baleares y existe una reciprocidad virtual en internet, que es una «enorme» plataforma donde hay contenidos en catalán, audiovisuales, culturales, informativos y de entretenimiento y «esperamos que los de À Punt se sumen cuando puedan y quieran», ha dicho.

PLATAFORMA BON DIA TV

Por otro lado, Costa, en relación con la adhesión de À Punt a la plataforma Bon Dia TV, ha explicado que el Consell Rector ha hecho una serie de observaciones al convenio, de carácter jurídico-legal y también de carácter técnico, y «ahora están en ese punto».

Ha comentado que desconoce la fecha exacta en la que la cadena valenciana se adherirá a la plataforma pero ha indicado que está «avanzada» la redacción y los detalles de la misma: «Ya se ha desarrollado una selección de contenidos para subir a la plataforma y la fecha no será muy lejana», ha insistido.

Con esta participación, la idea de À Punt es mejorar la propuesta de difundir productos turísticos, culturas, gastronomía y valores de los valencianos, ha explicado Costa. «Se hará en esta plataforma y seguramente nos adheriremos a otras más», ha avanzado.

Casi el 30% de las mujeres participantes en los programas de empleo de Acción contra el Hambre consideran que la pandemia ha limitado sus oportunidades laborales, frente al 15,5% de los hombres, según un estudio realizado por la ONG.

«Las mujeres son uno de los colectivos que más está sufriendo las consecuencias económicas y sociales de esta crisis sanitaria, con implicaciones significativas para su salud en sentido amplio», asegura la organización en un comunicado, con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

Según la encuesta de Acción contra el Hambre, basada en entrevistas a 2.138 personas participantes en los programas de empleo inclusivo de la organización, una de cada tres mujeres han conseguido un contrato por 1.000 euros frente a dos de cada tres hombres que sí lo alcanzan.

Además, el ‘índice de empoderamiento’, un indicador de Acción contra el Hambre que tiene en cuenta si ha mejorado la situación de los beneficiarios de los programas en el mercado de trabajo, si se encuentran con más motivación y si ha mejorado su entorno familiar, ha descendido en este 2020, tanto en hombres como mujeres.

«Al empeorar la situación económica y laboral global en España, las personas han percibido que su situación en el mercado de trabajo es peor que el año anterior, por las dificultades para encontrar empleo, la precarización, etcétera», ha declarado la responsable de los programas de empleo en Acción contra el Hambre, Lorena Hernández.

Además, la ONG señala que las mujeres han liderado los cuidados de mayores y niños mientras cubrían trabajos esenciales durante el confinamiento. «Se encargan de la limpieza de hospitales, son auxiliares de enfermería, enfermeras, médicas, farmacéuticas, dependientas de supermercados. Son las principales cuidadoras de la infancia y de las personas mayores. Y somos las que mayoritariamente atendemos la intendencia de la casa y sus múltiples tareas», ha precisado Hernández.

Además, la ONG advierte de que los trabajos precarios e informales han sido los más perjudicados. «Especialmente grave ha sido el caso del empleo doméstico, reducido drásticamente desde el confinamiento. Estos sectores, copados por mujeres, han dejado de reportar ingresos», ha manifestado la experta.

Por otro lado, el equipo técnico de Acción contra el Hambre ha constatado que mujeres participantes de sus programas de empleo que habían decidido volver a formarse «se han visto privadas de esta posibilidad al no disponer de dispositivos electrónicos o al tener que dedicar todo el tiempo a los cuidados de la familia».

Así, de los datos se desprende que casi el 23% de las mujeres con hijos no han tenido acceso al ordenador siempre que lo han necesitado, frente al 15% de los hombres con menores a cargo. Hernández ha advertido de que, si está situación se mantiene en el tiempo, «las mujeres estarían todavía más expuestas a caer en exclusión».

Por otro lado, la ONG pone de relieve que el desempleo ha originado más ansiedad en mujeres que en hombres. «Hemos observado un aumento de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o pensamientos derrotistas entre las personas participantes de nuestros programas de empleo y emprendimiento», ha indicado Hernández.

En concreto, el 39,3% de las mujeres encuestadas ha manifestado haber sufrido muchas veces o de forma constante malestar psicológico durante la pandemia. Si se trata de familias con hijos, en el caso de las mujeres, este porcentaje sube al 40,9% frente al 27,1% de los hombres. El grupo que ha sufrido mayor malestar psicológico ha sido el de mujeres menores de 30 años, especialmente aquellas con menores a su cargo.

Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años y diez meses por el ‘caso Nóos’, ha ingresado antes de las 11.00 horas de este lunes en el centro penitenciario de Zaballa, donde cumplirá el resto de su pena en régimen abierto, de forma que solo dormirá en prisión de lunes a jueves, según han informado a fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El ex duque de Palma ha formalizado documentación de la prisión alavesa y ha visitado el módulo destinado a presos que se encuentran en semilibertad y que duermen en celdas individuales de 13 metros cuadrados.

Posteriormente, sobre las 12.30 horas, se ha podido ver el coche de Mikel Urdangarín, con los cristales traseros tintados, en la casa de su madre, Claire Libaert, en Vitoria. El vehículo solo ha permanecido unos cinco minutos escasos en el lugar. Este pasado domingo ya se pudo ver a Urdangarín por la ciudad alavesa, donde residirá los fines de semanas con su madre.

El recluso dormirá de lunes a jueves en la cárcel de Zaballa, a unos kilómetros de Vitoria, y trabajará durante el día como consultor en un bufete de abogados en Vitoria, ubicado en la céntrica Plaza de Los Fueros.

El marido de la infanta Cristina ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en junio de 2018 tras ser condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por el ‘caso Nóos’.

En septiembre del pasado año comenzó a realizar labores de voluntariado en una ONG de Pozuelo de Alarcón para atender a personas con discapacidad, y en enero fue trasladado al Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares (Madrid).

A Iñaki Urdangarin se le concedió el tercer grado penitenciario o régimen abierto el pasado mes de enero, e Instituciones Penitenciarias autorizó su traslado a la cárcel de Zaballa, una vez que el recluso acreditó que tenía una oferta de trabajo en Vitoria, donde tiene arraigo social.

Urdangarin ya visitó Vitoria durante Nochebuena y Navidad, días que festejó con su familia en casa de su madre. El preso, cuya pena expira oficialmente a principios del 2024, tendrá que someterse a un programa de reinserción para condenados por delitos económicos.

Los periodos de cuarentena aislada y pruebas diagnósticas llevadas a cabo frente a la COVID-19 en la XXXIV Campaña Antártica Española han supuesto un sobrecoste directo de aproximadamente 66.000 euros respecto a la cantidad habitual destinada a la campaña Antártica Española.

Así lo ha indicado el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha informado de que el cierre de las Bases Antárticas Españolas (BAEs) Gabriel de Castilla y Juan Carlos I la semana pasada da por concluida la citada campaña, una de las «más exigentes y difíciles», marcada por la pandemia del COVID-19.

De esta forma, el personal del Ministerio ha lamentado «profundamente» el fallecimiento del sargento primero de la Armada Francisco Rodríguez Sánchez, que formaba parte de la dotación del Hespérides, buque que no pudo viajar hasta la Antártida por un brote de COVID-19 a bordo.

En un comunicado, el departamento que dirige Pedro Duque ha explicado que el personal técnico (civil y militar) de las dos bases antárticas y el personal científico que ha desarrollado los seis proyectos científicos y cuatro series históricas de esta breve la campaña, navega a bordo del BO Sarmiento de Gamboa para iniciar el último cruce del Mar de Hoces (paso del Drake), este tramo de mar separa las islas Shetland del Sur, archipiélago donde se encuentran las bases antárticas españolas en la Antártida, y el cabo de Hornos en Sudamérica. Se espera que el buque llegue a Punta Arenas (Chile) en los próximos días.

Asimismo, ha puesto de relieve que esta campaña ha estado marcada por la pandemia de la COVID-19 y «los estrictos protocolos implantados para evitar la introducción del virus en la Antártida». «Gracias a la responsabilidad y compromiso de todo el personal que ha participado en la campaña, España se suma a los países que han logrado impedir la propagación del virus en el continente blanco», ha recalcado.

El Ministerio ha manifestado que a pesar de ser una campaña «muy breve y con menos actividad científica de lo habitual», se han conseguido alcanzar los objetivos planteados y dejar las bases preparadas para su apertura en la siguiente campaña, que se presume será «muy demandante y se espera poder desarrollar en buenas condiciones».

CAMPAÑA ANTÁRTICA ESPAÑOLA

La Campaña Antártica Española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de la I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

El Ministerio de Ciencia e Innovación financia la operación y mantenimiento de los buques ‘Hespérides’ y ‘Sarmiento de Gamboa’ y los gastos asociados a la logística general de la campaña, y colabora en los gastos de las bases antárticas españolas ‘Gabriel de Castilla’ y ‘Juan Carlos I’. Por su parte, la Agencia Estatal de Investigación financia la mayoría de los proyectos de investigación. A través del Comité Polar Español se coordinan las actividades que los diferentes organismos desarrollan durante las campañas.

Las entidades participantes en estas actividades son la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, que gestiona el Sarmiento de Gamboa y la BAE Juan Carlos I en la Isla Livingston y coordina la logística general de la campaña antártica; el Ejército de Tierra, que gestiona la BAE Gabriel de Castilla en la Isla Decepción y la Armada, que opera el BIO Hespérides.

Tanto los buques como las bases antárticas forman parte del mapa español de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS), instalaciones, recursos o servicios excepcionales en su género, con un coste de inversión, mantenimiento y operación muy elevado y cuya importancia y carácter estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de I+D+I.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este lunes que «el 100%» de los miembros de Ejecutiva de su partido están convencidos de que el Gobierno de coalición con Unidas Podemos va a agotar la legislatura, aunque existan discrepancias. Eso sí, ha defendido que estas se deben tratar «en la medida de lo posible, con la máxima discreción».

«Por supuesto creemos que se agotará la legislatura», ha defendido al ser preguntada al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de los socialistas de la calle Ferraz de Madrid, tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Según Narbona, el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha referido en la reunión de este lunes al encuentro que tiene previsto mantener esta semana con su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para analizar las últimas diferencias surgidas, por ejemplo, en torno a la futura ley de la Vivienda o la ley Trans, y tratar de reconducir la situación.

«Pero en todas las reuniones hay también la ocasión de compartir la relación que se mantiene entre los partidos que forman el Gobierno de coalición, y no hay al respecto ninguna novedad en relación con reuniones anteriores de la Ejecutiva», ha apostillado la presidenta del PSOE.

Asimismo, ha reconocido que «dentro del Gobierno de coalición existen discrepancias», y ha defendido que estas «deben ser tratadas, en la medida de lo posible, con la máxima discreción entre los socios».

También ha recordado que hay un «seguimiento del pacto», que se realiza con los mecanismos que pactaron al formar el Gobierno. «Pero no ha sido objeto de comentario específico hoy por parte del secretario general», ha añadido.

En todo caso, sobre la estabilidad de la coalición, Narbona ha asegurado que todos los miembros de la Ejecutiva socialista la dan por hecho y confían en que se agotará la legislatura.

Creemos que el horizonte que se presenta en los próximos meses es de recuperación y esperanza gracias al avance de la vacunación contra el coronavirus y al esfuerzo del conjunto de países de la Unión Europea para impulsar una recuperación de nuestra economía«, ha afirmado.

Por ello, ha asegurado que creen que «la segunda parte de la legislatura tendrá unas condiciones muy diferentes a las difíciles condiciones» que han tenido desde el inicio de la legislatura a causa de la pandemia. «Y por supuesto, creemos que se agotará la legislatura», ha zanjado.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido este lunes que han garantizado desde la Cámara catalana que se «pueda hablar de todo, y así debe continuar siendo», ha dicho después de que la Fiscalía Superior de Cataluña haya presentado una querella contra él y tres miembros de la Mesa por presunta desobediencia.

«Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos», ha agregado el presidente del Parlament y dirigente de ERC en un apunte en Twitter.

La Fiscalía se ha querellado contra Torrent y también contra los miembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, por «haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista», en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al Rey.

COSTA, CAMPDEPADRÓS Y DELGADO

Costa (Junts) ha asegurado en Twitter que todo era previsible, y ha compartido un tuit suyo del 27 de enero de 2020, cuando se retiró el acta de diputado al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra: «Os dieron a escoger entre conflicto y deshonor, habéis escogido deshonor y también tendréis conflicto», dijo entonces, recordando unas palabras del exprimer ministro británico Winston Churchill antes la Segunda Guerra Mundial.

«Cuando más obedecíamos, peor nos trataban», ha asegurado que podría haber dicho entonces, en referencia a que Torrent acatara y retirara el acta de diputado a Torra –no haberlo hecho habría podido suponer un presunto delito de desobediencia, el mismo por el que se ha querellado la Fiscalía este lunes–.

En otro tuit, Costa ha añadido: «La Fiscalía nos ha puesto la querella más anunciada de la historia: estaba preparada y dejó pasar el 14F por intereses partidistas del Gobierno del que depende», ha dicho en referencia a las elecciones catalanas, y ha sostenido que la querella debería ser también inútil, porque quiere silenciar el Parlament y no se debe permitir, según él.

Campdepadrós (Junts) ha criticado en la misma red social que «la Fiscalía de Pedro Sánchez se querella ahora contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament como amenaza para la nueva Mesa y advertencia para las negociaciones del nuevo Govern».

Adriana Delgado ha coincidido en señalar también en Twitter: «Lo que hicimos en el Parlament fue permitir el debate político, que se pudiera hablar de todo en la sede de la sobernía del pueblo de Cataluña. Eso es democracia», ha zanjado la diputada republicana.

Ciudadanos ha pedido este lunes al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, explicaciones por los gastos extra del viaje oficial a Canarias que realizó el pasado mes de noviembre, que prolongó para quedarse unos días más junto a su familia, y si usó dinero público para esas vacaciones. El Gobierno lo niega, pero las noticiad de que las facturas las abonó en efectivo un asesor del ministro han motivado nuevas iniciativas de PP, Vox y Cs.

«Yo 1.800 euros en efectivo no llevo en la cartera y creo que la mayor parte de la sociedad en nuestro país no lleva ese dinero en la cartera», así que Ábalos «tendrá que explicar qué extras son esos, por qué se pagaron en efectivo y si hay algún tipo de anomalía en ese viaje o si se excedió esa estancia y se cargó a las arcas del Estado», ha declarado en rueda de prensa la portavoz de la Ejecutiva de Cs, Melisa Rodríguez, tras la reunión del Comité Permanente del partido.

Rodríguez ha afirmado que, ante una crisis migratoria «sin precedentes» en Canarias frente a la cual el Gobierno «sigue sin hacer nada» para solucionarla, debería «chirriar» el hecho de que el ministro aprovechara para quedarse unos días más allí y descansar junto a su familia.

¿FUERON GASTOS PERSONALES?

Por ello, Ciudadanos ya ha registrado en el Congreso la solicitud para que el titular de Transportes comparezca en la comisión del ramo con el fin de explicar «los gastos incurridos durante su viaje en noviembre a las Islas Canarias y la posible financiación de gastos personales con fondos adscritos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», reza el texto presentado y recogido por Europa Press.

Según la portavoz de la formación naranja, los ciudadanos habrían agradecido ver «mucha más diligencia y responsabilidad» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante esta situación en Canarias, porque «siguen llegando cayucos» y «las islas están del todo saturadas».

Ábalos viajó a esta comunidad el pasado 20 de noviembre para visitar el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y las obras de ampliación del aeropuerto de Tenerife, una estancia que prolongó, aprovechando que era fin de semana, alojándose en un hotel de lujo junto a su familia.

En una reciente respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, el Ministerio precisó que el Gobierno gastó 7.150,34 euros en sufragar los gastos de la visita oficial, incluyendo el viaje y hospedaje de la delegación y los escoltas, pero no abonó los gastos de la familia del ministro, que ya había afirmado que corrieron de su cuenta.

Pero este lunes, el diario ‘ABC’ publica que los gastos extra de la estancia de la familia de Ábalos en un hotel de Tenerife –1.729 euros– los pagó con billetes de 500 euros Koldo García Izaguirre, un asesor personal del ministro, de quien fue escolta hace años y una de cuyas funciones, según este medio, es administrar los gastos en sus desplazamientos. Después, Ábalos le devolvió el dinero adelantado.

NADIE LLEVA 1.800 EUROS EN EFECTIVO

Así las cosas, en Cs ven urgente que el ministro explique en sede parlamentaria una noticia que les ha causado cierta «estupefacción» en tanto que «nadie» suele llevar en los bolsillos 1.8000 euros para atender este tipo de gastos. «(Ábalos) tendrá que explicar de dónde sale ese dinero que su asesor utilizó para este viaje», ha insistido el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en una rueda de prensa desde la Cámara Baja.

Paralelamente, el partido ha registrado una batería de preguntas para saber todos los pormenores que rodean el viaje de Ábalos a Canarias. En concreto, quiere que el Gobierno le confirme si es cierto que se abonaron 1.800 euros en metálico para cubrir los costes de la estancia de ministro y cuáles fueron esos gastos.

Además, también quiere saber si el Ministerio de Transportes dispone de los recibos y justificantes de los casi 9.000 euros (los 7.149 euros comunicados por el Ministerio y los 1.800 pagados en metálico) que presuntamente se gastaron en esa estancia, si es así por qué no los ha hecho públicos «en aras de la transparencia» y si se corresponde alguno de estos pagos a gastos personales.

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario.

Después casi seis años de pesquisas que han pasado por distintos juzgados, finalmente el juez Antonio Serrano-Arnal ha acordado, en un auto del 23 de febrero conocido este lunes, transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado, dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en 20 días presenten escrito de acusación.

El juez ha propuesto procesar a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por esos tres delitos.

Además, por corrupción en los negocios ha señalado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis Comunicación y Zenith Media y a siete personas relacionadas con ellas.

En cuanto al blanqueo de capitales, ha apuntado también a Santiago Alarcó, al que identifica como el dueño de la estructura KRADONARA-VIVAWAY, por la que habría transcurrido el dinero investigado, mientras que también ha achacado el delito fiscal a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.

Sin embargo, la decisión del juzgado madrileño aún no es firme, ya que las partes pueden presentar recursos de reforma ante el mismo juez en un plazo de tres días o de apelación ante la Audiencia Provincial en cinco días.

EL «CANAL» VIVAWAY- KRADONARA

Serrano-Arnal ha concluido que «nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito».

Para ello, el ex presidente de Bankia se habría valido de la estructura societaria VIVAWAY-KRADONARA, «expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato».

Según expone el auto, VIVAWAY es una sociedad británica dueña y socia única de KRADONARA, otra mercantil «opaca en su accionariado y en sus órganos sociales». Se crearon entre septiembre y noviembre de 2001 a instancias de Alarcó y a través de Plazas. Ese mismo año, Rato las adquirió, fijó el control de VIVAWAY mediante un fideicomiso radicado en Gibraltar y las usó para «canalizar fondos».

Con dicha compra, ha explicado Serrano-Arnal, Rato instauró «un canal que consigue alejar los fondos que ingresan en España de su origen, con el objeto de ocultar su persona de las sociedades que acaparan los fondos, iniciando su actividad en el año 2006 y continuando dicha operativa hasta el año 2014».

El instructor ha cifrado en un total de 7.827.580 euros el dinero introducido en España a través de VIVAWAY-KRADONARA, 3.697.773 euros de los cuales «son de origen desconocido». En su opinión, el origen «debería ser relativamente sencillo de indicar al tratarse de fondos bancarizados», pero ha subrayado que no ha sido así, sino que Rato ha procurado situar estas ganancias en ejercicios fiscales prescritos.

El monto restante, la parte cuyo origen sí ha podido determinarse en la investigación, «procede de dos sociedades constituidas en Panamá (RED ROSE FINANTIAL ENTERPRISE y WESTCASTLE CORPORATION), tituladas por testaferros y sin actividad social conocida, pero reconocidas por Rato ante la Hacienda Pública con ocasión de las regularizaciones del año 2012»

De acuerdo con Serrano-Arnal, «la repatriación del patrimonio que el investigado ostentaba en el extranjero se hizo, en su mayor parte,mediante la figura del préstamo participativo» de VIVAWAY a KRADONARA, operaciones que «no figuran documentadas ni tampoco devueltas», por lo que «las cantidades de esta manera compensadas y ocultadas daban lugar a que fuesen desconocidas para la Hacienda Pública».

ELUSIONES FISCALES

Así, Rato habría incurrido en elusiones fiscales tanto por las «maniobras de ocultación de su patrimonio exterior» como con las «maniobras societarias –nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes– entre las sociedades bajo su control a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda Pública».

En segundo lugar, el juez ha mencionado como base de estas elusiones fiscales «la percepción a través de sociedades meramente instrumentales de servicios profesionales que el investigado prestaba de manera personal, a fin de minorar la cuota resultante a favor de la Hacienda Pública por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto del IRPF» que le correspondería.

A este respecto, el instructor ha hecho hincapié en que Rato lo hacía además «a través de sociedades bajo su control con bases imponibles negativas en cuanto al Impuesto de Sociedades, lo que determinó la ausencia de las percepciones derivadas de dichos impuestos por parte de la Hacienda Pública».

En este punto, Serrano-Arnal ha precisado que «desde el año 1999 el investigado mantenía el control de tres sociedades en el extranjero, las que eran depositarias de elevadas sumas de dinero y activos financieros» –RED ROSE INVESTMENT en Irlanda y WESTCASTLE CORPORATION y RED ROSE FINANTIAL ENTERPRISE en Panamá–.

Hasta el año 2006, la repatriación del dinero se habría hecho a través de las sociedades españolas AUROSUR y El Manantial de la Información, «siendo que a partir de esta fecha y a raíz de una inspección fiscal a AUROSUR» cuando Rato adquiere y empieza a operar a través de KRADONARA-VIVAWAY, «supuestamente para hacer más difícil el seguimiento» a Hacienda.

«Esta operativa y la disponibilidad final de los fondos a través de transferencias sustentadas en préstamos o negocios jurídicos simulados es la que conforma la presunta voluntad del investigado de activar un proceso de retorno con apariencia de licitud de las ganancias obtenidas de una previa actividad delictiva», ha explicado el juez.

COMISIONES EN CONTRATOS DE BANKIA

Esta «actividad delictiva» tendría su origen tanto en el dinero defraudado al Fisco como «en las ganancias obtenidas por la adjudicación de contratos publicitarios» de Bankia.

Es en estos contratos publicitarios donde radica la acusación de corrupción en los negocios. Según el juez, al llegar a la Presidencia de Bankia, Rato y Arellano «fueron vaciando de contenido la Dirección de Comunicación y Marca» hasta provocar la marcha de su directora para que la sustituyera la propia Arellano.

Desde ese puesto, se adjudicaron contratos a las empresas Zenith y Publicis, si bien «estas facturas no se correspondían con una contraprestación real» sino que «eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por ALBISA de las publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia».

Con ello, ha afirmado el juez, «aparece indiciariamente acreditado que (…) durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con Publicis y Zenith a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a ALBISA», controlada por Portuondo, la cual a su vez transfirió a KRADONARA 835.024,64 euros.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha reclamado a Hacienda que abra una investigación por presunto delito fiscal contra el rey emérito Juan Carlos I tras su nueva regularización fiscal por valor de 4,3 millones de euros.

«¿Nos preguntamos dónde está Hacienda?, ha cuestionado Serra en rueda de prensa. Y es que ha opinado que «no es aceptable» la pasividad de la Agencia Tributaria sobre las finanzas de Juan Carlos I y el «reconocimiento de un delito» que, a su juicio, supone la nueva declaración voluntaria del antiguo monarca.

Más allá de este caso concreto, la dirigente de la formación morada ha asegurado que la monarquía está «ahogada por la corrupción» y la situación de Juan Carlos I lanza un mensaje de «degradación» institucional en la Jefatura del Estado.

Serra ha comentado que existen «muchas dudas» en cuanto a la nueva regularización de Juan Carlos I y que «no puede aceptarse como si no pasara nada». Sobre todo porque el antiguo monarca hace una declaración del IPRF, que tiene por tanto que tener «unos servicios prestados».

En este sentido y en alusión a informaciones sobre si Juan Carlos I cobró comisiones por su intermediación en la venta de un banco, ha demandado una investigación para que se esclarezca si está en Liechtenstein o se han cumplido con obligaciones a la Seguridad Social con esta declaración voluntaria.

«Tenemos todas las dudas que esto esté regularizado y de acuerdo a la legislación, nos genera poca fiabilidad y creemos que se tiene que investigar en qué consiste este pago del IRPF a Hacienda», ha recalcado Serra.

SE LANZA EL MENSAJE DE QUE PUEDE HUIR DE LA JUSTICIA

A su juicio, el mensaje que se lanza con esta declaración voluntaria y la falta de investigación es que el rey emérito «puede huir de la ley», algo que «no es aceptable».

«¿Hasta cuándo puede reírse (la monarquía) del conjunto de la ciudadanía?», ha lanzado Serra para demandar que Juan Carlos I sea «juzgado como se merece».

Y en este contexto Serra ha calificado de «ridículo» que genere controversia que desde Unidas Podemos no aplaudieran al rey durante los actos sobre el intento de golpe de estado del 23F, donde hubo «cierre de filas» en torno al emérito, o cuestionen que en España no existe una «democracia plena».

Por tanto, ha tildado también de «escándalo» que no prosperen tampoco en el Congreso de los Diputados las peticiones de comisión de investigación sobre sus actividades, algo que de todas formas es «insuficiente» al entender que debería abordarse también en el ámbito de la justicia.

Pallassos Sense Fornteres (PSF) ha impulsado la iniciativa ‘Sonrisavirus’ con la que quiere contagiar la sonrisa a menores de escuelas de alta complejidad en España ante el impacto emocional de la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa este lunes, el presidente de PSF, Jaume Mateu, conocido como Tortell Poltrona, ha criticado que «la pandemia se ha gestionado desde el punto de vista de los adultos», y ha defendido que las actuaciones de la onenegé pueden generar una resiliencia importante entre los menores.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer apoyo emocional a la infancia que «más se ha visto afectada» por la pandemia y las restricciones y también a la comunidad educativa de estas escuelas que ha visto como se han incrementado sus retos.

Así, durante este marzo y la primera quincena de abril, cerca de 50 artistas realizarán 40 espectáculos dirigidos a las franjas de edad de educación Infantil y Primaria de 14 escuelas españolas y Mateu ha añadido que hay compañías que todavía no han confirmado y escuelas que pueden añadirse a la iniciativa.

«Nos gustaría llegar a todas las escuelas del Estado», ha subrayado Mateu, que ha destacado que por un lado servirá para poner en valor el sector de las artes escénicas y mantenerlo y, por el otro, contribuir a que la sociedad no empeore mucho más, en sus palabras.

De momento, las compañías de payasos de la ONG actuarán en escuelas situadas en zonas con «un alto índice de vulnerabilidad» de núcleos urbanos como Barcelona, Madrid, Lleida y Sabadell (Barcelona).

FINANCIACIÓN

El proyecto se financiará en su totalidad con fondos propios, por lo que la ONG dispondrá de hasta 30.000 euros de su fondo de maniobra para costear todos los gastos del proyecto.

Al no encontrar ningún apoyo de financiación pública, Mateu ha destacado que han habilitado canales para recibir donaciones con las que financiar la campaña y, a medida que lleguen las aportaciones, ampliarán el número de escuelas.

EDUCACIÓN

Para desplegar la iniciativa, PSF se ha puesto en contacto con aquellas escuelas y centros educativos con las que ya habían trabajado de forma conjunta y no ha habido «ninguna implicación» de la Conselleria de Educación de la Generalitat.

De hecho, el presidente de PSF ha lamentado la falta de acompañamiento del departamento pero ha asegurado que no le ha sorprendido: «No nos han hecho caso. Estamos acostumbrados».

UN «OASIS»

La directora de la escuela CEIP Concepción Arenal de Barcelona, Begonya Parés, uno de los 14 centros en los que la ONG actuará en el próximo mes y en el que ya ha actuado previamente, ha reivindicado el espectáculo como un «oasis en medio del desierto».

Parés ha concretado que las familias del colegio tienen cierta problemática social, económica y cultural, entre otros, y ha subrayado que con la pandemia su situación actual es «desesperante».

PP y Ciudadanos han respaldado el viaje realizado a Colombia por la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, y más en concreto su visita a la frontera con Venezuela que llevó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a ordenar revisar la relación con España, mientras que Podemos se ha desmarcado de las críticas realizadas desde Izquierda Unida, que habla de «provocación».

El viaje de la ministra de Exteriores a Colombia ya había desatado críticas previas del Gobierno de Maduro antes de su inicio, incluida la acusación contra el Ejecutivo español de «planes golpistas» junto al colombiano, pero fue la visita a Cúcuta, en la frontera entre los dos países y uno de los principales puntos de salida del éxodo venezolano, la que dio rienda suelta a una nueva andanada del presidente venezolano.

Así, Maduro anunció el sábado que Venezuela va a proceder a «revisar a fondo todas las relaciones con España». «Ya basta de agresiones», dijo reprochando a la ministra de Exteriores su «injerencia» en asuntos de Venezuela. Por su parte, González Laya respondió reclamando «respeto».

En el PP, celebran que la ministra visitara la frontera entre Colombia y Venezuela. Es una buena noticia», ha señalado su secretaria Internacional, Valentina Martínez, que confía en que el hecho de que González Laya viera de primera mano la situación de los migrantes venezolanos «le haga reflexionar y dar un giro a la política respecto a Venezuela.

Así, ha considerado que la reacción de Maduro, que ha optado por «amenazar e insultar» e «intentar coartar la libertad de viajar y contar la realidad que viven los venezolanos», pone de manifiesto que no es posible la «equidistancia o la apertura al diálogo» por la que apostaba el Gobierno español. En este sentido, en opinión de Martínez, González Laya ha tenido una «reacción débil» y un tanto «tibia» al limitarse a pedir respeto.

Por ello, ha confiado en que desde el Gobierno se ofrezca «una respuesta muy contundente y un apoyo cerrado a los demócratas venezolanos», empezando por los miembros de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y su líder, Juan Guaidó, con vistas a «construir y apoyar una transición a la democracia pacífica y duradera» en Venezuela mediante la celebración de elecciones.

Para la responsable del PP, Maduro recurre a estas «provocaciones permanentes» para poder mantener «la unidad interna» y contar con un «enemigo exterior» pero con ello también permite que todo el mundo vea que es «un sátrapa» y que con él «no hay manera de tener diálogo».

LA MINISTRA ESTABA HACIENDO SU TRABAJO

Por su parte, la portavoz de Cs en la Comisión de Exteriores del Congreso, Marta Martín, ha expresado todo su apoyo a González Laya, defendiendo que su visita a la frontera con Venezuela «no es ninguna agresión ni provocación, sino que estaba haciendo su trabajo».

En este sentido, ha considerado «intolerables» las declaraciones realizadas por el «dictador» Maduro, a quien ha responsabilizado del éxodo de más de 5 millones de venezolanos y ha pedido al Gobierno que «se mantenga firme en la defensa de los Derechos Humanos y en su petición de una vuelta a la democracia en Venezuela».

Según Martín, España debería liderar la respuesta conjunta frente «al drama humanitario de los refugiados venezolanos» respaldando a sus socios en la región, que son los que han acogido al grueso de ellos, pero también «acelerando los procesos de resolución de solicitudes de asilo y protección internacional de venezolanos en España», de los que solo se habrían reconocido un 4 por ciento de las solicitudes, según datos de Eurostat.

CRÍTICAS HACIA IU

Tanto PP como Cs han criticado la reacción por parte de Izquierda Unida (IU) de rechazo a la visita de la ministra de Exteriores. Este domingo, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, la calificó de «provocación» o «grave error diplomático» y sostuvo que con ello «España se anula para ayudar a una solución».

La secretaria Internacional del PP ha sostenido que la «profunda división» que existe en el Gobierno de coalición en lo relativo a Venezuela y otros países en la región «debilita mucho la política exterior y la imagen de España», mientras que para la portavoz de Cs resulta «inconcebible» que se pueda criticar a Laya por hacer su trabajo.

«La ministra de Exteriores, y Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno, tienen que dejar bien claro que la política exterior no la dicta» el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha recalcado Martín.

PODEMOS NO VE UN ERROR LA VISITA

Sin embargo, desde Podemos, precisamente en esta ocasión se han desmarcado de IU. En rueda de prensa, su portavoz, Isa Serra, ha asegurado que la visita de la ministra de Exteriores «no es un error» y ha trasladado cualquier mediación para solventar el conflicto diplomático generado al ámbito del Gobierno, dejando fuera al partido.

También el PSOE ha salido en apoyo de González Laya. Su secretario de Relaciones Internacionales, Héctor Gómez, ha defendido que «el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer» en línea con la UE y «ha actuado con absoluta seriedad».

En este sentido, ha resaltado que «hay una realidad que está ahí», que es la de los millones de venezolanos que han abandonado su país, y el Ejecutivo tiene una política exterior de «defensa de los Derechos Humanos».

Dicho esto, ha dejado claro que el PSOE apuesta «por no entrar en provocaciones ni en una dinámica de confrontación directa que se pretende desde Venezuela» y que el Gobierno seguirá trabajando en la hoja de ruta que se ha marcado al margen de la «declaración unilateral» realizada por Maduro.

Un gran carro ceremonial de cuatro ruedas ha surgido casi intacto en la excavación de la villa suburbana de Civita Giuliana, más allá de las murallas al norte de la antigua ciudad de Pompeya.

El artefacto ha sido descubierto junto con sus componentes de hierro, hermosas decoraciones de bronce y estaño, restos de madera mineralizada y huellas de materiales orgánicos (desde las cuerdas hasta los restos de decoración floral). El carro estaba en el pórtico frente al establo donde, en 2018, ya se habían encontrado los restos de 3 équidos, incluido un caballo aún en su arnés. Pompeya quedó sepultada por ceniza tras la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era.

Según un comunicado del Parque Arqueológico de Pompeya, este es un descubrimiento excepcional, no solo porque agrega un elemento adicional a la historia de esta vivienda y la historia de los últimos momentos en la vida de quienes vivieron en ella, así como de manera más general a nuestra comprensión del mundo antiguo, pero sobre todo porque representa un hallazgo único, que hasta ahora no tiene paralelo en Italia, en un excelente estado de conservación.

Desde el principio, la excavación de la sala donde se encontró el carro reveló su carácter excepcional: el espacio en cuestión es en realidad un pórtico de doble nivel que se abre a un patio descubierto, y que presenta el techo de madera carbonizada con su red de vigas, conservadas en su totalidad.

El 7 de enero, un artefacto de hierro, cuya forma sugería la presencia de un importante artefacto enterrado, emergió de la cubierta de material volcánico que había inundado el pórtico, justo debajo del techo de madera retirado.

La excavación, que avanzó lentamente durante las siguientes semanas debido a la fragilidad de los elementos que iban emergiendo progresivamente, desenterró un carro ceremonial, que milagrosamente se había salvado tanto del derrumbe de las paredes y del techo de la sala como de las actividades ilegales, con túneles que la atraviesan por dos lados, pero sin comprometer la estructura.

Desde el momento de su identificación, la excavación del carro ha resultado ser particularmente compleja debido a la fragilidad de los materiales involucrados y las difíciles condiciones de trabajo; en consecuencia, fue necesario proceder mediante una micro-excavación realizada por los restauradores del Parque, quienes están especializados en el tratamiento de madera y metales.

Al mismo tiempo, cada vez que se descubría un vacío, se vertía yeso como parte de un intento de preservar la huella del material orgánico que ya no estaba presente. En consecuencia, ha sido posible conservar el eje y la plataforma del carro, así como las huellas de las cuerdas, revelando así el carro en toda su complejidad.

Concluida la microexcavación in situ, los distintos elementos del carro han sido transportados al laboratorio del Parque Arqueológico de Pompeya, donde los restauradores están trabajando para completar la remoción de material volcánico que aún envuelve ciertos elementos metálicos, y para comenzar la prolongada restauración y reconstrucción del carro.

«Es un descubrimiento extraordinario para el avance de nuestro conocimiento del mundo antiguo», declaró Massimo Osanna, director saliente del Parque Arqueológico, En Pompeya se han encontrado en el pasado vehículos utilizados para el transporte, como el de la Casa de Menander, o los dos carros descubiertos en Villa Arianna (uno de los cuales se puede admirar en el nuevo Stabian Antiquarium), pero nada como el carro Civita Giuliana.

Lo que tenemos es un carro ceremonial, probablemente el Pilentum al que se refieren algunas fuentes, que no se empleaba para el uso cotidiano ni para el transporte agrícola, sino para acompañar fiestas comunitarias, desfiles y procesiones. Este tipo de carro, que nunca antes había emergido de suelo italiano, se compara con los hallazgos descubiertos hace unos quince años dentro de un túmulo en Tracia (en el norte de Grecia, cerca de la frontera con Bulgaria). Uno de los carros tracios es particularmente similar al nuestro, aunque carece de las extraordinarias decoraciones figurativas que acompañan al hallazgo pompeyano.

Las escenas de los medallones que adornan la parte trasera del carro se refieren a Eros (sátiros y ninfas), mientras que los numerosos tachuelas presentan erotes. Teniendo en cuenta que las fuentes antiguas aluden al uso del Piletum por sacerdotisas y damas, no se puede excluir la posibilidad de que este pudiera haber sido un carro usado para rituales relacionados con el matrimonio, para llevar a la novia a su nueva casa.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este lunes que el PP conocía desde hace tiempo la propuesta del Gobierno del coalición de incluir al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha responsabilizado a los ‘populares’ de romper la negociación por imponer este tipo de vetos.

En este sentido, la dirigente socialista ha defendido que, en este punto, es al PP al que le toca mover ficha renunciando a sus vetos, porque ha sido su decisión de rechazar las propuestas del PSOE y de Unidas Podemos, como la del juez De Prada o la de exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, lo que «claramente» ha llevado a que la negociación se haya «roto».

«El PP conocía los nombres desde hace tiempo. No es cierto que esto sea una cuestión de los últimos días. Es más, con anterioridad, después de la moción de censura, cuando hubo un primer intento de llegar a un acuerdo, el nombre de De Prada estaba ya presente. Creemos que el siguiente paso quien lo tiene que dar es el PP», ha afirmado.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal.

EL PSOE NIEGA QUE ELLOS VETEN LAS PROPUESTAS DEL PP

Según Narbona, el Gobierno no ha puesto «ningún impedimento a los nombres que ha dado el PP». «Creemos que debería darse la misma circunstancia respecto de nombres que en algún caso estuvieron ya sobre la mesa, como el juez De Prada», ha enfatizado.

La presidenta del PSOE se ha referido a este asunto durante su intervención inicial, ya que, según ha explicado, la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ ha sido uno de los asunto que han abordado durante la reunión de la Ejecutiva socialista.

«Es una mala noticia desde el punto de vista de las instituciones democráticas de nuestro país, que además ha sorprendido, después de haber conseguido llegar a un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE», ha señalado.

Según su análisis, la postura del PP de bloquear el CGPJ se debe a que se sienten «incapaces de llegar acuerdos» y a que siguen «instalados en los vetos porque tienen miedo de la reacción de Vox». «Nosotros queremos reiterar con mano tendida la necesidad de dejar de lado cualquier tipo de veto», ha insistido.

El juez que instruye el caso ‘Tándem’ ha recibido un informe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el que se certifica que «ninguna de las mercantiles» que integraban el Grupo CENYT, cuyo titular real era el comisario José Manuel Villarejo, estaba autorizada para la prestación de servicios de detectives privados.

Así se desprende de una providencia del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en la que con fecha de 23 de febrero de este año recoge la principal conclusión de ese informe policial que era relativo a la pieza 29 de la causa, en la que se investiga si el comisario mercadeaba con documentación e información desde la cárcel de Estremera.

De hecho, la unidad, especializada en ese tipo de empresas relacionadas con la seguridad, destaca que «ninguna de las mercantiles relacionadas (…) están inscritas ni lo han estado en el Registro Nacional de Seguridad Privada para realizar la actividad de seguridad privada».

Así, los trabajos de inteligencia –que incluían seguimientos, entre otras actividades– realizados por Villarejo bajo el paraguas de las diferentes mercantiles se habrían producido al margen de esa autorización necesaria, que se especifica en la Ley 23/1992 y en la vigente Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.

HAN REVISADO HASTA 24 EMPRESAS

El magistrado añade en su providencia que esto es así tanto en la pieza principal del procedimiento como en las piezas separadas en trámite de instrucción. Y especifica que son la número 8, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26 y 29.

Por su parte, en el oficio de la unidad, que está fechado en diciembre de 2020, y que fue requerida a su vez por la Unidad de Asuntos Internos, se hace una relación de todas las mercantiles que fueron revisadas para saber si podían realizar esos trabajos de detectives privados.

En concreto, revisaron estas 24 mercantiles, Lextor, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), Global Sinapsis Investments, Corporación Agroganadera Andaluza, Invesiones Estretégicas Sensibles SL, Fomento Agroganadero Andaluz SL, Cenyt Consultoria Organizacional SL, CPD Real State SL, Cenyt Data SL, Premium Hotels SL, Beloso Baker & Asociados SL, Cenyt Ksur SL, Stuart & Mckenzie SL, Nadna Projects, Ciudad Almansur SL, Servicios de Investigación y Detección, Cenyt Srgo SL, Inteligencia y Detección SL, Munno Project SL, Autocobermar SL, hispania Quality & Development SL, Medialink Comunicación Digital SL, Hanoi Training SL, y Desarrollos Empresariales Potes SL.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, espera que la transferencia de prisiones al País Vasco «se circunscriba a una transferencia y no a dar beneficios a los criminales de ETA» y cree que esta transferencia «deja de manifiesto que al PNV le importan más los presos de ETA que las vacunas». «No quiero que las cárceles del País Vasco sean ‘resorts’ de lujo para los criminales etarras y que tengan beneficios como lo que está ocurriendo con los presos en Cataluña», ha subrayado.

En un acto celebrado en el exterior del antiguo centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava) acompañado de la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, funcionarios de prisiones, la diputada vasca, Beatriz Fanjul, y el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, Iturgaiz ha hecho referencia a la situación de la transferencia de prisiones a Euskadi.

El presidente de los ‘populares’ vascos ha afirmado que «el PNV está con el retrovisor puesto, desde hace mucho tiempo, viendo lo que hace y deshace EH Bildu» y cree que los ‘jeltzales’ están «muy nerviosos», según ha indicado, por los movimientos de EH Bildu y el Gobierno de Sánchez e Iglesias, con el acercamiento cada semana de cinco presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi.

Ante esta situación, el PP cree que la transferencia de prisiones al País Vasco «claramente deja de manifiesto es que al PNV le importan más los presos de ETA que las vacunas». «Al PNV le importan más los presos criminales de ETA que una vacunación bien organizada para que no seamos los últimos de las comunidades autónomas en vacunar, como está ocurriendo en el País Vasco», ha subrayado.

Iturgaiz ha insistido en que entre el PNV y EH Bildu hay «celos» por ver «quién es en estos momentos mejor socio de Sánchez e Iglesias», ya que «unos colocan sobre la mesa ‘cinco por semana’ y otros piensan más en las transferencias de prisiones para que los etarras tengan beneficios penitenciarios».

«No quiero que las cárceles del País Vasco sean ‘resorts’ de lujo para los criminales etarras y que tengan beneficios como lo que está ocurriendo con los presos en Cataluña», ha señalado. Por ello, espera que «se circunscriba a una transferencia de prisiones y no a dar beneficios a los criminales de ETA».

Para Iturgaiz hay una «carrera» entre EH Bildu y el PNV para ver «quién saca más de Sánchez e Iglesias» y ha pedido al Gobierno central que se cumpla «lo circunscrito» al Estatuto de Gernika.

En este sentido, ha alertado de que el presidente Sánchez «se está plegando a las pretensiones del nacionalismo, en todas las esferas de transferencias». «Nos preocupa mucho lo que pueda ocurrir con la transferencia de la Caja única de la Seguridad Social», ha señalado.

Iturgaiz ha denunciado que el PSOE y el Gobierno de Sánchez están poniendo en riesgo las pensiones de las personas mayores, ya que va a «romper la caja única de la Seguridad Social, poniendo en peligro las pensiones». «El PSE, el Gobierno central tiene que explicar si están dispuestos a plegarse a las pretensiones del PNV de darle la caja única», ha señalado.

Preguntado por las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en las que afirmaba este fin de semana que hay un «cambio de chip» del PP hacia posiciones más centradas, Iturgaiz ha defendido que «todo lo que sea dialogar entre partidos políticos democráticos siempre es positivo».

No obstante, ha criticado que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están en el Gobierno «gracias al PNV», que «les ha colocado al frente de este país para que hagan una gestión caótica y desastrosa, para perjudicar a España» y ha advertido de que «este desastre no beneficia ni a las empresas ni a la industria vasca».

«Como saben la tragedia que es para España tener a Sánchez e Iglesias al frente de esta nación, es lógico que estén inquietos y hablando con otros partidos como el PP. Bienvenido sea el hablar y dialogar», ha indicado.

FUNCIONARIOS DE NANCLARES

Por otro lado, Iturgaiz ha informado de que se ha reunido con los funcionarios de prisiones de Nanclares de la Oca que se ven afectados por el próximo cierre de las viviendas anexas a la antigua cárcel de Nanclares que ocupan con sus familias.

El PP cree que no se trata de un problema local, ni provincial o regional, sino que es nacional y ha explicado que el PP va a trasladar esta situación «a las instancias nacionales», al Congreso de los Diputados para trasladar las «demandas justas» que les han pedido los trabajadores afectados.

«Este es un menosprecio a los funcionarios, el desprecio del Ministerio del Interior hacia estos funcionarios, ante la importante labor que ellos realizan, y también hacia sus familias, que se ven afectadas por el abandono de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior», ha criticado.

Asimismo, ha advertido de que existe riesgo para las familias porque «falta luz, agua» desde el pasado mes de diciembre «e incluso ha habido personas que se han electrocutado» en las instalaciones. «Esto es por culpa del Ministerio del Interior que está permitiendo esta situación gravosa», ha insistido.

En este sentido, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha advertido de que el PP «no va a dar un paso atrás» ante el anunciado cierre de estas viviendas porque «son de los funcionarios de prisiones».

«Vamos a pelear y exigir que son las viviendas de los funcionarios de prisiones. No son para que Marlaska o el delegado del Gobierno hagan otra cosa», ha advertido preguntada por la posibilidad de que estas viviendas no se incluyan en la transferencia de prisiones a Euskadi.

Vázquez ha asegurado que van a estar «vigilantes» con esta transferencia. «No vamos permitir que se acorrale a los funcionarios actuales de prisiones hasta que se vayan de aquí», ha insistido.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga entender a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que la regulación del precio del alquiler es un acuerdo de coalición, pese a que no le guste.

«Sabemos que a Calviño no le gusta la regulación de precios del alquiler, pero está en el acuerdo de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los acuerdos se tienen que respetar y el Presidente debe hacérselo entender a los ministros de su partido», ha apuntado en Twitter.

Un comentario que llega después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya pedido este lunes «centrar la atención en lo que de verdad importa» al tiempo que ha lamentado las «falsas polémicas» y «cuestiones» generadas en los medios de comunicación sobre la relación entre los socios de gobierno.

La formación morada ha alertado durante estas semanas que su socio de coalición no plantea en la nueva Ley de Vivienda la regulación del alquiler, que pactaron tanto en el acuerdo de legislatura como en los Presupuestos Generales del Estado.

Las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno están ahora mismo en posturas alejadas. Podemos, a través de las medidas planteadas por la propia Belarra a su socio de coalición, demanda obligaciones para los grandes tenedores de vivienda de cara a aumentar el alquiler social, frente a un sistema de incentivos que trasladan los socialistas.

De hecho, el ala morada de la coalición ha deslizado que el socio mayoritario se alinea más con las posiciones de la patronal inmobiliaria, algo que responsabilizan al departamento que dirige Calviño.

PODEMOS PIDE AL PSOE QUE RECTIFIQUE

Este mismo lunes, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha llamado al PSOE a «rectificar» y cumplir con el acuerdo de coalición alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos regulando el precio de los alquileres en la nueva Ley de Vivienda, y así «cuidar el Gobierno de coalición».

En una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid, Serra ha asegurado que para su formación «es inconcebible que no se cumpla con el acuerdo» de Gobierno y de Presupuestos, y que la nueva ley en la que trabajan el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales no incluya esta regulación de los precios.

«No nos parece concebible que hagan otra cosa, y vamos a seguir empujando para que sea así», ha dicho Serra, lamentando como «decpecionantes» las declaraciones de Ábalos la semana pasada «que insisten en decir que la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado».

«Eso ya lo sabemos, en eso consiste nuestro modelo productivo. Precisamente lo que tiene que hacer un Gobierno progresista es hacer que sea un derecho y garantizar que sea un derecho para el conjunto de la ciudadanía», ha argumentando.

«CUIDAR AL GOBIERNO PASA POR CUMPLIR EL ACUERDO»

Preguntada en rueda de prensa por cómo podría afectar al Ejecutivo de coalición un incumplimiento en esta materia, Serra ha replicado que no lo contemplan pero que, en todo caso, este Gobierno de coalición «es el mejor Gobierno que podría tener este país» y, por tanto, «hay que cuidarlo». «Cuidarlo pasa por que el PSOE cumpla con el acuerdo», ha insistido.

Antes, la portavoz de la formación ‘morada’ has subrayado que el cumplimiento del acuerdo alcanzado por el PSOE y Podemos es «lo que da confianza entre las partes del Gobierno», pero también cumplir con el compromiso dado a la ciudadanía.

La Asociación Socialista Gomera (ASG) ha urgido a la presidenta del Senado, Pilar Llop, a convocar «de manera inmediata» un pleno monográfico para la celebración del Debate del Estado de la Autonomías, según lo establece el Reglamento de la Cámara, y después de que hayan pasado 16 años desde la última vez que tuvo lugar.

El escrito ha sido registrado por el senador del Grupo Parlamentario Mixto Fabián Chinea Correa, quien ha respaldado su petición en el artículo 56 bis) 8 del Reglamento de la Cámara Alta que establece que «el Senado celebrará anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará íntegramente a analizar el estado de las autonomías».

Chinea ha puesto el foco en que, a pesar de que el actual Reglamento es taxativo, desde la aprobación del citado Reglamento hasta la fecha solo se ha celebrado en tres ocasiones, en los años 1994, 1997 y 2005.

Además, ha señalado que tuvieron lugar en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, regulado en el artículo, «pero no en el Pleno de la Cámara, tal y como señala el artículo 56 bis) 8».

También ha apuntado que la celebración del debate sobre el estado autonómico no solo debe realizarse porque lo recoge el reglamento del Senado, sino por su carácter de Cámara de representación territorial, tal y como señala’ el artículo 69.1 de la Constitución Española.

En este sentido, el parlamentario canario ha reivindicado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró el 9 de octubre de 2018 que iba a solicitar al entonces presidente del Senado, Pío García Escudero, la convocatoria del Debate sobre el Estado de las Autonomías para el primer trimestre de 2019.

Asimismo, Chinea ha expuesto que durante este año de pandemia el Gobierno de España y las comunidades autónomas han llevado a cabo un ejercicio de cogobernanza «que ha estado marcado por las continuas discrepancias y disensos entre las dos partes» que, según ha argumentado, se debe a la «ausencia de protocolos para afrontar un fenómeno de estas características».

En esta clave, ha asegurado que si bien se han activado diferentes órganos bilaterales como la Conferencia de Presidentes o el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «no ha sido así, sin embargo, en el marco parlamentario».

Ha explicado que «el único órgano» que existe en las Cortes Generales que garantiza el diálogo abierto entre el Ejecutivo y las autonomías es la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado y solo se reunió el 30 de abril de 2020.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha rechazado los disturbios generados este fin de semana durante protestas en Barcelona y ha trasladado su apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad heridos, si bien también ha pedido que se investigue y sancionen determinadas actuaciones policiales que no debieron producirse.

En rueda de prensa en la sede del partido, Serra ha indicado que «a nadie le gusta» incidentes como los acaecidos los últimos días, pues no permiten «avanzar hacia nada bueno».

Sin embargo, no van a aceptar que se ponga únicamente el foco en los disturbios y quitar del debate público la situación que atraviesa la libertad de expresión y «criminalizar» el derecho a la manifestación.

Por tanto, ha llamado a preguntar por qué salen a la calle miles de jóvenes a protestar contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, que están «cansados» de vivir una «crisis permanente» con «expectativas frustradas».

Sobre las actuaciones policiales, Serra ha comentado que se han observado intervenciones «que no son las que deberían darse», en alusión a una manifestante que perdió un ojo tras el disparo de una bala de foam. En consecuencia, debería abrirse una investigación y desplegar «sanciones» para que no vuelva a pasar.

«Hay que apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero desde luego hay que sancionar actuaciones de abuso de poder y de no acuerdo a la ley», ha apostillado la portavoz de la formación morada.

Preguntada sobre si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debería presentarse como acusación particular tras los incidentes de este fin de semana, Serra ha dicho que es una decisión que compete a la regidora, que trabaja para garantizar la seguridad del conjunto de la ciudadanía y defender la libertad de expresión.

También ha dicho, preguntada por los medios, que Podemos no comparte el tuit del colectivo Arran que celebró el intento de quema de un furgón policial. Y es que Serra ha concluido que el debate no debe ser «violencia sí o no» sino ir a la cuestión de fondo sobre las causas que generan malestar en la juventud.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha convocado este martes de forma extraordinaria a las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas para presentarles una nueva subida en las nóminas de los militares, que se calcula entre 20 y 40 euros al mes en función del empleo.

Las asociaciones militares llevan años reivindicando una revisión de sus retribuciones y denunciando las diferencias respecto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, agravadas tras la aprobación del último tramo de equiparación salarial para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

La intención de Robles es llevar este martes al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) una modificación del real decreto de retribuciones para aplicar una modificación al alza del denominado Componente General del Componente Específico, que va a asignado por empleos.

El objetivo es aprobar un incremento, de entre 20 y 40 euros aproximadamente, intentando primar los primeros empleos de cada escala, según han explicado miembros de las asociaciones.

Los Presupuestos Generales del Estado ya incluyeron 175 millones de euros de aumento en gastos de personal en el Ministerio de Defensa respecto al presupuesto base de 2020. Eso se tradujo en un aumento de los sueldos gracias al 0,9 por ciento de incremento aprobado para todos los funcionarios y mejoras en otros complementos, el de empleo del personal de Tropa y Marinería y el componente singular del complemento específico.

UN PRIMER PASO, PERO NO SUFICIENTE

Las asociaciones profesionales ven estas medidas como «un primer paso», pero denuncian que están aún lejos de sus reivindicaciones. Su propuesta era una subida inicial de cien euros mensuales e iniciar a partir de ahí las negociaciones, según ha recordado AUME.

ATME y UMT, por su parte, creen que Defensa empieza a responder a la manifestación que estas dos asociaciones protagonizaron el pasado mes de septiembre y exigen que siga aprobando medidas. Según denuncian, los militares de tropa y marinería siguen siendo «los servidores públicos peor retribuciones y con peores condiciones de trabajo de toda la Administración».

En respuesta a esta exigencia, la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, aceptó la creación de un grupo de trabajo, que se constituyó el pasado viernes, encargado de realizar este estudio de retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que su equipo ultima una propuesta legislativa para crear un certificado digital que «facilite los movimientos dentro de la UE y al exterior» de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.

De este modo, la jefa del Ejecutivo cede a los países que como Grecia y España reclamaban una suerte de «pasaporte» para los viajeros inmunizados con el fin de reactivar el turismo tras la tercera ola de la pandemia, a pesar de que el jueves tras una cumbre con los líderes de la UE avisó de que Bruselas trabajaría en los próximos tres meses en un certificado solo de uso médico porque no había el consenso suficiente entre los Veintisiete para discutir qué usos se le podría dar más allá.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha adelantado sus planes de presentar esta iniciativa durante un encuentro cerrado con diputados alemanes de su partido y lo ha confirmado después a través de Twitter, cuando la noticia había trascendido ya a la prensa.

En su mensaje en las redes, Von der Leyen ha apuntado que la propuesta se presentará «este mes» y «respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad», aunque ha evitado dar más detalles sobre el calendario o el contenido de la propuesta.

El certificado, que la política alemana ha bautizado como «Pase Verde Digital», incluirá datos médicos para indicar si el paciente ha sido vacunado o los resultados de pruebas para acreditar su estado si no ha podido vacunarse aún, por ejemplo una PCR negativa o un test que acredite que se tienen anticuerpos.

El objetivo es que este certificado «facilite los movimientos» de los europeos, ha dicho el portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer, al recordar que la libertad de circulación es una de las cuatro libertades fundamentales de la UE, es decir, existen competencias comunes que permiten a la Comisión Europea presentar una propuesta legislativa.

De este modo, ha dicho Von der Leyen en Twitter, el objetivo del pase es permitir a los europeos que puedan ir «moviéndose gradualmente con seguridad» tanto dentro de la UE como hacia el exterior, y ello por viajes «de trabajo o por turismo».

En la actualidad, varios estados miembro mantienen sus fronteras cerradas a los viajes considerados no esenciales, como Bélgica o Alemania, y una mayoría exige un resultado de PCR negativo antes y un segundo test o cuarentena después del viaje para asegurar que no es portador de coronavirus.

Preguntado por el cambio de posición de Von der Leyen, su portavoz ha dicho que la presidenta de la Comisión «escucha» a los estados miembro y es consciente de cómo el debate ha ido evolucionando y ha entendido que existe una «necesidad de dar una solución concreta» a este asunto.

«Buscamos la mejor opción para asegurar que hay rápidamente una solución para este problema», ha continuado el portavoz comunitario, quien ha insistido en que la propuesta en la que trabajan en Bruselas «sólo atañe al paso entre fronteras y no a lo que puede hacerse dentro de cada Estado miembro».

En todo caso, la propuesta legislativa irá en paralelo al desarrollo técnico del certificado en sí que también deben acordar los Estados miembro a partir de directrices propuestas por la Comisión y que, según indicaron la semana pasada Von der Leyen y el presidente del Consejo, Charles Michel, es un trabajo que requerirá de «al menos tres meses» de trabajo.