El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el IV Plan de Igualdad 2026-2029, con más de 750 medidas contra la desigualdad.
El texto, impulsado por el Ministerio de Igualdad, no es una declaración de principios. El plan fija la hoja de ruta del Ejecutivo hasta 2029 y reúne las actuaciones que el departamento considera prioritarias para seguir cerrando las brechas que persisten entre mujeres y hombres.
¿Qué incluye el IV Plan de Igualdad?
Entre las más de 750 actuaciones hay dos cuestiones que no habían tenido cabida en los planes anteriores, según el Ministerio. Son la violencia política y los litigios que buscan silenciarlas.
La violencia política contra las mujeres se asocia a los ataques y descalificaciones que reciben por intervenir en la vida pública. El plan incorpora medidas para identificarla, registrarla y proteger a quienes la sufren.
El segundo frente son los SLAPP, siglas inglesas del litigio estratégico contra la participación pública. Se trata de procedimientos judiciales largos y costosos que, según Igualdad, se dirigen cada vez más contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. El objetivo, explican desde el departamento, no es obtener una tutela judicial legítima: es 'intimidar, silenciar o desgastar a quienes intervienen en asuntos de interés público'.
Esta es la novedad de fondo. Los dos frentes no se abordan con una norma nueva, sino dentro de un plan de igualdad, una herramienta pensada para actuar sobre las causas estructurales de la desigualdad.
Dos de los frentes más novedosos del plan no miran a las empresas: apuntan a quienes hablan en público y a quienes intentan callarlas.
El plan también crea un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política, según la información facilitada por el Ministerio. El órgano nace para medir un tipo de agresión que hasta ahora no contaba con un registro sistemático.
¿A quién afecta y por qué importa?
El plan no se dirige solo a las mujeres que sufren discriminación en el empleo o en el reparto de los cuidados. También alcanza a quienes participan en la vida pública: periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y cargos electos.
El impacto se mide en dos planos. El primero es inmediato: las más de 750 medidas afectan a todas las administraciones, que tendrán que traducir el documento en protocolos, formación, y sistemas de registro.
El segundo plano es más difuso, pero igual de relevante. Una mujer que dude entre denunciar un ataque o callar tendrá, a partir de ahora, una referencia institucional sobre cómo actuar y dónde acudir.
Qué ha cambiado y qué toca vigilar
La diferencia respecto a etapas anteriores no está en el volumen de medidas, sino en el tipo de amenaza que el documento reconoce. La desigualdad que aborda este plan no se ejerce solo en la nómina o en el reparto de las tareas de casa. También se ejerce en los juzgados y en las redes sociales.
El calendario añade una incógnita. Con un horizonte de 2029, la aplicación del plan corresponderá al próximo Gobierno, el que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre. El diseño está pensado para seguir vigente gobierne quien gobierne, pero el ritmo lo marcará cada Ejecutivo.
Hay un tercer elemento a vigilar: el presupuesto. Como ocurre con cualquier plan estratégico, el alcance real dependerá de las partidas de cada ejercicio y de cómo las comunidades autónomas y los ayuntamientos las ejecuten. Ese detalle determinará cuántas de las 750 medidas llegan a aplicarse.
Para el ciudadano, la letra pequeña llega en forma de servicios públicos: cómo se atiende una denuncia, qué se registra y qué se hace después con ese registro. En la práctica, los efectos se notarán de forma desigual según la comunidad autónoma y el ayuntamiento.
El siguiente hito será la puesta en marcha del Observatorio y el despliegue de las primeras medidas a lo largo de los próximos años. Habrá que seguir la pista a los presupuestos y a los informes de evaluación para comprobar si las medidas llegan a aplicarse.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Gobierno aprueba el IV Plan de Igualdad 2026-2029 con más de 750 medidas.
- 👥 Quiénes son los afectados: Mujeres, personal de las administraciones, periodistas, activistas y cargos públicos.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Nuevos protocolos contra la violencia política y un observatorio sobre misoginia digital.
