La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha detectado un segundo brote de coronavirus en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria --en concreto en la planta 8 sur asignada al Servicio de Medicina Interna--, que afecta por el momento a cinco pacientes y tres trabajadores.

Así lo ha informado el departamento regional, que añade que durante la jornada de este jueves se ha estado llevando a cabo el estudio correspondiente para averiguar el número de personas finalmente contagiadas.

En cuanto al primer brote localizado el pasado fin de semana en la planta 4 norte del mismo complejo hospitalario, han fallecido tres de los trece pacientes infectados, todos ellos con graves patologías previas.

En este caso, el número de personas que se han visto afectadas por este brote, que se encuentra ya estabilizado, es de 13 pacientes (contando a los fallecidos) y 11 trabajadores.

En conjunto, por el momento se han visto contagiados en ambos casos --ya que el segundo está aún en estudio-- 18 pacientes y 14 profesionales sanitarios.

La Dirección del centro ha puesto en marcha todas las medidas oportunas para el estudio y control del brote a las cuales se han sumado medidas de refuerzo en el resto del recinto hospitalario como la prohibición de visitas y la limpieza y desinfección del edificio y sus exteriores.

Asimismo, el centro realiza PCR de manera sistemática a todos sus ingresados, incluyendo embarazadas y pacientes pediátricos.

El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el denominado "crimen de los tirantes", ha considerado a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Laínez, al que golpeó el 8 de diciembre de 2017 en un bar de la ciudad de Zaragoza. Ha estimado que el acusado actuó con dolo eventual y por motivos ideológicos y ha pedido que no se le indulte ni se le permita salir de prisión de forma condicional.

"No tuvo posibilidad de defenderse", ha señalado el tribunal del jurado en su veredicto. Un portavoz ha dado lectura al acuerdo en la última sesión del juicio, que ha presidido la magistrada María José Gil, y a la que han asistido la fiscal y los abogados de la defensa y las acusaciones.

El jurado da por probado que Rodrigo Lanza entró en el bar Tocadiscos de Zaragoza a las 3.00 horas del 8 de diciembre de 2017, donde se encontraba Laínez. También, que poco después uno de sus amigos le dijo --al ahora condenado-- que Laínez era "de extrema derecha o neonazi" y que en ocasiones llevaba tirantes con los colores de la bandera española.

Asimismo, el jurado afirma que, en un determinado momento, Lanza se aproximó a la víctima "intercambiando una conversación que nadie escuchó" y que cuando volvió con sus amigos, Lanza les dijo que Laínez le había llamado "sudaca" y que debía volver a su país ser extranjero.

Según este relato, en esta conversación, Lanza le llamó "facha y fascista" y le dijo que La Madalena era un barrio "antifascista", que "no querían nazis en el barrio" y que "no era bienvenido".

Minutos después, y tras tomar una copa, Lanza y sus amigos se dirigieron a la salida del bar "al observar que --Laínez-- no paraba de escribir en su móvil", pensando que estaba contactando con otras personas y que "podía haber problemas". Fuera del establecimiento, ambos mantuvieron un encuentro, saliendo Lanza a la calle mientras Laínez volvió a meterse en el fondo del bar.

El jurado asevera que "cuando Víctor ya había avanzado unos metros y estaba a la altura de la mitad de la barra, Rodrigo, estando en la calle, arrojó al suelo su abrigo y su mochila, y volvió a entrar en el local, de forma rápida, acometiendo por la espalda a la víctima, quien no tuvo ocasión de defenderse".

También ha manifestado que Lanza "golpeó fuertemente con el puño" la parte inferior trasera de la cabeza de la víctima y que, cuando se encontraba en el suelo semiinconsciente, "le dio una patada en la cabeza e, inmediatamente, se colocó encima, propinándole puñetazos en la cara y múltiples golpes, tras lo cual le dio una patada muy fuerte en la cabeza y salió del local, marchándose".

Siguiendo el veredicto del jurado, el dueño del bar se acercó a Lanza y le dijo 'para, para, que lo vas a matar". Laínez comenzó a sangrar por la cabeza, nariz y oído, saliéndole de detrás de la cabeza un líquido viscoso. Además, se le deformó la cara y sufrió un edema cerebral, presentando convulsiones, ya que apenas podía respirar.

El jurado ha recalcado que Laínez no portaba una navaja -como decía la defensa-- cuando mantuvieron un encuentro en la entrada del bar. "Como consecuencia de la agresión sufrida, falleció el 12 de diciembre de 2017 en el Hospital Clínico de Zaragoza".

En el cuerpo de Laínez no había lesiones que indicaran la existencia de defensa o lucha. La Policía Nacional no encontró ninguna navaja en la inspección ocular realizada posteriormente.

De esta manera ha concluido el segundo juicio contra Rodrigo Lanza por el mismo caso, ya que la Audiencia Provincial de Zaragoza ya le había juzgado este año y condenado a cinco años de prisión, una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló al considerarla no motivada, ordenando repetir el juicio. Lanza se encuentra preso en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

PETICIONES DE PENA

La fiscal ha pedido 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros para los herederos del fallecido, así como otra de 5.620,62 euros para el Salud por la asistencia sanitaria prestada a Laínez.

En representación de la acusación particular, el abogado José Luis Melguizo, ha pedido a la magistrada que se condene a Lanza por asesinato con alevosía con la agravante de motivos ideológicos y la atenuante de embriaguez. Ha reclamado 23 años de prisión y una indemnización de 500.000 euros para los familiares de Laínez: 150.000 para cada uno de sus dos hijos, 100.000 para su madre y 100.000 para sus tres hermanos a partes iguales.

El abogado David Arranz, de la acusación popular (Vox), ha considerado que se trata de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y odio ideológico, con la atenuante de influencia leve de embriaguez. Ha pedido 23 años de prisión y una indemnización de 500.000 euros.

Por su parte, el letrado de la defensa, Endika Zulueta, ha planteado que "no puede condenarse por delito de asesinato con el veredicto alcanzado" porque la mayoría que arroja la votación del jurado "no alcanza" las exigencias del Tribunal Supremo, expresadas en una sentencia de 2013.

En su opinión, "el veredicto no es válido y no se puede dictar sentencia". Además, "no puede aplicarse" la agravante de alevosía, tampoco la de motivos ideológicos, ha dicho Zulueta, concluyendo que "no hay asesinato" y solo queda la posibilidad de condenarle por homicidio, pero "como no ha sido aprobado" solo se puede considerar acreditado un delito de lesiones con resultado de muerte no querida, lo que conlleva una pena de dos a cinco años de prisión, y ha solicitado que sea de dos por la atenuante de embriaguez.

Un hombre de 78 años de Llera y una mujer de 87 de Herrera del Duque han fallecido por Covid-19 en Extremadura en la última jornada, en la que se contabilizan 261 nuevos casos confirmados por PCR y seis nuevos brotes en la región.

El paciente de 78 años permanecía ingresado en el hospital de Llerena desde el pasado 10 de septiembre y estaba asociado al brote de Valencia de las Torres, mientras que la mujer de 87 años estaba ingresada en el hospital Siberia-Serena desde el pasado 6 de septiembre y pertenecía a una agrupación familiar asociada al brote de la empresa cárnica de Don Benito.

Asimismo, se han declarado seis brotes nuevos, en Torreorgaz (5 positivos y 3 contactos); en Robledillo-Las Cumbres (8 positivos y 19 contactos); en Arroyo de la Luz (7 positivos, contactos en investigación); en la residencia Geryvida de Cáceres (3 positivos y contactos en investigación); en Valverde de Leganés (4 positivos y 18 contactos) y en la residencia Santa Isabel de Torrejoncillo (3 positivos y 50 contactos).

En las últimas 24 horas se han registrado 261 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, mientras que los casos sospechosos detectados por la Dirección General de Salud Pública se elevan a 437 y los descartados a 327.

En cuanto a la situación en los hospitales, hay 127 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 16 de ellas en UCI, mientras que se han dado 76 altas, lo que supone un acumulado de 5.987.

El Área de Salud de Badajoz ha detectado 93 casos sospechosos y ha descarta 49. Ha notificado 34 casos positivos confirmados. El área cuenta con ocho pacientes ingresados, uno de ellos en UCI y acumula 35 fallecidos y 1.108 pacientes curados.

En la de Cáceres, se han notificado 139 casos sospechosos y ha descartado 102. Declara 62 casos positivos y tiene 48 pacientes ingresados, cinco de ellos en UCI. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 273 personas y se han dado 2.046 altas.

El Área de Salud de Mérida notifica 46 casos sospechosos y ha descartado 38. Tiene 32 positivos confirmados y contabiliza 13 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. En total, suma 33 fallecidos y 556 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia detecta 19 casos sospechosos y ha descartado 10. Ha notificado 24 casos positivos, tiene nueve pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI y acumula 78 víctimas mortales. Hay 706 pacientes curados.

Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 67 casos sospechosos y ha descartado 35. Además, notifica 55 casos positivos y tiene 30 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en UCI. Ha registrado un total de 32 fallecidos y acumula 678 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 17 casos sospechosos y descarta 19. Notifica 24 casos positivos, cuenta con dos pacientes ingresados y acumula 60 personas fallecidas y 534 pacientes curados.

A su vez, el Área de Salud de Coria notifica 18 casos sospechosos y ha descartado 27. Registra 7 casos positivos, tiene dos pacientes ingresados y acumula 22 víctimas mortales y 231 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 38 casos sospechosos y ha descartado 47. Registra 23 casos positivos, tiene 13 pacientes hospitalizados. Han fallecido nueve personas desde el comienzo de la pandemia y hay 128 pacientes curados.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez que instruye la pieza 'Dina' de la macrocausa 'Tándem' en el que solicita la inadmisión de la querella que presentó el partido Vox a finales de agosto contra el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por denuncia falsa y estafa procesal, entre otros delitos.

Esa querella iba dirigida también contra la exasesora de Iglesias Dina Bousselham, contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos que investiga el denominado 'caso Tándem' por las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Fuentes jurídicas consultadas, apuntan que dichos delitos no serían competencia del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, a lo que se suma que, al estar Iglesias aforado, la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo.

La postura del Ministerio Público es coincidente con lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de este miércoles readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.

Esto lo indicaban ante la "hipótesis" del juez de que el propio Iglesias o Bousselham hubieran podido difundir los documentos del teléfono móvil, dado que el líder de la formación 'morada' retuvo varios meses la tarjeta SD del terminal desde que en enero de 2016 se le fuera entregada por el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

HASTA SEIS DELITOS, SEGÚN VOX

En su querella, Vox les imputaba en el marco de la pieza 'Dina' --en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía-- hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comentaba determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

En concreto, el partido de Abascal hablaba de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

En uno de los últimos autos del juez Manuel García-Castellón se aceptaba la personación de Vox y de una asociación de juristas como acusación popular pero no se admitía a trámite la querella al constatar "un defecto procesal subsanable".

Cabe recordar que en la última testifical de este caso en la que declaró el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, éste apuntó a que Podemos había hecho un "montaje" con el caso 'Dina' para sacar rédito político en las generales de abril de 2019, si bien fuentes que asistieron al mismo indican que se basó en rumores para sostener esto. El representante del Ministerio Público que realizó el interrogatorio fue el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Tres personas han fallecido a causa del COVID-19 en las últimas horas en las residencias de mayores de Guipúzcoa donde, además, se ha detectado un nuevo caso positivo en la enfermedad, mientras que otras dos personas se han recuperado de la misma.

Según ha informado la Diputación, tres personas han fallecido en las últimas horas en la red residencial de Guipúzcoa, --la cual está compuesta por 65 centros y 5.425 plazas--, dos de ellas en Santa María Magdalena de Hernani y una en Sagrado Corazón de Errenteria.

Los últimos resultados de las pruebas PCR han detectado un positivo en la residencia Santa María Magdalena y, por otra parte, dos personas más, residentes también de la residencia de Hernani, han recibido el alta epidemiológica.

En estos momentos hay 66 casos activos de COVID-19 entre las personas residentes de los centros de Guipúzcoa: Hermano Garate - San Ignacio de Donostia (2), Santa María Magdalena de Hernani (36), Sagrado Corazón de Errenteria (16), Alai-Etxe de Donostia (10), Zorroaga de Donostia (1) y Mizpirualde de Bergara (1).

Además, son 14 las personas que requieren de atención hospitalaria y se encuentran ingresadas, y otras 34 están siendo atendidas en la planta social del Hospital de Eibar, en el centro de referencia para la atención de casos covid-19 derivadas de las residencias de Guipúzcoa. Desde que se dieran los primeros positivos el pasado 11 de agosto, cinco personas mayores han superado la enfermedad y once han fallecido.

PLAN DE FORMACIÓN

Por otro lado, la diputada foral de Políticas Sociales de Guipúzcoa, Maite Peña, ha informado de que la Diputación ha reforzado el Plan de Formación iniciado a comienzos del pasado mes de abril con el objetivo de "profundizar y consolidar el conocimiento en la prevención, control y en el manejo de distintos escenarios COVID-19 en los centros" sociales del Territorio.

Peña ha explicado que se busca que el Plan "llegue, de forma escalonada, a todo el personal de los servicios y recursos sociales de Guipúzcoa". La primera sesión de este nuevo ciclo ha tenido lugar este jueves en Etorkizuna Eraikiz Gunea de San Sebastián.

Para este nuevo ciclo de formación se ha colaborado de nuevo con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, así como con la doctora Carmen Ramírez de la Piscina, médico del departamento y con una larga trayectoria en Médicos Sin Fronteras, quien será la encargada de impartir la formación.

Las sesiones están dirigidas a los profesionales de la Diputación, de DYA, de Matia Fundazioa y de Aita Menni, que conforman los equipos multidisciplinares que se trasladan periódicamente a los centros y recursos sociales a realizar las labores de inspección, de asesoramiento técnico, como a la realización de pruebas PCR.

El programa formativo, en una primera fase abordará las medidas preventivas, de control y de seguridad a tomar ante el covid-19, distinguiendo diferentes escenarios y subrayando la importancia de extremar la higiene en todos ellos.

"El Plan de Formación es un elemento vivo, que iremos completando con las necesidades y demandas que requiera cada momento", ha indicado Peña, a la vez que ha recordado "la relevancia de profundizar en la formación en el contexto de la COVID-19, tan cambiante y de tanta incertidumbre".

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha levantado las medidas especiales que tenían las localidades de Mora y Yeles, prorroga las existentes en Torrijos desde el 4 de septiembre y decreta nuevas medidas en La Puebla Nueva.

En el caso de las localidades de Mora y Yeles, estas se incorporan a las medidas especiales que se aplican en la provincia de Toledo. En el caso de La Pueblanueva, se acuerda que las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Respecto a los centros sociosanitarios, se procede a la suspensión cautelar de la actividad en los centros de día y a la supresión de visitas sociales en residencias de mayores, viviendas tuteladas de mayores y centros sociosanitarios en los que residan personas consideradasvulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta. Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días.

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal. Igualmente, se restringe el número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10 y el número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos a un máximo de 25.

Como medidas complementarias se procede a la suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.

Asimismo se procede a la suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares. Se procede al cierre cautelar de cines, teatros y auditorios, bibliotecas y museos.

Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50%.

Igualmente, se procede a la supresión de espectáculos taurinos y a la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.

También se procede al cierre cautelar de parques y jardines.

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

Más País-Equo defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso su propuesta de reforma fiscal para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, y aumentar así la recaudación, con un nuevo impuesto a la banca y grandes fortunas, la supresión de 'agujeros' en el Impuesto sobre Sociedades, el 'destope' de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de tramos adicionales extraordinarios en el IRPF hasta del 60%.

Esta batería de medidas, recogida en una proposición no de ley registrada el pasado abril, contempla modificaciones en diferentes impuestos, la reconversión de algunos y la creación de otros, como el dirigido a entidades financieras beneficiadas "directa o indirectamente del rescate público de 2013", a las que Más País pide aplicar un recargo de 10 puntos en el tipo nominal al que están sujetos en el Impuesto sobre Sociedades.

En Sociedades piden suprimir todo beneficio fiscal que no tenga finalidad social o ambiental para las grandes empresas, incluyendo las compensaciones de bases imponibles negativas, con un tipo efectivo mínimo del 15% sobre beneficio contable, y a la vez reducir el tipo nominal a pymes al 23%.

En el IRPF, solicitan partir nuevos tramos "extraordinarios" para rentas más altas, a partir del 47% para rentas superiores a 100.000 euros, hasta alcanzar el 60% aplicable a rentas por encima de los 600.000 euros, la revisión de deducciones en estos tramos, y una igualación progresiva a los tipos nominales de las rentas de capital, dirigida a una igualación con las rentas del trabajo.

RECONVERTIR PATRIMONIO EN UN IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, Más País pide convertirlo en un Impuesto sobre Grandes Fortunas armonizado por comunidades, con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a millón de euros, y del 2% para superiores a los dos millones de euros.

En Sucesiones y Donaciones, insta a avanzar hacia una armonización "para evitar la descalificación de la transmisión sucesoria y asegurar su progresividad" en todas las comunidades, así como impulsar también esta armonización a nivel europeo para evitar 'dumping fiscal' entre países.

REVISAR EL RÉGIMEN DE SOCIMIS Y SICAVS Y PERSEGUIR EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, el grupo demanda revisar el régimen fiscal de las Socimis y las Sicavs, con un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos, reforzando el cumplimiento de la normativa, y reorientar los recursos de la Agencia Tributaria hacia la persecución del gran fraude.

En este sentido, plantea aumentar sus recursos, reducir el umbral de delito tributario a 50.000 euros, y ampliar los períodos de prescripción de los mismos. Asimismo, también propone crear juzgados especializados en delitos fiscales, al igual que existe en los concursos empresariales.

Respecto a los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno y aprobados ya en el Congreso, los de servicios digitales y transacciones financieras, Más País pide agilizar el primero y aumentar su gravamen previsto al 5% sobre la base imponible, y mejorar el segundo para incluir contratos derivados sobre divisas y materias primas, de permuta de incumplimiento crediticio y operaciones de alta frecuencia.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este jueves ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la concentración convocada por la plataforma Sare para el día 24 de octubre de 2020 en San Sebastián en defensa de los presos de ETA.

Según ha informado la asociación en un comunicado, la movilización recorrerá las calles de la ciudad y finalizará con un mosaico humano en la playa de La Concha para también pedir un acercamiento de los reclusos a centros penitenciarios de Navarra y País Vasco.

En esta línea, APAVT ha comparado las reivindicaciones que realiza Sare con las que "hasta hace poco realizaban Herrira y anteriormente Askatasuna" porque "coinciden en lo esencial". Además, la asociación ha sugerido que "detrás de Sare pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades".

Sobre la movilización, APAVT ha censurado que la finalidad "no es otra" que la de "ensalzar" a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA o por llevar a cabo acciones terroristas que han causado fallecidos y heridos. "Constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan", ha detallado.

Además, el colectivo ha advertido que, aunque la convocatoria puede entenderse como una reivindicación de los derechos de los presos, en el fondo "subyace una reclamación de excarcelación de los presos". Así, han sugerido que para conseguir dicha excarcelación existen cauces legales que no implican la "humillación de las víctimas en general", en referencia a actos reivindicativos como el programado el próximo mes de octubre.

En este contexto, APAVT también ha solicitado que se dirijan oficios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que emitan informes sobre los convocantes formales "por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada".

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto a la comunidad judía de España dieron este miércoles la bienvenida al Año Nuevo Judío, que se presenta "lleno de turbulencias" y en unos momentos "duros" para Madrid y para todo el país por la pandemia del Covid-19, según reconocieron ambas responsables políticas.

"Feliz año, es un año un poco complicado el que viene, lleno de turbulencias, de incertidumbre, desafíos, pero estoy segura de que vamos a enfrentarlo como los anteriores, con enormes dosis de determinación, muchísima ilusión y creciéndonos ante la adversidad, porque de eso sabe esta comunidad", subrayó este miércoles por la tarde González-Laya.

Así lo indicó en un acto organizado por Centro Sefarad-Israel y celebrado en el jardín de su sede de la calle Mayor, en Madrid, ante la llegada del año 5781 del calendario judío. La festividad, que se conoce como Rosh Hashaná, se celebra a partir de este viernes en todo el mundo.

La ministra aseguró que el año judío que termina ha sido "muy rico", con actos como el recuerdo "de una manera importante" del Holocausto en el "templo de la muerte" que es Auschwitz y que "define por qué hay que seguir trabajando por mantener esta memoria colectiva", o más recientemente, con un homenaje al diplomático Ángel Sanz Briz.

Durante la celebración, también intervino la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien lamentó que esta celebración haya tenido que producirse "en unos momentos tan duros para los madrileños" por la pandemia.

UNA CELEBRACIÓN MADRILEÑA

Villacís destacó que Rosh Hashaná "no solo es una celebración judía sino también madrileña" y ha invitado a trabajar para "parar el negacionismo y todo movimiento intolerante".

Asimismo, la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, puso de manifiesto el "trabajo conjunto, desde 2006, con el Centro Sefarad-Israel apostando por el intercambio cultural y las alianzas culturales de civilizaciones.

Las comunidades judías estuvieron representadas en el acto por el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén, quien subrayó que "para la Federación, Centro Sefarad-Israel es un gran socio en la misión de difundir la cultura judía y tender puentes entre España e Israel" y agradeció al Gobierno la adhesión de España a la definición de antisemitismo de la IHRA.

El director del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas, afirmó que "a pesar de las circunstancias y aplicando las normas vigentes, Centro Sefarad-Israel no ha querido dejar de sumarse a la celebración del año judío".

Como cada año, durante esta celebración, Centro Sefarad-Israel ha otorgado su premio anual Corona de Esther, que en esta ocasión ha sido otorgado al expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, "por sus aportaciones en pos del entendimiento entre los países que conforman la Unión Europea y el reconocimiento de minorías sociales como las comunidades judías".

Durante su discurso, Enrique Barón dijo recibir este galardón "como un premio execuo" con su "añorada esposa Sofía Gandarias". Además quiso recordar que el Ministerio del que formó parte "editó la primera guía judía de España".

Precisamente, sobre el premiado, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, León Benelbas, aseguró durante su discurso que "es un amigo del pueblo judío como parte sustancial de la historia de Europa".

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimase parcialmente el recurso de apelación interpuesto por las tres personas condenadas por la Audiencia de Sevilla por el conocido como crimen de 'las cuñadas' perpetrado en La Rinconada el 19 de abril de 2016, anulando el juicio con jurado popular celebrado en febrero y ordenando repetir la vista oral, la Audiencia ha ordenado poner en libertad a los acusados, según han adelantado Diario de Sevilla y ABC y han indicado a Europa Press fuentes del caso.

Según tales fuentes, sobre las 13,30 horas de este jueves, y ante la mencionada sentencia del TSJA anulando el juicio saldado con la condena de estas tras personas y ordenando la repetición de la vista, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha ordenado poner en libertad a los tres acusados, que en febrero acudieron al juicio en libertad, después de que dos de ellos hubiesen pasado un tiempo de prisión provisional durante la instrucción del caso.

En concreto, tras aquella vista oral, el jurado popular encargado del caso declaró que los tres acusados, dos hermanas y el que era novio de una de ellas, eran culpables de haber acabado con la vida, tras 24 golpes en la cabeza y 61 cuchilladas, de la que era su cuñada de 26 años de edad en su vivienda de La Rinconada el 19 de abril de 2016, quien había sido pareja de un hermano de éstas fallecido unos meses antes de un ictus y con el que tenía una hija.

El jurado consideró probado que los tres acusados, C.N.S., R.N.S. -hermanas entre sí- y F.J.M.R. -pareja sentimental de una de ellas-, se presentaron en el domicilio de la fallecida, que era viuda desde diciembre de 2015 de un hermano de las acusadas.

Una vez allí, según lo declarado como probado por el jurado, la víctima les franqueó el paso al interior de la vivienda "pese a las pésimas relaciones que la misma tenía con tales cuñadas", tras lo cual los tres encausados, "armados con un objeto romo y de peso y de al menos un cuchillo de cocina, se abalanzaron" sobre la mujer, golpeándola y apuñalándola reiteradamente, causándole un "desmesurado sufrimiento" y provocando su muerte.

El jurado consideró probado que los acusados fueron "conscientes del sufrimiento que ocasionaban a su víctima en la forma de darle muerte", señalando que la fallecida "no tuvo posibilidad alguna de defenderse ante el brutal ataque por sorpresa de que fue objeto por parte de los tres acusados salvo para gritar pidiendo socorro".

Merced al veredicto del jurado, la Audiencia de Sevilla condenó cada uno de los tres acusados a la pena de 23 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, les impuso una indemnización de 546.000 euros en favor de la familia de la víctima.

Frente a ello, los acusados exponían en su recurso de apelación ante el TSJA, que en el juicio se había incurrido en una "vulneración de las garantías procesales y en particular del derecho de defensa, como consecuencia de la decisión de la magistrada presidente del tribunal de no desvelar a los abogados defensores la identidad y domicilio de las testigos protegidos que identificaron a los acusados como las personas a las que vieron salir de la vivienda de la víctima.

La decisión de la magistrada presidente, según los abogados de los acusados, "no ponderó debidamente las razones de protección del testigo con las exigencias del derecho de defensa, dada la relevancia de dichos testigos como prueba sin la que la condena habría quedado huérfana de todo apoyo".

EL PAPEL DE LAS TESTIGOS PROTEGIDAS

A tal efecto, el TSJA considera "rotundamente claro que el único elemento de convicción que merece la consideración de prueba susceptible de soportar o fundamentar una condena por los delitos de asesinato objeto de la acusación fueron las declaraciones de las testigos protegidos T1 y T3". "Sin la combinación de estas dos testificales, no existe nada que pudiera considerarse 'prueba de la autoría' por parte de los acusados", considera el TSJA.

Del mismo modo, el Alto tribunal andaluz recuerda que "las defensas solicitaron, no en su escrito de calificación, pero sí al inicio de las sesiones del plenario, la revelación de la identidad y domicilio de las testigos protegidas justificándolo en la necesidad de su conocimiento a fin de valorar la existencia de motivaciones espurias, habida cuenta de que constaba algún incidente entre los vecinos de la calle donde vivía la víctima, y para contrastar lo que manifestaron haber visto y lo que pudieron ver desde su domicilio, donde decían encontrarse", si bien la magistrada "rechazó" tal extremo.

"Las defensas, en efecto, se encontraban con que la suerte de los acusados iba a depender casi exclusivamente de la verosimilitud que el jurado diera a la declaración de las dos testigos protegidas, T1 y T3 y, a falta de una coartada que contase con prueba convincente, no resultaba fácil imaginar una línea de defensa que no consistiera en suscitar dudas sobre la entereza del testimonio, la posibilidad de percepción errónea, la concurrencia de influencias indebidas o de prejuicios, o incluso de motivaciones espurias", razona el TSJA.

"De nada vale que las defensas pudieran interrogar a los testigos sobre aspectos como el lugar desde el que vieron los hechos, el ángulo de visión desde ese lugar, su relación con las partes, etcétera, si el anonimato de las declarantes les había privado de la posibilidad de una investigación previa que pudiera servir para contrastar la veracidad de sus manifestaciones", agrega el TSJA.

Así, el TSJA concluye que la "conjunción de todas las circunstancias", o sea la "insuficiencia de la motivación del mantenimiento del anonimato de las testigos T1 y T3 durante el plenario incluso respecto de los abogados defensores; la inexistencia de medidas compensatorias para las defensas y la condena basada exclusiva o al menos indispensablemente en las declaraciones de dichas testigos", conducen a "una vulneración del derecho de defensa de los tres acusados, con la consiguiente declaración de nulidad del juicio oral, el veredicto y la sentencia, y la necesidad de repetición de la vista con un nuevo jurado y magistrado, que salvo circunstancias sobrevenidas de suficiente entidad acuerde el levantamiento del anonimato" de las mencionadas testigos.

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha contrastado esta mañana la propuesta Share que impulsa País Vasco con un grupo de regiones para fijar cuotas de acogida de refugiados y el ofrecimiento efectuado esta misma semana por la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para recibir víctimas del incendio que ha destruido el campo de refugiados de Moria, con la "pasividad de muchos estados frente a esta tragedia".

"Ciudades y regiones ofrecen la mayor parte de los servicios que permiten la acogida y facilitan la integración. Por eso deben participar en las decisiones sobre inmigración. Aportarán realismo y humanidad", ha indicado la eurodiputada en un comunicado.

Esta reivindicación del papel local y regional en los procesos de decisión sobre las políticas migratorias europeas se ha producido en el marco del debate que ha celebrado esta mañana el Parlamento Europeo sobre el incendio de Moria.

Izaskun Bilbao ha elogiado la actitud de la presidenta Von der Leyen y los esfuerzos desplegados por la Comisión Europea para impulsar una respuesta "rápida, coordinada y compartida" por los estados miembros para afrontar esta coyuntura.

Sin embargo, ha lamentado que "como siempre, muchos estados hayan vuelto a bloquear soluciones europeas, no solo frente a esta coyuntura, sino frente a cada intento del Parlamento o la Comisión Europea por ofrecer una respuesta compartida al mayor movimiento forzado de personas que ha vivido el mundo en toda su historia". "Estamos ante un clarísimo ejemplo del coste de la No Europa", ha advertido.

Izaskun Bilbao ha puesto en valor el "esfuerzo" desplegado por Euskadi para activar una alianza de regiones para impulsar la propuesta 'share', que plantea una metodología de reparto de inmigrantes por cuotas, que se calcularían sobre la base de ingresos fiscales, población y paro.

El proceso de ir sumando regiones a esta iniciativa se ha ralentizado por la crisis del Covid, pero el Ejecutivo vasco sigue "empeñado en impulsarla", ha destacado, para recordar la oferta realizada esta misma semana por la consejera Beatriz Artolazabal para acoger refugiados procedentes de Moria.

"La consejera --ha recordado Bilbao-- ha remitido esta oferta tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea y desde mi posición de eurodiputada, como hemos hecho hasta la fecha, vamos a seguir trabajando para que esta vía de trabajo se abra camino en las instituciones comunitarias".

Junts per Catalunya defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, con sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones más graves.

La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio de la morosidad y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y hasta un millón de euros para las más graves.

Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente, y modifica la regulación del IVA, para variar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo para considerar una factura incobrable.

La iniciativa, esgrime Junts, parte de los consensos alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.

Precisamente, hace apenas dos meses, el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las políticas de reconstrucción económica frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.

SEGUNDO INTENTO, TRAS EL VETO DEL GOBIERNO

Junts registró esta proposición de ley el pasado mes de mayo, tras el veto del Gobierno a una propuesta anterior, por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en 2020.

Y es que la ley habilita a las empresas reducir de su base imponible IVA anticipado por facturas que finalmente resulten total o parcialmente incobrables, y permite reducir el plazo actual de seis meses que ha de transcurrir para que una factura no abonada en fecha adquiera esa condición de incobrable.

Ante este veto, Junts decidió presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA al 1 de enero del año siguiente al de su aprobación, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.

En su veto, el Ejecutivo también rechazaba eliminar el plazo de tres meses para modificar la base imponible y exigir la comunicación a la Agencia Tributaria, lo que provocaría, esgrime Hacienda, un "descontrol" de estas reducciones, imposibilitaría las comprobaciones y causaría "indefensión" en la AEAT, por no saber a quién reclamar el impago de cuotas.

"La eliminación de esta obligación, insistimos, supone un riesgo inasumible para la Hacienda Pública, ya que sería imposible controlar que las minoraciones en la base imponible tienen su correspondiente regularización en la contraparte", argumenta el Gobierno, que considera "bastante probable" que aumenten estas reducciones, lo que "puede provocar una imposibilidad práctica de control" sobre estas autoliquidaciones.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) ha presentado su Estudio de Responsabilidad Social Empresarial 2020 elaborado por la consultora independiente Likeik, que examina el compromiso social de las empresas funerarias asociadas y destaca las acciones relacionadas con la protección del medio ambiente, puestas en práctica por un 83% de las compañías del sector.

El compromiso del sector con el medio ambiente y su apuesta por los materiales biodegradables y menos contaminantes está generalizado en la mayoría de las empresas, según el estudio. Así, el 74% de las empresas utilizan ya materiales biodegradables y con menos impacto ambiental para reducir la contaminación al máximo. Féretros de madera certificada, urnas biodegradables, incorporación de coches eléctricos y otras acciones se suman el trabajo emprendido hace ya varios años para reducir el impacto del sector sobre el medio ambiente.

El mayor esfuerzo se dedica a los hornos crematorios con la reducción de energía eléctrica, y la instalación de filtros para minimizar la emisión de tóxicos a la atmósfera. Con 442 repartidos por todo el territorio, España es el país europeo con mayor número de hornos.

Según un estudio de Marsan Ingenieros los hornos pertenecientes a PANASEF cumplen los límites de emisión y comparado con otras actividades, las emisiones anuales de un horno crematorio suponen las mismas partículas contaminantes que las emitidas por cincuenta fumadores al año, y las de cuatro hornos equivalen a las emitidas por siete vehículos diésel.

El sector funerario ha continuado ese esfuerzo por reducir su impacto ambiental de forma activa apostando también por los ecofunerales, en los que los materiales son biodegradables. No solo las urnas, también los ataúdes de madera certificada procedente de talas controladas y zonas reforestadas, con barnices al agua que contaminan menos, tapizados interiores de algodón, adornos y vestidos ecológicos para los difuntos, reduciendo el plástico de las instalaciones y ofreciendo jardines donde depositar y esparcir las cenizas.

Otra acción que se aplica cada vez más es la progresiva incorporación de vehículos eléctricos o híbridos al parque móvil de las compañías funerarias (22% de las empresas) y la apuesta por la energía solar (15%).

Salud Pública ha decidido el cierre de 14 aulas de un total de once centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón con motivo de la aparición de casos de coronavirus, que han sido comunicados hasta el mediodía de este jueves.

Se trata de los siguientes centros: CEIP Juan XXIII (Zaragoza), un aula de Primaria; Colegio Santa María del Pilar (Zaragoza), un aula de Primaria; CEIP Gil Tarín (La Muela), un aula de Infantil; CIP Val de la Atalaya (María de Huerva), un aula de Infantil; Colegio Internacional Ánfora (Cuarte de Huerva), un aula de Primaria; CRA LA Huecha (Magallón): aula de Ambel.

En la provincia altoaragonesa, CEIP Sancho Ramírez (Huesca), dos aulas de Primaria; Colegio Santa Rosa Alto Aragón (Huesca), un aula de Primaria y una de ESO; CEIP Miguel Servet (Fraga), dos aulas de Infantil.

Por último, en la provincia de Teruel, se ha cerrado un aula de Primaria en el CEIP Ensanche (Teruel) y otra aula en el CEE Gloria Fuertes (Andorra).

En el día de ayer, el Gobierno de Aragón comunicó el cierre de un aula en el colegio La Fuenfresca de Teruel con motivo de la aparición de un caso positivo que más tarde se confirmaba como negativo, por lo que este se ha reanudado la actividad lectiva en esa clase de Primaria con normalidad. Por lo tanto, las aulas cerradas este miércoles fueron finalmente 5.

49 CLASES EN 38 CENTROS

El total de las clases clausuradas desde el inicio de curso de Aragón es de 49 clases en 38 centros educativos. Las aulas que se han cerrado con motivo de la aparición de estos casos suponen el 0,81% respecto a todos los grupos de Infantil y Primaria existentes en los centros educativos de Aragón, y el 0,07% de los institutos y centros de ESO y Bachillerato. Tomando como referencia todas las aulas existentes en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en todo Aragón, el porcentaje de aulas cerradas es del 0,58%.

En cumplimiento del protocolo sanitario establecido entre los Departamentos de Educación y de Sanidad del Gobierno de Aragón, un positivo en una clase determina su cierre. El o los casos positivos no podrán volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres.

Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena durante 14 días, aunque sus resultados sean positivos o negativos, tras la realización de las pruebas PCR. La puesta en marcha de grupos burbuja en los centros permite que ante un caso de coronavirus se pueda proceder a cerrar solo un aula y evitar la propagación del contagio.

Las ONG que forman parte de Alianza Residuo Cero y Surfrider Foundation Europe se han sumado a la Fundación holandesa Changing Markets para acusar a la industria "del usar y tirar" de sabotear soluciones contra la contaminación por plásticos de un solo uso como el sistema de devolución y retorno de envases (SDDR).

Las entidades se han sumado al lanzamiento del informe 'Hablan Basura: El manual de las empresas sobre las falsas soluciones a la crisis del plástico' tras una investigación realizada en 15 países de cinco continentes que asegura que los grandes supermercados y las grandes marcas de bebida y alimentación "impiden cualquier legislación o iniciativa real que pretenda acabar con los envases de un solo uso".

El estudio dedica un capítulo a España respecto al que revela el "reiterado intento de una parte de la industria para evitar el uso de los envases retornables, una herramienta exitosa y popular que consigue reutilizar y/o reciclar más del 90 por ciento de latas y botellas".

El informe denuncia que las soluciones a la contaminación por plásticos de un solo uso existen pero que la industria productora, envasadora y distribuidora de estos envases "lucha en la sombra para eliminar cualquier tipo de legislación progresista y preservar el 'statu quo' tanto a nivel internacional como en España.

El capítulo dedicado a España destaca la "capacidad de incidencia" de una "coalición de empresas poderosas" agrupadas en asociaciones de grandes supermercados y productores para bloquear el sistema de depósito de envases de bebidas. Además, acusan al gestor del reciclaje de envases en España, Ecoembes, de utilizar "cifras de reciclaje no reales" y de "culpar" a las personas de su "ineficacia".

La directora de Campaña de Changing Markets Foundation, Nusa Urbancic, ha manifestado que el informe "expone la hipocresía de las grandes compañías" de las que dice que por un lado dicen estar comprometidas con las soluciones y, por otro de "utilizan trucos sucios para seguir usando plástico barato y desechable que contamina el planeta a un ritmo devastador".

Por ello, pide a los legisladores que miren "más allá de esa cortina de humo" y adopten políticas "eficientes" a nivel mundial como los sistemas de depósito.

El informe detalla un extenso listado de actuaciones que productores de plástico, marcas de bebida y alimentación y grandes supermercados "aplican de manera coordinada a escala global para distraer, diferir y derrotar a las legislaciones que quieren acabar con la ola de contaminación plástica que atraviesa el mundo". Aún más, asegura que incluso se apropian de la crisis del COVID-19 "para esta causa".

El responsable de lobby Surfrider Foundation Europe, Xavier Curto, pide ser "exigentes" para adoptar "de forma individual buenos hábitos, pero también con el impacto de las empresas y el marco legislativo que lo permite".

Por último, el trabajo plantea tres soluciones ante su previsión de que los plásticos se duplicarán en los próximos 10 o 15 años. En concreto, pide una legislación que obligue a recoger al menos el 90 por ciento de los desechos por separado y que reconozca que el SDDR obligatorio es "la única forma comprobada y eficaz" de lograr altos niveles de reutilización y reciclaje de envases de bebidas.

Finalmente, propone también introducir objetivos de reutilización y otros mecanismos que fomenten el uso infinito de los recursos y aplicar objetivos de contenido mínimo de material reciclado, para favorecer un mercado del reciclaje de plásticos eficaz.

La Comisión de Monumentos de la Real Academia de Bellas Artes de Granada ha manifestado su "profunda preocupación" por el método y el alcance de la intervención que se lleva a cabo en el Paseo de Romayla, a los pies de la Alhambra, y por su afección al conjunto monumental nazarí.

En un comunicado, la Academia de Bellas Artes advierte de "unas actuaciones improvisadas y carentes de una mínima coordinación y de un debate público y científico que parece en este caso imprescindible".

"Recordemos que resulta francamente difícil encontrar un espacio de tanta significación histórica como el afectado y que, lamentablemente, no es la primera vez que la intervención descuidada de las autoridades competentes, conduce a desafortunadas situaciones que solo de forma muy limitada y costosa han podido corregirse con el paso del tiempo".

También ha reseñado que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada, en su sesión del pasado 14 de noviembre de 2019, informó favorablemente el proyecto presentado por el Ayuntamiento para este proyecto, que se enmarca en un convenio de colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife, si bien dicho informe estuvo "condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que figura explícitamente la recuperación de los tramos de la acequia que puedan existir tras la correspondiente intervención arqueológica".

Este llamamiento llega después de que, hace aproximadamente una semana, la asociación conservacionista Oppidum Eleberis solicitara a la Unesco, a través de la asociación Icomos-España, la apertura de un expediente para comprobar si el proyecto del Paseo de Romayla de Granada, que calificó como "parque de hormigón", es compatible en este entorno a los pies de la Alhambra declarado Patrimonio Mundial.

SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han rechazado el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al considerar que "olvida" las soluciones basadas en la naturaleza y la integración ambiental.

Según los colectivos ecologistas, el Plan apuesta además por "actuaciones de ingeniería que se vienen desarrollando en el Mar Menor desde los años 70" y que "en el propio texto se describen como problemáticas", informaron fuentes de ambas organizaciones en un comunicado.

A su juicio, el plan presenta un diagnóstico "acertado" de los problemas a los que se enfrenta la franja litoral del Mar Menor, al reconocer que la carga actual de usos e infraestructuras "supone una grave presión para el entorno natural, con efectos negativos en la dinámica lagunar y sedimentaria e incremento de la contaminación, entre otros".

A pesar de identificar más de 2.300 embarcaciones fondeadas, diez puertos deportivos, una de las mayores densidades de puertos deportivos de toda la costa mediterránea, once pantalanes, 24 canales de navegación y 56 fondeaderos, "no presenta ninguna medida para sustituir, modificar o adecuar ambientalmente estas infraestructuras y tampoco apuesta por prohibir cualquier nueva infraestructura de este tipo".

"El Plan se limita a plantear 77 zonas de actuación que única y exclusivamente se refieren a la construcción de nuevas infraestructuras rígidas (diques, espigones y paseos marítimos) y dragados y movimientos de arenas", han remarcado.

Para SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, ambas actuaciones "presentan "costes desproporcionados, dada su nula efectividad", así como "efectos negativos para el valor ambiental del litoral".

Por ello, pese a incluir un apartado descriptivo "acertado" que pone el foco en la ocupación del espacio por infraestructuras de todo tipo y sus afecciones a los valores ambientales, este plan "se limita a ofrecer actuaciones ambientalmente impactantes".

Las más "preocupantes" para ambas organizaciones son las obras de ingeniería hidráulica, pues "se trata de medidas ya aplicadas en el pasado y que no solo no han resuelto los problemas, sino que en muchos casos los han agravado".

Así, "se incluyen al menos incluyen 25 obras de ingeniería, de las cuales diez son refuerzos y ampliaciones de diques, espigones, paseos marítimos, etcétera, y otras 15 son nuevas construcciones, como diques y espigones".

También les preocupan los movimientos de sedimentos, pues se proponen al menos 35 casos de trasvases, dragados, aportes o reposiciones de sedimentos, arenas y fangos "sin ningún criterio de sostenibilidad en el tiempo", cuando "en ningún caso estas actuaciones son definitivas y exigirán actuaciones permanentes, con elevados costes económicos y ambientales".

Además, según SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, "no se conocen casos en los que hayan solucionado problemas de dinámica sedimentaria sin actuar en origen y sin causar afecciones ambientales".

Por otra parte, para los colectivos ecologistas, el Plan debería incluir objetivos de cómo contribuir a reducir la contaminación difusa agraria a través de la recuperación de superficies de humedal natural o mejorar el valor naturalístico y paisajístico del entorno del Mar Menor, la recuperación y conservación de los hábitats y la conectividad de los espacios naturales.

"Pese a que constata que dos tercios de las playas muestran ocupaciones del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DMPT), no prioriza la recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre, ni aclara su futuro en el caso de que se recupere", han lamentado.

En este sentido, han considerado que deberían explicarse y exponerse las soluciones para el Dominio Público ocupado, proponer un plan de restauración a su estado natural, incluyendo la ampliación de humedales y hábitats naturales, y explicar los objetivos en cada uno de ellos.

También han defendido la necesidad de priorizar la resolución de la ocupación del dominio público en base a criterios de recuperación ambiental, corredores naturales, infraestructuras verdes y mejora paisajística.

"Esto permitiría interceptar los nutrientes que pudieran alcanzar la laguna", han apuntado, tras insistir en que "las grandes avenidas arrastran grandes cantidades de nutrientes acumulados en la cuenca, constituyendo una de las principales entradas a la laguna y que justamente dicha entrada no puede ser gestionada ni reducida con obras de ingeniería civil, siendo los humedales el único mecanismo capaz de retener y eliminar los nutrientes transportados por las lluvias intensas y avenidas".

Por último, las organizaciones han criticado que "tampoco se presenta una evaluación de la efectividad de las propuestas", lo que "hace imposible valorar las alternativas seleccionadas desde el enfoque puramente económico".

"No se entiende porqué el MITECO propone en este Plan del Borde Litoral del Mar Menor mitigar los impactos que provocan las infraestructuras existentes, principalmente puertos deportivos, a base de más artificialización, más impacto ambiental y más obra pública y despilfarro de fondos públicos", han agregado.

Asimismo, han declarado que las soluciones propuestas plantean serias dudas de que el plan sea ambientalmente eficaz, económicamente eficiente y socialmente equitativo, en tanto "no se aclara cuál será la distribución de costes públicos/privados, cuando hay importantes intereses privados a lo largo del frente litoral, como son los puertos deportivos".

Por todo ello, ambas organizaciones han demandado al Ministerio "un cambio de rumbo" que priorice la recuperación efectiva del DPMT, las soluciones basadas en la naturaleza y las infraestructuras verdes, incluyendo la recuperación de humedales y hábitats naturales y la reducción y adecuación ambiental de todas las infraestructuras, para que respeten la hidrodinámica litoral y la funcionalidad del ecosistema.

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa intentando buscar soluciones a la situación económica que vive el sector taurino ante el contexto de crisis del coronavirus y baraja, entre ellas, préstamos, líneas de financiación en condiciones "muy favorables" del mismo modo que se plantean al sector agrario en momentos puntuales.

Así lo ha manifestado el viceportavoz del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en su intervención en el pleno de las Cortes durante el debate relativo a la situación actual del sector taurino en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Popular.

"Seguimos hablando, tenemos que buscar una solución para que financieramente puedan sobrevivir a este problema", ha garantizado Guijarro, que ha mencionado que siguen manteniendo el ofrecimiento al sector para modificar el reglamento de los festejos --ya para la temporada próxima-- y así poder reducir el coste de las celebraciones y dar salida a muchas reses.

Pero para ello, ha puntualizado el vicepresidente regional, tiene que haber acuerdo "interno" en el sector, sin que haya "enfrentamientos", porque hay "tiempo suficiente" y la predisposición del Ejecutivo autonómico es palpable.

Este consenso "no se ha producido, desgraciadamente" en este punto del reglamento, ni tampoco en la elaboración de un protocolo para poder desarrollar espectáculos en plazas y festejos, aspecto que también queda pendiente de abordar con el sector.

REDUCCIÓN DE 1.600 A 30

Martínez Guijarro ha cifrado la reducción de festejos taurinos de 1.600 a poco más de 30 esta temporada, una bajada que "no solo depende" de las medidas que tome el Gobierno regional. También ha precisado que las explotaciones ganaderas ascienden a 195 en Castilla-La Mancha, según el registro regional.

Sobre esta situación ha mencionado que además de los ganaderos del toro de lidia, el sector vacuno también ha tenido consecuencias, señalando que ha caído el consumo de carne por el cierre de establecimientos turísticos o por acontecimientos externos como la caída del mercado del Líbano, tras la explosión en el Puerto de Beirut, que "ha generado un problema muy importante en los Montes de Toledo, donde abía una línea de exportación.

Ha cargado contra el PP por querer aparecer como los "únicos" que se preocupan del sector. "Dicen que el PP dice que sí a los toros. Y el PSOE también. Se quieren apropiar del sector taurino".

CS Y PP

Por su parte, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha señalado que se encuentra en una situación "muy muy lamentable", porque aunque "la ley obliga a la instituciones públicas a apoyarlo y conservarlo", el sector "está recibiendo trato discriminatorio por parte del Gobierno de España".

Ha reclamado el apoyo del Gobierno regional para evitar que se "agrave a la situación del sector", pues, a su juicio, "se tendrá que realizar un esfuerzo para que este desaparezca".

En su propuesta de resolución, Cs reclama al Gobierno regional que inste al Gobierno de España a incluir a los profesionales taurinos como artistas en espectáculos públicos para beneficiarse de ayudas al sector cultural; la suspensión de pagos a la Seguridad Social; incluir a la tauromaquia en la reducción del IVA del 10% al 4%; reducir el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido de la venta de toro bravo para festejo, actualmente del 21% y reconocer plenamente la Tauromaquia como industria cultural en el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas.

En el plano regional, Ciudadanos pide que las Cortes insten a la Junta a aprobar ayudas para las empresas de espectáculos y empresas ganaderas de reses de lidia así como para la producción de bovino extensivo de lidia con destino alimentario; a asumir el coste económico de los servicios médicos y veterinarios y a aprobar reformas normativas para lograr flexibilizar los requisitos en los festejos y otorgar a la tauromaquia, en los programas presupuestarios correspondientes a la cultura, un trato equivalente al resto de ámbitos culturales.

Por su parte, la diputada del PP Lola Merino ha reclamado al Gobierno regional la aprobación de ayuda directas para salvar al ganadero del toro de lidia "de la grave recesión económica como consecuencia de la crisis del COVID", con un montante de 5 millones de euros.

En su propuesta de resolución, el PP pide que el Parlamento inste a la Junta a aprobar una línea de ayudas directas de 1.500 euros por vacamadre o animal mayor de 18 meses, hasta un máximo de 100.000 euros por ganadería, con cargo a los fondos COVID de la Unión Europea.

Asimismo, quieren que se apruebe una convocatoria de ayudas de hasta 7.000 euros por explotación ganadera bovina de lidia dentro del presupuesto del Programa de Desarrollo Rural; que se disponga de una línea de créditos ICO bonificados para asegurar la viabilidad financiera de las explotaciones y establecer y promocionar las Rutas del Toro en Castilla-La Mancha como oferta de ocio en el campo, sostenible y seguraante el coronavirus.

PSOE

De su lado, el socialista Julián Martínez, ha defendido que las medidas de apoyo no se pueden detraer de los fondos de desarrollo rural, porque ya está comprometido el 103% del presupuesto total de dichos fondos.

"Aquí no cabe la discusión de si nos gusta el mundo del toro, pero no deberíamos jugar a la apropiación indebida de valores culturales", ha reclamado el Martínez.

En su propuesta de resolución, el PSOE ha solicitado que las Cortes insten a las administraciones competentes a mantener o establecer propuestas de exención de tasas en la celebración de espectáculos taurinos así como estudiar la posibilidad del establecimiento de ayudas económicas destinadas a las explotaciones ganaderas, que minimicen la falta de ingresos como consecuencia de no haber podido vender animales.

También demanda la creación de una normativa excepcional que permita flexibilizar y agilizar los trámites a realizar para la celebración de espectáculos y a mantener las ayudas ofrecidas a las escuelas taurinas, que actúan como garantes de la preservación de esta tradición.

La Comisión Europea ha pedido este jueves a los países de la UE que inicien "cuanto antes" un "amplio diálogo político" para preparar los planes nacionales de reformas e inversiones que serán financiadas con el plan de recuperación europeo, al tiempo que ha lanzado una serie de recomendaciones sobre dónde deberían ir dirigidos dichos proyectos.

"Será crucial que los Estados miembros deben entablar lo antes posible un amplio diálogo político que integre a todas las partes interesadas en la preparación de sus planes de recuperación y resiliencia", ha expresado en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

En la misma línea, Bruselas ha instado a los socios comunitarios a poner en marcha "mecanismos sólidos de coordinación" entre autoridades locales y regionales, así como con los agentes sociales, tanto para las fases de planificación y de implementación de las reformas que serán financiadas con este plan.

La "responsabilidad nacional", ha subrayado la Comisión, será un "requisito previo" para conseguir una aplicación "exitosa" del Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RFF, por sus siglas en inglés), el programa principal del plan de recuperación con una dotación, entre subsidios y préstamos, de 672.500 millones de los 750.000 millones totales.

España será el segundo país más beneficiado de este instrumento y recibirá 43.480 millones de euros entre 2021 y 2022 y aproximadamente 15.700 millones en 2023 (en función de la caída del PIB como consecuencia de la crisis) en forma de transferencias. A estas cifras habría que sumar la parte correspondiente a préstamos.

Pero para acceder a dichos fondos, todos los países tendrán que enviar a Bruselas sus planes nacionales de reformas, que deberán recibir después el visto bueno de la Comisión, primero, y del resto de capitales, después, para desbloquear el dinero.

El Ejecutivo comunitario ha detallado que los Estados miembros podrán enviar estos documentos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021, aunque también les ha invitado a remitir borradores el próximo 15 de octubre, junto con el proyecto de presupuestos para el próximo año.

Tal y como acordaron los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de julio, una vez aprobados los planes, cada país podrá recibir un sobre de "prefinanciación" equivalente al 10% de los fondos que tenga asignados.

TRANSPORTE LIMPIO, DESPLIEGUE DE LA 5G Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

Al evaluar los planes nacionales, la Comisión Europea vigilará que las reformas e inversiones planificadas sirvan para fortalecer sus economías y cumplir las recomendaciones que la institución comunitaria publicó para cada país en 2019 y 2020, pero también para impulsar las transiciones ecológicas y digital.

En este sentido, las autoridades comunitarias han identificado siete áreas prioritarias, entre ellas la puesta en marcha rápida de "tecnologías limpias" con perspectivas de futuro y la aceleración y el uso de energías renovables.

En el ámbito ecológico también invitan a renovar edificios públicos y privados con vistas a mejorar su eficiencia energética, fomentar el transporte sostenible, accesible e inteligente mediante, por ejemplo, la instalación de estaciones eléctricas de recarga, y ampliar las redes de transporte público.

Bruselas también recomienda utilizar los fondos europeos para desplegar servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y de 5G, y para modernizar y digitalizar la administración y los servicios públicos, en especial el sistema judicial y la sanidad.

Del mismo modo, invita a desarrollar proyectos que aumenten la capacidad industrial en los campos de datos en la nube y en el desarrollo de procesadores de máxima potencia, última generación y sostenibles.

Por último, llama a aprovechar el dinero del plan europeo de recuperación para adaptar los sistemas educativos a las nuevas competencias digitales y fomentar la educación y la formación profesional a todas las edades.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha amenazado con futuras movilizaciones si no se tiene en cuenta a la Abogacía en las decisiones que afecten al funcionamiento del sistema de Justicia tras "la ineficacia" de las medidas puestas en marcha para descongestionar la Administración de Justicia tras los meses de parón judicial por la pandemia.

Una de las medidas fue la habilitación del pasado mes de agosto, algo que resultó ser "absolutamente inútil", según el decano. Su poca validez es una de las principales conclusiones del primer Observatorio sobre la Normalización de la Actividad Judicial, cuyo avance de resultados ha sido presentado hoy por el decano José María Alonso y el director del Área de Defensa al Colegiado/a y Normativa, Fernando Bejerano.

Se trata de una encuesta realizada entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2020 en la que han participado más de 1.200 profesionales de la abogacía que demuestra con datos "la ineficacia" de una de las principales medidas adoptadas para descongestionar los juzgados y tribunales madrileños tras el estado de alarma.

"El ICAM se opuso desde el principio a la habilitación del mes de agosto, y no porque los abogados no queramos colaborar para ayudar a este país a sobreponerse a los gravísimos efectos de la pandemia", ha recordado Alonso, sino porque "se sabía que los únicos paganos de esa inutilidad y de esa habilitación parcial del mes de agosto iban a ser los abogados y los procuradores".

"Y lamentablemente la realidad nos ha dado la razón", ha subrayado Alonso, quien ha reseñado que los datos obtenidos reflejan que, a pesar de haberse decretado la habilidad del mes de agosto, las actuaciones durante este mes han sido muy escasas.

También se observa que de forma mayoritaria se ha ignorado la recomendación del CGPJ relativa a la notificación anterior al 15 de junio de los señalamientos comprendidos en el mes de agosto, o que tan solo un 10 por ciento de los encuestados manifiesta haber celebrado de forma telemática algún señalamiento desde la reactivación de la actividad judicial.

Si bien las recomendaciones realizadas por los distintos estamentos de la Administración de Justicia eran "medidas sustentadas en la buena fe y en la creencia de que iba a servir para algo", para Alonso la realidad es que no ha servido porque "los jueces se consideran los reyes de taifas de sus juzgados, los jueces deciden lo que se hace en su juzgado, y al socaire de que es actividad jurisdiccional incorporan decisiones que no son actividad jurisdiccional".

En ese sentido, el decano ha aclarado que los abogados no quieren "entrar en absoluto en el funcionamiento del poder judicial como tal poder, en cómo un juez decide los asuntos", pero en materia de señalamientos o notificaciones sí funcionan como una administración normal "y por tanto tienen que someterse a las exigencias y a los requerimientos que se exige de toda administración normal".

TARDES EN LOS JUZGADOS

Según trasladan los profesionales de la abogacía de Madrid encuestados, la celebración de señalamientos en horario de tarde en los meses de junio, julio y agosto, no supera el 10 por ciento.

Además, el 87% manifiesta que la fecha del señalamiento no ha sido consensuada previamente. Además, en torno a un 50 por ciento de los encuestados, han comunicado haber sufrido alguna suspensión durante los meses de junio y julio.

Por lo que se refiere a las medidas de protección frente al COVID, el Observatorio refleja que se han trasladado incumplimientos de la distancia de seguridad (16,5%), en la adecuación de salas de vistas (14,8%), en la falta de medios de protección (12,8%), en la limpieza de salas de vistas (15,6%) y en el debido distanciamiento entre señalamientos (29,9%).

Otro de los aspectos del informe sobre los que ha llamado la atención el decano es el estado de la pendencia de Madrid en el registro de demandas.

Así, ha destacado Alonso que a fecha 3 de septiembre de 2020 existan 31.679 demandas iniciadoras de asuntos civiles y 1.929 demandas ejecutivas sin repartir. "Sobre estas demandas los abogados hemos estado trabajando, y el mínimo derecho que tenemos es que se reparta", ha señalado.

Tras exponer las principales conclusiones del Observatorio, el decano madrileño ha subrayado la importancia de la abogacía como parte de Administración de Justicia.

Se nos llama colaboradores, lo cual niego, pero aunque se nos llame colaboradores lo que no puede ser es que nos traten como gente de segunda y relegarnos a un papel secundario. Y desde luego, como decano del Colegio de Madrid, el más grande de Europa, no puedo aceptar que eso siga sucediendo como está sucediendo", ha aseverado.

Por todo ello, el Colegio de Abogados de Madrid seguirá reclamando hasta la saciedad la participación de la abogacía en la toma de decisiones de la Administración de Justicia, sin descartar otro tipo de acciones.

Para finalizar, y recordando que las críticas contenidas en este informe son constructivas, no destructivas, Alonso ha reiterado la necesidad de que la abogacía forme parte integrante de la solución. "No se nos puede excluir de la solución. Y desde luego, este Colegio de Abogados de Madrid, que es el más grande de España con diferencia, no va a tolerar un mes de agosto como el que hemos tenido", ha concluido.

Canarias ha registrado este jueves tres personas fallecidas por coronavirus, que elevan la cifra total a 209 en el archipiélago, y 180 nuevos casos positivos, con lo que alcanza 11.341 desde que empezó la pandemia, según recoge el balance de datos que cada día actualiza la Consejería de Sanidad.

Actualmente, la cifra de casos activos ha ascendido hasta los 6.562 (+34 respecto a ayer), de los que 56 ocupan camas en la UCI --dos más que este miércoles-- y 200 están hospitalizados (-5), mientras que el resto, 6.306 (+37), está en aislamiento domiciliario.

Además, el archipiélago ha contabilizado este jueves un total de 143 altas con lo que se acumulan 4.570 desde que comenzó la crisis sanitaria.

En cuanto a las pruebas PCR, en Canarias se han realizado hasta ahora 308.751 pruebas PCR, 4.294 de ellos en la última jornada, con un índice positivos del 4,6%.

GRAN CANARIA SIGUE COMO LA QUE MÁS CASOS DIARIOS REGISTRA

Por islas, Gran Canaria ha sumado 98 casos nuevos en las últimas 24 horas, por lo que los acumulados se quedan en 6.458 y los activos en 4.639 (+1) --de los que 3.860 se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria--. Además, en la isla se han producido 70 muertes y 1.749 altas.

En Tenerife se han contabilizado 70 casos nuevos positivos con lo que los acumulados alcanzan los 3.169 y los activos 1.342. En total, han tenido lugar 123 fallecimientos y 1.704 pacientes recuperados.

Mientras Lanzarote, con 983 casos desde que arrancó la pandemia, registró 7 casos nuevos y 407 activos; con 8 fallecidos y 568 recuperados.

En el caso de Fuerteventura, con 5 positivos nuevos este jueves, se alcanzan ya los 489 acumulados y 129 activos; con 2 fallecimientos y 358 altas.

La Palma, por su parte, no ha tenido nuevos positivos en 24 horas, quedándose en 173 casos acumulados y 26 activos; con 6 muertes y 141 pacientes dados de alta.

El Hierro y La Gomera tampoco han presentado casos nuevos y se mantienen con 45 acumulados y 8 activos y 24 y 11 activos, respectivamente.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha explicado que se reunirán con "todas las fuerzas de la oposición para evitar el bloqueo que JxCat tiene preparado" y anticiparse así a los posibles escenarios que pueda provoca una eventual inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS).

"No podemos permitir que Torra culmine su desafío bloqueando las instituciones", ha defendido este jueves en rueda de prensa en el Parlament, tras insistir en que el jefe del Ejecutivo catalán ya ha avisado de que no convocará elecciones antes de ser posiblemente inhabilitado.

Por eso, ha apelado al conjunto de fuerzas políticas para pedirles que se anticipen a los posibles escenarios derivados de una eventual inhabilitación, y para insistir en formar una coalición electoral con PSC y PP: "Creo que está bien que los analicemos conjuntamente".

Sobre el Debate de Política General (DPG) del miércoles en el Parlament --y que se reanudará el viernes--, ha considerado que quedó subordinado "a la agenda judicial de Torra", dado que el TS ha celebrado este jueves la vista pública para revisar su condena a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia.

Así, ha reivindicado que fue Cs el que denunció al presidente catalán por utilizar la fachada del Palau de la Generalitat "como escaparate en periodo electoral con una pancarta propia de los intereses y postulados de las candidaturas independentistas en las elecciones de 2019".

CANDIDATOS A LA GENERALITAT

Además, ha advertido de que si finalmente Torra queda inhabilitado, sería el presidente del Parlament, Roger Torrent, el que tiene "la obligación de presentar antes de diez días candidatos a la Generalitat".

Para Carrizosa, Torrent tiene la llave del desbloqueo, por lo que le ha pedido "no ser cómplice del desafío" ni utilizar su cargo para poner al Parlament al servicio de los independentistas.

FCC Construcción se ha convertido en la primera constructora española en verificar por tercera parte independiente la huella de carbono de más del 70% de las emisiones de sus actividades nacionales e internacionales, y en más de la mitad de los países del mundo en los que opera.

Durante este ejercicio, se han verificado por tercera parte los informes de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 12 países en los cuales la compañía desarrolla su actividad, entre los que se encuentran España, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México, Colombia, Chile o Perú.

FCC Construcción inició su Estrategia de Cambio Climático en el ejercicio de 2010, con el diseño e implantación de un protocolo para la cuantificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en construcción.

Desde entonces, la compañía elabora y verifica anualmente su informe de emisiones, siendo la primera constructora española en haberlo verificado por una tercera parte independiente, y contando, desde 2012, con el certificado de la Huella de Carbono 'Medio Ambiente CO2 verificado', que acredita tanto la veracidad del cálculo como la inclusión de la gestión de los gases en el sistema y estrategia de la organización.

FCC Construcción estableció entre sus Objetivos de Gestión 2017-2020 un objetivo específico relacionado con el cambio climático. En concreto, se planteó la ampliación de la verificación del inventario de emisiones GEI al ámbito internacional, ya que desde 2010 a 2017 solo se verificaba la huella de carbono de los centros ubicados en España.

Asimismo, de 2018 a 2020, se ha difundido la metodología de cuantificación de emisiones de la organización entre el personal propio, para concienciarlo sobre la importancia del informe anual de Emisiones de GEI; se han recopilado factores de emisión específicos para los distintos países y las distintas fuentes de GEI y se han establecido controles internos para asegurar la calidad de datos de actividad del inventario, entre otras acciones.