El Código de conducta del Congreso se extenderá al Senado y los parlamentarios no podrán aceptar regalos superiores a 150 euros

Los diputados y senadores deberán consignar las actividades que hayan desarrollado cinco años de antes de obtener sus actas que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos, según el borrador del nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales.

El Congreso ya aprobó su propio Código ético en 2019 siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), pero esta misma institución conminó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado, por lo que los servicios jurídicos de las Cortes Generales han redactado un documento con este fin.

Según han informado  fuentes parlamentarias, el texto ya ha sido distribuido a los grupos del Senado y la próxima semana será objeto de análisis por la Mesa del Congreso, que también tiene previsto repartirlo a los distintos grupos parlamentarios.

Cuando se cierre un texto definitivo, tras estudiar las aportaciones que puedan hacer los grupos, el nuevo código deberá ser aprobado en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras. La previsión es que pueda salir adelante antes de que acabe septiembre.

El borrador reproduce el grueso del código que se aprobó para el Congreso, que no se ha llegado aplicar, pero los letrados han introducido algunas modificaciones para mejorarlo técnicamente.

ONG Y FUNDACIONES

Uno de los cambios radica en que se concreta el periodo sobre el que los parlamentarios deben informar de su actividades anteriores. Así, si en el código del Congreso no se ponía tope temporal, ahora se propone que tengan que informar de las actividades que hayan desarrollado durante el lustro anterior a su desembarco en las Cámaras. Si se trata de actividades por cuenta ajena, tendrán que precisar el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad.

También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí, igualmente durante los cinco años anteriores, incluyendo viajes e invitaciones a actividades culturales o deportivas que, por su valor económico o cualquier otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.

Otra de las novedades es que se propone obligar a los parlamentarios a informar también de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades similares a las que contribuya o haya contribuido ya sea económicamente o altruistamente.

REGALOS TAMPOCO PARA FAMILIARES

Además, el futuro código para las dos Cámaras dejará claro que los parlamentarios no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos "su entorno familiar".

Asimismo, ahora sí se especifica que no se deben aceptar presentes que superen los 150 euros, al contrario de lo que ocurría en código del Congreso que no fijaba cantidad alguna.

Como ya estaba previsto para el Congreso, las declaraciones de intereses de sus señorías se publicarán en las webs de ambas Cámaras. Si bien el nuevo código común dejará claro que éstas "sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios".

Además, mientras que la Oficina de Conflictos de Intereses que se tendría que haber creado en el Congreso iba a tener "funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses", los letrados proponen ahora eliminar esa capacidad.

Otro de los puntos que desaparece en el borrador respecto al texto ya vigente ya para el Congreso es la inclusión entre los principios que deben regir la actuación de los parlamentarios la mención de que han de hacerlo "con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al Reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan".

NO USAR EL CARGO PARA ENRIQUECERSE

Según han explicado fuentes parlamentarias, los letrados de las Cortes consideran innecesario reproducir en un Código de Conducta la obligación de acatar y respetar la Constitución, algo que ya se recoge en los Reglamentos de ambas Cámaras, que son normas de rango superior.

Desde el PP ya han adelantado su intención se proponer que esa mención al acatamiento de la Carta Magna se mantenga en el futuro Código de Conducta de las Cortes Generales y recordarán que el texto del Congreso fue aprobado por unanimidad.

Lo que sí plantean incluir como novedad en esos principios es el de "abstenerse de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo" por el ejercicio de su cargo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abordado este jueves con la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) la necesidad de prevenir la violencia sexual a través de la sensibilización y la educación, y el compromiso de cambiar la ley para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno.

Durante la reunión, que se ha celebrado por videoconferencia, la ministra ha puesto en valor la labor de la federación en relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, mientras que desde la organización se ha trasladado la relevancia de la Ley de Libertad Sexual o el compromiso del Acuerdo de Gobierno con la recuperación del derecho de las más jóvenes a la interrupción voluntaria del embarazo, según informa el Ministerio.

"Ambas partes hemos coincido en la necesidad de abordar de manera prioritaria la prevención de la violencia sexual, que debe ir más allá de las leyes y abordarse, también, desde la sensibilización y la educación. Se ha coincidido en la necesidad de que la educación sobre la sexualidad sea una realidad, ya, en los centros educativos", explican desde la Federación de Planificación Familiar Estatal.

Además, la FPFE destaca que el equipo del Ministerio de Igualdad "ha reafirmado su compromiso con un cambio en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para garantizar el derecho al aborto de las mujeres de 16 y 17 años" sin permiso paterno, tal y como recogía el Acuerdo de Gobierno.

También se ha comprometido, según precisa la organización, con la implementación de la renovada Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la futura Estrategia Nacional de Prevención y Respuesta a las Violencias Sexuales, para cuya elaboración, la FPFE ha ofrecido su colaboración.

La Federación ha advertido de que en el contexto internacional actual existen "amenazas crecientes por parte de grupos y gobiernos coercitivos que quieren acabar con los derechos sexuales y reproductivos". Por ello, valora "muy positivamente" el hecho de que España colidere la coalición de acción sobre justicia económica y derechos del Foro Generación Igualdad de ONU Mujeres.

En la reunión han participado, además de la ministra de Igualdad, por parte del Ministerio: María Naredo, Alba González Sanz y Ángela Rodríguez Pam. Por su parte, la FPFE ha estado representada por el presidente de la organización, Guillermo González Antón, junto a Raquel Hurtado y Filomena Ruggiero.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para tratar de que la Cámara inste al Gobierno a denunciar al Gobierno de Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), tomando como base el informe publicado el miércoles por una misión de la ONU.

Ese informe, según recuerda Vox en una larga exposición de motivos, constató "que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos" e "identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad".

Añade que la misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas y examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Así, Vox quiere que el Congreso inste al Gobierno a que, "cumpliéndose las condiciones previas para el ejercicio de la competencia" por parte del TPI, remita a la Fiscalía de este órgano un informe para que investigue la situación en Venezuela.

Se trata de "determinar si se ha de acusar de la comisión de alguno de los crímenes previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma a una o varias personas" de las que figuran en el informe, dice el texto.

A finales de 2018, el Gobierno español rechazó la petición que le hicieron PP y Ciudadanos, y también la oposición venezolana para que se sumase a la denuncia ante el TPI que presentaron Colombia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Canadá.

El entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que no veía oportuna la denuncia por varios motivos: porque la Fiscalía del TPI había iniciado su propia investigación y no quería interferir en los plazos; porque no veía clara su base y porque veía "un problema de oportunidad para "mantener y establecer diálogos políticos".

Vox también ha presentado en el Congreso una serie de preguntas escritas, para preguntar al Gobierno si va a "condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno Bolivariano de Venezuela" y si va a promover "alguna actuación para que las instituciones europeas condenen los crímenes cometidos por el régimen venezolano".

En tercer lugar, pregunta si ese informe de la ONU va a afectar a "las relaciones de España con el régimen dictatorial venezolano", teniendo en cuenta que el documento "viene a ratificar otros previos, incluyendo la petición de captura de Nicolás Maduro por parte de la Fiscalía estadounidense".

La CUP quiere que el Congreso vote en el Pleno de la próxima semana una moción en la que insta al Gobierno a que retire a Juan Carlos I el título de Rey honorífico a raíz de las presuntas irregularidades cometidas por el emérito, entre ellas las supuestas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda, un asunto que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Así consta en la moción que la CUP ha registrado en el Congreso y que es consecuencia de la interpelación que la CUP dirigió este miércoles en el Pleno de la Cámara a la vicepresidenta Carmen Calvo y que atendió la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

En esa sesión, Darias apostó por reforzar la Jefatura del Estado pese a la situación del padre del Jefe del Estado, que se marchó a Abu Dabi ante las informaciones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales, al tiempo que pidió un esfuerzo de todos para "cuidar la democracia".

Darias hizo esta reclamación ante las críticas del diputado de la CUP Albert Botran, quien denunció el "dispositivo especial de censura" que, en su opinión, se aplica en España en los temas referidos a la Monarquía, singularmente en el Congreso, y acusó al Gobierno de no dar explicaciones en las Cortes sobre su "colaboración" para facilitar la "huida" del Rey emérito a Emiratos Árabes Unidos.

PIDEN CUENTAS A SÁNCHEZ Y CALVO

Denuncias éstas que reproduce en la exposición de motivos de su moción, donde además de instar al Ejecutivo a retirar a Juan Carlos I el título de Rey honorífico, vuelve a pedir cuentas al Gobierno en el Congreso.

En concreto, reclama la presencia en sede parlamentaria del presidente, Pedro Sánchez, y de su 'número dos', Carmen Calvo, para que aclaren la participación del Gobierno y el uso de fondos públicos en la marcha del emérito a Emiratos Árabes Unidos.

Además, la CUP aprovecha para insistir en su texto en la necesidad de que el Congreso abra en este periodo de sesiones una comisión de investigación sobre "las presuntas irregularidades cometidas por los miembros de la Familia Real".

Hasta la fecha las diversas peticiones en este sentido planteadas tanto por Unidas Podemos como por Más País, Compromís y los partidos nacionalistas e independentistas han sido frenadas por la Mesa del Congreso, que ha justificado su negativa a tramitarlas en que la Monarquía no está entre las competencias del Legislativo.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha adelantado este jueves que la Comisión de Salud Pública ya está trabajando en la posibilidad de reducir a 10 o a siete días el periodo de cuarentena por posible contagio de Covid-19, el cual actualmente se sitúa en los 14 días.

Se trata de una medida que, tal y como ha señalado Calzón en rueda de prensa, puede mejorar la adherencia de las personas al periodo de cuarentena, ya que su no adherencia un problema que "vienen sufriendo" todas las comunidades autónomas.

"Es una medida que se considera, de forma mayoritaria, que sería positiva porque ayudaría a una mejor adherencia al cumplimiento de las cuarentenas", ha señalado, para informar de que el Ministerio de Sanidad ha pedido opinión al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) para que valore cuál sería el mejor periodo de días a fijar.

Asimismo, Calzón ha avisado de que otoño va a ser un periodo "complejo" desde el punto de vista sanitario porque los ciudadanos están regresando a sus hogares después del periodo vacacional, al trabajo, se ha iniciado el curso escolar y puede impactar en la evolución de la pandemia, al igual que el comienzo de la gripe estacional.

"LO IMPORTANTE ES QUE SE TOMEN MEDIDAS"

Por otra parte, y preguntada por la evolución de la pandemia en Madrid y por las nuevas medidas que el Ejecutivo regional va a anunciar este viernes para frenar las transmisiones, Calzón ha señalado que "lo importante" es que lleven a cabo acciones, y ha asegurado que el Ministerio de Sanidad está implicado con la comunidad, al igual que con el resto, desde el "minuto uno.

"Lo importante es que se tomen medidas. Todos sabemos lo que se tiene que hacer, pero reconocemos que es difícil elegir el momento en el que se tiene que hacer. En el caso de Madrid se tienen que tomar medidas y nosotros estaremos detrás dando todo el apoyo técnico y los recursos que necesite", ha zanjado la secretaria de Estado de Sanidad.

La examiga de Juan Carlos I Corinna Larsen ha afirmado en una entrevista en Paris Match que el hoy rey emérito le reveló sus temores, antes de abdicar, de que estaba siendo objeto de lo que la empresaria alemana califica de "golpe de estado interno" instado tanto por la propia familia real, con la reina Sofía al frente, como por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Según Larsen, el exmonarca fue "muy explícito" al confiarle su preocupación ante dos frentes, siendo el primero el que formaban su esposa y "sus lugartenientes", ya que Sofía tendría prisa por poner a su hijo en el trono porque tenía mucha más influencia sobre Felipe que sobre el entonces monarca.

Sobre el segundo frente, Larsen señala en la entrevista, que Juan Carlos I apuntó directamente hacia el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que pretendía "castrarle y debilitar la monarquía".

Preguntado por la salida de España del emérito y su elección por los Emiratos Arabes Unidos, la que fuera amiga del rey señala que, a su juicio, en una crisis de esta envergadura la Familia Real debía haber estado unida. Enviar al exrey con su salud frágil al exilio y en pleno periodo de covid es irresponsable", afirma al la publicación francesa.

Corinna añade que no dudó del origen de los 76 millones de dólares (65 millones de euros) que según su versión Juan Carlos le donó como "reconocimiento" a lo que significó para él por la relación que ambos mantuvieron entre 2004 y 2009, dado que no tenía razón alguna "para cuestionar a un jefe de Estado". Se trata de unos movimientos bancarios que están siendo investigados por la justicia Suiza.

Según su testimonio, las revelaciones que han salido en relación con este asunto están "manipuladas y utilizadas de manera sensacionalista para crear una polémica gigantesca" pero "todo está motivado por una agenda política".

A la pregunta de si puede confirmar que Juan Carlos le pidió su mano a su padre, responde que "a finales de 2008 fue a verle a Berlín" antes de regalarle a ella, a principios de 2009, "una magnífica sortija de compromiso". Según dice, la tomó como una "garantía de la seriedad" de su relación, pero sabía "que ese compromiso no podría concretarse".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado que el teletrabajo se vaya a regular como un derecho básico para el personal funcionario y laboral en el conjunto de las administraciones públicas, según ha señalado en un comunicado.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha alcanzado hoy un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre el teletrabajo para el conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones.

El acuerdo, que se formalizará el próximo lunes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, supone "introducir por primera a vez el derecho al teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleo Público". Así, se podrán acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas.

El teletrabajo pasará a ser voluntario y reversible y los funcionarios que opten por esta modalidad de trabajo tendrán garantizados los mismos derechos y obligaciones que los que acudan a su puesto de manera presencial.

A partir de esta nueva regulación básica, el resto de administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo, lo que combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, "garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía", según CSIF.

Por otro lado, la organización ha valorado que también se favorezca la conciliación laboral y personal, se flexibilice los horarios de "una manera más racional", se prevengan los riesgos laborales y se proteja la salud.

"Sin duda, disminuye el impacto ambiental, reduce costes en infraestructuras y mejora la integración de personas con discapacidad en rehabilitación tras enfermar", ha añadido, tras apuntar que valora positivamente este acuerdo y señalar que espera que se pueda abrir "cuanto antes" la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público.

El Consejo de Ministros del próximo martes prevé aprobar la regulación del teletrabajo, con la nueva Ley del Trabajo a Distancia para el ámbito privado y la modificación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el caso de la Administración Pública, según fuentes de la negociación.

La Audiencia Nacional ha suspendido el pago de la sanción económica impuesta a Mediaset España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y dicha suspensión se mantendrá vigente hasta que se resuelva el fondo del asunto mediante sentencia firme, según informa Mediaset España en un comunicado.

El auto resuelve, por otra parte, no suspender la obligación de cese en las conductas consideradas "infractoras" por parte de la CNMC, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto, según destaca Mediaset.

El 13 de enero de 2020, Mediaset España interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la CNMC, de 12 de noviembre de 2019, por la que resolvía imponer a Mediaset España una sanción de 38,9 millones de euros así como la obligación cesar en la práctica de ciertas conductas consideradas una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En dicho escrito, Mediaset España solicitó la suspensión cautelar de la ejecutividad de la sanción y también de la obligación impuesta.

En cuanto a la suspensión del pago de la sanción económica, la Audiencia Nacional accede a conceder la petición efectuada por Mediaset España en atención a que "su importe es muy elevado y su pago inmediato puede presentar un perjuicio notable a la actividad" de la compañía.

La Audiencia Nacional añade a esta consideración, según Mediaset, la incidencia que en el mercado publicitario está teniendo la actual situación de pandemia, la caída de ingresos publicitarios así como la incertidumbre que dicha pandemia está generando.

En cuanto a la no suspensión de las obligaciones de cese de las prácticas consideradas anticompetitivas, la Audiencia Nacional establece que la Resolución de la CNMC impone el cese de unas conductas cuya suspensión permitiría a Mediaset España "continuar realizando aquello que ha sido calificado como prácticas anticompetitivas, lo cual supondría anticipar el juicio sobre el fondo del asunto; circunstancia ésta que es incompatible con un pronunciamiento de naturaleza 'cautelar'".

Por otro lado, Mediaset España justificó su solicitud de suspensión de la resolución recurrida en la apariencia de "buen derecho" de su defensa, en cuanto que, según la compañía, "dicha resolución infringe el principio de tipicidad (se está imputando una infracción no tipificada legalmente); no se han probado en modo alguno los presuntos efectos anticompetitivos de las conductas analizadas; no se han indicado los criterios aplicados para el cálculo de la sanción económica; y, por último, dicha sanción es absolutamente desproporcionada y carece de antecedentes".

A este respecto, la Audiencia Nacional señala, según precisa Mediaset, que la jurisprudencia más reciente establece que la apariencia de buen derecho solo puede aplicarse en supuestos tasados (actos dictados en aplicación de una norma declarada previamente nula o que sean actos idénticos a otro ya anulado jurisdiccionalmente), pero no "al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo".

Sin embargo, la Audiencia Nacional indica expresamente que esta denegación de la suspensión solicitada sobre el cese de las conductas, "no prejuzga en modo alguno el fallo definitivo, por cuanto las consideraciones y fundamentos recogidos en su día en la demanda habrán de ser objeto de cumplido examen en los autos principales, no resultando posible su análisis dentro del estrecho cauce de este incidente cautelar", como concluye Mediaset.

El que fuera abogado de la formación 'morada' denunció ante el juez una campaña difamatoria con insultos en redes

El que fuera coordinador del equipo de legal de Podemos José Manuel Calvente señaló ante el juez instructor del caso 'Dina' el pasado 10 de septiembre que en Podemos hay "un equipo a sueldo del partido para cargarse a los jueces y a las personas que les atacan".

Durante el interrogatorio de Calvente, el juez de 'Tándem' y por ende de la pieza 'Dina', en la que se investiga el robo del teléfono de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham y la posterior utilización de datos sensibles como pantallazos de chats en medios de comunicación, le pregunta por determinadas amenazas que habría denunciado éste públicamente.

Ante esta pregunta del juez, Calvente, que había respondido previamente a todas las partes y se había ratificado en que el caso era un "montaje" de Podemos --si bien indicó que él no llevó el asunto porque se le apartó del caso Dina en la formación--, rompe a llorar, pide disculpas a los presentes (entró por videoconferencia desde Barcelona) e intenta arrancar con su explicación en tres ocasiones hasta que finalmente lo logra.

Durante tres minutos relata que se ha orquestado desde el partido una campaña contra su persona desde hace un mes y que le presionan incluso "desde el medio de Dina Bousselham 'la Ultima Hora'" con una campaña "difamatoria" a través de redes y medios. Explica que pudo conocer a través de terceros que en el partido 'morado' se difunde internamente en el argumentario que "Calvente está mintiendo".

MENSAJES MUY GRAVES EN FACEBOOK

Durante la declaración, el abogado --que fue apartado del caso 'Dina' por Podemos al no compartir la estrategia de la cúpula-- apunta que él está curtido en este tipo de situaciones y tiende a dejar pasar amenazas tras un primer momento de cabreo. Pero muestra ante el magistrado su miedo por lo que pudiera ocurrirle a su familia, a su pareja, y confiesa que ha recibido insultos "muy graves por mensajes" de Facebook que ha borrado y ha procedido a reportar a la plataforma para que bloqueen a determinados usuarios.

No obstante, durante la declaración no da ningún nombre concreto de persona que haya tratado de intimidarle, pero sí que indica que "gente de Podemos" no quería que fuera a declarar ante García-Castellón: "Me decían que me acogiera l secreto profesional porque si no, no sabía la que me esperaba", ha recordado, para luego añadir que le dijeron que se iba a arrepentir si hablaba porque le iban a "machacar a querellas" e iban a ir a por él.

Entre los insultos que denunció ante el juez ese día 10, indicó que iban dirigidos tanto a él como a sus padres e incluso a su mujer, de la que le dijeron que se acostaba con el butanero. Fue entonces cuando señala al magistrado que todo esto viene "incitado por Podemos, por la guerrilla de Podemos".

"Tienen un equipo a sueldo del partido para cargarse a los jueces y las personas que atacan a Podemos. Me da miedo que esas incitaciones al odio generen en las bases reacciones viscerales como las que he recibido yo (..) y se acaben convirtiendo en una reacción física", apuntaba señalando que en la formación de Iglesias "hay mucho loco, mucho radical y mucha kale borroka".

Tras estas declaraciones, el juez le preguntó si quería que le proporcionaran protección ante esas amenazas, y apuntó que deducía testimonio al Ministerio Fiscal sobre esa parte de su declaración.

Los juzgados han ratificado la prórroga de medidas preventivas sanitarias en Salamanca y Valladolid después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos hiciera lo propio con el de Sotillo de la Ribera (Burgos).

Así, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Salamanca y 3 de Valladolid han dictado este jueves sendos autos a través de los que se comunican las ratificaciones de las prórrogas solicitadas para las acciones ya vigentes en las capitales salmantina y vallisoletana, respectivamente.

Tanto el magistrado del juzgado salmantino como el responsable de la sala vallisoletana han revalido las prórrogas de siete días solicitadas por la autoridad sanitaria autonómica de las medidas de contención de la pandemia por el SARS-CoV-2 en los municipios de Salamanca y de Valladolid; la continuidad de estas acciones preventivas está en vigor desde este miércoles, 16 de septiembre, hasta el martes, día 22, inclusive.

Estas ratificaciones se suman a la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Burgos ha ratificado íntegramente las medidas adoptadas en la ORDEN SAN/850/2020/, de 16 de septiembre, por la que se impusieron mayores restricciones sanitarias preventivas para la contención de la Covid-19 en el municipio de Sotillo de la Ribera (BURGOS) durante catorce días naturales.

En su auto, el magistrado titular de dicho juzgado entiende que las medidas impuestas por la Junta, con vigencia desde este miércoles, una vez publicada la orden correspondiente en el Bocyl, se basan en la existencia de un riesgo inminente y extraordinario que se extrae de la información médica remitida por la Junta de Castilla y León.

Quedaría pendiente, por tanto, conocer la decisión judicial sobre la ratificación presentada por la Junta de Castilla y León de la orden correspondiente a Pesquera de Duero (Valladolid), han informado fuentes del Gobierno autonómico.

La Junta ha señalado que todos los ciudadanos han de colaborar activamente en el cumplimiento de estas medidas con el fin de alcanzar el bien individual y colectivo de poner fin a la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

A este respecto, ha recordado que su incumplimiento podrá constituir infracción administrativa sancionable, según establece el Decreto-ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en Castilla y León, con multas que, dependiendo de la catalogación de la infracción, oscilan entre los cien y los 600.000 euros.

Asimismo, el Gobierno autonómico ha incidido en que es imprescindible el compromiso y la responsabilidad individuales para con el cumplimiento de estas medidas y de cualquier otra obligación destinada a evitar la transmisión comunitaria y a prevenir la COVID-19, insistiendo en que todos y cada uno de los ciudadanos han de extremar la observancia de las medidas individuales (lavado frecuente de manos, distanciamiento físico interpersonal y uso obligatorio de mascarillas) y colectivas para frenar más contagios por SARS-CoV-2.

Los Mossos d'Esquadra han cargado este jueves contra un grupo de unas doscientas personas que intentaban impedir el desahucio de una familia en el barrio del Carmel de Barcelona, en una concentración convocada por la Xarxa d'Habitatge Horta-Guinardó.

Fuentes de la Xarxa d'Habitatge Horta-Guinardó han explicado que han convocado la concentración a las 8:30 horas y han criticado al propietario del inmueble --Oleguer Pujol-- por no querer pactar un alquiler social para la familia.

Los hechos han ocurrido este jueves por la mañana cuando los Mossos d'Esquadra han empezado el desahucio a instancias del Juzgado Civil Número 57 de Barcelona.

Según explican fuentes del Cuerpo el trabajo de los Mossos es dar apoyo a la comitiva judicial, y cuando han llegado al barrio del Carmel se han encontrado con sesenta personas obstaculizando la entrada del inmueble para evitar el desahucio.

Los Mossos han realizado una zona de seguridad donde ha empezado a concentrarse más gente y al llegar la comitiva judicial a las diez de la mañana no les dejaban pasar, y agentes de la Brigada Mòbil de la policía catalana han cargado para desplazar al grupo de manifestantes que se concentraban frente el edificio.

Una vez han podido entrar tanto los agentes como el propietario del piso, han realizado el desahucio de la familia que se encuentra atendida por los equipos de asistencia del Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos han identificado a cuarenta personas.

Fuentes del consistorio ha confirmado que la unidad familiar vivía de alquiler desde hace tres años, pero en 2018 el padre de familia se quedó sin trabajo y no podía pagar los 750 euros mensuales de alquiler.

Por eso, se inició el procedimiento judicial, mientras el Ayuntamientos que ayudaba a la familia con el alquiler, negociaba con el propietario para conseguir transformar el contrato en un alquiler social, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha trasladado a los consejeros de las comunidades autónomas la "necesidad de distinguir entre salas de música en vivo, que son espacios culturales, y el ocio nocturno".

Según ha asegurado su departamento, esta petición tiene el objetivo de "facilitar que estas salas de conciertos, que son equiparables a los cines o al teatro, puedan desarrollar sus actividades con todas las garantías de cultura segura".

Uribes ha mantenido este jueves 17 de septiembre una nueva reunión de trabajo con los consejeros de Cultura de las comunidades autónomas y la FEMP, que ha calificado como "un encuentro muy positivo para intercambiar puntos de vista, diagnósticos y vías de solución".

Además de las salas de música en vivo y el ocio nocturno, en la reunión se ha compartido la necesidad de una campaña de apoyo a la cultura como espacio seguro de cara a los meses de otoño e invierno. Uribes ha reconocido la "buena disposición" de las comunidades autónomas y de la FEMP en seguir trabajando para favorecer la actividad y la recuperación del sector de la cultura.

Para ello se han emplazado a una próxima reunión para trabajar en un documento "con la base de elementos comunes de diagnóstico y soluciones compartidas para estos próximo meses".

Esta reunión se ha producido el mismo día en que los trabajadores del sector del espectáculo y los eventos, agrupados en el movimiento Alerta Roja se manifiestan en una veintena de ciudades españolas para "dar visibilidad a la alarmante situación" que vive el sector, "al borde del colapso" por la crisis sanitaria de coronavirus.

La propia Alerta Roja ya anunció que rechazaba participar en este encuentro, pese a haber sido invitada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Además, las salas de música españolas enviaron a principios de semana una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que reclamaban que se levante el cierre de las salas con actividad de música en directo que lo soliciten, "independientemente de la licencia de actividad concedida", ante la "quiebra masiva" que estima se producirá en dos meses.

En su carta, las salas de música mostraban su "estupefacción" ante la decisión del cierre de los establecimientos de ocio nocturno en los que se ha incluido a las salas de música. "Las administraciones están comparando los locales de pública concurrencia, que incluyen las salas de conciertos y locales de música en vivo, con las actividades no regladas, ilegales y que se producen en entornos privados", alertaban.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, junto al resto de sindicatos del comité de empresa de Aernnova, dedicada al diseño y fabricación de componentes para aeronaves, ha firmado por unanimidad un acuerdo con la dirección de la entidad mediante el cual el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) actualmente en vigor se prolonga desde el 21 de septiembre al 31 de diciembre para 114 de los 170 empleados de la planta hispalense de la compañía.

El acuerdo garantiza la percepción del 100% de las pagas extraordinarias, así como de la totalidad de los días de vacaciones. Además, la plantilla percibirá un complemento de hasta el 80% del salario bruto de las prestaciones por desempleo cobradas.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha valorado el acuerdo y lo ha calificado como "muy positivo", porque "es fundamental que se tomen medidas coyunturales y no definitivas para hacer frente a una situación de bajada de la carga de trabajo que es coyuntural y no definitiva".

En este sentido, Caravaca ha pedido "que otra Tier 1, como Alestis (que fue comprada por Aciturri), tome nota de cómo se pueden hacer las cosas para adecuar el empleo a la coyuntura sin tener que recurrir a los despidos".

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha insistido en que "es necesario que el Gobierno central y la Junta de Andalucía, junto al resto de administraciones públicas, implementen las medidas necesarias que lleven a la recuperación de la actividad aérea y aeroespacial en este país, con el mantenimiento del empleo y capacidades de este sector a futuro, más allá de esta crisis causada por la COVID-19".

Así, Caravaca ha explicado que "CCOO tiene preparada una batería de acciones reivindicativas e institucionales para evitar la pérdida de empleo en el sector aeroespacial sevillano debido a esta crisis coyuntural".

El sindicalista ha explicado que "este viernes nos concentraremos ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para exigirles que tomen medidas para evitar los despidos que Alestis pretende llevar a cabo y el próximo martes, 22 de septiembre, los trabajadores y trabajadoras del sector aeroespacial se volcarán en una huelga general sectorial para exigir el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales en este sector estratégico para Sevilla".

Los secretarios de Estado de Asuntos Europeos, Juan González-Barba, y de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, han escrito al secretario general del Consejo de la UE para que las comunidades autónomas españolas puedan volver a participar en las reuniones del Consejo, de las que quedaron excluidas cuando se celebraban de manera telemática por la pandemia de coronavirus.

Así lo ha explicado González-Barba, que ha comparecido este jueves en una comisión de la Asamblea de Madrid para hablar del Fondo de Reconstrucción europeo post Covid y ha confiado en que este problema se solucione con la reanudación de las reuniones presenciales.

Las comunidades autónomas se vieron excluidas de las reuniones porque, al ser por videoconferencia, las limitaciones técnicas hacían imposible facilitar más de dos conexiones por cada país. Los dos secretarios de Estado escribieron al Consejo en julio.

González-Barba ha subrayado que el Gobierno siempre ha velado para que la voz de las comunidades autónomas se oiga en el Consejo de la UE. Además, el secretario de Estado ha encargado a su director adjunto de gabinete, Adrián Martín Couce, las relaciones con las comunidades autónomas.

Los gobiernos autonómicos solo pueden participar en consejos de ministros formales que se celebren de manera presencial en Bruselas o Luxemburgo y, desde el inicio de la pandemia, muchas de las reuniones previstas se reconvirtieron en conferencias informales.

En virtud de una decisión de 2004, los gobiernos autonómicos participan, como parte de la delegación española, en cuatro formaciones del Consejo de Ministros de la UE, aquellos cuya actividad tiene que ver con competencias transferidas: Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Educación, Juventud y Cultura. La participación se lleva a la práctica por medio de un turno rotatorio y la comunidad correspondiente las representa a todas.

La firma de moda Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ha asegurado que la batalla legal que Tiffany ha iniciado contra la empresa francesa por la fusión fallida entre ambas es una forma de desviar la atención de los accionistas de su "mediocridad" durante la gestión de la crisis generada por el Covid-19.

Entre el miércoles y el jueves, Tiffany y LVMH han hecho una serie de acusaciones públicas ante las peticiones de cada uno al tribunal de Delaware sobre cuándo debería celebrarse el juicio de la fusión fallida entre ambas.

Según Tiffany, LVMH solicitó a la Justicia estadounidense que el juicio tuviera lugar en un plazo de seis o siete meses. El objetivo sería, de acuerdo siempre con la cadena de joyerías, exceder la fecha límite del 24 de noviembre para formalizar la fusión. Ante eso, Tiffany solicitó al juzgado que el procedimiento se finalizara antes de esa fecha.

"No hay razones objetivas para que el juicio no deba tener lugar en un plazo normal de tiempo", ha indicado este jueves LVMH en un comunicado. "Al pedir al tribunal que actúe con urgencia --y comunicándolo ferviente y precipitadamente--, los ejecutivos de Tiffany claramente están buscando evitar tener que responder ante sus accionistas por los malos resultados y gestión", ha asegurado la firma dirigida por Bernard Arnault.

LVMH ha asegurado que los próximos resultados de Tiffany confirmarán la existencia de un "efecto material adverso" y la "mediocridad" de su gestión durante la crisis, que "ha consistido principalmente en crear pérdidas e incrementar la deuda en detrimento de los intereses de la compañía".

La firma de lujo francesa ha añadido que debido a los asuntos financieros y legales que están "en juego", y dado el contexto de la pandemia que "obviamente afecta a la capacidad de una empresa europea de organizar su defensa en Estados Unidos", una juicio justo necesaria de un periodo de tiempo "razonable".

"Tiffany claramente tiene miedo de una Justicia justa y serena. LVMH, en cambio, tiene plena confianza en el sistema judicial estadounidense para demostrar que las condiciones de la adquisición de Tiffany ya no se cumplen y que los argumentos falaces vertidos por Tiffany son infundados", ha apostillado.

Esquerra Republicana (ERC) lleva a debate al Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a regularizar, en formato 'exprés', la situación de aquellos migrantes relacionados con el ámbito sanitarios, de los cuidados y agrario, una decisión que, según apuntan, "beneficiaría a todo el mundo".

El texto que debatirá la Cámara baja, reclama el reconocimiento provisional, mediante una declaración de responsabilidad, los títulos de aquellas personas con residencia en el España y con independencia del país en el que se hayan obtenido, de grado en Medicina, Farmacia y Odontología, grado en Enfermería y Fisioterapia; ciclos formativos de Grado Superior en el ámbito sanitario y de asistencia social; y los ciclos formativos de Grado Medio en el ámbito sanitario y de asistencia social.

Además, pide que se facilite el proceso de autorización de residencia y trabajo, mediante una acción proactiva en el país de origen, de profesionales de la medicina y enfermería, con experiencia en cuidados intensivos, procedentes de países que hayan superado la crisis del Covid19.

En este sentido, también quiere que se supriman, durante 6 meses, el requisito de 3 años de estancia en el procedimiento de arraigo social para todas aquellas personas que presenten una oferta de trabajo de 3 meses o más para ejercer en el ámbito de los cuidados a las personas mayores, social y sanitario, además del agrícola.

TRABAJOS SON DERECHOS LABORALES

Para poder poner en marcha estas medidas, ERC propone habilitar los medios administrativos en los ministerios afectados y, muy especialmente, en las subdelegaciones provinciales del Gobierno para una rápida implementación de los apartados anteriores y suscribir acuerdos de delegación de la gestión de las competencias ejecutivas en el ámbito de los procesos de arraigo social y laboral con las comunidades autónomas con competencias en el otorgamiento de la primera autorización de trabajo.

Tal y como explica la formación independentista, las personas inmigrantes han ido ocupando en la sociedad determinados sectores profesionales que no están siendo cubiertos por personas autóctonas, y lo están haciendo de manera regular o, cuando no pueden acceder a esta regularización, de manera administrativa irregular.

Esta situación, apunta, está comportando en muchos casos "una vulneración de los derechos laborales y sociales de estas personas, más allá del perjuicio económico que, intencionadamente o no, están generando sus empleadores a las arcas públicas y, en particular, a la Seguridad Social".

Uno de esos trabajos que, en la actualidad, están realizando más personas migrantes, especialmente mujeres, son los relacionados con los cuidados, explica ERC, para indicar que este es un sector que acoge a muchas personas en situación administrativa irregular, que trabajan "sin ningún tipo de contrato" y, por lo tanto, "sin derechos laborales ni sociales".

UNA RECLAMACIÓN DE HACE UNA DÉCADA

Otro de los sectores afectados por esta situación es el agrario. Según ERC, se estima que, sólo en Cataluña, se requerirían 38.000 personas para la próxima campaña y, desde asociaciones se reclama a las administraciones una "búsqueda de alternativas" para poder "garantizar la actividad" en el campo. De hecho, apunta, es una solicitud que ya se reclamaba hace una década, "cuando los agricultores no encontraban mano de obra entre los parados que dejó la crisis de la construcción".

Pero además, el partido de Gabriel Rufián ve necesaria esta regularización para "dar solución" a otras realidad que vive el país, como es "la llegada masiva de menores no acompañados del 2018", que en la actualidad son mayores y no disponen de un permiso de residencia y trabajo.

Además, "ante la grave crisis en que nos encontramos, ha aflorado la urgente necesidad de personal sanitario y para la atención en las residencias de personas mayores", indica ERC, que la regularización de estas personas conllevaría "un beneficio para todo el mundo".

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha ensalzado este jueves el trabajo "ejemplar" que desarrolla el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (Cenieh) de Burgos para posicionar a España como referente en el estudio y análisis de la evolución humana.

Duque, quien ha recorrido las instalaciones del centro y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, ha insistido en que el Cenieh es un ejemplo de "trabajo bien hecho" y de cómo la inversión en ciencia básica permite un incremento y transmisión del conocimiento.

En este sentido, ha destacado las sinergias creadas entre el trabajo de esta dotación científica y el mundo empresarial, donde sus estudios sirven de base, por ejemplo, de cara a determinadas previsiones o a la hora de impulsar instalaciones de alta seguridad.

El titular de Ciencia e Innovación, acompañado por la directora del Cenieh, María Martinón, ha aprovechado su visita a Burgos para reafirmar el compromiso del Gobierno con el ámbito científico, revirtiendo la situación vivida hasta ahora y convirtiendo estas materias en una prioridad para el Ejecutivo central.

Al respecto, ha confiado en que exista una "aportación notable" en los Presupuestos Generales del Estado para mejorar los niveles de financiación científica y así poder alcanzar los existentes en otros países del entorno.

Por otro lado, ha hecho alusión a la coyuntura actual, marcada por la evolución de la pandemia de la COVID-19, al asegurar que este contexto ha permitido una buena colaboración internacional en lo que respecta a la publicación en abierto de los resultados relacionados con el coronavirus pero que, sin embargo, la rapidez de la infección ha impedido otro tipo de colaboraciones por la falta de tiempo material.

Por su parte, la directora del Cenieh ha aprovechado la presencia del ministro en las instalaciones para avanzar que uno de los retos de su equipo científico es trabajar en una línea de investigación molecular, máxime después de que se hayan publicado los vestigios más antiguos del mundo en este campo, relacionados a la especie Homo antecessor.

Un proyecto a medio plazo que exigirá la colaboración con otras administraciones y que puede permitir que España también sea referente en un campo aún por desarrollar.

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha denunciado este jueves el homenaje en Bilbao al expreso de ETA Ibon Gogeaskoetxea y ha asegurado que es "tan repugnante e indigno como el blanqueamiento del Gobierno" a Bildu, "herederos de Batasuna".

Así se ha pronunciado la dirigente del PP después de que Covite haya denunciado este homenaje al etarra tras salir de la cárcel en Francia, donde fue detenido en 2010 como responsable en la logística militar en ETA.

El colectivo de víctimas ha afirmado que hay quienes no "mantienen ninguna distancia social ni física con los asesinos de ETA y sus cómplices", en alusión a los abrazos al expreso de la banda con algunos de los concentrados en la calle.

Igual de crítica se ha mostrado Beltrán al censurar el recibimiento de "los socios presupuestario de Sánchez" al exjefe del aparato militar de ETA. "Este homenaje es tan repugnante e indigno como el blanqueamiento del Gobierno a los herederos de Batasuna", ha afirmado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"¡GOBIERNO TRAIDOR!"

La responsable de Organización del PP ha criticado duramente que el Gobierno de Pedro Sánchez eleve a Bildu a socio preferente en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, tras las reuniones que la formación abertzale ha fijado con Pablo Iglesias y Carmen Calvo.

"No me voy a resignar. Jamás aceptaré a Bildu como un partido más. Siguen justificando el asesinato de hombres, mujeres y niños.¡¡Gobierno traidor!!", ha resaltado la presidenta de los 'populares' de Navarra.

Seguros Santalucía ha asegurado que la Inspección de Trabajo no ha levantado ningún acta, "ni de liquidación de infracción" contra la compañía, según ha informado en un comunicado.

La compañía ha hecho esta aclaración después de que este jueves CCOO haya comunicado que la Inspección de Trabajo de Madrid ha levantado una acta de liquidación de cuotas por la que obliga a Seguros Santalucía a liquidar las cuotas al Régimen General de Seguridad Social correspondientes a las cotizaciones pendientes de su personal desde octubre de 2015 hasta enero de 2020, lo que asciende a más de 1,3 millones de euros, por tener falsos autónomos como colaboradores externos.

Según Seguros Santalucía, el acta no hace mención ninguna a sus responsabilidades. Además, ha señalado que actualmente el acta se encuentra en vías de impugnación por CTAS (sociedad de mediación).

"Santalucía no mantiene vínculos contractuales con los colaboradores externos ni, por supuesto con los trabajadores, de las empresas de mediación que distribuyen sus productos", ha resaltado, tras apuntar que la relación contractual se establece entre aquellas empresas y dichos colaboradores externos, sin intervención alguna de la compañía.

Asimismo, ha apostillado que los trabajadores de las sociedades de mediación prestan sus servicios para estas sociedades, no para Santalucía.

"El único vínculo contractual existente es con la empresa de mediación", ha remarcado. También ha dejado claro que CTAS es un mediador de seguros y ha señalado que es una empresa totalmente independiente de Santalucía.

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogerá del 29 de abril y al 31 de octubre de 2021 la exposición 'Los guerreros de terracota de Xi'an. Guardianes eternos del primer emperador'.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha anunciado, este jueves en un comunicado, que "tras varias semanas de negociaciones, este mediodía se ha recibido la confirmación oficial del periodo que permanecerá la muestra en nuestra provincia por parte del Centro para la Promoción del Patrimonio Cultural de Shaanxi".

Parra ha explicado que "aunque la previsión inicial era inaugurar este año la muestra, en el escenario actual marcado por la situación internacional generada por la evolución de la Covid-19, se ha decidido de mutuo acuerdo trasladar las fechas al próximo año".

La diputada ha agradecido la cooperación mantenida entre todas las partes implicadas en el proyecto "reforzando el compromiso para que esta excepcional muestra sea una realidad al alcance de todos los públicos".

La exposición traerá al MARQ un conjunto excepcional de cerca de 160 piezas de material de la China antigua, entre las que se incluyen 9 guerreros y un caballo de terracota originales procedentes del Museo del Mausoleo del Primer Emperador, declarados patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Muchas de estas piezas regresarán a Europa tras su última estancia en el Museo del Mundo de Liverpool en 2018, donde fueron visitadas por más de 700.000 personas.

La vicepresidenta ha mostrado su convencimiento de que "este gran acontecimiento cultural puede contribuir de manera decisiva a la reactivación del turismo en la provincia de Alicante y en toda la Comunitat Valenciana. Trabajaremos para que tenga la mejor de las acogidas".

Fruto del intercambio de la documentación oficial trasladada entre las partes, se ha obtenido además la lista definitiva de objetos, la valoración total de los mismos, el plan de medidas de seguridad, así como el protocolo de préstamo.

Se han solicitado los permisos y autorizaciones preceptivas de los Ministerios de Cultura de China y España, respectivamente, un trabajo intenso de gestión que avanza en la planificación y programación de las distintas fases administrativas del proyecto con todas las garantías sobre los acuerdos de las nuevas fechas establecidas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a reafirmar este jueves, tras la reunión de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con Ciudadanos, que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben negociarse con las formaciones que permitieron en enero la investidura del presidente Pedro Sánchez, y no con ninguno de los integrantes del "trío de Colón".

"Los Presupuestos son la Ley que de verdad desarrolla el programa de un Gobierno. Los socios de la investidura, que están expresando claramente su disposición a negociarlos, componen la mayoría parlamentaria que puede hacer viable el recorrido trazado en el programa de coalición", ha afirmado en un mensaje en Twitter.

Asimismo, ha compartido un fragmento de la entrevista que ha ofrecido este miércoles en 'Carne Cruda', en la que ha afirmado que "probablemente sea inviable" alcanzar acuerdos con "quien sostiene un bloque con la ultraderecha", en alusión a Ciudadanos.

Posteriormente, en otro mensaje ha insistido que "frente al trío de Colón y sus privilegios fiscales para ricos, hay una mayoría que quiere justicia fiscal", al tiempo que ha recordado que eso es precisamente lo que firmaron Unidas Podemos y el PSOE en el acuerdo programático para conformar la coalición. "En los Presupuestos se va a notar que en España hay un Gobierno progresista en el que está Unidas Podemos", ha garantizado.

RONDAS DE CONTACTOS PARALELAS DE IGLESIAS Y CALVO

El líder de Unidas Podemos ha publicado ese mensaje poco después de finalizar la reunión que ha mantenido Calvo con el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, dentro de la ronda que inició la número 'dos' del Gobierno con todos los grupos parlamentarios --a excepción de Vox-- para abordar el calendario legislativo y los Presupuestos. Su primera reunión fue el lunes con el PP.

De hecho, para reafirmar esa convicción de que el Gobierno no debe cambiar de socios, Iglesias ha iniciado su propia ronda de contactos, eso sí, solo con los partidos que hicieron posible la investidura de Sánchez, y comenzó este miércoles con ERC y EH Bildu.

La Conselleria de Salud y Consumo de las Islas Baleares ha dictado una resolución que establece medidas excepcionales y temporales en barrios de Palma, Ibiza y Sant Antoni de Portmany desde las 22.00 horas de este viernes para frenar el incremento de contagios de coronavirus.

En el caso de Palma, las nuevas restricciones afectan a la zona básica de Salud de Arquitecte Bennàssar y, en concreto, a todo el barrio de Son Fortesa Sur y partes de plaza de Toros, Arxiduc y Son Oliva.

En el caso de Ibiza, las barriadas afectadas son l'Eixample y Es Viver. Mientras que en buena parte de Sant Antoni de Portmany también se aplicarán restricciones de movilidad a partir del viernes.

Igual que en las áreas de Palma en las que ya se aplican nuevas restricciones -Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y parte de Son Canals- las medidas entrarán en vigor a las 22.00 horas de este viernes y tendrán, en principio, una vigencia de 15 días.

En el caso de Palma, las restricciones son de aplicación en el interior del perímetro formado por las siguientes calles, aunque quedan excluidas las calles que delimitan dicho perímetro: Jafuda Cresques, desde la confluencia con la calle Gaspar Bennàzar hasta la confluencia con la plaza del Cardenal Reig, plaza del Cardenal Reig, Antoni Frontera, desde la plaza del Cardenal Reig hasta la confluencia con la plaza Abu Yahya, y la calle Rosselló y Cazador; Rosselló y Cazador hasta la confluencia con la calle Arxiduc Lluís Salvador; Arxiduc Lluís Salvador hasta la confluencia con la calle Henri Dunant; Henri Dunant hasta la confluencia con la calle Emilio Serrano; Emilio Serrano hasta la confluencia con la calle Miguel Fleta; Miguel Fleta hasta la confluencia con la calle Jacint Verdaguer; Jacint Verdaguer hasta la confluencia con el cruce con la vía de cintura; Vía de cintura, desde la confluencia con la calle Jacint Verdaguer hasta la confluencia con la calle Aragó; Aragó hasta la confluencia con la calle Fortesa; Fortesa hasta la confluencia con la calle Jacint Verdaguer; Jacint Verdaguer hasta la confluencia con la calle Joan Munar; Joan Munar hasta la confluencia con la calle Eusebi Estada; Eusebi Estada hasta la confluencia con la calle Jafuda Cresques.

La directora general de Salud Pública ha explicado que las limitaciones de movimiento van acompañadas de una actuación de intervención domiciliaria y comunitaria.

Así, desde el Servei de Salud se comprueba "puerta a puerta" con visitas domiciliarias en las zonas con mayor densidad de población que se cumplen las medidas de aislamiento así como para detectar las necesidades que los ciudadanos puedan tener para garantizar el cumplimiento de las cuarentenas.

La intervención comunitaria consiste en la información a pie de calle y a los establecimientos y negocios para explicar qué medidas pueden ayudar a reducir el incremento de contagios.

DESPLAZAMIENTOS PERSONALES

La resolución restringe la libre entrada y salida de personas en el núcleo de población salvo los desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por motivos como por ejemplo la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales; la asistencia a centros docentes y educativos, incluidas las escoletas de educación infantil; la asistencia y cuidado de personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; el desplazamiento a entidades financieras o de seguros; las actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; las renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, o para realizar exámenes o pruebas oficiales.

La circulación por las carreteras, calles y viales que transcurren o cruzan el núcleo de población objeto de la resolución se permite siempre y cuando tengan su origen y destino fuera de dicho núcleo.

ESTABLECIMIENTOS, LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS

A todos los efectos, no podrá superarse el 50 % de la capacidad autorizada o establecida y todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22.00 horas. Asimismo, establecerán un horario de atención con servicio prioritario para personas mayores de 65 años.

REUNIONES Y ENCUENTROS

La resolución prevé, entre otros aspectos, que las reuniones sociales no pueden superar las 5 personas si no son convivientes. Dicha prohibición incluye bodas, servicios religiosos _salvo las ceremonias fúnebres y velatorios_, celebraciones y la práctica deportiva.

No se considerarán incluidas en esta prohibición las actividades laborales ni los medios de transporte público.Durante estos tipos de actividades se respetará la distancia mínima de seguridad interpersonal entre los no convivientes y la obligatoriedad del uso de mascarilla en su caso. Además, se recomienda evitar reuniones con personas ajenas al núcleo de convivencia.

LUGARES DE CULTO

Se suspende la actividad de los lugares de culto, salvo la celebración de funerales, pudiendo realizarse siempre y cuando no se supere el 33 por ciento de su capacidad y con un máximo de 15 personas.

FERIAS Y FIESTAS PATRONALES

En este apartado, la resolución prohíbe la realización de ferias y fiestas populares, verbenas, cenas al fresco y otros eventos populares, tanto de organización privada como municipal o insular.

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

Los restaurantes, bares y cafeterías limitarán su aforo al 50 %, tanto en espacios interiores como exteriores, y la ocupación máxima será de cinco personas por mesa o agrupación de mesas. No se permite el consumo en barra.

Todos los establecimientos de restauración (restaurantes y bares cafetería) tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 22.00 horas.

ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS DE FORMACIÓN

Estas actividades podrán impartirse de forma presencial siempre y cuando no se supere una capacidad del 50 % respecto al máximo permitido. Las actividades que realicen se limitarán a grupos máximos de cinco personas y se establecerán las oportunas medidas para mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio en sus instalaciones en todo momento.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

La resolución suspende la actividad de los gimnasios y centros deportivos de todo tipo, parques y jardines, y parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil.

Se exceptúan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros docentes y educativos para desarrollar actividades docentes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE

Asimismo, la resolución incluye un apartado en el que recuerda que deben respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, tales como la obligatoriedad de mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal como mínimo de metro y medio entre personas no convivientes, así como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la correcta ventilación de locales y espacios cerrados, así como la limpieza y desinfección de superficies.

INFRACCIONES

Finalmente, la resolución establece que los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en la misma podrán ser constitutivos de infracción administrativa conforme a lo establecido en el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Cruz Roja, FESBAL y Danone han puesto en marcha la iniciativa social #UnaGranFamilia en el marco de la crisis del Covid-19, que está afectando especialmente a las personas más vulnerables, entre ellas a los menores, una pandemia que ha provocado una enorme emergencia mundial, no solo sanitaria, sino también económica y social.

Como recuerda FESBAL, en España, 1,5 millones de personas dependen de bancos de alimentos para alimentarse y hay unos 123.000 hogares sin ningún ingreso en los que vive por lo menos un menor, según el último informe del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.

En este contexto, Danone ha puesto en marcha #UnaGranFamilia encolaboración con Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) con el objetivo de que un millón de niños y niñas que lo necesitan puedan acceder a una alimentación saludable.

Para ello, por cada compra de un pack especial familiar de yogur natural Danone se contribuye a que una parte del beneficio se destine a donar alimentos saludables a un niño que lo necesita. La ilustradora Violeta Noy ha sido la responsable de diseñar la imagen del pack con ilustraciones que representan #UnaGranFamilia.

El ex jugador del FC Barcelona, Carles Puyol, y el ex seleccionador Nacional de Fútbol, Vicente del Bosque, son, junto a varias familias y voluntarios de Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), los protagonistas de la campaña, convirtiéndose así en los primeros embajadores en formar parte de esta iniciativa solidaria.

Además, se ha creado la web Unagranfamilia.es, desde donde es posible ayudar, en colaboración con las ONG, aportando una alimentación saludable para los menores que lo necesitan.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha defendido la gestión de la crisis del coronavirus que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, formado por el PP y Cs, y ha afirmado que adoptará medidas "proporcionadas" para intentar reducir los contagios y los fallecimientos.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal se ha remitido a las declaraciones del vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado (Cs), que, sin embargo, no ha aceptado preguntas tras su comparecencia ante los medios de comunicación.

El diputado y dirigente de la formación naranja ha dicho que desconoce qué medidas concretas va a adoptar el Ejecutivo encabezado por Isabel Díaz Ayuso (PP) para frenar la transmisión del virus, pero se ha mostrado convencido de que serán "proporcionadas" y que se actuará con "responsabilidad".

Bal no ha aclarado si, en opinión de Ciudadanos, la presidenta madrileña debería solicitar al Gobierno central la aplicación del estado de alarma o imponer confinamientos en determinadas zonas, ya que cree que cualquier decisión tendrá que tomarse atendiendo al criterio de los técnicos.

HAY OTRAS ALTERNATIVAS AL ESTADO DE ALARMA

Pero ha recordado que hay otras alternativas al estado de alarma, como que el Ministerio de Sanidad haga una declaración de actuaciones coordinadas por motivos de urgencia, proponiendo unas medidas que luego se analizarían en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para consensuarlas con las comunidades afectadas.

Y la tercera opción, según ha explicado Bal, sería establecer un confinamiento perimetral y otras restricciones de menor impacto sobre los derechos de los ciudadanos mediante la aplicación de las leyes administrativas de sanidad.

Para que el Ejecutivo autonómico realizase un confinamiento perimetral, debería ser autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde tres magistrados tomarían de manera colegiada una decisión que, además, podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esto, sin embargo, forma parte de un proyecto de ley cuya entrada en vigor aún está pendiente.

LA COALICIÓN DE PP Y Cs AGOTARÁ LA LEGISLATURA

En cualquier caso, el portavoz parlamentario ha afirmado que la gestión de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario, económico y social durante todos estos meses "ha estado a la altura de las circunstancias". "Ha sido una gestión ejemplar, creo que lo han hecho francamente bien", ha manifestado.

Además, ha secundado el llamamiento de Aguado a la "unidad" porque el Gobierno central y las comunidades autónomas "tienen que estar juntos en la lucha contra la pandemia" y porque es una situación difícil que afecta a gran parte del país.

Por último, Bal ha dicho estar "prácticamente convencido" de que el acuerdo de legislatura entre el PP y Cs en Madrid "va a llegar hasta el final". "Es un Gobierno de éxito que ha tomado decisiones muy buenas para los madrileños y le auguro un gran éxito", ha recalcado, tachando de "inoportuna" la moción de censura por la que aboga ahora el PSOE.

La Consejería de Salud ha comunicado 80 nuevos casos positivos correspondientes al día de ayer, de los que 34 son mujeres y 46 hombres. La edad media de las personas afectadas es de 43 años.

Por otro lado, el Principado alcanzó el miércoles el número máximo de pruebas PCR realizadas por día desde el inicio de la pandemia: 3.690 en una sola jornada.

Las personas afectadas tienen síntomas leves o son asintomáticas y están en aislamiento en sus domicilios, a excepción de una de ellas, que ha sido hospitalizada.

Se han producido otros tres nuevos ingresos hospitalarios además de un ingreso en la UCI que se corresponden con casos diagnosticados en días previos. Aparte, Salud ha confirmado el fallecimiento de un varón de 86 años sin relación con ningún centro residencial sociosanitario.

RECOMENDACIONES

Salud insta a la ciudadanía a cumplir con rigor las medidas de prevención para frenar la circulación del virus y recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio en Asturias.

Asimismo, apela a las personas que esperan el resultado de una PCR, bien sea por sospecha de caso o por estudio de contactos estrechos, a que guarden rigurosamente la cuarentena y restrinjan su vida social para evitar contagios y proteger a la población más vulnerable.

Salud también recuerda la importancia del lavado frecuente de manos y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de un metro y medio, como mínimo, con personas con las que no se conviva.

La contención del coronavirus y la protección de los colectivos más vulnerables es el objetivo de todas las medidas que adoptan, por lo que resulta imprescindible la implicación de toda la población.