Un total de 595 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta octubre, 17 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 21,2%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este viernes.

De estos fallecimientos, 502 se produjeron durante la jornada de trabajo, 53 más que hasta octubre de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 11,8%. Los 93 accidentes mortales restantes registrados hasta el décimo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 36 menos que en el mismo periodo del año pasado.

El dato de mortales incluye los 19 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 4 en Andalucía (1 en Granada, 2 en Jaén y 1 en Sevilla), 1 en Aragón (en Zaragoza), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 3 en Madrid.

En conjunto, hasta octubre se contabilizaron 397.019 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 26% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019.

Del total de siniestros, 350.642 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 46.377 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 26,6%, mientras que los segundos lo hicieron en un 34,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 347.230 hasta octubre, un 24,7% menos, y los graves fueron 2.910, un 19,3% menos que a un año antes.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 45.625 accidentes de carácter leve (-34,9%) y 659 de gravedad (-25%).

MÁS DE 24.700 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 397.019 siniestros con baja registrados hasta octubre, 372.243 los sufrieron asalariados (-26,7%) y 24.776 correspondieron a trabajadores autónomos (-13,7%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el décimo mes del año, un total de 327.400 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 25,4% menos que hasta octubre de 2019, mientras que 44.843 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 35,1% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 324.619 hasta octubre de 2020, un 25,4% menos, y los graves alcanzaron los 2.338, un 20,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 44.152 accidentes de carácter leve (-35,3%) y 605 de gravedad (-24,9%).

Por su parte, de los 24.776 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta el décimo mes del año, 23.242 (-13%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.534 (-23,5%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 429.280 accidentes laborales sin baja, un 29,6% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta octubre, la estadística recoge que un total de 4.817 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 4.785 fueron leves, 13 grave y 19 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.768 personas se dieron de baja por accidente laboral (+6,8%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.536 personas (-56,7%). En abril fueron 16.350 accidentes (-61,3%), en mayo 27.152 (-46,2%), en junio 35.618 (-23,6%), en julio 40.344 (-22,8%), en agosto 34.431 (-15,4%), en septiembre 39.057 (-18%) y en octubre 34.507 (-24,2%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.141 accidentes (-1,2%) y 1.210 en el segundo (-70,6%), situándose en abril en 1.718 (-74,3%), en mayo en 2.857 (-62,8%), en junio en 4.250 (-40,1%), en julio 5.019 (32,8%), en agosto 3.965 (29,5%), en septiembre 5.163 (29,1%) y en octubre 4.833 (37,3%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 30 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+87,5%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 46 personas (+119%), mientras que en abril fueron 39 (0%), en mayo 42 (-20,8%), en junio 55 (+44,7%), en julio 49 (-23,4%), en agosto 42 (-4,5%), en septiembre 51 (+10,9%) y en octubre 33 (-32,7%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado (-53,8%), en tanto que en mayo subieron a 7 (-41,7%), en junio fueron 4 (-55,6%), en julio 11 (-47,6%), en agosto 4 (-66,7%), en septiembre 13 (-23,5%) y en octubre 6 (-50%).

UGT ABRIR LA MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL SOBRE SINIESTRALIDAD

UGT ha denunciado el «aumento alarmante de los accidentes mortales durante la jornada laboral en los diez primeros meses del año» y ha insistido en la necesidad de abrir la mesa del diálogo social sobre siniestralidad para acabar con esta «lacra».

Asimismo, ve imprescindible articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma «inmediata», ya que cree que el constante aumento de las muertes en el trabajo es «altamente preocupante» y piensa que debe ser abordado «urgentemente».

También piensa que en el plan de choque no puede faltar la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que «la primera causa de muerte durante la jornada laboral son los infartos y los derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales».

El Rey Felipe VI presidirá el 17 de diciembre la inauguración de la exposición «Azaña: intelectual y estadista. A los ochenta años de su fallecimiento en el exilio», que es el hito principal del programa conmemorativo preparado por el Gobierno.

La exposición a aloja la Biblioteca Nacional, que ha explicado que pretende dar una «imagen completa» del que fuera presidente de la Segunda República, en sus dimensiones «humana, intelectual y política».

Quiere, así, subrayar, junto a su labor política, «su condición de intelectual de prestigio, así como las duras condiciones de su exilio, que concluyó con su fallecimiento en la ciudad francesa de Montauban, donde su recuerdo sigue presente ochenta años después».

La exposición sigue una secuencia cronológica su infancia y juventud en Alcalá, su posterior desarrollo en Madrid, la exposición se adentra en tres etapas cruciales de la historia de España: la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio. En la muestra se exhibirán unas doscientas obras procedentes tanto de la BNE como de otras instituciones españolas y extranjeras y se han rescatado fotografías y vídeos, muy poco conocidos.

En la exposición estará la mesa en la que Azaña firmó su renuncia como presidente de la República, donada al Estado español por los descendiente de la familia que le acogió en los primeros meses de su exilio en Francia. La mesa la recibió en Francia la anterior secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en julio de 2019 y el actual, Manuel Muñiz, acudirá este martes para la su llegada a la Biblioteca.

Desde mediados de noviembre, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la colaboración de Acción Cultural Española, ha puesto en marcha todo un programa de actos para conmemorar el aniversario, que se extenderá hasta primavera, y que incluirá exposiciones, varios coloquios y diferentes actividades de música, teatro, danza o cine.

También el Congreso rindió homenaje al fallecido presidente, pero con la ausencia de Vox, que lo interpretó como un «ataque a la Corona» y al «sistema del 78».

La próxima semana el Rey tiene también en agenda la inauguración del monumento en memoria de los sanitarios fallecidos por la pandemia (el viernes 18), junto con la Reina, con la que también acudirá a conocer un proyecto de Cáristas de asistencia a domicilio de mayores solos.

Además, presidirá la entrega de los XVII Premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo y de los Premios Empresariales CEIM 2020, participará en el patronato de la Fundación Pro Real Academia Española y visitará el Ala 23 de la base aérea de Talavera la Real (Badajoz).

Estrategias de salud pública y la tecnología serán claves para la reconstrucción según el consejero delegado de DKV Seguros, Josep Santacreu, y el presidente ejecutivo de Konecta y presidente de la Fundación Konecta, José María Pacheco, reunidos en el último encuentro de #LíderesResponsables, impulsado por Fundación SERES.

Esta iniciativa se enmarca en #SERESResponsables, punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos en medio de la emergencia sanitaria y crisis económica y que implica a diferentes agentes (empresas, emprendedores sociales, ONG, líderes, etc).

El presidente de la Fundación SERES, Francisco Román, ha abierto la sesión afirmando «hoy celebramos la vigésima edición de LíderesResponsables, 40 líderes que han pasado por este foro porque en SERES decidimos juntarnos para aprender, compartir y estas conversaciones nos están ayudando a reflexionar sobre cómo liderar la reconstrucción con propósito, valorar los pasos de gigante que estamos dando en estos meses y todos los retos que nos quedan por afrontarpara no dejar a nadie atrás».

Santacreu ha afirmado que «la salud es la gran riqueza y debemos abordar las cosas a futuro dando importancia a lo que la tiene: cuidar el entorno en sentido amplio y la salud poblacional. No olvidemos que esta pandemia nace por estresar los ecosistemas naturales. Una de las conclusiones de esta crisis será la importancia que daremos y cuánto invertiremos en la salud pública. El segundo aprendizaje de esta crisis es que buena parte de la salud tradicional se reconvertirá a una atención digital. Gran parte del seguimiento de nuestra salud será virtual y menos visitas presenciales –más esporádicas y de más calidad–«.

Por su parte, Pacheco ha comentado que durante la pandemia la importancia de las empresas tecnológicas ha sido decisiva. «Esto nos ha enseñado lo vulnerable que es el ser humano, pero también lo resilientes que vamos a ser. La tecnología ha sido fundamental en esta pandemia y no sé qué hubiera ocurrido si esto nos hubiese pasado hace 30 años. Nosotros hemos tenido que trabajar a diario, y dar servicios esenciales a la sociedad. Y todo esto se ha hecho por teletrabajo y lo ha permitido la tecnología. Hace años no hubiera sido posible. El tener 55.000 personas trabajando en el mundo te demuestra la importancia de la tecnología, la gestión de datos, el big data y todas las tendencias a futuro», ha aseverado.

Por otro lado, Santacreu ha querido poner de relieve al mencionar cómo se ha transformado el sector asegurador que «ha sido una cura de humildad, porque nos hemos sentido frágiles. Los parámetros previos a la crisis ya no sirven. Cuando teníamos todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas. El sector asegurador ha de adaptarse a las nuevas premisas: nuestra sociedad quiere tener seguridad en lo fundamental».

Ha añadido que «nos hemos puesto al lado de clientes, escuchando sus necesidades y dando respuestas en la medida de lo posible. En la mayoría de las compañías de seguros están excluida pandemias y desastres naturales; aunque no teníamos cubierta la pandemia hemos asegurado a todos nuestros clientes. Ahora estamos ofreciendo test PCR y deantígenos a los que está justificado».

Mientras, Pacheco ha mostrado su preocupación por el impacto de la pandemia «en las pymes que están sufriendo mucho con el impacto económico y éste es un país con un porcentaje muy alto de este tipo de empresas. Por otro lado, con la pandemia se ha perdido casi un año en educación. Y en educación y en empleo los que más sufren son los que menos tienen. Vemos aquí y en Latinoamérica que la brecha se ha aumentado».

Uno de los problemas es la enorme marginalidad que se está creando y será necesario un esfuerzo adicional para ayudar sobre todo a aquellas clases marginales a salir de la pandemia junto con el gobierno. En España existe también una crisis institucional de valores de lo que representan las instituciones. Esto requerirá un esfuerzo colectivo entre sociedad civil privada y empresas para minimizar el impacto de la COVID-19 en los colectivos especialmente desfavorecidos», ha aseverado.

Santacreu ha reflexionado también sobre el liderazgo responsable y ha destacado que «no podemos perder la visión a largo plazo ni de la dualidad: escuchar y cuidar. Han cambiado los sentimientos, las necesidades de todos nuestros grupos de interés y debemos escucharlos de otra manera. Nos hemos de reinventar, hemos de crear una organización basada en el esfuerzo. Las personas que estamos al frente necesitamos desarrollar nuevas habilidades: la cabeza para gestionar la agenda, el corazón para cuidar a la persona en el sentido más estricto y las manos para dar una respuesta ágil, no dejar de innovar y preparar el futuro».

Según Pacheco «la palabra liderazgo no ha cambiado por la pandemia. El líder tiene que seguir siendo ahora más que nunca un líder humano, ejemplar y con sentido común. La importancia para nosotros de la cuenta de resultados es vital, pero no solo con el fin de ganar dinero. Una gran compañía crea una gran riqueza para la sociedad. El líder debe tener también cuenta la situación actual en que nos encontramos y no va a cambiar en cuanto a su criterio de ética, de responsabilidady dar ejemplo más que nunca».

La Confederación Autismo España ha organizado, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, la Conferencia Estatal sobre Educación, Formación y trastorno del espectro del autismo (TEA), que en esta edición ha estado centrada en el impacto que ha tenido la pandemia en la educación del alumnado con TEA y en donde en mensaje más generalizado ha sido la petición de más apoyo, inversión e innovación para este colectivo en el sistema educativo español.

Tal y como señala la confederación, la supresión de las clases presenciales durante el confinamiento afectó de manera «muy negativa» a los estudiantes con autismo que ya de por sí son «vulnerables ante las limitaciones que el sistema educativo venía presentando» para garantizar la especialización y los apoyos que necesitan.

Más de 500 personas, fundamentalmente, profesionales del ámbito de la enseñanza, han participado en estas jornadas, que se han celebrado entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre y que han estado presididas la Reina Doña Sofía. Además, fue inaugurada por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El representante del Gobierno ha destacó el compromiso del mismo para conseguir «la máxima inclusión posible de todas las personas y ofrecer el máximo de posibilidades al menor». Asimismo, insistió, en relación a la reciente aprobación de la LOMLOE, en que los centros de educación especial son una opción educativa elegida por parte del alumnado con discapacidad y que no se prevé su cierre.

Sobre las conclusiones más destacadas de las jornadas, la organización ha señalado que se puso de manifiesto que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como el alumnado con TEA, es especialmente vulnerable y que la falta de apoyos puede excluirles del sistema educativo, impactando en su desarrollo y aprendizaje.

También que la mayoría del profesorado y profesionales educativos han hecho un gran esfuerzo de ajuste y adaptación, sin disponer de los medios necesarios y la formación adecuada, y que las familias han sido el principal apoyo educativo que han tenido los y las alumnas con TEA durante estos meses.

Sobre la situación de este colectivo durante la etapa más dura del Covid19 se avanzaron resultados de diferentes investigaciones internacionales, así como metodologías prácticas para adaptar la el curriculum y los requerimientos de la educación universitaria en el caso del alumnado con autismo.

En este sentido, se ha señalado la necesidad de garantizar la accesibilidad y la comprensibilidad de los contenidos académicos, así como la importancia de los apoyos dirigidos a la gestión del estudio o de las actividades académicas.

Precisamente, en la última jornada de esta conferencia, se han facilitado recursos y metodologías para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con autismo ante un escenario de educación virtual, a través de las directrices del doctor Raúl Santiago Campión, de la Universidad de la Rioja; Lupe Montero, experta en tecnologías y TEA; y el psicólogo infantojuvenil especializado en TEA y nuevas tecnologías, Álex Escolà.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir el recurso de casación planteado por Foro de Izquierdas-Los Verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la Autorización Previa de la planta de concentrados como instalación radiactiva en Retortillo concedida a Berkeley Minera España, según ha informado la entidad promotora de la explotación de la mina en la provincia de Salamanca.

De este modo, tal y como ha reseñado la compañía minera en la información facilitada a Europa Press, «el Tribunal Supremo ha confirmado todos los extremos de la sentencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, ha confirmado la legalidad de la Autorización Previa de la empresa minera, que es ya firme».

Berkeley ha explicado que se trata de la autorización cuya renovación fue «avalada por el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear el pasado mes de julio».

A este respecto, ha apuntado que la Audiencia Nacional ya resolvió en septiembre de 2019 desestimar el recurso contencioso interpuesto por los ecologistas contra la Autorización Previa como instalación radiactiva otorgada a Berkeley para su planta de concentrados de uranio.

En aquel momento, «además de resolver sobre la falta de legitimación del partido político para interponer este tipo de recursos, la Audiencia desechó todos los motivos, fundamentalmente de carácter medioambiental, esgrimidos por los ecologistas, confirmando la legalidad de la autorización, y estipuló que los argumentos alegados eran juicios de valor que no aportaban justificación técnica», ha añadido.

Para Berkeley Minera España, esta confirmación del Tribunal Supremo de la Autorización Previa «choca con las solicitudes de determinados grupos ecologistas y asociaciones profesionales, incluso dentro del propio CSN, en las que se pide que se anulen los permisos otorgados».

Desde la compañía han asegurado en la nota de prensa que «todos estos permisos» se han otorgado «conforme a la normativa vigente» y que «todos y cada uno de los procedimientos judiciales iniciados por los grupos ecologistas ha tenido sentencias favorables a los permisos ya otorgados».

FRANCISCO BELLÓN

El presidente de Berkeley Minera España, Francisco Bellón, ha manifestado: «todo lo aportado por los grupos ecologistas ha sido manifiestamente insuficiente para desvirtuar el cúmulo de informes de órganos e instituciones que han intervenido en el procedimiento de la autorización y ahora lo ratifica de forma firme el Tribunal Supremo».

Finalmente, Berkeley Minera España ha reseñado que dispone ya de «más de 120 permisos e informes favorables» y que «sigue colaborando con las autoridades competentes para avanzar en el proceso de aprobación de la mina de Retortillo (Salamanca)», sobre la que confía en que el expediente para «la única autorización que queda pendiente» sea resuelto «en un futuro próximo».

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha sido nombrada asesora confidencial titular en el ámbito de la Audiencia Nacional, un cargo en cuyas funciones se encuentra la solución de quejas o denuncias relacionadas con acoso o violencia en el ámbito profesional.

Así consta en el acta del acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional firmado el pasado 30 de noviembre, recogida por Europa Press, en el que se designa a la magistrada para este cargo previsto en el artículo 7 del Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial, acordado en 2016 por la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Dicho protocolo explica que el asesor o asesora confidencial es el encargado de tramitar el procedimiento informal de solución en caso de que se presente una queja o una denuncia de acoso o violencia en el entorno profesional, así como asesorar y apoyar a la víctima para la mejor efectividad de las medidas previstas para facilitar la recuperación de su proyecto profesional.

El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de 2016, también contempla que este asesor «tendrá escrupuloso deber de secreto y no podrá ser llamado a declarar en el supuesto de que, en relación con los hechos objeto de queja, se siguiere con posterioridad expediente disciplinario».

EXPERIENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Tardón, que instruye causas como la que se sigue contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi por presuntos delitos contables, de estafa y blanqueo de capitales; el supuesto saqueo a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y el posterior blanqueo de esos fondos, o contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, cuenta con reconocida experiencia en materia de violencia de género.

Ha sido vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid desde su creación en 2004 hasta su desaparición en 2011. Además, forma parte del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del órgano de gobierno de los jueces.

Asimismo, ha sido la presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, con competencias exclusivas en Violencia sobre la Mujer.

Un ‘currículum’ que ha tenido en cuenta el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a la hora de designar a Tardón como asesora confidencial titular de dicho órgano judicial. «La referida propuesta se justifica al entender el ponente que dicha magistrada reúne las cualidades y aptitudes necesarias para el desempeño del referido cargo, atendiendo igualmente a su acreditada y dilatada trayectoria profesional en el ejercicio de la función jurisdiccional», destaca el acuerdo de la Sala de Gobierno.

NINGÚN CANDIDATO

La Audiencia Nacional publicó el pasado 30 de septiembre la convocatoria para designar a un asesor confidencial titular y a otro suplente, si bien no se presentó ninguna solicitud, según señala el acuerdo. De darse esta situación, el protocolo establece que la Sala de Gobierno puede optar entre cualquier juez o magistrado del órgano judicial, «prefiriendo siempre a aquella persona que tenga conocimientos en la materia y en el principio de igualdad de trato y oportunidades, y de no discriminación».

Así las cosas, el presidente de la Audiencia consideró que Tardón era la persona indicada para este puesto, y tras comunicarle la propuesta y no obtener «objeción alguna a la misma», acordó su designación.

La quinta parte más pobre de la población tiene un 32 por ciento más de posibilidades de morir por Covid-19 que la más rica, según ha puesto de manifiesto el informe ‘La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2020’, realizado por las ONG Médicos del Mundo y medicusmundi.

Asimismo, el trabajo ha recordado que la pandemia ha afectado al resto de problemas sanitarios, interrumpiendo los programas de lucha contra enfermedades como la malaria, VIH/sida y tuberculosis en más de 70 países, lo que supondrá un incremento de la mortalidad por estas causas en los próximos años.

«El mayor problema que tenemos ahora mismo no es una enfermedad en sí, sino una inequidad en salud ya que están muriendo muchas mujeres y menores de cinco años embarazadas en todo el mundo y tenemos el conocimiento y los medios para acabar con estos problemas», ha dicho el presidente de medicusmundi Internacional, Carlos Mediano.

El experto ha destacado también la importancia de fortalecer a todos los niveles los sistemas sanitarios, garantizar una Atención Primaria «fuerte» y mejorar la salud pública para dar respuesta a futuras pandemias.

Y es que, debido al colapso sanitario causado por el nuevo virus, se estima que en los países de ingresos bajos y medios la mortalidad infantil y materna pueden aumentar en torno a un 40 por ciento. Asimismo, las organizaciones han avisado de que el Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación sanitaria internacional y la necesidad de conseguir el 0,7 por ciento e incrementar la ayuda al desarrollo destinada a salud.

«La emergencia sanitaria del Covid-19 ha paralizado el mundo, pero lo que estamos viendo es una trágica metáfora de lo que son las múltiples emergencias interconectadas que existen», ha apostillado el director general de Políticas de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gabriel Ferrero.

‘#LAOTRAVACUNA CONTRA LA INJUSTICIA SANITARIA’

Por ello, y cuando la carrera por la vacuna para prevenir este coronavirus se ha «desbocado», las organizaciones han planteado ‘#laotravacuna’ contra la injusticia sanitaria, es decir, un aumento de fondos para la cooperación internacional en salud y en emergencias sanitarias.

A juicio de las entidades responsables del informe, la respuesta a la pandemia de la Covid-19 no debe hacerse a costa de desatender a millones de personas afectadas por crisis humanitarias, sino que debe acometerse con fondos adicionales.

Hasta finales de octubre, el Plan Global de Respuesta Humanitaria Covid-19 lanzado por Naciones Unidas sólo había recibido apenas el 35,7 por ciento de los millones de dólares solicitados. Por ello, las ONG han subrayado la importancia de que la comunidad internacional asigne fondos adicionales para cubrir el total de este plan.

Al mismo tiempo, las ONG han avisado de que la financiación del Plan Global no puede hacerse a expensas de los fondos ya previstos para otras crisis humanitarias. En este sentido, Ferrero ha informado de que, en el caso de España, la situación de «desmantelamiento» del sistema público perjudica el crecimiento de la ayuda al desarrollo, si bien ha asegurado que el Gobierno tiene el compromiso de impulsarla.

«Las crisis humanitarias continúan y con esta pandemia lo que ha pasado es que ha aumentado el número de personas que está en extrema necesidad», ha dicho el vicepresidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. Dicho esto, ha comentado que la pandemia ha evidenciado la importancia que tienen los programas de reducción de riesgo de desastres y de preparación de los sistemas de salud pública.

Del mismo modo se ha pronunciado la directora de Salud Pública y Medioambiente, Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, quien, además, ha abogado por impulsar programas para «recuperar» la relación con la naturaleza; garantizar el acceso al agua potable, saneamiento e higiene a toda la población mundial; impulsar las energías renovables; crear sistemas de producción de alimento más sostenibles; y mejorar la planificación urbana, entre otras.

«Hay que recuperar todo esto para mejorar la salud de la población y, ahí, la cooperación tiene un papel fundamental. No obstante, esta recuperación en materia de salud también debe ir acompañada de una recuperación social y económica», ha aseverado Neira, para comentar que los profesionales sanitarios tendrán que ser los que lideren estos cambios.

Por otro lado, en el informe se recalca la necesidad de que los procesos de investigación, elaboración y distribución de las vacunas sean transparentes y que el precio de la vacuna sea accesible para todas aquellas personas que los necesiten.

«En un mundo interconectado, si las personas de países con ingresos bajos o medios se ven excluidas de la vacunación, el virus continuará matando y la recuperación a nivel global se retrasará. Ahora que ya han comenzado las compras masivas de dosis preventivas, con los países con economías potentes comprando varias dosis por habitante y los empobrecidos sin apenas capacidad de dar cobertura a la mayoría de su población, este riesgo se hace más evidente», han enfatizado las organizaciones en el trabajo.

El líder del PP, Pablo Casado, ha respondido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que si el Gobierno «acepta» las condiciones que su partido ha puesto encima de la mesa no habrá «ningún problema» en renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellas, ha citado la de dejar fuera a Podemos y «reforzar la independencia judicial».

«Estamos abiertos a hacer un acuerdo de renovación institucional con el PSOE como siempre se ha hecho», ha declarado Casado desde Badalona, donde ha visitado la zona afectada por el incendio de una nave industrial que estaba ocupada por decenas de inmigrantes. Le han acompañado el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

Minutos antes, el presidente del Gobierno ha asegurado desde Bruselas –en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo– que va a llamar al presidente del PP para ver si después de dos años pueden renovar «de una vez por todas» el órgano de gobierno de los jueces. El actual CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018.

«DICE QUE VA A DEVOLVERME LA LLAMADA MES Y MEDIO DESPUÉS»

«Sánchez dice que va a devolverme un mes y medio después la llamada que le hice para intentar acordar el estado de alarma cuando se sometía a debate parlamentario hace ya cinco semanas, y que será para hablar de la renovación de las instituciones», ha asegurado Casado, denunciando de nuevo públicamente su falta de interlocución con el jefe del Ejecutivo estas semanas.

Ante la renovación del CGPJ, Casado ha subrayado que la posición del PP «no ha cambiado en los últimos dos años». «La Constitución se tiene que cumplir, cierto es, y por tanto tiene que haber tres quintos para alcanzar esa mayoría que sumamos el PP y el PSOE», ha enfatizado.

Así, ha hecho hincapié en que ese acuerdo parlamentario debe ser entre PSOE y PP. Ningún otro partido tiene que formar parte de esa negociación, más aún cuando esos partidos hoy están arremetiendo contra el Poder Judicial, la Casa Real, la unidad nacional o incluso a favor del blanqueamiento de aquellos que no condenan el terrorismo etarra», ha manifestado, en alusión a las manifestaciones del partido morado que lidera Pablo Iglesias.

En este sentido, ha insistido en que Podemos debe quedar fuera de ese acuerdo y que el PP está «abierto» a acordar la renovación de los órganos institucionales con el PSOE, «como siempre se ha hecho». Aparte del CGPJ también están pendientes de renovación otras instituciones como el Defensor del Pueblo, varios magistrados del Tribunal Constitucional o RTVE. Además, en verano acabará también su mandato el Tribunal de Cuentas.

PONE TAMBIÉN COMO CONDICIÓN «REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL»

El presidente del PP ha subrayado que otra de las «condiciones» que el PP ha puesto encima de la mesa es que haya un «reforzamiento de la independencia judicial», algo que, a su juicio, «exige la Constitución» y «ahora también el Consejo Europeo y la Comisión de Venecia».

Casado ha afirmado que el Ejecutivo «sabe perfectamente» lo que solicita el PP, que apuesta porque «los jueces elijan a doce de los miembros del Poder Judicial directamente»; que la Fiscalía General del Estado no pueda «ocuparse por una expolítica de un partido» como a su entender ocurre ahora con la exministra Dolores Delgado; y que haya «mayorías reforzadas a la hora de decidir desde el CGPJ».

Según el presidente del PP, los requisitos que ha puesto su partido encima de la mesa para renovar el CGPJ van en la línea de lo que otros países europeos están pidiendo para sus órganos «equivalentes».

«Si el Gobierno por fin decide que acepta estas condiciones, que no son del PP sino de la Constitución y de la Comisión Europea, no habrá ningún problema en afrontar esa renovación institucional, como no lo hubo hace dos años ni este verano porque fue el PSOE el que cambió las condiciones», ha aseverado.

Y dado que Sánchez ha hecho esas declaraciones desde Bruselas –donde participa en el Consejo Europeo–, Casado ha calificado de «gran noticia» el desbloqueo del presupuesto comunitario y de los fondos de reconstrucción como, según ha dicho, ha pedido en todo momento el PP. «Tenemos que felicitarnos por ello», ha concluido.

La Policía Nacional tiene instrucciones internas desde principios de diciembre para reforzar sus controles en aeropuertos con el objetivo de detectar irregularidades en los vuelos comerciales en los que viajan migrantes que se trasladan por su cuenta a la Península desde Canarias, a donde previamente llegaron en pateras o cayucos.

La orden está recogida en instrucciones operativas internas como la del aeropuerto de Manises, en Valencia, a la que ha tenido acceso Europa Press. Aquí se especifica que estos controles reforzados están dirigidos a «pateristas», como se llama a las personas que utilizan este tipo de embarcaciones, y se lleva a cabo en cumplimiento del oficio de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, con fecha de 3 de diciembre de 2020.

Fuentes policiales precisan que estas instrucciones se han dictado al tener constancia de que algunos migrantes han podido ‘colarse’ de forma irregular en algunos vuelos comerciales a la Península. Recuerdan que los vuelos dentro de España no tienen a priori los mismos controles que cuando se realizan entre países fuera del espacio Schengen, de ahí que se amparen en el real decreto del estado de alarma por el Covid-19 y en la Ley de Extranjería.

Por este motivo fueron detenidos 16 migrantes en Valencia que previamente habían viajado desde Canarias, de los que dos dieron positivo en Covid-19, quedando en cuarentena en hospitales de la región bajo custodia policial. Las citadas fuentes sospechan que los que llegaron a Granada durante el pasado puente de la Constitución también lo hicieron por sus propios medios.

INSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE MANISES

La instrucción operativa para el aeropuerto de Manises se dirige a extranjeros llegados desde las islas Baleares o Canarias que, «habiendo entrado de manera irregular en España (patera, cayuco, etc.), arriben a los diferentes aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana».

Por este motivo, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ordena reforzar el puesto fronterizo del aeropuerto de Manises y que se realicen comprobaciones de documentación en las bases de datos policiales como Adexttra, al fin de «cerciorarse si portan documentación y si aparecen grabados como pateristas a los que ya se les ha procedido a tramitar un acuerdo de devolución».

En concreto, la Policía tiene instrucciones de registrar la llegada de migrantes a través de una tabla excell y hacer una fotocopia del justificante de presentación de la solicitud de asilo. En el caso de que sean ciudadanos que no consten en la base de datos para proceder a su devolución, lo que se ordena es que se les entregue «una citación para Cecorex, estableciendo un máximo de cinco por día hábil».

En el documento se detallan 13 vuelos a Manises procedentes de Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife Norte entre el 4 de diciembre y este domingo, 13 de diciembre. Las citadas fuentes señalan que se tratan de aquellos vuelos comerciales que vienen desde las islas y que deben ser sometidos a este control, aunque otras fuentes sindicales sostienen que en todos ellos han venido o está previsto que vengan migrantes.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS TRASLADOS

La oposición ha criticado la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también el de Migraciones e Inclusión Social, José Luis Escrivá, por la opacidad sobre el traslado de migrantes a la Península, sobre todo a raíz de las críticas del alcalde de Granada y de la Junta de Andalucía por un vuelo durante el pasado Puente de la Constitución sin previamente avisarles.

Tras el Consejo de Ministros del miércoles, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, dijo sobre el vuelo de Granada que no le constaba «ninguna actuación en este sentido», explicando que se están llevando a cabo reubicaciones «de forma controlada, puntual y priorizando a aquellos que tienen protección en su perfil internacional o aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables.

El Ministerio del Interior ha explicado en reiteradas ocasiones que «ni organiza, ni gestiona, ni financia» los traslados de migrantes desde Canarias, a donde han llegado de forma irregular unos 20.000 en lo que va de año.

Según este Ministerio, los migrantes que previamente son autorizados –por la Secretaría de Estado de Seguridad– para tener protección internacional o ser encuadrados entre colectivo vulnerable, sí pueden ser «puntualmente» trasladados a la Península para ingresar en el sistema de acogida, cuya competencia es del Ministerio de Migraciones e Inclusión Social.

El miércoles, el Ministerio de Migraciones negó haber llevado a cabo algún traslado «en los últimos días», asegurando que aquellas personas que hubieran viajado a la Península, como el caso de Granada, «no son usuarias del sistema de atención humanitaria».

A los que no tienen esa protección se les abre un expediente de expulsión para ser devueltos a sus países de origen en vuelos que Interior aseguró este jueves que espera retomar «plenamente a corto plazo», tras verse afectados por el cierre de fronteras por la Covid-19. Oficialmente, el Gobierno no ofrece cifras ni de los retornados ni de los trasladados a la Península, aunque fuentes policiales señalan que estos últimos son unos 2.000 en lo que va de año.

Además, Interior ayer recordó que el sistema de acogida es voluntario y que el expediente de expulsión no impide la libertad deambulatoria de los migrantes hasta que se ejecuta el vuelo de retorno a los países de origen.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido esta semana una reunión urgente con el ministro Escrivá, que a su vez acusó a esta organización de levantar sospechas infundadas al cuestionar los protocolos para realizar PCR a los migrantes que llegan a las islas. Interior también asegura que se realizan «estrictos protocolos» para detectar el Covid-19.

El aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, anunciado el jueves por la noche cuando faltaba menos de una semana para que se celebrase, llevaba días estudiándose, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

Las fuentes han insistido en que la decisión se debe exclusivamente a la situación epidemiológica y han afirmado que si se ha anunciado con tan poca antelación es porque ambas partes han intentado hasta el último momento mantener la cita.

Además, han remarcado que el aplazamiento no tiene ninguna conexión con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

En cuanto al anuncio de Trump, aseguran que la decisión no supone una sorpresa para el Ministerio de Exteriores, pero porque se enmarca en la estrategia del presidente saliente de lograr que distintos países árabes normalicen su relación con Israel.

Las fuentes no han respondido a si hubo contactos previos de Estados Unidos con España antes del anuncio sobre el Sáhara. El Departamento de Estado, por su parte, consultado por Europa Press, remite la pregunta a la Casa Blanca.

EXTERIORES EVALÚA LAS CONSECUENCIAS

Exteriores dice estar aún evaluando las consecuencias de esta decisión estadounidense, teniendo en cuenta que el contencioso del Sáhara Occidental está en manos de la ONU que lo considera territorio no autónomo pendiente de descolonización.

El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí llega en un momento en que la ONU había retomado los esfuerzos por nombrar un nuevo enviado especial para la región y con Trump en la recta de salida de la Casa Blanca. También después de que las tropas marroquíes se desplazaran más allá del muro que divide la región para disolver una protesta saharaui en Guerguerat, cerca de la frontera con Mauritania.

En este contexto, el Gobierno español acoge con optimismo una parte del acuerdo alcanzado entre Rabat y Washington, el relativo a la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel, pero subraya que siguen sin resolver tanto la cuestión del Sáhara Occidental como la de la paz entre palestinos e israelíes.

SEO/BirdLife ha alertado de que las aves de montaña de Europa están en regresión a consecuencia principalmente del cambio climático y de los cambios en el uso del suelo, por lo que la ONG llama a mejorar la protección de estos enclaves.

Con motivo del Día Internacional de las Montañas, SEO/BirdLife señala que su conservación es clave para alcanzar un desarrollo sostenible según reconoce el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.4.

En concreto, detaca que especies como la alondra común o el roquero rojo han visto como sus poblaciones han descendido en España pero, en general, esta pérdida de biodiversidad afecta a otras especies de montaña como el acentor alpino, el bisbita alpino, la chova piquigualda, el gorrión alpino, el treparriscos, como especies que ocupan también otros hábitats como la chova piquirroja, el colirrojo tizón, la collalba gris, el cuervo grande o el escribano montesino.

Los resultados recopilados por SEO/BirdLife indican que las poblaciones de aves de estas zonas están en general en declive. Algunas de ellas, colirrojo tizón, collalba gris, escribano montesino, que aunque también se encuentran en otros hábitats, tienen tendencia estable en estas zonas. La alondra común y el roquero rojo que frecuentan estas áreas, tienen descenso de sus poblaciones.

La coordinadora de los programas Sacre, Sacin y Noctua de la ONG, Virginia Escandell, ha explicado que los datos de zonas alpinas recogidos por SEO/BirdLife se incorporan junto con los de otros países europeos para elaborar un indicador de las aves comunes de montaña que permita conocer la salud de estos ecosistemas.

Así, ha añadido que a nivel europeo los expertos concluyen que «los primeros resultados indican que las poblaciones de aves de montaña descienden a escala europea y se atribuye el cambio climático y a los cambios de uso del suelo».

Las montañas albergan el 15 por ciento de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave, según reconoce el objetivo 15 de los ODS.

Pero a medida que su hielo se derriten sus glaciares por el cambio climático, los habitantes de las alturas _entre los más pobres del mundo_ afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales, además de amenazar al suministro de agua dulce de millones de personas.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado este viernes el traslado de otros seis internos relacionados con la banda terrorista ETA, dos de ellos con delitos de sangre, entre ellos Ángel María Tellería, alias ‘Antxoka’, autor del primer atentado contra una mujer policía en 1981 y que fue localizado y detenido en 2017 en México.

Instituciones Penitenciarias ha informado de que Ángel María Tellería Uriarte deja Madrid VII-Estremera para pasar a la cárcel de El Dueso, en Cantabria. Ingresó en prisión el 24 de febrero de 2017 y cumple una condena de 30 años de cárcel por los delitos de atentado, depósito de armas y pertenencia a organización terrorista. Cumplirá las 3/4 partes de su condena en agosto de 2039 y también ha sido progresado al segundo grado.

Fue condenado en 2018 a 26 años por su participación en 1981 en el atentado que le costó la vida a la inspectora María José García Sánchez. De su localización en México informó la Policía Nacional en febrero de 2017.

Jesús María Altable Echarte es otro de los terroristas con delito de sangre, ya que cumple 27 años de condena por participar en el asesinato en 1984 del capitán de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa. Irá a la cárcel de Soria tras ser progresado a segundo grado y abandonar la cárcel de Castellón I.

Ingresó en prisión el 20 de noviembre de 1999 y cumple una pena de 30 años por asesinatos. Según Instituciones Penitenciarias, «ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha presentado escritos en los que rechaza la violencia, reconoce su responsabilidad y el sufrimiento causado». También ha sido progresado a segundo grado.

Jon Mirena San Pedro Blanco pasa del centro penitenciario de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, al de Dueñas-La Moraleja, en Palencia. Ingresó en prisión el 19 de enero de 2004 y cumple una pena de 30 años por el delito de atentado. Cumplió las 3/4 partes en agosto de 2018. Prisiones ha resuelto su progresión a segundo grado.

José Carlos Apeztegía Jaca ingresó en prisión el 17 de octubre de 2018 y cumple una condena de cuatro años por el delito de pertenencia a organización terrorista. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en octubre de 2021. Deja Ocaña I, en Toledo, por la prisión de Pamplona después de ser progresado a segundo grado.

Jon Echeverría Oiarbide es otro de los presos que va a El Dueso, en Cantabria, desde Castellón II. Ingresó en prisión el 13 de diciembre de 2017 y cumple una condena de nueve años por depósito de armas. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en septiembre de 2024 y ha sido progresado a segundo grado.

También irá a la cárcel cántabra Jon Crespo Ortega, actualmente en Murcia II. Ingresó en prisión el 18 de noviembre de 2002 y cumple una condena de 25 años de cárcel por los delitos de colaboración con banda armada, daños, lesiones, desórdenes públicos y tenencia de explosivos. Cumplirá las 3/4 partes de su condena en agosto de 2021.

De este último preso de ETA dice Prisiones que acepta la legalidad penitenciaria. «Ha presentado un escrito en el que expresa su desvinculación de la violencia y admite el dolor causado y su empatía con las víctimas».

El Partido Regionalista de Cantabria ha presentado un total de 35 enmiendas en el Senado a la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como ‘ley Celaá’, que «nace con fecha de caducidad» y «sin diálogo» y con las que se pretende «mejorar» el texto, la vida escolar y el aprendizaje de los alumnos.

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández Viaña, y el senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, han presentado este viernes en rueda de prensa las enmiendas que los regionalistas han consensuado y trabajado conjuntamente con los representantes del Partido Aragonés, la Agrupación Socialista de la Gomera y Unión del Pueblo Navarro en la Cámara Alta.

En este sentido, Fernández Viaña ha incidido en que los regionalistas son «coherentes» con los postulados educativos que «siempre» han defendido y en el que han insistido en la necesidad del «máximo consenso» para realizar «una reforma de este calado».

«Una reforma legal del calado que tiene la educación en este país necesita que sea consensuada por todos. La clave para mejorar el rendimiento académico y disminuir los índices de abandono y de fracaso escolar es el consenso y que perdure en el tiempo. Y esta ley nace con fecha de caducidad», ha declarado.

Por ello, el senador autonómico del PRC ha lamentado que «no se haya aceptado» la propuesta de los senadores regionalistas de habilitar el mes de enero para que hubiese comparecencias, lo que conlleva que las enmiendas, cuyo plazo de presentación concluye el próximo día 15, se debatan el día 18 y que el pleno de aprobación sea el 23.

Asimismo, ha apuntado que el Ministerio aún no ha explicado la ley a las Comunidades Autónomas, con las que se reunirá el día 14. «No se nos ha dado opción a que haya comparecencias, porque dicen que ya las hubo en otras legislaturas. Esto es una vergüenza y un cuento. Estas prisas, hacer una ley en una situación de pandemia, por la puerta de atrás, el PRC lo rechaza de pleno», ha subrayado.

LAS ENMIENDAS

En cuanto a las enmiendas, Fernández Viadero ha explicado que algunas hacen referencia a aquellos aspectos que «más controversia» ha levantado, pero que también han incluido alguna que corrige «errores de redacción».

Al hilo ha enumerado, que los regionalistas presentan una enmienda para que la redacción de la ley vuelva al texto original, presentado en febrero de 2020, sobre la enseñanza del castellano «siempre teniendo presente la mejora del rendimiento educativo de los alumnos», ya que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial deben «tiene la suerte de aprender dos lenguas más otra extranjera».

En su opinión, es «una vergüenza» que esos alumnos no salgan del sistema educativo habiendo aprendido tres lenguas «por una cuestión identitaria».

De este modo, plantean que el texto recoja que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

También, enmiendan la elección de la Alta Inspección educativa que, a su juicio, debe ser por oposición y «no a dedo» como ocurre desde el año 1985, además de realizar una prueba. «¿Queremos inspectores politizados o técnicos? Los regionalistas optamos por los técnicos», ha subrayado.

Por otra parte, los regionalistas presentan enmiendas para que se reduzca las ratios en Infantil y Primaria, de 25 a 20, y en Secundaria, de 30 a 25, para «mantener» los puestos de trabajo y la escuela en el medio rural; y para que, en Secundaria, se mantenga la asignatura de Ética, «que piden muchos sectores».

En cuanto a la elección de centros, el PRC considera que debe realizarse «en los términos» de Cantabria donde prácticamente el 100% de los padres escolariza a sus hijos en el centro que elige; y en cuanto a la educación especial, los regionalistas, que apuestan por una educación inclusiva, consideran necesario que se garantice la supervivencia de los centros especiales, ya que hay alumnos que «los necesitan».

Sobre la Formación Profesional, Fernández Viadero ha denunciado que se pretende «eliminar» la figura de los profesores técnicos que son los que llevan el peso de la formación práctica.

En su opinión, con el cambio que se pretende incluir, se «devalúa» la Formación Profesional y se «teoriza» además propone que se vaya «igualando» su sueldo. «Estas son las de mayor calado, pero hay otras que corrigen textos mal redactados, por ser un copia y pega», ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado para el 20 de enero de 2021 una vista destinada a revisar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el conocido como triple crimen de Dos Hermanas (Sevilla), que condena a 40 años de cárcel a Ricardo G.H. alias el ‘Pollino’, su padre Ricardo G.G. ‘el Cabo’ y su esposa, Elisa F.M., frente a las peticiones de prisión permanente revisable, según ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado a Europa Press fuentes del Alto tribunal andaluz.

Según la sentencia condenatoria, fechada el pasado 1 de septiembre y recogida por Europa Press, ha quedado probado que el ‘Pollino’, su mujer, su padre alias el ‘Cabo’ y su madre, Joaquina H. J., «han sido investigados en innumerables ocasiones por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas», siendo condenados en 2019 por un delito de tal naturaleza.

De otro lado, el ciudadano turco Yilmaz Giraz «ha sido investigado por la Policía desde 1999 por su posible relación con delitos de tráfico de drogas y mantenía frecuentes contactos telefónicos» con el ‘Pollino’, «el último de ellos en julio de 2017», con lo que «por razones que se desconocen a ciencia cierta, pero probablemente por razones derivadas del tráfico de drogas», el ‘Pollino’, su esposa y su padre el ‘Cabo’ «decidieron en septiembre de 2017 secuestrar y acabar con la vida de Yilmaz».

Fruto de ello, según declara como hechos probados la sentencia, el ‘Pollino’ pidió a Manuela M.O. «que localizará persona o personas que estuvieran dispuestas a secuestrar a Yilmaz» y ella se lo propuso a David Ramón H.P. alias ‘el Tapita’, celebrando los tres una reunión en la que el ‘Pollino’ habría explicado a David Ramón H.P. que el encargo consistía en «reducir a un hombre que le debía dinero y llevarlo a su domicilio a cambio de 3.000 euros».

LA CASA DE CERRO BLANCO

Posteriormente, David el ‘Tapita’ contactó con José Antonio M.B. alias el ‘Quino’ «y le propuso participar en el plan», tras lo cual la mañana del 16 de septiembre de 2017, el ‘Pollino’ y su padre recogieron a ambos y todos ellos se personaron en la vivienda correspondiente al número 168 de la calle Cerro Blanco, en Dos Hermanas, propiedad del ‘Pollino’.

Yilmaz Giraz habría hecho acto de presencia en la casa a las 13 horas, según el relato de hechos probados, siendo reducido e inmovilizado por David el ‘Tapita’ y José Antonio el ‘Quino’, estando presente en la vivienda la esposa del ‘Pollino’. Tras ello, como quiera que Yilmaz Giraz «no facilitaba la información» que se le exigía pese a ser golpeado para ello, el ‘Pollino’, su mujer y su padre acudieron en coche a la vivienda de Sandra Capitán y allí la obligaron a subir al vehículo junto a su hija, de solo seis años de edad.

Ya de vuelta a la vivienda de la calle Cerro Blanco, David el ‘Tapita’ y José Antonio el ‘Quino’ «cesaron en su acción por no haber pactado el secuestro de Sandra y de una menor de edad» y, tras ser devueltos ambos a Sevilla capital, el ‘Pollino’, su mujer o su padre, uno de ellos «en presencia y con el apoyo de los otros dos, disparó con un revolver a la cabeza de Yilmaz, Sandra y de la pequeña», siendo sus cadáveres arrojados a una fosa séptica que se encontraba en el cuarto de baño, entre la bañera y el retrete, que tenía un metro de diámetro y una profundidad de unos dos metros». Después, la fosa fue rellenada de hormigón y sellada con mortero y fermila.

«Si bien es cierto que no concurre prueba directa de la que se infiera que acabaron con la vida de las tres víctimas disparando sendos proyectiles de ama de fuego a la cabeza de cada una de ellas, así se infiere de prueba indirecta o indiciaría», asevera la sentencia, desgranando los aspectos abordados durante la vista oral tendentes a dicha conclusión.

LAS PENAS

Así, en el fallo de la Audiencia, que seguía al veredicto emitido por el jurado popular encargado de enjuiciar este caso, Joaquina H. J. resulta absuelta de los tres delitos de encubrimiento por los que fue enjuiciada, mientras en el caso del ‘Pollino’, su mujer y su padre, la Audiencia impone a cada uno de ellos a 25 años de prisión por cada uno de los tres delitos de detención ilegal en concurso medial con el delito de asesinato y un año y medio más de cárcel por tenencia ilícita de armas.

No obstante, fruto de la aplicación del artículo 76 C) del Código Penal sobre los plazos máximos de cumplimiento de pena de prisión permanente revisable para aquellos condenados por dos o más delitos o delitos especialmente graves, cada uno de ellos cumplirá «una única pena de prisión de 40 años», según la sentencia.

Manuela M.O. es condenada como cómplice de un delito de detención ilegal a la pena de dos años y once meses de prisión; mientras David Ramón H.P. es condenado como autor de un delito de detención ilegal con la agravante de precio y atenuantes de confesión muy cualificada y reparación del daño, a tres años de prisión; y José Antonio M.B. a cuatro años de cárcel por un delito de detención ilegal con la circunstancia agravante de precio y atenuante de confesión.

Además, el ‘Pollino’, su mujer y su padre, cuya prisión provisional se prorroga hasta el día 3 de octubre de 2037, son condenados a indemnizar a la madre de Sandra Capitán con 140.000 euros, con 44.000 euros a cada una de las hermanas de Sandra, así como con 110.000 euros al padre de la hija de Sandra y con la misma suma a la hija de Yilmaz Giraz.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este viernes una reforma de la Constitución de corte federal, porque considera que es la mejor manera de organizar y reconocer la diversidad en democracia, y ha asegurado que las líneas que se recogían en este sentido en la denominada ‘Declaración de Granada’ son «plenamente vigentes».

«Ningún otro partido ha hecho este esfuerzo, y el acuerdo al que llegamos el conjunto de los socialistas españoles es un acuerdo que sigue vigente», ha reivindicado en la clausura telemática de la V Convención Federalista de la Fundación Campalans.

Según Iceta, la ‘Declaración de Granada’ es el fondo de armario de los socialistas para avanzar hacia esta reforma de la Carta Magna cuando se den unas condiciones políticas que, a su juicio, deben pasar por configurar «un pacto de Estado».

«La historia de España recomienda grandes consensos, y que no modifiquemos consensos antiguos en beneficio de no consensos actuales. Necesitamos una amplia mayoría para reformar la Constitución», ha apuntado Iceta, tras admitir que el procedimiento para hacerlo es muy rígido, lo que ha sido positivo por una parte pero también ha podido obstaculizar la posibilidad de modificar su contenido.

ESCUDO DE ESPAÑA

En su opinión, en el escudo de España se encuentra la expresión de la diversidad y de la unión de los ciudadanos: «Una unidad en la que conviven identidades, sentimientos, procedencias e historias y orígenes distintos. No solo es la descripción sino la pauta por la que tenemos que avanzar».

También ha lamentado que los independentistas catalanes no vean otra opción que la de separarse de España, lo que ha provocado «una división que no ha llevado a nada y ha sido perjudicial para los intereses» de Cataluña.

Así, ha criticado que el expresidente de la Generalitat Quim Torra apostara por la estrategia de la confrontación frente a la cooperación que reclaman desde el PSC, y que afirmara que la autonomía es un obstáculo para la independencia: «¿Cómo se le puede confiar el gobierno de una autonomía a alguien que piensa esto? La autonomía es una palanca para el progreso y el bienestar de la sociedad».

OBJETIVOS COMPARTIDOS

Aunque cree que es momento de encontrar objetivos políticos compartidos, como la lucha contra la pandemia y la reactivación económica y social, reconoce que será «difícil recomponer una amplia concordia» entre los catalanes

«Necesitamos un cambio, un nuevo tiempo político, que cambie las prioridades equivocadas y acierte con las soluciones», ha sostenido Iceta, que ha pedido aprovechar que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dispuesto al diálogo para abordar el conflicto catalán y la financiación de las autonomías.

El nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa, Norte III, que se va a construir en Zubieta, supondrá una inversión de más de 41 millones de euros y se prevé entre en funcionamiento «en primavera de 2023», según ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro se ha reunido este viernes en San Sebastián con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso; la viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, Ana Aguirre; el subdelegado del Gobierno central en Guipúzcoa, Guillermo Echenique; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, para dar cuenta de los detalles de este «ilusionante» proyecto que posteriormente ha presentado en rueda de prensa.

Grande-Marlaska ha recordado que la cárcel donostiarra de Martutene fue levantada «a mediados en 1948 en el extrarradio de San Sebastián» y, en la actualidad, su «diseño arquitectónico, concebido con fines punitivos de custodia de presos, hace difícil su adaptación al moderno sistema penitenciario que prioriza el cumplimiento del mandato constitucional de reinserción del penado».

«Esta obsolescencia ha llevado al Ministerio del Interior a impulsar la construcción del centro penitenciario Norte III, un proyecto que se licitó el pasado 13 de noviembre», ha señalado, para añadir que «la obra será adjudicada por el Consejo de Ministros el próximo mes de febrero, y su duración prevista es de 22 meses».

El ministro ha asegurado que el nuevo centro penitenciario será «la cárcel más moderna de España; con un presupuesto superior a los 41 millones de euros». Además, ha anunciado que «si todo va según lo previsto, el cierre de Martutene y la inauguración del centro penitenciario Norte III podrían ser una realidad en la primavera de 2023».

En cuanto al nuevo centro, ha indicado que se construirá en una parcela del área de desarrollo urbanístico de Eskuzaitzeta, en el barrio donostiarra de Zubieta, de más de 28 hectáreas, y las instalaciones penitenciarias ocuparán una superficie construida de 35.923 metros cuadrados.

También ha puesto en valor que la nueva cárcel estará «bien comunicada con el centro de San Sebastián, a tan solo ocho kilómetros», ya que «todos los servicios urbanos serán adaptados a las necesidades del centro penitenciario para facilitar los desplazamientos de trabajadores, internos y familias», y «dispondrá además de una excelente conexión con la Autovía del Norte N-I en ambos sentidos».

DISEÑO

Según ha detallado, el diseño del nuevo centro «se basa en el centro-tipo creado en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios y mantiene el concepto de núcleo urbano autosuficiente», con seis módulos residenciales que dispondrán «de todos los espacios necesarios para la estancia del interno, con las celdas, salas de día, espacios ocupacionales y patio».

Los seis módulos residenciales contarán con una capacidad de 234 celdas dobles y uno de ellos estará destinado a mujeres con 25 celdas, es decir unos 500 internos, mientras que la capacidad de Martutene era de unos 290, aunque ha llegado a haber hasta 400.

También habrá un centro de inserción social para aquellos penados que alcancen el régimen de semi-libertad, con 52 habitaciones, otro módulo de ingresos con 36 celdas y siete celdas para el régimen disciplinario. En el centro Norte III no habrá celdas de régimen cerrado o primer grado.

El complejo también estará dotado de un edificio deportivo-cultural, de cinco talleres productivos para el trabajo remunerado de los privados de libertad, un edificio para servicios generales ( enfermería con quince camas, cocina, y lavandería) y otro dedicado a las comunicaciones exteriores y videoconferencias, «con un novedoso sistema de videocabinas» y uno más administrativo y del Cuerpo de Guardia.

Grande-Marlaska ha destacado que «el centro penitenciario Norte III supondrá la sustitución del actual centro de Martutene, nacido con un objetivo en exclusiva punitivo, por una infraestructura que cumplirá plenamente el mandato del artículo 25.2 Constitución, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social».

A ello se añade, según ha apuntado, la adecuación de su diseño a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 «permite resumir las características del centro penitenciario Norte III en dos palabras: rehabilitación y sostenibilidad».

El ministro ha incidido en que este era «un proyecto muy deseado y necesario y querido por todas las administraciones que han estado trabajando conjuntamente».

Por otro lado, preguntado por la negociación de la competencia de la gestión de instituciones penitenciarias al Gobierno Vasco, y si será este el que recepcionará el nuevo centro penitenciario de Zubieta, Grande-Marlaska ha indicado que «se está trabajando» en esa transferencia, que «es una de las que está en la primera fase».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que la relación del Ejecutivo con Marruecos es «excelente» y que el aplazamiento la Reunión de Alto Nivel (RAN) no está relacionado con la cuestión del Sáhara Occidental, sino con la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Sánchez ha asegurado que «la relación que tiene el Gobierno de España con Marruecos es excelente» y que había un «interés mutuo» por celebrar esa reunión.

«Pero hemos decidido, como consecuencia de la situación epidemiológica, que vamos a esperar un par de meses más para poder celebrarla con todas las garantías», ha dicho sobre el acuerdo para posponer el encuentro, que estaba programada para el 17 de diciembre en Rabat y finalmente se hará en febrero.

En cuanto al Sáhara Occidental, Sánchez ha indicado que la posición del Gobierno de España «es bien conocida», basada en las resoluciones de la ONU y en el respeto a la legalidad internacional, y que no ha cambiado en los dos años que lleva en Moncloa.

«Lo dijo la ministra y es algo que yo comparto a pies juntillas», ha afirmado sobre las declaraciones que hizo este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante su visita a Israel y a los territorios palestinos, poco después de que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara, tras lo cual se conoció el aplazamiento de la cumbre entre España y Marruecos.

Asimismo, ha señalado que, como ya manifestó González Laya, el Gobierno español celebra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel y le gustaría que «se resolviera de una vez por todas el conflicto entre Israel y Palestina».

COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

Cuando se le ha preguntado si Rabat pretende dar un toque de atención a Madrid para que cambie su posición sobre el Sáhara Occidental y si para España es un varapalo que se cancele el encuentro con Marruecos ahora que necesita reforzar la cooperación en materia de inmigración, el presidente ha respondido que «en absoluto». «No hay, realmente, ninguna cuestión detrás», ha dicho.

Para ilustrar la fluidez en las relaciones bilaterales, Sánchez ha recordado sus reuniones con el rey Mohamed VI y con el primer ministro, Saadeddine el Othmani, con quien habla «frecuentemente».

Según ha explicado, cuando llegó a la Moncloa se produjo una crisis migratoria y ambos gobiernos tuvieron que «poner en pie» una política migratoria y «restablecer los cauces de comunicación perdidos o debilitados durante años con las autoridades marroquíes.

«Desde entonces tenemos una relación privilegiada», ha asegurado, agregando que hay «muchísimos temas encima de la mesa» que espera poder tratar en la RAN de febrero. Además de la cuestión migratoria, ha mencionado el Covid-19, las energías renovables, la industria, el comercio y el turismo.

La comitiva que iba a acompañar al jefe del Ejecutivo en la Reunión de Alto Nivel estaba formada por los ministros que abordarían memorandos de colaboración o materias específicas en las relaciones bilaterales. Aunque se había barajado la posibilidad de que acudiera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, finalmente no se sumó.

Recientemente, el Gobierno aseguró que no le constaba ningún malestar en el seno del Ejecutivo marroquí por la posición de Iglesias, favorable a un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.

La Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a cinco personas, –tres de ellas marroquíes–, como autores de un delito contra la salud pública tras ser detenidos en 2010 cuando navegaban a bordo de una embarcación frente a la costa de Isla Cristina (Huelva) transportando en ella 88 fardos y un bulto de hachís con peso total de 2.700 kilogramos.

De este modo, según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el TSJA desestima el recurso de apelación presentado por los condenados y confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Huelva.

En su recurso alegaban «falta de motivación en la imposición de la pena» pero como recoge el TSJA «no se comprende cómo se tilda de carente de motivación una sentencia que dedica siete párrafos a fundamentar laselección punitiva», así como ésta hace «la oportuna incidencia» en el hecho de que se trata de un alijo cuyo montante es «más de mil veces superior al mínimo reputable como de notoria importancia y que se ha empleado una embarcación para su transporte».

«La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva cumple así de modo loable y holgado la obligación de motivar la individualización de la pena», prosigue la sentencia, que considera «absolutamente razonable que la Audiencia Provincial haya optado por elevar en dos grados la pena base de uno a tres años».

Además, rechaza los argumentos de las defensas para valorar como atenuante la conocida como ‘confesión tardía’ o para que se acuerde la inmediata expulsión del territorio nacional. La sentencia señala que «no parece justo que semejante conducta se salde con la mera salida de los acusados del territorio español librándose así del cumplimiento, siquiera parcial, de una pena que indudablemente merecen y que, con claro agravio comparativo, sí han de cumplir los dos acusados españoles también condenados».

De este modo, se confirma la sentencia que los condenaba a la pena, a cada uno de ellos de cuatro años, seis meses y un día de prisión, y dos multas de 18.000.000 euros y 17.000.000 euros, respectivamente, con responsabilidad personal subsidiaria de quince días de privación de libertad para caso de impago por cada una de ellas.

Hay que tener en cuenta que un gramo de la mencionada sustancia alcanza en el mercado un precio aproximado de seis euros, el total de la sustancia decomisada habría alcanzado en el mercado ilícito un precio de 16.200.000 euros.

La Sección Primera de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo interpuesto por la diputada de Vox, Macarena Olona Choclán, contra el acuerdo de autorización de prórroga por seis meses del estado de alarma por pandemia de covid declarada por el Real Decreto el pasado 25 de octubre, que permite extender esta situación hasta el 9 de mayo del próximo año.

En una breve resolución conocida este martes, el tribunal razona que tanto el acuerdo parlamentario como el Real Decreto queprorroga dicho estado de alarma tienen valor de ley y no son susceptibles de ser recurridos en amparo, como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la jurisprudencia del propio órgano en sendas sentencias dictadas en 2012 y 2016.

Contra las normas con rango de ley lo que caben son recursos de inconstitucionalidad, que pueden ser presentados por el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y un grupo cincuenta diputados y cincuenta senadores.

El Congreso dio luz verde a esta prórroga de seis meses el pasado día 29 con los únicos votos en contra de los 52 parlamentarios de Vox y el diputado de Foro por Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

En la misma se establece que, tras cuatro meses de prórroga (9 de marzo), la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pueda decidir, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo.

Asimismo, se recoge que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá rendir cuentas cada dos meses de la aplicación del estado de alarma, comparecencias que serán en paralelo a las que protagonice mensualmente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la Comisión de Sanidad para detallar los datos y gestiones correspondientes a su departamento.