Las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M han justificado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 su petición de prisión permanente revisable para dos de los acusados porque ha quedado acreditado que "formaban parte del plan criminal".

Las asociaciones han sido las dos últimas acusaciones que han expuesto sus informes finales, además de la Abogacía del Estado, que se ha adherido a la Fiscalía. Tras ello, llegaría el turno de las tres defensas, pero, a petición de la de Driss Oukabir, el tribunal ha decidido suspender la vista oral hasta que todos los letrados se encuentren en disposición de informar.

Se da la circunstancia de que la abogada Carmen González, que defiende a Mohamed Houli Chemlal, ha dado positivo en covid-19, y que el letrado Luis Álvarez Collado --que en el juicio se sienta justo al lado-- se encuentra de baja laboral y con síntomas de coronavirus, a la espera del resultado de la prueba, según ha informado su compañera al tribunal.

Tanto la AVT y 11-M han afirmado que los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos terroristas que solicita el Ministerio Público en el caso de Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir, y el delito de colaboración para Said Ben Iazza, son acertados.

Pero, en opinión de las acusaciones populares, Oukabir y Houli Chemlal deben responder por las 15 víctimas mortales que dejaron los atentados en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) porque "formaban parte del plan criminal", ha indicado el abogado de la AVT, Antonio Guerrero.

PRUEBAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACUSADOS

La AVT --que precisamente este jueves celebra su 40 aniversario-- ha comenzado su informe exponiendo todos los indicios que acreditan los delitos cometidos por los acusados. Así, sobre Mohamed Houli Chemlal ha destacado que "su comportamiento en todo íter cronológico de los hechos dan por probada esa colaboración", resaltando que buscó financiación para la célula, participó en la adquisición de explosivos y en la confección de estos, y su pasaporte apareció en la furgoneta que se uso en el atropello masivo en Barcelona.

Asimismo, ha indicado que no se dan todos los requisitos exigibles para que se le aplique la atenuante de confesión, como solicita su defensa, porque "no es cierto" que colaborara durante la investigación, ya que "reconoce cosas que le pueden beneficiar y se exonera de aquello que le perjudica".

En cuanto a Driss Oukabir, afirma que su participación no ha sido tan "intensa", pero que en cualquier caso "sabía y conocía cuáles eran los planes y la inmediación con la que se iba a realizar el atentado terrorista". En este sentido, entiende que las dudas que este acusado muestra sobre el atentado en una conversación con su hermano Moussa --abatido en Cambrils-- "no es sobre la realización de los hechos, sino sobre la forma en la que se quiere realizar los hechos".

"Queda perfectamente acreditado que no es que desista de la realización o de su participación o coparticipación en los hechos, sino que muestra algún tipo de reticencia sobre la forma de hacerlo", ha señalado Guerrero.

Otra prueba de la implicación de Oukabir en los planes de la célula yihadista, según el abogado de la AVT, es la desinstalación y reinstalación de la aplicación Whatsapp en varias ocasiones en los días previos a los atentados porque "trataba de eliminar todas las conversaciones que debían ser bastante comprometedoras".

Sobre Said Ben Iazza ha señalado que es "relevante" que cuando tiene conocimiento de los atentados y ve las fotografías de los miembros de la célula yihadista a los que dejó una furgoneta de su tío y su documentación personal para adquirir supuestamente productos de limpieza, no se presentara ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para contar todo lo que sabía. "Es evidente y claro que la utilización de esa furgoneta era para un fin ilícito", ha concluido.

Con todo ello, la AVT ha retomado el argumento que dio la Fiscalía para no acusar por asesinato y ha asegurado que la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona) donde se fabricaban los explosivos no impidió en absoluto la comisión de los atentados.

En este sentido, ha apuntado que el "único exceso" que considera que hubo el 17 de agosto de 2017 fue el asesinato de Pau Pérez por parte de Younnes Abouyaaqoub en su huida tras el atentado en Barcelona, a quien además robó su vehículo. "Eso no forma parte de la ideación del plan criminal", ha explicado, y por ello la acusación contra los tres acusados no se dirige hacia ellos en este sentido.

"MISIÓN": CAUSAR UN ATENTADO

Aún así, ha subrayado que la única "misión" que tenía la célula era la de "causar un atentado en el cual murieran el mayor número de personas y se cometió". En este sentido, ha señalado que La Rambla no se puede descartar como "objetivo" porque incluso hasta "cuatro días antes" la célula estaba buscando lugares donde poder atacar ya que "no estaba claro".

Por su parte, la asociación 11-M coincide con la mayoría de las acusaciones particulares en que "no había un plan A", sino sólo la "estrategia de causar terror de cualquier manera, causando el mayor número de muertes posibles". "La célula no tenía ningún tipo de prejuicio fabricando explosivos a unas cantidades industriales", ha agregado el letrado Antonio Segura.

Por ello, la asociación cree que la Fiscalía sólo atribuye a los acusados la participación que tuvieron en los preparativos de los atentados hasta la explosión de Alcanar, justo la noche anterior a los a atropellos masivos, porque "confunde lo estratégico con lo táctico".

"Podemos tener hipótesis de cuáles eran los objetivos, podemos garantizar con prueba suficiente que había unos objetivos más claros que otros, pero no hay un cambio estratégico, sino un cambio táctico. Me quedo sin explosivos pero mi estrategia no cambia que era el de asesinar gente con lo que tengo, con cuchillos, con coches", ha apostillado.

Así ha concluido que comparte con todas las acusaciones que reclaman que los acusados respondan por los atentados porque considera que "hay que dar un paso más" a la petición de la Fiscalía y "dar satisfacción a la víctima", tanto en el ámbito penal como civil.

SUSPENDIDO EL JUICIO HASTA LA RECUPERACIÓN DE LOS ABOGADOS

El juicio se retomará una vez que todas las defensas se encuentren en buenas condiciones médicas de exponer sus respectivos informes. El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha comunicado a las partes que "a lo largo de la semana que viene, si se supiera algo ya" las convocaría para "finales de la siguiente".

El magistrado afirmó en la sesión de este miércoles que la reanudación del juicio también dependerá de la disponibilidad de la sala de vistas. "Los demás, cuídense mientras", se ha despedido.

Unidas Podemos y PSOE han registrado en el Congreso la proposición de ley para acabar con el voto rogado, que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero, e instarán al resto de partidos a que se sumen a la propuesta para acabar con esta "vergüenza democrática".

El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, ha comparecido en la Cámara y ha explicado que esta reforma de la ley electoral, que su formación ha presentado en su primer cupo del nuevo periodo de sesiones, busca terminar con la limitación del derecho a sufragio que padecen en la actualidad los españoles emigrados.

Echenique ha desgranado que los datos confirman el impacto negativo del voto rogado, pues antes de su aplicación el voto exterior alcanzaba el 30% y ahora se sitúa en niveles inferiores al 10%.

De hecho, el texto de la iniciativa detalla que la combinación del voto rogado y de los plazos previstos en la normativa electoral se hatraducido en una "reducción muy significativa" en los niveles de participación de los electores residentes en el extranjero. En el caso de las elecciones generales celebradas en 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10 por ciento de los electores solicitaron o rogaron el voto.

Es una vergüenza democrática que se limiten así los derechos de los españoles en el exterior", ha explicado el parlamentario de Unidas Podemos para enfatizar que el voto rogado se aplicó en un "época muy difícil", cuando a partir de 2011 muchos jóvenes optaron por salir del país.

Para corregir esta situación, Unidas Podemos y PSOE plasmaron en el acuerdo de gobierno derogar el voto rogado y eliminar las trabas administrativas "inaceptables" que se establecieron en la ley electoral para los "compatriotas migrantes", de cara a poder garantizar un ejercicio "mucho más digno" a este colectivo.

La propuesta legislativa también comprende otros elementos, como la ampliación de los plazos de recuento de las papeletas en el exterior, pues ahora "se pierden muchos votos por llegar tarde" al plazo marcado, al no poder contabilizarse a tiempo.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

En esta línea, se apuesta por facilitar la descarga electrónica de la papeleta e informatizar parte de los trámites, como el censo exterior, para que sea "más fácil" el voto exterior.

De este modo, Echenique ha celebrado el acuerdo con el PSOE para impulsar esta proposición de ley y espera que sea aprobado en el Congreso, al ser una medida que va "más allá" de las diferentes posiciones políticas de los grupos. "Esto va de democracia y limitar el voto de los compatriotas en el exterior es todo lo contrario", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha explicado en un comunicado que registran esta proposición de ley "con el ánimo y el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y hacer posible que las personas que residen en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto con mayor facilidad". Para ello, es necesario la modificación de los artículos 75, 103 y 107 de la ley electoral.

Según explicaron ayer fuentes de la formación morada, Unidas Podemos calcula que la tramitación de esta iniciativa se pueda debatir, previsiblemente, la última semana de febrero.

MÁS PLAZO PARA EL ESCRUTINIO

El texto plantea que la descarga telemática de la papeleta permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral, facilitando así su recepción en plazo. También pauta ampliar de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada.

Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general, algo "imprescindible" si se quiere que "el esfuerzo de participación democrática de los conciudadanos en el extranjero sea tomado en consideración".

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha destacado este jueves que el Gobierno esta trabajando en una carta de derechos digitales abordando temas como la ciberseguridad, la privacidad y las 'fake news'.

Lo ha indicado así en la presentación telemática del libro 'Faster than the future. Facing the digital age', que aborda los grandes retos de la revolución digital y reflexiona sobre los desafíos económicos, sociales y éticos que surgen de la emergencia digital latente.

El libro presentado este jueves está escrito por diez parejas formadas por académicos y periodistas internacionales "de reconocido prestigio" que han debatido también sobre estos temas durante la presentación.

La secretaria ha añadido que se está ante retos muy complejos y esto hace necesaria la unión de diferentes mentes que debatan para que nadie se quede atrás, "porque el futuro está por construir".

Artigas ha explicado que la iniciativa busca "construir una agenda digital de Gobierno más equitativa e inclusiva" para todos y que para eso es necesario valorar los retos económicos, sociales, éticos y sostenibles.

ABUSO POR PARTE DE EMPRESAS

Por su parte, la directora de Digital Future Society, Cristina Colom, ha destacado en la rueda de prensa que todas las tecnologías emergentes necesitan de un componente ético transparente y que ahora es el momento de afrontarlo por una "emergencia digital" latente.

Colom ha añadido que si no se abordan estos retos con el humanismo tecnológico en un plazo corto de tiempo podrán tener "desigualdades y desequilibrios para los ciudadanos importantes".

En la rueda de prensa también ha participado el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, para hablar sobre supercomputación y advertir de que actualmente "la tecnología está muy por encima de las leyes con un abuso total de algunas empresas sobre la libertad de los ciudadanos.

Es por eso que, según ha indicado, es importante que haya iniciativas como el libro 'Faster than the Future' que unan a expertos de diferentes campos para intentar hacer que la sociedad y el futuro de la tecnología sean más justos".

El juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes quedará este viernes visto para sentencia sin que ningún acusado ni testigo haya apuntado directamente a la exdirigente popular como inductora del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de posgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

"Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad. Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año.

Las partes expondrán en la última sesión sus informes finales. La defensa de la expresidenta madrileña, el abogado José Antonio Choclán, solicitará la libre absolución de su representada al considerar que no hay prueba de cargo para enervar su presunción de inocencia.

La fiscal Pilar Santos elevó en al anterior jornada a definitiva su acusación respecto a Cifuentes, para quien solicita una pena de tres años y tres meses de cárcel por falsedad documental. La misma pena pide para la exasesora María Teresa Feito.

Tan solo introdujo una leve modificación respecto a la petición de 21 meses de cárcel para la profesora Cecilia Rosado. En su caso, reclamó contemplar de forma subsidiaria una atenuante muy cualificada por confesión al reconocer la falsificación del acta del TFM de Cifuentes.

En su informe, la fiscal aludirá a las llamadas que hubo cruzadas desde la entonces Consejería de Educación a través del titular de esta cartera en aquella época Rafael Van Grieken, la exasesora Feito y el rector Javier Ramos para apoyar supuestas presiones de la Comunidad de Madrid.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de "presiones" de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

A lo largo de la vista, ningún testigo ni acusado ha afirmado que Cifuentes en concreto estuviera detrás de esas llamadas "reiteradas" al rector Javier Ramos para recabar información de lo sucedido tras destapar 'eldiario.es' el caso del máster.

Tan solo Van Grieken reconoció que llamó de forma "reiterada" al rector al tratarse de un asunto que afectaba al Gobierno regional y que era algo que entraba dentro de sus competencias como consejero de Educación al afectar al prestigio de las universidades madrileñas.

Cifuentes sí se benefició de esa acta falsificada de la que está acusada como inductora, si bien ella insiste en que desconocía tal circunstancia. No fue el único documento falsificado en su curso. Del juicio se ha desprendido que hay más de un acta falsa en relación a diferentes alumnos de esa misma promoción, conforme a la pericial practicada por la Guardia Civil.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha destacado la "contundencia" del líder del PP, Pablo Casado, ante cualquier caso de corrupción y ha señalado que esa fue una de sus promesas cuando se presentó a liderar el partido. Dicho esto, ha retado al extesorero del PP a "sacar" lo que tenga.

Maroto ha señalado que en el PP están "un poco cansados" de Bárcenas y de lo "pesado" que es porque "lleva años" amenazando con una grabación o un papel. "Pues si lo tiene, que lo saque. Y si hay algo ahí que no está bien, el que haya hecho algo mal, que lo pague", ha enfatizado.

En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha recalcado que este asunto ya les "aburre" y ha añadido que Bárcenas "cada vez cuenta una cosa distinta en función de sus propios intereses".

Maroto ha señalado que en las primarias del PP de julio de 2018 --que eligieron al sucesor de Mariano Rajoy-- Pablo Casado llevó como uno de sus principales ejes la "tolerancia cero contra la corrupción, sea quien sea".

"Yo no niego que antes no fuese así. De hecho, yo creo que Mariano Rajoy es una persona honesta pero Pablo Casado hizo de la transparencia y de la tolerancia cero un eje central del PP. Y desde que es presidente no solo lo ha prometido sino que lo ha cumplido", ha manifestado.

Al ser preguntado si cree que Rajoy debería ofrecer algún tipo de explicación, Maroto ha respondido que él no iba a hablar por otros y ha destacado ha sido "ejemplar" el paso del expresidente a la segunda línea. A su entender, es una "persona honesta" y no cree que la oposición pueda pensar que no lo es.

"Yo no he conocido nunca trituradora en el despacho del presidente. Eso puedo decir cuando yo entraba en ese despacho, que es a partir de 2015", ha manifestado, después que el extesorero haya acusado a Rajoy de destruir pruebas sobre la supuesta caja b del PP con una trituradora.

"LO MÁS IMPORTANTE, QUE EL PP SEA CONTUNDENTE"

El portavoz del PP en el Senado ha indicado que "lo más importante" hoy es que el Partido Popular sea "meridianamente contundente" en este asunto como, según ha dicho, lo está siendo él ahora mismo. "No se puede ser más contundente al referirnos a este asunto y al decir las cosas como son y no tener pelos en la lengua", ha manifestado.

Preguntado después si el PP se plantea abandonar la sede actual del partido --cuya reforma se habría pagado supuestamente con dinero en b--, Maroto ha indicado que eso es una "decisión administrativa" que él desconoce y que "además está en un segundo plano" con este caso.

"EL QUE LA HACE, LA PAGA"

Maroto --que ha sido el único portavoz de PP en hablar de este asunto con otras entrevistas en Antena 3, Onda Cero y Telecinco-- ha reiterado que Pablo Casado ha actuado "en consecuencia desde ese momento". "La honestidad no es una opción en la política, no sólo hay que serlo hay que parecerlo; la política del siglo XXI es absolutamente exigente con esto", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que cuando Casado y él mismo accedieron a la dirección del partido, dijeron que había que cambiarcosas y una ellas es la manera de decir de "forma clarita, sencilla y no interpretable", lo que pensaban de Bárcenas.

"Preguntarle a un miembro de la dirección PP por Bárcenas, hoy, escomo preguntarle a un miembro de la dirección de Pedro Sánchez porRoldán, hoy. Nos parece lo mismo", ha asegurado, para añadir que el PP ha pasado "un trauma con esto, como han pasado otros partidos con otros asuntos". En este punto, ha reiterado que si esto se demuestra judicialmente, "sólo va a haber una respuesta" de Casado porque el que la hace "la paga".

El PSOE y el PP han protagonizado este jueves una tensa Comisión de Justicia en el Senado en la que el senador socialista José María Oleaga ha acusado al PP de convertirse en "una organización cuasidelictiva", tras las últimas declaraciones del ex tesorero Luis Bárcenas sobre la presunta 'Caja B', y ha apremiado al partido a expulsar a los diputados y senadores que, según ha dicho, habrían cobrado sobresueldos, a lo que el senador 'popular' Fernando de Rosa ha respondido amenazando con "acciones penales" por tal afirmación.

El detonante ha sido la intervención de De Rosa, que ha arrancado acusando a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de no cumplir con su "obligación" legal de comparecer ante la Comisión de Justicia para rendir cuentas de las actividades del Ministerio Público, a pesar de que --ha precisado-- el PP lo ha solicitado hasta en tres ocasiones. "Es una vergüenza", ha espetado.

En cambio, ha reprochado el senador 'popular' a Delgado, "sí tiene tiempo de reunirse en marisquerías con investigados, de enredar en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, de perseguir a los fiscales independientes en el Tribunal Supremo, pero no le da tiempo para cumplir la ley y acudir a esta cámara".

Oleaga, que ha leído una carta del pasado 10 de noviembre en la que Delgado solicita al presidente de la Comisión Justicia, Joan Lerma, que le indique "día y hora" para comparecer y presentar la memoria de actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE) del año 2019, ha achacado esta "invectiva de muy mal gusto" contra Delgado a que "hoy es un mal día para el PP, y para la democracia en su conjunto".

Así, se ha referido al escrito enviado por Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción para señalar que "el PP llevaba aproximadamente 28 años de un latrocinio general, convirtiéndose en una organización cuasidelictiva". En concreto, ha querido resaltar que el jefe de esa supuesta "red criminal" era el ex tesorero, al que --ha enfatizado-- el Partido Popular "premió" con un escaño de senador.

"Dicen, señorías del PP, que quieren romper con el pasado y estoy de acuerdo en que deben hacerlo, pero para ello son necesarias dos cosas: primero, que expulsen de su filas a quienes ordenaron este latrocinio, y, en segundo lugar, que expulsen ustedes de sus grupos parlamentarios a aquellos que sabemos que han cobrado sobresueldos o que son altamente sospechosos de hacerlo", ha reclamado antes de añadir: "Sean fuertes, señores del PP".

Las palabras de Oleaga han provocado una reacción inmediata de De Rosa, que ha exigido al presidente de la Comisión de Justicia que haga constar en acta los nombres de los diputados y senadores a los que estaría señalando el socialista para que "los interesados o perjudicados puedan ejercer las correspondientes acciones penales".

"Que en este grupo parlamentario del PP hay senadores que son o están o han cobrado sobresueldos o son objeto de corrupción no se puede decir sin dar nombres", ha argumentado De Rosa, exhortando a Oleaga a que lo aclare o retire sus palabras, aunque el socialista no ha hecho ni una cosa ni otra.

Lerma, por su parte, ha indicado que a su juicio las manifestaciones de Oleaga quedarían amparadas por la inmunidad parlamentaria, pero en cualquier caso ha accedido a que lo ocurrido conste en acta.

POSIBLE COMPARECENCIA DE DELGADO

Al hilo del debate sobre la comparecencia de Delgado en la Comisión de Justicia, el presidente de la misma ha confirmado que la fiscal general del Estado lo solicitó y que la cita había quedado pendiente para valorar si era posible que se celebrara junto a la de la presentación de la memoria de actividades del año 2019 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, ha estimado que esa comparecencia conjunta sería "muy complicada" y por ello ha propuesto ya dos fechas para que Delgado acuda a la Comisión de Justicia. En primer lugar, ha mencionado el 23 de febrero, si bien ha subrayado que dependerá de que lo autorice la Mesa del Senado, ya que ese día hay previsto un Pleno, por lo que ha apuntado como fecha alternativa al 2 de marzo, si no surge "ningún otro impedimento" a tenor de la pandemia de coronavirus.

A este respecto, Oleaga ha querido devolver el órdago a De Rosa preguntándole que, "así como la fiscal general del Estado ya ha anunciado que quiere comparecer, cuándo quiere comparecer el presidente del Tribunal Supremo", Carlos Lesmes. "Sería muy interesante conocer su respuesta", ha deslizado.

BIDEN, IGLESIAS Y EL CGPJ

La falta de renovación del CGPJ y la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos, para impedir que un Consejo caducado pueda hacer nombramientos discrecionales, también ha salido a relucir en esta Comisión de Justicia, cuyo objetivo era que el secretario general --a petición del PP-- informara sobre la propuesta de modernización tecnológica para la agilización de la administración de justicia.

"Las preocupaciones que vemos de su Ministerio no son lo que acaba de decir", ha recriminado De Rosa a Vargues. "Su Ministerio está dedicado a otras cosas, a la limitación de funciones del CGPJ y al blanqueamiento de delincuentes", ha indicado, para después afear al PSOE que, antes que con el PP, se está reuniendo con grupos parlamentarios que "tienen la finalidad de ir con la independenica del Poder Judicial".

En este contexto, ha instado al PSOE a pronunciarse sobre si está de acuerdo con las palabras del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que su país estaba bajo "un ataque sin precedentes que roza la sedición" por el asalto al Capitolio, o con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "que dice que lo que importa en este país son los indultos, regular la figura de la sedición o equiparar con los exiliados franquistas".

"Innovar significa aportar valor, sin embargo, los cambios que ustedes nos presentan, con su obsesión en relación con el Poder Judicial y la connivencia con grupos que quieren atacar la independencia, agregan un desvalor de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Eso no es innovación, sino involución", ha zanjado De Rosa.

La senadora de ERC Laura Castel ha aludido igualmente a la reforma del CGPJ, pero en su caso para animar al Gobierno a "ser valientes y enfrentar a una cúpula judicial conservadora y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el sentido de apoderar al ciudadano desacralizando el Poder Judicial". "No deben dejar escapar esta oportunidad", ha pedido a Vargues.

Vargues, por su parte, ha vuelto a explicar que este 2021 servirá para "sentar las bases" de una "transformación" de la administración de justicia con cambios en su infraestructura normativa, con leyes como la de eficiencia procesal o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), y digital, con la implantación del expediente electrónico, la cita previa o el teletrabajo, todo ello en el marco del programa Justicia 2030 y con los fondos de la UE como soporte fundamental.

La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves el informe 'Impacto económico de la producción de cine publicitario en la Comunidad de Madrid (2019-2020)', un estudio realizado en colaboración con la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP) y que sitúa a Madrid como la región que recibe mayor número de rodajes publicitarios de toda España, el 43 por ciento del total.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, ha impulsado la realización de este estudio de mercado, que analiza el estado actual de este tipo de producciones ante la preocupación por la situación del sector audiovisual en general, y del cine publicitario en particular.

El objetivo de este informe es conocer el impacto económico del cine publicitario en la región, en términos de inversión y número de contrataciones y gastos derivados de las producciones, basándose en cuatro indicadores: el volumen y destino de la facturación, la actividad económica generada y el volumen de contratación de personal, y analiza también la repercusión de la crisis derivada del Covid-19 en esta industria durante 2020.

El estudio, que se ha presentado en la sede de la Consejería de Cultura y Turismo con la presencia del viceconsejero Daniel Martínez, cifra el alcance económico y social que esta actividad tiene sobre la región en alrededor de 144 millones de euros (dato de 2019), lo que supone un 37 por ciento de la facturación de las productoras de cine publicitario nacional.

Este impacto económico se traduce principalmente en alquileres de materiales, postproducción, construcción de decorados, hostelería y alojamiento y un amplio abanico de servicios. Además, la inversión que el cine publicitario ha dejado en Madrid representa algo más de 74 millones de euros, una cifra que supone el 51 por ciento del total en España.

Asimismo, casi la mitad de las productoras participantes en el estudio manifiestan que Madrid ofrece las mismas facilidades para rodar que otras grandes capitales europeas, unas facilidades que se canalizan a través de Film Madrid, la Oficina de Rodajes de la Comunidad de Madrid en el caso de peticiones de localizaciones en la región.

En cuanto al impacto de la crisis del Covid-19, se contata que ha hecho que los rodajes publicitarios en la región disminuyan, y las productoras hayan experimentado un decrecimiento superior al 20 por ciento, tanto en volumen de facturación como en número de proyectos realizados.

LA COMUNIDAD DE MADRID, PLATÓ DE RODAJES PUBLICITARIOS

La Comunidad de Madrid cuenta con una larga tradición como plató de rodajes, no solamente cinematográficos (desde clásicos como '55 días en Pekín' o 'El bueno, el feo y el malo', hasta filmes contemporáneos como 'Competencia oficial' y series como 'La casa de papel', '30 monedas' o 'Antidisturbios') sino también publicitarios.

Ya en 2002, Coca-Cola eligió el municipio de Chinchón como localización principal para su premiado spot para el Mundial de fútbol de Corea y Japón. Más recientemente, anuncios tan icónicos como el de Lotería de Navidad 2019 fueron rodados en Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, mientras que multinacionales como Xiaomi han rodado recientemente en el madrileño Palacio de Santoña, o Seguros Caser en El Escorial.

La sierra de Madrid es, por su parte, uno de los lugares recurrentes escogidos por empresas automovilísticas de la importancia de Renault o Subaru para rodar sus comerciales.

La Policía Nacional ha detenido a la supuesta responsable de un piso donde se habría ejercido la prostitución en Granada capital, a su nieto y la novia de éste, en la operación Dominica contra la explotación sexual de mujeres.

A los detenidos, todos de origen colombiano aunque nacionalizada española la principal investigada, se los considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, relativos a la prostitución y la explotación sexual, entre otros.

Dos mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente han salido de esta situación gracias a dar el paso de presentar sendas denuncias contra los detenidos, ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa en la que ha informado este jueves sobre esta operación.

La investigación tuvo su inicio a principios de diciembre pasado a partir de la información recibida a través de una denuncia formulada por una mujer en el sentido de que había sido explotada en el ejercicio de la prostitución en un domicilio situado en Granada.

Esta mujer, debido a su situación económica y personal, se habría visto obligada a trabajar en labores de prostitución en un club de alterne situado en la localidad jienense de Alcalá La Real, aunque "lo que comenzó como un acuerdo con la titular del negocio, terminó con la exigencia de que no podía discriminar a ningún cliente".

Una inspección realizada por agentes de la Policía Nacional de Jaén, en el club situado en Alcalá La Real, propició el traslado del negocio hasta un piso situado en la ciudad de Granada, el cual se utilizaba como domicilio para las chicas y también como lugar para ejercer la prostitución. Posteriormente el negocio se amplió a un club situado en la localidad granadina de Padul.

A partir de la redada policial, en la que se localizaron a tres mujeres en situación de estancia irregular en el país, la madama ofreció un contrato de trabajo como limpiadora a la fémina y posteriormente supuestamente "la coaccionó amenazándola con echarla del piso y no tramitar la oferta de empleo, exigiéndole que no rechazara a ningún cliente".

Las indagaciones realizadas a partir de la denuncia recibida vinieron a constatar que la víctima era "obligada a ejercer la prostitución, primero en el club y posteriormente en el piso, donde los presuntos proxenetas, tres personas de origen colombiano, la tenían bajo control".

Según la investigación, eran varias las mujeres a su servicio quienes, a veces en un club y otras en el domicilio particular, ejercían la prostitución y recibían parte de lo que los clientes les pagaban por los servicios prestados. Esta situación fue corroborada por la denuncia, recibida con posterioridad, de otra de las compañeras de la mujer que propició el inicio de la investigación.

Finalmente, los agentes detuvieron a la encargada de la explotación de las trabajadoras, así como a su nieto y la novia de éste, quienes, en ausencia de la encargada, se habrían ocupado de las gestiones del club.

El PP de Asturias ha calificado de "acto de responsabilidad" la vacunación de la teniente de alcalde de Cangas de Onís y exdiputada Marifé Gómez por su relación laboral con la Residencia Hogar Beceña González.

Según los 'populares' Gómez es una de los tres patrones de la Fundación Camilo Beceña --los otros dos son el cura párroco de Cangas de Onís y un representante de las familias escogido por el pleno municipal--, que asumió la dirección de la Residencia Hogar Beceña González una vez que la congregación religiosa que estaba al frente lo abandonó.

Así lo han indicado este jueves en una rueda de prensa el secretario general del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro y la concejal Mari Fe Gómez, que han explicado como ha sido todo el proceso de vacunación en esta residencia.

El alcalde de Cangas ha explicado que los protocolos establecen que entre los primeros grupos de vacunación están todas las personas con relación laboral con una residencia, no solo los sanitarios, por lo que en los listados que se enviaron al Sespa estaba Gómez y los otros dos patrones y, por eso, recibieron las dos dosis de la vacuna.

"Lo irresponsable hubiese sido no haberse vacunado, es su obligación", ha indicado González Castro, que ha defendido "con luces y taquígrafos" que la vacunación es correcta, ya que no lo hizo como teniente de alcalde sino como patrona.

Por su parte, el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo ha indicado que el partido ha analizado y revisado toda el proceso y ha afirmado que "no solamente no ha habido una irregularidad, sino que ha habido una actitud de responsabilidad". Del mismo modo, ha criticado a una FSA que "no está para dar lecciones de ética y moral".

Así, ha recordado que está formación no abrió expediente por el caso de un concejal 'popular' de Navia agredido supuestamente por la pareja de otra concejal socialista. Del mismo modo, ha criticado el "paripé" del PSOE con el caso de la edil de Castrillón "utilizada como cabeza de turco para salvar la imagen de Adrián Barbón".

"No vamos a sacrificar compañeros y lanzarlos al escarnio público sin contemplar que pueden ser inocentes", ha explicado Queipo, que ha querido dar "por zanjado" el caso reflejando el apoyo de la dirección del partido a su concejala en Cangas de Onís.

Por su parte, Gómez ha mostrado su interés en que se conozca la verdad y ha recordado que al marcharse la congregación que llevaba la residencia "a mi me tocó la responsabilidad de dirigirla". Por eso, ha señalado que no vacunarse hubiera sido una "irresponsabilidad muy grande" y ha recordado que tanto su nombre como su cargo iban en las listas que se enviaron al Sespa.

Además, ha querido explicar que en un primer momento, "como le pasó a mucha gente", tuvo "cierto recelo a la vacuna", pero que se vio en la obligación de ponérsela. "Ahora ya ha pasado un mes y ya se ha visto que no sucede nada, que es bueno y que tenemos que hacerlo", ha sentenciado.

La secretaria general de la Conselleria de Interior de la Generalitat, Elisabeth Abad, ha explicado este jueves que el confinamiento municipal vigente en Cataluña pasará a ser comarcal a partir del lunes 8 de febrero.

Lo ha explicado en rueda de prensa telemática junto al secretario general de Salud, Marc Ramentol; el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el comisario de Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero y el subdirector de Protección Civil Sergio Delgado.

Al preguntársele si desplazarse a pistas de esquí será una excepción al cierre comarcal, Abad ha remarcado que "la única excepción es el ámbito escolar siempre que sea sin pernoctación".

Sobre la posibilidad de equiparar la comarca del Alt Urgell (Lleida) con Andorra en términos de movilidad comarcal, ha zanjado que "a día de hoy no se equipara y no está previsto".

Abad ha señalado que se mantiene el toque de queda desde las 22 hasta las 6 horas y ha pedido no bajar la guardia y ser "extremadamente prudentes en los comportamientos sociales".

Por su parte, Molinero ha recalcado que durante este fin de semana sigue vigente el cierre municipal, por lo que ha dicho que los Mossos mantendrán controles en los accesos a parques naturales.

La Generalitat también ha anunciado este jueves que a partir del lunes podrán reabrir los gimnasios con aforo limitado, y se ampliará el horario de apertura de la restauración en las franjas de desayuno y almuerzo.

SANCIONES

Molinero ha explicado que durante el mes de enero los Mossos sancionaron a más de 80 personas en siete fiestas en hoteles cercanos a la playa en Barcelona, ante lo que han iniciado "una campaña informativa" en 42 hoteles de la costa para advertir a los responsables hoteleros de que deben impedir estas fiestas.

También ha advertido de un nuevo tipo de estafa relacionada con el coronavirus, que consiste en la "venta agresiva con llamadas a domicilios en los que vive gente mayor, que coaccionan y amenazan para hacer un tipo de venta online".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este jueves al PSOE y a Unidas Podemos que se pongan de acuerdo en el contenido de la futura Ley Trans para no generar "inseguridad" a las personas transexuales, que ya se encuentran en una situación de "vulnerabilidad" y "discriminación".

"Por lo menos le pediría al Gobierno que se pusiera de acuerdo y no sometiera a personas que están en una situación penosa, de vulnerabilidad y de discriminación a esta inseguridad. Que se pongan de acuerdo de una vez, porque el espectáculo que están dando las dos facciones del Gobierno me resulta lamentable", ha declarado a los periodistas en la Cámara Baja.

Bal, que no se ha pronunciado sobre el debate de fondo porque prefiere esperar a conocer el texto del proyecto de ley, ha indicado que esta cuestión preocupa a mucha gente que "lo pasa mal", ya que las personas transexuales "tienen grandes dificultades de acceso al mundo laboral porque son discriminadas" y también hay niños que se encuentran en una situación "muy delicada" en el colegio.

DISCREPANCIAS EN EL SENO DEL GOBIERNO

Fuentes del Gobierno han explicado que el borrador de la Ley Trans redactado por el Ministerio de Igualdad sólo recoge los postulados de Unidas Podemos y que las posiciones de los dos socios de la coalición en torno al contenido de esta futura norma están hoy "alejadas".

El texto impulsado por el departamento que dirige Irene Montero debe ahora ser estudiado por el resto de ministerios implicados, entre ellos Sanidad o Justicia (ambas carteras en manos del PSOE), por tener competencias sobre las materias afectadas.

Esta futura ley lleva ya meses siendo objeto de discrepancias dentro del Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la cabeza, desde que Montero diera a conocer sus intenciones de recoger en la norma la libre determinación de género, algo que finalmente ha incluido y que varios colectivos feministas no comparten.

En concreto, el borrador que se ha difundido, elimina la despatologización de la transexualidad, permitiendo el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, y recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la "declaración expresa" de la persona.

El gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, Héctor Sánchez, ha advertido de que las pérdidas en la hostelería vasca se elevan aproximadamente ya a los 240 millones y, por ello, confían en que el TSJPV atienda su reclamación de que "se les deje trabajar" porque hay "argumentos suficientes" que demuestran que no son los "culpables" del aumento de contagios.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez se ha referido, de esta manera, al recurso presentado este jueves por las Asociaciones de Hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en el que reclaman que adopte medidas "cautelarísimas" para eliminar la restricción decretada por el Gobierno Vasco de cierre de bares y restaurantes en municipios que se encuentran en 'zona roja', por alta incidencia de la pandemia del coronavirus.

Héctor Sánchez ha afirmado que tenían "claro" que era "algo que había que hacer" porque siempre han defendido que "la hostelería no es la culpable" del aumento de los contagios.

Por ello, según ha explicado, han esperado a tener los datos suficientes para "tratar de convencer" al TSJPV de la "nula efectividad" de esta medida.

A su juicio, hay varios momentos "claves" que son la apertura de la hostelería el 12 de diciembre y sus efectos en la curva de contagios y, por otra parte, el impacto de las navidades con las reuniones entre familiares y la movilidad entre territorios.

Héctor Sánchez ha explicado que, según los datos y la curva de contagios, se demuestra que la apertura de la hostelería "no supuso un efecto en el número de positivos", mientras que "sí lo ha tenido la Navidad y todo lo que ha conllevado".

"La hostelería es, de nuevo, el sector que ha sido señalado y cerrado sin un motivo claro y lo que pedimos es que se deje funcionar. No estamos impugnando las medidas de limitación que ya existían en diciembre, antes de los cierres que se están dando, sino que simplemente lo que queremos es que el tribunal de forma cautelar suspenda al cierre de la hostelería cuando un municipio entra en zona roja", ha añadido.

El gerente de la Hostelería de Vizcaya, que no ha querido entrar en si el TSJPV atenderá su petición, ha insistido en que siempre han defendido que la hostelería "no es la culpable", algo que, según ha apuntado, se dice ya desde diversos ámbitos, sino que el aumento de los contagios que se debe a "los comportamientos de todos".

Por ello, han pedido que se "haga compatible la actividad económica y el cuidado de la salud", que es algo "fundamental para todos". Héctor Sánchez ha asegurado que las pérdidas que está sufriendo el sector son "tremendas" y "cada día que se pasa y no puede haber una actividad normalizada, es un golpe más en empresarios y trabajadores que lo están pasando realmente mal.

"Nosotros lo que pedimos son medidas cautelarísimas para que la decisión se adopte cuanto antes porque la situación es dramática a todos los efectos y querríamos que se de la vuelta a la situación cuanto antes", ha manifestado. Héctor Sánchez cree que hay "argumentos suficientes" para que se puedan aceptar esa medidas cautelarísimas y espera que así sea.

240 MILLONES DE PÉRDIDAS

En relación a las pérdidas, ha precisado que el año pasado ya hablaron de 184 millones y, ahora, con los cierres actuales la cifra de pérdidas de la hostelería de Euskadi está en torno a 240 millones desde el inicio de la pandemia.

Héctor Sánchez ha asegurado que las ayudas que se han articulado están "lejos de llegar a compensar" esas pérdidas. Y, como somos conscientes de que eso va a ser imposible, lo que pretendemos es que se deje de trabajar a la gente, el hostelero no está buscando ayudas, estar en casa y andar cobrando el dinero, lo que quiere es trabajar, con medidas de seguridad evidentemente, pero trabajar. Lo que tratamos de defender con este recurso es que se deje trabajar al sector", ha agregado.

En relación a las ayudas, el gerente de la Hostelería de Bizkaia ha precisado que el Gobierno vasco habrá destinado en torno a los 45 millones a la hostelería, por lo que "no son suficientes y probablemente llegan tarde". Por ello, ha insistido en que la "mejor solución" para el sector es "ponerse a trabajar cuanto antes".

"El problema no es lo que se ha perdido, el problema es que, si seguimos en esta situación, con el sector cerrado, las cifras se van a seguir incrementando", ha afirmado.

Ante la posición de comunidades como Madrid donde no se ha cerrado la hostelería en ningún momento, Héctor Sánchez ha indicado que "lo que pasa en Madrid para algunos es un misterio" pero lo que demuestra es que "se puede compaginar la actividad económica de la hostelería con la situación sanitaria".

"Lo que está claro es que, independientemente de las medidas que se hayan adoptado con la hostelería, que son diferentes, en las distintas comunidades la curva de contagios viene a ser prácticamente la misma, el modelo se viene a repetir y es un argumento más de que la hostelería no es la clave", ha agregado.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha sostenido este jueves que, si la justicia acaba confirmando las presuntas irregularidades por las que la candidata de Junts, Laura Borràs, está siendo investigada, se trataría de un caso de corrupción: "Si finalmente se confirma, evidentemente será un caso de corrupción, pero no haré de juez".

En rueda de prensa telemática organizada por la ACN, ha afirmado que hay que esperar a ver cómo avanza la investigación y que no quiere utilizar un caso judicial para entrar en reproches entre candidatos durante la campaña: "No me dedicaré a hacer de juez", ha contestado al ser preguntado por si cree que el caso que afecta a Borràs se trata de un caso de corrupción.

Lo ha dicho después de que el miércoles Borràs dijera que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está condenado por corrupción, aunque este mismo jueves ha negado que haya querido atacar al dirigente republicano y ha pedido que no se "malinterpreten" sus palabras.

Sobre estas declaraciones, Aragonès ha insistido en que no quiere entrar en polémicas entre independentistas y ha añadido que la misma Borràs ha dicho que no quería atacar a Junqueras: "Si no se ha explicado bien se piden disculpas y adelante".

CONTESTA A PUIGDEMONT

El candidato de ERC ha rechazado polemizar con Junts, después de que el expresidente Carles Puigdemont haya afirmado que su partido apoyará una eventual investidura de Aragonès si comparten un programa de mínimos para la independencia, pero ha avisado de que no hará "de muleta al Gobierno ni para hacer la república española".

"No haremos una campaña basada en el reproche entre independentistas", ha asegurado Aragonès, que ha reiterado que el adversario de ERC en estas elecciones es el PSC y no Junts.

Así, ha argumentado que ante entre el PSC y ERC ningún independentista debería tener dudas, por lo que cree que Junts tendría que investirlo si ganan los republicanos: "Si tiene que escoger entre el PSC e Illa, representando el 155 con el apoyo de Vox, o ERC con mi candidatura después de ganar el 14F, no deberían tener ninguna duda".

"No me imagino un escenario en que hubiera una fuerza independentista que decidiera que le es mejor que presida la Generalitat Salvador Illa con el apoyo de Vox, que un presidente de ERC. No me lo podría llegar ni a imaginar", ha añadido.

También ha destacado que, cuando ERC y Junts han gobernado juntos han tenido un programa de gobierno conjunto, y que los republicanos siempre han investido a los candidatos de Junts cuando han ganado: "Cuando a ERC se le ha pedido un paso adelante, por responsabilidad lo hemos hecho", de manera que el partido de Puigdemont debería hacer lo mismo si gana ERC el 14F.

CONSELLERIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Aragonès ha prometido crear una Conselleria de Acción Climática si gobierna tras el 14 de febrero, para situar las políticas contra la emergencia climática en el "máximo rango" del Govern y en la que se incluirían cuestiones como la gestión del agua y la energía, la apuesta por avanzar hacia un modelo energético 100% renovable y una economía circular para evitar la generación de residuos.

Se trata de la segunda Conselleria de nueva creación que plantea ERC, ya que también se ha comprometido a que haya una de Igualdad y Feminismos.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado que el extesorero del PP Luis Bárcenas haya decidido "tirar de la manta" y revelar datos nuevos sobre la caja B que supuestamente tenía este partido, y también ha instado al PP a colaborar con la Justicia contando lo que sepa sobre este asunto, algo que cree que todavía no ha hecho.

Bárcenas "dice que va a tirar de la manta", y "me encantaría que fuera así porque creo que los españoles tienen derecho a conocer qué es lo que pasó con la financiación irregular del PP y si es cierto y puede demostrar de alguna manera que había empresarios que se encontraban conchavados con el PP de forma que a cambio de donaciones recibían la adjudicación de ciertos contratos", ha declarado Bal a los periodistas en la Cámara Baja.

Este miércoles se conoció que el extesorero del PP ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que la caja B acumulaba en 2008 más de un millón de euros, de los cuáles unos 900.000 euros fueron destinados a la remodelación de la sede nacional del partido. Esta información la ha revelado a pocos días de que comience en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago con dinero en B de dichas obras, por el que Bárcenas se enfrenta a cinco años de prisión.

En ese escrito también sostiene que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se habían anotado todos los movimientos de esa contabilidad paralela --con fondos procedentes de "donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas"-- "sin saber" que él conservaba una copia.

HASTA AHORA EL PP NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA

Bal ha reclamado al PP que "no mire para otro lado" y que "no diga que son hechos del pasado simplemente y se desvincule de ellos", sino que "colabore y coopere con la Administración de Justicia" para que los ciudadanos puedan conocer la verdad sobre la presunta financiación irregular de esta formación política.

"Hasta ahora no lo ha hecho", así que "no vengan a decir que están cooperando y que pidieron disculpas" porque "nunca he visto que el PP pida disculpas por este tema", ha añadido.

El diputado de Cs, que en su etapa como abogado del Estado fue clave en la acusación por la trama Gürtel, ha recordado que el PP "se oponía a las pretensiones de la acusación" e incluso interpuso un recurso de casación.

En su opinión, la actual dirección del PP podría colaborar con la Justicia si quisiera porque "tendrá papeles y tendrá conocimiento de sus antiguos líderes" sobre lo que pasó con la contabilidad no oficial. Ahora, "si se pone a destruir discos duros, difícilmente puede ayudar", ha comentado.

Cs NO VIVE "PENDIENTE DE SEÑALAMIENTOS" JUDICIALES

Bal ha contrapuesto la situación del PP y de otras formaciones políticas con la de Ciudadanos. "Somos el único partido que puede hacer bandera de la lucha contra la corrupción" porque, al "no tener agenda judicial, no vivimos pendientes de los señalamientos" a cargos o excargos, ha destacado.

Respecto al PSOE, ha indicado que este miércoles "engañó a los grupos parlamentarios y a la ciudadanía ocultando el informe del Consejo de Estado" sobre el real decreto ley relativo a la gestión de los fondos europeos que recibirá España frente a la crisis del coronavirus porque, al parecer, señalaba "determinadas trabas, errores o defectos" para la tramitación de esta norma.

Además, ha vuelto a pedir que se investigue el supuesto uso de fondos públicos para pagar a la cuidadora de la hija menor del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque cree que puede haber "indicios racionales de criminalidad".

Bal espera que el PSOE no se ponga "del lado de Podemos" para evitar que se investiguen "estas situaciones tan sangrantes", como hizo al "tapar las vergüenzas" de su socio de gobierno impidiendo que los diputados puedan pedir cuentas a Podemos en relación con el caso Neurona y el caso Dina.

Por último, se ha referido a lo que considera otra práctica corrupta, que algunos políticos hayan incumplido el protocolo del proceso de vacunación contra el Covid-19 para inmunizarse antes de lo que les corresponde, y ha lamentado que este miércoles el Senado rechazara la moción planteada por Cs para que los partidos se comprometan a cesar a aquellos cargos que "se salten la cola".

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado que su departamento está ya ultimando una nueva prestación que sustituirá a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía que tendrá como objetivo el de complementar el Ingreso Mínimo Vital del Estado.

"Esta nueva ayuda estará destinada a personas vulnerables que se hayan quedado fuera de la prestación estatal y favorecer al máximo a las familias con menores de edad a su cargo, sobre todo, a las familias monoparentales", ha señalado en comisión parlamentaria .

Asimismo, ha destacado que las modificaciones introducidas en la norma de la Renta Mínima andaluza han hecho posible incrementar notablemente el número de personas y familias atendidas. "En 2020, esta prestación ha alcanzado su nivel máximo de ejecución presupuestaria desde su puesta en marcha, llegando a los 135,7 millones de euros y beneficiando a más de 79.000 personas. Unos números que contrastan con los de 2018 del anterior Gobierno cuando se ejecutaron 35,1 millones de euros y el número de personas beneficiarias fue de 9.734".

Ruiz ha subrayado que "en este escenario de coyuntura socioeconómica y laboral por la crisis del Covid-19 y de elevados niveles de demanda en los servicios sociales comunitarios, el Gobierno andaluz ha venido actuando con responsabilidad y contundencia, desde el primer momento, con el fin de no dejar a nadie atrás".

Asimismo, ha recordado la creación de un grupo de trabajo con la Comisión permanente de diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía "que ha mantenido 12 reuniones de trabajo desde el inicio de la crisis sanitaria, de las que han derivado algunas de las actuaciones desarrolladas".

Entre ellas, ha destacado la Tarjeta monedero, un programa extraordinario de ayuda a la población vulnerable, dotado inicialmente con un importe de 17 millones de euros y que continua actualmente desarrollando Cruz Roja tras la ampliación de estos recursos con 5,5 millones más para este año y la contribución del Fondo de Remanentes Presupuestarios del Parlamento con 1,5 millones. "Durante la primera fase de ejecución, se han podido realizar más de 70.000 recargas de entre 150 y 250 euros a más de 20.000 familias", ha concretado.

Por otra parte, se ha referido a la ayuda de un millón de euros a la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para los comedores sociales y entidades de reparto, que también fue ampliado en su financiación con otros 3,3 millones. O el Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social por el Covid-19 que está siendo desarrollado por Cáritas mediante una subvención de 2,1 millones de euros. Así como el Programa extraordinario de alojamiento e inserción social a personas sin hogar que actualmente lleva a cabo la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) mediante una financiación cercana a los 3 millones.

Entre las medidas puestas en marcha durante el año 2020, Rocío Ruiz también ha destacado las escuelas de verano en zonas desfavorecidas para la atención a niñas y niños de entre 3 y 15 años. Gracias a estas 72 escuelas, financiadas con un presupuesto de casi 2,5 millones de euros, se pudo atender a más de 4.000 menores en toda Andalucía.

Paralelamente, se ha incrementado un 20% el Programa de Ayudas Económicas Familiares, se ha ampliado por importe de 643.000 euros la Línea 11 para programas de acción social, con 2,6 millones la Línea de subvenciones a entidades privadas para programas de acción social en materia de solidaridad y garantía alimentaria y los programas en la convocatoria de 2020 con cargo a la asignación tributaria del 0,7 ha sido adicionada con más de 6,7 millones de euros, lo que hapermitido una financiación de hasta los 51,7 millones.

Junto a estas iniciativas, la Consejería de Igualdad ha seguido desarrollando la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis), mediante la cual el Gobierno andaluz destinará un total de 169,5 millones de euros hasta el año 2022 para mejorar la calidad de vidade más de 914.000 personas.

Finalmente, la consejera ha recordado el adelanto de 29 millones de euros a las entidades locales del Fondo Social Extraordinario del Gobierno central para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios, así como el adelanto, respecto a ejercicios anteriores, de 33,9 millones del Plan Concertado.

'Con los pies en la tierra', del IES Renacimiento (Madrid); 'Bucle', del Colegio San Patricio el Soto (Alcobendas, Madrid); y 'La bola mágica', del IES Luís García Berlanga (Coslada, Madrid) son los tres cortometrajes ganadores de 'Diversidad en serie: historias que merecen ser contadas', el proyecto educativo de Netflix y Fad que tiene como objetivo promover en las aulas la aceptación de la diversidad.

Así lo han dado a conocer este jueves las entidades impulsoras del proyecto, que han señalado que el jurado ha estado integrado por Verónica Fernández, directora de Contenidos de Netflix en España; la autora y creadora Elísabet Benavent; y Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA); la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura; y el docente del Colegio Gredos San Diego Las Suertes de Madrid y especialista en diversidad, José Luis Amo.

Asimismo, han explicado que el Jurado ha valorado el "potencial audiovisual y artístico" de los cortometrajes, pero también su "verosimilitud, su originalidad, que vaya dirigido especialmente a un espectador o espectadora joven, así como que transmita los valores de diversidad a través del respeto e inclusión social".

De esta forma, han destacado que 'Con los pies en la tierra', presentado por el IES Renacimiento (Madrid), narra la historia de Lucas, un niño que nació y pasó los primeros años de su vida en una misión espacial. Al regresar a la Tierra, Lucas tiene que adaptarse a su nueva vida. Todo es nuevo para él y cambiará al conocer a Luna.

Respecto a 'Bucle', presentado por el Colegio San Patricio el Soto (Alcobendas, Madrid), han indicado que una persona cualquiera enseña al espectador cómo es vivir en un mundo donde todo es igual. La acción se desarrolla el día 10 de octubre en el Paseo de la Castellana de Madrid. Este corto transmite la idea de que si nadie fuera diferente, el mundo no tendría sentido.

Por su parte, 'La bola mágica', presentado por el IES Luís García Berlanga (Coslada, Madrid), cuenta la historia de Iris. En una tienda de esoterismo, se dedica a enseñar a sus clientes cómo es su 'yo interior' con la ayuda de su bola mágica. Narra lo sucedido con tres clientes que entran a su tienda: una madrileña, Belén; un chico de raza negra, Josh y una asiática, Yukie. Los tres aprenden una gran lección tras su paso por la tienda.

Además, se han otorgado dos menciones a los guiones que más votos han recibido tras una votación popular organizada en la web del proyecto entre los 82 guiones presentados al concurso. Las dos menciones han sido para 'La bola mágica' (IES Luis García Berlanga. Coslada, Madrid), que también ha sido seleccionado por el jurado como ganador, con 1.125 votos; y 'De aquí a 5 años' (Colegio San Patricio el Soto. Alcobendas, Madrid) con 742 votos.

'De aquí a 5 años' narra la historia de una chica que reflexiona sobre la sociedad actual. A raíz de estar realizando una solicitud para acudir a la universidad, empieza a pensar y reflexionar al intentar contestar a la pregunta: '¿Cómo te ves de aquí a 5 años?'

'Diversidad en serie: historias que merecen ser contadas', en su fase de pilotaje, se puso en marcha al inicio de este curso escolar 2020/2021 y han participado más de 600 escolares que han elaborado, en grupo, un guión completo de un cortometraje, como han recordado sus impulsores.

Los guiones deben mostrar o evocar alguna situación o contenido que refleje una reflexión del grupo escolar acerca de la importancia de la diversidad, especialmente las referidas a la diversidad cultural, diversidad e igualdad de género; y diversidad intergeneracional. Además de participar en el concurso de cortos, dentro del proyecto 'Diversidad en serie' se han impartido en centros escolares diversos workshop para trabajar con los y las alumnas estos contenidos dentro de las aulas.

Finalmente, han señalado que el proyecto cuenta con una web (diversidadenserie.es) en la que se han publicado los tres guiones ganadores que están siendo rodados y que se estrenarán próximamente en el Festival de Cortos 'Diversidad en serie'.

La Policía Nacional ha "descartado un delito de violencia contra la mujer" en el homicidio de una vecina de Linares (Jaén), una vez que se ha "descartado al completo que existiera una relación sentimental" entre la víctima y el autor confeso de su muerte.

El hombre --que reconoció haber acabado con la vida de la mujer, cuyo cadáver fue descubierto en la madrugada de este miércoles con evidentes signos de violencia junto a un contenedor-- permanece detenido en dependencias policiales. Está a la espera de pasar a disposición judicial, algo que "no va a ser hoy porque aún no está cerrado el atestado", según fuentes del citado cuerpo.

Parte de su investigación se ha centrado en la relación de la víctima, de 57 años, y el hombre, de 43 años, y ha concluido que "solamente existía una relación de amistad". Se rompió en 2019, cuando él quemó un toldo de la casa de la víctima, una persona a la que ha definido como "positiva" y a la que "le gustaba ayudar a los demás".

La amistad se retomó hace unos cuatro meses. El presunto autor contactó con ella explicando que residía en una pensión en el cercano municipio de Bailén y que necesitaba ayuda para buscar un piso. De este modo, "por mediación de la mujer" el propietario del piso de la calle Santiago donde ocurrieron los hechos se lo alquiló.

El hombre entró en la vivienda el 1 de febrero y volvió a llamarla por si podía "ayudarlo en la mudanza", a lo que ella accedió. A falta de la confirmación de la autopsia, los investigadores creen que "la muerte se produjo en la horquilla entre las 19,00 y las 22,00 horas" del martes.

Después, al amparo de la noche, supuestamente trasladó el cuerpo hasta unos contenedores en la calle Baños, situados junto al antiguo mercado de abastos, donde fue hallado por operarios de la recogida de la basura. Además, intentó "borrar todo rastro de sangre de la vivienda".

Del resultado de las pesquisas, la Policía Nacional ha descartado un delito de violencia contra la mujer en este homicidio, cuya motivación se desconoce por el momento. "No sabemos el motivo por el que actuó de esta manera. Sí que es verdad que por manifestaciones de diferentes testigos dicen que ella había manifestado que estaba detrás de ella, quería tener una relación sentimental. Pero ella reiterativamente lo negaba, aunque él seguía insistiendo", han afirmado las citadas fuentes.

ENCUBRIMIENTO

Por otra parte, la Policía Nacional detuvo por un presunto delito de encubrimiento a un taxista de Bailén, al que llegaron por el registro telefónico del autor confeso del crimen, de modo que fue citado para prestar declaración.

Explicó que sobre las diez de la noche recibió una llamada del detenido, al que conocía, y le dijo que tenía que hacerle un servicio. Sobre la una de la madrugada llegó a la puerta del antiguo mercado y el arrestado le pidió que subiera al piso "para ayudarle a recoger unas maletas". Una vez en la vivienda le dijo que "tiene que ayudarle al traslado de un cadáver".

Ante su reacción de "estupefacción", insistió en que "era una broma" y lo que ocurría es que "había quedado con una chica en Guarromán" y la cita se había anulado. Finalmente, el detenido le entregó 20 euros y el taxista se marchó a casa "pensando si sería o no una broma" y no informó a la Policía.

De este modo, una vez que el taxista hizo referencia a un cadáver, los agentes pararon la declaración y lo detuvieron para ser asistido por un letrado, según han indicado desde el CNP, añadiendo que "ha colaborado activamente" en la investigación y ha aportado grabaciones de las cámaras del vehículo. Así las cosas, quedó en libertad a la espera de ser requerido por la autoridad judicial.

LLAMADA

Fue sobre las 3,47 horas de este miércoles cuando en la sala del 091 se recibió una llamada en la que se comunicaba la presencia del cadáver de una mujer en la calle Baños, junto a unos contenedores, y que presentaba "síntomas de haber sido agredida". Fueron los operarios de la recogida de basura los que alertaron a la Policía Local y ésta a su vez, dio aviso a la Policía Nacional.

Inmediatamente, varias patrullas se dirigieron al lugar y encontraron el cuerpo, por lo que se activó el protocolo de aparición de cadáver. Sin embargo, los agentes observaron un reguero de sangre que iba hacia la calle Santiago, paralela a donde se encontró el cuerpo y a unos 50 metros de distancia.

Tras seguir el rastro, los agentes entraron en un bloque del número 34 de la calle Santiago. Una vez allí, comprobaron que "la sangre llevaba hasta un ascensor y, concretamente, hasta un segundo piso". Los policías llamaron a la puerta pero nadie abrió, por lo que solicitaron la presencia de los Bomberos para forzar la entrada.

Ya en el interior encontraron al detenido con la ropa manchada de sangre. Fue entonces cuando manifestó a los agentes que, efectivamente, había sido él y que la víctima le estaba "extorsionando". Será el juez de instrucción el que, con las diligencias instruidas y con el resultado de la autopsia sobre la mesa, decidirá su futuro inmediato.

Tanto el arrestado como la víctima habían formado parte del fichero VioGen. Él como presunto agresor de violencia de género y ella como víctima, pero con parejas diferentes. Los casos en dicho sistema de seguimiento aparecen como inactivos a fecha de hoy.

La secretaria general de la Conselleria de Interior, Elisabeth Abad, ha explicado este jueves que el confinamiento municipal vigente en Cataluña pasará a ser comarcal a partir del lunes.

Lo ha explicado en rueda de prensa telemática junto al secretario general de Salud, Marc Ramentol; el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el comisario de Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero y el subdirector de Protección Civil Sergio Delgado.

La Generalitat también ha anunciado este jueves que a partir del lunes podrán reabrir los gimnasios con aforo limitado, y se ampliará el horario de apertura de la restauración en las franjas de desayuno y almuerzo.

El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha afirmado que el extesorero del PP quiera cargar contra el actual partido y ha negado que esta sea una estrategia para salir de prisión, en respuesta a la acusación del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.

"Don Luis no quiere cargar contra un partido y, menos ahora, contra el actual Partido Popular", ha aseverado Galán en una entrevista en 'OndaCero', en la que ha precisado que es quizá "un mensajero de las opiniones de don Luis".

De todas formas, ha aclarado que sí puede estar "metiéndose" con determinadas personas que se cruzaron en su camino, más que con la dirección en su conjunto, porque es "con respecto a estas personas en concreto con las que él puede estar reivindicando determinadas conductas", ha detallado.

Sobre la afirmación de Maroto, la defensa de Bárcenas ha explicado que ya ha cumplido cuatro años y medio en prisión y que está cerca de obtener permisos.

"Esta afirmación podría ser posible si el señor Bárcenas llevara cumplidos seis meses de condenas y es sabedor de que le quedan tres o cuatro años hasta que cumpla la cuarta parte de la condena. Podría ser verosímil, pero no es el caso", ha aseverado el abogado.

De cara a la vista oral que comenzará el lunes, Galán ha asegurado que Bárcenas ya inició una línea de colaboración cuando prestó aquella declaración en 2013, aunque "es verdad que luego no quiso continuar". "Mi recomendación ha sido colaborar con la justicia", ha añadido.

ESTRATEGIA PROCESAL

Preguntado por la grabación, que Bárcenas dice que existe, en la que Álvaro Lapuerta menciona a Mariano Rajoy como preceptor de sobresueldos, Galán no se ha pronunciado sobre esta cuestión por "respeto a los tribunales" y por "razones de oportunidad procesal.

En este sentido, ha avanzado que por "estrategia procesal" van a dosificar la información entre las distintas causas que existen en torno a la Gürtel, ha asegurado.

En esta clave, también ha apostillado que en los pendrive y los documentos que fueron sustraídos a Bárcenas podrían contener pruebas que comprometan a otras personas que todavía no han sido ni imputadas ni juzgadas, aunque ha matizado que solo lleva tres semanas en esta pieza que se tramita desde 2013.

Sobre la supuesta utilización de fondos reservados por miembros del Gobierno y de la Policía que está investigando la Audiencia Nacional dentro de la Operación Kitchen, ha censurado que se trata de "algo gravísimo" y que "luego habrá que depurar responsabilidades". Eso sí, ha asegurado que se encargarán de "bucear" para encontrar las pruebas que no pudo presentar Bárcenas para defenderse, ha concluido.

El Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga ha condenado a siete meses de prisión al joven conocido como 'El melillero' --principal sospechoso de rociar con ácido a su exnovia y a una amiga en Cártama (Málaga) el pasado mes de enero--; por un delito de maltrato a otra expareja anterior a la que presuntamente golpeó y arrastró en una discoteca en 2016.

Así consta en la sentencia dictada por dicho juzgado, en la que además se le impone la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros en su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre esta durante dos años y a la privación del derecho a portar armas por el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, en la resolución, que no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia de Málaga, se le absuelve del delitos de amenazas y del delito leve de vejaciones, al considerarse que no queda acreditado por la prueba practicada en el juicio que días después de esa agresión la amenazara e insultara por las redes sociales y por teléfono.

Los hechos sucedieron en agosto de 2016. Según se declara probado en la sentencia, el acusado y la víctima, con la que tiene un hijo, se encontraron en una discoteca de Marbella (Málaga) y se produjo una discusión entre ambos, en la que el procesado "la agredió dándole un puñetazo".

Así, la tiró al suelo, "la agarró por el pelo y la fue arrastrando por los escalones de dicha discoteca". La mujer logró escapar pero el acusado, precisa la resolución, la alcanzó nuevamente y la arrojó sobre el capó de un coche, donde le propinó puñetazos en el cuerpo".

La mujer acudió a un centro de salud donde fue tratada de las contusiones que presentaba, estimándose un tiempo de curación de siete días. Por contra, la jueza no considera probado que días más tarde el acusado se comunicara con ella ni que ante su negativa de dejarle ver al niño la insultara y amenazara tanto por teléfono como luego por las redes sociales.

La magistrada llega a estos hechos probados a partir de la valoración de la prueba existente, que ha sido a su entender "suficiente" para desvirtuar la presunción de inocencia. El acusado, al igual que en su comparecencia como investigado en la instrucción, guardó silencio, "absteniéndose de ofrecer versión sobre los hechos", aunque en su derecho a la última palabra manifestó que no había agredido a su pareja.

Asimismo, en la sentencia se analiza la postura mantenida por la víctima en el juicio, que "se retracta de su declaración inicial --se entiende que mediatizada por el nexo que le une con el acusado con el que tiene un hijo común y alineada con su posición de no irrogarle perjuicio, como ya destilaba en la instrucción tras la retirada de la acusación particular--".

En este contexto, señala la magistrada, ofrece "ex novio" en el juicio una versión consistente en que aquella noche discutió con el acusado y se insultaron, pero que "ella había bebido mucho y que se cayó al suelo, sin ratificar que el acusado la hubiese agredido ni haber sido llevada al médico por la policía".

Para la juzgadora esta versión ofrecida en el juicio "debe descartarse por ilógica, quedando desplazada por los datos objetivos que derivan del resto de la prueba" y que encajan con la denuncia inicial y la primera declaración judicial de la mujer. En este sentido, se tienen en cuenta las declaraciones de testigos y la ratificación del parte de asistencia de aquella noche, que describe las lesiones.

Además, se precisa que la médico de urgencias declaró que si hubiera apreciado un estado etílico en la perjudicada, como ella mantuvo ahora en el juicio, "lo hubiese hecho constar" en el parte; y la sentencia incide en que la médico forense corroboró que las lesiones que presentaba la mujer eran compatibles con lo que esta dijo en la denuncia inicial.

Esta perito también indicó que algunas lesiones no pudieron producirse en una caída, como el desprendimiento del pelo, cuyo origen es un tirón, y que las contusiones no eran compatibles con un golpe puntual sino varios y en varios sitios.

Con todos estos datos, "considerados objetivos y contrastados", la magistrada descarta la retractación de la víctima y estima que debe prevalecer su inicial testimonio cuando fue a interponer la denuncia, que une a las demás pruebas ya mencionadas.

Por contra, en cuanto a las amenazas, señala que solo existe la negación por parte de la víctima que de forma "poco precisa" declaró en el juicio que las llamadas que recibió habrían sido de la madre del acusado y que habría recibido mensajes en redes sociales desde perfiles falsos.

En este caso, "frente a las matizaciones de la testigo no existen datos objetivos extraíbles del resto de la prueba", indica la sentencia, ya que no consta practicada en la instrucción un cotejo oficial sobre el registro de llamadas o investigación de las recibidas desde número oculto; un déficit probatorio que lleva la absolución del delito de amenazas.

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, en Murcia, registra hasta el momento cuatro casos positivos de coronavirus entre sus internos, según ha comunicado Convivir Sin Racismo, que alerta de que este espacio "no cumple con las recomendaciones sanitarias básicas", por lo que pide su cierre.

La ONG ha explicado que el primer positivo fue detectado el pasado domingo, 31 de enero, y desde entonces se han contagiados cuatro personas. Todas guardan cuarentena en un recurso de acogida de la Comunidad mientras el resto de internos "permanece encerrado" en el CIE, ha apuntado la organización.

En este sentido, Convivir Sin Racismo ha indicado que las personas que se encuentran allí "han sido contactos estrechos" de los positivos, y "tienen un alto riesgo, independiente de los resultados de las pruebas realizadas hasta ahora, de padecer enfermedad por coronavirus".

Nos parece un atentado contra el derecho a la salud, así como una tergiversación de todos los protocolos sanitarios, que estas personas sigan en el CIE en vez de implementar medidas urgentes para proteger su salud", ha señalado la ONG.

Al hilo, ha recordado que ya ha comunicado "en múltiples ocasiones" al Juzgado de Control que el espacio "no cumple las condiciones mínimas de higiene, ni existen posibilidades de mantener el distanciamiento social ni las recomendaciones sanitarias básicas para evitar contagios".

A esto ha sumado que en su último escrito de queja al Juzgado puso de relieve que los internos se han quejado porque "no se les facilitan mascarillas para poder cambiárselas diariamente".

"Esta situación, además de un riesgo evidente para la salud de los internos, supone la vulneración de muchos otros de sus derechos, puesto que se han prohibido las visitas, impidiendo así el contacto con sus familiares e imposibilitando la asistencia letrada, lo que supone una situación de desprotección legal".

Convivir Sin Racismo ha añadido que, para combatir el avance del Covid, los internos están completamente" encerrados "en sus celdas", unos espacios pequeños, sin posibilidad de ventilación correcta, que no cuentan ni siquiera con un váter y mucho menos con una mesa o una silla".

Se trata, a su juicio, de "un castigo brutal y desproporcionado para unas personas que no han cometido ningún delito, siendo tratados de forma inhumana por su perfil racial y de origen".

Por todo ello, ha exigido "soluciones inmediatas" que "eviten el sufrimiento y el riesgo para la salud y la vida de las personas", y esto pasa, a su juicio, por el cierre de los CIE, la "liberación" de los internos y su traslado a un recurso de acogida, y el fin de las deportaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que lo que está sucediendo en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal es "una vergüenza nacional" con los "sabotajes impresentables" que dicen que se están produciendo y ha acusado a los cercanos a los grupos de izquierda de ser los que lo "boicotean".

Durante la Sesión de Control al Gobierno, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, le ha preguntado a la presidenta cómo está afrontando la situación del Covid y considera que "vive en una realidad paralela".

"No puede ser lo que están haciendo con los profesionales sanitarios. Les chantajean, les presionan y se inventan una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el Zendal. Los que están saboteando la sanidad pública son ustedes", le ha recriminado.

Por su parte, en la pregunta siguiente, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, le ha reprochado que "cada 38 minutos muera una persona por Covid-19" de la región y teme que con esta "relajación de medidas" se terminen por "normalizar todas las muertes". No ha salvado ni la salud ni la economía ni las empresas", ha lanzado.

Ha criticado también la gestión en el Hospital Isabel Zendal y cree que los ciudadanos no solo sienten "fatiga pandémica", sino también "fatiga 'Ayusénica'", derivada del "cansancio de escuchar las ocurrencias semanales" de la dirigente autonómica.

Ayuso ha reconocido que es "lógico que el personal sanitario y funcionarios de servicios públicos estén cansados porque se está en mitad de una nueva ola" y ha mostrado su apoyo a los profesionales "en este momento tan difícil".

En cuanto a lo sucedido en el Hospital Zendal, la presidenta autonómica ha tachado de "vergüenza nacional" lo que ocurre en este hospital "y lo está viendo todo el mundo". "Es impresentable lo que están haciendo con estos sabotajes. Si la Policía encuentra quién está detrás ustedes dirán que es un montaje policial, porque están en la farándula y no en ayudar", ha lanzado a Unidas Podemos.

OFRECE EL HOSPITAL ZENDAL A TODAS LAS COMUNIDADES QUE LO NECESITEN

En su turno de palabra para contestar al portavoz de Más Madrid, Ayuso ha criticado que quiera cerrar la hostelería con el objetivo de que las personas "se mueran de hambre y de miseria y dependan de las subvenciones".

En cuanto a sus acusaciones sobre el Hospital Zendal, Ayuso ha aprovechado para ofrecer este centro a todas las comunidades que lo necesiten porque es "un orgullo de la Sanidad Pública madrileña" mientras los "cercanos" a Más Madrid "lo boicotean un día sí y otro también de manera mezquina, cuando hay personas que se están curando".

La presidenta ha relatado que los hurtos, las roturas de puertas o de interruptores justamente aparecen en "los medios afines" a los grupos de izquierda. "Ustedes viven de lo público y van a seguir destrozando lo público porque lo necesitan", ha zanjado.

El Círculo de la Sanidad ha solicitado al Gobierno "agilidad y equidad" en los procesos de vacunación del coronavirus de los sanitarios del sector privado en todas las comunidades autónomas, cumpliendo con lo establecido en la Estrategia de Vacunación Covid-19.

"El personal sanitario y sociosanitario está considerado como prioritario en los protocolos de vacunación que ha establecido el propio Ministerio de Sanidad, y en el cual no se especifica su procedencia ni se excluye al sector privado, por lo que no entendemos que se esté desatendiendo los derechos y necesidades de estos profesionales", ha explicado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente.

En este sentido, la entidad ha recordado que, según la Estrategia de Vacunación COVID-19, se debe vacunar primero a los trabajadores sanitarios del grupo 2, es decir, los que están en primera línea contra el COVID, y, posteriormente, al grupo 3, que son los que no tienen contacto directo con pacientes coronavirus.

Sin embargo, y a pesar de que las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas hayan confirmado que no existirá discriminación en la vacunación a los profesionales de la privada, el presidente de la entidad ha alertado de la existencia de "varios casos" en los cuales se está vacunando a trabajadores del grupo 3 de la pública, mientras que los del grupo 2 de la privada continúan "sin recibir sus dosis".

"Muchos centros privados están apoyando a la pública ofreciendo atención sanitaria para pacientes no Covid en ámbitos como pueden ser, por ejemplo, la rehabilitación o hemodiálisis. A estos profesionales se les debe de tener en cuenta para poder dar este servicio de una forma segura tanto para ellos, como para aquellos pacientes que, día a día, deben acudir al centro para llevar a cabo sus tratamientos y pruebas y que, en muchos casos, son personas de riesgo", ha señalado Puente.

Además, el Círculo de la Sanidad ha exigido al Ministerio de Sanidad la regulación del envío de vacunas de forma equitativa para cumplir con las necesidades de todas las comunidades autónomas, no solo con el fin de conseguir inmunizar en tiempo y forma al personal sanitario de la pública y la privada, sino también para "cumplir con las promesas" de vacunación para la población de riesgo.

Por otro lado, la entidad ha instado al Gobierno a establecer una colaboración público-privada que libere las tensiones y saturación del sistema público. "La Covid-19 ha debilitado notablemente el Sistema Nacional de Salud y, por ello, es indispensable que exista una colaboración de trabajo para conseguir dar fin a esta crisis. A día de hoy, tan solo tres comunidades autónomas están teniendo en cuenta a los centros privados para agilizar la estrategia de vacunación. El ritmo de inmunización sigue siendo lentísimo y deberían de tomarse medidas al respecto", ha zanjado Puente.

El juez que instruye la causa por las cargas policiales del 1-O en Barcelona ha descartado que la lesión con una pelota de goma por la que el activista Roger Español perdió un ojo fuera intencionada, para lo que no aprecia "elemento indiciario alguno", y ha sostenido que los proyectiles de goma son legales también en Cataluña.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona desestima la petición de la abogada de Español, Anaïs Franquesa, del Centro Irídia, para abrir un procedimiento sumario por un presunto delito de lesiones.

Por su parte, la abogada sostiene que las lesiones fueron intencionadas, ya que las hizo un agente entrenado en las escopetas de balas de goma, y la usó "de forma antirreglamentaria, habiendo disparado no solo varias veces contra el lesionado sino que incluso después de causarle la herida habría disparado a las personas que intentaban socorrerle".

El juez justifica que, para aceptar la petición de la abogada, "deberían haber indicios de que el agente actuó con la clara intención de causar al señor Español la pérdida de la visión de un ojo".

Remarca que las lesiones por imprudencia se distinguen de las intencionadas porque implican que el autor tenga sea consciente del daño que puede causar y acepte las consecuencias de las lesiones provocadas, de lo que no aprecia indicios en este caso.

"SITUACIÓN DE ALTA TENSIÓN" EL 1-O

El juez sostiene que debe tenerse en cuenta el contexto del disparo, "el día 1 de octubre de 2017, en una situación de alta tensión social", cuando un grupo de policías no podía seguir su camino porque varias personas estaban sentadas en el suelo.

"Durando ya la sentada un tiempo importante, se ordenó actuar en contra de las personas" usando la porra para abrir camino a los agentes, lo que en palabras del juez causó un tumulto por los votantes que reaccionaron a la actuación policial abucheándolos y lanzando objetos.

A continuación, los agentes dispararon salvas y pelotas de goma, por lo que el magistrado señala que "se trata de un disparo que va precedido de una situación que no debe ser obviada".

EL AGENTE "DISPARÓ APUNTANDO AL SUELO"

El auto remarca que, según los informes periciales y al contrario de lo que sostiene la abogada de Español, "el disparo del agente no iba dirigido exactamente al señor Español sino que se disparó apuntando al suelo", lo que considera un elemento crucial para determinar si la lesión fue intencionada o no.

"El simple hecho de disparar contra el suelo añade un elemento aleatorio en el resultado", y considera que esto elimina la posibilidad de que la lesión fuera intencionada porque el proyectil podía rebotar en cualquier dirección.

NO ES "UN ARMA PROHIBIDA EN ABSOLUTO"

También destaca que "no consta que el agente investigado hubiera disparado anteriormente" contra Español, y recuerda que el uso de balas de goma es legal y no es un arma prohibida.

"Tal prohibición ni siquiera existe en Cataluña, ya que ninguna ley prohíbe su uso. Únicamente el Parlament aprobó unas conclusiones cuyo valor normativo únicamente es el de instar a la Generalitat" a tomar medidas, lo que señala que no debe confundirse con una prohibición y, además, destaca que el agente no estaba vinculado por esta resolución de la Cámara catalana.

IRÍDIA RECURRIRÁ LA DECISIÓN

Por su parte, el Centro Irídia, que ejerce de acusación particular, ha explicado en un comunicado que recurrirá la decisión del juez ante la Audiencia de Barcelona, y ha defendido "la existencia de indicios sólidos" de que el disparo fue intencionado.

Ha sostenido que la causa debería investigarse en un sumario, como se hizo en el caso de Ester Quintana, quien perdió un ojo durante las cargas de Mossos d'Esquadra en la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

Irídia sostiene que el agente investigado disparó a Español "en tres ocasiones distintas" y que fue la tercera la que le hizo perder el ojo, y afirma que disparó desde una distancia inferior a la reglamentaria, lo que no permitió que los concentrados se protegieran e implica que el agente supuestamente asumió la posibilidad de causar lesiones graves.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que lo que está sucediendo en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal es "una vergüenza nacional" con los "sabotajes impresentables" que dicen que se están produciendo y ha acusado a los cercanos a los grupos de izquierda de ser los que lo "boicotean".

Durante la Sesión de Control al Gobierno, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, le ha preguntado a la presidenta cómo está afrontando la situación del Covid y considera que "vive en una realidad paralela".

"No puede ser lo que están haciendo con los profesionales sanitarios. Les chantajean, les presionan y se inventan una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el Zendal. Los que están saboteando la sanidad pública son ustedes", le ha recriminado.

Por su parte, en la pregunta siguiente, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, le ha reprochado que "cada 38 minutos muera una persona por Covid-19" de la región y teme que con esta "relajación de medidas" se terminen por "normalizar todas las muertes". No ha salvado ni la salud ni la economía ni las empresas", ha lanzado.

Ha criticado también la gestión en el Hospital Isabel Zendal y cree que los ciudadanos no solo sienten "fatiga pandémica", sino también "fatiga 'Ayusénica'", derivada del "cansancio de escuchar las ocurrencias semanales" de la dirigente autonómica.

Ayuso ha reconocido que es "lógico que el personal sanitario y funcionarios de servicios públicos estén cansados porque se está en mitad de una nueva ola" y ha mostrado su apoyo a los profesionales "en este momento tan difícil".

En cuanto a lo sucedido en el Hospital Zendal, la presidenta autonómica ha tachado de "vergüenza nacional" lo que ocurre en este hospital "y lo está viendo todo el mundo". "Es impresentable lo que están haciendo con estos sabotajes. Si la Policía encuentra quién está detrás ustedes dirán que es un montaje policial, porque están en la farándula y no en ayudar", ha lanzado a Unidas Podemos.

OFRECE EL HOSPITAL ZENDAL A TODAS LAS COMUNIDADES QUE LO NECESITEN

En su turno de palabra para contestar al portavoz de Más Madrid, Ayuso ha criticado que quiera cerrar la hostelería con el objetivo de que las personas "se mueran de hambre y de miseria y dependan de las subvenciones".

En cuanto a sus acusaciones sobre el Hospital Zendal, Ayuso ha aprovechado para ofrecer este centro a todas las comunidades que lo necesiten porque es "un orgullo de la Sanidad Pública madrileña" mientras los "cercanos" a Más Madrid "lo boicotean un día sí y otro también de manera mezquina, cuando hay personas que se están curando".

La presidenta ha relatado que los hurtos, las roturas de puertas o de interruptores justamente aparecen en "los medios afines" a los grupos de izquierda. "Ustedes viven de lo público y van a seguir destrozando lo público porque lo necesitan", ha zanjado.

La Unión General de Trabajadores (UGT) reivindica la revisión periódica y ampliación de la Lista de Enfermedades Profesionales de España, así como la mejora del procedimiento de identificación y notificación de las enfermedades profesionales, sobre todo en los casos de cánceres de origen laboral, además de un refuerzo de la prevención en este sentido; ya que "sigue existiendo una enorme infradeclaración de los cánceres", señalan.

Precisamente para evitar la infradeclaración de los cánceres de origen laboral, la propuesta de UGT es la revisión de los criterios para declarar una enfermedad como profesional, estableciendo el trabajo como causa prevalente y no como causa exclusiva, como sucede ahora. "Si los cánceres no son reconocidos como laborales, es como si no existieran a los ojos de la prevención de riesgos", reclaman.

Además, para el sindicato también es necesaria la derogación del artículo 52.a del Estatuto de los Trabajadores en el que se incluye la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas en los casos de "ineptitud sobrevenida del trabajador". "En estos supuestos debería primar la adaptación del trabajo a la persona y no al contrario", destacan.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE ORIGEN LABORAL

Para el sindicato, la prevención del cáncer de origen laboral es "esencial", por lo que reclama al Gobierno la trasposición de las modificaciones segunda y tercera de la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos, ya que el plazo para trasponer la segunda modificación finaliza el próximo 21 de febrero y el de la tercera, el 11 de julio de este año.

En este sentido, el sindicato recuerda que en 2020 se han mantenido los valores límites ambientales vigentes en España para la sílice cristalina, el bromoetileno y la acrilamida, publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 'Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España. "Ahora bien, se establece en el caso del polvo respirable de sílice cristalina, como medida transitoria, un valor límite de 0,1 mg/m3 hasta el 31 de diciembre de 2021, y posteriormente se rebaja hasta los 0,05 mg/m3, algo con lo que el sindicato está en desacuerdo", precisan.

Así, UGT, en línea con las reivindicaciones de la Confederación Europea de Sindicatos, reclama una actualización de los valores límite del plomo y sus compuestos, y su inclusión en la Directiva de carcinógenos y mutágenos, más protectora que la de agentes químicos.

De igual forma, propone la inclusión de los reprotóxicos en el ámbito de la Directiva de carcinógenos y mutágenos. Además, en aras de conseguir la igualdad en la protección de hombres y mujeres frente a la exposición a sustancias peligrosas para su salud, "deberían establecerse valores límite adecuados para proteger a ambos sexos ante los riesgos de exposición a los mismos", apuntan.

Así, recuerdan que durante 2020 únicamente han sido reconocidas 50 enfermedades causadas por agentes cancerígenos de un total de 18.542 enfermedades profesionales. 47 fueron entre hombres y 3 entre mujeres, y 23 fueron debidas al amianto.

"La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a los afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional y, a la vez, los enormes costes asociados al tratamiento de estos cánceres están siendo soportados por el Sistema Público de Salud cuando deberían ser asumidos por las Mutuas", han advertido.

En el caso del amianto, UGT demanda que el Gobierno apruebe la creación de un Fondo de Indemnización para las Víctimas del Amianto, "para que haya justicia y reparación para estas personas y sus familiares", señalan. "Además, debe retomarse el procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajadores con riesgo de exposición al amianto, ya que los daños a la salud, física y mental de estos profesionales provocan una rebaja en la esperanza de vida y la calidad de esta", reivindican.

EN TORNO A UN MILLÓN DE MUERTES CADA AÑO POR CÁNCER DE ORIGEN LABORAL

El sindicato ha señalado también, apoyándose en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 1,3 de los 8 millones de personas que mueren de cáncer cada año se relacionan con cáncer de origen laboral

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en Europa se diagnostican cada año 3,2 millones de nuevos casos de cáncer y aproximadamente la mitad de ellos corresponden a personas en edad de trabajar", afirman, y añaden que "en España, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fallecen anualmente cerca de 8.700 hombres y 850 mujeres debido a canceres laborales.

Así, las secuelas tanto físicas como psíquicas provocadas por la enfermedad pueden suponer problemas para la vuelta al trabajo, por lo que también han querido recordar que, tras ausencias prolongadas al trabajo debido a enfermedad, el empresario debe ofrecer al trabajador la realización de la vigilancia de la salud, para conocer si es necesaria la adaptación del puesto de trabajo a las nuevas condiciones de la persona que lo ocupa.

En estos casos, el sindicato aboga por una incorporación laboral progresiva, ya que genera seguridad y una menor ansiedad en los trabajadores enfermos. "Para facilitarles la reincorporación al puesto de trabajo, las empresas, junto con los representantes de los trabajadores pueden elaborar programas y establecer mecanismos de apoyo para ello, sobre todo en las PYMES", recomiendan.

Para ello instan a instan a negociar fórmulas para flexibilizar la incorporación al trabajo tras el cáncer, haciéndola de manera progresiva, en los casos de los trabajadores afectados que así lo soliciten, a través de los convenios colectivos. De igual forma, es fundamental una comunicación fluida entre el trabajador afectado, el empresario, el servicio de prevención y los representantes de los trabajadores para que la reincorporación sea lo menos traumática posible", señalan.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra que absolvió al policía nacional acusado de haber informado a su cuñado de que estaba siendo investigado por una agresión sexual denunciada en diciembre de 2016 en Pamplona.

En noviembre de 2020, la Audiencia de Navarra llegó a la conclusión de que no existían "indicios suficientes" para concluir el conocimiento previo por parte del procesado de la existencia de un delito de agresión sexual en el que podía estar incurso su cuñado, ni tampoco que, iniciada la investigación, "conociese que la misma recaía sobre su familiar, omitiese su parentesco, se reservara datos que pudieran facilitar la investigación y, menos aún, que informarse de la detención", ha informado el TSJN.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN reitera que la Audiencia valoró "minuciosamente" la prueba practicada y la conclusión absolutoria se motivó "correcta y rigurosamente", sin omitir en su motivación "ningún elemento sustancial relevante".

En la vista oral, la fiscal reclamó la absolución, al igual que la defensa. Por su parte, la acusación particular, ejercida por las dos denunciantes de la agresión sexual, solicitó un total de 4 años y seis meses de prisión y 8 años y 3 meses de inhabilitación para empleo o cargo público tanto por un delito de omisión del deber de perseguir delitos como por un delito continuado de violación de secretos.

Según el TSJN, el supuesto delito contra la libertad sexual se produjo el 8 de diciembre de 2016, la Policía Nacional tuvo conocimiento el 19 y la denuncia llegó el 24, pero el inculpado ya buscó los apellidos de su cuñado en la base policial el 13 de diciembre. La acusación particular imputó al policía haber advertido a su cuñado, investigado por un delito de agresión sexual, y haber entorpecido la investigación iniciada el 19 de diciembre.

En su sentencia absolutoria, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra consideró que no había prueba de cargo indiciaria suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que no se probó que el acusado tuviera pleno conocimiento de la investigación contra su cuñado con anterioridad a su detención el 27 de diciembre, y tampoco se demostró que hubiera revelado datos de la investigación que hubieran impedido o dificultado la persecución del delito.

En su recurso, la acusación particular reclamó que se anulara esa sentencia y se celebrara un nuevo juicio con un tribunal compuesto por otros tres magistrados distintos de los que sentenciaron la causa. La fiscalía y la defensa, por su parte, abogaron por la confirmación de la sentencia absolutoria.

ARGUMENTOS DEL TSJN

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra asegura que "el recurso construye, con base al conjunto de las pruebas incorporadas al procedimiento, un relato alternativo al de los hechos probados, resaltando unas suposiciones y sospechas circunstanciales que gozan de un cierto grado de verosimilitud, pero de los que por sí mismos no se infiere de modo concluyente que el denunciante hubiera tenido conocimiento de que en su unidad se estuviera desarrollando una investigación criminal contra su cuñado".

Para los magistrados, la Audiencia, sin dejar de reconocer la verosimilitud de que el acusado pudiera haber conocido las actuaciones policiales contra su cuñado desde su inicio, razonó "con precisión que resulta también igualmente verosímil la hipótesis contraria". "Y como concluye la Sala de instancia, ante la falta de certeza ha de prevalecer la presunción de inocencia", subrayan los jueces.

Respecto al segundo motivo del recurso, el error en la apreciación de la prueba, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN lo desestima. Explica que el eje sustancial de la argumentación del recurrente es que el funcionario conocía desde el principio una causa criminal dirigida contra su cuñado, y consultó indebidamente los archivos policiales.

Por ello, imputó al inculpado un delito de revelación de secretos. Sin embargo, la Sala indica que la revelación es una conducta típica distinta de la búsqueda de información. "Y desde luego la posible consulta por el agente de los datos de su cuñado en dos ocasiones, en el sistema Argos con anterioridad a su detención pudiera calificarse de injustificada, pero la consulta en sí es irrelevante a los efectos penales, dado que no se le acusa al agente de descubrimiento de secretos sino de su revelación", señala.

En consecuencia, concluye el Tribunal, "no se puede imputar al agente de policía un delito de descubrimiento de secretos en el presente caso, pues lo impide el principio acusatorio; y mucho menos se puede imputar a la Sala de instancia no haber examinado alguno de los supuestos indicios de búsqueda de datos en los archivos policiales, o su posterior conocimiento indebido, de que su cuñado hubiera participado en una agresión sexual".