La Comisión del Estatuto del Diputado aprobará este jueves un dictamen favorable a conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, una decisión que contará con el apoyo tanto de Unidas Podemos como del PSOE y que se elevará al Pleno para su ratificación el 17 de diciembre.

Dado que Rodríguez ha renunciado a presentar alegaciones, la comisión que preside de socialista Begoña Nasarre, va poder resolver este asunto tan sólo una semana después de haber tramitado la solicitud del Alto Tribunal.

El magistrado del Supremo Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta --o delito leve-- de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso se dio el 30 de noviembre con la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, que lo calificó con el apoyo de todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara, es decir, sin que Unidas Podemos pusiera ninguna objeción.

El suplicatorio también tramitó sin problemas el 3 de diciembre en la Comisión del Estatuto del Diputado, que abrió un plazo para que Rodríguez presentara sus alegaciones bien de forma presencial o por escrito a más tardar el 10 de diciembre.

Pero como el diputado ha renunciado dar su versión, este órgano volverá a reunirse el jueves para adoptar una decisión y que el Pleno la pueda ratificar el próximo 17 de diciembre, en la única sesión plenaria inicialmente prevista para este mes.

Aunque la Comisión del Estatuto del Diputado se reúne a puerta cerrada, tanto Unidas Podemos como el PSOE ya han avanzado que votarán a favor del suplicatorio. En concreto, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha comentado que los socialistas actuarán como siempre, dejando que el Supremo "haga su trabajo".

De su lado, su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que lo apoyarán para que su compañero pueda defenderse en sede judicial. "Alberto Rodríguez no tiene ningún problema en acudir al Supremo para demostrar que esa acusación es falsa y en ese sentido vamos a votarlo", ha comentado.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante; y el también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

El exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez negará mañana en su declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo de los acusados haber intentado sobornar en julio de 2014 a la entonces concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Isabel Cortina para lograr mayoría absoluta del PP.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado esta mañana la segunda sesión de la vista oral por la presunta comisión de un delito de cohecho, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de cárcel. La acusación particular eleva a seis años de prisión la petición de pena.

Estaba previsto que el exregidor ofreciera esta mañana su versión, pero finalmente lo hará mañana. En la exposición previa de las partes, el abogado defensor ha negado que existiera el delito de cohecho afirmando que su cliente solo hablaba sobre "temas políticos" y que en concreto esas conversaciones se encuadraban dentro de "la actividad política".

La Fiscalía de Madrid le acusa de ofrecer supuestamente prebendas personales y profesionales a la citada edil. El representante del Ministerio Público imputa tanto al acusado como a S. C. T., un cabo de la Policía Municipal de Brunete, un delito de cohecho.

El proceso tiene su origen en una denuncia interpuesta por la formación magenta y la propia concejala. La instructora del caso apreció "indicios suficientes" de que el entonces alcalde y una cabo de Policía Local "trataron de influir" en Cotrina tras las elecciones municipales en mayo de 2011.

Según la juez, pretendían que se ausentara de las sesiones en que se iban a votar determinados puntos que interesaban al alcalde o abandonara UPyD para formar parte de la Junta de Gobierno local y obtener la mayoría absoluta que tenían a tan solo un concejal de distancia. A cambio, el alcalde presuntamente le ofreció favores "personales, políticos y profesionales".

Con esto pretendían supuestamente aprobar los presupuestos municipales; que se aprobara la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Canal de Isabel II para la incorporación del municipio al nuevo modelo de gestión del Canal; y que saliera adelante la propuesta de mancomunar la gestión de infraestructuras deportivas de Brunete, Sevilla la Nueva y Quijorna, como el campo de golf, pádel o piscinas.

Para probar estas acusaciones, Cortina adjuntó varias grabaciones de conversaciones mantenidas tanto con el alcalde como con la cabo de Policía Local. Entre ellas, una en noviembre de 2012 en la que la cabo investigada presuntamente le propuso un puesto para su hija minusválida en el hospital privado Los Madroños de Brunete.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la Casa Real tiene "todos los elementos" para pronunciarse, "si lo tiene a bien", sobre las distintas polémicas que afectan al Rey emérito por sus presuntas irregularidades fiscales y su paradero, después de que le preguntaran si creía que Felipe VI debía posicionarse no sobre este asunto, sino sobre las cartas de los militares retirados cargando contra el Ejecutivo.

En cuanto a la declaración que ha presentado Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, Montero no ha querido ofrecer detalles sobre ningún proceso que afecte a un "contribuyente" concreto, pero sí ha deslizado que todo el mundo debe cumplir con sus obligaciones fiscales, "mucho más aquellas personas" que por su "presencia pública" y "proyección" tienen que ser "ejemplares" en este sentido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha sido preguntada en varias ocasiones por la situación fiscal del Rey emérito. Sin embargo, ha sido ella misma la que aprovechando otra pregunta sobre los carta de los militares retirados y si Felipe VI debería pronunciarse sobre la misma, la que ha comentado la conveniencia de que sea la Casa Real y no el Gobierno quien se pronuncie sobre el Rey Emérito y sus problemas con Hacienda.

"Creemos que la Casa Real cuenta con todos los elementos y tiene todos los argumentos para hacerlo, si quiere hacerlo, en el momento que estime más oportuno, pero en ningún momento va a estar influenciado por la opinión que pueda tener el Consejo de Ministros, que no ha abordado esta materia", ha insistido, sobre las "informaciones judiciales" que afectan al Rey emérito, o su "permanencia en un sitio u otro".

En la primera pregunta que le han planteado sobre las cartas de los militares y la postura que debería tomar el Rey en su discurso de Navidad, Montero ha comenzado respondiendo que desde el Ejecutivo no van a dar su opinión "sobre lo que le corresponde hacer a la Casa Real".

"LE CORRESPONDE A LA CASA REAL PRONUNCIARSE, SI QUIERE"

"Y le corresponde a la Casa Real pronunciarse en las materias que tienen que ver con el Rey emérito o cuestiones que tienen que ver con investigaciones que se pudieran estar haciendo en el entorno de personas vinculadas a la familia real", ha apostillado, introduciendo el asunto.

A continuación, ha añadido que el Gobierno va a colaborar con todas las actuaciones judiciales que se están produciendo y que respetan "lo que tenga que decir la Casa Real sobre esta cuestión". "Si lo tiene a bien, lo dirá, o el Rey lo planteará si lo tiene a bien cuando lo considere conveniente, si es que así lo ha decidido", ha ahondado.

"Pero el Gobierno ni va a invitar ni va a disuadir para que se haga o se deje de hacer ninguna cuestión que está directamente implicada con un miembro de la familia real, y mucho más cuando se trata del Rey emérito", ha insistido.

Posteriormente, al ser repreguntada por la respuesta que había dado a la pregunta sobre las cartas de los militares, Montero ha defendido que se le había entendido perfectamente. En este sentido insistió en que es a la Casa Real a la que le corresponde hablar de las cuestiones que afectan a Juan Carlos I, porque es la que tiene "todos los elementos" y "argumentos".

Sobre el proceso de regularización fiscal del monarca retirado, Montero se ha negado a hablar "de ningún contribuyente" ni "del momento de los expedientes" que hay abiertos, ni de si hay o no "investigación a ninguna persona o empresa concreta".

"El Gobierno respeta todas las investigaciones que se puedan estar produciendo en el marco de la fiscalía o de la propia autoridad judicial. Vamos a seguir colaborando con los tribunales de justicia desde la Agencia Tributaria y todos los departamentos para que esa actuación pueda ser efectiva", ha afirmado.

También ha dejado claro que el Ejecutivo seguirá trabajando "para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, procedan de donde procedan, vivan donde vivan", combatiendo "cualquier forma de elusión o fraude fiscal", pero también "dando asistencia técnica a todas aquellas personas que quieran cumplir de forma regular con sus obligaciones tributarias".

RECUERDA QUE EL IMPUESTO DE DONACIONES ES COMPETENCIA AUTONÓMICA

Posteriormente, preguntada sobre el motivo de que no se haya hecho una inspección, antes de que Juan Carlos I procediera a pedir la regularización, Montero ha insistido en no dar detalles de "ningún contribuyente" ni de los trabajos que se "pudieran estar haciendo por parte de la Fiscalía o la Agencia Tributaria".

Eso sí, en este punto ha querido recordar que esta "materia en concreto" tiene que ver con "figuras fiscales que radican en el marco de Comunidades Autónomas, no en el marco de la Administración General del Estado", específicamente con el impuesto de donaciones.

"Pero estoy convencida de que ninguna Comunidad Autónoma va a proporcionar información que tiene que ser secreta y reservada para mejor garantía de todos los contribuyentes, de algo que le compete a alguien en particular que pueda ser identificatorio", ha añadido.

Por último, al ser preguntada sobre la implicación que podrían tener los nietos del Juan Carlos I, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, en estas presuntas irregularidades fiscales, la portavoz ha insistido en que el Gobierno va a hacer "ningún tipo de valoración sobre ninguna conducta que pudiera ser irregular, ni de ninguna persona en concreto".

"Aunque creo que podrán imaginarse cuál es la opinión de la ministra de Hacienda con la obligación, que no tiene ningún tipo de exclusiones, de todos y cada uno de los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales, mucho más aquellas personas que por nuestra proyección tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de las obligaciones tributarias", ha zanjado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 13 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por abusar sexualmente de una menor y propiciar que se dedicara a la prostitución. Así, se desestima el recurso presentado por la defensa del acusado.

Según se declaró probado, y ahora ha ratificado el alto Tribunal andaluz en su sentencia, en agosto de 2018, la menor, que no llegaba a los 16 años, abandonó su domicilio familiar y conoció a otro menor, que le propuso, y ella aceptó, que se le alojara en la casa del acusado.

Así, según se precisa en la resolución, previamente, el acusado ya había hablado de explotar sexualmente a la menor y un día, estando en su vivienda, mantuvo relaciones con ella "con la finalidad de probar a la chica" y para "satisfacer sus deseos libidinosos", sabiendo la edad que tenía.

Asimismo, con el teléfono del procesado, le hicieron fotos semidesnuda "y en actitud sugerente" a la menor, con el fin de "enviarlas a través del móvil a posibles clientes que desearan contratar encuentros de índole sexual con dicha menor a cambio de dinero".

La pareja del acusado le compró ropa y le prestó su maquillaje, pero no se ha determinado si sabía que las fotos que ella pudiera haberle hecho iban a ser utilizadas para exhibirlas a clientes o al maquillarla lo era para acudir a la cita que se concertó con un cliente que finalmente no acudió.

Por estos hechos, se condena al hombre por un delito de abuso sexual a persona menor de 16 años a una pena de ocho años de prisión y el mismo tiempo de libertad vigilada, y por otro de prostitución de menores a cinco años de cárcel; además del pago de una indemnización de 8.000 euros a la joven. La pareja fue absuelta.

Para el TSJA, la declaración mantenida por la víctima ha sido considerada "creíble y convincente" y "no se atisba la presencia de razones oscuras o motivos espurios que pudieran llevar a la joven a falsear la realidad". Además, este testimonio "es claramente corroborado por el resultado de la intervención telefónica".

En este sentido, se indica que a través de esas escuchas "queda de manifiesto el proyecto que iba desarrollando el acusado para aprovecharse económicamente de la menor, gestionando y promoviendo su dedicación a la prostitución, con alusión a clientes concretos, formas de contacto íntimo, precios a obtener a cambio y otros detalles cuyo contenido no deja lugar a dudas".

El Gremio de Librerías de Madrid ha puesto en marcha este miércoles una campaña navideña para promover la compra en establecimientos de barrio sin "demonizar a las grandes plataformas".

Con el lema 'El libro es el mismo, la historia que hay detrás, no', el propósito de la campaña es "hacer reflexionar" a los lectores "sobre las consecuencias derivadas de la forma de comprar un libro".

Tal y como ha indicado el Gremio en una nota de prensa, la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 ha provocado que las librerías hayan vendido un 22,55 por ciento menos en comparación con los tres primeros trimestres de 2019, según los cálculos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), conocidos el pasado mes de noviembre coincidiendo con la celebración del Día de las Librerías.

Pese a ello, el análisis de los datos permite "ser más optimistas de lo previsto inicialmente también en Madrid", de manera que "con esta campaña navideña no se pretende demonizar a las grandes plataformas, sino, precisamente, mantener lo conseguido durante estos meses de pandemia", en cuanto a "que las librerías sigan recibiendo el apoyo de los barrios en los que están radicadas, que las comunidades de lectores ya creadas no dejen de mostrar su cara más amable y solidaria, y que, en la medida de lo posible, con sus acciones de fomento de la lectura, consigan hacerlas crecer".

La campaña arranca con la participación de escritores, como Elvira Sastre, José Ovejero, Alejandro Palomas, Marta Sanz, Fernando Aramburu, Edurne Portela y David Felipe Arranz, que escenificarán el mensaje 'la historia que hay detrás', compartiendo una foto en sus canales sociales en la que aparecen sosteniendo uno de sus libros mostrando la contracubierta y utilizando el hashtag #LaHistoriaQueHayDetrás.

Para el Gremio de Librerías de Madrid, los barrios que diariamente ven desarrollar su actividad "funcionan como verdaderos ecosistemas" y "la pandemia ha evidenciado que son una parte fundamental de los mismos".

Por eso, sostiene, "no es lo mismo comprar un libro en un establecimiento del barrio que hacerlo en cualquier otro lugar", porque "la historia cambia y repercute en todo el ecosistema, de ahí la importancia de no comprar de modo acrítico, por sistema, sino después de una mínima reflexión".

En este sentido, el material gráfico de la campaña incluye las sentencias 'Hack de sistema. Cuida el ecosistema', que "no requiere hablar exclusivamente en clave de presencialidad referida a establecimientos físicos", ya que "cada vez son más las librerías madrileñas que apuestan por el canal online para vender su fondo".

A este respecto, los libreros madrileños han constatado "la enorme ventaja que ofrece el comercio electrónico para estar cerca de sus clientes/lectores", como demuestra "la tendencia creciente de invertir en su propio ecommerce".

CADA VEZ MÁS VENTAS ONLINE

Así, cada vez son más los negocios libreros de la capital los que activan la funcionalidad de venta en la plataforma https://www.todostuslibros.com.

Según CEGAL, en tan solo un mes de funcionamiento, el número de librerías de toda España activadas ha pasado de las 150 iniciales a las 265 actuales, de las cuales 212 ya están completamente operativas.

Los establecimientos madrileños que ya venden online a través de la plataforma son más de 40, con lo que Madrid es la segunda Comunidad Autónoma donde más librerías ofrecen este servicio, siendo Andalucía con sus ocho provincias la que encabeza la lista.

Para desarrollar la parte creativa de la campaña, el Gremio de Librerías de Madrid ha contado con Bonito Studio, agencia que trabaja para marcas de alto valor social.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado este miércoles que la institución insular abonará los test rápidos de antígenos o la PCR que tienen que realizarse aquellas personas que estudien en el extranjero en países en riesgo (Reino Unido, Alemania, Francia, entre otros) y que, por tanto deberán presentar dicha prueba para volver a la isla durante la época navideña.

"Ante el anuncio realizado por el Gobierno de Canarias sobre el abono de los test a quienes cursan estudios en la Península, no parecía razonable que, por estudiar fuera de España, no se les abonasen los test que necesitan para volver en unas fechas tan señaladas", ha expresado Martín, quien ha añadido que "supone un gasto adicional que muchas familias no puedan asumir, además del precio del pasaje".

El presidente ha precisado que la forma de abono será sencilla, con un formulario en la sede electrónica del Cabildo que se podrá rellenar y al que habrá que adjuntar documentación que acredite el pago de la prueba en el país del que vienen, completar el número de cuenta, además de un justificante relativo al pago de la matrícula o un documento que acredite la condición de estudiante.

"Deben acreditar ser residentes en Tenerife o que su última residencia en España fue en Tenerife, para llevar a cabo el abono correspondiente a la mayor brevedad", ha señalado en una nota.

Así, se publicará una convocatoria de estas ayudas en los próximos días en cuanto se tengan los informes jurídicos y económicos que ya se están elaborando.

En relación a los test para que regresen después de pasar la navidad en la isla, el presidente explica que "se sacará una convocatoria diferente para enero ya que se trata de un ejercicio presupuestario distinto, y por ello las familias deben guardar la factura del test que se les abonará más adelante".

Martín ha aconsejado a los estudiantes que "se informen bien en los países en los que residen, en la web del Ministerio de Exteriores, del Servicio Canario Salud y en las compañías aéreas de los requisitos para venir a Tenerife antes de volar".

En esa línea, ha asegurado que le "hubiese gustado hacer este anuncio antes" pero ha sido este miércoles cuando el Gobierno de Canarias ha hecho oficial el uso de los test de antígenos, por lo que espera que esta medida ayude a muchas familias a reencontrarse en Navidad.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha atribuido a un "error" el hecho de que en los datos publicados sobre los ingresos de enfermos de covid-19 en las plantas de los hospitales de Euskadi no se haya incluido, en las dos últimas semanas, a las personas diagnosticadas en test de antígenos. Además, ha asegurado que este fallo no ha tenido ningún efecto en la gestión de la pandemia por parte de Osakidetza.

Sagardui ha reconocido este fallo en su comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, después de que el Gobierno Vasco anunciara este pasado martes que había "corregido" los datos de las dos últimas semanas sobre el número de ingresos en planta hospitalaria.

La revisión de estos datos ha supuesto un incremento cercano al 50% respecto a las cifras publicadas hasta este pasado domingo sobre el número de pacientes con covid hospitalizados en Euskadi.

La consejera ha precisado que este "error" solo ha afectado a los boletines que publica Osakidetza como instrumento de "comunicación", y que no ha tenido ningún efecto en la "gestión" del Servicio Vasco de Salud.

Esto --según ha dicho-- se debe a que los sistemas internos de cada centro hospitalario no se han visto afectados por el fallo, dado que en dichos sistemas sí se ha contabilizado en todo momento tanto a las personas diagnosticadas de coronavirus en test PCR, como a las que se les ha detectado la enfermedad en los test de antígenos.

En el caso del boletín diario que se difunde por parte de Osakidetza, el error ha estado motivado por el sistema que agrega los datos de forma "automatizada", que --hasta que el error fue detectado este pasado martes-- no incorporaba las cifras correspondientes a las personas ingresadas en planta hospitalaria que habían sido diagnosticadas a través de test de antígenos.

Sagardui ha reiterado que este fallo --que se ha venido produciendo entre el 16 de noviembre y el 8 de diciembre-- no ha "interferido" en la gestión de la pandemia y ha destacado que, en el caso de los datos sobre la situación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), estos se han publicado de forma "correcta".

Frente a las dudas que han expresado varios representantes de los grupos de la oposición ante estas explicaciones, Sagardui se ha preguntado "qué interés" podría tener el Gobierno Vasco en "ocultar" parte de los ingresos hospitalarios de afectados por el coronavirus. "Pero si no hacemos otras cosa que invocar ante la sociedad la presión hospitalaria y sanitaria para mantener la prevención", ha manifestado.

"TRANSPARENCIA"

Sagardui ha asegurado que el Departamento de Salud y Osakidetza han actuado de forma "transparente" en todo momento, y que en cuanto tuvieron constancia de este problema lo corrigieron y actualizaron la serie de datos sobre ingresos en planta hospitalaria. "Deslizar que fue algo intencionado es un error", ha insistido.

Por otra parte, y pese a la petición que le ha planteado algún grupo en este sentido, la consejera no ha dado detalle alguno sobre cuáles son las decisiones que podrían adoptarse en la reunión de esta tarde del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi), el órgano encargado de determinar las medidas preventivas frente al coronavirus en Euskadi.

Sagardui, no obstante, ha advertido de que es necesario permanecer "alerta", puesto que la tendencia a la baja que viene experimentando la pandemia en las últimas semanas se ha "ralentizado".

Además, y pese a que la tendencia sea ahora la contraria a la de entonces, ha recordado que la actual tasa de incidencia del coronavirus es de 327 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la del 17 de octubre --día en el que el LABI decretó un primer paquete de restricciones que luego fueron endurecidas-- era de 323 casos.

"Es cierto que en aquel momento la curva (de la pandemia) era creciente y que ahora está en descenso, pero al margen de la tendencia, es bueno recordar que la fotografía es similar", ha manifestado.

NAVIDADES

La consejera también se ha referido al acuerdo de bases alcanzado la semana pasada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en torno a las medidas preventivas frente a la covid-19 para las navidades.

Sagardui, que este miércoles participará en un nuevo encuentro de este foro, ha subrayado que aquel acuerdo es "positivo", aunque ha reiterado que se trataba de una propuesta "de máximos" y que, en el caso de Euskadi, es el Consejo Asesor del LABI el que determinará cuáles son las medidas concretas que se establecen para las fechas navideñas. "Todo lo dicho y escrito no pasan de ser propuestas o meras especulaciones, en muchos casos", ha manifestado.

VACUNAS

Respecto al inicio de la vacunación frente al coronavirus, ha recordado que tras la dispensación de las primeras vacunas en Reino Unido, ese momento "llegará también a Euskadi", aunque ha pedido "paciencia" a los ciudadanos.

En este sentido, ha afirmado que los comentarios que se puedan escuchar en estos momentos sobre las fechas o las cantidades de vacunas que llegarán al País Vasco no pasan de ser "simples propuestas de trabajo o especulaciones interesadas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado el 'Programa Misiones' del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública Empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ya que permitirá "mejorar el futuro de todos y todas".

El 'Programa Misiones' es un programa de ayudas a empresas para el desarrollo de proyectos basados en cinco temáticas específicas (a las que se ha denominado "misiones"), similar al llevado a cabo por el nuevo programa de investigación e innovación de la UE para 2021-2027, Horizonte Europa, también enfocado a misiones. La primera convocatoria de este novedoso programa en España está a punto de finalizar.

"Tener este gran proyecto de país nos va a permitir estar más capacitados para participar en las grandes misiones europeas", ha destacado el presidente en un acto este miércoles desde el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas (Madrid) para presentar el programa.

El programa está basado en cinco ámbitos de actuación: energía limpia; salud y envejecimiento; agroalimentación sostenible; nueva industria; y movilidad inteligente. "Nuestro país necesita todas estas revoluciones, transformaciones", ha expresado Sánchez.

La primera convocatoria de este "único y singular" 'Programa Misiones' se celebró el año pasado con un presupuesto de 95 millones. Se trata del "programa de I+D+I empresarial lanzado con mayor intensidad hasta nunca", ha destacado el presidente.

El programa permitirá atender los retos y necesidades de la sociedad española, pero a la vez, abordar "problemas endémicos", como son la colaboración público-privada o la suficiente capacidad tractora de grandes empresas españolas.

A "pocos días" de que se resuelva esta primera convocatoria del Programa, Sánchez ha celebrado su "acogida extraordinaria": se han solicitado más de 400 millones de euros, han participado más de 600 empresas y unos 200 organismos y universidades, y se han presentado 28 consorcios. "El éxito de la convocatoria es muy rotunda", ha manifestado.

PARA QUÉ SIRVE EL PROGRAMA

Según Sánchez, el enfoque de misiones en España va a facilitar: el acceso a otra financiación europea; la modernización y la reforma "de una vez por todas" de la Administración Pública; la implicación, que tiene que ser "activa", de la ciudadanía en torno a los grandes retos de la política pública; multiplicar el impacto en la sociedad y en el medio ambiente del esfuerzo en ciencia e innovación; la creación de espacios de convergencia y de colaboración público-privada social; y "la construcción de una visión de proyecto de país que tiene que ser positiva, compartida, tangible".

Si bien, el presidente del Ejecutivo ha manifestado que en los próximos tres años, el Gobierno va a centrarse en la "verdadera misión de misiones", que consistirá en "promover confianza, estabilidad y unidad para mejorar España". "Queremos sumar voluntades, queremos que nuestra vida social sea mucho más constructiva, mucho más amable", ha dicho Sánchez, que reconoce que queda "trabajo por delante".

Asimismo, tal y como ha anunciado, el Gobierno va a extender el enfoque de las misiones, en las que participarán cada vez más Ministerios, con más instrumentos de compra pública. "Así, nuestro ecosistema innovador tendrá experiencia en la definición de objetivos de mejora en la colaboración de grandes proyectos multidisciplinares orientados", ha señalado.

INSPIRADAS EN LA MISIÓN APOLO XI

Durante el acto también ha intervenido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quién ha recordado cómo las convocatorias enfocadas por misiones están inspiradas en la misión Apolo XI de la NASA, que permitió al ser humano pisar la Luna por primera vez en 1969.

Por eso, Sánchez confía en que estas convocatorias por misiones del CDTI, "van a sacar lo mejor de nuestra sociedad, van a desplegar todo nuestro talento para poder llegar a buen puerto", pues España "también tiene objetivos que alcanzar". De hecho, recuerda que "cada vez más países están adoptando los enfoques en torno a misiones" y un ejemplo de ello es la UE.

CaixaBank y Microsoft han reconocido a las mejores estudiantes de grados universitarios técnicos de España con los Premios WONNOW, que incluyen un premio de 10.000 euros a la alumna con mejor expediente académico y diez becas remuneradas para trabajar en CaixaBank, así como el acceso a un programa de 'mentoring' de Microsoft.

Los premios han sido entregados por el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y la presidenta de Microsoft España, Pilar López, en una ceremonia telemática, han informado en un comunicado este miércoles.

Con estos galardones, han querido resaltar la excelencia femenina en grados universitarios técnicos, animando a otras jóvenes a cursar estudios STEM --Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--, fomentando la diversidad en un sector "con enormes oportunidades laborales y escasa presencia femenina".

Gortázar ha destacado que "es necesario impulsar la diversidad en el mundo académico y empresarial, y apoyar el desarrollo de las mujeres en profesiones clave en nuestra sociedad en el ámbito de las ciencias para hacer más inclusiva la transformación digital".

Por otro lado, la presidenta de Microsoft ha destacado que "la digitalización está dinamizando la economía, representa una enorme oportunidad y hace que la formación en STEM sea una prioridad en la que no tienen cabida las distinciones de género".

Y es que según datos de la red social LinkedIn, en los próximos cinco años se podrían crear en España más de dos millones de empleos relacionados con la tecnología, mientras que en España el porcentaje de graduados en estudios STEM se sitúa en el puesto 12 de toda la Unión Europea, con una diferencia de 17 puntos entre sexos.

PARTICIPAN 348 ALUMNAS

En esta edición, han participado 348 alumnas de 61 universidades de toda España, estudiantes de los últimos cursos de grados universitarios STEM, y se ha valorado su expediente académico, su currículum y sus méritos personales.

María Dolores Ardura, que ha estudiado el doble grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación en la Universidad CEU San Pablo, ha logrado el premio al mejor expediente académico, dotado con 10.000 euros, y tendrá acceso a un programa de mentoring impartido por Microsoft España.

Entre las galardonadas destaca una estudiante de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Helena Xicoy, que ha estudiado el grado en Ingeniería Informática en la UOC, otro en Biología Humana en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y un máster en Moléculas en la Universidad Radboud de Nijmegen.

La estudiante ha sido reconocida con una de las becas remuneradas para trabajar en CaixaBank y poder acceder al programa de 'mentoring' de Microsoft.

El Gobierno confía en que los gobernantes de la UE logren encontrar en el Consejo Europeo de este jueves y viernes una fórmula para que Polonia y Hungría desbloqueen la puesta en marcha del fondo europeo de recuperación post-Covid.

La fórmula en cuestión, en la que trabaja la presidencia alemana de la UE, giraría en torno a una declaración interpretativa, bien en un documento aparte o bien en las conclusiones del Consejo, para garantizar a los dos países que el reglamento que condiciona las ayudas al respeto del Estado de Derecho se va a "aplicar la manera más objetiva posible y no va a haber ningún tipo de sesgo", ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba.

Según este responsable, las declaraciones que hizo este martes el primer ministro húngaro, Viktor Orban --afirmando que el acuerdo estaba "a un centímetro" de distancia-- "dan sensación de que hay aproximación" y de que los líderes puedan alcanzar el acuerdo.

A ello se han sumado, este miércoles, unas declaraciones del viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, hablando ya de un acuerdo. González-Barba, que ha recibido esa información durante su comparecencia, ha dicho que aún estaba sin confirmar por la presidencia alemana y que si se confirmase sería una buena noticia para retirar los últimos escollos.

El objetivo es que Varsovia y Budapest voten a favor del marco financiero plurianual (MFF) y de la decisión de elevar los recursos propios para que la Comisión Europea pueda endeudarse en los mercados para recabar los fondos que se entregarán a los Estados. Ambos asuntos requieren unanimidad de los Estados miembros, no así el reglamento sobre Estado de Derecho en cuestión, que está aprobado por mayoría cualificada y está descartado que Polonia y Hungría vayan a apoyarlo.

González-Barba ha señalado que estos países siempre pueden optar por interponer recurso de anulación. También ha dejado claro que no preocupa en absoluto que la condicionalidad se pueda imponer a otros países: "en absoluto hay miedo, es una cosa que hacemos todos porque queremos todos un control suplementario del mantenimiento de Estado de Derecho".

El responsable español ha explicado que él mismo ha viajado en las últimas semanas tanto a Polonia como a Hungría para transmitir el mensaje de que el reglamento no se puede modificar, una iniciativa que el Gobierno adoptó porque ha estado muy implicado en lo relativo a este fondo y "no podía permanecer ajena a los últimos coletazos".

Según ha dicho, en todo momento ha estado informando a la presidencia alemana de la UE porque la intención es que quedase muy claro que "el Consejo no flaquea en absoluto" en su empeño de no "sacrificar" la defensa de los valores europeos por el interés del fondo.

A su modo de ver, el veto de Hungría y Polonia ha llevado a todos, ellos incluidos, a un "callejón sin salida", porque ambos países se beneficiarán del fondo y también son dos de los más beneficiados por los presupuestos ordinarios de la UE, que no pueden aprobarse sin su visto bueno.

NEGOCIACIONES PARA EL BREXIT

González-Barba también ha dicho mantener la "esperanza" de que haya un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre la relación de ambos después del 31 de diciembre, aunque aún no hay acuerdo en tres ámbitos: los derechos pesqueros, las condiciones de competencia (lo que se conoce como 'level playing field') y la gobernanza del acuerdo. En concreto, ha confiado en una "solución razonable" para los pescadores que dependen de los caladeros británicos.

En este caso, ha mencionado como "señal positiva" hacia un acuerdo que este martes, en el Comité conjunto que supervisa el periodo de transición, Reino Unido se comprometió a eliminar tres cláusulas polémicas de su Ley de Mercado interior (las número 44, 45 y 47).

El Consejo Europeo tendrá sobre la mesa otros asuntos, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la cooperación contra el terrorismo y la renovación de las prioridades de la agenda trasatlántica con vistas a la Administración Biden.

En este punto, el diputado de Vox José María Sánchez le ha afeado que, especialmente siendo diplomático, dé por hecha la victoria de Biden cuando aún está pendiente de recursos judiciales. El secretario de Estado le ha respondido que así lo han reconocido también todos los gobiernos europeos.

TURQUÍA

También estará sobre la mesa la relacion con Turquía, algo que, ha dicho, "no es una buena noticia", porque si es así es porque ha seguido habiendo "actos unilaterales" de delimitación marítima y de prospecciones gasísticas en áreas en disputa.

España, ha dicho, parte de la solidaridad con los socios europeos Grecia y Chipre y la exigencia de que se respeten sus aguas territoriales pero es partidario del diálogo tanto sobre la delimitación marítima como sobre la reunificación de Chipre. Eso, sin embargo, exige que cesen las actuaciones unilaterales turcas y las "descalificaciones personales" a líderes europeos.

A preguntas de distintos grupos sobre la posición de Turquía en el Mediterráneo y en el conflicto de Nagorno-Karabaj (Junts, Bildu, PNV), González-Barba, que fue él mismo embajador en Ankara hasta hace menos de un año, ha explicado los pormenores de la relación de la UE con este país, un "socio capital" para los europeos, con una numerosa comunidad de binacionales y numerosos vínculos económicos.

Por un lado, ha pedido distinguir la relación entre Estados de la "afinidad ideológica" que pueda exisitir entre gobiernos. Por otro, ha detallado que si la UE está valorando imponer sanciones a Turquía es exclusivamente por sus acciones en el Mediterráneo Oriental y no por su actitud en otros escenarios como el Cáucaso o Libia. En ellos, ha dicho, también intervienen otros actores y no se está planteando imponer sanciones.

Lo mismo sucede con lo que los diputados han llamado "deriva iliberal" de la autoridades turcas. Así, ha señalado que sobre este asunto la UE reaccionó congelando la candidatura turca a la UE en 2018.

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha acogido este miércoles el juicio contra un hombre acusado de abandonar el año pasado a su perro atado con una cuerda en la calle a pleno sol y sin ningún tipo de comida ni agua, hechos por los que finalmente ha aceptado una pena de seis meses de prisión por un delito de maltrato animal y tres años de inhabilitación para la tenencia de animales.

El proceso ha sido promovido por la Asociación Animalista Peludísimos Granada, a raíz de que el perro, de raza Bull Terrier, fuera localizado el 6 de junio de 2019 atado a una baranda en la zona de Cartuja, según ha relatado a Europa Press el abogado del colectivo animalista, Aritz Toribio, del despacho Abogados Toribio.

El animal se encontraba atado con una cuerda sin protección de las inclemencias climáticas, sin ningún tipo de alimento ni agua. Presentaba una situación bastante crítica y ante su evidente abandono una de las personas que pasaba por allí informó a las autoridades y a la Residencia Canina Delagos, situada en Ventas de Huelma (Granada) para que se hiciesen cargo de él.

Sus heridas y cicatrices hacían pensar que podía haber sido maltratado y que no había recibido los cuidados básicos que un animal necesita. El colectivo puso los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, dado el estado físico del animal, pidió que se realizaran las actuaciones pertinentes para averiguar por qué se encontraba abandonado en ese lugar y en ese estado, ya que no se sabían cuánto tiempo llevaba allí.

El informe del veterinario que atendió al animal, de entre 4 y 6 años, concluyó que el perro se encontraba en un "estado lamentable de abandono, con problemas de desnutrición, y abandono sanitario", ya que no estaba al corriente de las vacunas ni de las desparasitaciones. De hecho, tenía heridas por una "infestación masiva de garrapatas", además de sufrir caída del pelo, tener la frecuencia cardiaca alterada y lesiones compatibles con mordidas.

La Fiscalía había solicitado para el dueño siete meses de prisión por un delito de maltrato animal que la Asociación Animalista Peludísimos Granada elevó a doce meses. Finalmente las partes han alcanzado un acuerdo por el que el acusado ha aceptado una pena de seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación para la tenencia de animales, profesión, comercio u oficio relacionado con ellos.

El Govern balear adelantará el toque de queda a las 22.00 horas en Mallorca ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la Isla.

En rueda de prensa tras el Consell de Govern, la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, que ha estado acompañada por la portavoz Pilar Costa, ha señalado que la situación en Mallorca "no es buena y está empeorando".

Por este motivo, el equipo de Armengol ha decidido adelantar el toque de queda --actualmente es a las 00.00 horas-- en Mallorca porque, según la presidenta "una de las situaciones donde se produce más contagios es con la relajación social".

Armengol ha indicado que la norma entrará en vigor este jueves y estará vigente hasta el lunes 21 de diciembre, que se revisará en el Consell de Govern. Entonces, dependiendo de la evolución de la Incidencia Acumulada (IA) en la isla, se decidirá alargar la medida o no.

A través de un decreto de presidencia, se han decidido implementar estas medidas, puesto que se ha detectado que "ayudan muchísimo a contener el avance del virus". "Conscientes de que la enfermedad sigue entre nosotros y continúa matando, tenemos que ser más rigurosos que nunca en la protección individual y colectiva", ha subrayado la presidenta.

"Nuestra preocupación es evitar que la enfermedad se propague, que tengamos nuevos contagios graves y nuevas muertes", ha apuntado Armengol. Por este motivo, ha pedido responsabilidad ciudadana, así como ha agradecido los "sacrificios" para frenar el virus: "No se trata de pensar en fiestas, se trata de pensar en frenar el virus".

La presidenta del Govern ha subrayado que esta decisión está basada en la incidencia acumulada a 14 días, que actualmente es de 260 casos por cada 100.000 habitantes en Mallorca, y la tasa de positividad, que llega al 6,37%.

Además se ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la trazabilidad de los casos y la capacidad asistencial del sistema sanitario. Sobre este último asunto, Armengol ha señalado que la situación en los centros hospitalarios de Baleares es "buena, pero la incidencia acumulada no".

Además de avanzar el toque de queda a las 22.00 horas en todo Mallorca, el Govern ha decidido adoptar medidas adicionales en Lloseta, Muro y Sóller, donde los casos también se han multiplicado en los últimos días.

Con esta resolución, se ha acordado prohibir la actividad en los interiores de los bares, restaurantes y establecimientos de juego y apuestas de los municipios de Lloseta, Muro y Sóller. Así, Lloseta mantiene una incidencia acumulada a 14 días elevada desde hace dos semanas y presenta una tendencia ascendente. La IA14 es de 651,3 por 100.000 habitantes y la tasa de positividad es de 12,88%.

Sóller hace tres semanas que presenta una tendencia de aumento de la IA14, que se sitúa en 474 por 100.000 habitantes, y la tasa de positividad es de 11,79%. En el caso de Muro, los contagios se han multiplicado por cuatro en una semana. Actualmente la IA14 es de 268,2 por 100.000 habitantes y la tasa de positividad es de 5,29%.

A pesar de estas medidas, las autoridades municipales, siempre que el transito rodado no se vea imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de vía pública destinada al transito rodado o estacionamiento de vehículos, inmediatamente adyacente a las terrazas o fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para poner mesas, de manera provisional, y utilizarla como terraza de estos locales.

Antes de adelantar los posibles cribados poblacionales, Armengol ha indicado que con Ibiza está demostrado que "estas medidas funcionan". "Ahora mismo, junto con Formentera, tiene la incidencia acumulada más baja de las Islas", ha remarcado.

Sobre los cribados, la presidenta del Govern ha adelantado que las autoridades sanitarias se coordinarán ahora con los ayuntamientos afectados para poner en marcha los correspondientes cribados con tests de antígenos.

Además, se harán intervenciones comunitarias informativas para recordar a los habitantes de los pueblos que extremen las medidas de seguridad como es el uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y buena ventilación de los espacios cerrados.

La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares ha realizado contrataciones de emergencia de suministro y servicios a cargo del IbSalut por un valor de 4.103.484 euros para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

En rueda de prensa tras el Consell de Govern, la portavoz Pilar Costa ha indicado este miércoles que estas contrataciones están relacionadas con el tratamiento de la pandemia debido a la necesidad concreta de contar con determinados servicios.

Costa ha destacado que todas estas contrataciones se financian mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Baleares autorizado por la Comisión Europea. Esta redistribución de las ayudas europeas se enmarca en la decisión de la Unión Europea de flexibilizar el uso de los fondos de cohesión para reforzar los sistemas sanitarios y la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria.

A través de estas contrataciones de emergencia se han adquirido equipamiento y realizado las obras de adaptación necesarias para ampliar la dotación de camas de pacientes críticos del Hospital Universitario Son Espases ante la pandemia de la COVID-19 por un importe total de 1.124.844,09 euros.

Así, se ha adquirido camas de cuidados críticos y hospitalización, respiradores, monitores multifunción, soportes de monitores portátiles y centrales de monitorización y ordenadores de grado médico y carros portaelementos. Además, se han realizado obras de ampliación y de reacondicionamento del área de pacientes críticos.

También se ha contratado el suministro, la instalación y el montaje de 15 ultracongeladores de -80°C, para asegurar la cadena de frío de las vacunas contra la COVID-19 por un valor de 229.022 euros.

Igualmente, se ha contratado el suministro de 10.000 pantallas de protección facial, 66.000 batas de protección, 47.000 mascarillas FFP3, 284.000 mascarillas FFP2, 102.000 mascarillas pediátricas, 140.000 batas de protección impermeable de un solo uso y 20.000 batas de visita no hidrófugas de un solo uso por un valor de 778.560 euros.

La Conselleria también ha adquirido un camión para el reparto de equipos de protección individual desde el almacén centralizado del Servicio de Salud hasta las otras unidades de logística de los centros hospitalarios y de atención primaria por un valor de 91.536,50 euros.

Asimismo, se ha contratado el suministro de material de laboratorio para pruebas para diagnosticar la COVID-19 consistente en placas para cultivo, reactivos, soluciones, controles, calibradores y productos químicos por un valor de 1.774.823,44 euros.

En Menorca, se ha contratado para el Área de Salud el suministro de dos centrales de monitorización y ocho monitores por un valor de 104.697,20 euros.

GASES MEDICINALES

Por otro lado, el Consell de Govern ha otorgado la autorización previa al Servicio de Salud de Baleares para ejercer la competencia en materia de autorización y disposición del gasto del expediente de prórroga del lote 2 del contrato de suministro de gases medicinales con destino a los centros sanitarios dependientes, por un importe de 1.262.530,19 euros.

El consumo de gases medicinales y de uso sanitario en los diferentes formatos en los que se suministra tiene lugar de manera continuada en la mayoría de centros y dependencias del Servicio de Salud de Baleares.

El objetivo principal del contrato es la centralización del suministro de gases medicinales de cada lote con una única empresa para obtener ahorros significativos y asegurar un mayor volumen de suministro.

También este miércoles en el Consell de Govern se ha dado el visto bueno a la Conselleria de Salud y Consumo para autorizar una transferencia de crédito de 9,4 millones de euros a favor del Servicio de Salud para poder atender los gastos asociados al cumplimiento de varias sentencias que obligan a pagar el complemento de carrera profesional al personal estatutario temporal.

Así, el Servicio de Salud ha solicitado la tramitación de una modificación de crédito por un importe de 9.445.553,05 euros para poder asumir las obligaciones que derivan del cumplimiento de dichas sentencias.

Estas sentencias firmes reconocen el derecho de los recurrentes a percibir el complemento de carrera íntegro, en igualdad de condiciones que el personal fijo, y suponen el pago de atrasos económicos por este complemento --más los intereses legales correspondientes-- y de las costas del procedimiento.

La ciudad de Málaga va a ser protagonista del conocido videojuego 'Minecraft', según el anuncio realizado por el concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis Verde, quien ha explicado que los días 11 y 18 de diciembre se va a celebrar un evento virtual organizado por el Ayuntamiento junto al Campus Tecnológico EVAD y conducido por el conocido influencer malagueño Luh.

Gracias a esta iniciativa, se podrá disfrutar de Málaga en 'Minecraft', se recreará calle Larios, los participantes construirán zonas reconocibles al tiempo que van conociendo datos históricos de la ciudad mientras juegan con este 'streamer' especializado.

Esta actividad gratuita se realizará en dos días, 11 y 18 de diciembre, de 16.00 a 18.00 horas. El objetivo es crear en el videojuego la calle Larios y además aprender datos históricos sobre la ciudad de forma simultánea.

Los participantes deben tener en posesión Minecraft Java Edition y que esté previamente instalado en el equipo. La actividad será online y como canal comunicativo se utilizará Zoom. Hay previstas un millar de plazas; se puede acceder al formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NuSWPwBtQdf3xPXN8. Además, el evento se retransmitirá en directo en el canal https://www.twitch.tv/luh.

DINÁMICA DEL JUEGO

Cada participante al entrar en el mundo de 'Minecraft' tendrá que esperar a las indicaciones de los moderadores para poder empezar con el proyecto. Se comenzará en una zona protegida sin acceso ninguno a la zona del proyecto hasta que estén todos los participantes en el servidor y perfectamente informados sobre cómo actuar en él.

Al entrar en el servidor, se comentarán las reglas, entre las que están cooperar y comunicarse para crear y completar el proyecto. Además, a cada participante se le otorgará una zona delimitada para hacer sus construcciones.