La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se ha sumado al documento que la asociación de jueces polacos Iustitia pretende presentar a la Comisión Europea en defensa de la independencia judicial, por considerar que «los ataques sistemáticos a la independencia judicial» en Polonia afectan a los derechos de todos los ciudadanos europeos y que, en todo caso, podrían darse en el futuro en cualquier Estado miembro.

Iustitia, a la que ya han apoyado otras asociaciones de jueces europeos además de la AJFV, planea entregar a la Comisión Europea un documento pidiendo que se ejecuten las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para preservar la independencia judicial en todo el espacio comunitario y que adopte la acciones pertinentes en virtud del artículo 17 del Tratado de la UE (TUE), que encarga al Ejecutivo europeo supervisar la aplicación del derecho de la UE bajo el control del TJUE.

«Ante los ataques sistemáticos a la independencia judicial como pilar esencial del Estado de Derecho y desde nuestra responsabilidad como jueces europeos comprometidos con el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, apoyamos a la asociación de jueces polacos Iustitia», ha dicho la AJFV en una carta de apoyo a sus homólogos polacos.

La asociación española ha considerado que «el ataque a la independencia judicial de los jueces de Polonia no solo es un ataque a las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Polonia, sino también de los ciudadanos europeos, que se mueven en ejercicio de la libertad de circulación de personas dentro del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia de la UE», así como a «la garantía de una aplicación uniforme del Derecho de la UE, sus fundamentos y valores superiores».

«Asumimos que los jueces nacionales somos esencialmente también jueces europeos que aplican el Derecho de la Unión, razón por la que la Unión, incluido el TJUE, debe vigilar la independencia del poder judicial en todos los estados miembros como una de las exigencias del Estado de Derecho», ha señalado la AJFV.

Ha recordado asimismo que «entre los grandes objetivos que persigue la UE está la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia» que «no es posible si no se garantiza la aplicación del Derecho de la Unión entre los estados miembro constituidos como Estados de Derecho, sometidos a la ley, con jueces –nacionales y a la vez de la UE– independientes que puedan aplicar debidamente la ley nacional y el Derecho de la UE».

La AJFV ha subrayado que «la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial son requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho, que es como los estados democráticos garantizan el respeto de los derechos fundamentales y de los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la solidaridad».

«Nuestro apoyo a la independencia judicial de los Jueces de Polonia es el apoyo al Estado de Derecho, como garantía de respeto de los Derechos Humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea, y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral», ha sostenido.

«MAÑANA PUEDE SER OTRO ESTADO DE LA UE»

Además, la AJFV ha advertido de que ningún país está a salvo de ataques similares a los que está sufriendo la judicatura polaca. «Hoy es Polonia, mañana puede ser otro Estado de la Unión Europea, pero seguirá siendo nuestro común espacio europeo de libertad, seguridad y justicia», ha recalcado.

A este respecto, ha apuntado que, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia publicado este año por la Comisión Europea, «Polonia y España son los dos países de toda la UE en los que el equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo designan única e íntegramente los políticos a través del Parlamento: en todos los demás países sus respectivos jueces participan de forma más directa e independiente en esa designación, como no en vano llevan años recomendando distintas instituciones europeas».

La adhesión de la AJFV a la iniciativa de Iustitia se produce en el marco de la polémica desatada en España por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el actual CGPJ, que lleva pendiente dos años, y por las proposiciones de ley presentadas por los socialistas y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para rebajar la mayoría con la que se elige a los vocales del turno judicial, que pasaría de tres quintos a mayoría absoluta, y para impedir que un CGPJ caducado pueda realizar nombramientos.

Tanto la AJFV como las demás asociaciones judiciales han hecho sucesivos llamamientos a renovar de una vez por todas el CGPJ. A ello, la AJFV, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han añadido la necesidad de que esos doce vocales sean elegidos por los propios jueces, conforme a los estándares regionales indicados por la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

La Conselleria de Sanidad Universal realiza cribados entre el personal de los centros residenciales de mayores y centros de diversidad funcional, tanto públicos como privados, ubicados en zonas con un mayor riesgo de transmisión, aunque no exista un brote activo en esos momentos, para disminuir la tasa de incidencia del virus, según han informado fuentes de la Generalitat.

Así, lo ha señalado la secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro, tras la reunión que ha mantenido con los representantes de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE).

Al respetco, ha explicado que el objetivo de esta medida es «detectar cuanto antes un posible caso de coronavirus para evitar la transmisión del virus a personas tan vulnerables como son los mayores o las personas con diversidad funcional».

Así, ha destacado que si se aumentan los cribados en los centros ubicados en zonas con un mayor riesgo de transmisión «se pueden detectar posibles asintomáticos y evitar nuevos contagios». Por ello, el cribado se realiza en aquellos centros que estén ubicados en un territorio que cumpla con dos condiciones epidemiológicas.

Por un lado, en los departamentos con incidencia acumulada de >500 casos por 100.000 habitantes; y por otra parte, en aquellos municipios con incidencia acumulada de >500 casos por 100.000 habitantes y >10 casos acumulados en los últimos 7 días.

Asimismo, la población diana a la que se realizan la prueba PCR, de forma voluntaria, es el personal de estos centros que no presenten síntomas Covid-19 o sean contactos estrechos en cuarentena, aquellos que presenten una IgG de serología positiva en los últimos tres meses o los que tengan una PDIA negativa en los últimos 14 días.

El objetivo de la Conselleria de Sanidad es reducir la incidencia de coronavirus en los centros de personas mayores y de personas con diversidad funcional. Gracias a este estudio de prevalencia de Covid-19 entre los profesionales se puede realizar «una detección precoz de la infección en personal asintomático con riesgo elevado por la situación epidemiológica de un territorio».

Navarro ha señalado que dada «la especial vulnerabilidad» de las personas que residen en estos centros resulta «necesario incrementar las medidas de prevención para evitar la transmisión del virus».

El Rey Felipe VI ha expresado este viernes su compromiso con la Fundación Princesa de Girona y, a través de ella, con las demandas de la juventud por el bien del «futuro común», en un acto en el que ha estado acompañado por la heredera de la Corona, presidenta de honor de la fundación.

Los Reyes han presidido este viernes en el Palacio de El Pardo la reunión del patronato de la Fundación y, sin que estuviera anunciado previamente, han estado acompañados por sus hijas. Al final del acto, después del Rey ha tomado la palabra Leonor, que ha agradecido su trabajo a los patronos y los trabajadores de la fundación, y también a los premiados, y acto seguido ha pronunciado unas palabras en catalán.

«Ojalá que pronto podamos entregar nuestros premios como a todos nos gustaría. Nuestra Fundación seguirá siendo el gran referente de apoyo al talento joven de nuestro país», ha dicho, reafirmando el mensaje de compromiso que había dirigido su padre.

En un momento en que todos los ojos están puestos en el Rey emérito y en si regresará a España tras su regularización fiscal, el jefe del Estado ha participado en un acto junto a su heredera. Un acto, además, relacionado con la juventud, ya que la Fundación Princesa de Girona premia a jóvenes talentos, y relacionado con una entidad no exenta de dificultades, por el boicot de la Generalitat y el Ayuntamiento de Girona a su ceremonia de entrega de premios.

En sus palabras, según ha informado Zarzuela, el Rey ha puesto el foco en que el patronato se celebra en un momento en que en España, en Europa y prácticamente en todo el mundo la pandemia está dejando consecuencias muy duras para muchos sectores sociales, pero en particular para los jóvenes.

«NUESTRO FUTURO COMÚN COMO SOCIEDAD Y COMO PAÍS»

Por eso, ha recalcado que la razón de ser de la fundación «adquiere una relevancia aún mayor». «La Fundación mantiene la necesidad de seguir con fuerza ante la realidad de nuestra juventud, que demanda un esfuerzo continuo por el bien de nuestro futuro común como sociedad y como país».

En el acto híbrido -presencial y telemático- han participado cerca de 60 patronos de la Fundación. El Patronato ha aprobado el informe de actividad 2020 y el plan de actuación para el próximo año.

En 2020 la Fundación ha aplazado su entrega anual de premios por las restricciones sanitarias a causa de la pandemia de coronavirus. Primero se aplazó hasta noviembre, y en junio –fecha habitual de la ceremonia– los Reyes y sus hijas tuvieron un encuentro telemático con algunos de los premiados.

Sin embargo, finalmente, este mes de noviembre se comunicó el aplazamiento hasta 2021. La princesa Leonor ya participó por primera vez en 2019 en el acto de entrega de los premios, en una ceremonia que se celebró en Barcelona a finales de año entre fuertes medidas de seguridad y en la que también pronunció unas palabras en catalán.

El Cabildo Catedral de Córdoba ha dado a conocer este viernes el horario de las celebraciones litúrgicas navideñas que presidirá en el principal templo de la Diócesis el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con la novedad principal de que se adelanta a las 23,30 horas del 24 de diciembre, la tradicional Misa del Gallo.

En concreto y según ha informado la Diócesis de Córdoba, las celebraciones de Navidad en la Santa Iglesia Catedral que cada año son presididas por el obispo y concelebradas por miembros del Cabildo Catedral «se iniciarán el 24 de diciembre a las 10,30 horas, con la solemne eucaristía, proclamación de las Calendas, el canto del anuncio del nacimiento del Señor y la posterior bendición del Belén de la Catedral».

Ya en la medianoche, pero con media hora de antelación, se celebrará la tradicional Misa del Gallo, que en esta ocasión se adelanta a las 23,30 horas y en la que actuará el Coro de Cámara del Cabildo Catedral.

Por su parte, el viernes 25 de diciembre, Solemnidad de la Natividad del Señor, Demetrio Fernñandez presidirá la Solemne Misa Pontifical, a las 12,00 horas, en la que actuará el Coro del Seminario Conciliar San Pelagio.

Ya en enero de 2021, en concreto el viernes día 1 de enero, Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y 54ª Jornada Mundial de la Paz, el obispo presidirá la misa en el templo principal de la Diócesis a las 12,00 horas.

Finalmente, el miércoles 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, la celebración eucarística, en la Santa Iglesia Catedral, será a las 12,00 horas, y en esta celebración, como e la del día 1, intervendrá el Coro de Cámara del Cabildo Catedral, y en éste, como en todos los demás actos litúrgicos, será obligatorio cumplir con las medidas higiénico sanitarias establecidas por las autoridades competentes.

Las estaciones de esquí oscenses de Candanchú, Cerler y Formigal acogerán este sábado, 12 de diciembre, a las 12.00 horas, una jornada reivindicativa bajo el lema ‘SOS Nieve’, movilización a la que se han sumado ayuntamientos y asociaciones empresariales de los valles del Pirineo.

Con estas protestas, el sector del turismo invernal insta al Gobierno de Aragón a que elabore un plan de rescate para paliar su situación provocada por el impedimento de abrir estos establecimientos a causa de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

En concreto, la concentración del Valle de Tena está convocada en el aparcamiento de Sextas, de la estación de Formigal; en la Jacetania, en la zona de estacionamiento de Pista Grande, en Candanchú, y en la Ribagorza, en el Molino de la estación de Aramón Cerler.

Los asistentes conformarán las letras ‘SOS’ y guardarán tres minutos de silencio. En ellas, se dará lectura a un manifiesto, en el que se pondrán de relieve las afecciones que han causado en dicha actividad económica las restricciones y los confinamientos con motivo de la pandemia.

Además, se reclamará el apoyo del Ejecutivo autonómico y ayudas económicas directas a las estaciones y a las empresas del sector afectadas, de las que dependen miles de familias.

El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha apuntado que espera que las manifestaciones sean «multitudinarias», cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad frente a la COVID-19 y que «haya un apoyo unánime por parte del Gobierno de Aragón», porque «ahora más que nunca estas zonas de Aragón necesitan el respaldo del Ejecutivo aragonés».

ASOMBRO

El sector de la nieve ha mostrado su «asombro» ante las aglomeraciones de personas que se han dado durante los días del puente de la Constitución en centros comerciales y calles de las grandes ciudades aragonesas, mientras se impide la apertura de los remontes y de las pistas de esquí que, han insistido, «es un deporte seguro.

En este punto, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, ha señalado que el deporte de la nieve se practica al aire libre y sobre la actividad que genera en bares o comercios de las zonas donde hay pistas invernales ha esgrimido que han de aplicarse «medidas y aforos» igual que en el resto de la comunidad autónoma por lo que el riesgo de contagio «en un bar de un sitio es el mismo que en otro de otro sitio, cumpliendo las medidas».

Además, el sector ha considerado un «agravio comparativo» que haya estaciones en otras comunidades autónomas que pueden abrir sus puertas, mientras las aragonesas siguen cerradas.

Ha confiando en poder abrir sus instalaciones estas Navidades, pero ha reconocido que, aunque se levanten las restricciones de movilidad en las tres provincias, necesitan la llegada de esquiadores de otros punto del territorio nacional.

Al respecto, el alcalde de Sallent de Gállego ha dicho que su deseo es que «aunque solo sea con la población de Aragón», las estaciones puedan abrir y que las medidas «tan restrictivas» para la hostelería se flexibilicen, además de que es preciso iniciar una dinámica «en la que no todo sean pérdidas».

Para el alcalde de Canfranc, «hay que tener en cuenta que un 80 por ciento de los clientes de las estaciones de esquí son de fuera de la comunidad autónoma» y ha añadido que su Ayuntamiento «va a estar allí para apoyar al sector».

Los Juzgados de Badalona (Barcelona) no recibieron ninguna denuncia por la ocupación de la nave industrial que se incendió en la ciudad la noche del miércoles, y los juzgados provinciales de lo Contencioso-Administrativo, competentes en materia de higiene y salubridad, tampoco han recibido ninguna petición del Ayuntamiento de Badalona para intervenir por razones de emergencia sanitaria u otras, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así, no existe ninguna denuncia por usurpación del edificio y ningún cuerpo policial ha dirigido a los juzgados de la ciudad ningún atestado alertando de hechos delictivos en el inmueble, por lo que los juzgados de lo Penal de Badalona no han incoado procedimiento penal, ni tampoco en el orden civil al no constar ninguna demanda, ha precisado el Alto tribunal catalán.

El TSJC ha confirmado que el juez decano de Badalona, Josep Maria Nogales, recibió el 19 de octubre una carta del alcalde, Xavier García Albiol, que era «extrajudicial, en ningún caso ninguna denuncia ni escrito formal que permitiera la acción judicial de acuerdo con las mínimas exigencias procesales» para habilitar la intervención de un juez.

Ante el aviso de la ocupación de un inmueble, el juez decano de Badalona «mantuvo los contactos necesarios con los cuerpos policiales para acreditar que efectivamente no se trataba de un supuesto de ocupación», y los dueños de la nave, quienes podrían haber denunciado la usurpación, no presentaron ninguna denuncia o demanda.

Los juzgados de Badalona no han sido requeridos para intervenir ante la inexistencia de demandas civiles, denuncias o atestados policiales, ha recalcado el TSJC.

«NINGUNA PETICIÓN DE INTERVENCIÓN»

En Badalona solo hay juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, que no tienen competencias en materia de condiciones de higiene, salubridad o condiciones de vida, y el desalojo de un inmueble por estas razones corresponde al orden Contencioso-Administrativo, que asumen de forma provincial los juzgados de Barcelona.

Los juzgados de lo Contencioso de Barcelona no han recibido «ninguna petición de intervención en la nave por parte del Ayuntamiento de Badalona» por razones de emergencia sanitaria.

La investigación del incendio desatado en una nave industrial el miércoles y que ha causado tres víctimas mortales la dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona.

La Policía Nacional ha detenido en Orense a un joven tras agredir en la cabeza a otro hombre que trataba de expulsarlo de un bar al que había entrado lanzando consignas a favor de ETA y de Bildu.

El detenido ha sido identificado como Andrés de V.F., según pudo saber Europa Press, que en diciembre de 2015 le había propinado un puñetazo en Pontevedra al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Este nuevo suceso ocurrió del pasado martes, 8 de diciembre, poco antes de las 23,00 horas. El joven irrumpió en un bar de Orense lanzando consignas a favor de ETA y del partido político Bildu.

Los clientes presentes en el establecimiento le instaron a que se marchase, a lo que el joven no accedió.

En este momento y mientras los clientes del establecimiento intentaban sacarlo del local, el detenido sacó un objeto –al parecer un cuchillo– con el que comenzó a golpear a uno de los hombres, pare después huir del lugar a pie.

Los testigos llamaron al 061, ya que la víctima sangraba por la cabeza, además de al 091, que desplazó una dotación hasta la zona. La víctima tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Ourense, ya que presentaba cortes en la cabeza que requirieron puntos de sutura.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda y localizaron al presunto autor en una calle próxima al lugar de los hechos.

El detenido, de 22 años natural de Pontevedra y con una detención anterior, fue identificado como Andrés de V.F., joven que había permanecido durante dos años internado en un centro de menores tras agredir a Mariano Rajoy durante un paseo electoral por la ciudad de Pontevedra en diciembre de 2015.

Posteriormente, este joven protagonizó una nueva polémica el pasado año por su implicación en la agresión al coordinador de la agrupación local en Pontevedra de Vox, Juan Manuel Rosales Pérez, cuando se encontraba repartiendo folletos en una mesa informativa que habían instalado en esta ciudad, junto a la Plaza de Abastos.

Podemos ha difundido en redes sociales un vídeo titulado ‘Monárquicos’ tras la regularización de la situación fiscal del rey emérito Juan Carlos I, en el que se recogen diversas imágenes de miembros de la Casa Real con la canción que introduce la cabecera de la serie ‘Narcos’.

En el montaje se aprecia diversas imágenes de Juan Carlos I con el dictador Francisco Franco y también se recoge el instante en que pidió perdón por su polémico viaje en 2012 para cazar a Botsuana (África), en el que se rompió la cadera.

También figuran encuentros con miembros de la familia real saudí, además de varias instantáneas antiguas estando de caza, en un yate durante sus vacaciones en Mallorca o una fotografía junto a su examiga Corinna Larsen.

En el vídeo se reproduce momentos protagonizados por otros miembros de la Casa Real como el actual monarca Felipe VI, la reina Letizia y doña Sofía. A su vez, se recogen momentos de la declaración judicial de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en el marco del caso Nóos.

Precisamente Unidas Podemos ha anunciado que presenta en el Congreso una nueva solicitud para crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en este caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, que se han visto confirmadas tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal.

«LUZ Y TAQUÍGRAFOS» SOBRE JUAN CARLOS I

El diputado de Unidas Podemos y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha asegurado que el Congreso «tiene que poner luz y taquígrafos sobre las cuentas oscuras de Juan Carlos de Borbón» y ha destacado que «la Monarquía debe rendir cuentas en democracia».

«Son actos inaceptables para una persona que tuvo responsabilidades durante varias décadas siendo Jefe del Estado y se trata de una falta de respeto a toda la ciudadanía, que mientras pasa dificultades en muchos casos para llegar a fin de mes ve como el Rey emérito hace y deshace con el dinero de todas», ha subrayado en declaraciones remitidas a los medios.

Por tanto, ha opinado que la Mesa del Congreso «debería aceptar que se constituya esta comisión de investigación ya que los hechos son posteriores a su abdicación y, por tanto, pierde la condición de inviolable que recoge la Constitución».

Su compañero de bancada y dirigente de En Comú Podem ha destacado en Twitter que el Congreso debe investigar «si hay trama real, si hubo tarjetas black y cuentas offshore incluso después de la abdicación».

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido de nuevo este viernes el «legado» del rey emérito y ha expresado su respaldo a la acción «ejemplar» de Felipe VI. Además, ha expresado su «absoluto rechazo» al vídeo de Podemos contra la monarquía que el partido morado ha colgado en su cuenta oficial de Twitter y circula en redes sociales.

«Yo me quedo con el legado del Rey Don Juan Carlos por la democracia, por la Transición y como artífice también del periodo constituyente», ha manifestado, para añadir que «las respuestas que se tengan que dar las tendrá que dar la Casa Real».

Casado, que ha visitado la zona afectada por el incendio de una nave industrial en Badalona hace un par de días, ha recalcado que si hay una hoja de ruta en la que hay que fijarse para el parámetro de «exigencia, responsabilidad y ejemplaridad», él se quedaba con el discurso de proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales.

Según ha añadido, en ese discurso el Rey dejó «muy claro» cuáles iban a ser las «líneas de ejemplaridad» de su reinado. «Y tengo que decir que lo ha mantenido y lo está haciendo de forma escrupulosa», ha apostillado.

«EJEMPLAR» ACTUACIÓN DE FELIPE VI

Dicho esto, el presidente del PP ha expresado su respaldo al Rey porque su jefatura del Estado está siendo «ejemplar». Según ha agregado, su partido defiende «el legado» de Don Juan Calos y «la acción actual» de Felipe VI.

«Absoluto respaldo a la jefatura del Estado y también absoluto rechazo a los vídeos y declaraciones que se están haciendo por parte de los socios de Pedro Sánchez, del partido de Podemos y también de partidos independentistas y Batasunos», ha enfatizado.

De esta forma ha censurado el vídeo de Podemos que, bajo el título ‘Monárquicos’ y colgado en su cuenta oficial, repasa diferentes momentos de la Familia Real. Así, se van intercalando imágenes de Juan Carlos I, Corinna, el dictador Francisco Franco o de Felipe VI y Doña Letizia. La cinta lleva la música de la serie televisiva ‘Narcos’.

Casado no ha entrado a valorar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se le ha preguntado expresamente si comparte esas manifestaciones, en las que no consideraba al Rey «un ciudadano más». La presidenta madrileña aseguró además que la ley «es igual para todos» pero no todos son «iguales ante la ley».

El líder del PP ha subrayado que el día 6 de diciembre, en el que celebraran el 42 aniversario de la Constitución, ya expresó «claramente» cuál es la posición del Partido Popular sobre Don Juan Carlos y Felipe VI. Así, ha defendido de nuevo el legado de Don Juan Carlos y la acción actual de Felipe VI.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y otros cargos –entre ellos el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero– por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.

En la causa figuraban también como investigados el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez; el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí; Enrique Pérez Boada, comisionado de la visita de Benedicto XVI, y Henar Molinero, secretaria general de la fundación. Previamente, la Audiencia había aceptado el recurso del ex secretario autonómico de Hacienda Eusebio Monzó de ser investigado en esta causa.

En el auto de sobreseimiento –fechado este jueves, 10 de diciembre, y consultado por Europa Press– se recuerda que el juzgado investigaba desde 2016 si se cometieron delitos de prevaricación y malversación en los contratos suscritos entre diversas mercantiles y la FVEMF para la visita del pontífice a la capital del Turia.

Concluida la instrucción, las defensas de los investigados solicitaron el archivo de la causa, mientras que la Generalitat Valenciana pidió la incoación de procedimiento abreviado. El Fiscal demandó seguir la causa contra Francisco Camps, Víctor Campos y Enrique Pérez Boada, de un lado, y monseñor Escudero, Antonio Corbí Copoví y Francisco Javier Jiménez, de otro, y abogó por el sobreseimiento provisional para Henar Molinero. Ahora, el juzgado ha decidido archivar la causa al no ver indicios de la supuesta comisión de los delitos.

Entre los hechos que se han analizado están los contratos quesuscribió la FVEMF con 11 empresas, la aportación de dos millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana en el año 2010 en concepto de dotación fundacional y la asunción de deudas en el año 2014 por importe de 1.306.897 euros.

En primer lugar, la jueza se refiere en su resolución –contra el que cabe recurso– a la condición jurídica de la FVEMF y cita el testimonio de diversos testigos para señalar que la entidad «no tenía naturaleza pública por cuanto que no estaba adscrita a ninguna administración pública, hecho que no se produce hasta el año 2010».

Pero, además, apunta, «de lo que no existe indicio alguno es de que los investigados se hubieran concertado al inicio para constituir una Fundación con el fin de delinquir, que tuvieran conocimiento de que la Fundación debía someterse a la normativa de la contratación del sectorpúblico para suscribir los contratos que suscribió y que con dicho conocimiento y a sabiendas de esa naturaleza pública que se defiende y de manera arbitraria se hubieran concertado para eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios para favorecer así a las mismas, favorecimiento del que no existe el mas mínimo rastro durante la instrucción».

«No se desprende de lo actuado ni la arbitrariedad ni la injusticia reclamada por la legislación penal y pese a lo afirmado por el Fiscal en su escrito interesando la continuación del procedimiento, estosextremos deben ser objeto de valoración, sin que ello suponga una absolución en la instancia, porque resulta necesario a los efectos de determinar si existen indicios racionales de la comisión del delito de prevaricación que se pretende, esto es, se debe valorar en este momento si los hechos denunciados tienen encaje penal o no».

Al respecto, expone que el que fuera representante legal de la FVEMF y firmante de 9 de los 11 contratos que suscribió la Fundación, Jiménez Fortea, –profesor de derecho procesal y conocedor de las normas, remarca– realizó los estudios y consultas correspondientescon carácter previo a realizar ninguna actuación en nombre dela Fundación, «habiendo concluido sin duda que la misma teníauna naturaleza privada y quedaba a la libre voluntad de laspartes su decisión a la hora de contratar».

Igualmente, la jueza cree que «ninguna conducta concreta sedescribe en este sentido en el escrito solicitando la continuación del procedimiento respecto de los investigados» y advierte que no resulta suficiente el solo hecho de que los mismos tuvieran algún cargo o relación alguna con la FVEMF.

En concreto, sobre el ‘expresident’ Camps asevera que «fue presidente de Honor de la Fundación, sin ninguna atribución concreta que conste y de lo actuado durante la instrucción no se ha revelado participación alguna en la actividad de la Fundación, más allá de su presencia en actos institucionales por su carácter, también, de presidente de la Generalitat Valenciana».

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el auto manifiesta que «ningún indicio se ha desprendido a lo largo de la investigación de que los funcionarios públicos que tenían a su disposición los fondos públicos hubieran sustraído estos, se los hubieran apropiado o hubieran consentido que otros los sustrajeran o apropiaran».

ÁNIMO DE LUCRO

Añade que no existe indicio alguno de que los dos millones euros que se aportaron a la fundación «se hubieran conseguido mediante el desvío irregular de una partida presupuestaria de fondos públicos, como se afirma en el escrito del Fiscal y, sobre todo, nada ha quedado indiciariamente probado respecto al elemento subjetivo deltipo, este es, el ánimo de lucro que debería estar presente enel momento de desarrollar la conducta».

«Todas las decisiones adoptadas por el Consell que afectaban a los caudales públicos, –continúa– tanto la inicial aportación de los 10.000 euros en el momento de la constitución de la Fundación, como la posterior de 2010 relativa a los dos millones de euros como el acuerdo de 2014 de asunción de deudas, se adoptaron con los informes favorables de la Intervención de la Conselleria de Economia y de la Abogacía de la Generalitat Valenciana y fiscalizados y comprobadosposteriormente por la Sindicatura de Comptes, acuerdosadoptados con la debida publicidad sin que se hubiera observadoirregularidad alguna».

«De las diligencias practicadas durante la instrucción no se desprende elemento alguno que permita sostener que en los acuerdos adoptados por el Consell en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria o que se hubieran realizado al margen de lanormativa reguladora», agrega.

Por tanto, no habiendo quedado acreditada la concurrenciade los elementos de los tipos penales que se denuncian, el juez decreta el sobreseimiento de las actuaciones.

Los técnicos del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad de Interfresa (Prelsi) mantienen contactos con el Consulado de Marruecos para intentar gestionar la repatriación del cuerpo de una mujer de 37 años marroquí que falleció el pasado día 7 de diciembre en Huelva a consecuencia de una enfermedad. Esta temporera, como han indicado, no pudo desempeñar sus labores al encontrarse ya enferma y la empresa por su parte la tuvo toda la campaña dada de alta para que tuviera garantizada su cobertura sanitaria.

Según han informado a Europa Press desde Interfresa, esta persona, la cual es madre de tres hijos, ha recibido asistencia durante el tiempo que ha estado enferma hasta el punto de que desde que falleció desde la organización fresera han estado en contacto con el Consulado para propiciar su repatriación. Por ello, Interfresa ha rechazado las críticas de determinados colectivos que critican el despido de esta mujer y «el abandono» al que se ha visto sometida.

Así, desde Interfresa han remarcado que esta mujer, la cual no pudo desempeñar su trabajo como temporera por su enfermedad, estuvo dada de alta por la empresa «hasta el final de la campaña para que tuviera cobertura sanitaria».

Del mismo modo, han indicado que «hasta en dos ocasiones» se le ofreció la posibilidad de regresar, la primera de ellas en julio, en uno de los aviones que salieron primero con las temporeras vulnerables como enfermas, embarazadas y madres recientes y más tarde, cuando se le comunicó que su enfermedad estaba ya en un punto sin retorno y que le quedaba poco tiempo de vida.

No obstante, desde el colectivo ‘Jornaleras de Huelva en Lucha’, de cuyo comunicado se han hecho eco desde la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, han criticado que, cuando la empresa tuvo conocimiento de su enfermedad, «se desentendió y la despidió sin hacerse cargo del derecho que le pertenecía a percibir su baja por enfermedad».

Por ello, han exigido que el Gobierno español y marroquí como «responsables del convenio por el que se regulan los contratos en origen» se hagan cargo de todos los costes y trámites que implique la repatriación, la cual debe producirse «inmediatamente» e inciden en que la autoridad laboral investigue este asunto.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha iniciado los trabajos de retirada de los residuos existentes en el cauce del río Guadarrama a su paso por los municipios de Arroyomolinos, Batres, Móstoles, Navalcarnero y Villaviciosa de Odón.

Tras los trabajos desarrollados durante el verano de localización y caracterización de los puntos de acumulación de residuos, el Organismo de cuenca inicia los trabajos de retirada del dominio público hidráulico y traslado a vertedero, correspondiendo las primeras actuaciones a la adecuación de accesos y espacios para almacenaje temporal y triaje.

Estos trabajos se enmarcan en el contexto del acuerdo administrativo alcanzado el pasado mes de julio entre el MITECO, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados, por iniciativa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Este acuerdo dispuso como primera medida la constitución de un grupo de trabajo, cuya coordinación corresponde a la Comunidad de Madrid, con el objetivo de generar un marco de acción coordinada entre las diferentes administraciones con competencias sobre el territorio afectado, localizado dentro de los límites del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, con el fin de revertir el estado de deterioro existente.

Así, una vez iniciados los trabajos de retirada, resultan imprescindibles las tareas de vigilancia de la zona y control de accesos a la misma, a desarrollar principalmente por las administraciones locales, para evitar la aparición de nuevos depósitos incontrolados.

El objetivo de este plan de choque es abordar el vertido y acumulación de residuos sólidos urbanos en el río Guadarrama en un tramo que discurre entre Móstoles y Arroyomolinos, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y sus valores ambientales.

En el acuerdo al que llegaron las distintas Administraciones se estableció que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se encargaría de retirar los residuos vertidos al cauce del río Guadarrama y a su zona de servidumbre, cuya titularidad corresponde mayoritariamente a los ayuntamientos; y que la Comunidad de Madrid junto a los ayuntamientos actuarían en terrenos de vía pecuaria y resto de parcelas municipales, mayoritariamente localizadas en el término municipal de Móstoles, además de participar en las labores de vigilancia y seguridad.

Los fiscales responsables de la investigación al Rey emérito Juan Carlos I han mantenido una reunión este viernes en la que han decidido valorar el alcance de la declaración tributaria que presentó el pasado miércoles y por la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a ejercicios posteriores a su abdicación en junio de 2014.

Así lo señala la Fiscalía General el Estado en un comunicado oficial en la que precisa que se analizarán, entre otros aspectos «su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo».

El Ministerio Público notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos.

El dinero, según los investigadores, tiene su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Esta circunstancia es la que será valorada por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la citada declaración en base al artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Contra el ex monarca no se ha presentado denuncia ni querella alguna ante el Tribunal Supremo, que es el órgano ante el que está aforado, si bien hay que tener en cuenta, según fuentes fiscales consultadas, la última parte del artículo, relativa a «actuaciones» que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.

De hecho, una sentencia del alto tribunal de febrero del pasado año apunta la existencia de una notificación formal -en este caso se trataba de una citación ante Fiscalía de un contribuyente-, como factor de «bloqueo automático» de la validez de la declaración voluntaria que éste presentó para librarse del procedimiento judicial por el que fue finalmente condenado.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan, sin embargo, que la jurisprudencia prima la existencia de la denuncia o querella formal como elemento con entidad suficiente para invalidar el intento de exoneración por presentación de regularización voluntaria. Otras fuentes apuntan que el espíritu de la ley pasa por que la «espontaneidad» derive de la inexistencia de ningún tipo de conocimiento formal y previo de las pesquisas para que la declaración tenga validez.

El movimiento realizado por la defensa de Juan Carlos I, según las fuentes consultadas, constituye de un «hecho nuevo» que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación que fueron abiertas hace un año .

Fuentes próximas a la regularización han confirmado a Europa Press que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó ayer el despacho de Sánchez-Junco, correspondería a donaciones superiores a 800.000 euros. La investigación debe concluir aún si esta cantidad se corresponde con la realidad de lo recibido en las supuestas donaciones, apuntan desde Fiscalía.

La presentación de esta declaración parecía ‘ a priori’ despejar el camino a un archivo de las diligencias de la Fiscalía respecto al delito fiscal, pero siempre que la declaración sea «completa y veraz», añaden las mismas fuentes.

Además de lo ya señalado, el mencionado 305.4 del Código Penal dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria si se paga la deuda antes de que por la Administración Tributaria «se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización». Esta notificación por parte de Hacienda no se produjo.

EL ORIGEN DEL DINERO

Por otro lado, la Fiscalía debe aclarar también el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales.

La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares.

El dinero, presuntamente donaciones del empresario mexicano, se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.

El líder del PP, Pablo Casado, ha planteado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un pacto de Estado que aborde la política de inmigración y tenga en cuenta también una legislación alternativa frente a la ocupación ilegal. Tras asegurar que ante las «tragedias» que están conociendo hay que «remar juntos», ha recalcado además que en materia de inmigración «hay que decir la verdad» porque «de nada sirve mentir» a la ciudadanía.

Así se ha pronunciado desde Badalona, donde ha visitado la zona afectada por el incendio de una nave industrial que estaba ocupada por decenas de inmigrantes y en el que han fallecido tres personas. Le han acompañado el alcalde del municipio, Xavier García Albiol, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

Casado ha realizado esta propuesta alegando que hay que tener en cuenta la «ocupación ilegal de viviendas» y el «drama de las personas que no tienen hogar», que se ha visto «acentuado por la crisis del Covid-19». A eso ha sumado la «derivada» de personas que llegan de otros países «de forma irregular».

«Quiero ofrecer al Gobierno de España, una vez más, un acuerdo de Estado para abordar la política de inmigración, vinculada a la política exterior, y también para volver a ofrecer la legislación alternativa frente a la ocupación ilegal y a favor de la seguridad ciudadana», ha manifestado, recordando que ya lo planteó hace 10 días en su visita a Canarias ante la llegada masiva de inmigrantes a las islas.

Es más, ha señalado que ya hizo una propuesta similar en verano de 2018 en el primer encuentro que mantuvo con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa porque, según ha dicho, estas políticas tienen que ser de Estado. En su opinión, cuando pasan este tipo de «tragedias», aparte de decir lo que hay que mejorar, deben «remar juntos» para que esto no se vuelva a producir.

Eso sí, Casado ha afirmado que en materia de inmigración es «importante decir la verdad» porque «de nada sirve mentir a la ciudadanía. A su juicio, lo importante es que España tenga una política exterior «responsable» de cooperación a los países de origen y que se refuercen los medios y efectivos que luchan contra este drama humanitario.

El presidente del PP ha compartido la reivindicación del alcalde de Badalona de que los ayuntamientos deben tener más herramientas y ha recordado la propuesta que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso de «reforzar la actuación de las administraciones frente a la ocupación ilegal».

Además, ha defendido que los alcaldes dispongan de más fondos municipales para abordar la política social de las personas que no tienen hogar y que se ha acentuado con la crisis del coronavirus. Según ha añadido, son propuestas que el PP ha planteado a la hora de hablar de los fondos europeos y los remanentes municipales.

Casado ha lamentado las víctimas en ese «terrible» incendio en Badalona y ha destacado la actuación de los servicios de emergencia. También ha puesto en valor la labor de Albiol porque, según ha dicho, «desde el primer momento ha coordinado una respuesta» ante un «problema» del que «ya venía avisando, incluso al juzgado correspondiente».

ALBIOL: NECESARIA UNA REACCIÓN ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL

Por su parte, el alcalde de Badalona ha dicho que espera que el incidente de Badalona sea «el último ejemplo» para entender que es necesaria una reacción ante la ocupación ilegal, y urge a dar a los ayuntamientos competencias para actuar y evitar incidentes de este tipo.

Albiol ha indicado que el fenómeno de la ocupación ilegal y sus consecuencias son «letales» tanto para los vecinos y propietarios como para las personas que viven en estas condiciones.

Tras agradecer la visita de Casado a Badalona para mostrar su apoyo, ha destacado la «excelente coordinación de la Generalitat con el Ayuntamiento de Badalona y el trabajo ejemplar de los diferentes cuerpos de emergencia que han actuado».

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha defendido que desde su llegada a la Alcaldía ha tomado «todas las medidas posibles desde el ámbito social, urbanístico, jurídico y de la seguridad para resolver la situación que se vivía en la nave» incendiada la noche del miércoles, y ha asegurado que en una carta a los juzgados de la ciudad pidió acceder al inmueble ocupado para comprobar las condiciones de higiene, salubridad y calidad de vida de quienes vivían allí.

Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes en la que ha asegurado que el consistorio conocía la ocupación de la nave desde 2008, y ha asegurado que causó «problemas de convivencia y delincuencia por parte de una parte de las personas que ocupaban» a partir de 2017, ha explicado el consistorio en un comunicado.

Ha sostenido que actuó sobre el tema «desde el primer minuto» al recuperar la Alcaldía en mayo, y ha explicado que la concejal de Seguridad, Irene González, mantuvo varias reuniones con vecinos de la zona por este asunto.

Albiol ha detallado que el 7 de julio el Ayuntamiento organizó una reunión de los vecinos con representantes de Servicios Sociales y de la Policía Local, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que «a partir de esta reunión, de forma coordinada, los cuerpos de seguridad han intervenido 25 veces con controles preventivos o con intervenciones solicitadas por los vecinos».

EXPEDIENTE EN JUNIO

Ha añadido que el 15 de junio el consistorio incoó un expediente «para restablecer la legalidad de la nave», y que después de eso recabó varios informes técnicos.

Tras recibir los informes, el Ayuntamiento inició el 11 de noviembre un trámite de urgencia para «restablecer la legalidad», y en este sentido ha apuntado que la nave tenía un uso industrial y no estaba permitido su uso como vivienda.

Ha explicado que el 19 de octubre envió una carta a los juzgados de Badalona por los «problemas de ámbito social y sanitario del interior y el exterior de la nave», y ha afirmado que pidió acceder para comprobar las condiciones del inmueble, a lo que ha asegurado que no recibió respuesta.

En cuanto a los trabajos de derribo de la nave, Albiol ha explicado que «si la tramitación de urgencia lo permite», empezarán este mismo viernes por la zona norte del edificio, que ha sido la más afectada por el fuego.