La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) reclama al Gobierno central y a la Generalitat Valenciana que pongan en marcha medidas de «carácter extraordinario y urgente» para estabilizar el mercado del vino y frenar así el actual hundimiento de los precios en origen.

Esta demanda, que también se lanza desde otras organizaciones de Asaja, toma fuerza después de que la Comisión Europea «haya favorecido la posibilidad a los Estados miembros de activar medidas sobre el sector vitivinícola», según ha explicado la asociación en un comunicado.

A pesar del aumento del consumo doméstico de vino, las restricciones del canal Horeca ocasionadas por la Covid-19 están reduciendo las ventas y ello se ha traducido en una «profunda apatía» del mercado vitivinícola valenciano y en un desplome de las cotizaciones en origen que oscilan entre el 25 y el 30%, según variedades, en comparación con las percibidas en las mismas fechas del año pasado, que ya eran negativas, detalla la organización.

Según estimaciones de AVA-Asaja, las pérdidas que soportarán los viticultores de la Comunitat Valenciana superarán «con creces» los 20 millones de euros durante la presente campaña «si las administraciones no aplican soluciones».

La principal reivindicación que pide AVA-Asaja es la activación «inmediata» de la destilación a través de un presupuesto a parte del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), a fin de restar excedentes de uvas en las bodegas ante los próximos meses y para afrontar el inicio de la siguiente vendimia en unas mejores condiciones comerciales.

Los otros países europeos líderes en producción de vino -Francia e Italia- ya se han posicionado respecto a una destilación de crisis que atenúe el impacto económico de la pandemia, explica AVA-Asaja, que también solicita que las administraciones hagan cumplir las normativas nacionales y autonómicas vigentes en defensa de los viticultores.

Por un lado, critica que la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria no se está aplicando para garantizar el cumplimento de los contratos de compraventa, en especial la obligación de percibir unos precios que cubran los costes de producción. Por otro lado, la organización agraria pide la puesta en marcha de la Ley de la Viña y el Vino para recoger además el control de la producción y sancionar las infracciones.

El responsable de la sectorial del Vino de AVA-Asaja, José Luis Robredo, exhorta al Gobierno y a la Generalitat Valenciana a tomar «cartas en el asunto porque la rentabilidad de los viticultores es una ruina desde hace años y ahora el Covid-19 puede suponer la puntilla para muchas familias».

«Los datos del Ministerio indican que el viñedo es el cultivo valenciano que más superficie ha dejado de cultivarse en 2020 -con una reducción de 1.100 hectáreas respecto a 2019- lo que pone en evidencia la situación límite que atravesamos. La clase política debe tener presente al sector primario, ser sensible con él y defenderlo con hechos porque es primordial para la cadena alimentaria», ha manifestado.

SUBVENCIÓN EN EL SEGURO

AVA-Asaja valora la decisión del Gobierno de subvencionar los recargos por siniestralidad en el seguro agrario, una modificación legislativa que permitirá aliviar los incrementos en el coste de las pólizas en caso de sufrir adversidades climáticas.

Sin embargo, la organización agraria solicita que esta ventaja no se aplique solo a partir del 1 de enero de 2021, tal como aprobó el Consejo de Ministros, «sino que cubra todo el periodo de contratación del seguro de la uva para vinificación, que empezó el 1 de octubre, porque una gran parte de los viticultores suscribieron sus pólizas en diciembre y no tiene ningún sentido esta discriminación».

España de Noche, Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, estima que, con motivo de las restricciones para esta Nochevieja, el sector del ocio y los espectáculos «apenas llegará al 10 por ciento de la facturación de 2019», que fue de 500 millones de euros a nivel nacional.

Noche Madrid calcula que en la Comunidad de Madrid causarán unas pérdidas de 55 millones de euros y cifra en un 80,7% el porcentaje de locales al «borde de la quiebra».

El portavoz de España de Noche, Hugo García, ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, que «muchos locales han decidido no abrir, o los que abren, han organizado una «Tardevieja», algo por la tarde para salvar un poco la fecha, porque con las restricciones horarias no se puede organizar una fiesta de fin de año como las que acostumbrábamos».

A nivel económico, España de Noche ha detallado que «las Navidades han supuesto unas pérdidas de más de 1.200 millones de euros» para los 16.500 locales de ocio de España y las miles de empresas y productoras de eventos musicales y festivales, y que sólo durante la Nochevieja de 2019 recibieron a más de seis millones de personas, dieron trabajo a más de 200.000 personas, y facturaron casi 500 millones de euros.

«Catastrófico, este año ha sido horrible, en estas Navidades ha descendido un 85 por ciento la facturación con respecto a las navidades de 2019 y esto se suma a todas las pérdidas acumuladas de esto diez meses que llevamos ya», ha lamentado.

Ante esta situación, desde España de Noche proponen a las administraciones implicadas un plan de ensayo «para que todos los avances que ya existen se pongan al servicio de la economía y de éste y otros sectores.

«Lo que pedimos a las Administraciones, visto que el proceso de vacunación va a ser largo y que estamos hablando de nueve meses para conseguir la anhelada inmunidad de rebaño, es que se vaya recuperando la actividad poco a poco en el sector», ha reclamado.

García ha argumentado que «ya se han visto ejemplos muy exitosos en otros países, especialmente en China, poniendo la tecnología y todos los avances sanitarios, tecnológicos y científicos al servicio de esta desescalada

En esta línea, en su plan de ensayo proponen medidas como activar «aplicaciones como Radar Covid», «test de antígenos a la entrada de los establecimientos» y el uso de «tecnologías muy avanzadas en lo que es la renovación de aire y desinfección de locales».

«Si desde ya se empiezan a poner las medidas en marcha para que empiecen a funcionar en los locales de ocio, podemos, por lo menos aspirar –no sé si una primavera– pero, al menos, a un verano medio normal y, sobre todo, detener la sangría de cierre de locales» ha concluido.

Canal de Isabel II distribuirá 95,4 millones de euros en dividendos entre sus accionistas con cargo al ejercicio presupuestado de 2020, tras aprobar su consejo de administración el pasado 23 de diciembre un dividendo de 47,6 millones, que se suman a la primera entrega repartida en junio, que ascendió a 47,8 millones de euros.

Esta cantidad es un 35% inferior a la abonada en el ejercicio precedente de 2019, que cerró con unos ingresos de 887 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 346,44 millones de euros.

«La solvencia financiera y económica de la empresa», así como «la existencia de liquidez suficiente», tal y como se establece en la Ley de Sociedades de Capital, ha hecho posible aprobar este dividendo, del que se beneficiarán los 111 ayuntamientos madrileños y la Comunidad de Madrid, accionistas de la compañía pública que presta sus servicios a 6,44 millones de habitantes en la región y a 174 municipios.

En su accionariado, están representados la Comunidad de Madrid, que controla el 82,40% del ente público que gestiona el ciclo integral del agua en la región; el Ayuntamiento de Madrid (10%) y otros ayuntamientos (7,6%).

FUSIÓN DE HISPANAGUA

El máximo órgano de la compañía madrileña de aguas ha aprobado también la suscripción del proyecto de fusión con Hispanagua, que deberá ser sometido a la aprobación de su junta de accionistas. Se trata de un paso más en el proceso, iniciado a finales de octubre, con el que Canal de Isabel II integrará a su filial y absorberá a todo su personal –una plantilla de 140 trabajadores–, además de todos sus bienes e inmuebles.

Para ello se ha procedido a la formulación del balance de la fusión que posteriormente ha sido verificado por los auditores externos y se han presentado los informes tributarios, mercantiles y laborales realizados por expertos independientes y especializados para poder llevar a cabo la fusión por absorción.

Hispanagua se constituyó como sociedad anónima en 1995, con el objeto de apoyar a Canal de Isabel II en la construcción, mantenimiento, y explotación de infraestructuras relacionadas con la gestión del ciclo del agua, como pueden ser la ejecución de acometidas, instalación y renovación de contadores, la realización de varias tipologías de inspecciones e informes y la ejecución de reparaciones de red.

Durante los dos últimos meses se ha trabajando en la solución que permitirá la absorción de Hispanagua por el ente público, decisión que contribuye además a la simplificación societaria de su grupo de empresas participadas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha celebrado que la eliminación en 2021 de los peajes de las autopistas AP-7 hasta la frontera francesa y de la AP-2 contribuirán redistribuir mejor el tráfico y supondrán un alivio económico para los transportistas de en torno a 1.900 euros anuales por vehículo.

La Federación ha recordado que actualmente España cuenta con 3.223 kilómetros de pago en 39 carreteras de su red viaria y que solo 21 provincias españolas están libres de vías de peaje. Sin embargo, ha celebrado que en los últimos años en varios tramos han expirado sus concesiones, pasando a formar parte de la red pública estatal.

Así, a finales del 2018 venció la concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, que sumó 84 kilómetros de longitud quedando liberada completamente de peaje, uniéndose a ella desde el pasado mes de enero las autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona, con un total de 474 kilómetros, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, con un recorrido de 94 kilómetros.

En septiembre se unirán también el tramo de la AP-7 desde Tarragona hasta la frontera de la Junquera y la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que suman en total 640 kilómetros más libres de peaje.

Fenadismer considera que la eliminación de los peajes de las autopistas «aporta indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional», al permitir una mejor redistribución de los tráficos privados y profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes, de manera que la elección por una u otra vía por parte de los conductores no se fundamente en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje.

«Ello permite un importante trasvase de vehículos particulares que actualmente circulan por las carreteras nacionales a las autopistas de peaje por su mejor trazado y velocidad máxima permitida, lo que posibilita una utilización más racional de las carreteras nacionales por los vehículos de transporte que así las elijan en función del destino de la mercancía, al tener los camiones limitada técnicamente su velocidad a 90 kilómetros/hora», ha valorado la Federación.

Asimismo, ha resaltado que la paulatina liberalización de las autopistas de peaje contribuye a rebajar de forma importante la actual factura en concepto de peajes que soportan los transportistas españoles, en torno a 1.900 euros anuales por vehículo, según consta en el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera que publica periódicamente el propio Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta que en algunos de los tramos ahora liberados los camiones tiene obligada su circulación conforme a las restricciones a la circulación que anualmente aprueba la Dirección General de Tráfico.

Aunque también está prevista la finalización de la concesión de las autopistas C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), dependientes ambas de la Generalitat de Cataluña, en este caso Fenadismer no ve tan claro que, una vez pasen a ser de titularidad autonómica, vayan a quedar libres de pago, ya que el Gobierno catalán se estaría planteando la posibilidad de establecer algún sistema de pago por uso una vez venzan las concesiones actuales, ha señalado en un comunicado la Federación.

La lucha contra la pobreza energética y el impulso de la agenda ambiental han sido destacados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) entre los compromisos cumplidos a lo largo de la legislatura, destacando su importante grado de cumplimiento, según refleja el informe «Cumpliendo» sobre rendición de cuentas del Gobierno presentado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como consecuencia de la pandemia de la COVID 19, durante el primer Estado de Alarma declarado el pasado mes de marzo, recuerda que el Gobierno prohibió el corte de suministros a todos los consumidores, medida que se aplicó hasta el 30 de septiembre, y se adoptaron medidas en el ámbito energético dirigidas a empresas, pymes y trabajadores autónomos.

Además, desde el pasado 1 de octubre está en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables que permite acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis. En el actual Estado de Alarma, ha ampliado la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua a todos los consumidores vulnerables durante el actual estado de alarma.

Por otro lado, el MITECO afirma que continúa desarrollando medidas para dar una respuesta integral que identifique y responda a las causas estructurales que originan la pobreza energética, en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aprobada en 2018.

En materia ambiental, señala que el Gobierno inició la legislatura con la Declaración de la Emergencia Climática y Ambiental, para situar la agenda climática y ambiental en el centro de la acción de Gobierno. En esa declaración, se adquiría el compromiso de llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, aprobar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, impulsar la transformación de nuestro modelo industrial a través de Convenios de Transición Justa y reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.

Todos ellos, subraya el MITECO, se han cumplido en este primer año de legislatura, a excepción de la Asamblea Ciudadana, que se ha tenido que posponer por la pandemia sanitaria.

Así, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 ha sido aprobado y remitido a Bruselas el pasado mes de marzo, mientras que en mayo, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático de Transición Energética. En septiembre se aprobó el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la aprobación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo en noviembre ratificó el compromiso de España con alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

Añade que la aprobación de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas permitirá consolidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente funcionales y conectadas en España en 2050.

Otra línea de acción prioritaria es la protección de espacios emblemáticos que deben ser restaurados y recuperados, como el Mar Menor o el Delta del Ebro. En ese sentido, indica que se ha aprobado una Hoja de Ruta del Mar Menor que actualmente está en desarrollo. En el marco de esa Hoja de Ruta, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura ha declarado el Acuífero de campo de Cartagena en riesgo químico estableciendo medidas cautelares. La Confederación también ha incrementado la vigilancia e inspección, iniciando numerosos expedientes sancionadores en el Mar Menor por uso privativo de aguas sin autorización y desalobradoras.

En diciembre se aprobó la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada «El Lirio», que ocupa un cauce vertiente a la laguna salada.

En colaboración con las Comunidades Autónomas, entre ella Murcia, el MITECO ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre la nacra, especie declarada en «situación crítica» para definir las principales medidas para reducir el riesgo de extinción de la especie.

Mientras, en el Delta del Ebro, se está ultimando un plan para su protección que incluye la parte de gestión de sedimentos y que se aprobará en los próximos meses.

Asimismo, se han adoptado documentos guía para evaluar el estado de las aguas y se ha puesto a disposición pública el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) instrumento de gobernanza que despliega un conjunto de propuestas con las que revisar las estrategias de intervención para el impulso de medidas de saneamiento, depuración y reutilización de las aguas.

También están en marcha, en las 25 demarcaciones hidrográficas españolas, los trabajos de preparación de los planes hidrológicos de tercer ciclo de la Directiva Marco del Agua (2021-2027). Antes de finales de 2021 estos planes sustituirán a los de segundo ciclo, actualmente vigentes para el periodo 2015-2021.

Se está avanzando también en la ampliación de la red de espacios protegidos con la incorporación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y se ha puesto en marcha el Plan especial de control y vigilancia del uso del agua en la zona de influencia del Parque de las Tablas de Daimiel; y se han dado los pasos necesarios para que en 2021 puedan aprobarse los planes de ordenación del espacio marítimo, y los programas de medidas de segundo ciclo de las estrategias marinas.

ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Para impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación, el MITECO destaca que ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular –España Circular 2030–, que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo que mejore la eficiencia en el empleo de recursos, refuerce la competitividad de la economía española y favorezca la creación de empleo.

Además, inició su tramitación el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que abordará una revisión integral de la gestión de residuos y limitará el uso de plásticos de un solo uso.

El MITECO también hace alusión a la creación de un Instituto para la Transición Justa (ITJ), junto a la aprobación de la Estrategia de Transición Justa, que ve claves para impulsar la reactivación de comarcas mineras y adaptar los territorios afectados a las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares.

En materia de reto demográfico, la Secretaría General para el Reto Demográfico está ultimando, junto a las CCAA, la aprobación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico tiene el fin de abordar la lucha contra la despoblación y avanzar en una España inclusiva y cohesionada social y territorialmente. También destaca la aprobación en 2020 de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, que pone de relieve la importancia del reto demográfico en la frontera con Portugal, donde ya se han identificado acciones prioritarias.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha emplazado a que el año 2021 sea «decisivo» en el avance de los derechos de los trabajadores autónomos.

Su secretaria general, María José Landaburu, ha afirmado que la organización seguirá «trabajando sin descanso» para hacer de 2021 un año decisivo en este sentido.

Entre las reivindicaciones que formarán la hoja de ruta de Uatae para el 2021, destaca la ampliación del escudo social frente al Covid-19, con la prórroga de los ERTEs hasta mayo «como mínimo» y la habilitación de nuevas medidas excepcionales de protección, así como el establecimiento de ayudas directas para aquellos autónomos de los sectores más afectados, como el comercio, la hostelería, el taxi o la cultura.

Asimismo, la asociación reclama «una cotización justa y solidaria para los autónomos» y lamenta que la reforma anunciada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, del sistema de cotización de los autónomos para ajustarlo a sus rendimientos netos reales «se encuentra parada, sin ningún avance en los últimos tres meses».

Uatae también pide pasos efectivos contra el fraude de falsos autónomos, agilizando el proyecto de ‘ley Rider’, ahora en discusión en el diálogo social.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por que el modelo de gestión de los fondos de reconstrucción «deje fuera a autónomos y micropymes». Los desafíos que tiene este país en un escenario postCovid no pueden permitirse tener en un segundo plano a los 3,2 millones de trabajadores autónomos y su aportación fundamental a la economía, el empleo y el talento colectivo», ha advertido.

Otros asuntos encima de la mesa son los primeros pasos de un nuevo modelo de formación para el empleo que tenga en cuenta la realidad del colectivo, la tramitación en el Congreso de la ley que establezca un régimen sancionador contra la morosidad que sufren autónomos y pymes, la expectativa de un debate sobre la fiscalidad justa «para que un pequeño comerciante de barrio no pague más impuestos que Amazon, ni un taxista más que Uber» o la responsabilidad de la banca con los créditos ICO.

Uatae se plantea un 2021 «muy pendiente de estos temas» y de todos aquellos que conforman la problemática de los trabajadores autónomos.

El grupo Amper se ha adjudicado cinco contratos por importe conjunto de 7,5 millones de euros, que forman parte de la cartera de proyectos de su Unidad de Negocio Tecnológica establecida el Plan Estratégico 2021-2024, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por un lado, la división de Telecom IoT se ha adjudicado un nuevo contrato por valor de 3,5 millones de dólares (2,85 millones de euros) para el suministro de 20.000 kilómetros de fibra óptica para exterior de 3 milímetros en el segundo trimestre para Total Play (Mexico). Este contrato se enmarca dentro de la estrategia para el despliegue en Latinoamérica de Fibra óptica y se suma a dos contratos anteriores también adjudicados en las últimas semanas por valor de 7 millones de dólares americanos (5,7 millones de euros).

Por otro lado, el Grupo Amper ha resultado adjudicatario de dos contratos por un importe total de 4,2 millones de dólares americanos (3,4 millones de euros) para la ingeniería, desarrollo e implementación de sistemas de comunicaciones en la modalidad llave en mano para los Hospitales de Iquitos y Algarrobos en Perú.

Asimismo, se ha adjudicado el Sistema de comunicaciones de voz Tierra/Aire en el Aeropuerto de Menorca por 1,2 millones de euros, un proyecto que consiste en la instalación y puesta en servicio de un nuevo sistema de comunicaciones de voz sobre IP, un nuevo sistema de comunicaciones Tierra-Aire y el suministro del equipamiento necesario. El grupo Amper cuenta en la actualidad con una cuota de mercado de más del 90% de los aeropuertos españoles.

Por último, Amper suministrará un sistema propio de comunicaciones de voz basado en el protocolo de voz sobre Internet (VoIP), así como otros servicios de apoyo para la FAA (Federal Aviation Authority), entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la Aviación Civil en los Estados Unidos. La compañía ha destacado que este contrato tiene especial relevancia por la entrada de la tecnología de Amper en el mercado norteamericano.

Las siete ciudades y numerosas localidades gallegas buscan paliar el impacto económico que la pandemia sanitaria de la covid-19 supone para los ciudadanos mediante la congelación de la mayor parte de las tasas municipales y distintas exenciones fiscales en 2021.

Así, Santiago, la capital gallega, congela la mayor parte de las ordenanzas fiscales, mientras que aprobó ya hace semanas la exención de la tasa de terrazas para aminorar el efecto de la crisis en el sector hostelero, tal y como resaltó el alcalde del PSdeG Xosé Sánchez Bugallo.

En A Coruña, el pleno de este miércoles 30 ha aprobado varias modificaciones que suponen «más bonificaciones», según destacan fuentes del gobierno municipal, en cuestiones relativas a herencias, rehabilitación de viviendas, recogida de la basura y también terrazas.

Por otro lado, y en contra de la medida adoptada por la Xunta a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos para el año que viene, la ciudad herculina, con la socialista Inés Rey al frente, incrementa al 100% (de 744 a 1.488 euros) el coste de las licencias de apertura para salas de juego.

En Pontevedra está aprobada la congelación «real» de tasas e impuestos, según reivindican fuentes del gobierno del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores. «No se sube ni el IPC y van siete años consecutivos», destacan.

En cuanto a Vigo, ocurre lo mismo, y fuentes del gobierno de Abel Caballero resaltan la «subida cero» de tasas e impuestos, pues «están congeladas».

Junto a esto, llaman la atención sobre bonificaciones y exenciones aprobadas por el Ayuntamiento durante los cierres comerciales impuestos por la situación sanitaria, para comercios y pymes. «Entre basura, vado y agua, las exenciones superan los 5 millones de euros», apuntan.

«Además, se sigue aplicando la tasa cero en terrazas y ampliaciones de terrazas. Desde su implantación por el gobierno de Abel Caballero, aproximadamente 25 millones de euros dejados de ingresar», agregan.

De igual manera, Ourense mantendrá los mismos precios públicos y tasas para 2021, sin cambios al respecto, según informan fuentes del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez (PSOE), resaltó que la fiscalidad local contemplará el próximo año incentivos para impulsar la conservación del Camino Primitivo y el aprovechamiento de las energías renovables.

Las tasas por servicios urbanísticos y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras disminuirán a la mitad para las obras y rehabilitaciones en el área de influencia del Camino con el fin de «alentar a su cuidado y proyección económica».

Las viviendas que sean residencia habitual y que instalen paneles solares para autoconsumo tendrán un descuento del 50% del impuesto de bienes inmuebles durante tres años.

En la ciudad de la Muralla, los impuestos se congelan un año más, igual que las tasas, a excepción de tres. La tasa por la prestación del servicio en las escuelas infantiles incluirá la gratuidad de la atención educativa para segundos hijos y sucesivos.

Por su parte, la edil de gobernanza, Paula Alvarellos, sostuvo que el estudio de costes de los gravámenes municipales, demandado en los tribunales por varios colectivos, obligó a una revisión de los precios públicos que, pese a subir, se mantienen «como de los más bajos de Galicia.

En lo que respecta a Ferrol, salió adelante la modificación de cuatro ordenanzas promovida por el gobierno del también socialista Ángel Mato, para aplicar beneficios tributarios «a los sectores más perjudicados por la situación económica».

Así, los negocios de los sectores de la hostelería, el comercio, la cultura y los espectáculos contarán con una reducción del 20% de bienes inmuebles para todo 2021. No se cobrará la tasa por ocupación por mesas y sillas durante todo este año y tampoco en los meses del que viene en que esté en vigor el estado de alarma.

Para el impuesto de actividades económicas, este Consistorio aplicará diferentes bonificaciones en función de parámetros como la contratación de trabajadores, la implantación de una nueva empresa y la ampliación de una ya domiciliada en la ciudad.

LOS PEAJES DE LAS AUTOPISTAS

Las bonificaciones que quedan a la espera de la aprobación de un decreto por parte del Gobierno son las comprometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para sufragar parte de los peajes de la autopista AP-9, con lo cual esta será «la única que incremente su precio» en 2021, según viene denunciando hace semanas la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

La ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 da cobertura a la tramitación de ese decreto «que modifique la concesión de la autopista y regule los aspectos concretos de las bonificaciones que vayan a aplicarse en la AP-9», señalan fuentes del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el departamento que dirige José Luis Ábalos precisa que dicho decreto «deberá ser previamente tramitado y aprobado» y «hasta su entrada en vigor no será posible la entrada de vigor de esas bonificaciones que se establezcan».

Del lado contrario, la Xunta reivindica la bajada del precio de los peajes de varios tramos de las autopistas autonómicas en 2021 y asegura que mantendrá «estable» el resto.

Así, las autopsitas A Coruña-Carballo (AG-55) y del Val Miñor (AG-57) continuarán, afirma, «siendo de las más baratas de España». En esta última bajará 5 céntimos un tramo para vehículos ligeros, dos para pesados de tipo 1, y siete para vehículos pesados de tipo 2, mientras que el resto «permanecerá estable».

En la de A Coruña-Carballo bajará cinco céntimos también un tramo para vehículos pesados de tipo 1 y cinco para pesados de tipo 2. Por último, la Xunta continuará aplicando descuentos de entre el 25 y el 50% para los usuarios frecuentes y del 50% para los que realicen los viajes en horario nocturno.

Para terminar, el Gobierno gallego llama la atención sobre que en 2021 comenzará a aplicar también bonificaciones para familias numerosas en autopistas de titularidad autonómica.

La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos han acordado prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 la ultraactividad del convenio colectivo del sector, con el objetivo de llegar a un acuerdo a lo largo del próximo mes.

Este jueves, 31 de diciembre, vencía el convenio de banca anterior y, por tanto, el plazo para que la mesa negociadora alcanzase un acuerdo sobre el nuevo convenio de banca.

Sin embargo, las partes no han cerrado un acuerdo y se han dado un mes más para seguir con la negociación, que está atascada en el punto sobre las retribuciones de los empleados.

La última propuesta de la patronal, todavía insuficiente para los sindicatos, contempla congelación salarial en 2021 y subidas del 0,75% en 2022 y del 1% en 2023.

La AEB también ha aceptado la propuesta de los sindicatos relativa a los pagos únicos anuales adicionales, fuera de tablas, vinculados a los resultados individuales de cada entidad, así como revalorizar en los mismos porcentajes que se acuerde para el salario base el plus transitorio, el salario del nivel de acceso a la profesión, el plus de polivalencia funcional y la compensación de días en Canarias.

Otras materias en las que existe «un acercamiento considerable» y posibilidades de acuerdo «elevadas» son la regulación del teletrabajo, el cómputo de los permisos en días hábiles o las mejoras en los préstamos y anticipos.

También se incorporaría al convenio el derecho a la desconexión acordado junto con el registro horario, y la patronal ya renunció la semana pasada a sus propuestas de suprimir los trienios y ampliar el radio de la movilidad geográfica, lo que supone también allanar el camino para cerrar un acuerdo antes de este jueves, cuando termina la ultraactividad del convenio anterior.

La próxima reunión de la mesa negociadora tendrá lugar el 12 de enero.

El año 2021 se inicia con subidas en el gas natural, los sellos, los envíos de paquete y en general las comisiones de los bancos, además de con un precio de carburantes en máximos que seguirá al alza por el ‘céntimo verde’, mientras que se mantiene sin grandes variaciones el precio del transporte y telecomunicaciones y se prevé una bajada de la vivienda y la electricidad con la nueva estructura del recibo, así como de los peajes, que subirán más adelante.

Las variaciones se producirán en un contexto de subida del salario de los funcionarios y de las pensiones del 0,9% el nuevo año, un alza del 1,8% de las pensiones no contributivas y de un incremento del 5% para el Iprem, hasta los 564,7 euros mensuales.

El Salario Mínimo Interprofesional se mantiene en 950 euros hasta que el diálogo social acuerde una subida, en un contexto en el que el IPC cerró noviembre en el -0,8%, con la consiguiente ganancia de poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, ya que en el primer caso las pensiones subieron en 2020 un 0,9% y en el segundo un 2%.

NUEVOS OPERADORES EN ALTA VELOCIDAD

Renfe no ha publicado la variación de precios para sus servicios, pero Adif ha aprobado reducir un 23% del canon que cobra al operador para potenciar el tráfico en el marco de la crisis del Covid-19, por lo que pagará menos para cada servicio que mantenga operativo.

Se prevé que Renfe congele tarifas para apoyar la recuperación de la movilidad y enfrentarse al nuevo operador que se estrena en España este año en el marco de la liberalización del sector, Ouigo. También se prevé la puesta en marcha del ‘low cost’ de Renfe, el Avlo.

Los precios de los autobuses y el metro de las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza se congelan.

PEAJES BAJAN UN 0,11%

Transportes rebajará un 0,11% las actuales tarifas de las autopistas dependientes del Estado, el primer año de los últimos cuatro ejercicios en el que los peajes se abaratan, tras los dos únicos descensos en 2016 y 2017 en los últimos 20 años.

A partir de septiembre se levantará el peaje de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y dos tramos de la AP-7 (entre Tarragona y Barcelona y desde esta ciudad hasta el paso fronterizo de La Jonquera), una vez han concluidos sendos contratos con Abertis. En total, más de 450 km de vía gratuita.

TASAS AEROPORTUARIAS

Las tasas aeroportuarias de Aena aplicables contarán con bonificaciones hasta marzo para las aerolíneas que superen el 20% de las operaciones con respecto al pasado año. El DORA para 2017-2021 contempla una rebaja del 11% en las tasas de Aena y garantiza que no podrán subirse hasta 2025 abriendo la puerta, en todo caso, a nuevas bajadas.

A ello se añade la rebaja de las tasas de navegación aérea de Enaire para impulsar la recuperación del sector aeronáutico, reduciendo la tasa de ruta peninsular un 11% y un 8,5% la tasa de ruta en Canarias.

También se mantiene la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares en el 75%.

SIGUE BAJANDO EL EURÍBOR

La banca previsiblemente seguirá aumentando las comisiones que cobra a los clientes o exigiendo mayor vinculación para la exención de las subidas, ante el escenario de baja rentabilidad, aunque cabe recordar que el real decreto ley aprobado en marzo garantiza una cuenta de pago básica para colectivos vulnerables con una comisión máxima de 3 euros al mes.

El Euríbor cerrará diciembre en un nuevo mínimo de alrededor del -0,496%, por lo que seguirán abaratándose las hipotecas a las que le toque revisión.

PODRÍA BAJAR LA LUZ, SUBE EL GAS NATURAL Y CARBURANTES

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo se prorrogará hasta el 1 de abril, fecha en que está previsto que entre en vigor la nueva estructura del recibo diseñada por la CNMC que introduce la discriminación horaria en todos los peajes y supone una revisión y simplificación de los periodos horarios.

No obstante, 2021 puede ser el año de los grandes cambios en el recibo de la luz si sale adelante la propuesta del Gobierno de aprobar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que dejarían de formar parte del recibo de la luz los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, eminentemente fijos, que pasarían a ser costeados por las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía para rebajar la factura doméstica al menos un 13% en 5 años.

En el caso del gas natural, la Tarifa de Último Recurso (TUR) subirá un 5,97% de media a partir del 1 de enero, con respecto a la tarifa vigente desde octubre. Para un cliente medio TUR 1, con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) supondrá un aumento del 4,6% en su factura, mientras que para un cliente TUR 2, con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), el incremento será del 6,3%.

El precio de la bombona de butano se sitúa en este inicio de año en 12,68 euros, tras subir casi un 4,9% en noviembre, y habrá que esperar a mediados de mes para ver si se vuelve a encarecer.

Los precios de los carburantes entran en enero tocando sus máximos de los últimos meses. El precio medio del litro de gasolina se sitúa en los 1,184 euros, mientras que el gasóleo alcanza los 1,069 euros.

TELECOMUNICACIONES

La evolución de los precios de los servicios de telecomunicaciones mantendrá en 2021 previsiblemente la tendencia registrada de que los operadores eleven sus tarifas a cambio de servicios adicionales.

Por ejemplo, Movistar ha anunciado que el próximo 12 de enero elevará la velocidad de su oferta de fibra hasta un máximo de un 1Gbps simétrico y subirá del precio de sus paquetes convergentes Fusión de entre dos y tres euros.

Sin embargo, el mercado también se ve afectado por una elevada actividad promocional, con descuentos para los clientes que se cambien de operador, y un aumento en los últimos años de las tarifas y las marcas de bajo coste, lo que presiona a la baja los precios de los paquetes de servicios. Además, habrá que ver el impacto que tendrá el despliegue del 5G, servicio que hasta ahora los operadores han incluido en sus tarifas sin coste adicional.

SUBIDA DE IMPUESTOS Y BAJADA DE VIVIENDA

En el capítulo de impuestos, sube el IRPF a rentas altas, un 1% el Impuesto de patrimonios de más de 10 millones de euros, se fija límite al 95% de exenciones en Sociedades, la reducción de desgravaciones a planes de pensiones privados y un aumento de las primas de seguro, así como un alza del 10% al 21% del IVA a bebidas azucaradas y edulcoradas, salvo lácteos.

A ello se sumarán las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, un nuevo impuesto a envases de un solo uso, otro a los residuos, un tipo del 15% a los beneficios no distribuidos de las ‘socimi’ y una participación mínima de 2.500 euros para beneficios fiscales de las ‘sicav’.

En materia de vivienda, 2021 podría ser el primer ejercicio de descenso de los precios de compra y alquiler de vivienda tras varios ejercicios al alza. Además, para este nuevo año se augura la revisión de alrededor de un millón de fincas, de lo que se vislumbra una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

SUBEN SELLOS Y ENVÍOS DE PAQUETES

El sello de Correos para enviar cartas y tarjetas postales normalizadas subirá un 7,7%, pasando a costar 0,70 euros. Los sellos para mandar cartas y postales a países europeos se encarecen un 3,4%, hasta situar su precio en 1,50 euros.

Las cartas con destino Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda tendrán un coste de 1,60 euros, frente a los 1,55 euros de 2020. Para el resto de países, el franqueo será de 1,90 euros (+22,5%). En los envíos de paquetes a destinos nacionales, Correos subirá su precio una media del 4,7%. Para envíos internacionales sube un 2,53%.

Los españoles que quieran jubilarse a partir de mañana con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.

Estos 66 años será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y tres meses de cotización (este año se exigen 65 años y diez meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años cotizados).

Si se superan los 37 años y tres meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde mañana, 1 de enero, con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

Lo que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.

Además, desde este 1 de enero el periodo de cálculo de las pensiones sube un año respecto a 2020, desde los 23 años actuales hasta los 24 años. Esto supone que la pensión se calculará desde el 1 de enero en función de las cotizaciones de los últimos 24 años.

JUBILACIÓN PARCIAL

En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.

Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde mañana de 62 años si se tienen cotizados al menos 35 años y tres meses, o de 63 años en el caso de que se tengan 33 años cotizados.