El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a Vox de haber ido a presentar su candidatura para el 4 de mayo al barrio madrileño de Vallecas para "montar bronca", a lo que Santiago Abascal ha replicado recordando que ese era el argumento usado por ETA para asesinar a concejales socialistas.

Durante su comparecencia en el Congreso, donde ha acudido para dar cuenta del estado de alarma, Sánchez ha sostenido que Vox no acude a los barrios humildes y trabajadores de Madrid para lograr votos, sino para "reivindicar que existe" después de que el PP haya ya ocupado su espacio de "odio, furia y crispación".

"El señor Abascal se fue a Vallecas a montar bronca", ha acusado el presidente del Gobierno. "Ese es el argumento que se utilizaba en mi tierra por parte de aquellos que asesinaron a concejales socialistas, que molestaban y que provocaban", ha respondido Abascal tildando de "infame" esta acusación y recordando que en Vallecas Vox obtuvo el voto de 15.000 personas en las últimas elecciones.

En este contexto, Sánchez ha asegurado que el Gobierno condena todo tipo de violencia --"hasta incluso la que ustedes también han sufrido", ha dicho a Abascal--, mientras que Vox "no condena la violencia de las mujeres, de las mujeres o la que sufren los colectivos LGTBi". De hecho, ha contrastado su rechazo a la violencia con la actitud de Vox, un partido que ha dicho que "llama a sus militantes a tomar las calles y llama al Ejército a dar un golpe de estado".

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado seguro de que la democracia española "va a vencer" el "miedo, la furia y el odio" de Vox, una formación que a la ha acusado de haber opuesto a todos los instrumentos desplegados para hacer frente a los efectos de la pandemia y proponer únicamente postulados "de hace siglos".

"¿QUERÍAN QUEDARSE SIN OPOSICIÓN?"

Abascal ha respondido a estos reproches recordando la historia del PSOE, acusando a los socialistas de haber dado un golpe de Estado contra la República en el año 1934 y preguntando a Sánchez si quiere hacer lo mismo con la Constitución de 1978.

Además, ha insistido en que la violencia contra Vox ha sido "instigada" desde el Gobierno por las ministras Irene Montero e Ione Belarra y permitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha preguntado cuál era su objetivo. "¿Querían que nos alcanzasen?, ¿quedarse sin oposición?", ha cuestionado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles ante el Pleno del Congreso "suficiente flexibilidad" para las comunidades autónomas "como para saber qué sectores económicos puedan incorporarse" a la línea de ayudas directas dirigidas a negocios afectados por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

El decreto ley de ayudas directas limita la asignación de ayudas a unos determinados sectores, una restricción que la mayoría de grupos del Congreso ha criticado, cuestionando que puede haber empresas que, pese a cumplir los requisitos de dificultad marcados, puedan quedar fuera de las ayudas al no formar parte estrictamente de esos sectores.

En su intervención en la Cámara, a la que ha acudido para rendir cuentas por el vigente estado de alarma y para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el presidente ha replicado que los convenios que el Gobierno remitirá a las comunidades tendrán "la suficiente flexibilidad como para saber qué sectores económicos pueden incorporarse a estas ayudas".

LOS CONVENIOS SE ENVIARÁN ESTA SEMANA

Según ha explicado el presidente del Gobierno, esta misma semana el Ejecutivo remitirá a las administraciones autonómicas estos convenios para la ejecución de este fondo de ayudas de unos 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones serán ayudas directas.

Sánchez ha realizado estas declaraciones en su réplica a la diputada de Coalición Canaria, que ha criticado que esta línea de ayudas "excluye a una de cada ocho empresas de Canarias, incluido todo el sector industrial". En total, la comunidad ha recibido 1.444,3 millones según el reparto decretado por el Gobierno, principal receptora de estas ayudas.

7.000 MILLONES EN AYUDAS DIRECTAS

Por otro lado, Sánchez ha comentado que esta línea de ayudas ya había sido transferida a las comunidades. Sin embargo, fuentes de Hacienda han informado que los fondos aún no están transferidos, pero que ya hay una orden ministerial con el reparto por comunidades, a la espera de la firma de los convenios con las administraciones autonómicas.

Aprobado en marzo por el Consejo de Ministros y ya convalidado en el Congreso, el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas está dotado con un total de 11.000 millones, incluyendo un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas.

De este importe total de ayudas directas, 2.000 millones se destinarán exclusivamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán a las demás comunidades y ciudades autónomas.

Vox ha ensalzado este miércoles a los que reclamaron un "cambio político" bajo el movimiento 15M y les ha pedido que confíen en su partido frente a los que les han llevado "al mismo agujero".

Así lo ha asegurado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, que ha visitado junto a la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, la plaza de Oporto, en el distrito de Carabanchel, y donde ha denunciado "la mentira y el engaño que sufrieron muchos españoles de buena fe que se encontraban en una situación económica muy mala".

Ortega Smith ha aludido a esas personas que han sido engañadas "reiteradamente por las mentiras de la izquierda" y que se levantaron un 15M con la intención de "luchar contra lo que no les gustaba", aunque ha censurado que la extrema izquierda "aprovechó ese movimiento sincero para utilizarlo en su nefasta política".

Por ello, ha trasladado su "aplauso y comprensión" a estos españoles que se sintieron "engañados por unos y otros" y que quisieron reclamar un cambio político, y a los que les ha pedido que crean en Vox.

"NO SE ATREVEN A PISAR LOS BARRIOS"

Por su parte, Monasterio ha criticado que la izquierda haya abandonado a los suyos y hablen "desde el Congreso o desde el chalet de Galapagar". "Tienen mucho que esconder por eso no se atreven a pisar los barrios".

En concreto, ha asegurado que hay que compensar a las personas que están en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y que tienen dos pagadores a la hora de hacer la declaración de la renta. También, ha pedido acabar con las restricciones. "¿Cómo vamos a consumir si nos meten miedo todo el día? ¿Cómo vamos a pagar impuestos si no podemos generar riqueza?", se ha preguntado.

Considera que en Carabanchel muchas madres le han trasladado el problema de la seguridad y de la droga que lleva a la juventud a estas redes. "Venimos a hablar de la 'okupación', de la inseguridad de los menas (menores extranjeros no acompañados)", ha aseverado. Concretamente, ha vuelto a aludir a los "4.700 euros que se pagan al mes por mena" y ha subrayado que es "injusto" y que no se trata de "xenofobia" sino de "injusticia".

Al hilo, ha destacado la importancia de aportar recursos a la dependencia, que "no están llegando", así como a la sanidad, la educación y la emergencia social, además de contar con ayudas a las familias y promover la natalidad. Monasterio ha vuelto a insistir en la importancia de apoyar a la juventud y de darles un aval para que puedan ahorrar y poder alquilar y comprar una vivienda.

Por otro lado, Ortega Smith ha recordado al comienzo de su discurso que hoy, 14 de abril, es un día "muy importante porque nació la esperanza, la ilusión, la valentía y el esfuerzo". "Hoy 14 de abril nació Santiago Abascal, futuro presidente de España", ha expresado.

El secretario general ha relatado parte de la historia de Abascal y cómo decidió crear su propio partido político para darle "una alternativa a España". Asimismo, ha subrayado que lo importante no son unas siglas sino que la izquierda "retroceda" y que no se crea "la dueña de las calles y de las plazas". "Lo importante es que no ganen las políticas de izquierda", ha asegurado.

El PPdeG ha defendido que la Xunta "nunca abandonó" la realización de valoraciones del grado de discapacidad presenciales al oponerse a una iniciativa del PSdeG para suprimir las telemáticas y que ha contado con el voto favorable del BNG.

En la iniciativa, defendida este miércoles en el pleno de la Cámara gallega, el PSdeG buscaba instar a la Xunta a presentar el número de reconocimientos revisados que bajaron el porcentaje de discapacidad en 2020 y 2019, así como que los Equipos de valoración y orientación (EVO) dependientes de la Consellería de Política Social retomasen las valoraciones presenciales. El BNG presentó una enmienda para pedir más datos sobre las evaluaciones realizadas y un refuerzo de los equipos que fue aceptada por los socialistas.

De este modo, la diputada del PSdeG Marina Ortega ha señalado que, según datos aportados por la Xunta en la comisión quinta, más del 30% de las evaluaciones del grado de discapacidad se realizaron de modo telemático y se ha preguntado "cómo se puede evaluar una sordoceguera por teléfono". Por ello, ha recalcado la necesidad de que este proceso se lleve a cabo "de modo óptimo", "presencial" y con garantías.

Por su parte, la diputada 'popular' Noelia Pérez López ha recordado que, según datos aportados por la Xunta en comisión parlamentaria, el número de personas que vieron rebajado su porcentaje de discapacidad pasó de representar el 17% en 2019 a ser del 15,6% en 2020, cuando parte de los expedientes se resolvieron de modo telemático.

Por ello, ha descartado que las evaluaciones realizadas en remoto afecten a la resolución de los expedientes y ha recalcado que pueden llevarse a cabo de modo presencial si los profesionales lo consideran preciso. Además, ha defendido que la vía telemática se ha implantado para proteger la "salud" de las personas con dependencia evaluadas.

Mientras, la diputada del BNG Olalla Rodil ha criticado que parte de estas evaluaciones se realicen de modo telemático, ya que, a su juicio resulta "muy difícil cuando no imposible" analizar la capacidad de una persona para desarrollar de modo autónomo su vida diaria "a través de una llamada telefónica". Así, ha reprobado que se permita "ir al cine" o a las cafeterías pero no se lleven a cabo estas sesiones de modo presencial en su totalidad.

También ha valorado el refuerzo de los equipos de valoración realizado en los últimos años, pero ha incidido en que debe potenciarse en mayor medida para garantizar el acceso a una evaluación del grado de dependencia en un periodo de tres meses, tal y como marca la normativa.

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) las medidas de restricción en el sector por "su falta de eficacia y fundamento".

En opinión de las asociaciones de hostelería, que acuden al TSJN por cuarta vez, "las evidencias científicas no justifican tamañas restricciones cuando nos comparamos con otras comunidades como Madrid o ahora La Rioja y porque, además, no se han puesto en marcha hasta el momento otras posibilidades que permitan combinar la economía y la salud como es la ventilación adecuada mediante una medición de CO2".

"Veremos hasta cuando continúan estas restricciones ineficaces y que, sin embargo, hunden en la ruina a miles de familias navarras" han señalado AEHN y Anapeh en un comunicado. En estos momentos, en Navarra permanecen cerrados los interiores de bares y restaurantes y las terrazas permanecen abiertas al 100%, hasta las 21 horas.

Según han manifestado las asociaciones de hostelería, "palabras suaves tales como hartazgo, desasosiego, perplejidad, abatimiento o indignación, acompañan a la hostelería desde hace demasiados meses dadas las restricciones que lleva aparejada la lucha contra el Covid".

Sobre las ayudas puestas en marcha por el Gobierno foral para el sector, han valorado que cuentan con la cuantía "más alta del país", pero han incidido en que "son totalmente insuficientes para un sector que facturaba anualmente 850 millones". "Dada la pérdida de facturación que podemos determinar que ha sido una media del 60%, el sector hostelero y turístico ha perdido en un año más de 500 millones", han afirmado.

Además, han remarcado que "en este año el sector ha perdido más de 3.000 trabajadores, aproximadamente un 17% del total, y nos preguntamos qué ocurriría si esto ocurriese en otro sector".

"Podemos estimar tales cifras como catastróficas, pero lo serían menos si el sector observase que las restricciones que le son aplicadas tienen su repercusión o un claro impacto en la bajada de contagios. Sin embargo, en Navarra, tal y como ocurrió en la segunda ola, somos líderes nacionales con una incidencia a 14 días de 413, con la hostelería cerrada en su interior desde hace 14 días, mientras que La Rioja o Madrid que permiten el consumo en interior hasta un máximo de seis personas por mesa y con el cierre a las 23.00 horas, tienen una incidencia de 214 y 338 respectivamente", han subrayado.

En este sentido, han destacado que "si analizamos datos de la 'responsabilidad' del consumo en la hostelería, en la incidencia vemos que el Ministerio de Sanidad los estimó en un 2,3% del total, la Asociación de Mutuas de España en un 4,7% y el Departamento de Salud Pública del Gobierno de Navarra en un 5%".

"A ello le debemos añadir cómo los botellones o las fiestas privadas van aumentando debido al cansancio y la falta de respeto por unas normas, que tras un año, han dado muestras de ser irrelevantes e incapaces de solucionar este gran problema", han apuntado desde AEHN y Anapeh.

En su opinión, "todo ello genera una falta de credibilidad y sensación de eficacia en las medidas adoptadas, que ahondan en la catastrófica realidad del sector hostelero que ve cómo las restricciones no son útiles y además generan una crisis económica cada día más complicada".

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha pedido al Ejecutivo de Javier Lambán que asuma el reto de proclamar el 2022 como 'Año Cajal' utilizando el 170 aniversario del nacimiento de Santiago Ramón y Cajal, y el 100 aniversario de su jubilación como catedrático.

Así lo ha manifestado el líder de Cs Aragón y portavoz en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, tras anunciar en rueda de prensa una Proposición no de ley que pretende reivindicar su memoria y recuerdo, además de cumplir con una asignatura pendiente con el Permio Nobel. "Debemos ir de Goya a Cajal, del arte a la ciencia, con Aragón como punto de encuentro", ha recalcado.

Según el portavoz, Cs no busca rédito político con esta iniciativa sino el acuerdo unánime de las Cortes de Aragón para que el Ejecutivo asuma y capitanee la celebración del 'Año Cajal', lo que permitirá fomentar la ciencia y la investigación.

En este sentido, el líder de Cs ha avanzado que esta iniciativa ya está hablada con el presidente Lambán, la familia del premio Nobel y la Universidad de Zaragoza, "quienes han acogido la idea con los brazos abiertos", y de la que se necesita de colaboración entre instituciones aragonesas como la Diputación de Huesca, Universidad de Zaragoza, Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, de Jaca, Ayerbe, Valpalmas, incluso incluir al Ayuntamiento de Madrid por clara vinculación.

"El próximo año deben organizarse eventos en el marco de esta efeméride, con conferencias, cursos, jornadas, exposiciones, incluso con un toque artístico para recuperar sus dibujos científicos, transmitiendo las ideas de la ciencia para el desarrollo de las sociedades", ha sostenido Pérez Calvo, a la vez que ha reconocido que ya existen actuaciones en marcha que no deben paralizarse, como la rehabilitación de Santa Rosa en Huesca, o los centros de interpretación, pero todavía hay más de 2.000 piezas de Cajal en el Ministerio de Pedro Duque "sin darles salida".

Según el portavoz, "estas iniciativas tienen que seguir su curso siendo paralelas con el año Cajal proclamado desde Aragón, gestionado desde aquí, y con implicación pública y privada".

Para el parlamentario de la formación naranja, "es preciso adquirir un compromiso firme, no de palabrería, para impulsar iniciativas que vinculen a Ramón y Cajal con la comunidad autónoma, con elementos de su legado y con el cumplimiento de su mayor deseo: menos homenajes y más partidas presupuestarias para la ciencia y la investigación".

"En el momento en que las Cortes de Aragón aprueben esta iniciativa y el Ejecutivo aragonés asuma el reto de liderar el proyectos, Cs no se quitará de en medio pero trabajará como uno más para que esa asignatura pendiente la podamos cumplir como la que tenemos con otro genio de esta tierra que es, Francisco de Goya", ha finalizado diciendo.

El director de Salud Pública, Juan Camacho, ha asegurado que aunque los casos y la incidencia acumulada por COVID-19 siguen aumentando en la región, los datos no son tan preocupantes como los alcanzados tras la Navidad.

Por provincias, Albacete es la que mejor se encuentra en cuanto a incidencia acumulada, con tan solo un tercio en comparación con la media regional, que en los últimos 14 días ha registrado una incidencia acumulada de 169 casos por cada 100.000 habitantes. Esta provincia es además la única que mantiene el nivel 2 de medidas sanitarias en todos sus municipios.

En el resto de la región hay un total de 25 localidades por encima de este nivel, nueve en Toledo, nueve en Guadalajara, dos en Cuenca y cinco en Ciudad Real, incluidas Guadalajara capital que se encuentra en nivel 3 reforzado y Cuenca en nivel 3.

Sobre la vacunación, Camacho ha anunciado que durante las próximas horas se superará el medio millón de dosis administradas en la comunidad. Además, ha reseñado que el 9% de la población ha completado la pauta vacunal.

"Más de 150.000 personas tienen ya la pauta vacunal completa de las dos dosis, un porcentaje alrededor del 9%, que dista mucho del 70% pero nos coloca ligeramente por encima de la media nacional", ha defendido, al tiempo que ha destacado la vacunación entre los mayores de 80 años, a los que ha calificado de "prioridad absoluta".

"Más del 95% de los mayores ha recibido la primera dosis y casi un 55% ha completado la pauta vacunal". También ha anunciado que a lo largo de esta semana "prácticamente todas las personas de este grupo completarán la segunda dosis".

BROTE EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE CAMARENA, TOLEDO

Respecto al brote en la residencia de mayores de Camarena, en Toledo, Camacho ha señalado que han sido 12 los positivos contabilizados entre un total de 30 personas.

La mayoría se encuentran asintómaticos y en buen estado a excepción de una persona que tuvo que ser ingresada en el hospital y que falleció.

"Hubo un caso proveniente del hospital que ingresó con una PCR negativa pero que desarrolló síntomas y falleció en ese segundo ingreso hospitalario. Creemos que podría haber sido el caso índice", ha explicado, añadiendo que ni dicho paciente ni uno de los trabajadores habían completado las dos dosis.

Desde Sanidad han realizado los rastreos y las PCRs correspondientes, pruebas que repetirán a lo largo de esta semana. Asímismo, se va a remitir una secuenciación masiva para ver si alguno de los casos se corresponde con alguna de las variantes más raras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado hoy su intervención en el Congreso de los Diputados para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de tener "síndrome de Estocolmo" por querer volver a pactar con el PP en Madrid.

Durante su turno de réplica en el Parlamento, donde ha acudido a presentar el Plan de Recuperación que el Gobierno enviará este mes a Bruselas, Pedro Sánchez ha aprovechado para meter en el debate la campaña electoral de los comicios regionales de Madrid del 4 de mayo. Y lo ha hecho en varias ocasiones.

En primer lugar, para cargar contra el presidente del PP, Pablo Casado, al que le ha acusado de estar demasiado "gritón" demostrando así que está "inquieto" y atribuyéndolo a que no le dejan participar en la campaña electoral madrileña.

"Veo que está impaciente por entrar en la campaña de Madrid, pero me pregunto, ¿será que no le dejan?", ha asegurado Sánchez. Y le ha espetado: "el señor Abascal fue a Vallecas a montar bronca y usted viene a la Carrera de San Jerónimo a montar bronca". Pero ha afirmado que él no va a entrar en ello.

A renglón seguido, ha deslizado otras referencias a la campaña de Madrid, entre ellas, el ataque a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso por intentar comprar la vacuna rusa Sputnik al margen del Gobierno de España.

"Es cierto que estamos viendo que alguna CCAA que negocia por su cuenta para comprar la sputnik", ha señalado Pedro Sánchez sin mencionar expresamente a la comunidad de Madrid, pero sí apuntando que esa autonomía tiene la sede "a unos metros" del Parlamento, en la Puerta del Sol. Y ha ironizado asegurando que se van a independizar de la Agencia Europea del Medicacmento (EMA): "dentro de poco va a declarar la independencia de la EMA alguna autonomía y no es, por cierto, la catalana".

El jefe del Ejecutivo también ha insinuado que el Gobierno regional tiene la culpa de que haya aumentado en Madrid el número de personas que rechazan la vacuna de AstraZéneca, mucho mayor que en otros territorios. "Será porque no hay un compromiso claro e inequívoco de las instituciones" regionales, ha remachado.

En este sentido, ha pedido que no se contribuya a que haya "desinformación", sino que se traslade "seguridad y garantías" a los ciudadanos. "Seamos serios y critiquen lo que hagamos mal, pero no aquello que hacemos con total garantía para administrar la vacuna con total seguridad", ha reclamado tras explicar que el Gobierno ha ido dando pasos con la vacuna AstraZéneca en función de lo que recomendaba la ciencia.

Pero Pedro Sánchez no se ha limitado a traer a colación la campaña madrileña en la respuesta a Pablo Casado, también lo ha hecho cuando respondía a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a la que ha acusado de tener "síndrome de Estocolmo" por anunciar que volverían a pactar con el PP en Madrid para gobernar.

"El PP rompe con ustedes, les roba los tránsfugas, los cargos del partido y usted, por boca de su candidato, tiene la propuesta de volver a reeditar el pacto en la Comunidad de Madrid", ha exclamado, después de recordar a la líder naranja, quien se había quejado de que el Gobierno no diera ayudas directas a la hostelería, que han sido las comunidades gobernadas por el PSOE quienes lo han hecho, mientras que Ciudadanos formaba parte de un Gobierno regional --el de Madrid-- que "no ha dado ni una ayuda directa al sector".

En su respuesta a Santiago Abascal, el jefe del Ejecutivo también ha incluido la campaña madrileña al acusar al líder de VOX de haber "tenido que ir a un barrio de Madrid para reivindicar que existe" porque, según ha dicho, no tenían bastante con "el odio y la furia".

En este punto, Sánchez ha aprovechado para acusar a los de VOX de "criminalizar" y "odiar" a los que no piensan como ellos. También ha rechazado que el Gobierno no condene la violencia, como le ha culpado Abascal: "Eso es mentira, condenamos incluso la que ustedes han sufrido", ha espetado en referencia a la vivida por los dirigentes de VOX la semana pasada en el barrio madrileño de Vallecas donde fueron a dar un mitin.

"No creemos en el conflicto, también descalificamos la violencia que VOX haya sufrido", ha insistido Sánchez, para acusar al partido de Abascal de ser el mismo que "llama a sus militantes a tomar las calles, el mismo partido, el suyo, que llama al Ejército a dar un golpe de Estado como han hecho".

Save The Children ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso que "aparquen las disputas partidistas" y apoyen el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que convertirá a España en el país "con el marco de protección más ambicioso de Europa y probablemente del mundo".

El texto se votará este jueves en el Pleno del Congreso, para continuar su tramitación en el Senado y, según prevé la ONG, si continúa por la vía de urgencia, la ley podría estar publicada en el Boletín del Estado (BOE) "en junio".

"Es el momento de aparcar las disputas partidistas y apoyar de modo cerrado y decidido este gran consenso sobre la protección a la infancia y la adolescencia", ha subrayado el director de Save The Children en España, Andrés Conde, este miércoles en rueda de prensa.

La ONG de infancia, que estará presente este jueves 15 de abril en el Congreso de los Diputados para asistir a la votación de la ley en el Pleno, aprovechará para entregar el medio millón de firmas que han recogido "como expresión del respaldo social que tiene esta ley".

Para Andrés Conde, este jueves será "un día importantísimo para la infancia después de más de 12 años de lucha de los supervivientes de la violencia", como el pianista James Rhodes, que sufrió abusos en su infancia y que ha luchado por la aprobación de esta ley. Por él, el texto se conoce como 'ley Rhodes'.

RHODES: "HA SIDO UNA BATALLA AGOTADORA"

Rhodes se ha mostrado "muy agradecido y positivo" ante la votación de esta ley, aunque ha precisado que "la batalla ha sido larga y agotadora". "Me ha costado mucho, el precio ha sido tan fuerte, casi me mata, pero al final, vale la pena", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que "es emocionante que España sea número uno del mundo en protección a la infancia".

También se ha dirigido a los políticos para decirles que "piensen en sus hijos". "Les ruego que no demoren más el proceso que ya más de 12 años es una barbaridad", ha puntualizado.

El director de Save The Children España ha enumerado algunas razones por las que considera esencial aprobar la nueva ley: "porque es una violencia invisibilizada; porque "es impune, sale muy barata a los agresores"; y porque "es de alta prevalencia en el país, aunque no existe conciencia social".

Según ha expuesto Conde, cada año se denuncian mas de 38.000 casos de violencia a la infancia, y en casi uno de cada dos casos de abuso sexual que se denuncian la víctima es un menor. No obstante, calculan que esto es solo "la punta del iceberg" pues "la mayoría" de la violencia queda oculta en el ámbito familiar.

Además, ha advertido de que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes tiene "efectos devastadores en la salud física, mental y emocional" de los menores; y ha subrayado la importancia de la ley para acabar con el "amplio nivel de tolerancia social que existe en España" a este tipo de violencia.

"Si ocurre en el ámbito familiar decimos que son cosas de familia; en el colegio, que son cosas de niños. Si vemos a un hombre levantar la mano a una mujer se nos revuelve algo, pero contra un niño no sentimos la misma repugnancia", ha alertado.

En cuanto a las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Catalina Perazzo, ha destacado que se han introducido "avances muy importantes", como que todos los niños deban ser escuchados en los procedimientos que les afecten, que se establezcan entornos seguros, la especialización de los profesionales, o los mecanismos adaptados, seguros y confidenciales para denunciar.

NO CONSIDERAR A LOS FUNCIONARIOS AGENTES DE LA AUTORIDAD

Sin embargo, considera que hay "espacio de mejora" y cree que deberían introducirse algunas enmiendas como la de eliminar la consideración de los trabajadores de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad porque "podría desequilibrar la balanza" entre la administración y los niños y sus familias, ya que ser agente de autoridad proporciona la presunción de veracidad.

"No es lo mismo agredir a un agente de autoridad que a cualquier persona. No queremos decir que las familias tengan que agredir o que esté bien, pero en una situación tan compleja en la que se debate si el niño debe salir de la familia, la tensión que hay puede hacer que haya un gesto feo o una mala palabra por parte de los progenitores", ha explicado Perazzo.

Por otro lado, lamentan que no se vaya a votar este jueves una mejora que consideran muy importante, pero que esperan que a su paso por el Senado se vuelva a tener en cuenta, como es que la obligación de recurrir a la prueba preconstituida --que se pueda grabar el testimonio de la víctima menor para evitar su revictimización--, se amplíe hasta los 16 años, frente a los 14 años que se proponen en el texto.

Igualmente, ha destacado el avance introducido en el texto sobre la violencia obstétrica, que era una petición de las organizaciones de infancia, y ha destacado que, con respecto al primer borrador "se ha reforzado mucho el lenguaje".

Sobre la petición de que el plazo de prescripción de abusos sexuales a menores empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 40 años en lugar de 30, como recoge ahora el proyecto, Save The Children apuesta por "ampliar cuanto más se pueda" ese plazo aunque confía en que con las "facilidades" que pone la nueva ley, "no haga falta y las víctimas se sientan realmente seguras" para denunciar antes.

Acerca del argumento de algunos grupos políticos para votar en contra (PNV) o para abstenerse (ERC y EH-Bildu) en la votación del dictamen en Comisión, que afirmaban que había invasión competencial, la ONG de infancia considera que no la hay y destaca que, en cualquier caso, estos grupos parlamentarios están "conformes con la urgencia" de esta ley. El resto de grupos votaron a favor, excepto Vox que votó en contra.

La viceconsejera de Salud y Familias de Andalucía, Catalina García, ha destacado este miércoles que, de permitir el Gobierno central el retraso en la administración de la segunda dosis contra la Covid-19 de las vacunas de Pfizer y Moderna, se podría llegar a una inmunidad parcial del 70% en Andalucía para el mes de julio, frente al planteamiento actual de alcanzar en septiembre la inmunidad de rebaño de seguir la pauta actual de 21 días para la segunda dosis.

A preguntas de los periodistas en la presentación de la Campaña de Prevención y Atención al Ictus 'Es un Ictus. Llama al 061', García ha apostado por esta vía viendo "los problemas que tenemos para que nos lleguen vacunas".

"Hemos solicitado, a través de la Comisión de Salud Pública, que la segunda dosis de Pfizer y Moderna se pueda retrasar más allá de 21 días, para poder inmunizar a más personas con la primera dosis" que, según ha señalado, se ha demostrado que alcanza una inmunidad sobre el 70%, "un nivel muy importante", ha explicado.

"Hay muchas probabilidades de que se pueda aprobar y estamos expectantes", ha subrayado, toda vez que ha apuntado que "se podría retrasar más de dos meses" según especifica el propio prospecto de estas vacunas. "Reino Unido lo ha hecho así y ha vacunado a casi toda su población con la primera dosis de AstraZeneca", ha recordado, para señalar que una primera dosis ya "impide la transmisión de la enfermedad y que una persona pueda estar grave" por coronavirus.

Mientras tanto, ha explicado, Andalucía "sigue con un ritmo de vacunación importante", teniendo en cuenta que la semana pasada se administraron 355.000 vacunas y se llegó algún día a 70.000. "Esta semana tenemos un volumen semejante".

PIDEN QUE ASTRAZENECA SEA VOLUNTARIA EN MENORES DE 60 AÑOS

La Junta también ha solicitado al Gobierno central que la vacuna de AstraZeneca se pueda usar por debajo de los 60 años de forma voluntaria. "Hay muchos andaluces por debajo de 60 que dicen que ellos se vacunarían de forma voluntaria con esa vacuna", ha incidido García.

Además, han reclamado al Ministerio de Salud que a Andalucía llegue el 18% del total de vacunas frente al 15% actual. "Somos la comunidad que más vacunas en números absolutos ha puesto de toda España y también la que cuenta con mayor número de personas a inmunizar".

Preguntada sobre la vacunación en verano, ha señalado que será "más ágil" porque "será la propia persona la que puede pedir cita" dentro de la semana que le toque vacunarse por su franja de edad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado respecto al aumento del número de contagios de coronavirus SARS-CoV-2 en la comunidad autónoma en esta jornada sobre la anterior que si bien se ha registrado "un número importante de casos, son unos poquitos menos que los que había" hace una semana, ha dicho, "por verle algún tipo de luz a la sombra".

El Gobierno de Aragón ha notificado 339 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, un fallecido por la COVID-19 y 164 recuperados, correspondientes a los resultados de este martes, 13 de abril, mientras que una semana antes se declararon 377 positivos, 8 decesos y 143 altas. Este lunes hubo 195 contagios, ningún fallecido y 193 altas epidemiológicas.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la mesa del sector sanitario y asistencial que coordina los proyectos públicos y privados que optan a los fondos UE Next Generation, ha declinado realizar ninguna otra apreciación sobre la evolución de la pandemia. "Saben ustedes que no tomo decisiones al respecto, sino que refrendo las del Departamento de Sanidad", que es quien aporta las novedades y los análisis, ha apuntado.

Preguntado por la decisión de la compañía farmacéutica Janssen de retrasar el lanzamiento de su vacuna contra la COVID-19 en Europa, tras la paralización en Estados Unidos por seis casos de eventos trombóticos en personas vacunadas con su inyección, ha manifestado que no son buenas noticias "en absoluto".

Ha añadido: "Cuántas más vacunas llegaran, antes terminaría el proceso de vacunación y antes nos veríamos libres del virus" y "me consta que el Gobierno de España y el resto de los gobiernos de la Unión Europea y, posteriormente, los ejecutores de los planes, que somos las comunidades autónomas, trataremos de subsanar de la mejor manera posible todo este tipo de frenazos que se están produciendo al proceso".

PLAN AYUDA A LA HOSTELERÍA

El presidente de Aragón se ha referido también al plan de ayudas para la hostelería y el turismo que el Gobierno regional ha impulsado, del que se firmó un protocolo el pasado 30 de marzo, y para el que está previsto aprobar el convenio con las tres diputaciones provinciales este jueves, 15 de abril, en Consejo de Gobierno.

Respecto a los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, Lambán ha manifestado que son "perfectamente conocedores" del plan y, al igual que el resto de los municipios de la comunidad autónoma, "tendrán la oportunidad de sumarse en cuando se produzca la convocatoria".

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años de prisión a J.M.M.L. tras reconocer que durante el confinamiento, el pasado 12 de abril, agredió a su pareja sentimental en el cortijo de El Ejido (Almería) en el que vivían hasta fracturarle la mandíbula.

El acusado, en prisión provisional por esta causa, ha mostrado su conformidad ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería después de que la Fiscalía rebajara su petición inicial de cinco años de prisión a tres por un delito de lesiones agravadas con la agravante de parentesco, por lo que se ha dictado sentencia en firme en el acto de juicio.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado y la víctima convivían en un cortijo ubicado en la comarca del Poniente almeriense cuando se decretó el estado de alarma y se ordenó el confinamiento domiciliario.

Así, relata un primer episodio violento que tuvo lugar en abril en el que tras una discusión y con "ánimo de lesionar su integridad física", el acusado comenzó a propinar golpes y puñetazos a su compañera hasta "fracturarle la mandíbula". Asimismo, se relata una segunda agresión en los cinco días posteriores con puñetazos y golpes.

La víctima, que falleció el pasado 7 de septiembre de 2020 por causas que no han trascendido, requirió para su total curación 77 días y padece secuelas como perjuicio estético moderado y alteración traumática de la oclusión dental con problemas para la apertura de la boca, por lo que la Fiscalía también solicitaba una indemnización de 10.069,82 euros.

LA ACUSACIÓN PARTICULAR, APARTADA DEL CASO

Durante la celebración del juicio, el tribunal ha apartado a la acusación particular ejercida por la letrada Piedad Moreno debido a que la víctima falleció el pasado 7 de septiembre sin que hasta la fecha haya aparecido ningún familiar dispuesto a sostener la acusación.

La abogada, quien ha elevado protesta, ha solicitado suspender la vista para realizar una investigación suplementaria a fin de determinar que si existen familiares dispuestos a sostener la acusación particular ya que, aunque ella misma ha reconocido que "de manera personal" ha tratado de indagar sobre este asunto, no había logrado constatar fehacientemente la inexistencia de allegados.

Moreno ha indicado además durante su intervención que "no existe inscripción del fallecimiento en ningún registro civil de toda España", aunque el levantamiento de cadáver por parte de un juzgado de El Ejido si conste en autos.

"Es una alteración sustancial que creo que exige una investigación suplementaria para conocer la circunstancias del fallecimiento", ha recalcado tras sugerir incluso una posible conexión entre su muerte y el procedimiento antes de que el tribunal determinase que ha transcurrido suficiente tiempo como para hallar a familiares dispuestos a continuar con la acusación particular.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha confirmado que el incendio que se originó este martes por la tarde en el polígono industrial de Seseña, y que ha afectado a cuatro naves y más de 52.000 metros cuadrados, ya ha quedado extinguido oficialmente.

En declaraciones a los medios, Ruiz Molina ha explicado que, según la evolución de próximas horas se alternará el uso de agua o espuma, con el objetivo de bajar la temperatura de la zona afectada. A primera hora de la mañana se utilizó agua, pero se generó un intenso humo en la A-4, cuyo objetivo era no tener que cortarla.

Asimismo, el consejero autonómico ha señalado que el nivel de calidad del aire es "normal" en la zona de Getafe e Illescas. Esta tarde, el Gobierno regional recibirá un informe de cómo evoluciona la situación y en función de ello se tomarán medidas preventivas.

Los Bomberos de la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid han dado por controlado el incendio, aunque el fuego estará totalmente apagado en unos días, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Tras la reunión mantenida entre ambos Cuerpos, han decidido que queden en la zona cuatro unidades de Toledo y dos de Madrid, básicamente en apoyo del suministro de agua. El incendio no está controlado pero sí confinado sin ningún tipo de posibilidad de propagación.

Dada la dimensión de las naves siniestradas, cantidad de combustibles y el riesgo de que colapsen algunos paramentos y paredes exteriores, los bomberos intentarán extinguir las llamas solo en aquellas zonas sin riesgo para los intervinientes. En el resto han tomado la decisión de dejar que arda de manera controlada.

En cuanto a la columna de humo, es muy inferior a la de ayer y la Guardia Civil de Tráfico se encontraba esta mañana controlando que no cambiara la dirección del viento y el humo bajara de altura y se depositara en la A-4. En ese caso tienen preparado cortes y desvíos alternativos.

Por otro lado, está trabajando en la zona una unidad de drones de los Bomberos madrileños, operativa desde hace unos pocos meses, que se utiliza principalmente en los incendios de cubierta, naves, y en los forestales. Así, llega a donde no llega una escala y evita poner en riesgo a los profesionales. Además, cuenta con cámaras térmicas para observar donde hay más carga calorífica.

El protocolo de acoso escolar se ha activado en once casos en el primer trimestre del curso 2020-2021, y se ha constatado la existencia de acoso en dos de ellos, según los datos recogidos en el informe sobre convivencia escolar elaborado por la Unidad de Convivencia de la Consejería de Educación.

Además, durante dicho periodo se han abierto 44 expedientes disciplinarios, más de la mitad, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 24.

Se trata de algunos de los principales datos recogidos por el Observatorio para la Convivencia Escolar, cuyo pleno se ha reunido hoy bajo la presidencia de la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, quien ha constatado el "buen clima de convivencia" en las aulas cántabras, y se ha comprometido a "seguir trabajando" para "mejorarlo aún más".

En comparación con el primer trimestre del curso pasado, en el actual los casos de acoso confirmado se han duplicado, al pasar de uno a dos, mientras los protocolos activados se han reducido un 63% (fueron 30 en el curso 2019-2020).

El número de protocolos abiertos por acoso escolar en relación al total del alumnado matriculado (94.785) en las enseñanzas no universitarias en el curso actual es del 0,0116%, lo que según Lombó demuestra la "reducida incidencia" que este problema tiene en la comunidad educativa regional y la "efectividad" de las estrategias de la Consejería de Educación para luchar contra el acoso y del trabajo en las aulas de los equipos docentes.

El informe refleja que la etapa de Secundaria es la que concentra más protocolos activados, un total de 9, mientras que en Primaria y en FP se registra un caso en cada una. Por género, el 54,55% corresponde a alumnos y el 45,45% son de alumnas.

Según la Consejería, la situación provocada por la crisis sanitaria ha generado una clara disminución de la interacción entre los diferentes grupos lo que ha afectado directamente al descenso de posibles situaciones de acoso.

En este sentido, Lombó ha señalado que la razón es la "creciente toma de conciencia" de los equipos de directivos de la conveniencia de "abrir los protocolos" ante la menor sospecha. "Más protocolos abiertos no significa más casos de acoso, sino un mejor abordaje de estas situaciones", ha aclarado.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

En cuanto a los procedimientos disciplinarios de este primer trimestre, han sido 44 --tres más que en el mismo periodo del curso anterior--, de los que 35 se han incoado a alumnos y 9 a alumnas.

La tendencia en alumnas está descendiendo, al pasar del 35,6% del curso pasado al 20% de este primer trimestre.

En Educación Primaria se han abierto dos procedimientos disciplinarios; y de los 24 en Secundaria, la mayor parte corresponden al 2º curso.

Mientras, en la etapa postobligatoria se han abierto 19 procedimientos, 16 de ellos en Formación Profesional y tres en Bachillerato.

SIETE CASOS DE ACOSO EN EL CURSO 2019-2020

En el pleno también se han presentado los datos globales del curso 2019-2020, en el que se activó el protocolo en 47 casos y se constató la existencia de acoso escolar en siete de ellos, de los que seis corresponden a alumnas.

En concreto, se activó un protocolo en Educación Infantil, 18 en Primaria, 24 en Secundaria, 2 en Bachillerato y 2 en Formación Profesional.

El número de protocolos abiertos por acoso escolar (47) en relación al total del alumnado matriculado (94.657) en las enseñanzas no universitarias arroja un porcentaje de incidencias del 0,049%.

El número de protocolos aumentó hasta marzo de 2020 con respecto al curso anterior; después, como consecuencia del confinamiento, solamente se abrió un protocolo hasta final de curso. De las notificaciones totales, 25 son de alumnos y 22 de alumnas.

Por lo que respecta al tipo de protocolo abierto, 41 fueron de acoso entre compañeros, en al menos 8 se conocen situaciones también por redes sociales, 4 fueron de ciberacoso y 2 por diversidad funcional. No se produjo ninguno por situaciones de homofobia o transfobia.

El número de protocolos abiertos en centros concertados ascendió a 11, frente a 36 en centros públicos. Tres casos de acoso se produjeron en concertados y cuatro en centros públicos (2 en IES y 2 en CEIP).

En cuanto a la distribución por género, si bien los datos siguen mostrando que se abren más expedientes a alumnos (56) que a alumnas (31), respecto al curso pasado la tendencia en alumnas va en aumento, pasando del 23,31% del curso 2018-2019 al 35,6% de este curso.

Por lo que respecta a la distribución por etapas, en Educación Primaria se han abierto 4 procedimientos disciplinarios y en la ESO un total de 61, la mayor parte correspondientes a los tres primeros cursos, disminuyendo notablemente en el último curso de la etapa, una tendencia que se repite con respecto al pasado curso.

En la etapa posobligatoria se han abierto 22 procedimientos, 21 en FP y uno en Bachillerato.

Las conductas desencadenantes que más ha incidido en la apertura de procedimientos disciplinarios han sido la reiteración en el mismo curso escolar de conductas contrarias a la convivencia en el centro (29); agresión física, acoso, amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa (29); e injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa (23), un aspecto que se repite en el curso 2020-2021.

Durante el curso pasado se registraron conflictos relacionados con la alteración de la convivencia entre iguales, por discrepancias de las familias y los centros educativos, por consultas sobre el procedimiento de notificación y desarrollo del protocolo de acoso entre iguales y por cuestiones relacionadas con la instrucción de procedimientos disciplinarios.

En relación con el mal uso de las redes sociales, en este curso se detectó un aumento en el número de consultas y su derivación al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos, vinculado a la Delegación de Gobierno y la Alta Inspección Educativa.

VALORACIÓN

La consejera ha manifestado el "rechazo absoluto de toda la comunidad educativa frente a cualquier situación de acoso o cualquier otra situación que altere el normal funcionamiento de nuestros centros educativos". Una coincidencia que, ha dicho, "está en la base de la buena situación que presenta Cantabria en este ámbito".

Así, ha explicado que en el Pleno del Observatorio todos los integrantes han coincidido en la necesidad de seguir realizando actividades formativas que promuevan la convivencia positiva.

Por último, Lombó ha subrayado que desde la Consejería se trabaja en la mejora de los protocolos vinculados al acoso a través de diferentes grupos de trabajo especializados en ámbito de la convivencia. Además, se está a la espera de la modificación del Plan de Convivencia estatal sobre acoso para realizar la oportuna actualización del texto cántabro.

Norbert Feher, alias Igor 'El ruso', el presunto autor del triple crimen de Andorra, iba armado en el momento de su detención, según el testimonio de los guardias civiles que lo encontraron en la madrugada del 15 de diciembre de 2017, muy tranquilo, tendido en el suelo, en buen estado físico, horas después de acabar con la vida del ganadero José Luis Iranzo y los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Tenía una pistola cargada, dispuesta para ser disparada.

Los agentes que procedieron a la detención, pertenecientes al Grupo de Información de Castellón, y que han comparecido este miércoles en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Teruel, han manifestado que Feher estaba muy tranquilo y en buen estado de salud.

Igor 'El ruso' había disparado a las 18.30 horas del 14 de diciembre José Luis Iranzo, cuando el ganadero se acercó a su propiedad, al 'Mas del Saso'. A continuación se apoderó de su vehículo, un Mitsubishi pick-up, con el que huyó en dirección al 'Mas del Zumino', donde tenía su guarida. En este paraje, un cuarto de hora después, disparó con dos pistolas acabando con la vida de los dos agentes de la Benemérita que iban a identificar el vehículo, y se llevó sus armas reglamentarias y otros efectos. Ambos masicos están unidos por un camino.

Después, Feher abandonó el lugar en el mencionado vehículo, pero tuvo un accidente, y el pick-up quedó volcado en la cuneta, en la A-226, entre Cantavieja y Mirambel. La Guardia Civil ya había establecido el dispositivo de cierre y búsqueda del autor de las muertes.

Sobre las 2.45 horas, hasta el lugar del accidente llegaron agentes de Castellón, que se encontraban cerca cuando recibieron el aviso de que había un coche accidentado y que era posible que guardara relación con lo que había pasado, por lo que actuaron con cautela. Vieron primero el coche siniestrado y, a unos 500 metros, una mochila, otros bultos, una bicicleta, y también una persona al lado de una encina.

Igor 'El ruso' estaba tumbado boca abajo, con la cabeza ladeada. Llevaba una pistola Smith & Wesson debajo del cuello, con un cartucho dentro, preparada para ser disparada; un cinturón y una de las pistolas de uno de los agentes a los que había matado y, en el pecho, un machete de grandes dimensiones con una funda de cuero. "Cuando nos acercamos, él vió la luz de la linterna, levantó la cabeza y nos miró", ha indicado el testigo.

"No le dimos opción a hacer nada contra nosotros, le levantamos del suelo, le pusimos los grilletes, le cacheamos, le metimos en el coche y le leímos sus derechos". Ha agregado: "No nos respondió a las tres o cuatro preguntas que le hicimos, tampoco se resistió a la detención", ha agregado. A continuación, la zona quedó acordonada, y se procedió al traslado del detenido.

OTRA ARMA DE FUEGO EN UN CORRAL

El dueño de un corral del 'Mas del Zumino', donde Feher debió ocultarse y pasar algunas noches, ha declarado que no había cerradura en la puerta, puesto que se trata de un corral abandonado.

Situado entre Albalate y Andorra, desde allí se ve perfectamente el masico de los Iranzo. El propietario ha dicho que desconocía que alguien rondara por esa propiedad y que no supo nada hasta que se produjo el crimen.

En unas escaleras de piedra que conducen a un pajar, donde pudo dormir Igor 'El ruso', el 2 de febrero de 2018, la Guardia Civil halló una pistola Beretta, junto a numerosas latas de cerveza vacías. El dueño del corral ha negado que fuera suya el arma.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha reclamado este miércoles, en el acto de entrega de los XIII premios anuales del Foro Justicia y Discapacidad, un esfuerzo a toda la sociedad española para mitigar los efectos que la pandemia ha provocado en las personas con discapacidad.

"Resulta absolutamente prioritario que toda la sociedad se esfuerce para intentar paliar los efectos de la crisis sanitaria y mitigar sus gravosas consecuencias en las personas con discapacidad, que las han padecido con especial crudeza", ha señalado en su discurso.

El Foro Justicia y Discapacidad, creado en 2003 para coordinar a las instituciones jurídicas del Estado en conseguir una mayor efectividad en la tutela judicial de los derechos de las personas con discapacidad, está integrado, además de por el CGPJ, por los Ministerios de Justicia y de Derechos Sociales y Agenda 2030; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado; y el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil.

También participan en este foro, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE y la Confederación Plena Inclusión España.

En su discurso, Lesmes ha asegurado que el compromiso de estas instituciones "está siendo esencial para que la pandemia no continúe aumentado la vulnerabilidad de estas personas, ni incremente los obstáculos a los que se enfrentan en su día a día" y ha dicho que "la garantía de valores esenciales como el respeto, la igualdad y la no discriminación es una tarea que nos atañe a la totalidad del conjunto social, que necesita de la complicidad de cada persona y de cada institución, desde las distintas responsabilidades de cada una".

LOS PREMIADOS

El presidente del CGPJ ha agradecido a los premiados --el jurista con discapacidad Óscar Moral Ortega, la empresa Cascajares, el periodista de RNE Rafael Bermejo y la Unidad Militar de Emergencias (UME)-- su compromiso en favor de las más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.

En este sentido, ha señalado que su trabajo y su aportación a la sociedad "es un ejemplo para todos" y ha reiterado el pleno apoyo del CGPJ y del Foro para "la creación de un mundo sin barreras".

Moral Ortega, que es asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha recibido el premio a una trayectoria profesional por su lucha en la defensa de los derechos de este colectivo; mientras que de Cascajares, se ha premiado sus esfuerzos a colaborar, a través de su fundación, con entidades dedicadas a las personas con discapacidad.

Bermejo, por su parte, ha destacado como director de la serie documental 'Vulnerados: la doble reja de las personas con discapacidad intelectual en prisión'; y la UME ha recibido el premio por su dedicación a la formación en el rescate de personas con discapacidad.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el acto también ha participado el vocal del órgano de gobierno de los jueces y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández, quien ha señalado que el colectivo de personas con discapacidad "no necesitan falsa caridad", sino "igualdad de oportunidades". En este sentido, cree que "la sociedad entera, pero especialmente quienes tiene responsabilidades públicas, ha de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas y la plenitud de sus derechos".

Fernández también ha hecho referencia a la pandemia de coronavirus, "una situación que ha sido especialmente dramática para quienes son más vulnerables y para quienes la vida es siempre más difícil".

Finalmente, durante el acto se ha presentado la "Guía de buenas prácticas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad", que actualiza la publicada en 2011 y que tiene como objetivo profundizar en la protección de la dignidad y de los derechos fundamentales de este colectivo, según ha informado el CGPJ.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, ha instado al presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, a "buscar soluciones alternativas" ante la escasez de vacunas "y que no espere a que Isabel Díaz Ayuso le diga cuáles son las soluciones".

Ossorio se ha manifestado en este sentido en respuesta a preguntas de los medios sobre cómo va a afectar al plan de vacunación frente al Covid-19 el aplazamiento del envío de la vacuna de Janssen después de que Estados Unidos suspendiera su administración tras detectar casos de trombos en mujeres que la habían recibido.

El portavoz del Gobierno madrileño ha criticado que Sánchez "salió hace dos o tres días henchido de gozo por los millones de vacunas que iba a traer". "Yo creo que los ciudadanos madrileños y españoles están muy preocupados porque vimos a un presidente del Gobierno encantado de sí mismo y encantado de todas las vacunas que iba a traer y ahora vemos que dos días después todo se quiebra", ha agregado.

Tras constatar que la escasez de vacunas es un problema para los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que los "planes alternativos" del Gobierno regional consisten en proponer al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se quiten los límites de la vacuna de AstraZeneca para que se pueda administrar tanto a mayores de 69 años como a menores de 60 años.

"Nuestra propuesta es quitar los límites que existen ahora mismo para vacunar con AstraZeneca. En el caso de que no se atienda esta petición, lo que vamos a plantear es que voluntariamente los ciudadanos menores de 60 años puedan decir que quieren recibir la vacuna de AstraZeneca", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que la Consejería de Sanidad está estudiando la conveniencia de retrasar la segunda dosis, como se está haciendo en otros países, y que si concluye que es una medida acertada la planteará al Consejero Interterritorial.

Pedirle al presidente del Gobierno que en vez de salir a presumir de las vacunas que otros le suministran que haga como nosotros, que hablé con todo el mundo, porque para mejorar la situación de los ciudadanos hay que trabajar, no hay que ser perezoso, y hay que reunirse con todo el mundo, como hace la Comunidad de Madrid, buscar soluciones alternativas, y que no espere a que Isabel Díaz Ayuso le diga cuáles son las soluciones, que también lo hacemos, con mucho gusto, y llevamos haciéndolo meses, pero que él trabaje un poquito, que se esfuerce un poquito", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha pedido a Sánchez que se guíe por criterios sanitarios y no políticos, "que se olvide un poco del 4 de mayo", porque "el problema es cuando uno se arroga que él es el salvador y que él trae las vacunas, y además que lo hace porque hay unas elecciones el 4 de mayo, eso es lo que es penoso".

Ossorio, quien ha incidido en que "los beneficios de la vacunación son muy superiores a los riesgos", ha subrayado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid anima a vacunarse y que fruto de su "esfuerzo" el porcentaje de rechazo a la vacuna de AstraZeneca "está mejorando".

El Gobierno de Gibraltar ha aconsejado a sus ciudadanos que se informen bien sobre las restricciones vigentes en España, y en particular en Andalucía, en relación con la pandemia ante el deterioro de la situación sanitaria y la inminencia de una cuarta ola.

En un comunicado, el Ejecutivo que dirige Fabián Picardo ha señalado que "observa con pesar el empeoramiento de la situación de salud pública en varios países europeos, incluida la vecina España".

Esta circunstancia, ha subrayado el Gobierno gibraltareño en un comunicado, supone que quienes tengan intención de viajar fuera del Peñón, "especialmente a España", tendrán que "seguir estrechamente las recomendaciones de salud pública y actuar con prudencia cuando sea necesario".

En el caso concreto de España, ha incidido en que las autoridades "prevén que una cuarta ola de Covid-19 se materializará durante esta semana y la siguiente, como consecuencia de los contactos que hantenido lugar durante Semana Santa" y ha llamado la atención principalmente de los últimos datos en Andalucía.

Así, se ha recordado a los gibraltareños que Anadalucía "sigue estando cerrada a otras regiones de España e, incluso, dentro de la comunidad autónoma, la movilidad entre provincias continúa restringida" por lo que en realidad los residentes en Gibraltar solo pueden viajar a la provincia de Cádiz.

Desde el Gobierno gibraltareño se ha aconsejado a los ciudadanos que se familiaricen "con las últimas restricciones en vigor al otro lado de la frontera", las cuales pueden variar incluso entre municipios, y que estén atentos a eventuales actualizaciones de las mismas, "dado que estas podrían endurecerse aún más en caso de que haya una nueva ola de la pandemia".

LA VACUNA NO EVITA EL CONTAGIO

Además, el Gobierno gibraltareño ha recordado que "es importante tener en cuenta que incluso una persona que haya sido vacunada contra elCovid-19 puede aún contraer la enfermedad, aunque con una gravedad menor, y contagiarla a otros".

Las autoridades del Peñón han llevado a cabo una potente campaña de vacunación de su población que le ha permitido incluso comenzar a vacunar también a los trabajadores transfronterizos, buena parte de los cuales son españoles.

Según las últimas cifras oficiales publicadas este martes, hasta la fecha se han contabilizado 4.277 casos y 94 víctimas mortales. En la actualidad hay un único caso activo y se trata de un visitante. Por lo que se refiere a las vacunas, más de 28.800 personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna, entre ellas unos 3.700 trabajadores transfronterizos, mientras que algo más de 35.000 han recibido una dosis.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha recordado que el 'pin parental' nunca ha sido ningún tipo de veto, "sólo un mecanismo muy sencillo que permite a los padres conocer que si alguien que no es funcionario de educación va a dar una charla sobre cualquier materia a su hijo, pueda decidir en último extremo si los contenidos se compadecen con su derecho constitucional a elegir la educación que cada uno prefiera para sus hijos".

Liarte ha pronunciado estas palabras durante el Pleno de la Asamblea Regional en el que se ha debatido una moción del PSOE para no establecer el 'pin parental' en los centros educativos de la Región. La iniciativa de los socialistas se ha rechazado con los votos de PP, VOX, los tres diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos que ya han sido expulsados del partido, y el voto del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo. Por su parte, los diputados de Ciudadanos Juan José Molina y Ana Martínez apoyaron la iniciativa de los socialistas.

Durante el debate parlamentario, el socialista Antonio José Espín ha manifestado que "la ultraderecha sigue empeñada en romper los consensos sociales" y que el veto parental es "violencia institucional".

Espín ha recordado que hace un año, el TSJ "les tiraba de las orejas", aclarándoles que lo que VOX pretendía hacer era "contrario a la ley". "Dar la posibilidad de censurar contenido educativo de obligado conocimiento para todos es dar la posibilidad de que en esta Región haya niños y jóvenes que solo conozcan aquello que solo sus padres y madres quieren que conozcan, reproduciendo en muchos casos patrones machistas, homófobos o racistas", ha afirmado Antonio José Espín.

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha destacado ante el Pleno que, en los últimos años, el número de condenados por delitos sexuales en la Región de Murcia ha aumentado un 27,2% y que la cifra de menores culpables creció en un 155%. "Dirán que son menas, pero 3 de cada 4 eran españoles". Marín ha aportado estos datos como justificación de por qué es necesaria una "educación más feminista y diversa".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha afirmado que "este gobierno va a luchar hasta lo indecible por la libertad de elección de los padres en lo que se refiere a educación" y ha tachado de "cínicos" a PSOE y al Grupo Mixto por su intención de aceptar 'el pin parental' en una negociaciones para conseguir los votos en una "infame moción de censura".

Por su parte, Víctor Martínez-Carrasco del PP, ha afirmado que "saben que la patria potestad tiene limitaciones" y que defenderán siempre "la libertad frente al adoctrinamiento que defienden ustedes". Asimismo, Martínez-Carrasco ha manifestado que "el PSOE desvía la atención de lo verdaderamente importante".

El PSOE ha asegurado su intención de recurrir a los tribunales tras ser rechazada su propuesta con los votos en contra de PP, VOX, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y los diputados que ya han sido expulsados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Asimismo, durante la celebración del Pleno, se ha aprobado por unanimidad la moción formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de la concesión de la medalla de oro de la Región de Murcia a título póstumo a José Molina, ex presidente del Consejo de la Transparencia.

Todos los grupos parlamentarios han coincidido en la labor de José Molina como un ejemplo de transparencia e instrumento fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos, y han aplaudido su encomiable trayectoria consiguiendo situar al consejo de Transparencia de la Región como un referente a nivel nacional.

Durante el Pleno, también ha sido aprobada la petición realizada por el Grupo Parlamentario Popular al Gobierno de la Nación del aumento del importe de las ayudas directas y ampliarlas a sectores que han quedado fuera de las mismas, flexibilizar requisitos y exigir mayor dotación a comunidades más perjudicadas por reparto.

La diputada del PP, Isabel María Sánchez, ha afirmado que "7 de cada 10 autónomos quedan fuera de este Real Decreto al que solo pueden acogerse los 95 sectores contemplados, dejando fuera a peluquerías, centros de estética, música, autoescuelas, fisioterapia, gasolineras, etc. Negocios de autónomos y micropymes que llevan meses sin facturas o arrastran una facturación muy menguada".

Desde el PSOE, Virginia Lopo ha manifestado que lo único que "al PP no les han preocupado los empleos y los autónomos, solo sus cargos y los tránsfugas". Asimismo, Lopo ha afirmado que gracias a la gestión del Gobierno de España, 42.000 autónomos de la Región siguen aún cobrando su cese de actividad.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario VOX ha aprobado una moción en defensa del silvestrismo como "actividad cultural tradicional" que cuenta con muchos simpatizantes en la Región de Murcia. Francisco Carrera, diputado de VOX, ha señalado que en España hay más de 40.000 aficionados al silvestrismo, "personas que forman un grupo muy heterogéneo de ciudadanos con una gran diversidad social y cultural".

Esta petición nace, según VOX, del "ataque por parte de la Unión Europea hacia dicha actividad y que, además, cuenta con el respaldo de distintas organizaciones ecologistas", ha asegurado Carrera.

Desde el PSOE han manifestado que presentar esta moción en plena pandemia "es como poco un insulto y una frivolidad". Por su parte, el Grupo Parlamentario Mixto ha considerado inoportuna esta petición "ya que no supone una actividad esencial para superar esta pandemia".

El hombre acusado de abusar sexualmente de una menor en Fisterra (A Coruña) ha negado haberle realizado tocamientos, en el juicio celebrado en la Audiencia coruñesa. Por su parte, la víctima ha declarado que la tenía amenazada.

En su escrito de calificación, la fiscalía solicita 6 años de prisión para el hombre por, según sostiene, los tocamientos reiterados, entre el año 2012 y al menos hasta 2016, a la menor "bajo promesas de dinero o advirtiéndole que, de no hacerlo, perdería relación con su amiga, hija del acusado"

En el juicio, el hombre negó, sin embargo, los hechos. Relató que "nunca estuvo a solas con la menor" y que tampoco la amenazó, como si sostuvo ella.

En la investigación se encontró una conversación de WhatsApp en la que le decía a la víctima: "¿algún día piensas en cuando me tocaste?", sobre la que dijo que "se confundió" ya que quería enviárselo a la madre de la niña, con la que mantenía una relación.

DINERO Y AMENAZAS

Por su parte, la víctima explicó que el acusado "la amenazó" para abusar de ella. Además, confirmó que "le ofreció dinero" a cambio de los tocamientos que le realizaba.

En su declaración, la niña relató que "estuvo a solas" con el acusado en repetidas ocasiones. "Desde los 6 a los 13 años, prácticamente todos los días", dijo la víctima sobre el periodo en el que, presuntamente, se produjeron los abusos.

En su testimonio afirmó que el hombre le hizo tocamientos en diversas partes de su cuerpo. También explicó que fue forzada para "tocarle sus partes" al acusado. Confesó sentirse "obligada" a hacer algo que no quería.

Según dijo, le contó lo sucedido a la hijastra del acusado, también menor, que le confesó que a ella "le había pasado lo mismo". En su testimonio recordó una ocasión en la que el acusado "abusó de ambas en su domicilio".

Los casos activos de Covid-19 en centros educativos de Galicia --escuelas infantiles y enseñanza no universitaria-- mantienen la tendencia ascendente y han subido a 425, lo que supone 18 más que la jornada pasada y se incrementan a 12 las aulas cerradas --tres más--.

Según datos actualizados este miércoles por las consellerías de Sanidade y Educación, tras arrancar las clases después de las vacaciones de Semana Santa sin aulas ni centros cerrados, en la actualidad hay 12 clases inoperativas por positivos --tres más que el día anterior--, dos de ellas en un mismo centro de Ribeira del área de Santiago.

Por áreas sanitarias, los casos activos descienden en el área de Ferrol (-1); se mantienen en la de Pontevedra; y aumentan en las de A Coruña (+2), Santiago (+1), Lugo (+2), Ourense (+4) y Vigo (+10).

A la cabeza asciende el área de Vigo --hasta la jornada pasada estaba la de A Coruña--, con 121 infecciones activas, 10 más, con tres centros con seis positivos cada uno: el CPR plurilingüe Casa de la Virgen de Cangas --uno menos--, CPR Plurilingüe San José de Cluny IES de Teis, entos dos en la ciudad olívica.

En esta área sigue una clase cerrada por un positivo en el CPR Plurilingüe Alba, a la que se suma otra en la escuela infantil Los Olivos de Vigo, también por un contagio.

Le sigue la de A Coruña, con 117 casos activos en centros educativos, lo que implica dos más, con el IES Afonso X O Sabio de Cambre con el mayor número, nueve --uno más--. Cuenta con dos aulas cerradas, la del CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad herculina por un positivo, a la que se añade una por dos contagios en el CRP Plurilingüe Calasancias.

Por su parte, en la de Pontevedra se mantienen en 72 los casos activos en centros educativos, con el IES Monte da Vila de O Grove con el mayor número de contagiados, con seis positivos. En esta hay, además, tres aulas cerradas; dos de ellas en sendas escuelas infantiles en O Grove y en Sanxenxo, ambas con un positivo; a las que se suma una tercera en el CIFP Carlos Oroza con cuatro contagios.

Mientras, en el área de Santiago suben a 63 los casos activos, que implican uno más, y siguen cuatro aulas cerradas. En concreto, las clases inoperativas se ubican en la Escuela Infantil de Silleda por un positivo; en el CEIP Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces por una infección; y en el CEIP Plurilingüe de Palmeira en Ribeira, donde hay dos clases cerradas por tres positivos.

MENOS CASOS

Entre las tres áreas con menos casos se incluye la de Ourense, que cuenta con 27 infecciones activas --cuatro más-- y se mantiene sin clases cerradas por este coronavirus. El centro con más positivos es el CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa, con cinco.

En cuanto al área de Lugo registra 16 casos activos, dos más que la anterior jornada lectiva, y mantiene inoperativa una clase en el CEIP Nosa Señora Purificación de Foz por un positivo.

A la cola de los casos activos en sus centros educativos se sitúa la de Ferrol, con nueve --uno menos--, distribuidos en siete centros. Esta no cuenta con aulas cerradas por la Covid-19.

Dos nuevos responsables de residencias de mayores de Alcorcón y Humanes declararán ante el juez en abril y mayo en calidad de investigados por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente al no derivar a pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.

Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón ha admitido a trámite una querella de Marea de Residencias contra el director de una residencia de mayores de esta localidad madrileña por no derivar a pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.

En una resolución, el juez cita al director a declarar como investigado el próximo 11 de mayo a las 11.00 horas por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable", señala.

A él se sumaría el responsable de una residencia de Humanes, que está citado a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Fuenlabrada --partido judicial al que corresponde Humanes--, según consta en la citación judicial.

Este viernes, está citada en el Juzgado de Instrucción número 50 de plaza de Castilla la directora de una residencia de Ciudad Lineal en el marco de una querella interpuesta por seis familias que denunciaron que sus mayores fallecieron en el centro sin ser trasladados a un hospital.

El pasado 22 de febrero, la directora de una residencia pública de Carabanchel desfiló ante la juez, manifestando que entendía que desde el punto de vista administrativo los protocolos sobre no derivación firmados por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, eran de "obligado cumplimiento".

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó esta semana que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y "participaron desde el principio" en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.

En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de Covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.

Euskadi ha registrado 26 fallecimientos con covid como causa directa del 4 al 11 de abril, la misma cifra que en la semana precedente, y los nuevos contagios de coronavirus detectados este pasado martes ascienden a 1.003, lo que supone 277 más que el día anterior y el incremento hasta el 8,9% de la tasa de positividad, con más pruebas diagnósticas realizadas. La presión en las UCI se incrementa, con 133 camas de críticos ocupadas, seis más que el día previo, y las nuevas hospitalizaciones en planta bajan a 90, frente a las 104 del día anterior.

Según los datos aportados este miércoles por el Departamento vasco de Salud, durante este pasado martes se han realizado 11.274 pruebas diagnósticas (7.546 PCR y 3.728 test de antígenos), por encima de las 9.313 del día anterior, con resultado de 1.003 positivos. De esta forma, la tasa de positividad en relación a las pruebas practicadas se ha incrementado más de un punto, del 7,8% al 8,9%.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 47,9%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 39% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido de nuevo este pasado martes en Euskadi y alcanza los 437,06 casos, lo que supone 17 puntos más que el lunes (420,15), y mantiene Euskadi en 'zona roja', por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

Este indicador se sitúa este pasado martes en 428,21 casos en Álava (426,70 en la jornada anterior); en 371,53 casos en Bizkaia (360,91 el día previo); y en 534,24 casos en Gipuzkoa (500,10 el lunes). De esta forma, el único territorio que no está en 'zona roja' es el vizcaíno, aunque la tendencia es ascendente.

Por otro lado, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se ha incrementado este martes y se sitúa en 1,25 para el conjunto de Euskadi (1,23 en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo también ha subido a 1,18 (era 1,17 el lunes).

Por territorios, se han detectado 419 casos positivos en Bizkaia este pasado martes, 121 más que el lunes. Los datos más elevados se registran en Bilbao con 154 nuevos casos (56 más), seguido de Getxo con 49, Barakaldo con 22, Santurtzi con 20, Ermua con 15, Portugalete con 13, Sestao con 12 y Basauri con once.

En Gipuzkoa se han registrado otros 456 contagios (141 más). Las localidades guipuzcoanas con más casos positivos en coronavirus son San Sebastián con 103 nuevos contagios, 59 más que en la jornada previa, Irun con 24, Legazpi con 21, Zarautz con 19, Arrasate-Mondragon con 18, Errenteria y Eibar con 16 en cada municipio, y Lasarte-Oria y Hernani con 15 cada uno.

Por su parte, Álava ha sumado 123 nuevos contagios, 17 más que el día previo. La mayoría de ellos se dan en Vitoria, con 95 nuevos positivos (17 más), mientras que Llodio suma siete infectados y Amurrio cinco nuevos positivos.

A ellos se añaden cinco positivos en coronavirus entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los siete de la jornada previa.

En cuanto a las capitales vascas, la tasa acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes es este pasado martes de 485,35 casos en Bilbao (472,47 la jornada anterior) y de 462,34 en Vitoria (464,76 el lunes), por lo que ambas capitales están en 'zona roja', mientras que la incidencia acumulada en San Sebastián es de 383,79 casos (342,67 el día previo), por lo que se encuentra en 'zona naranja'.

Además de Bilbao, los municipios vizcaínos de más de 5.000 habitantes en 'zona roja' son Getxo, Muskiz, Ondarroa, Portugalete y Sestao, y los guipuzcoanos de Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga. En Álava, solo están en 'zona roja' su capital y la localidad de Amurrio.

Por su parte, se encuentran en 'zona naranja', por encima ya de 300 casos acumulados, las localidades vizcaínas de más de 5.000 habitantes de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Berango, Durango, Erandio, Ermua y Markina-Xemein, y, junto a San Sebastián, las guipuzcoanas de Andoain, Azpeitia, Bergara, Eibar, Mutriku y Usurbil, además de la alavesa de Llodio.

HOSPITALES

En los hospitales de Euskadi han ingresado en planta 90 personas con covid durante el martes, 14 menos que el día anterior. De esta forma, los pacientes con coronavirus hospitalizados ascienden a 433, tres más que el lunes.

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la red de hospitales vascos se ha incrementado la presión, con 133 camas de críticos ocupadas este martes, seis más que el lunes.

Por otra parte, tras analizar los datos acumulados en la semana del 4 al 11 de abril, Osakidetza concluye que ha habido 26 fallecimientos con covid como causa directa, la misma cifra que los contabilizados la semana del 29 de marzo al 4 de abril.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (391 nuevos positivos), seguidas de la franja de edad de 19 a 39 años (244) y de los menores de 18 años (180 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 187 casos, de los que 49 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada está entre la población de entre 19 y 39 años (500,46) seguida por los menores de 18 años, con 482,96, y la más baja es la de la población mayor de 80 años, con 261,54, todas ellas en alza.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha ordenado este miércoles, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón de unos 30 años de edad que este pasado martes se entregaba voluntariamente a la Policía Local por el atropello mortal ocurrido la noche del pasado sábado en la Ronda del Tamarguillo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A la hora de comparecer, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, toda vez que la juez instructora, que también ha acordado la intervención cautelar del vehículo, considera que, sin perjuicio de su posterior calificación, los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de homicidio imprudente; abandono del lugar del accidente; conducción sin permiso y de un delito de conducción temeraria.

La juez ha tomado esta decisión por la gravedad de las penas con las que están castigados dichos delitos, superiores a los dos años de cárcel, lo que hace temer que el investigado pudiera tratar de eludir la acción de la justicia --tras darse inicialmente a la fuga del lugar del siniestro--; por el riesgo de reiteración delictiva, pues el detenido cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra la seguridad vial, y porque la puesta en libertad del investigado podría poner en peligro las fuentes de prueba.

"SE FUGÓ RÁPIDAMENTE" DEL LUGAR DEL ATROPELLO

Previamente, el portavoz policial Mario Domínguez había explicado en unas declaraciones que las pesquisas muestran que el conductor del vehículo "se fugó rápidamente del lugar" del atropello y en la avenida de San Juan de la Cruz, próxima a la Ronda del Tamarguillo, "se detuvo" para "quitar el resto del paragolpes" del coche, cuya parte frontal estaba "muy deteriorada" a cuenta del impacto.

En ese sentido, precisaba que la víctima del atropello mortal, de 53 años y que salía de trabajar, fue desplazada "35 metros" con relación al lugar del impacto, con lo que en principio la velocidad a la que circulaba el vehículo "pudo ser muy importante". Empero, este portavoz policial se remitía a la "investigación completa" de los hechos y a las pruebas periciales destinadas a "valorar la velocidad real" y exacta del vehículo.

Según este portavoz policial, el vehículo pertenece "presumiblemente" al mencionado varón de 30 años de edad en cuya vivienda del barrio de Las Letanías, en el Polígono Sur, fue realizada una entrada policial con una orden judicial y "autorización de la familia" de este hombre, que entonces "temía por la vida" del mismo.

UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA EN SU VIVIENDA

En el interior de la vivienda, según recordaba, fue descubierta una plantación de marihuana en pleno funcionamiento, extremo trasladado a la Policía Nacional para las correspondientes actuaciones por un presunto delito contra la salud pública que afronta el supuesto autor de los hechos junto con los cargos relativos al mencionado atropello mortal.

Este hombre, según la Policía Local, cuenta con tres atestados abiertos en su contra por la Policía Local hispalense por delitos contra la seguridad vial, así como suspensiones judiciales del permiso de conducir, pesando actualmente sobre él la retirada del mismo.

Tras más de un año desde el inicio de la pandemia y del confinamiento total que se vivió en muchos países, un 59 por ciento de los ciudadanos confían en poder tener en los próximos 12 meses una vida similar a la que disfrutaban antes de la pandemia, según una encuesta en 30 países, que sin embargo sitúa a España como el segundo país europeo más pesimista con la vuelta a la normalidad.

El estudio, realizado por Ipsos para el Foro Económico Mundial en 30 países para conocer la percepción ciudadana, muestra que los españoles no ven posible en ese periodo de tiempo, ya que casi la mitad (45%) considera que pasará más de un año hasta volver a la vida que disfrutaban antes de la llegada de la Covid-19, lo que sitúa a España solo por detrás de Italia (47%) y superando a Francia (44%).

Pero para poder volver a la normalidad primero hay que controlar la pandemia, algo que la mayoría de los países a nivel mundial considera que llegará en un período de entre unos 7 y 12 meses. Sin embargo, los españoles se sitúan de nuevo entre los más pesimistas, ya que casi la mitad de la población (47%) cree que llevará más de 12 meses, posicionándose, de nuevo, como el segundo país europeo más pesimista tras Suecia (49%) y por delante de Francia (46%).

Cómo ha afectado la pandemia a la salud mental La incertidumbre generalizada, el impacto económico, la falta de movilidad, el poco contacto con amigos y familiares y las limitaciones en el tiempo de ocio son algunos de los aspectos que más han impactado en los ciudadanos durante el último año, por ello, no es de extrañar que muchos sientan lo que ya se ha bautizado como "fatiga pandémica".

Pero más allá de estos nuevos términos, el 45%, de media global, de los adultos de todos los países entrevistados afirman que su salud emocional y mental ha empeorado desde el comienzo de la pandemia. Algo que también es así para el 51% de los españoles, ocupando el cuarto lugar como país europeo más afectado en este sentido por detrás de Hungría (56%), Italia (54%) y Reino Unido (52%).

Si nos fijamos en la incidencia sobre la salud mental solo en lo que va de año y no desde el inicio de la pandemia, se observa que España es el cuarto país a nivel global en el que más ha empeorado su salud mental y emocional, ya que el 35% de los españoles confiesan sentir que ésta ha mermado desde entonces, frente al 13% que considera que en estos meses su salud mental ha mejorado.

En este sentido, Turquía se convierte en el país, a nivel mundial, en el que más ha empeorado (43%), seguido de Hungría (38%), y Francia, donde un 37% de los franceses admiten que su salud mental y emocional ha empeorado desde el inicio del 2021.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, de rechazar todas las ofertas de mano tendida a colaborar ante la crisis del Covid-19 y le ha acusado de actuar bajo el mandamiento de "atacar al Gobierno por encima de todas las cosas".

También le ha recriminado el "tono enfadado" e "irritado" que ha dirigido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, si bien ha generado una especie de "déjà vu" pues ya le escuchó también decir 'Hasta aquí hemos llegado' al presidente de Vox, Santiago Abascal. Pero con la diferencia de que a los "diez minutos" estaba pactando para seguir la agenda política de esta formación.

Durante su intervención en la Cámara Baja ante la comparecencia de Sánchez, Lastra ha censurado que Casado no asume el "mínimo de responsabilidad" que se requiere al líder de la oposición, que es al menos mostrar "cierta coherencia".

De hecho, ha reprochado su irresponsabilidad ante la crisis del Covid-19, pues en lugar de colaborar con el Ejecutivo se ha guiado por dos mandamientos: "atacarás al gobierno por encima de todas las cosas y entre el interés de España y el suyo, siempre elige el suyo propio".

A renglón seguido ha recalcado que, pese a mostrar un criterio "mudable" por estrategia política, el Gobierno no dejó de ofrecer unidad de acción y en dejar de confrontar con el PP, obteniendo siempre como respuesta su negativa.

MÚLTIPLES ATAQUES AL GOBIERNO

Concretamente, Lastra ha enfatizado que ante esas ofertas de colaborar en las diferentes medidas, Casado acusaba al Ejecutivo de implementar en España un "régimen bananero" y de usar la "pandemia" para "atacar" a la "propiedad privada" y el "libre mercado" buscando una "dictadura socialcomunista".

En esta línea, ha criticado que el líder del PP ha dicho "una cosa y la contraria" sobre el estado de alarma "con tal de atacar al Gobierno", mediante una serie de "soflamas" que denotan su "incoherencia e impostura".

Es más, le ha censurado que mandara un informe a Europa cuestionado el estado de derecho en España o se reuniera con embajadores para pedir que otras naciones fueran más duras con el Ejecutivo. Y es que, para la portavoz socialista, Casado está tan "enfadado" que "parece que le molesta que lleguen 140.000 millones a España" para articular el plan de recuperación ante la crisis del Covid-19.

Lastra ha proseguido sus reproches al afear al PP que cuestione el plan de recuperación y "mentir" sobre el programa de recuperación económica.

AGRADECE LA RESPONSABILIDAD DE OTROS GRUPOS

Frente a esta actitud, la parlamentaria socialista ha agradecido a las formaciones políticas que han dado apoyo al Ejecutivo, pues con ese comportamiento han contribuido a "salvar vidas", con medidas para mitigar los efectos de la crisis. "La España real actúa con responsabilidad (...) Derrotaremos al virus y la pandemia con usted o sin usted", ha espetado a Casado.

Por último, ha asegurado que el plan de recuperación va a permitir modernizar la economía, generar más empleo y poner las bases para un "auténtico proyecto de país" que marcará una "época.

Los grupos de la oposición, tanto el PP y Ciudadanos, como los aliados del Gobierno, han exigido este miércoles al presidente Pedro Sánchez que ponga sobre la mesa una alternativa al estado de alarma que ampare jurídicamente las decisiones que tengan que tomar las comunidades autónomas para luchar contra el Covid-19 cuando la vigencia de esta figura decaiga el próximo 9 de mayo.

Así lo han hecho durante sus distintas intervenciones en el Pleno del Congreso donde Sánchez ha comparecido para hablar de su gestión de la pandemia y del plan de recuperación que va a aprobar para paliar sus consecuencias sociales y económicas.

El líder del PP, Pablo Casado, ante la inacción de Sánchez en este terreno, ha anunciado su intención de registrar en el Congreso una modificación puntual de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para añadir "dos líneas más" y poder aprobarla en 15 días por procedimiento de urgencia al ser de artículo único.

"Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas", ha aseverado Casado, para quejarse de que hasta ahora el Gobierno no haya querido adaptar la legislación para evitar otro estado de alarma "porque prefiere gobernar como Napoleón en el real decreto".

También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido a Sánchez en que asuma "en primera persona el control de la pandemia" y precise qué va a hacer para "garantizar la seguridad sanitaria y la seguridad jurídica", dejando claro a los ciudadanos qué medidas concretas habrá que aplicar para limitar los contagios una vez finalice la alarma.

MÁS PRUDENCIA Y MENOS TEMERIDAD

Pero Sánchez ha escuchado exigencias similares por parte de sus aliados parlamentarios, en un pleno en el que ERC no ha podido intervenir puesto que todos sus diputados están en cuarentena tras detectarse la semana pasada un positivo por coronavirus en sus filas.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado "prudencia" al presidente y ha llegado a tachar de "temeridad" su intención de poner punto y final al estado de alarma cuando las comunidades no cuentan con los instrumentos jurídicos necesarios para controlar la gestión de la pandemia. A su juicio, mientras no se modifique la legislación ordinaria habría que prolongar el estado de alarma.

Bildu, a través de su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha insinuado que Sánchez no ha pedido esa prórroga porque ha optado por utilizar el virus en el "ring electoral" madrileño y ha emplazado al presidente a pactar con los grupos y las comunidades un "paraguas jurídico" que permita aplicar restricciones sin dejarlas al albur de decisiones judiciales.

También ha llamado a poner fin al "desorden institucional" que, desde su punto de vista, se ha venido produciendo con la aplicación del estado de alarma el líder de Más País, Íñigo Errejón, reprochando a Sánchez que no aclare sus planes en esta materia.

La demanda de una alterativa acordada con las comunidades se ha escuchado también por boca del diputado del BNG, Néstor Rego, y del representante de Compromís, Joan Baldoví, quien ha planteado la necesidad de que se convoque el afecto una Conferencia de Presidentes. En la idea de contar con un marco jurídico concreto antes del 9 de mayo han incidido también los diputados de UPN, PRC y Foro Asturias.

VOX Y LA CUP PIDEN EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Por contra, ha habido dos partidos que abogado abiertamente por poner fin al estado de alarma: Vox y la CUP. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha censurado que ahora todos estén planteando cómo legislar cuando éste caduque "para otorgarse ultrapoderes" y poder "seguir pisoteando los derechos y libertades constitucionales de los españoles". Así, ha pedido el fin inmediato de las restricciones y la libre circulación por todo el país.

Mireia Vehí, de la CUP, ha defendido también no prorrogar el estado de alarma porque, desde su punto de vista, compartido con Abascal, sólo se ha utilizado para restringir derechos fundamentales.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha avisado este miércoles de que "se puede complicar mucho más la situación" de la pandemia de Covid-19 tras el 9 de mayo si decae el estado de alarma en vigor hasta esa fecha, y ha avisado en ese sentido de que "estamos empezando la verticalidad de la cuarta ola" de contagios.

En una atención a medios en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la Federación de Comunidades Judías de España, en Sevilla, Bendodo ha realizado esta reflexión a preguntas de los periodistas sobre la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no prorrogar el estado de alarma que expira el 9 de mayo.

El consejero portavoz de la Junta ha recordado que desde el Gobierno andaluz ya dijeron "hace una semana", cuando el presidente anunció "que decaería el estado de alarma" un mes antes de que llegara la fecha de su fin, que "no fue una decisión acertada, porque un mes antes no sabemos cómo va a evolucionar el virus".

Y es que "hay que ir haciendo un seguimiento al virus y tomando decisiones día a día", según ha subrayado Bendodo, que ha avisado de que "la previsión que tenemos ahora mismo no es buena", porque "estamos empezando la verticalidad de la cuarta ola", y "cuando llegue el 9 de mayo se puede complicar mucho más la situación".

El consejero de la Presidencia ha defendido que el estado de alarma es "una herramienta que utiliza el Estado que sirve a las comunidades autónomas para limitar la movilidad", que "cuando se abre aumentan los contagios", según ha advertido.

Bendodo ha remarcado que la decisión de no prorrogar el estado de alarma "es del Gobierno", y él entiende "que la tome fundamentalmente por falta de apoyos parlamentarios", pero el Ejecutivo central "no puede dejar la gestión de la cuarta ola al amparo de las comunidades autónomas" sin darles las herramientas necesarias.

En esa línea, ha sostenido que las comunidades han demostrado tener "capacidad para gestionar" la pandemia, pero el Estado "nos tiene que dar las herramientas para limitar movilidad, horarios", según ha insistido Bendodo, que se ha preguntado "cómo vamos a gestionar" la situación las comunidades "si no nos dan" esos instrumentos.

"La decisión de levantar el estado de alarma es del presidente del Gobierno, ya sea por los motivos que sea, por estrategia sanitaria o por falta de apoyos parlamentarios, da igual, pero si decae el estado de alarma las comunidades autónomas necesitamos que el Estado articule una serie de herramientas, mecanismos, para que seamos las que gestionemos esa situación", según ha aseverado Bendodo antes de concluir remarcando que "el virus sigue entre nosotros, y la cuarta ola sigue creciendo".