La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña para "controlar" y "facilitar el cumplimiento" de las medidas de prevención de la transmisión de la Covid-19 en el sector de la restauración de la región.

Así, se incluye un refuerzo de los controles a los bares y restaurantes a través de inspecciones de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La campaña persigue, además, ofrecer a la vez a los empresarios del sector información directa de las medidas vigentes para prevenir la circulación del virus, como la ventilación adecuada de los espacios cerrados y la recomendación de que los comensales solo se retiren la mascarilla cuando procedan a la ingesta.

Esta actividad la realizan los técnicos de la Subdirección General de Higiene Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, así como los ayuntamientos que cuentan servicios de inspección.

Durante esas visitas se comprueban cinco aspectos: empleo de mascarilla, el respeto de distancia y/o medidas de protección, el cumplimiento de los aforos, la dotación de elementos como geles para desinfección de manos y papeleras para desechar mascarillas, así como las medidas de limpieza y desinfección, incluida la ventilación.

Igualmente, se aprovecha la visita para corregir o aclarar dudas de los titulares, que están realizando un gran esfuerzo por mantener el servicio con las máximas garantías sanitarias.

La Consejería de Sanidad recuerda que, hasta el próximo 8 de febrero, y en función de la normativa vigente (decreto 4/2021, de 22 de enero) en los bares y restaurantes sólo podrán sentarse en torno a una mesa 4 personas, tanto en el interior como exterior, está suspendido el servicio en barra.

Como el resto de establecimientos, los bares y restaurantes deben cerrar hasta las 21 horas, mientras el toque de queda se mantiene hasta de 22.00 a 00.00 horas.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid sí permite a los bares y restaurantes entregar comida a domicilio hasta la medianoche.

GUÍA Y DÍPTICO INFORMATIVO PARA LA RESTAURACIÓN

Con objeto de facilitar al sector de la restauración el cumplimiento de las medidas, la Consejería de Sanidad ha editado y distribuido distintos materiales informativos como La Guía para Ventilación de Establecimientos de Hostelería y un díptico informativo que recoge las principales medidas. Estos documentos y otros contenidos están disponibles en la web de la Comunidad de Madrid.

La Guía aclara los conceptos básicos sobre ventilación y proporciona algunas claves sobre cómo mejorar la ventilación de bares y restaurantes en función de los sistemas de climatización de los que dispongan, el funcionamiento de los medidores de CO2 y la utilidad de los filtros HEPA (un purificador de aire).

También se incide sobre el mantenimiento de los equipos y consejos como procurar que haya un nivel bajo de ruido, de forma que no sea necesario elevar la voz.

Los materiales informativos se han distribuido a las empresas del sector, a través de la Asociación de Hostelería de Madrid y los ayuntamientos.

Para el ciudadano en general, la Consejería de Sanidad, y desde el mes de octubre, ofrece información en su página web sobre la adecuada ventilación para hogares, aulas y otros edificios, contando con una sección específica orientada al sector de la hostelería.

La Consejería de Sanidad recuerda que el coronavirus SARS-CoV-2 se transmite a través de gotas respiratorias (aerosoles) que se generan al hablar, toser o estornudar, y de ahí la importancia de mantener ventilados con regularidad los espacios cerrados donde concurran personas, bien de manera natural o con ventilación mecánica, para prevenir contagios.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

La campaña puesta en marcha en estos días se une a las distintas iniciativas de la Comunidad de Madrid para ofrecer información preventiva al sector de la restauración como la Guía de Buenas Prácticas de Manipulación y Elaboración para el Sector de la Restauración- Medidas durante la pandemia Covid-19 Este documento, elaborado con el Ayuntamiento de Madrid, ha recibido 213.756 visitas.

Además, para el ciudadano en general se habilitaron en la página web de la Comunidad de Madrid sobre coronavirus secciones específicas de higiene, que han recibido desde marzo un total de 1.013.802 visitas.

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que En Comú Podem es la garantía para un Govern de izquierda en Cataluña y ha avisado de que "ningún candidato de los poderes mediáticos" será "nunca" el que defienda a las clases populares.

"Ningún candidato de los poderes mediáticos, en manos de los poderes económicos, será nunca el candidato que defienda a las clases populares y haga políticas de izquierda", ha dicho durante su intervención en el Consejo de Coordinación de la formación morada, en alusión velada al exministro y cabeza de lista del PSC Salvador Illa.

Por su parte, la candidata de En Comú Podem, Jessica Albiach, ha reclamado que se entierren los vetos cruzados y ha pedido a los socialistas y ERC que "hablen claro" y confirmen que quieren un nuevo Ejecutivo progresista mediante un nuevo "bloque histórico".

En su discurso ante el órgano directivo de Podemos, Iglesias ha dicho que ese respaldo mediático "indisimulado" será "contraproducente" para estos candidatos y que, pese a que se escuchará mucho en capaña que Podemos no debe estar en ese gobierno, está convencido de formarán parte del futuro Govern, pues nadie va a poder gobernar en solitario en Cataluña.

Asimismo, ha destacado que del resultado electoral dependerá la respuesta que se dé en Cataluña a los futuros retos, y ha defendido el refuerzo de los servicios públicos como el elemento clave para superar la situación generada por la pandemia.

En este aspecto, ha pronosticado que la sociedad catalana es consciente de la importancia de que En Comú Podem tenga un peso fuerte dentro de ese Ejecutivo y poder, con ello, revertir privatizaciones en la sanidad catalana.

También ha querido destacar el papel de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha permitido, con su gestión, desplegar políticas "que nunca antes se habían hecho", basadas en justicia social, feminismo y defensa de lo público.

Además, ha defendido el "diálogo" como la gestión "más inteligente" al conflicto político en Cataluña, al igual que ha reivindicado Albiach, para quien es necesario que el futuro Ejecutivo catalán crea en la Mesa de Diálogo y en conseguir, en ella, un acuerdo que luego sea votado por los catalanes.

La candidata ha asegurado ante la cúpula de Podemos que afronta los comicios con "ilusión", pese a estar "fuertemente marcados" por la pandemia.

NUEVO RUMBO FRENTE A LA CONFRONTACIÓN

En estas elecciones, ha relatado Albiach, está en juego si Cataluña sigue instalada en la "parálisis" y la "confrontación" o, por el contrario, emprender un "nuevo rumbo" que permita respirar "futuro" a una ciudadanía "agotada" por el Govern de ERC y Junts.

De esta forma, Albiach aspira a liderar un "bloque histórico" que sume a las fuerzas progresistas. Para ello, es necesario que se acabe con los "vetos cruzados", que es algo "del pasado".

También ha alertado de que algunos en esta campaña insisten en "repetir alianza", en clara alusión a ERC, con la derecha "nacionalista" e incluso de tintes "supremacistas", mientras otros "fabulan" con una correlación de fuerzas que no existe.

"Estas elecciones no van de quien queda primero, sino de articular una mayoría progresista suficiente", ha desgranado la candidata de En Comú Podem para dejar claro que no pactarán con la derecha.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado que el Gobierno central dé instrumentos a las comunidades autónomas para poder adelantar el toque de queda incluso a las 19.00 horas.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta en una atención a medios en el transcurso de una visita al Hospital Universitario de Jaén y un día después de que el Ministerio de Sanidad volviera a rechazar modificar el decreto del estado de alarma en vigor para atender a reclamaciones de comunidades autónomas como el adelanto del toque de queda o la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios en zonas con elevada incidencia de la pandemia.

Juanma Moreno ha defendido que lo que está pidiendo son "instrumentos muy razonables" que no cree que sean "nada del otro mundo". "Si tenemos que tomar decisiones, tomémoslas, y si tenemos que tomar decisiones duras, cuanto antes para que hagan efecto", ha dicho el presidente, que en esa línea ha reiterado su reivindicación de la posibilidad de modificar el toque de queda nocturno.

"Queremos llevarlo a las 20,00 horas, o incluso hasta las 19,00 horas", ha comentado Moreno antes de apostillar que "si mañana nos lo dieran --esa concesión de adelantar la franja horaria de limitación de movilidad nocturna-- nos iríamos a las siete" de la tarde. "Una persona sale del trabajo a las seis, tiene una hora para llegar a su casa", y ya se queda allí, ha planteado el presidente de la Junta, que ha remarcado al respecto que "estamos en invierno".

De igual modo, ha señalado que él no plantea un confinamiento domiciliario "global para Andalucía", pero sí entiende que sería necesario, por ejemplo, "en municipios que tienen 5.000 casos por 100.000 habitantes", como hay algunos actualmente en la comunidad y donde ya está cerrada la actividad no esencial por esa elevada incidencia.

En esos casos, "todo el mundo a sus casas" debería ser lo oportuno, según ha manifestado Juanma Moreno, convencido de que "en 15 días" se podría ver así "un cambio de tendencia en esos municipios".

Tanto lo relativo al toque de queda como a esa posibilidad de confinar son, a juicio del presidente andaluz, "instrumentos fundamentales para controlar contagios que ahora mismo el Gobierno, por razones que no soy capaz de entender, no se los dota a las comunidades autónomas, y eso está generando un perjuicio al control de la epidemia", para lo que "vamos a tardar más tiempo como consecuencia de no disponer de esos instrumentos en materia de limitación de movilidad", según ha advertido Juanma Moreno.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otro lado, en relación a la campaña de vacunación, el presidente ha remarcado que Andalucía ha sido la comunidad autónoma que, hasta ahora, más dosis ha puesto, "por delante de Cataluña y Madrid", y desde la Junta quieren "evitar que se frene este proceso de vacunación", porque es "el único camino que tenemos para definitivamente dejar atrás la pandemia".

"Tenemos que inmunizar al máximo posible de la población", ha incidido Juanma Moreno antes de agregar que, por ello, espera, desea y quiere "confiar en que el Gobierno de la nación y el Ministerio de Sanidad cumplan con los objetivos marcados y podamos intentar llegar al 70% de inmunidad a comienzos del verano" próximo.

En esa línea, ha insistido en señalar que en la Junta están "ansiosos de que nos llegue el mayor número de vacunas posibles" para administrarlas entre la población y "no parar más el proceso de vacunación".

Y es que, según ha remarcado el presidente andaluz, "no tenemos ni un minuto, ni una hora o un día que perder", y "necesitamos estar administrando esas dosis todos los días y todas las horas si pudiéramos para llegar al mayor número de ciudadanos" posible.

Ha lamentado que, "desgraciadamente, no ha podido ser así" y "vamos muy lentos", por lo que ha reiterado que "a ese ritmo no llegaremos al 15% de la población andaluza vacunada en verano, y tardaríamos años" en completar el proceso.

Por eso, Moreno ha apostado por que el Gobierno de España, "junto con la Comisión Europea, utilicen toda su inteligencia, talento, capacidad diplomática, todo su empuje, para que nos lleguen las vacunas lo antes posible", que "necesitamos como agua de mayo para que podamos lo antes posible inmunizar a la población y salvar vidas, que es nuestro gran objetivo", según ha zanjado.

La borrasca 'Justine' se está profundizando en el Atlántico y al mismo tiempo se dirige hacia el área marítima del Cantábrico y del oeste de Francia, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en un aviso especial por temporal marítimo y de viento.

Así, la AEMET señala que la borrasca provocará un fuerte temporal de mar y viento en el Cantábrico que se irá trasladando rápidamente de oeste a este y se iniciará en las costas oeste y noroeste de La Coruña durante la mañana del sábado y seguirá durante el domingo en el País Vasco, zonas en las que provocará olejaes superiores a 8 metros de altura.* Los mayores oleajes se prevén en La Coruña y Asturias precisamente durante las horas de pleamar del sábado por la tarde. En Cantabria y País Vasco se esperan en las horas de pleamar de la madrugada del domingo.

De este modo, indica que a últimas horas de este viernes, comenzará a penetrar por el noroeste de la Península un frente frío asociado a la borrasca 'Justine', que provocará precipitaciones que en el oeste de Galicai podrán ser localmente fuertes y persistentes.

No obstante, la AEMET destaca que lo más significativo será el viento, ya que se esperan rachas muy fuertes, de entre 70 y 90 kilómetros por hora, que hoy afectarán a Galicia y sur de Asturias.

El progresivo desplazamiento de la borrasca a lo largo de mañana sábado, producirá un fuerte gradiente de presión sobre el Cantábrico, lo que provocará vientos muy fuertes de componente oeste por la mañana en puntos del litoral cantábrico, especialmente en cabos y promontorios donde el viento podrá superar los 100 kilómetros por hora.

Después los vientos intensos se irán desplazando a zonas montañosas del interior y este peninsular, litoral mediterráneo y Baleares. Lo más significativo entonces será el fuerte temporal marítimo en el Cantábrico, donde a partir del mediodía los vientos podrían alcanzar fuerza 9, con oleaje que es probable que supere los 8 o 9 metros de altura.

Asimismo, estas condiciones se trasladarán rápidamente de oeste a este por el Cantábrico y coincidirá durante el sábado por la tarde con la pleamar, por lo que se verán reforzadas.

También pronostica la AEMET temporal de mar en el litoral oriental andaluz, Melilla y en Baleares, con vientos del oeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros.

Además, está prevista una bajada de la cota de nieve desde primeras horas del día, por lo que el paso del frente dejará nevadas en zonas de montaña, especialmente intensas en Pirineos, donde se podrían acumular más de 20 centímetros en 24 horas en el Pirineo oscense por encima de los 1.100-1.200 metros.

Ya el domingo irá amainando el viento, también de oeste a este, aunque todavía se esperan para este día vientos muy fuertes en el Cantábrico, el interior este y en el norte del área mediterránea.

El temporal marítimo persistirá el domingo en el Cantábrico y mar de Alborán durante todo el día y será especialmente fuerte en los litorales de Cantabria y País Vasco durante la primera parte del día.

La AEMET prevé también acumulaciones importantes de nieve en el Pirineo oscense durante la primera mitad de la jornada.

Castilla y León suma este viernes 2.206 nuevos casos confirmados de COVID-19 --504 menos que los notificados ayer y 675 menos que el viernes de la pasada semana-- lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 189.516, al tiempo que suma 39 nuevas víctimas mortales (37 en hospitales y dos en residencias), así como un total de 22.110 altas médicas, de ellas 236 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este viernes registran 37 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 4.652 la cifra total de defunciones en estos centros. Sumados a los dos decesos en residencias supone de nuevo la cifra más alta desde el pasado 23 de noviembre.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.360 --cuatro más que en el último parte-- y los casos positivos a ellos vinculados aumentan hasta 8.723. De ellos, Ávila contabiliza 127 --trece más--; Burgos, 78 --trece más--; León, 25 --siete menos--; Palencia, 96 --uno más--; Salamanca contabiliza 311, cuatro más; Segovia, 368, siete menos; Soria se sitúa en 109, cuatro menos; Valladolid en 92 --seis menos-- y Zamora 154, tres más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 189.516 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 2.206 en la última jornada. De esa cifra total, 182.718 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

LEÓN A LA CABEZA, CON 463 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, León es de nuevo la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 463 casos y un total de 32.164; seguida de Valladolid con 415 y un total de 43.608; Salamanca 349 y 26.484; Palencia, con 311 y 14.997; Segovia, con 176 y 13.826; Burgos, con 171 y 28.376; Zamora, con 124 y 11.685; Ávila, con 120 y 10.963, y Soria, con 77 y 7.413.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 4.652, 37 más que ayer. La mayor parte se registra en la provincia de León con 952 --once más--, le sigue Valladolid con 916 --cinco más--; a continuación figura Salamanca con 692 --ocho más--; Burgos con 608 --dos más--; Zamora anota 372 --sin nuevos decesos--; Palencia se sitúa en 340 --uno más--; Segovia llega a los 308 --siete más--, mientras que Ávila registra 267, uno más, y Soria suma dos y se sitúa en 197.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 22.110, de las que se han computado 5.381 en Valladolid; 3.898 en León; en Burgos 3.143; en Salamanca, 3.010; en Zamora, 1.565; en Palencia, 1.526; en Segovia 1.415; en Ávila, 1.338 y en Soria 834.

UN TOTAL DE 2.297 HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, crecen un día más hasta sumar un total de 2.297, ocho más que en el anterior parte. De estos pacientes, 2.005 se encuentran en planta --cuatro más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se elevan hasta 292, también cuatro más que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 88 por ciento de las camas en unidades de críticos, un punto más que en el anterior parte emitido.

Así, se informa de 51 hospitalizados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 49 en el Río Hortega de la misma ciudad; 38 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 37 en el complejo de León; 31 en el de Burgos; 23 en el de El Bierzo; 22 en el de Palencia; 13 en el de Segovia; 11 en el de Soria y en el de Zamora; y seis en el de Ávila.

SIETE RESIDENTES FALLECIDOS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.876 --siete más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.771 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, siete más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.876 finados hasta el momento, 2.121 personas han perdido la vida en su residencia o centro, dos más que en el último parte, mientras que otras 1.755 lo han hecho en hospitales, cinco más.

Un total de 13 residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, cinco menos que en el anterior parte, y 1.908 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 31 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 293, de ellos 176 con positivo confirmado mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 20 residentes, dos menos que en el último parte, y se mantiene en 1.013 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19; mientras que otros 221 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, dos más.

La Sección 5 de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado definitivamente este viernes mantener la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero.

Lo ha hecho al estimar los recursos contra el decreto del Govern que las aplazaba hasta el 30 de mayo por motivos sanitarios, y después de haber decretado mantener de forma provisional el 14F al resolver la petición de medidas cautelares, ha explicado el TSJC en un comunicado.

La Sala anunció que el fallo definitivo sería como máximo el 8 de febrero, después del ecuador de la campaña electoral, y finalmente ha avanzado la deliberación "con carácter de urgencia" a las 12 horas de este viernes después de que los recurrentes, la Fiscalía y la Generalitat hayan usado el mínimo tiempo posible para presentar sus escritos.

Con esta decisión, el tribunal suspende el decreto del Govern que aplazaba las elecciones y mantiene la convocatoria para el 14 de febrero, tal como estaba fijada inicialmente y contra la que ha recibido en total ocho recursos.

Tras dos horas de deliberación, el TSJC ha anunciado la decisión de los magistrados, pero publicará la sentencia con sus argumentos el lunes.

El texto de los magistrados destacará "la buena fe procesal de todas las partes dado que su agilidad en la presentación de escritos ha permitido llegar a una resolución" antes de lo previsto.

La Generalitat puede presentar un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Supremo (TS), pero no implicaría suspender la decisión de este viernes, por lo que el 14F se mantendría igualmente.

ARGUMENTOS DE LAS CAUTELARES

Los magistrados no han expuesto sus argumentos este viernes, aunque al estimar las medidas cautelares ya defendieron que el interés público era hacer las elecciones el 14F para evitar "un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas", y señaló que el Govern está en funciones y no hay presidente.

"Se trata de una situación de bloqueo y de precariedad institucional que afecta asimismo a la legitimación del gobierno, lo cual es relevante en un entorno en el que la crisis sanitaria le obliga a adoptar cotidianamente decisiones de enorme trascendencia, singularmente la restricción de derechos fundamentales", y recordaron que la situación sanitaria ya se tuvo en cuenta al convocar el 14F.

Al resolver las cautelares, también destacaron que "la decisión afecta al derecho fundamental de sufragio", y que la suspensión de este derecho no está amparada por el estado de alarma, que admite expresamente la celebración de elecciones.

FISCALÍA

Este viernes, el tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido que defiende la Fiscalía, que en su informe ha considerado que el decreto del Govern que aplazó las elecciones infringe la normativa electoral y podría afectar al derecho a voto, como alegaron los recurrentes.

La Fiscalía ha expuesto que ni el Estatut ni la Ley Electoral "contempla la posibilidad de suspender ni aplazar unas elecciones que ya han sido convocadas", sino que deben celebrarse como máximo 54 días después de la convocatoria.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Popular', José Luis Calama, cita en calidad de investigado al que fuera director de los Servicios Jurídicos del Banco Popular y ex vocal del Comité de Compras y Ventas de activos de dicha entidad, Tomás Pereira Peña. En esta causa se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del banco a mediados de 2017.

En un auto con fecha de 28 de enero, el juez recuerda que en 2018 recibió del Juzgado de Instrucción Central número 2 un informe de la Agencia Tributaria y hasta 110 documentos. En ese informe los técnicos dejaban constancia de diversas operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Popular y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL', una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis.

Esa financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes del Banco Popular --ahí entra en la ecuación Pereira--, y se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de 'Thesan'.

El magistrado, atendiendo el informe del Ministerio Fiscal, ordena que los peritos de la causa analicen ahora toda esa documentación y la que llegue del Banco Central Europeo (BCE) relacionada con las inspecciones que han realizado sobre la cartera de activos adjudicados y la cartera de crédito reestructurado de la entidad bancaria.

Además, el juez considera necesario reintegrar en la causa los documentos que en su día aportó el Banco Santander (banco que se quedó con el Popular) y que fueron objeto de expurgo. Esto, dice Calama, permitirá a los peritos-inspectores del Banco de España analizar las operaciones en las que intermedió Thesan.

Al hilo, el juez considera también necesario solicitar al Banco de España el importe y clasificación de determinadas operaciones de financiación concedidas por el Banco Popular, y la calificación de los riesgos de esos clientes en apuros con otros bancos. También pedirá al Banco Santander información relacionada con esos concretos clientes.

Sólo cuando los peritos hayan realizado el estudio y análisis de toda esa documentación se citará a Pereira en sede judicial, por lo que de momento no fija una fecha. También tiene previsto tomar declaración en calidad de testigos-peritos a los funcionarios de la Agencia Tributaria que emitieron el informe en octubre de 2017, y también en calidad de testigo a la empleada del despacho 'Numaria' Blanca Doz Zubeldia, quien halló la documentación que le ha remitido el Juzgado Central número 2.

QUIERE LA DECLARACIÓN DE RIESGOS

En relación a lo que requiere al Banco de España (le da 30 días), en la parte dispositiva del auto el juez señala que quiere la declaración a la Central de Información de Riesgos (CIRBE) de los créditos o avales concedidos a esas empresas entre 2012 y mayo de 2017.

Quiere además los informes del Sistema Integral de Auditorías (SIA) de esas empresas de 2012 a 2016, y toda la documentación sobre la financiación concedida a estos acreditados, incluidos documentos de trabajo.

El juez hace una relación en su auto de esas empresas sobre las que pone la lupa. Son Sistemas Mecánicos Avanzados, Thepo Consulting S.L., Tifany Investments SLU, Corporación Financiera Issos SL, Platja Amplaries SL, Taler Real Estate SL, Forum de Negocios de Granada, Forum de Negocios de Motril, Forum de Negocios del Sur SL, Bluequartz Investment SARL, TC Investments II SARL, Dublon Holding SA, Brasa Investments SA, Trans Investments, ECOL Investments, Pride Investments SARL y Universal Holding SA.

OFICIO AL BANCO SANTANDER

Sobre esas mercantiles, el juez también ordena remitir oficio al Banco Santander para que en 30 días remita un gran número de documentación. Entre lo que pide, está la situación contable de las inversiones del Popular entre 2012 y mayo de 2017 referidas a esas empresas.

También les reclama el expediente completo de las operaciones relacionadas con estos clientes desde diciembre de 2012 a mayo de 2017. Y pide que se incluya al menos la solicitud de concesión y documentación presentada por el cliente incluyendo al menos estudios de viabilidad, el informe de concesión, los documentos de aprobación por los órganos competentes, los contratos, los informes jurídicos sobre estos clientes, los informes de seguimiento, y los estados de todas las posiciones activas y pasivas con estos clientes.

Adicionalmente, y dado que estos clientes "formaban parte dela estructura diseñada por Thesan Capital", pide al Santander que facilite los informes económicos y jurídicos disponibles sobre estaestructura, así como los referentes a cada una de las operaciones particulares formalizadas.

La fiscal Pilar Santos ha anunciado en el juicio que se celebra contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que mantiene su petición inicial de tres años y tres meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del cursó de posgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2012.

Tras concluir la fase testifical y pericial, las partes han anunciado sus conclusiones finales y la fiscal ha avanzado que mantiene su acusación al considerar que hay prueba de cargo contra la exdirigente popular.

La fiscal ha mantenido la petición de penas para Cifuentes y la exasesora María Teresa Feito, para quien solicita la misma petición de condena. Y ha introducido una leve modificación respecto a la petición de 21 meses de cárcel para la profesora Cecilia Rosado al apreciar atenuante muy cualificada por confesión al reconocer la falsificación del acta del TFM de Cifuentes. La defensa de Cifuentes ha solicitado su libre absolución.

La exposición de informes se realizará el próximo viernes al suspenderse la sesión y el juicio quedará visto para sentencia con la última palabra de los acusados.

Antes del alegato final, la fiscal detallará las pruebas de cargo desprendidas durante el juicio para acusar a Cifuentes como "inductora de la falsificación".

En su informe previsiblemente aludirá a las llamadas que hubo cruzadas desde la entonces Consejería de Educación y la exasesora Feito para apoyar supuestas presiones de la Comunidad de Madrid dado que ningún testigo ha afirmado que Cifuentes en concreto estuviera detrás de esas llamadas "reiteradas" al rector Javier Ramos para recabar información de lo sucedido tras destapar 'eldiario.es' el caso del máster.

Al inicio de la sesión, la defensa de Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha renunciado a la prueba aportada en relación a una cita extraída de su agenda electrónica de cuando era delegada de Gobierno en Madrid en 2012 después de que el tribunal de la Audiencia de Madrid le haya exigido que solo se admitiría si entrega el contenido completo del pendrive.

La prueba fue aportada antes del juicio y pretendía demostrar que la exlíder madrileña entregó el 2 de julio de 2012 su Trabajo de Fin de Máster (TFM), cuya defensa reconoció en el juicio que no realizó al no ser obligatorio. En concreto, en la cita aparecía el texto 'Master URJC' y la hora de entrega del trabajo.

Al inicio de la sesión, Choclán ha anunciado que renuncia a la prueba y a la petición de que comparezca el perito Luis Enrique Hellín ante "la resolución desproporcionada" del tribunal al exigir que se entregue el contenido completo de la agenda electrónica, algo a lo que se ha opuesto el letrado.

FIRMAS FALSIFICADAS

En la fase testifical, ha comparecido la profesora y entonces subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) Laura Nuño, quien ha asegurado en el juicio que no autorizó al menos tres de sus firmas que ha identificado como falsas en tres documentos, entre ellos el acta de convalidación de las asignaturas de Cifuentes.

"Esa firma no es mía. Tampoco es mi firma. Y el tercero tampoco es mi firma. No autoricé. Me mandaron un correo en octubre de 2010 para consultarme si quería formar parte de la comisión de garantí de calidad pero del curso anterior. Pero no se si llegué a formar parte. Esa comisión no hace convalidaciones", ha subrayado.

"Yo no cumplimenté esas actas", ha insistido relatando que creyó en un principio "a pies juntillas" la versión que ofreció Álvarez Conde hasta que comenzó a desconfiar cuando vio las actas falsificadas en los medio.

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal. "Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

También ha ofrecido su testimonio la antigua alumna Coral del Mar Carvajal, quien admitió en la instrucción que nunca defendió su trabajo fin de máster ya que el profesor Álvarez Conde le dijo que no era necesario realizar ese trámite.

La alumna ha indicado a preguntas de las partes que realizó un trabajó que mandó a Conde, pero ha señalado que no lo defendió. "No lo defendí. En aquella época cambió la normativa", ha indicado.

También ha testificado el exgerente de la agencia Efe José Ignacio Sanz Cerezuela, quién finalizó el máster y realizó el TFM sin defenderlo. "La única constancia que tuve fue que había aprobado el TFM. Llamé yo para preguntar", ha indicado.

Asimismo, ha declarado el alumno y profesor de la URJC Roberto Enrique Medina, a quien se le calificaron varias asignaturas con notable con convalidaciones que ha reconocido que no hizo. Además, ha señalado que no presentó el TFM a pesar de que existe un acta de su defensa.

Finalmente, ha declarado como testigo la profesora de la URJC Esther González Hernández, quien impartió una de las asignaturas del máster. La docente ha relatado que Álvarez Conde le pidió que fuera "flexible" con los alumnos que no iban a clase, por lo que les pedía trabajos que calificaba.

FIRMAS FALSIFICADAS

En la pericial, un guardia civil ha ratificado varios informes de actas de diferentes estudiantes en los que se hallaron grafías que no se correspondían con la autoría de la profesora Clara Souto, indicando que se identificaron siete falsificaciones.

Solo había dos firmas que nunca aparecían falsificadas en relación con Enrique Álvarez Conde y la profesora Cecilia Rosado, indicando que las falsas eran realizadas por Rosado.

Otro de los agentes que ha comparecido ante el tribunal ha ratificado la cadena de custodia del acta de convalidación de varias asignaturas de Cifuentes, confirmando que tres de las firmas no eran auténticas entre ellas la de Laura Nuño.

Otro perito ha comparecido para detallar cómo funcionaba el acceso al sistema informático para poner las calificaciones, señalando que se detectaron muchas incidencias en las calificaciones de una de las asignaturas del máster que realizó Cifuentes.

"Alguien con el acceso A Calonge entró el 23 de octubre de 2014 y cambió las calificaciones de Cifuentes de No Presentado a Notable y ese mismo día califica de 7,5 el TFM del alumno Cifuentes. Y en abril, pone un 8 al alumno Morente", ha detallado y ha apuntado que a Calonge se le habilitó el mismo día 23 para poder acceder.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado este viernes de otros cinco presos de ETA, entre ellos Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez; Martín Sarasola, uno de los autores del atentado de la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas; o Sergio Polo Escobes, autor material del atentado que acabó con la vida del comandante Luciano Cortizo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que "un viernes más" se proceda a comunicar el traslado a prisiones más cercanas al País Vasco o Navarra de presos de ETA. Según sus datos, el 15% de los etarras están ya en prisiones de estas dos comunidades autónomas, mientras que otro 42% se encuentra a menos de 200 kilómetros de sus casas.

Con los de hoy, son 158 traslados desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, 57 con delitos de sangre, que se corresponden a 139 etarras, de los que 31 se han aprobado a cárceles del País Vasco o Navarra.

La AVT se ha quejado de las últimas declaraciones de EH Bildu y que desde el Ministerio del Interior se sigue dar "ninguna explicación y sin hacerse cargo del dolor que estos movimientos provocan en las víctimas del terrorismo, aun presumiendo de contar con una Dirección General de Víctimas del Terrorismo".

TRASLADOS CONDICIONADOS POR LA COVID

Instituciones Penitenciarias ha recordado que los acercamientos están condicionados a la pandemia de Covid-19, ya que las prisiones están tomando medidas para evitar el contagio.

Uno de los traslados afecta a Juan Ramón Carasatorre Aldaz, que dejará el Centro Penitenciario Castellón II por el de El Dueso, en Cantabria. Fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión como autor del asesinato del dirigente del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, que acaba de ser recordado por su familia y compañeros como cada 23 de enero.

Además, en 2014 fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de Mariano de Juan Santamaría. También fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Enrique Nieto Viyella.

Prisiones progresa a Carasatorre Aldaz al segundo grado e indica que cumplirá las 3/4 partes de la pena en marzo de 2029. También dice de él que "acepta la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha expresado su deseo resarcir el dolor causado a sus víctimas".

Sergio Polo Escobes, por su parte, deja el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha por el de Zaballa (Álava). Está condenado por matar al comandante Luciano Cortizo en 1995, así como otros atentados como el perpetrado contra Emilio Castillo López de la Franca.

En 2015, según recuerda la AVT, fue condenado a cien años de prisión por el asesinato frustrado del capitán Juan José Aliste, su hija y tres compañeros de instituto de la chica. Prisiones ha recordado que Sergio Polo se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el tiempo máximo de cumplimiento de su pena y dice que autoriza su progresión al segundo grado y traslado por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos. ATENTADO DE LA T-4

Martín Sarasola Yarzabal, uno de los condenados por acabar con la vida de Diego Armando Estacio Sivisapa y Carlos Alonso Palate Sailema en el atentado de la T-4, deja también Centro Penitenciario de Jaén por el de Dueñas, en Palencia. Fue condenado a 1040 años de prisión por este atentado que perpetró con Igor Portu, que ya fue acercado en diciembre.

Prisiones lo progresa al segundo grado y aprueba su traslado, y recuerda además que es otro de los etarras que se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el tiempo máximo de cumplimiento de su condena.

Ibai Beobide Arza será trasladado a Burgos desde el Centro Penitenciario Puerto III, en Andalucía. Fue condenado en 2013 por la Audiencia Nacional a 20 años por pertenecer a ETA y ocultar explosivos en zulos y un trastero del País Vasco.

En 2020 fue condenado a 29 años de cárcel por el atentado contra la sede de EITB en diciembre de 2008. En 2011 también fue condenado por ser el autor material del atentado contra la Casa del Pueblo (sede del PSE) del barrio bilbaíno de La Peña, resultando heridos seis agentes de la Ertzaintza.

Gorka Vidal Álvaro, por último, cambiará el Centro Penitenciario de Logroño por el de Zaballa (Álava). Fue condenado en febrero de 2007 a 22 años de prisión como responsable del traslado de una furgoneta bomba para atentar en Madrid, así como por el intento de atentar en Baqueira.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este viernes que el Gobierno tiene la intención de presentar a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "a lo largo del primer trimestre" del año, con la previsión de acelerar su implementación a partir del tercer trimestre del ejercicio.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión extraordinaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso para dar cuenta de las actuaciones referidas al reparto de los fondos europeos, en la que ha explicado que se está trabajando en los procedimientos formales para la ratificación, adopción y publicación de los textos legales en el ámbito comunitario, un requisito "sine qua non" para que España pueda presentar de manera oficial su plan, ser aprobado y que "fluyan los fondos".

Calviño ha detallado que una vez que culmine este proceso, la intención del Gobierno es presentar a Bruselas el Plan de Recuperación "a lo largo del primer trimestre del año", mientras sigue avanzando en los trabajos de preparación del contenido y la documentación en "estrecha colaboración" con la Comisión y con la previsión de que la implementación del plan se acelere a partir del tercer trimestre.

Para asegurar el lanzamiento de los procedimientos que canalizarán los fondos, además de la reforma administrativa cuyo real decreto ley fue convalidado ayer por el Congreso, ha indicado que se han lanzado ya una decena de manifestaciones de interés en distintos campos, como la conectividad de alta velocidad, el despliegue del 5G en zonas rurales, la hoja de ruta del hidrógeno verde, la competitividad y sostenibilidad industrial, el impulso de las comunidades energéticas locales, la respuesta a la despoblación y el impulso de la economía rural, entre otros.

Además, ha subrayado la importancia de avanzar en la tramitación de propuestas legislativas y la puesta en marcha de mesas y foros de diálogo social para avanzar en ámbitos de reforma, como las pensiones y el mercado laboral, si bien ha recordado que el Ejecutivo ya comenzó a ejecutar "desde el primero de enero" los fondos europeos, al contemplarse un adelanto de 27.000 millones en los Presupuestos, un instrumento "clave y esencial" con el plan.

DOS PAGOS AL AÑO Y PREFINANCIACIÓN DE 10.000 MILLONES

Los fondos europeos que le corresponderán a España rondarán los 140.000 millones de euros hasta el año 2026, de los que Calviño ha indicado que el Gobierno pretende una "intensa concentrción" en los tres primeros ejercicios, con unos 70.000 millones en transferencias para lograr el impacto macroeconómico, y los otros 70.000 millones de préstamos en los tres últimos ejercicios del periodo.

Aunque la Comisión trabaja en los detalles del calendario y los procedimientos, ha avanzado que están previstos dos pagos al año del Fondo de Recuperación y Resiliencia y que en el funcionamiento de 2021 se incluye un pago de prefinanciación de unos 10.000 millones cuando se apruebe el Plan de Recuperación.

La magnitud de los recursos no tiene parangón con otros programas de inversión", ha apostillado Calviño, quien ha especificado que el Plan permitirá movilizar inversiones privadas por unos 500.000 millones de euros y aportar dos puntos de PIB al crecimiento de este año y elevar a medio y largo plazo el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%.

AGILIDAD Y COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES Y SECTOR PRIVADO

Para conseguir el objetivo del "máximo impacto, la agilidad y rapidez del despliegue son fundamentales", ha enfatizado Calviño, quien ha dicho que se impulsará una gobernanza "eficaz" y una "buena interlocución" con agentes sociales, CC.AA. y ayuntamientos, siendo "esencial" la colaboración público-privada para "garantizar la permanencia a largo plazo del programa".

"Es un proyecto de país que exige que aunemos esfuerzos, una hoja de ruta compartida y un horizonte común", lo que ha llevado al Gobierno ha plantear un modelo de gobernanza con "involucración a alto nivel", siendo el Ministerio de Hacienda la autoridad "responsable" de su ejecución, con una "estrecha colaboración" con ministerios, mesas, foros, consejos consultivos y conferencias sectoriales para tener un "diálogo constante y fluido" con administraciones, agentes económicos, expertos y sociedad civil.

COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN MIXTA EN DOS SEMANAS

También ha citado Calviño la necesaria implicación del Parlamento, que tiene que ratificar determinados acuerdos europeos como el tema "urgente y prioritario" de la decisión de recursos propios de la UE remitida por el Consejo de Ministros al Congreso recientemente para que la CE pueda emitir deuda necesaria para financiar los planes nacionales.

Ha valorado la convalidación del real decreto de reforma de la Administración para agilizar la ejecución de los fondos y simplificar procedimientos administrativos, ya que constituye una "importante reforma estructural" y elimina "cuellos de botella", garantizando el "control y transparencia necesario".

Además, ha recordado que el Parlamento tendrá función de control, puesto que el decreto de reforma de la Administración obliga al Gobierno a informar "regularmente" en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado sobre los avances del Plan de Recuperación.

La vicepresidenta ha indicado que tenía previsto acudir ala Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con la UE la próxima semana para dar cuenta de los fondos europeos, si bien la Diputación Permanente acordó citarla de forma urgente. En todo caso, ha avanzado su intención de acudir dentro de dos semanas a la Comisión Mixta para concretar los avances del plan de reformas.

POLÍTICAS PALANCA

Basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), Calviño ha detallado que el Plan "muy ambicioso" se articula en 10 palancas y 30 componentes de inversiones y reformas.

Ha detallado que las 10 palancas tractoras pasan por la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, a la que se destinará el 16% del total e incluye un plan de choque de movilidad sostenible, otro de rehabilitación de vivienda urbana o de transformación del sector agroalimentario y cadena logística.

Asimismo, figuran las palancas de infraestructuras y ecosistemas resilientes para preservar la biodiversidad(12%); transición energética justa e inclusiva (9%); modernización de administraciones públicas (5%), y modernización y digitalización del tejido productivo (17%).

Se suman el Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud (17% del total); Educación, formación y conocimiento (18%) que incluye el Plan nacional de capacidades digitales, el plan de impulso a la FP, la modernización y digitalización del sistema educativo y el impulso de la educación de 0 a 3 años; la economía de los cuidados (6%), y el Deporte y la industria de la Cultura (1,1%).

La última palanca se refiere a la modernización del sistema fiscal, con la que se retomará a medio plazo la senda de reducción de desequilibrios fiscales y aumentar la recaudación, mejorando la eficiencia del gasto público y poner en marcha las recomendaciones del Pacto de Toledo para la sostenibilidad de las pensiones.

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha ordenado la reapertura de la investigación judicial del accidente de un helicóptero militar ocurrido en aguas cercanas a Canarias el 19 de marzo de 2014, en el que cuatro personas murieron.

El accidente en el mar fue en un helicóptero 'Superpuma' HD 21-10, del 802 Escuadrón del Ejército del Aire, adscrito al servicio Aéreo de Rescate, durante un vuelo de instrucción en colaboración con el buque de Acción Marítima de la Armada 'Meteoro' y un avión Delta-4, falleciendo a consecuencia del mismo la tripulación de la aeronave conformada por el Capitán Daniel Pena Valiño, los Tenientes Carmen Gracia Ortega Cortés y Sebastián Ruíz Galván --pilotos-- y el Sargento Carlos Caramanzana Álvarez --mecánico--, mientras que el Sargento J.J.O.A., igualmente miembro de dicha tripulación como mecánico, fue rescatado de la mar con vida.

El TS ha ordenado reabrir la investigación para practicar una prueba pedida por una acusación particular y que fue denegada en la instrucción que consiste en el examen, por técnicos del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), de los restos del aparato para estudiar posibles causas de las roturas de los elementos de la aeronave y su influencia o no en el siniestro.

Al respecto, el Supremo ha informado que la causa fue archivada por el Tribunal Militar Territorial Quinto en enero de 2020 a propuesta del Juzgado Togado Militar Territorial número 52, que instruyó la misma por la presunta comisión de delito contra la eficacia del servicio, y que concluyó que los hechos no eran constitutivos de delito.

En este sentido, apuntó que ambas instancias se basaron fundamentalmente en el informe técnico realizado por la Comisión para la Investigación Técnica de los Accidentes Aéreos Militares --CITAAM-- en relación al accidente que "concedió especial relevancia en lo acaecido al factor humano".

Sin embargo, la Sala ha decidido estimar el recurso de una de las acusaciones particulares y ha ordenado al Tribunal Militar Territorial Quinto que disponga la devolución de las actuaciones al Juzgado Togado Militar Territorial número 52 para que continúe la instrucción del sumario y proceda a la diligencia de prueba citada, solicitada por el familiar de uno de los fallecidos, cuya práctica se considera "pertinente, útil y procedente".

Añade que una vez que se practique esa prueba, el Juzgado deberá decidir si procede instar o no de nuevo el sobreseimiento.

La prueba que había sido denegada y que el Supremo entiende que debe practicarse por su "utilidad y pertinencia" consiste en el requerimiento al INTA para que por sus servicios técnicos "se proceda al análisis, examen, y cuantas pruebas considere necesarias" sobre los restos del helicóptero Súper Puma HD21-10 del Ejército del Aire, siniestrado el día 19 de marzo de 2014, los cuales se encuentran depositados a disposición judicial en las instalaciones de la Maestranza del Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) para "determinar las posibles causas de las roturas de los elementos de la aeronave y su posible influencia o no en el siniestro acaecido y cuantas consideraciones estimen pertinentes".

Para el TS la prueba "está destinada a arrojar luz --más, si cabe, dada la completa actividad instructora-- sobre hechos que deben ser, dados los desgraciados resultados que arrojó el accidente, esclarecidos de manera que quede agotado, en la medida que la técnica lo permita, el conocimiento de las causas que originaron dicho accidente, esclareciendo suficientemente tales causas más allá de las hipótesis, a fin de despejar, en lo posible, cualquier resquicio de duda acerca de lo ocurrido".

Finalmente, agregó que "la prudencia y reflexión que exige el dictado --y, en este caso, la confirmación-- del sobreseimiento definitivo o libre, dados los efectos de cosa juzgada que conlleva, impidiendo la subsiguiente iniciación de un proceso con idéntico objeto, obliga a extremar las cautelas en orden a descartar cualquier duda, por hipotética que pudiera resultar, acerca de los factores causales que dieron origen al accidente eventualmente distintos al factor humano, fundamentando así debidamente el juicio de certeza consecuente a la apreciación inequívoca de no ser los hechos constitutivos de delito".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que, según le han informado hoy, la tercera ola del coronavirus está en descenso en la región.

"Según me acaban de informar, estamos dentro del descenso de la tercera ola. Tuvimos la dura de marzo a abril, otra de octubre y noviembre, y la previsible fruto de la Navidad y ahora estamos viendo que está aplanada e incluso ha descendido un poco", ha dicho a preguntas de la prensa Revilla, que ha instado a no mirar la curva de evolución de la pandemia "como si fuera la bolsa, hoy sube, hoy baja", apuntando que la solución es la vacuna.

Ante el hecho de que continúa el cierre perimetral de Cantabria, que además tiene cuatro municipios confinados (Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco), Revilla ha valorado como "buena" la pauta marcada por Sanidad de fijar en una incidencia de 500 caso por cada 100.000 habitantes el "listón de alarma roja" y proceder al cierre perimetral temporal de 14 días.

Sin embargo, ha dicho que cree que "la mayor parte de la curva ha pasado", afirmando que su "ilusión" sería que no hubiera que necesitar los 14 días para desconfinar los citados municipios. "Y por lo que me dicen, y nunca se puede saber cómo se comporta este maldito bicho, parece que la curva está aplanándose".

El regionalista ha destacado que Cantabria ha "librado esta curva con bastantes buenos resultados" porque no ha llegado nunca a superar los 500 casos y es la segunda comunidad con menor incidencia tras Canarias.

Algo se habrá hecho bien y las medidas que se han tomado, duras para muchísima gente, son beneficiosas para muchísima más gente", ha subrayado el presidente, que ha sostenido que, sin ellas, a la lista de hospitalizados y fallecidos "habría que haber añadido alguno más.

Así, ha insistido en que se han tomado medidas "muy duras" pero "que se ha probado que son eficaces" como haber confinado la región y los ayuntamientos o cerrar al público el interior de los bares. "Las cosas no ocurren por casualidad. Sé que hay colectivos que están sufriendo terriblemente pero hay que evitar aglomeraciones y espacios cerrados", ha insistido.

"No se puede cantar victoria, pero si vemos cómo está el conjunto de España, Cantabria aguanta bien", tanto en incidencias como en fallecidos, ha resumido.

SEMANA SANTA

A la pregunta de si entonces no da por perdida la Semana Santa, que este año se celebra la primera semana de abril, el presidente ha dicho que espera que no, pero "dependerá mucho" de la evolución de la pandemia.

Ha explicado que se espera que en marzo haya una "entrega masiva" de vacunas, "pero, claro, nos va a coger muy cerca" de los días festivos, que comienzan el 1 de abril, Jueves Santo.

Y ha indicado que, en todo caso y como siempre, las decisiones serán de Sanidad.

VACUNACIÓN

Revilla ha insistido a los gobiernos español y europeo en que "no pueden tolerar" que las farmacéuticas "conviertan algo que tiene que ver con la vida y la muerte en un mercado, como si fuera el precio del petróleo. No se puede consentir", ha enfatizado, apostillando que la salud de los ciudadanos están por encima de las patentes.

Por ello, cree que "la gran batalla" es "exigir" que lleguen vacunas suficientes para que a mediados de junio esté vacunada el 70% de la población, "que será cuando podamos hablar de una inmunidad importante colectiva".

Y se que, según Revilla, las comunidades autónomas están capacitadas "para colocar en dos meses todas las vacunas". "Si nos las mandan, estamos capacitados para colocarlas todas de manera inmediata", ha asegurado.

Por ello ha pedido a los "jerarcas europeos" que "aprieten las tuercas" a las farmacéuticas, donde hay "gente vocacional, que está investigando perdiendo las pestañas y luego también mucho buitre que pretende hacer negocios de la vida de la gente".

El diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde y presidente de la Comisión para la Transición Ecológica el Congreso ha pedido la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena i Sender, después de que este haya informado de presuntas presiones para que el regulador de el visto bueno a solicitud de autorización de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

En una carta del presidente del CSN a López de Uralde, le informa de "solicitudes e insinuaciones impropias" que el regulador --que rinde cuentas ante el Parlamento-- considera "conveniente" hacerle llegar.

Además, Serena i Sender en su misiva, firmada el 26 de enero, adjunta cinco cartas recibidas por el regulador entre julio de 2019 y enero de 2021. "Todas ellas" están relacionadas con la evaluación de la solicitud de informe sobre la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, propiedad de la multinacional australiana Berkeley.

"Estas cartas contienen en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar", informa.

La primera de las cartas está firmada en julio de 2019 por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, quien tutea en su misiva al presidente del organismo regulador para recordarle que el proyecto acumula desde 2012 un total de 130 autorizaciones e informes favorables del CSN, al que elogia que ha estado "sumamente involucrado en todo el proceso" desde el origen sin que hasta la fecha haya emitido ningún dictamen contrario.

Pero el responsable de minas castellanoleonés se queja de no recibir información desde hace meses al respecto a pesar de las numerosas peticiones "formales" que también enumera. "Desde entonces, por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos, la tramitación se ha detenido", añade el responsable autonómico que recuerda que no hay ningún informe contrario. Asimismo, destaca que Berkeley minera ya ha invertido 80 millones de euros para el proyecto que puede generar, junto a otras solicitudes de actividad minera en la zona, un importante impulso a la actividad económica y laboral de la zona.

Por ello, pide que el informe se eleve "urgentemente" al pleno del CSN "ya que se está retrasando la nueva actividad económica y el empleo que la mina va a crear en Salamanca".

La segunda de las cartas que el regulador recibe, el 16 de octubre de 2020 está firmada por el presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, Francisco de Paula Bellón, quien le una reunión "a la mayor brevedad" para "comentar y aclarar" el estado de la tramitación y conocer "de forma definitiva la fecha final en la que se emitirá el informe preceptivo" que el CSN tiene que emitir sobre este expediente.

En la misiva le recuerda que el 18 de noviembre de 2016, el CSN envió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital un escrito en el que se señalaba que el plazo necesario para emitir el informe era de dos años, un plazo superado "abrumadoramente". Y le advierte de que este "dilatado tiempo" está generando "preocupación" en la compañía minera y sus accionistas.

También una misiva de la Federación Internacional de Inversores le pide el 31 de diciembre al presidente del regulador que se pronuncie "rápidamente" y que sin mayores retrasos manifieste su "acuerdo" con la concesión basándose en criterios "exclusivamente técnicos y sin interferencias políticas ni mucho menos consideraciones ideológicas u otras influencias" como resultado del actual borrador de la presente planificación española en materia de cambio climático que plantea prohibir la exploración minera de uranio.

Le avisan también los inversores de que no hacerlo sería "inconstitucional" y socavaría la confianza en la seguridad y garantías sobre la propiedad en España, al tiempo de que "una acción contraria" conllevará "con seguridad numerosos conflictos legales" como consecuencia de la falta de diligencia del Consejo de Seguridad Nuclear, incluso, añade, en tribunales internacionales.

Mientras, el socio director de Herbert Smith Freehills Spain, Miguel Riaño, la firma de abogados de Berkeley Minera en España, se dirigió a Serena i Sender el 10 de diciembre pasado para pedirle también una reunión para conocer la situación del expediente y expresarle que "dejando al lado" un debate sobre los motivos de la demora, sería "muy beneficioso" para todos los actores involucrados en el CSN que se pudiese pronunciar con carácter "inmediato y, en cualquier caso, previamente" a la aprobación de la ley de cambio climático y transición ecológica.

De esta forma, confía en que se evitaría que una decisión "puramente técnica" se pueda ver indirectamente afectada por una enmienda de la ley que, asegura la carta del representante legal, es "inconstitucional y expropiatoria". El abogado avisa: "De aprobarse nos llevará a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de Derecho".

No obstante, confía en que la decisión del CSN no se vea "contaminada" por un debate "ideológico" que "nunca" puede.

La quinta de las cartas, de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), María Fernández Conradi, el 7 de enero, manifiesta al presidente del CSN la preocupación de los pequeños accionistas por el retraso en "la concesión definitiva de la autorización solicitada" --sin plantearse un dictamen contrario-- sobre todo ante la tramitación de la ley de cambio climático cuyas enmiendas podrían "truncar" el proyecto.

Por ello, le pide "la diligencia debida" y que "sin mayor dilación adopte el acuerdo de concesión, exclusivamente teniendo en cuenta criterios técnicos" y "sin injerencia alguna de consideraciones o influencias políticas y mucho menos ideológicas".

ACCIÓN DEL ESTADO ANTE AMENAZAS Y PRESIONES

Por su parte, el presidente del CSN, además de remitir la información a la Comisión parlamentaria pertinente, informa a su presidente, López de Uralde, de que ha puesto estas misivas en conocimiento de la Abogacía del Estado.

El propio Uralde, en calidad de diputado de Unidas Podemos, ha registrado la solicitud de comparecencia del presidente del regulador nuclear para que éste, en sede parlamentaria, explique estas "presiones y pueda denunciar estas prácticas inaceptables" que demuestran "cómo los poderes económicos tratan, una vez más, de condicionar el normal desarrollo de la actividad de los representantes políticos, democráticamente elegidos".

Para López de Uralde estas presiones son "inaceptables" y "contienen "amenazas veladas" de la minera para frenar la acción legislativa del Congreso". "Si Berkeley quiere sustituir a los representantes políticos en el Congreso, que se presente a las elecciones", ha sentenciado.

Desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan al CSN a que "haga caso omiso" a las presiones y cumpla su cometido de garantizar con total independencia la protección radiológica de la población y el medio ambiente.

Así, rechazan y condenan las presiones para la pronta resolución de la explotación de una mina de uranio a cielo abierto y a la construcción de una fábrica de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) a la que se oponen.

Recuerdan también que han denunciado "en innumerables" ocasiones el "peligroso" proyecto y las "constantes irregularidades" en su tramitación al tiempo que respetan su "escrupuloso respeto hacia las decisiones del CSN", organismo al que piden que mantenga su "total independencia" y "máximo rigor técnico" ante estas "maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial".

La Policía Nacional y la Guardia Civil, y en el marco de la 'Operación Suela-Collection' han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en la que se ha detenido a un total de 23 personas, la mayoría trabajadores o exempleados del aeropuerto de Barajas, y se han incautado más de 200 kilos de cocaína de gran pureza.

Así lo han explicado en rueda de prensa este mediodía el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; el jefe superior de la Policía de Madrid, Jorge Manuel Marti; el general jefe de la I Zona de la Guardia Civil, José Antonio Berrocal; Gabriel Sánchez, jefe de la Sección de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial; Rubén Rincón, jefe de Policía Judicial de la Comandancia Madrid.

Según el relato de los hechos, a principios de 2019 tuvo lugar una aprehensión de dos mochilas cargadas con 45 kilos de cocaína que fueron arrojadas por una persona debajo de unos vehículos estacionados en plataforma. La investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles culminó con la detención de un hombre que trabajaba en el aeropuerto.

La investigación continuó su curso hasta abril de 2019, fecha que marca la deriva del operativo. Tras la llegada de un vuelo procedente del aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, los agentes sorprendieron en las pistas a un individuo que trabajaba en el aeropuerto. Al verse sorprendido abandonó su equipaje, en concreto, dos mochilas con 47 kilos de cocaína.

ESTUDIO EXHAUSTIVO

El estudio exhaustivo aportó datos suficientes para poner en alerta a la DEA estadounidense y a la NCA británica, que permitió identificar a dos individuos que habían huido de España, colaboradores del detenido en nuestro país y que llevó a desmantelar el entramado de los envíos desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

En esta localidad se logró detener a 11 personas, la mayoría de ellos empleados en el aeropuerto sudamericano. A partir de ese momento, los miembros de la organización cambiaron de estrategia, articulando un 'modus operandi' más complejo para extraer la droga que ocultaban en la bodega de las aeronaves y utilizando para ello el servicio de limpieza.

Los investigadores descubrieron que el responsable de este operativo era el conductor de los vehículos de la lavandería que ocultaba la droga entre la ropa sucia, participando también otros miembros en las tareas de protección, cobertura y seguridad dentro del aeropuerto.

En enero de 2020 los investigadores lograron una detención. Los agentes vigilaban un equipaje que no se correspondía con ningún pasajero.

La mochila fue retirada por un trabajador aeroportuario, que contaba con la colaboración de dos personas más, también empleados del aeropuerto madrileño y que pretendían sacar 37 kilos de cocaína. La sustancia estupefaciente estaba totalmente controlada desde la bodega del avión hasta el punto de entrega final.

En febrero del 2020 el conductor, tras abandonar las instalaciones se dirigió a la localidad de Getafe donde al verse sorprendido emprendió una huida precipitada siendo detenido finalmente tras intentar atropellar a los agentes embistiendo los vehículos policiales. El registro del camión dio lugar al hallazgo de dos mochilas que contenían 66 kilogramos de cocaína de gran pureza.

Por otro lado, las investigaciones desarrolladas sobre este entramado permitieron identificar y detener a otros dos trabajadores más en Madrid, así como también la detención del individuo que pretendía recoger la mercancía, una mochila con 22 kilos de cocaína.

La última fase del operativo ha sido mucho más compleja ya que la organización cambió su método de introducción de la droga, ha informado los responsables policiales. Para ello había diseñado un complejo plan para sacar la drogad del aeropuerto, ya que era extraída por los trabajadores de las bodegas de los aviones siempre de vuelos procedentes de Sudamérica, oculta entre las mantas sucias.

TENÍA UN SISTEMA DE VEHÍCULOS LANZADERA

El grupo había elaborado un complicado sistema utilizando vehículos lanzadera, que alertaban al conductor que portaba la mercancía de la presencia de automóviles policiales.

Cuando los agentes procedieron a dar el alto al camión que portaba la mercancía, el conductor emprendió una precipitada huida, embistiendo los vehículos policiales, logrando detenerlo en la M-40 a la altura de Getafe e interceptando 66 kilos de cocaína de gran pureza. Uno de los policías resultó herido en un dedo.

En noviembre de 2020, se practicaron las últimas detenciones de personas que pertenecían a una empresa de limpieza que prestaban servicio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los detenidos en España son 11 hombres y una mujer. Diez de ellos trabajaban en el aeródromo matritense.

Son de origen dominicano, colombiano, argentino y español y tienen edades comprendidas entre los 25 y los 60 años. Se les imputan delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó el ingreso en prisión de los principales investigados.

El delegado del Gobierno ha agradecido la labor de la Policía Nacional y Guardia Civil para introducir en España y en Madrid grandes cantidades de cocaína a través del aeropuerto. "Es una más de las muchas operaciones que desarrollan en el día a día y que pasan de desapercibidas, que representan lo mejor de nuestras FCSE", ha apuntado. CONTROL A LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO

Por su parte, el jefe superior de la Policía ha indicado, a preguntas de los periodistas, que entre los trabajadores del aeropuerto detenidos habría que mirar cuáles están entre los de transporte, distribución, recogida de maletas y otros. "Por eso no se define muy bien el rol que tiene cada uno. Esto es una investigación muy compleja porque en las fases que tiene se comprueba el perfeccionamiento del método por parte de los delincuentes y nos hace muy complejo investigarles", ha reconocido.

Según ha explicado, en Barajas trabajan actualmente 40.000 empleados del aeropuerto y las FCSE llevan un control exhaustivo porque es un punto estratégico del Estado. Lo que ocurre es que hay mucha movilidad de contratos temporales. "En los aeropuertos y fronteras nacen muchas ambiciones y muchas ansias de delinquir en muchas gentes", ha señalado.

Por su parte, el coronel de la Guardia Civil ha remarcado que esta operación se da por cerrada pero este tipo de delitos son como "las setas en época de lluvia, que vuelvan a salir", por lo que ya están investigando otras posibles bandas. "En un sitio muy goloso Barajas como vía de entrada. Continuamente hay operativos abiertos", ha indicado.

Los responsables del operativo policía también han desvelado que los miembros de la banda cobraban 60.000 euros por 'rescatar' cada maleta con droga, "un negocio muy lucrativo por hacer su trabajo de otra manera". "En vez de dejar esas maletas marcadas en la cinta, la metían en una furgoneta y salía por otro circuito", ha detallado.

La Fad y Maldita.es, con el apoyo de Google.org, han lanzado la app 'No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!' para que los adolescentes y los jóvenes de 14 a 29 años aprendan a detectar y combatir el discurso de odio en Internet.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Fad, que ha explicad que el objetivo de esta iniciativa es promover la reflexión y prevenir manifestaciones de odio e intolerancia entre adolescentes y jóvenes.

Asimismo, ha añadido que esta aplicación pretende que se conviertan "en sujetos activos en la búsqueda de soluciones y en el combate frente al odio; promoviendo procesos que faciliten identificar los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, fomentar el diálogo intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online".

De este modo, la Fad ha detallado que 'No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!' es una web-app responsive, en castellano y en inglés, que incluye juegos para que los usuarios adivinen palabras relacionadas con el odio, identifiquen desinformaciones y sean protagonistas de situaciones de odio como víctima o testigo, para saber cómo reaccionan. También se incluye un ranking de puntos y un buscador de bulos para que consulten las desinformaciones que les lleguen.

La web-app 'No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!' se puede descargar en las principales plataformas como Google Play y App Store y también se puede jugar desde la web en https://play.nomorehaters.es/

Además, la web-app incluye la opción de jugar en modo clase y para eso se ha diseñado una guía docente de apoyo para los profesores que incluye objetivos didácticos, ejercicios offline y online y criterios de evaluación. La guía didáctica puede descargarse en la web del proyecto: https://nomorehaters.es/

EL DISCURSO DE ODIO EN REDES

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, "uno de los grandes problemas con respecto al discurso del odio es que muchos y muchas jóvenes no saben identificarlo".

"Puede que no sean conscientes de que compartiendo un meme que estigmatiza a un colectivo, por ejemplo, están contribuyendo a ese discurso del odio. Es importante que les formemos para identificarlo y combatirlo porque conviven con estas manifestaciones de odio todos los días", ha manifestado.

Por su parte, la cofundadora de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, ha señalado que la desinformación "impulsa de forma muy peligrosa los mensajes de odio y ha encontrado en las redes sociales el canal ideal para llegar a los más jóvenes".

"Este tipo de mensajes son contrarios a una educación plural, diversa y basada en el respeto que debemos conseguir como sociedad. Con este proyecto esperamos que jóvenes y adolescentes desarrollen un espíritu crítico y sepan identificar este tipo de contenidos", ha remarcado.

En España, los datos del Ministerio del Interior muestran que en los últimos años se ha generado una evolución anual ascendente en el número de hechos conocidos de delitos de odio, incluyendo el discurso de odio en la red. En 2017, el número de hechos conocidos de delitos de odio se situaba en 1.419; este número crece un 12,6% hasta llegar a 1.598 en 2018 y en 2019 se alcanzan los 1.706 casos, con un incremento del 6,8%.

Este último año, la mayor parte de incidentes tienen un origen ideológico (34,9%); seguido de hechos vinculados al racismo y la xenofobia (30,2%), de la orientación sexual o la identidad de género (16,3%). En menor medida, menos del 4,5%, se producen delitos de discriminación por sexo o género, asociados a creencias religiosas, discapacidad, por razón de enfermedad, aporofobia, antigitanismo o antisemitismo. Teniendo en cuenta la tipología delictiva, la mayor parte se debe a amenazas (20,5%).

Por otra parte, en un estudio desarrollado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, basado en una encuesta a 1.400 jóvenes entre 14 y 24 años, un 34% afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales ("bromas personales que no gustan, actos de exclusión, insultos, amenazas..."), un 9,2% reconoce haber sido él o ella la persona que ha ejercido tal tipo de maltrato, y un nada desdeñable 38,1% señala haber visto, en el último año, "páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos.