El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles de forma definitiva y por unanimidad el proyecto de ley que suspende la apertura de nuevos locales de juegos y apuestas, casinos y bingos en Canarias hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo que marca la Cámara para reformar la ley del juego de las islas.

No obstante, los grupos de la oposición -CC, PP y Cs- se han desmarcado de la retroactividad de la norma, que fija su inicio el 6 de marzo de 2020, en una votación que se realizó hasta en tres ocasiones.

El proyecto de ley también implica que se amplía la Comisión del Juego y las Apuestas para potenciar aspectos sanitarios y educativos con la inclusión de representantes de entidades que luchan contra las adicciones y la creación de un registro del juego que impide la entrada a los locales de personas que lo tengan prohibido por adicciones.

Ricardo Fernández (Cs) ha tildado de "error" fijar la retroactividad pero ha valorado que la ley sirva para "controlar" la ludopatía y proteger a los menores.

Melodie Mendoza (ASG) ha señalado que la ley "es un paso adelante" porque la ludopatía está creciendo en Canarias y especialmente a los jóvenes se les "bombardea" para que consuman y además, con "rostros conocidos" como reclamo.

No obstante, ha valorado que el Gobierno regional va a hacer campañas de concienciación y advertido de que siguiente reto es la regulación del juego on line.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha destacado que la nueva ley acaba con la "barra libre" que había en el subsector, pues bastaba una declaración responsable para abrir el negocio, lo que generó una "proliferación" de estos locales en todo el archipiélago --51 solo el año pasado--.

Ha advertido de las "adicciones" y "dramas familiares" asociados al juego y pedido alternativas de ocio ante la generalización de los bingos en centros cívicos y asociaciones de vecinos.

Carmen Hernández (NC) ha resaltado su "satisfacción" por que el Paralamento vaya en paralelo a la "demanda de la calle" pues muchos locales de apuestan crecen "en barrios donde la pobreza campa a sus anchas".

EL PRÓXIMO RETO: JUEGO ONLINE

Asimismo, ha incidido en que el juego "es una amenaza seria para la salud", por lo que espera una próxima reforma de la ley del juego de Canarias y que se asume el "próximo reto", el juego online, también vinculado a los videojuegos, pues algunos, caso del 'Fortnite', ya empiezan a pedir dinero real para mejorar la calidad del juego, "una forma soterrada de adicción.

Luz Reverón (PP) ha dicho que las apuestas son "la heroína del siglo XXI", que se agravan con el juego online, mientras que Jana González (CC-PNC) también ha instado al Ejecutivo a "plantar cara" al juego digital y lidere las campañas contra las adicciones.

Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, ha tildado de "paradójico" que los grupos que la pasada Legislatura intentaron introducir los 'esports' en los centros educativos ahora quieran "proteger" a los menores y se ha preguntado qué intereses tiene la oposición en oponerse a la retoractividad.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido de forma contundente este miércoles al bloqueo institucional que mantiene a este órgano sin renovar desde diciembre de 2018 por falta de acuerdo político, y lo ha hecho realizando seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: los de tres Presidencias (de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, lo Social y lo Militar) y los de tres vacantes en la Sala de lo Penal.

Los nombramientos se han producido además con un rotundo consenso entre los sectores conservador y progresista de ese órgano, de modo que todas las designaciones se han hecho con un elevado número de apoyos.

La actividad de nombramientos del CGPJ se ha reactivado después de que en el último Pleno, el del mes de julio, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ordenara retirar del orden de día los referidos a la Sala Segunda (de lo Penal), dada la inminencia de un acuerdo parlamentario que hubiera permitido la renovación y que finalmente no se produjo.

Desde entonces se ha recrudecido el enfrentamiento político y mientras el PSOE acusa al PP de no cumplir la Constitución éstos responden que no pueden respaldar acuerdos con un Gobierno de coalición con Podemos, al que califican de "antisistema".

Así las cosas, el órgano de Gobierno de los jueces ha dado hoy un puñetazo sobre la mesa y ha acordado seis nombramientos que se han negociado en bloque, logrando un equilibrio entre los perfiles de los nuevos magistrados que acceden a sus cargos.

Las votaciones se han sucedido después de que el vocal y exdiputado Álvaro Cuesta, designado a propuesta del PSOE, propusiera retirar del orden del día los nombramientos previstos.

Su petición ha sido secundada por dos de los veinte miembros del Pleno restantes, Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU y Pilar Sepúlveda, también designada con el apoyo del PSOE. Cuesta y Sáez han anunciado la formulación de voto particular.

Sin embargo, el Pleno ha acordado retirar del orden del día, con el objetivo de alcanzar consensos lo más amplios posibles, los puntos relativos a la provisión de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Provincial de Ourense, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

MARCHENA FUE NOMBRADO CON UN CGPJ EN FUNCIONES

Fuentes del CGPJ han señalado a Europa Press que no se les puede reprochar que estos puestos claves se hayan designado en funciones, ya que no lo impide ningún precepto legal y además no es la primera vez que ocurre.

De hecho, en el Consejo en el que ocupaba una vocalía el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, realizó nombramientos en funciones de la importancia de la Presidencia de lo Penal, que logró Manuel Marchena en enero de 2007.

NUEVOS MAGISTRADOS

Por lo que respecta a la Sala de lo Penal, entran el conservador Ángel Hurtado y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente como nuevos miembros de la Sala de lo Penal. Todos ellos han recibido 19 votos a favor y dos vocales han votado en blanco, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El acuerdo alcanzado entre los sectores conservador y progresista de este órgano ha excluido finalmente a una de las magistradas que más sonaba en las 'quinielas' la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, si bien logra entrar en el alto tribunal uno de los magistrados de este órgano, Ángel Hurtado, que fue el juez de 'Gürtel' contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Por el lado progresista consigue acceder a la cúpula judicial el magistrado del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Javier Hernández, de quien se destaca su brillantez técnica, mientras que para la tercera plaza vacante se ha designado a Leopoldo Puente Segura, actualmente en el TSJ de Madrid.

Estas tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.

PRESIDENCIAS

En la Sala Cuarta (de lo Social) la elegida ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, que se convierte así en la primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo en los más de doscientos años de historia del alto tribunal, creado por las Cortes de Cádiz en 1812. Segoviano ha obtenido 19 de los 21 votos del Pleno. Los vocales Cuesta ySáez han votado en blanco.

Además el Pleno ha elegido al magistrado César Tolosa presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ha recibido 18 votos frente a un único voto logrado por la candidata Pilar Teso, mientras que otros dos votos han sido en blanco.

Para la Sala de lo Militar se ha impuesto Jacobo López Barja de Quiroga con 19 votos y dos en blanco frente al exfiscal general de Estado y actual magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal Julián Sánchez Melgar.

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han incautado en una operación conjunta denominada Goleta-Gratil un total de 35 toneladas de droga en el que ha sido el mayor golpe al tráfico de hachís realizado por España por vía marítima, sustancia que hubiera tenido un precio en el mercado negro de unos 60 millones de euros.

En este sentido, la investigación conllevó la interceptación de cuatro veleros de alta gama entre los días 24 y 28 de septiembre pertenecientes todos a la misma organización, si bien ya en los meses de marzo y julio se abordaron otros dos veleros de la misma organización con 4.600 kilos de hachís. En total, las autoridades han procedido a la detención de once personas, entre ellos nueve búlgaros y dos rusos.

Así lo han puesto de manifiesto el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y los responsables del operativo, el comisario general de policía judicial, Rafael Pérez Pérez, y el subdirector de operaciones de Vigilancia Aduanera, Manuel Montesinos, este miércoles tras realizarse la descarga de parte de la droga intervenida en el Arsenal Militar de Las Palmas.

Al respecto, desde Vigilancia Aduanera, Montesinos explicó que se trata de la operación más importante que se ha realizado hasta la fecha, no sólo por las cantidades intervenidas, "sino también por la complejidad de organizar un operativo marítimo contra cuatro objetivos que simultáneamente partieron para hacer cuatro alijos de droga".

Señaló que se organizó un dispositivo con medios navales y aéreos para intervenir los cuatro objetivos simultáneamente. Así, participaron en diferentes escenarios del Océano Atlántico cuatro patrulleros, un helicóptero y un avión de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y el BAM 'Meteoro' de la Armada.

Mientras, el comisario general de Policía Judicial, Rafael Pérez, hizo especial hincapié en la cooperación internacional que ha tenido lugar para conseguir esta aprehensión de hachís. "La cooperación es el pilar de cualquier operación contra el tráfico ilícito de estupefacientes", aseveró.

LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN OCTUBRE DE 2019

Explicó en este punto que la investigación se inició en octubre de 2019 cuando investigadores del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Andalucía y de Policía Nacional detectaron una embarcación sospechosa de narcotráfico, el 'Amaalta', comenzando una investigación conjunta sobre ésta y otras embarcaciones.

Por su parte, la organización había establecido inicialmente su base de operaciones en las Islas Baleares, desde donde pretendía preparar las embarcaciones fuera del posible control que normalmente se ejerce por parte de las Fuerzas de Seguridad sobre las zonas más activas o calientes en las que actúan las organizaciones para llevar a cabo este tipo de actividades ilícitas.

Las actuaciones conjuntas fueron judicializadas en el Juzgado Mixto Nº 5 de El Puerto de Santa María, abriéndose posteriormente nuevas diligencias, en función del avance de las investigaciones, en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Manacor, Juzgado de Instrucción Nº 3 de Inca y el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Telde (Gran Canaria).

Del mismo modo, en los meses siguientes se detectaron más embarcaciones sospechosas del mismo grupo ('Phase One', 'Hanna', 'Sweet Breeze', 'Eagle Ray' y Carla), todos ellos veleros de alta gama.

DOS VELEROS DETECTADOS EN MARZO Y JULIO

El primer fruto de la investigación se produjo el 26 de marzo, cuando el patrullero 'Paíño' de Vigilancia Aduanera, con base en Palma de Mallorca, abordó a 80 millas al sur de Mallorca el velero 'Phase One', de 17,2 metros de eslora y bandera holandesa, con 4.244 kilos de hachís.

Posteriormente, el 14 julio de 2020, se produjo la segunda actuación contra la organización, mediante la intervención del 'Hanna', de 14,5 metros de eslora y bandera del Reino Unido, en el Golfo de Cádiz, con 360 kilos de hachís a bordo.

CUATRO VELEROS INCAUTADOS EN CINCO DÍAS

A partir de ese momento se activó un dispositivo de control marítimo con la finalidad de proceder a la interceptación de más embarcaciones, en el que participan medios de Vigilancia Aduanera y de la Armada española.

Así, el 'Sweet Breeze', de bandera del Reino Unido y 21,99 metros de eslora, fue abordado por el patrullero 'Sacre' de Vigilancia Aduanera, con base en Las Palmas, el 24 de septiembre, al sudeste de Fuerteventura y en aguas internacionales, con 10.700 kilos de hachís.

El mismo día, el 'Eagle Ray', de bandera del Reino Unido y 18,6 metros de eslora, fue abordado por el patrullero 'Águila II' de Vigilancia Aduanera, con base en Algeciras, en aguas internacionales próximas al Estrecho de Gibraltar con 9.300 kilos de hachís.

Ya el 26 de septiembre, el 'Amaalta', de bandera alemana y 17,2 metros de eslora, fue abordado por una dotación de presa de Vigilancia Aduanera embarcada en el BAM 'Meteoro' de la Armada Española frente a las costas de Mauritania, en aguas internacionales, con una cantidad estimada de 4.500 kilos de hachís.

En este caso, Montesinos comentó que la operativa resultó especialmente compleja, debido a que el velero presentaba una importante vía de agua que motivó que quedara sin gobierno a merced de unas condiciones meteorológicas muy desfavorables tras la actuación, y que llevó al hundimiento del velero en el regreso a puerto.

Por último, el 28 de septiembre, el Carla, de bandera holandesa y 16,2 metros de eslora, fue abordado en aguas al sudeste de Fuerteventura por el patrullero 'Sacre' de Vigilancia Aduanera, con base en Las Palmas, con una cantidad estimada de 6.000 kilos de hachís.

LA PRESIÓN EJERCIDA HACE QUE CAMBIEN DE RUTAS

Desde la Policía, Pérez resaltó la presión que se ha venido ejerciendo en el campo de Gibraltar, que ha hecho que se haya producido un cambio en las rutas que las organizaciones criminales llevan a cabo.

La presión desde Marruecos hacia el campo de Gibraltar ha posibilitado que estas organizaciones intenten modificar las rutas de abastecimiento para el resto de Europa utilizando el canal pesquero paralelo a Portugal, o incluso de algún país del sur de África, para iniciar rutas marítimas", observó.

Con todo, en esta operación se ha atacado así a la capacidad logística de los máximos responsables de las organizaciones criminales de origen búlgaros dedicadas al transporte de sustancias estupefacientes en embarcaciones de recreo, evitando que nuevas rutas surjan o aparezcan aprovechando la pandemia.

Finalmente, la investigación sigue abierta en estos momentos, tratando de localizar e identificar nuevos integrantes de la organización criminal, no se descartan nuevas detenciones.

En la operación en su conjunto han participado, por parte de la Agencia Tributaria, la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera, la red de Oficinas de Inteligencia Marítima de V.A. y las Áreas Regionales de V.A. de Andalucía, Canarias y Baleares. Por parte de Policía Nacional han participado la Sección IV BCE-UDYCO Central, BCE-Grupo 50, BCE-GRECO Cádiz, Sección OCT BCCO-UDYCO Central, UDYCO Mallorca, UDYCO Las Palmas y GRECO Málaga.

La nueva prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas será compatible con un empleo a tiempo parcial por cuenta ajena, tanto si este empleo se obtiene después como si se está ejerciendo en el momento de reconocimiento de la prestación.

No obstante, en estos supuestos, la cuantía de la mencionada prestación extraordaria se verá reducida en la parte proporcional al tiempo trabajado.

Así lo recoge el Real Decreto-Ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero y en el que se regula esta prestación, pensada sobre todo para los trabajadores del sector turístico.

Esta prestación extraordinaria se reconocerá a los trabajadores con contrato fijo discontinuo y a aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas si han estado afectados, durante todo o parte del último período teórico de actividad, por un ERTE de fuerza mayor o de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cuando dejen de estar afectados el mismo al haberse alcanzado la fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad.

El reconocimiento de esta prestación exigirá la presentación por parte de la empresa de una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias, que incluirá a todas las personas con contrato fijo discontinuo o para la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que dejen de estar afectadas por el ERTE.

También podrán beneficiarse de esta prestación los trabajadores con contrato fijo discontinuo y los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que cobraron una prestación por desempleo durante la pandemia sin tener las cotizaciones necesarias, siempre que, una vez agotada, continúen en el paro y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo de nivel contributivo ni asistencial, o la agote antes del día 31 de enero de 2021.

En estos casos serán los propios trabajadores afectados los que deberán solicitar la prestación extraordinaria.

El plazo para la presentación de esta solicitud es el establecido en el artículo 268 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social con carácter general (15 días desde el nacimiento del derecho). Para las situaciones producidas antes de la entrada en vigor de esta nueva prestación, el plazo será de 15 días a contar desde hoy.

La duración de esta prestación se extenderá desde la finalización de la prestación por desempleo de la que se haya sido beneficiario durante la pandemia hasta el 31 de enero de 2021.

No obstante, la prestación podrá interrumpirse por la reincorporación temporal del trabajador a su actividad, debiendo en este caso la empresa comunicar la correspondiente baja en la prestación extraordinaria.

En el caso de que el trabajador inicie una actividad por cuenta propia o cambie de empresa, será él el sujeto obligado a comunicar su baja en la prestación.

En todos los casos, la prestación extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud del trabajador en la que se acredite el cese involuntario en el trabajo por cuenta propia o por encontrarse nuevamente en situación legal de desempleo, siempre que aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021.

Esta prestación se abonará por periodos mensuales y su importe será igual al de la última prestación contributiva por desempleo percibida o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PRESTACIONES COMPATIBLES CON TIEMPO PARCIAL

La norma que prorroga los ERTE contempla además el pago de una compensación económica para los beneficiarios de la prestación por desempleo en la pandemia cuya cuantía se hubiera visto reducida en proporción al tiempo trabajado por mantener en el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por ERTE.

Estas personas tendrán derecho a percibir una compensación económica cuyo importe será equivalente a lo dejado de percibir por la deducción efectuada.

Dicha compensación se abonará en un solo pago previa solicitud del interesado. Ésta tendrá que presentarse a través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hoy hasta el día 30 de junio de 2021.

La presentación de la solicitud fuera de este plazo implicará su denegación y el plazo máximo para que el SEPE resuelva se extenderá hasta el día 31 de julio de 2021. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, el solicitante podrá entenderla como denegada.

La medida anunciada este miércoles por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería después de las reivindicaciones de los municipios para disponer de estos ahorros.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que ha explicado que los ayuntamientos podrán disponer de este dinero durante los años en los que quedan suspendidas las reglas fiscales -2020 y 2021-.

Eso sí, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas.

Asimismo, la medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos dos años. Con todo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las Comunidades Autónomas y entidades locales para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

ETERNA 'BATALLA' DE LOS AYUNTAMIENTOS

La disposición de los remanentes de tesorería ha sido una constante reivindicación de los ayuntamientos, que ha cobrado aún más fuerza con la pandemia del coronavirus. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) logró en verano un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que materializaba una fórmula para disponer de este dinero.

Sin embargo, el pacto entre la cúpula de la FEMP y el Ministerio de Hacienda se encontró con la oposición por parte del resto de grupos que forman la agrupación municipalista y el acuerdo salió adelante gracias al voto de calidad de Abel Caballero y la abstención de Unidas Podemos.

El Gobierno decidió convertir el acuerdo en un decreto ley, algo que provocó que lo llevara al Congreso y éste fuera tumbado por una amplía mayoría en la Cámara Baja. Este mismo martes, Caballero anunció que veía "cerca" otro acuerdo con el Ministerio en materia económica que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes.

El Servicio de Logopedia de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar ha registrado un importante incremento en las consultas de profesores afectados por disfonías debido al uso de mascarilla en las aulas.

La especialista de esta unidad Maria Soledad Angulo ha asegurado que este fenómeno es debido al "esfuerzo que realizan los profesores por comunicarse con sus alumnos tratando de contrarrestar el inconveniente de tener la cara oculta por la mascarilla de protección".

La logopeda ha explicado que "las mascarillas limitan la expresión y la gesticulación por lo que las profesionales que deben dirigirse a un público o colectivo, como es el caso de un grupo de alumnos en el aula, suelen forzar su voz para que los escolares puedan recibir el mensaje sin restricciones".

Esta limitación, unida a la restricción de la distancia social establecida en el protocolo de seguridad, provoca que el docente aumente la intensidad y el volumen de la voz, han señalado a través de un comunicado.

"En nuestra consulta observamos que muchos de los docentes no conocen técnicas vocales adecuadas que les permitan proyectar su voz durante horas y la mayoría tampoco ha adquirido hábitos en el cuidado de su voz", ha detallado la responsable del Servicio de Logopedia de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar.

Además, ha advertido de que el desgate masivo que se produce por forzar la voz puede acarrear importantes problemas que pueden derivar en patologías vocales e incluso en cirugía vocal.

Angulo aconseja seguir unas pautas de higiene vocal adecuadas para concluir sus jornadas escolares "sin dolor, carraspeos, fatiga vocal, picor o cualquier otro síntoma que indique irritación o desequilibrio de su laringe, así como sobreesfuerzo de los pliegues vocales".

Por último, la logopeda recomienda inhalaciones con vapor, la ingesta diaria de un litro y medio de agua y el consumo de infusiones con orégano y erísimo (hierba del cantor) que ayudan a aliviar y relajar la zona laríngea. Queda totalmente desaconsejado por parte de la especialista el consumo de alimentos ácidos, miel, café, té, alcohol y tabaco, ya que pueden producir deshidratación en los pliegues vocales.

NUEVA UNIDAD DE LOGOPEDIA

La doctora Maria Soledad Angulo dirige el Servicio de Logopedia de los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar. Esta unidad está especializada en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las diferentes problemas que intervienen en la comunicación, ya sea lenguaje oral, escrito o gestual.

Los trastornos más habituales en el Servicio de Logopedia son: trastornos del habla (alteraciones en los sonidos, dificultades en la pronunciación, disfemia o tartamudez, disartria), trastornos de lecto-escritura (dislexia, discalculia, disgrafía), trastornos del lenguaje (afasia, retraso en el desarrollo del lenguaje escrito o hablado), trastornos de la voz, retraso madurativo, austimo, TGD, TDAH, entre otros. El objetivo principal de la terapia logopédica es centrarse en la expansión de la comunicación de la persona, han detallado.

La obesidad infantil afecta al 23 por ciento de las familias con rentas más bajas, mientras que apenas al 11 por ciento en aquellas con más recursos, según ha desgranado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en base a los resultados del 'Estudio Aladino 2019 sobre Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España', presentado este miércoles.

'Aladino' es un estudio descriptivo transversal de las medidas antropométricas obtenidas por medición directa y de factores asociados obtenidos mediante cuestionarios en una muestra aleatoria de 16.665 escolares de 276 centros de Educación Primaria, representativa de la población escolar de 6 a 9 años residente en España. El trabajo de campo se ha realizado entre octubre y diciembre de 2019 en las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas del territorio nacional.

De acuerdo con sus resultados, se observa una tendencia descendente del exceso de peso desde 2011 y estabilización respecto a 2015, aunque la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares de 6 a 9 años en España sigue siendo elevada. Según este informe, cuatro de cada diez escolares de seis a nueve años presenta exceso de peso.

De entre los factores asociados a la obesidad, siguen destacando los relacionados con los hábitos de alimentación y con la falta de actividad física, como el bajo consumo de frutas y hortalizas o el uso excesivo de pantallas. También sigue existiendo una brecha importante en la situación ponderal de los escolares dependiendo del nivel de ingresos económicos de la familia y el nivel educativo de los progenitores.

En este sentido, Garzón ha resaltado durante su intervención que "la clase social afecta a los indicadores de obesidad y sobrepeso. "En los barrios populares, la tasa de obesidad es del doble que en los barrios ricos. No es un problema solo de salud, es socioeconómico y, por tanto, también político", ha indicado, señalando que en las zonas más pobres los niños "consumen más golosinas, comida rápida y tienen menor adherencia a la dieta mediterránea.

El ministro ha insistido en que la obesidad infantil "tiene una vinculación estrecha con los factores económicos". "Estamos hablando de pobreza, es transversal. La clase social incide de manera directa en el tipo de alimentación, ocio, vida cotidiana y en los resultados de todos estos procesos", ha apostillado al respecto.

Garzón ha recordado que, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.900 millones de personas adultas tienen sobrepeso y 250 millones obesidad. "Estamos ante un problema de salud muy notable, y asociado a las principales enfermedades crónicas, como cardiovasculares, hipertensión, algún tipo de diabetes e incluso cáncer. Estamos ante un problema muy importante", ha concluido.

La regulación del teletrabajo para en torno a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas españolas entrará en vigor mañana, jueves, y las administraciones que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en el real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses para hacerlo.

Así figura en el real decreto ley que incluye la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece su entrada en vigor desde este jueves, tras haber sido aprobado el martes en el Consejo de Ministros después del acuerdo alcanzado la semana pasada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los sindicatos del sector público (CSIF, CC.OO. y UGT).

En concreto, la norma supone la modificación del artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiendo el 47 bis, y será aplicable en torno a 2,5 millones, tanto personal funcionario como laboral, de todas las administraciones publicas del país, si bien cada comunidad autónoma procederá a la adaptación de la norma, para lo que disponen de seis meses.

Siguiendo la senda abierta por este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y la experiencia en el ámbito privado, el Gobierno destaca en la disposición de la nueva norma que se aprobaron diversas normas reguladoras, si bien apunta que la implantación del teletrabajo y su uso efectivo en las administraciones públicas "se ha visto verdaderamente acelerada a partir de marzo de este año" por el Covid-19.

En ese sentido, ha destacado que el uso del teletrabajo ofrece "importantes ventajas con potencial para reducir la expansión de la Covid-19", al posibilitar el uso de medios tecnológicos para realizar tareas a distancia o de manera virtual, sin necesidad de la presencia física en las dependencias durante la jornada laboral, manteniendo la actividad y la prestación de servicios públicos.

"Supone una oportunidad para la introducción de cambios en las formas de organización del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en el bienestar de las empleadas y los empleados públicos, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y en una administración más abierta y participativa", resalta.

VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

El nuevo artículo del Estatuto Básico del Empleado Público añadido por el real decreto ley establece que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser "expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial", si bien tendrá carácter voluntario y reversible "salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados".

Conforme a la norma, se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el "uso de tecnologías de la información y comunicación".

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

LA ADMINISTRACIÓN PROPORCIONARÁ LOS MEDIOS NECESARIOS

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser "expresamente autorizada".

Así, el personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital, así como en materia de confidencialidad y protección de datos, al tiempo que la Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, "siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito", y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva.

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO NEUTRO

En cuanto al impacto económico y presupuestario, resulta neutro, según el Ministerio de Función Pública, ya que la norma propuesta no produce incremento de gasto presupuestario, al no llevar aparejado ningún coste presupuestario directo en términos de variación de la remuneración o condiciones económicas de los empleados públicos.

De hecho, el Ministerio subraya que los impactos por razón de género, sobre la infancia y la adolescencia y sobre la familia son positivos, dado que puede favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y puede ayudar a sostener las rentas disponibles de las familias por ahorro de gastos de transporte y análogos.

La semana pasada el Consejo de Ministros ya aprobó la Ley de Trabajo a Distancia para el ámbito privado, que establecía que el trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses y deberá ser sufragado o compensado por la empresa.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha rehusado explicar durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso por qué la inhabilitación del ex presidente de Cataluña Quim Torra, que fue confirmada el lunes por el Tribunal Supremo, aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), formalidad necesaria para que pueda ser sustituido.

La pregunta la ha planteado la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs. "¿No le da vergüenza?", ha dicho la diputada catalana, poniendo de relieve la tardanza por parte del Gobierno en el cumplimiento de este trámite formal.

Sin embargo, Campo no ha contestado y ha pasado directamente a la segunda parte de la pregunta de Borràs, sobre el inicio esta misma semana de la tramitación de los indultos presentados ante el Ministerio de Justicia a favor de los doce condenados por el 'Procès'.

A este respecto, el ministro ha incidido en que "la tramitación de un indulto no es ninguna respuesta política", sino que obedece al "cumplimiento del ordenamiento jurídico", que -ha subrayado- establece "un procedimiento absolutamente reglado" en el cual participan varios actores, incluidos el tribunal sentenciador, las víctimas del delito en cuestión y el Gobierno, conforme ha enunciado.

En su réplica, Borràs ha retomado la cuestión de Torra al aseverar que el Gobierno "no se atreve" a publicar su inhabilitación en el BOE porque supone "derrocar a un presidente democráticamente escogido", al tiempo que ha augurado que "la justicia europea acabará inhabilitando a la justicia española". "A más represión, más determinación de la necesidad de disponer de un Estado propio que nos respete", ha remachado la portavoz de Junts.

Campo ha respondido que entiende la "argumentación política" de Borràs, si bien ha insistido en que España es "un Estado Social y Democrático de Derecho" donde "las sentencias se acatan y se hacen ejecutar" y, en consecuencia, ha aclarado que no valorará ni la sentencia contra Torra ni ninguna otra. "Le digo que este Gobierno solo tiene un instrumento para eso: el diálogo", ha zanjado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a aludir a la "situación delicada" en Cataluña, y a los problemas de "convivencia" a cuenta de la inminente sentencia que ha supuesto la inhabilitación del ya expresident Quim Torra, como razón de la ausencia de Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona. Ha apuntado que fue una "decisión colegiada" en la que se valoró esta situación "y otras muchas cuestiones".

Campo ha respondido de este modo a la pregunta que le ha realizado en la sesión de control de Congreso de los Diputados el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que ha reclamado conocer las razones por las que el Gobierno "impidió" la presencia del jefe del Estado en un acto al que siempre había acudido.

Como primera respuesta, el titular de Justicia ha lamentado que "con la que está cayendo" la preocupación del diputado de Vox no sea la crisis sanitaria y ha apuntado que dadas las circunstancias que rodeaban el acto en Cataluña se trató de cambiar la fecha "y no fue posible".

A ello se añadió, según ha recordado el ministro, el hecho de que al acto no confirmaran su asistencia altos cargos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e incluso la consejera del ramo.

Para Gil Lázaro, sin embargo, lo ocurrido fue un "veto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas", con el objetivo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en el poder, algo que llegó a a calificar de "expresión de vileza moral", del Ejecutivo.

Para el parlamentario del partido liderado por Santiago Abascal, el Gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa con los "golpistas" porque así lo requieren "el señor del moño" -en alusión al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- y sus voceros desde el Consejo de Ministros, pese a que ello conlleve un ataque a la monarquía.

Para Campo, sin embargo, lo "impresentable y absolutamente inmoral" es convertir lo ocurrido en una crisis institucional. "Puede decir lo que quiera, pero la realidad es lo que es cuando habla de la Constitución parece algo suyo y no es suyo si no de todos los españoles", le ha contestado el ministro, que ha concluido recomendando al diputado de Vox que "busque la senda de la democracia".

PROYECTO DE PAÍS

El asunto de la ausencia del rey también ha salido a colación de otra pregunta, esta vez realizada por el diputado popular Carlos Rojas García, quien ha planteado a Campo si considera que el proyecto de país del Gobierno encaja en nuestro Estado de Derecho.

Campo ha respondido afirmativamente, aunque "otra cosa es que no le guste" al Grupo Parlamentario del PP, si bien ha defendido que el proyecto del Gobierno de Sánchez "es un proyecto inclusivo que abraza a todos y no deja a nadie fuera".

Según el titular de Justicia el proyecto socialista pivota sobre cuatro pilares, que son la justicia social, la defensa de los servicios públicos, la libertad y la cohesión social, y ello se mantiene incluso con la pandemia.

Como respuesta a estas manifestaciones el diputado del PP ha sacado a colación el asunto del rey, preguntando directamente a Campo que dijera quién tomó la decisión de vetarle en Barcelona, y añadiendo que hemos llegado a un estado donde hay ministros que atacan a los jueces y animan la 'okupación' de viviendas, mientras que diputados de la coalición con Podemos son investigados por atentado contra la autoridad, aludiendo con ello a la investigación abierta en el Tribunal Supremo al secretario de organización del partido morado Alberto Rodríguez. "Ese es su gobierno y su proyecto de país", ha añadido Rojas García.

"No nos vale el ministro del silencio, ese sí que se ha pasado tres pueblos y usted está calladito, defienda a los mas de 5000 jueces que se dejan la piel todos los días por servir a su país", ha añadido, en alusión a unas palabras captadas por el micrófono abierto en el acto de Barcelona y atribuidas a Campo, en las que él más tarde dijo no reconocerse.

El ministro dijo querer ser coherente con la pregunta y ha emplazado la respuesta sobre el rey a la que más tarde iba a formular el diputado de Vox, limitándose a acusar a Rojas García de participar en un proyecto, el del PP, que es el de la trinchera, el negacionismo, el no a todo, no apoyar al Gobierno en la pandemia ni en unos presupuestos de reconstrucción". "Sé que a usted no le gusta el plan del Gobierno, pero es el que hay", ha concluido.

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha presumido este miércoles de comunista y republicano y ha evitado rectificar las críticas que dirigió el pasado viernes al Rey, al que acusó de "maniobrar" contra el Gobierno. El PP, por su parte, le ha reiterado la urgencia de que dimita de su cargo por esos ataques al Jefe del Estado y por ser un ministro "inservible" para la defensa de los valores democráticos de la Constitución.

Durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha cargado las tintas contra Garzón, al que ha censurado por atacar el sector turístico, por llamar "golpistas" a la Policía y Guardia Civil y por haber cometido un acto "inaceptable" en democracia, como es "poner en entredicho" la neutralidad de la Jefatura del Estado y el papel que representa en el marco constitucional.

APAGUE LA LUZ Y CIERRE AL SALIR

"En más de 40 años nadie se atrevió a traspasar tantas líneas rojas y conducirnos a una crisis institucional sin precedentes", ha dicho Jerez, quien ha criticado al Gobierno por tener "secuestrada" las funciones del Jefe del Estado, por "maltratar" al Poder Judicial y por pretender "liquidar por la vía rápida" el régimen del 78.

"¿Piensa usted rectificar o dimitir?", le ha planteado Jerez a Garzón, al que ha afeado que haya roto su promesa de lealtad al Rey con la que asumió su cargo y de quien ha dicho que es actualmente "el que menos aporta a España y el más prescindible de los 23". Ha agotado su vida útil, apague la luz y cierre la puerta al salir", le ha soltado.

En su respuesta, el titular de Consumo ha subrayado que la Constitución de 1978 "explicita claramente la neutralidad de las instituciones fundamentales, incluyendo la Jefatura del Estado", pero no ha querido ir más allá en sus palabras.

"QUIEREN A LA CORONA LO MISMO QUE AL PODER JUDICIAL"

Sí ha acusado a los 'populares' de ser ellos quienes "no tienen interés en la neutralidad de las instituciones" e incluso de no ser "constitucionalistas". "Ustedes quieren a la Corona lo mismo que al Poder Judicial, para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes", ha manifestado.

"Y por eso -ha proseguido- se enorgullecen de utilizar las salas judiciales para interés propio, utilizaron a la Policía para espiar a los rivales e inventar pruebas y saquearon las instituciones durante muchos años".

Garzón ha lamentado que el PP vea "antiespañoles" a todo aquél que no concuerde con su idea "reaccionaria" de lo que es España y que no acepte otra visión de país. "Pero hay otros españoles que pensamos de forma diferente a ustedes y somos igualmente españoles y no usamos las instituciones para lanzárselas al resto", ha insistido.

En todo caso, ha concluido apuntando que, a tenor de las sentencias judiciales, el PP está "más tiempo cerca del delito que cerca de la Constitución". "Ustedes son muchas cosas pero no son constitucionalistas", ha zanjado.

La consejera de Salud, Sara Alba, ha informado hoy de que La Rioja "no contempla" pedir el Estado de Alarma pero "si fuera necesario" se solicitaría.

Alba ha sido una de las consejeras que, hoy, ha tenido que responder en el pleno del Parlamento de La Rioja a preguntas de los diputados. En concreto, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha querido conocer cuál es el escenario previsto para solicitar el Estado de Alarma, instándole a que "responda porque nos tiene acostumbrados", ha dicho, "a no responder".

La consejera ha dicho que se pedirá cuando no se puedan "ni reconocer los focos ni seguir los brotes y, a la vez, no se pueda sujetar el sistema asistencial". Ha añadido que "ninguno de estos extremos ha llegado". Además, ha sumado, se analizaría la posibilidad de "no poder llevar a buen puerto las recomendaciones".

Garrido le ha acusado de ser "responsable de que La Rioja sea una de las comunidades más golpeadas de España y de Europa, con una clase media empobrecida y con una falta de transparencia como nunca antes había existido".

La también diputada popular María Martín ha querido saber si, dado que la alcaldesa de Calahorra y los alcaldes de Aldeanueva de Ebro y Rincón solicitaron el autoconfinamiento de los vecinos, Salud debería haber tomado medidas con anterioridad a estas recomendaciones.

Alba ha asegurado que "este gobierno toma las decisiones con el mayor dinamismo" y Martín le ha replicado que "decían tener la situación perimetrada y ayer se tomó la decisión tarde y mal". La popular ha creído que "es mejor que Andreu se marche y deje paso a otros que sí sepan gestionar".

Alba le ha comparado con el Capitán A Posteriori y ha dicho que los alcaldes han estado informados en tiempo y en forma.

Martín también ha querido saber si le parece razonable que las Urgencias continúen sin el equipamiento necesario en la Fundación Hospital de Calahorra. Alba ha dicho que "las Urgencias tuvieron el equipamiento necesario porque si no hubieran atendido de forma sobresaliente la situación epidemiológica" y "la ampliación está plenamente operativa y duplica la superficie útil del Servicio de Urgencias".

El popular Carlos Cuevas ha señalado las críticas recibidas por el nombramiento del nuevo subdirector general de Coordinación Sociosanitaria, el periodista Rubén Vinagre, por no ser un profesional del sector.

"La señora Andreu cesa a todo el que se menea y a usted se le van de dos en dos", ha dicho, "y mientras La Rioja ni controlada ni perimetrada". Alba le ha reprochado que no den tiempo al subdirector a empezar a gestionar para criticar. Ha insistido en que el anterior subdirector "por motivos personales" y "no verse con fuerzas" prefirió irse.

Ha explicado que el anterior dio un enfoque centrado en la enfermería y ha añadido: "Creímos que, ahora, la subdirección debía tener un enfoque diferente a septiembre, transversal y con un alto grado de colaboración, por ello necesitábamos un perfil todoterreno que conozca de primera mano lo que es lidiar con la gestión de la pandemia, una visión de conjunto y saber lidiar con la comunicación.

El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de octubre la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una nueva prórroga de la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles, aprobada en julio, y que se ampliará hasta las 24 horas del último día de octubre.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia.

Esta recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir reduciendo el listado de terceros países en vista del empeoramiento de la situación epidemiológica en varios de ellos.

Los países cuyos residentes no se ven afectados por esta orden son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.

Quedan exentos de estas restricciones los residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino que se dirijan a ese país, acreditándolo documentalmente.

También los titulares de un visado de larga duración expedido por un estado miembro o asociado Schengen que vayan a ese país, profesionales de la salud, investigadores sanitarios y profesionales del cuidado de mayores, personal de transporte, diplomáticos, estudiantes o personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados, entre otros.

Andalucía registra este miércoles 21 muertes por coronavirus (Covid-19) en 24 horas, cuatro menos que las contabilizadas este martes, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Pres, que registra 1.071 casos confirmados por PCR, 165 menos que en la jornada anterior.

En cuantos a los decesos, en Granada se han producido nueve muertes en las últimas 24 horas, seguida de Sevilla con cuatro fallecimientos, mientras que en Málaga y Córdoba ha habido tres, respectivamente, y dos en Cádiz. El resto de provincias no suma fallecidos.

Sevilla, con 337 casos confirmados por PCR se vuelve a situar como la provincia con mayor número de positivos en las últimas 24 horas, seguida de Granada con 194, Cádiz con 150, Jaén con 148, Málaga con 111, Almería con 53, Huelva con 41 y Córdoba con 37

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Unidas Podemos en el Pleno del Congreso de tratar de imponer su agenda "sectaria" desde el Gobierno durante la crisis del coronavirus, a lo que el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha respondido avanzando que el Gobierno de coalición elegirá un camino "muy distinto" al de Cs.

"Ustedes están aprovechando el dolor y la debilidad de España durante la pandemia para intentar imponer su agenda ideológica sectaria, para atacar al Rey y para convertir nuestro país en una república bananera controlada por ustedes", ha dicho Arrimadas a Iglesias durante la sesión de control al Ejecutivo.

Sin embargo, "por suerte para España y por desgracia para ustedes, la democracia española es mucho más fuerte de lo que ustedes se creen", ha advertido.

El secretario general de Podemos y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 considera "legítimo" que Ciudadanos pretenda, alcanzando acuerdos, que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "cambie de rumbo", pero ha señalado que "en política hay que elegir". Y la formación naranja, ha indicado, "ha elegido gobernar con el apoyo de la ultraderecha" en varias comunidades autónomas.

"Tengo que informarle, con el mejor tono y con la mejor disposición, de que el camino del Gobierno de coalición va a ser muy distinto al de ustedes", ha declarado.

Iglesias se ha pronunciado así después de que Arrimadas le preguntara si cree que, desde su cargo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, está ayudando a resolver "los grandes problemas que tienen los ciudadanos" por el impacto del Covid-19.

Según la líder de Cs, durante estos meses los españoles han visto cómo morían más de 50.000 personas por el virus, han reconocido la labor de los sanitarios frente a la pandemia, han sufrido la destrucción de más de un millón de empleos y han estado preocupados ante el comienzo del nuevo curso escolar.

Mientras tanto, el vicepresidente segundo y su partido han "instado a hacer caceroladas" contra el Rey Felipe VI y se han dedicado a "atacar a los jueces que investigan la corrupción" de Podemos y a intentar "repartise la Justicia como buena casta política clásica" en la que se han convertido "con una rapidez asombrosa", ha enumerado.

Además, Arrimadas ha acusado a la formación morada de promover "algaradas contra todo gobierno que no sea de su color político" y de "dar privilegios" a los partidos independentistas, ofreciendo "indultos y rebajas penales a la carta" a los políticos condenados por malversación y sedición por el proceso separatista de 2017 en Cataluña.

"A todos se nos va a juzgar por lo que hemos hecho ante la pandemia" y, pese a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y a que éste es "el que peor ha gestionado la pandemia" en todo el mundo, "nosotros hemos sido responsables" para acordar medidas que "sabemos que han salvado vidas y empleos en nuestro país, porque siempre defendemos el interés general y lo vamos a seguir haciendo", ha destacado.

Iglesias ha destacado que, pese a los "errores" que haya podido cometer, la Vicepresidencia Segunda que encabeza ha respondido a la crisis económica y social poniendo "la defensa del interés general" como principio rector de sus políticas.

En cambio, ha puesto en duda que Cs genere confianza a los ciudadanos mientras gobierna la Comunidad de Madrid junto al PP de Isabel Díaz Ayuso y "con apoyo de la ultraderecha", en referencia a Vox. "Hay que tener el rostro de cemento armado para preguntarnos eso cuando usted gobierna con Bildu, unos señores que ni han condenado el terrorismo", le ha espetado Arrimadas.

El líder de Podemos, por su parte, ha insistido en criticar esa dependencia de Ciudadanos respecto a Vox y ha recordado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien "admiran mucho", censuró claramente el acercamiento del partido naranja a "la extrema derecha".

Asimismo, Iglesias ha resaltado que el Gobierno de Macron propone potenciar la soberanía sanitaria e industrial de Francia para hacer frente a la pandemia. "Si eso lo decimos nosotros, ustedes dicen que es socialcomunismo", ha agregado Iglesias, que también ha dicho a Cs que no se puede apostar a la vez por el refuerzo de los servicios públicos y por las privatizaciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurado este miércoles los ataques al Rey por parte de miembros del Gobierno como Pablo Iglesias y Alberto Garzón y ha defendido el "papel impecable" que ejerce Felipe VI y su "neutralidad"; a la vez que ha criticado que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, revelase una conversación privada con el jefe del Estado con el único objetivo de "criticar al Gobierno".

Robles ha reaccionado así, en declaraciones a Antena 3,, a la polémica por la ausencia del monarca en la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona.

La ministra de Defensa ha censurado las palabras de sus compañeros de Gobierno poniendo en cuestión la neutralidad de Felipe VI, pero también ha criticado la actitud de Lesmes y ha arremetido contra el líder del PP, Pablo Casado, por "bloquear" la renovación del CGPJ.

Tras el acto de entrega de los despachos, el presidente del Tribunal Supremo desveló haber recibido una llamada en la que el Rey le había trasladado que le hubiera gustado estar presente. Eso desató las críticas de una parte del espectro político, incluido Unidas Podemos y sus miembros en el Gobierno.

"Cualquier país democrático, y mucho más cuando hay una situación como la que estamos viviendo sanitaria y económica, necesita instituciones sólidas y creíbles que no estén permanentemente puestas en cuestión", ha respondido este miércoles Robles.

Según ha defendido, la Constitución es la que permite la "convivencia" en España y dentro de ella la monarquía es "un punto esencial" que "da solidez" al país y "consistencia interna", para la que Felipe VI juega un papel "impecable".

A su juicio, no se hace "un favor" al país poniendo "en duda" sus instituciones o la monarquía. "Tenemos una monarquía perfectamente bien representada por Felipe VI", ha insistido reconociendo su disconformidad con las palabras de Garzón o Iglesias. "Está desarrollando magníficamente su papel, con neutralidad política, y eso hay que ponerlo en valor", ha defendido.

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Pero a la vez, ha criticado que Lesmes revelara la conversación privada mantenida con el Rey y que quisiera darle "publicidad" con una "intencionalidad política", intentando "criticar y poner en cuestión al Gobierno". "Ese papel no es exigible al poder judicial", ha avisado.

En este contexto también ha criticado al líder del PP por bloquear la renovación del CGPJ y usarlo como "rehén", forzando que lleve ya casi dos años en periodo de prórroga. "Ni se puede poner en cuestión la monarquía con comentarios no edificantes ni se puede utilizar el CGPJ como rehén para atacar al Gobierno", ha resumido.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el Rey en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso al afirmar que Felipe VI es el diputado número 53 de Vox y que Francisco Franco fue "el único que le votó", llegando a mostrar una fotografía del dictador junto al monarca cuando éste tenía diez años.

Rufián ha aprovechado su pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para señalar lo que ha considerado deficiencias en tres instituciones, entre ellas la Casa Real, "la madre del cordero". "¿Qué le voy a decir? Simplemente, una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela, he aquí lo dramático", ha dicho el diputado catalán.

Sus declaraciones han provocado una gran bronca entre sus señorías, a lo cual ha respondido dirigiéndose a "los señores de la derecha y de la extrema derecha", para añadir: "Tienen razón, a Felipe VI le votó un español y es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él (el Rey), un poco joven". Sus palabras, junto a la instantánea, han avivado las quejas de los diputados y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha tenido que pedir silencio en varias ocasiones, apuntando en concreto al 'popular' Teodoro García Egea.

Rufián también ha criticado al Poder Judicial, indicando que "en menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta (Quim Torra), se ha absuelto a un corrupto por una estafa (Rodrigo Rato) y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei". "Es el Poder Judicial hoy en España, que no es un Poder Judicial, es un poder y va contra todos, contra una parte de este país, y también contra ustedes", ha planteado.

Campo ha rechazado el "análisis" realizado por el portavoz parlamentario de ERC y ha salido en defensa de la Jefatura del Estado y del Tribunal Supremo, subrayando que la decisión de confirmar la inhabilitación de Torra "ha sido una sentencia por unanimidad" y recalcando que "la Justicia se imparte en nombre del Rey por parte de jueces independientes". "En eso creo y defenderé hasta la última gota de mi sangre tanto a la monarquía como al Estado constitucional y la Justicia", ha aseverado.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este miércoles que desconoce si habrá otros compañeros que aspiren a liderar el partido cuando se abra el proceso interno, y ha querido dejar claro que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe desde el "minuto uno" que su "pasión" es Andalucía.

En declaraciones a TVE, Susana Díaz se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre si cree que compañeros como Juan Espadas, Felipe Sicilia y María Jesús Montero podrían optar a liderar el PSOE-A. Ha señalado que ella lo desconoce y ha indicado que respeta muchísimo a todos sus compañeros, donde hay gente muy válida.

Tras recordar que el PSOE de Andalucía forma parte del tronco del PSOE de España, ha expuesto que cuando llegue el proceso orgánico, libremente cada uno optará y los militantes decidirán. Ha considerado que la inmensa mayoría de los militantes socialistas en España y en Andalucía lo que esperan ahora es que todo nuestro esfuerzo esté en lo que a ellos les preocupa, el empleo, la sanidad y la educación.

Ha manifestado que ella tiene una "relación fluida, de mucha comunicación" con Pedro Sánchez, con quien, de hecho, habló hace unas horas. "Él sabe cual es mi pasión, las ganas que tengo y a lo que deseo dedicar todo mi esfuerzo", según ha recalcado Díaz, quien ha apuntando que existe un "cariño mutuo".

Ha querido dejar claro que ella está centrada en estos momentos en los problemas de los andaluces y ha indicado que Pedro Sánchez no le ofrece ningún puesto a nivel nacional, porque sabe que donde ella quiere estar es donde está: "Él sabe perfectamente que mi pasión, mi ilusión y mis ganas están centradas en Andalucía y en los problemas que tienen los andaluces".

Susana Díaz ha indicado que ella no puede estar pensando en unos momentos como estos, con la pandemia del coronavirus, en lo que desea: "Tengo claro lo que quiero, pero tengo que estar pensando en lo quiere la gente.

Asimismo, ha expuesto que nunca se ha planteado la política como un carrera, y se ha mostrado convencida de que los socialistas volverán a la Junta de Andalucía para restablecer los servicios básicos fundamentales que "se están desmantelando" en este momento y para poner un horizonte en el empleo y la economía más justo y equitativo.

Sobre el actual Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos, Susana Díaz ha puesto el acento en que "no le duran" los cargos", ya que hay constantes dimisiones y ceses y se ha mostrado convencida de que este Ejecutivo durará lo que diga la "ultraderecha" de Vox y su líder, Santiago Abascal.

Ha señalado que cada vez que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs quiere aprobar algo, "necesita el beneplácito de la ultraderecha": "Abascal es el que tiene que decir cuánto dura la legislatura".

La Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado una instrucción por la que se establece que todos los jóvenes, extranjeros de terceros países, que se hayan acogido al Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril, tendrán una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos.

En el mes de abril y con el fin de aportar una respuesta a la situación de emergencia ocasionada por la Covid-19, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptó medidas urgentes en materia de empleo agrario para favorecer la contratación temporal de trabajadores.

En este sentido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aportó al Real Decreto dos supuestos, que permitían acogerse a esta medida extraordinaria a trabajadores migrantes en situación regular cuyo permiso de trabajo fuera a concluir antes del pasado 30 junio, y a jóvenes nacionales de terceros países entre los 18 y los 21 años que se encuentren en situación regular.

De acuerdo con la prórroga acordada mediante el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, dichas medidas se encuentran vigentes hasta hoy, 30 de septiembre de 2020. El objetivo de la instrucción impulsada este miércoles es "aportar seguridad jurídica a todos estos jóvenes que con su labor están contribuyendo al sostenimiento de un sector esencial en un momento de dificultad para el país. La inclusión social de estas personas se está viendo impulsada con esta primera oportunidad laboral".

Por ello, tras la finalización de la vigencia de dicha norma, estos jóvenes accederán a una autorización de residencia y trabajo, válida en todo el territorio nacional, sin límites geográficos o de actividad y sin aplicación de la situación nacional de empleo.

Para evitar prejuicios a estos jóvenes, así como a los empresarios, la Secretaría de Estado de Migraciones emite la instrucción DGM 9/2020 que permite a estos jóvenes presentar su solicitud en hasta el 30 de octubre de 2020.

Asimismo, y en el caso de aquellos jóvenes cuyo contrato estuviese en vigor a fecha 30 de septiembre, la presentación de la solicitud durante el plazo previsto también les prorrogará el derecho a trabajar. Los requisitos para obtener esta autorización de dos años, prorrogables por otros dos son relativos a la actividad continuada durante el período de referencia; esto es, del 9 de abril al 30 de septiembre de 2020.

Esta medida alcanza a aquellos jóvenes extranjeros que han sido contratados en el sector agrario durante la vigencia del Real Decreto-ley 19/2020, si bien podrán solicitar esta misma autorización de residencia y trabajo aquellos jóvenes que, encontrándose en situación regular, han sido contratados en el sector agrario y han cumplido 22 años durante la vigencia de la citada normal.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha presidido este miércoles la primera reunión del Govern en funciones, de carácter extraordinario, para aprobar el decreto de sustitución del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra, tras su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo (TS).

Así lo han explicado fuentes de Presidencia a Europa Press, con lo que tiran adelante con este decreto de sustitución pese a que el Gobierno considera que no tiene que publicar el cese de Torra en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amparándose en la Abogacía del Estado.

Tras el encuentro extraordinario, el Govern en funciones celebrará la primera reunión semanal del Consell Executiu.

Además, Aragonès encabezará también la reunión de seguimiento de la Covid-19 junto con la consellera de Presidencia en funciones, Meritxell Budó; la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, y el conseller de Educación en funciones, Josep Bargalló.

En estas reuniones, no se ha ocupado la silla de Torra ni tampoco su despacho, cumpliendo así con el acuerdo alcanzado entre JxCat y ERC.

A petición de ambas formaciones, Torra tiene previsto comparecer este miércoles a las 15.00 horas en el Parlament en un pleno específico sobre su inhabilitación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que entre finales de octubre y principios de noviembre convocará una nueva Conferencia de Presidentes con los dirigentes autonómicos, en la que también participará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar los fondos europeos.

Así lo acordaron durante la reunión que mantuvieron en Bruselas el pasado miércoles, con el objetivo, según ha explicado el presidente, de analizar el plan que va a presentar España para recibir los fondos fruto del Acuerdo de Recuperación Económica alcanzado en la Unión Europea en julio para hacer frente a la pandemia.

Sánchez ha realizado este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, sobre cuáles son sus planes para la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, y la que el dirigente vasco le ha pedido que cuente con las Comunidades Autónomas.

AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS

La última Conferencia de Presidentes tuvo lugar de forma telemática el pasado 4 de septiembre, y se centró en analizar la coordinación del inicio del curso escolar en estos tiempos de coronavirus. No obstante, en aquella reunión los líderes autonómicos también aprovecharon para reclamar al presidente la necesidad de implementar un reparto equitativo de los fondos europeos, así como fórmulas para anticipar su llegada.

El presidente del Gobierno ha avanzado este miércoles que va a plantear una revisión de la legislación para agilizar la ejecución de los fondos europeos, y ha garantizado que contará con las Comunidades Autonómicas en la gestión de esos fondos.

Según el acuerdo alcanzado en la Unión Europea en julio, España recibirá en total 140.000 millones del fondo europeo. De ellos, 72.750 millones serán en forma de transferencias para ejecutar entre 2020 y 2026, y el resto, en préstamos.

Sánchez se comprometió con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, a que España cumplirá con el procedimiento establecido y que presentará ante la Comisión Europea antes del 15 de octubre el Plan Presupuestario en el que esbozará las líneas generales de los Presupuestos y se plasmarán los planes de los fondos europeos.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha bautizado este miércoles a Vox como el partido "de la patada en el culo" por su rechazo a "emigrantes, feministas, republicanos, vascos y catalanes"; aunque cree que les faltan "agallas" para pasar "de las promesas a los hechos".

"Para pasar de las promesas a los hechos hace falta algo de lo que carecen, agallas", ha retado Iglesias a Vox durante un 'cara a cara' en el Pleno del Congreso con su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, a quien además ha dedicado el refrán que apunta que "perro ladrador, poco mordedor".

Iglesias ha hecho estas acusaciones después del comentario publicado por Vox en su cuenta oficial de Twitter contra el diputado de En Comú y miembro de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello, a quien tildaba de "extranjero" y animaba a devolver "de una patada en el culo" a Argentina.

El líder de Podemos ha recordado que Pisarello es nieto de andaluces que emigraron a Argentina "huyendo de la dictadura" de Francisco Franco e hijo de un abogado asesinado por la dictadura argentina. "Ninguno de sus diputados le llega a la suela de los zapatos en términos democráticos", ha advertido.

En este contexto, Espinosa de los Monteros ha avisado al vicepresidente segundo de que quizá otros se asusten con su "despliegue de odio y rencor", pero no Vox ni él mismo, y ha lamentado que Podemos no haya aportado "nada de valor" a la democracia española y solo se haya dedicado a "demoler una serie de consensos".

¿AMENAZAS A LA OPOSICIÓN?

Así, el dirigente de Vox ha recordado las palabras de Iglesias la pasada semana diciendo al PP que no volvería a sentarse en el Consejo de Ministros. "¿Forma parte de un deseo o es un pronóstico?", ha preguntado comparando sus palabras con el venezolano Hugo Chávez o la dirigente comunista Dolores Ibarruri avisando a José Calvo Sotelo de que había hablado por última vez, "y poco después fue asesinado" en la República.

En cualquier caso, Espinosa ha asegurado que Podemos "ya no engaña a nadie" y es "un fraude" porque "representa todo lo que dice odiar", como el Ibex 35, los ricos o "las portadas en las revistas". "Pero a los que de verdad atacan es a los trabajadores -ha afeado-. Un poco de pasta basta para que ustedes sean parte de la casta".

También ha respondido a Iglesias la diputada de Vox Macarena Olona, quien ha asegurado que su partido las patadas en el culo las pegan "con la ley en la mano", y ha recordado el ejemplo de "los golpistas catalanes" en prisión o el ya expresidente de la Generalitat Quim Torra, inhabilitado por el Tribunal Supremo.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha iniciado el expediente de devolución de 4.000 euros a cada autónomo societario al que se le denegó la tarifa plana previa reclamación, según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el mes de septiembre, la Seguridad Social cambió de criterio, tras tres sentencias del Tribunal Supremo, y estableció que los autónomos societarios tenían derecho a solicitar y beneficiarse de la bonificación de cuotas de la tarifa plana, según estimaciones de ATA, hay más de 100.000 autónomos societarios que se pueden beneficiar de esta reclamación.

Este cambio de criterio figuró en una nota emitida por el área de impugnaciones de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, que notificó a los departamentos regionales de impugnación la orden para que se tramitasen todas las solicitudes de la tarifa plana, tanto de personas físicas como de autónomos societarios.

El Supremo dio la razón a los autónomos que denunciaron que la Seguridad Social les impedía acceder a la tarifa plana para autónomos por su condición de societario en tres sentencias, al resolver que no podía "impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, a los trabajadores que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas".

Asimismo, dictó providencias del Alto Tribunal que inadmitían los recursos de casación interpuestos por la Tesorería General sobre este asunto al considerar que la cuestión objeto de debate ya quedó resuelta por la sentencia del 3 de diciembre.

Por ello, al existir ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el precepto, la Tesorería señaló que procedía "modificar el criterio que ha venido manteniendo de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 2/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo".

En cuanto a las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de los incentivos, señaló que únicamente procederá su revisión si se insta expresamente por los interesados, cuya tramitación y resolución, en su caso, corresponderá al órgano que dictó el acto originario.

El exministro y exsecretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, ha celebrado este miércoles su absolución y la del resto de acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia tras "nueve años" de "acusaciones graves, injustas y falsas".

En una entrevista en la Cadena COPE, Acebes ha lamentado el "daño reputacional" que el juicio ha provocado para él y para su familia. "A ver ahora quien lo resarce", ha apuntado, para después lamentar que el inicio de su "calvario" tuviera origen en una "acusación política".

"UPyD toma la decisión de incluirme en la querella como miembro del Consejo de Administración de Bankia cuando yo no lo era", ha continuado Acebes, que ha expresado su "desesperación" por tener que demostrar que no estaba en el "lugar y el momento" de la salida a bolsa de Bankia.

Todo el proceso ha sido, según ha reconocido, una "losa" de la que el exministro no pudo desprenderse a lo largo de nueve años. "Hoy ha desaparecido ese peso que nos atenazaba. Es una sentencia reconfortante por lo extraordinario de que me dedica 12 folios a resarcir todas las acusaciones falsas que he recibido", ha afirmado.

Con todo, su imputación supuso su salida del Consejo de Administración de Iberdrola. "Decidí dejar esa responsabilidad porque no quería causar ningún daño reputacional a Iberdrola ni a su presidente Ignacio Sánchez Galán", ha apuntado Acebes.

Por último, Acebes ha lamentado el "daño personal" generado por "este proceso". "Ahora ha quedado claro de que no hubo ningún delito. La decisión fue avalada por el Banco de España, la CNMV, impulsada por el Gobierno de ese momento", ha zanjado.

Acebes se ha expresado así un día después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordase absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En la sentencia, la magistrada Ángela Murillo establece, respecto a los miembros de los comités de auditorías de BFA y Bankia -entre ellos el propio Acebes-, que "la existencia de una total ausencia del más mínimo sustento probatorio necesario para apoyar "semejante acusación" le parece "clamorosa".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no defender a la monarquía y la Constitución ante las críticas vertidas por los ministros de Unidas Podemos. "Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas", ha recriminado al jefe del Ejecutivo después de la respuesta que Sánchez le había dado previamente a Pablo Casado en una pregunta anterior sobre ese tema.

La afirmación de García Egea se produjo durante una pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien respondió que los populares, con su estrategia de identificar a la Corona con la "derecha", le quitan a la monarquía parlamentaria "años de vida".

Ambos se han pronunciado en estos términos durante la sesión de control del Congreso en el marco de una pregunta sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que ha derivado en un cruce de reproches a raíz de la polémica por el veto por del Gobierno a la presencia de Felipe VI en el acto de entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona.

Egea ha recriminado a Sánchez, quien previamente intervino en la sesión de control, de marcharse del Congreso sin defender al Rey y a la Constitución Española. "¿Ha comparado usted a la monarquía parlamentaria con el independentismo? Cómo se puede caer tan bajo. Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas. Lamentable", ha censurado el popular.

Mientras, Iglesias ha ahondado en que el PP está haciendo "muchísimo daño" a la monarquía parlamentaria al "escudarse" en ella de cara a "politizar" el Poder Judicial. "Perdonen esta recomendación de republicano, no nos hagan el trabajo", ha lanzado a García Egea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso que planteará una revisión de la legislación para agilizar la ejecución de los fondos europeos, y ha anunciado que, para ello, instalará una unidad de seguimiento en Moncloa.

Asimismo, ha asegurado que él mismo presidirá una Comisión interministerial y que las comunidades autónomas participarán también en otra Comisión presidida por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Por otro lado, el Ejecutivo propondrá el control parlamentario de estos fondos y su evaluación a través de la Comisión Mixta para las relaciones con la Unión Europea, integrada por diputados y senadores.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha informado de que en la última reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron la celebración de una conferencia de presidentes autonómicos a finales de octubre o principios de noviembre junto con la presidenta para hablar de este fondo de recuperación.

EL PNV ADVIERTE DE LA BAJA EJECUCIÓN RECIENTE

Todo ello ante la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso le ha advertido de que entre 2014 y 2020 apenas se han ejecutado un 30% de los fondos procedentes de la Unión Europea, y le ha preguntado por la gestión que piensa hacer.

Así, le ha instado a "articular una nueva legislación específica" para tramitar los fondos "si se quiere ser efectivo". "Tal y como está la legislación actual, no llegaríamos nunca, sería un auténtico cuello de botella", le ha alertado, animando al Gobierno a "ser imaginativo" y anticipar cambios legales que "puedan servir para un nuevo modelo de gestión".

Esteban también ha incidido en que la industria "tiene que tener una presencia relevante si se quiere ser verdaderamente transformador y poner las bases para una economía diferente". En este sentido, ha lamentado que "sorprende el limitado énfasis" al sector en los planteamientos iniciales por parte de España.

Asimismo, ha advertido al presidente de que "no puede ni debe gobernar en exclusiva o cuasi exclusiva" estos fondos, pidiéndole que cuente con las comunidades "en su diseño, pero también en su gestión si realmente se quiere llegar más allá de la gran empresa" y que los proyectos sean "aquellos que cambien el modelo productivo" y "donde haya tejidos suficientes para llevarlos a cabo". "Los clústers son fundamentales", ha apostillado.

Frente a ello, Sánchez ha comprometido una "revisión de la legislación básica para garantizar esa ejecución", y ha compartido con el portavoz del PNV en el Congreso la importancia de la industria, así como el compromiso de "cogobernanza" de estos fondos.

Así, ha asegurado que ya en la última Conferencia de Presidentes les trasladó que la voluntad del Gobierno es "cogobernar" estos fondos, dadas las competencias transferidas que tienen las administraciones autonómicas en aspectos como la renovación urbana, la rehabilitación de viviendas o la movilidad sostenible.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han alcanzado un acuerdo para realizar este jueves seis nombramientos en el Tribunal Supremo, uno de los cuales supondrá nombrar por primera vez a una mujer como presidenta de una de sus salas, que será María Ángeles Segoviano en la de lo Social.

Los sectores conservador y progresista del órgano de gobierno de los jueces han negociado las vacantes en bloque, de modo que exista un equilibrio entre los perfiles que saldrán este jueves del Pleno y se evite el bloqueo. Para la Sala de lo Social se designará a César Tolosa, mientras que para la de lo Militar Jacobo López Barja de Quiroga parece que se impondrá finalmente al exfiscal general del Estado y magistrado de lo Penal Julián Sanchez Melgar, según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

De este modo, el CGPJ retoma los nombramiento que fueron aplazados el pasado mes de julio a instancias de su propio presidente, Carlos Lesmes, que alegó la proximidad de un acuerdo parlamentario entre el PP y el PSOE para la renovación de este órgano, en funciones desde diciembre de 2018, que hoy parece lejos de producirse.

En cuanto al Tribunal Supremo, se ocuparán también las tres plazas vacantes, según las mismas fuentes. En el acuerdo alcanzado que se trasladará al Pleno se habría excluido en principio a la hasta ahora una de las favoritas, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, que obtendrá menos apoyos que uno de los miembros de su tribunal, Ángel Hurtado, que fue el juez de 'Gürtel' contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Por el lado progresista entraría en el tribunal el magistrado del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Javier Hernández, mientras que para la tercera plaza suena con fuerza Leopoldo Puente Segura, actualmente en el TSJ de Madrid.

Estas tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.