La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este martes el submarino S-81 'Isaac Peral', que el pasado viernes fue puesto a flote en los astilleros de Navantia, en Cartagena, una ocasión que ha aprovechado para reafirmar su apuesta por que la Armada "sea un referente en tecnología e industria de defensa".

Su objetivo es que el submarino S-81 "sea conocido en otros países". A su juicio, es un momento en el que "todos debemos hacer un esfuerzo por salir de la crisis económica en la que estamos", y cree que "los planes de recuperación nos van a ayudar a salir".

Ha reivindicado que la industria de defensa es "muy importante" y ha insistido en su apuesta por tener unas Fuerzas Armadas "modernas, de innovación, tecnología y algo que es muy importante: la creación de puestos de trabajo".

Acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha podido estar en el interior de la nave y ha subrayado que "este proyecto nos parecía absolutamente esencial para que tanto la Armada Española como España sean un referente en todos los aspectos", así como "una apuesta para potenciar la industria de defensa".

El director del astillero de Navantia, Agustín Álvarez Blanco, y el jefe de la Oficina del Programa S-80, Ignacio Núñez, han explicado a la ministra la evolución de las fases de pruebas y los detalles y novedades de este prodigio de la tecnología nacional.

"En un año tan importante para la Armada, cuando celebramos el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, este también es un hito esperanzador de esta España que es capaz de todo", ha señalado Robles en el acto de amadrinamiento que ha precedido a su puesta a flote.

Cabe recordar que ese submarino es el primero de la serie S-80 destinado a la Armada que Navantia va a poner en marcha y que para su diseño ha optado por el Manual de Ingeniería de Sistemas de la NASA, en el que se definen los procesos necesarios y los hitos de revisión requeridos.

La finalidad del programa S-80 es tratar de proporcionar unos buques de última generación que dieran a la Armada ventaja tecnológica en un entorno impredecible y capacitar a la industria nacional para diseñar y construir un tipo de barco que sólo está al alcance de un reducido grupo de países, según Navantia.

El programa representa un antes y un después en la construcción naval española. El buque resultado de este proyecto está considerado uno de los submarinos convencionales (los no dotados de propulsión nuclear) más avanzados del mundo.

En su interior contará con tecnologías únicas, como un innovador sistema para realizar patrullas bajo el agua durante más de 15 días sin la necesidad de salir a flote, y permitirá a la Armada dar un salto abismal en cuanto a capacidades, reforzando un arma submarina en la que hoy solo cuenta con dos veteranos submarinos, el 'Galerna' y el citado 'Tramontana.

De manera paralela, Navantia trabaja ya en los demás buques del programa: en el S-82 se trabaja en la fabricación de estructuras no resistentes y el embarque de tanques en todas las secciones y comenzado premontaje de tuberías y equipos.

En el S-83 se ha terminado el casco resistente y han comenzado los trabajos de aceros: construcción de tanques, fabricación y montaje de polines y soportes. Mientras que en el S-84 ha comenzado la elaboración de cuadernas del casco resistente.

La Armada iniciará las operaciones con el S-81 'Isaac Peral' en febrero o marzo de 2023. Después, llegarán el S-82 'Narciso Monturiol', en diciembre de 2024; el S-83 'Cosme García', en octubre de 2026; y el S-84 'Mateo García de los Reyes', en febrero de 2028.

El juicio al que fuera presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras siete personas, que se ha celebrado durante más de un año en la Audiencia Nacional, ha quedado este martes visto para sentencia después de los informes de las defensas y tras el turno de última palabra de los acusados.

Pineda, que ha declinado hacer uso de su turno de última palabra --"creo que está todo dicho"-- tan solo ha aprovechado para agradecer a la Sala la paciencia que tenido "a lo largo de este interminable juicio". Por su parte, Bernad, ha agradecido también a la Sala el haber garantizado a su defensa poder aportar las pruebas que no pudo entregar en instrucción.

Los otros ocho acusados también ha declinado hacer uso de la última palabra, momento en el que la presidenta de la Sala ha señalado que quedaba visto para sentencia. Cabe recordar que el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals modificó en marzo levemente sus conclusiones y rebajaba la petición de una pena de prisión para Pineda de 116 años.

No obstante, esa modificación no afecta a los diez encausados, de hecho la petición de penas que hace el Ministerio Público para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, se mantiene en casi 25 años de cárcel por los delitos de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa.

En el caso de Pineda, la Fiscalía le imputa un delito de organización criminal en calidad de dirigente, 16 delitos continuados de extorsión, tres delitos más de extorsión y ocho delitos de extorsión en grado de tentativa. A esto suma el delito de estafa, el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo de capitales. La multa que solicita para él es de 10,3 millones de euros.

Para la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la representación de Manos Limpias en el caso 'Noos', el fiscal interesa una pena de doce años de prisión por los delitos de organización criminal en calidad de integrante, dos delitos continuados de extorsión y un delito en grado de tentativa.

Para los otros siete procesados, el fiscal Perals rebaja también levemente las penas. En concreto, para el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé Gil interesa 34 años y 6 meses de cárcel y para el adjunto a la presidencia de la asociación Ángel Garay 32 años y 6 meses.

En cuanto a los miembros de la junta directiva de la marca de Pineda, el fiscal solicita para María Teresa Cuadrado 19 años de cárcel, para María Manuela Mateos 64 años de cárcel y para María Isabel Medrano 60 años. Por otro lado, interesa para la jefa de gabinete de Ausbanc, Rosa Isabel Aparicio, 46 años de cárcel y para el director de publicaciones de Ausbanc, Luis María Suárez Jordana, 16 años.

DISOLUCIÓN DE AUSBANC Y MANOS LIMPIAS

En el escrito del Ministerio Fiscal se explica además que se solicita la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo para todos durante la condena, y la inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización criminal por un tiempo de 10 años superior al de la duración de la pena de privación de libertad.

Perals quiere además, tal y como pedía antes del inicio de la vista oral allá por enero de 2020, que se acuerde la disolución de todas las sociedades del grupo Ausbanc y del sindicato Manos Limpias. Además quiere que se les prohíba definitivamente llevar a cabo cualquier actividad por las mismas y se les inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas.

También solicita en su escrito el Ministerio Público en lo relativo a la responsabilidad civil, que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a BBVA con más de 700.000 euros, a Unicaja con la cantidad de más de 900.000 euros, a Banco Sabadell con más de 2,5 millones, al banco Santander con más de un millón de euros y a Caixabanc con 24.200 euros.

A estas cuantías añade más de 1,3 millones a Liberbank, 36.000 euros para Nissan Ibérica, aproximadamente 150.000 para Barclays Bank y más de 300.000 euros para Caja Castilla-La Mancha. También se contemplan indeminzaciones para Europistas, Bankia, Caja Vital, Caja Rural del Sur y Banca March.

El fiscal pide además que Pineda abone las cantidades percibidas indebidamente como subvención por parte de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que ascienden a 163.350 euros.

UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El escrito de acusación relata a lo largo de 66 páginas cómo el principal acusado --Pineda-- ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos --quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc--.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones, según el escrito, contaron desde 2012 con el apoyo y beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.

La Comunidad Valenciana ha comunicado este martes seis fallecidos más --uno correspondiente a la última semana-- y un total de 99 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización de los datos.

Según la información facilitada por la Conselleria de Sanidad, se han registrado seis fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.383: 801 en la provincia de Castellón, 2.817 en la de Alicante y 3.765 en la de Valencia.

De estos decesos, uno corresponde a los últimos siete días, mientras que dos se produjeron el pasado mes de enero y tres en el de febrero.

Además, se han notificado 99 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 391.828 personas. Por provincias, 23 en Castellón (40.509 en total); 22 en Alicante (146.810 en total); y 54 en Valencia, (204.508 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 1.

Por otra parte, se han registrado 306 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 393.935 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 40.903 en Castellón, 147.145 en Alicante y 205.832 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 55.

SITUACIÓN HOSPITALES

Actualmente, los hospitales valencianos tienen 171 personas ingresadas: 33 en la provincia de Castellón, con 4 pacientes en UCI; 46 en la provincia de Alicante, 8 de ellos en la UCI; y 92 en la provincia de Valencia, 28 de ellos en UCI.

En cuanto al proceso de vacunación, se ha administrado un total de 2.038.019 dosis. Por provincias, las cifras son las siguientes: 238.091 en Castellón, 749.115 en Alicante y 1.050.813 en Valencia.

Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la monodosis de Janssen) 653.098 personas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.979 casos activos, lo que supone un 0,49% del total de positivos.

Por último, la administración autonómica informa de que hoy se han registrado dos brotes de origen social en los municipios valencianos de Alfarp y Sagunto con 14 y 19 casos, respectivamente.

El PSOE de Andalucía abre este miércoles, 12 de mayo, el plazo para la recogida de avales con los que concurrir a las elecciones primarias que la federación socialista va a celebrar para elegir a la persona que encabece la candidatura a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos.

De acuerdo al procedimiento que desarrolla las bases y el calendario de la convocatoria de estas primarias, basado en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de los Estatutos Federales del PSOE y por los artículos 218 y siguientes del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales, el plazo de recogida y presentación de avales discurre desde este miércoles y hasta el próximo 25 de mayo, fecha a partir de la cual se procederá a la proclamación de candidatos.

El plazo de recogida de avales se abre dos días después de que concluyera el de presentación de candidaturas, tras el que este lunes quedaron proclamados como precandidatos a las primarias la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el exdiputado y profesor de universidad Luis Ángel Hierro y el médico granadino Manuel Pérez García, después de que la Comisión Regional de Garantías Electorales verificase que dichas precandidaturas reúnen los requisitos reglamentariamente establecidos.

La Comisión Regional de Garantías Electorales es también el órgano al que se deben remitir los impresos de recogida de los avales, según establece el procedimiento de las primarias, que precisa que los impresos podrán conseguirse a través de la citada comisión, "descargándolos en la web del PSOE de Andalucía o en las agrupaciones municipales y/o de distrito".

También determina el procedimiento que "durante todo el periodo de recogida de avales", los representantes de los aspirantes, las agrupaciones y los militantes "podrán hacer llegar avales a la Comisión de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía", los cuales "quedarán bajo la custodia de ésta".

Las personas aspirantes a la candidatura, "bien por sí mismos o a través de sus representantes, podrán hacer llegar, durante todo el plazo habilitado --del 12 de mayo al 25 de mayo, a las 14,00 horas-- los avales originales que hayan recogido".

Esta presentación se realizará de manera presencial por cada aspirante o su representante, según continúa el procedimiento de las primarias, que también dictamina que "las comisiones ejecutivas municipales y/o de distrito podrán tramitar ante la Comisión Regional de Garantías Electorales los avales individuales otorgados y firmados por los y las militantes de una agrupación".

Todos los avales, "entregados y/o presentados ante la Comisión Regional de Garantías Electorales, antes de que finalice el plazo señalado --el 25 de mayo a las 14,00 horas--, serán custodiados por la citada Comisión hasta la fecha de su verificación y validación".

NO SE PUEDE AVALAR A MÁS DE UN PRECANDIDATO

"Nadie podrá avalar a más de una persona", según se recoge en el procedimiento de las primarias, que también especifica que "se considerarán avales nulos todos los emitidos por una persona a favor de más de una precandidatura", de forma que "se contabilizará como un único aval válido, cuando un o una militante avale más de una vez a un mismo precandidato o precandidata".

"Una vez terminado el proceso de verificación se elevará un acta del mismo y se procederá a la proclamación de las candidatas y candidatos", según se establece también en el procedimiento, que detalla igualmente que "quienes hayan presentado su precandidatura podrán acreditar ante la Comisión de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía un representante que esté presente en la verificación de los avales y el recuento de los mismos".

El censo de militantes actual, incluyendo el del PSOE-A y las Juventudes Socialistas, supera las 44.000 personas, según han confirmado este martes fuentes del partido.

En todo caso, según precisa el procedimiento, "el único censo oficial y válido para la elección en cualquier ámbito territorial será el actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal, y autorizado por el Departamento Federal de Atención al militante y a la ciudadanía".

Conformarán el censo electoral "los militantes y afiliados directos del PSOE de Andalucía en pleno uso de sus derechos orgánicos a fecha de cierre de dicho censo, y que se encuentren al corriente de cotización del último semestre de 2020", así como los militantes de Juventudes Socialistas de Andalucía "al corriente de cotización del último semestre de 2020".

Para alcanzar la condición de candidato se debe reunir "como mínimo el aval del 2% y un máximo del 4% del total del censo válido para el proceso".

COMISIÓN REGIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES

En este proceso de primarias, la Comisión Regional de Garantías Electorales, "además de los supuestos que establece el Reglamento Federal, es la encargada de interpretar la normativa aplicable y dictar cuantas instrucciones sea preciso en el curso del proceso, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión Federal de Garantías Electorales".

Está presidida por el senador por Málaga Antonio Morales Lázaro, y conformada por Mercedes Gámez, Ángel Gallego y María Luisa Sánchez como vocales, y por Luis Vargas Martínez como secretario.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó a 12 años y nueve meses de prisión a un varón, Ángel M.R.G., por intentar matar a su exmujer, provocando un accidente de tráfico en el Corredor de El Morrazo, y por la tentativa de homicidio de un conductor contra el que chocó intencionadamente.

La sentencia de instancia fue recurrida por la defensa del procesado, que alegó que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de presunción de inocencia y que no hubo una correcta valoración de la prueba.

Así, el apelante señaló que durante el juicio se produjo una revelación "inesperada" sobre el estado de salud de la víctima, que padecía una depresión crónica y que pudo haber influido en su declaración. Sin embargo, el TSXG considera que esa circunstancia no supone una alteración en el juicio y que, en todo caso, el acusado ya la conocía.

Por otra parte, la defensa también alegó que no hubo ánimo de matar, y que el acusado sufrió el accidente porque su exmujer le mordió una mano, perdiendo el control del vehículo. Este argumento también es rechazado por el alto tribunal gallego, que señala que los magistrados de la Audiencia explicaron "perfectamente los motivos por los que concluyen que sí hubo ánimo de matar".

"MOTIVO VIL"

Así, indica que el acusado se lamentó de no haber conseguido matar a la mujer, "y así lo expresó de viva voz", y añade que el hombre estaba alterado porque la víctima se negaba a responderle acerca de si le había sido infiel. Según el TSXG, éste "es un motivo vil, pero no inexistente".

En esta línea, los jueces concluyen que su voluntad homicida es "incuestionable", puesto que "un coche a más de 120 kilómetros por hora colisionando contra otro es un instrumento apto para producir la muerte de los ocupantes de cualquiera de los vehículos, riesgo que, como dice la Sala, al menos integra un dolo eventual de homicidio".

Por otra parte, el TSXG también comparte la resolución de la Audiencia en lo que respecta a la alevosía, y apunta que ésta existió, ya que "se buscó la total indefensión" de la víctima, que no podía escaparse del coche.

CONDENA

La Audiencia de Pontevedra condenó en diciembre de 2020 a Ángel M.R.G. a penas que suman 12 años y 9 meses de prisión tras considerar probado que, el 14 de junio de 2018, el acusado recogió en su vehículo a su exmujer con la excusa de ir a tomar algo y hablar de su hija común. En lugar de eso, se metió por la autopista AP-9 en dirección a Rande y O Morrazo y comenzó a interrogar a su expareja acerca de supuestas infidelidades.

A pesar de que la mujer intentó calmarlo, el acusado la amenazó con provocar un accidente para matarse ambos y, en un momento determinado, ya en el Corredor de O Morrazo, colisionó deliberadamente contra un turismo.

Tras el choque le dijo a su exmujer que, en esa ocasión, le había salido "mal" la "jugada", y salió del vehículo para cruzar la mediana y abalanzarse sobre otro coche que venía en sentido contrario.

El PSE-EE contará en los primeros actos programados para celebrar los 135 años de su nacimiento en Euskadi con la presencia de la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, o la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

También participarán en estos encuentros la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que lideran las organizaciones socialistas en sus respectivas comunidades autónomas, el Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) y la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).

La Comisión Ejecutiva de Euskadi, reunida esta tarde, ha decidido que la celebración de estos 135 años de vida del partido en Euskadi, tenga lugar bajo el lema "Cumplimos-Sozialisten hitza".

El objetivo de esta conmemoración, han explicado desde el PSE-EE, es "destacar la trayectoria que ha llevado a los socialistas de la reivindicación de los derechos laborales en las minas de finales del siglo XIX, a la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y la búsqueda de soluciones ante sus consecuencias".

La vicepresidenta Carmen Calvo visitará Bilbao el jueves 20 de mayo para clausurar, junto a la secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, la jornada "Cumplimos con la igualdad".

Abrirá el encuentro una mesa redonda moderada por la secretaria de Igualdad del PSE-EE y diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, en la que participarán, entre otras, la exviceconsejera de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Arantxa Leturiondo, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Patricia Campelo, y el catedrático de Estructura Económica Javier Bilbao.

El Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, acogerá el sábado 22 de mayo una mesa redonda con Idoia Mendia, la ministra Arancha González Laya y la europarlamentaria Iratxe García.

Con el título de "Cumplimos con Europa", la jornada repasará la larga trayectoria europea del socialismo español, con hitos destacados como la integración en la CEE, la reciente aprobación de los fondos europeos o la Conferencia para el Futuro de Europa que se inició este 9 de mayo.

La tercera actividad con un programa ya cerrado será el encuentro "Cumplimos con la cogobernanza", que reunirá a la vicelehendakari Idoia Mendia con dos compañeros que han asumido labores ejecutivas encabezando sus respectivos gobiernos.

María Chivite y Adrián Barbón visitarán Bilbao el lunes 24 de mayo en una jornada que revisará la "compleja realidad" de la organización territorial de España y cómo "fenómenos inesperados, como la pandemia de la covid-19, han exigido la respuesta coordinada de los distintos niveles de la administración".

La Comisión Ejecutiva ha valorado que las jornadas "Cumplimos.Sozialisten hitza" ayuden a "repasar la contribución de los Socialistas Vascos al progreso de Euskadi y del conjunto de España y, ya con una mirada hacia el futuro, concentrar los esfuerzos en los cambios que deben contribuir a la cohesión social, a reducir las desigualdades, a ampliar los derechos y a generar empleo digno y de calidad".

11 DE JULIO DE 1886

Los Socialistas Vascos fundaron por impulso de Facundo Perezagua la primera agrupación socialista de Bilbao el 11 de julio de 1886 en plaza de La Cantera.

Siete años antes, lo había hecho el PSOE y, cinco después, el Partido Socialista obtuvo sus primeros concejales en España, cuatro en Bilbao y uno en la localidad vizcaína de La Arboleda. La Federación Socialista de Vizcaya se constituyó en 1900.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este martes que el número de personas en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) bajará de los 600.000 esta semana "por cómo van las cifras".

Así lo ha anunciado durante la rueda de prensa para presentar los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de su Ministerio.

El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a 29 de abril en 638.283 personas, lo que supuso 36.621 trabajadores menos que en marzo en la serie revisada y 105.345 menos en función de la fecha de notificación, según informó el Ministerio recientemente.

Según Escrivá, cuando se mira la estructura, las personas que están en ERTE están muy concentradas en sectores cuya recuperación a va a ser "muy fuerte" en los próximos meses "con toda seguridad".

"Hablamos de restauración, comidas y bebidas y actividades de alojamiento, que son la mitad de esos 600.000 ERTEs, pero es cierto que en algunas partes de estos sectores podría ocurrir que haya cambios en la estructura de la demanda y se ponga de manifiesto la necesidad de algún tipo de ajuste y ahí podremos tener una oportunidad de aplicar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas", ha resaltado Escrivá.

Para el ministro, "es perentorio disponer de un mecanismo permanente que permita a las empresas adaptarse a las caídas transitorias de actividad sin recurrir a los despidos, que impulse la formación y facilite la transición de los trabajadores afectados por los procesos de cambio estructural".

Escrivá ha recordado que en periodos de crisis económica, las empresas han recurrido tradicionalmente a ajustes de empleo a través de la finalización de contratos temporales y despidos, pero que, sin embargo, en esta crisis sanitaria los mecanismos de ajuste interno (ERTE) han demostrado su capacidad de limitar la pérdida de empleo ante caídas de actividad y recuperar dicho empleo con rapidez.

En la reforma número seis del componente 23, se promueve el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad interna para las empresas, de carácter permanente, que impulse la estabilidad en el empleo y la recualificación de trabajadores en transición entre empleos y sectores.

Según se recoge en el Plan, no hay inversiones asociadas a esta reforma. "Se prevé la creación de un Fondo Tripartito para financiar el mecanismo, cuyas contribuciones públicas podrían proceder de préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation", según Escrivá.

Este mecanismo incorpora dos modalidades, por un lado una modalidad de flexibilidad interna que permitirá, ante caídas transitorias o cíclicas de la actividad de las empresas, minimizar el recurso al despido, salvaguardar el vínculo contractual con la empresa y facilitar la reactivación, pero también reducir la elevada contratación temporal y reforzar la formación de los trabajadores durante el período de baja actividad.

Por otro lado, el mecanismo incorpora una modalidad de transición para utilizar en momentos de cambio tecnológico o de transición hacia nuevos modelos de producción, de naturaleza permanente, que facilitará la movilidad de los trabajadores sin necesidad de pasar por el desempleo.

Escrivá ha apuntado que ambos mecanismos servirán para reducir el tiempo de búsqueda del empleo y contribuirán a disminuir el paro estructural.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha instado este martes al Gobierno a adoptar "estrictos protocolos de uso y supervisión" en el manejo de las pistolas eléctricas tipo Táser entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, respaldando así mayoritariamente la proposición no de ley (PNL) de Unidas Podemos.

En la misma comisión, los grupos han rechazado otras tantas propuestas, entre ellas una PNL de Vox con enmienda del PP que buscaba censurar el retraso propiciado por la Generalitat de Cataluña para administrar las vacunas contra la Covid-19 tanto a policías nacionales como a guardias civiles.

El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral ha defendido que el protocolo de uso para las pistolas eléctricas debe ser "público y accesible para la ciudadanía para poder hacer un control efectivo", alertando de que se debe evitar "males mayores" de este instrumento que usan policías locales, autonómicas y empiezan a adoptar tanto Guardia Civil como Policía Nacional.

Desde la oposición, el PP ha denunciando el "tufillo de desconfianza" hacia los policías que desprende la iniciativa y Vox ha aprovechado para ligar esto a los "gravísimos hechos instigados o perpetrados" por Unidas Podemos en la reciente campaña electoral en Madrid, recordando también la agresión a un agente del diputado Alberto Rodríguez.

QUE DIMITA MARLASKA POR LAS VACUNAS

Luis Gestoso, diputado de Vox, ha defendido su PNL ante la "ignominia del Gobierno catalán de no querer vacunar a los policías y guardias civiles", aunque se ha felicitado de que el Tribunal Superior de Justicia haya "arrastrado de la oreja a los golpistas para cumplir la ley".

La formación liderada por Santiago Abascal ha mantenido su proposición como gesto contra la "falta de escrúpulos" de los partidos independentistas al frente de la Generalitat, una iniciativa que ha sido enmendada por el PP para mostrar su "indignación ante un hecho vergonzante" que tiene dos protagonistas: el gobierno catalán y el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

En concreto, el PP ha censurado la falta de respuesta en este "intento de humillación" y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablara de "mera disfunción". El PSOE, por su parte, ha defendido la gestión del titular del Interior frente a la petición de que dimitiera por "no proteger" a los policías ni impulsar que el retraso en la vacunación fuera investigado por la Fiscalía, tal y como ha sostenido el portavoz popular.

El PSOE ha ironizado que un "partido negacionista" como Vox impulse una PNL sobre vacunas y ha recordado que el "Gobierno de España no pone las vacunas", remitiéndose a las comunidades autónomas. "El Gobierno y la Delegación del Gobierno en Cataluña hicieron su trabajo de defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin politizarlas ni usarlas para fines políticos", ha señalado Francisco Aranda.

En la Comisión de Interior también ha salido adelante una proposición del PSOE para completar la transferencia en materia sanitaria en las prisiones a favor de las comunidades autónomas, así como otra del PP sobre la creación de una Unidad de Seguridad Ciudadana en la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense. Además, se ha rechazado declarar el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La fundación FAES ha denunciado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "abdique de su responsabilidad" para afrontar la pandemia, una vez decaído el estado de alarma, y que con su "inhibición" empuje al Tribunal Supremo "a asumir una "responsabilidad no le corresponde". Además, ha criticado el "silencio lamentable" del Tribunal Constitucional sobre el alcance de esa medida excepcional, que ha estado en vigor hasta el pasado 9 de mayo.

Así, FAES ha calificado de "decepcionante" la incomparecencia del Tribunal Constitucional en este asunto, ya que, a su entender, "ha tenido tiempo y ocasión de pronunciarse sobre las implicaciones del estado de alarma y las condiciones en las que tienen que garantizarse los derechos fundamentales y ha optado por el silencio".

"El silencio lamentable de una voz que debería haberse escuchado con la fuerza y la autoridad que la Constitución le atribuye y los ciudadanos esperan", ha indicado la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar en un análisis bajo el título 'Inhibición culpable'.

"CAOS JURÍDICO"

Según FAES, un Gobierno puede acertar o equivocarse pero "lo que no es aceptable es que abdique de su responsabilidad". "Esto es lo que está ocurriendo con el caos jurídico que el Gobierno ha provocado deliberadamente, desoyendo todas las voces que pedían una solución legal, perfectamente viable, como alternativa al estado de alarma que acaba de decaer", ha enfatizado.

A su entender, el Gobierno "se desentiende de la crisis sanitaria que todavía sigue abierta, anima a las comunidades autónomas a forzar" las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y "solo se dedica a pavonearse de los millones de vacunas que se han administrado".

Mientras tanto, se ha inventado un procedimiento de casación para que las comunidades puedan llevar al Tribunal Supremo las resoluciones de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia que rechacen las restricciones propuestas por los gobiernos autonómicos", ha añadido.

Tras asegurar que "poco puede sorprender" del Gobierno porque acumula en su trayectoria "una voluntad permanente de socavar en beneficio propio el funcionamiento normal de las instituciones", ha recalcado que en esta actitud hay "una muestra más de arrogancia" y "un deseo de revancha hacia quienes con muchas razones objetaron la forma y la utilización que se ha dado a los estados de alarma".

FAES considera que atribuir la responsabilidad a los tribunales "trastoca la previsión constitucional en perjuicio de los intereses de los ciudadanos y de la lucha contra la pandemia". "El Tribunal Supremo se verá en la obligación de establecer la doctrina correcta", ha indicado, para agregar que la solución legal al vacío que existe "tardaría menos en aprobarse y entrar en vigor que la futura resolución" del alto tribunal.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha comparecido a petición propia en el Parlamento autonómico para abordar la evolución de la pandemia, que "no terminó", por ello, ha advertido de que "transmitir el mensaje de que está superada es contraproducente y peligroso", unas palabras de reproche que han estado dirigidas al Gobierno central.

Así, y tras reprobar el tono "triunfalista" del Ejecutivo central, Comesaña ha incidido en que por este motivo la Xunta ha insistido en que el estado de alarma "no podía suponer un punto y final" desde el punto de vista normativo. "Desgraciadamente este aparente interés del Gobierno central de trasladar una imagen triunfalista, de fin de ciclo, no es real", ha recriminado el titular de Sanidade, quien ha apuntado que esto ha llevado a las comunidades a tener que aplicar la "ingeniería normativa" para seguir tomando medidas de restricción para gestionar la pandemia.

Hoy nos encontramos sin estado de alarma, sin esa reforma (de la ley orgánica) y con un recurso a nuestra ley, porque ni legislan ni nos deja legislar", ha reprochado Comesaña en la comparecencia en la que, en su último turno, y ante las críticas de la diputada del BNG Montse Prado por hablar de esa forma y al tiempo pensar en grandes eventos con diez mil personas, el titular de Sanidade defendió por el contrario que también ha que salir de la "burbuja.

"No podemos vivir en la burbuja permanentemente, sino con normas, normativa y con instrucciones", ha subrayado el conselleiro de Sanidade en la que, ante la insistencia del diputado socialista Julio Torrado, dijo que su postura era la misma que la del PP: "estado de alarma sí" como paso previo a la reforma de la ley orgánica. "Si no hay reforma, estado de alarma no", ha remarcado, preguntado por si apoyaría una nueva situación de este tipo, al respecto de la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado un último recurso si la justicia no avala las medidas aprobadas por la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

"¿Ley orgánica sí o no?", le devolvió Comesaña al diputado socialista Julio Torrado, quien en su primera intervención lamentó las imágenes que se vieron en varios puntos de España con el fin del estado de alarma el pasado sábado, ante lo cual el conselleiro de Sanidade defendió el proceder de los gallegos.

Julio Torrado también se pronunció en este sentido y destacó el comportamiento de los gallegos, "mucho mejor si se ven otros espectáculos". Sin embargo, ha señalado que las situaciones que se han podido vivir en otros puntos del estado también pueden estar vinculados a "discursos que alimentan la confrontación, el hooliganismo y el fanatismo y odio".

"Con la confrontación permanente pasa esto", ha avisado, antes de advertir de que "las administraciones que trabajan para vivir en la confrontación no ayudan a controlar la pandemia, aunque algunos solo piensen en el corto plazo".

Además, en su intervención, el diputado socialista recriminó que al Gobierno gallego "no le gusta ni el estado de alarma ni ir a los juzgados". "Lo que les gusta es hacer lo que les dé la gana y eso es inconstitucional", ha avisado el parlamentario, que la Xunta "está en la confrontación" del aval judicial a las medidas para gestionar la pandemia y a la que le ha invitado a redactar otra normativa que no "limite libertades" constitucionales.

"Me sorprende la crítica tan exacerbada", ha continuado, por su parte, la diputada nacionalista Montse Prado, al respecto del Ejecutivo autonómico y el fin del estado de alarma. Así, recordó que los populares dijeron que votarían "no" en el caso de que el Gobierno volviese a llevar la prórroga al Congreso por "considerarla una herramienta estéril".

Además, la diputada del BNG ha manifestado que "sorprende" que "tuviese que llegar una pandemia" para que la Xunta "se diese cuenta de que el marco autonómico no sirve para solucionar los problemas gallegos" y que hay que estar "a expensas de lo que diga Madrid, que casi nunca lo hace a favor de los intereses de los gallegos".

Montse Prado ha concluido, también, que el PP "parece que quiere una cosa, cuando en realidad quiere la contraria". "Estoy convencida de que ya sabía que teníamos escasas herramientas para actuar, tenemos un autogobierno raquítico", ha enfatizado la diputada nacionalista, quien también ha mostrado su "sorpresa" por la "preocupación" por el aval judicial pese a lo que la Xunta "publicó las medidas en tiempo de descuento" y "luego ninguna prisa por trasladarlas al TSXG".

"LEALTAD"

Mientras la diputada del PPdeG Encarna Amigo defendió la "lealtad" del Gobierno autonómico con el Gobierno central, el conselleiro de Sanidade volvió a recriminar que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "ni legisla ni deja legislar".

"Hemos sido leales", dijo, asimismo, Comesaña, quien lamentó que el Gobierno central solo "estuvo rápido" en la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de salud gallega. En concreto, se presentó contra el artículo 38.2 de la normativa, si bien esta ley ha servido de argumentación de la Xunta para establecer las medidas recogidas en el DOG el pasado 7 de mayo y para remitir los argumentos ante el TSXG.

Comesaña ha lamentado en que al Gobierno "solo se le ocurre judicializar la pandemia al cuadrado". "A los gobiernos nos eligen para gobernar y se desentiende de todo. No quiere que los datos negativos tengan que ver con ellos, pero sí las cajas de las vacunas y el proceso de vacunación autonómico", ha recriminado Comesaña, quien ha dicho que la Xunta asumirá el "coste" de gobernar para los gallegos. "No vamos a dejar de lado a los gallegos, aunque tengamos que asumir un coste", ha manifestado.

Comesaña ha insistido en que en todos los consejos interterritoriales Galicia ha pedido "herramientas" para la gestión de la pandemia. "El estado de alarma nos daba herramientas y el problema es que esas herramientas no están", ha indicado, para censurar, a renglón seguido, que tampoco "hay una alternativa", en referencia a una ley orgánica renovada.

"REPULSA"

En sus respuestas, Comesaña también ha querido mostrar su "repulsa" a las concentraciones que hubo en varias ciudades, aunque ha precisado que "en Galicia no se dieron".

Además, ha atribuido a que aquí ha primado el "sentidiño" tanto de la población como de los sectores implicados --hostelería, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad-- y también ha reivindicado que "algo tendrá que ver la coordinación de la Xunta", después de la experiencia del "famoso fin de semana de las terrazas", en referencia a la primera desescalada.

Esta noche se cumplirán dos semanas de la desaparición en la isla de Tenerife de Anna y Olivia, de uno y seis años, junto a su padre, Tomás Gimeno, un suceso que ha dado la vuelta al mundo y sobre el que todavía se mantienen abiertas todas las hipótesis por parte de los responsables de la investigación.

El dispositivo de búsqueda continúa activo una jornada más por tierra, mar y aire y no pasa un día en el que no se reciban llamadas y mensajes con supuestas pistas que son investigadas por la Guardia Civil, una vez que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, apelase a la colaboración ciudadana.

Todo comenzó el martes 27 de abril. Tomás Gimeno recogió a sus hijas a las cinco de la tarde, tal y como había pactado con su expareja, y aunque debía entregarlas a las nueve de la noche, nunca llegó a hacerlo. A partir de entonces se suceden una serie de llamadas en las que Gimeno advierte a Beatriz, la madre de las niñas, de que no las volverá a ver nunca más.

Beatriz denuncia los hechos ante la Guardia Civil y la tarde del miércoles aparece una embarcación propiedad de Gimeno a la deriva y vacía frente al Puertito de Güímar. Al día siguiente, con la primera luz del día se despliega un amplio dispositivo de búsqueda que halla flotando en el mar una silla de coche para bebés que pertenece a Anna, la menor de las niñas.

Las cámaras del Puerto Deportivo Marina Tenerife captan a Tomás Gimeno el día de la desaparición. Según las imágenes, llega al muelle con su coche a las nueve y media. Da varios viajes entre su vehículo y la lancha para llevar bolsos, maletas y ropa. Poco antes de las diez sale a navegar y regresa a las once y media. Compra un cargador en una gasolinera cercana, carga la batería en la garita del vigilante del muelle deportivo y a las doce y media zarpa por última vez.

Como consecuencia de la desaparición, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar incoa diligencias previas por la presunta comisión de un delito de secuestro y declara la investigación bajo secreto de sumario. La Guardia Civil también encuentra restos de sangre en el baño de Tomás Gimeno. Finalmente se comprueba que son de él.

La investigación ha llevado aparejado varios registros en la finca propiedad de Gimeno, situada en Igueste de Candelaria, donde en principio no se ha encontrado nada relevante. También se han barajado numerosas hipótesis, todas abiertas, entre ellas que pudiese haber huido en un velero con la ayuda de terceras personas.

Beatriz, por su parte, ha difundido varios vídeos de las niñas y algunos mensajes para ayudar a encontrarlas, el último el pasado semana para agradecer la convocatoria de un aplauso masivo en apoyo a la familia.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes por 21 votos a 15 una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP con varias medidas de reforma en materia del Justicia, entre ellas una dirigida a instar al Gobierno a reformar la Ley del Indulto de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como son las penadas por el 'procès'.

La iniciativa incluía otros puntos referidos a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ; y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.

La propuesta, defendida por el diputado Carlos Rojas, buscaba también "reducir la discrecionalidad del Gobierno" en material de concesión de indultos, de modo que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de "delitos de especial gravedad".

Rojas se ha referido para justificar esta reforma a las recurrentes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por sedición en la causa del 'procès' independentista en Cataluña, y ha añadido que el indulto "sólo es democráticamente" asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en a su juicio no se da en el caso de los líderes independentistas en prisión.

Rojas ha argumentado igualmente a favor de una reforma del Estatuto de de los fiscales para que Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto, en clara alusión al paso del ministerio a la fiscalía general de su actual titular, Dolores Delgado.

La reforma reclamaba además reforzar las atribuciones del Consejo Fiscal y dotar de una mayor transparencia las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General, obligando a publicarlas en la memoria anual del Ministerio Público.

Como tercer pilar de su PNL, el PP pretendía emplazar a Moncloa a reformar la LOPJ para que los doce vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial "sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo".

Todas estas medidas han recibido el rechazo del resto de grupos políticos excepto Vox y Ciudadanos. Así, Mikel Legarda del PNV ha recordado que todas ellas ya se ha debatido anteriormente en distintas mociones y propuestas no de ley y han merecido el rechazo de su grupo parlamentario.

Por su parte Josep Pagés, del Grupo Plural, ha recordado respecto a posibles futuros indultos a condenados por el 'procés' que el PSOE eliminó el delito de referéndum ilegal en su momento, lo que fue ratificado por el PP porque no lo restituyó cuando tenía mayorías para hacerlo. A ello se une, ha señalado, el hecho de que la condena por sedición cuente con el voto discrepante de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Para Carolina Telechea, de ERC, lar reforma planteada por el PP, "aparentemente muy rigurosa", sólo busca reforzar la represión del independentismo.

Por ello se pregunta por qué el PP no instó prohibir estos indultos en 1988, en los casos de Armada y Tejero. También ha recordado que tanto PSOE y el PP han concedido 227 indultos a personas condenadas por corrupción desde 1996.

Igualmente se ha mostrado en contra de la propuesta el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que ha recordado que el fiscal general designado por el PP Eduardo Torres- Dulce, dimitió según informaron en su momento los medios de comunicación por las presiones recibidas desde este partido. "Esta propuesta para limitar indultos también es una enmienda a la totalidad de la política de indultos del PP", ha añadido Santiago, que ha recordado los 6.000 indultos dados en ocho años por el Gobierno de Aznar, más de mil en un sólo día.

GRUPOS A FAVOR

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha mostrado su apoyo a la propuesta de los populares argumentando que las actuaciones el Gobierno en materia de justicia "ha llevado a un desprestigio de las instituciones inconcebible", desde el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado, que ha calificado de "duro golpe contra la decencia democrático" hasta la reciente reforma "al más claro estilo polaco" que ha merecido la llamada de atención de las instituciones europeas.

También se ha posicionado a favor de la propuesta el diputado de Vox Javier Ortega-Smith, a pesar de criticar duramente la "incoherencia del PP", que cuando Gobierno no hizo la reforma que ahora propone. Su partido propone la reducción de todos los indultos, por conculcar las decisiones adoptadas por los tribunales.

Finalmente la diputada del PSOE Andrea Fernández Beneítez ha reprochado al PP que se niegue a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y prefiera "jugar con los tiempos y rechazar cualquier voluntad de acuerdo". Respecto a las propuestas del PP sobre el indulto ha señalado que por su propia naturaleza es una decisión que corresponde al gobierno, y que "si los informes son vinculantes lo vaciaría de contenido".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, comparecerá este miércoles en el Congreso para hablar sobre diversos asuntos, que van desde el pago con fondos públicos de la estancia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes y la sonada ausencia del Rey Felipe de la entrega de despachos judiciales en Barcelona, pasando por la reforma parcial de la Constitución promovida por el Ejecutivo o su plan para luchar contra la desinformación.

Calvo acudirá este miércoles a la Comisión Constitucional para hablar, a petición propia, de la intención del Gobierno de modificar el artículo 49 de la Carta Magna para eliminar y cambiar el término "disminuidos" que se incluye en el mismo para referirse a las personas con discapacidad.

Y, a partir de ahí, acumula desde hace meses otras treces peticiones de comparecencia sobre asuntos de distinta índole. Así, el PP le pide cuentas sobre los cuestionamientos de la libertad de expresión que considera que se han hecho desde el Gobierno y por el mecanismo contra la desinformación aprobado hace meses por el Consejo de Seguridad Nacional.

¿UNA DEMOCRACIA PLENA?

Pero también quiere que la 'número dos' del Ejecutivo se pronuncie sobre las dudas expresadas por el que fuera vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre que España sea una democracia plena, o sobre las opiniones de él y algunos de los ministros de Unidas Podemos en torno a los incidentes registrados en distintas ciudades españoles a raíz de la entrada en prisión del rapero 'Pablo Hásel'.

Los de Pablo Casado quieren además detalles sobre unas declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo en las que implicaba a la vicepresidenta en una trama político empresarial en la que estaría enfrentada al fallecido ex secretario general del partido Alfredo Pérez Rubalcaba, así como sobre el Plan del Gobierno abierto de España 2020-2024.

Y POR LAS DUDAS DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS

De la misma forma, tanto el PP como Ciudadanos reclamaron el pasado marzo a Calvo explicaciones sobre el informe del Consejo de Estado cuestionando el decreto del Gobierno para la gestión de los fondos europeos, mientras que los de Inés Arrimadas, por su parte, la emplazarán a hablar sobre la crisis migratoria en Canarias, y los de Vox a explicar los motivos del cambio de nombre de la estación de tren Madrid-Chamartín por Madrid Chamartín-Clara Campoamor.

De su lado, el Grupo Plural, del que forman parte Junts, Más País-Equo, Compromís, y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), pidieron cuentas a Calvo en sede parlamentaria tras conocerse que Patrimonio Nacional se hacía cargo de los gastos de la estancia del Rey emérito en Abu Dhabi, a donde se trasladó el pasado mes de agosto, pero también para saber de primera mano su opinión sobre la conocida como 'ley trans'.

También sobre la Monarquía va la petición de explicaciones de Vox a la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a la que exigirán que detalle las razones que llevaron al Ejecutivo a no invitar al Rey Felipe a la entrega de despachos en Barcelona el pasado mes de septiembre.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rebajado de 20 a 19 años de cárcel la condena al hombre que en julio de 2018 mató a su mujer en el domicilio que compartían en la calle de la Estrella, en La Coruña.

El TSXG entiende que no concurren los elementos necesarios para poder tener en cuenta, como en la sentencia apelada, la agravante de género, según informa el alto tribunal gallego y recoge el fallo.

"Es posible llegar a entender que en la relación entre el condenado y la víctima pudiera existir una cierta situación de subordinación, pero lo que desde luego no resulta posible aceptar es que esa situación derivara de una concepción determinada de los roles que cada uno de los integrantes de la pareja asumiera desde su propio género", explica.

En la misma línea, indica que "parece que esa dependencia quizás estuviera motivada por el estado de salud de la víctima y su necesidad de apoyo en la figura de su compañero, al margen de los roles que justifican la apreciación de la agravación derivados de la desigualdad por razón de género".

Además, el TSXG subraya que el Tribunal del Jurado "fue tajante al rechazar que la acción que enjuiciamos tuviera como elemento determinante la condición de mujer de la víctima".

AUXILIO AL SUICIDIO

El hombre, condenado como autor de un delito de homicidio, alegó durante el juicio que cometió los hechos "atendiendo la expresa petición que de manera insistente le había realizado su esposa de querer poner fin a su vida".

El jurado, sin embargo, descartó, por unanimidad, la calificación de auxilio ejecutivo al suicidio solicitada por la defensa porque los médicos aseguraron que la víctima era "totalmente válida" para poder quitarse ella misma la vida.

El condenado, según consta en la sentencia, apuñaló a la víctima "sin importarle los años que había durado su relación de pareja y siendo consciente de la situación de debilidad, tanto física, pues en ese momento pesaba unos 38 kilos, como anímica, por la fuerte depresión que sufría y la medicación que estaba tomando, lo que le facilitó la ejecución de la acción".

Este hecho supone que el delito de homicidio sea agravado y, por tanto, aumente la pena de prisión. El jurado descartó que el acusado hubiese cometido un delito de asesinato al no probarse la concurrencia de alevosía ni ensañamiento.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha quitado hierro a la polémica por la falta de un plan de vacunación para que el personal del Servicio Exterior pueda ser inoculado, como han venido pidiendo los sindicatos, recordando que también en España hay muchos funcionarios que aún no se han vacunado.

La jefa de la diplomacia ha explicado en rueda de prensa con su homólogo de Croacia, cuando se inició el proceso de vacunación en España envió una carta a los países en los que hay funcionarios españoles destacados "proponiendo un intercambio en las vacunaciones" de forma que España vacunaría a los funcionarios de este país si estos hacían lo propio con los españoles.

Dicha vacunación se haría conforme a los "protocolos" que cada país adoptara para inocular a sus propios ciudadanos y sin darles "una prioridad específica", ha aclarado, precisando que por ahora son ya "más de 50 países los que han cumplido con esta pauta" y que han vacunado a los funcionarios españoles.

"Lo mismo estamos haciendo nosotros", ha añadido, explicando que el personal extranjero destinado en España está siendo vacunado conforme le va tocando al grupo de edad al que pertenece en el calendario de vacunación español.

No obstante, ha reconocido la ministra, hay algunos países "con dificultades específicas", como puede ser Haití, "donde no se ha recibido una sola vacuna" hasta la fecha, o Afganistán, Malí o Níger, países todos ellos en los que impera la inseguridad.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA ALGUNOS PAÍSES

En estos casos, el Ministerio está "buscando soluciones específicas con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas" y tratando de encontrar respuestas que "se ajusten a las posibilidades y a la capacidad", ha indicado.

"En unos casos se facilitará la llegada de los funcionarios a España" para su vacunación y en otros "buscaremos acercar la vacuna a esos países terceros", ha precisado.

Por otra parte, González Laya ha incidido en que "hay también muchos funcionarios que no se han vacunado en nuestro país porque todavía no les ha correspondido"

Y ante la preocupación que pueda haber por el personal desplegado en el exterior aún sin vacunar ha subrayado que el Ministerio tiene contratada una póliza de seguro y que "permite evacuar a aquellos que se encuentren en una situación sanitaria para la cual el país se encuentran no tenga la capacidad de ofrecerle cuidados médicos".

El Ministerio, ha zanjado González Laya, se preocupa por el "cuidado" a los funcionarios, al igual que otros departamentos, porque son "nuestra mejor arma".

PETICIÓN DE LOS SINDICATOS

Precisamente, CCOO, CSIF, FEDECA/ADE, SISEX y UGT, todos ellos con representación en Exteriores, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a González Laya, la titular de Sanidad, Carolina Darias, y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en la que denuncian la "pasividad" del Gobierno en este asunto.

"Es lamentable que a fecha de hoy aún no hayan tomado las medidas necesarias para que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se proceda a la vacunación de los funcionarios y empleados del servicio exterior, así como de sus familias, en aquellos países donde sea necesario", sostienen en la carta.

Los sindicatos piden que se elabore "un plan de vacunación específico para el personal en el exterior, así como de sus familias, con carácter inmediato" y plantean la posibilidad de que todos ellos puedan ser vacunados en el gabinete médico de Exteriores, aprovechando sus viajes a España, así como con carácter previo a su salida hacia su destino en el exterior.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que "el Gobierno de España, en este largo año de pandemia, ha tomado muchas medidas que mejoran la financiación de los Centros Especiales de Empleo".

Así lo ha puesto de relieve la titular de la cartera de Trabajo en la sesión de control al Gobierno del Senado, donde ha sido preguntada por el senador de Junts per Cataluña (JxCat) Josep Lluís Cleries, sobre las medidas urgentes que ha tomado el Ejecutivo para hacer "viables" los Centros Especiales de Empleo (CEE) afectados por la pandemia COVID-19.

"En el ámbito laboral, uno de los colectivos que más ha afectado la crisis de la COVID-19 es el de las personas con discapacidad. A partir de marzo de 2020 comenzó un aumento drástico de demandantes de empleo entre la población con discapacidad, cifra que ha ido empeorando", ha indicado el senador al comienzo de su intervención.

En este sentido, Cleries ha dicho que "la pandemia ha significado, para muchos centros, la paralización total de su actividad durante meses que muy lentamente va arrancando" y ha apostillado que "la situación económica, muy al límite de muchos centros de empleo antes de la pandemia y agravada por esta, pone en peligro su viabilidad".

De esta forma, el senador ha argumentado que la tasa de ocupación de las personas con discapacidad es 44,8 puntos más baja que la del resto de la población. "Yo creo que han abandonado a su suerte a los centros especiales de empleo. Usted dice que han tomado medidas. Las deben tener muy guardados porque no se ven. Los centros no nos dicen que las tengan precisamente porque están sufriendo y están en riesgo de cerrar", ha insistido.

Así, ha señalado que Junts per Cataluña considera "imprescindible" que el Gobierno "impulse con urgencia una convocatoria de ayudas a los Centros Especiales de Empleo y a las empresas de inserción para hacer posible que superen la crisis, que no tengan que cerrar y que se garanticen los puestos de trabajo".

En el turno de réplica, la vicepresidenta tercera ha afirmado que comparte la reflexión de Cleries y ha añadido que el Gobierno, entre el año 2020 y 2021, ha hecho "cosas relevantes" para las personas con discapacidad y los Centros Especiales de Empleo.

"Hemos compensado y amortiguado los incrementos salariales hasta un 55 por ciento. Lo hemos hecho el pasado año 2020 y lo volvimos a hacer en este propio año", ha manifestado Díaz, quien ha agregado que se ha incrementado en un 29% la partida 'oportunidades de empleo' destinada a la Generalitat de Cataluña.

Por otro lado, la vicepresidenta tercera ha reprochado al senador nacionalista que, "en la Conferencia Sectorial, Cataluña no ha acompañado al Gobierno de España para mejorar las oportunidades de empleo" que incluyen los Centros Especiales de Empleo, "a pesar de la subida histórica" para estos centros.

Díaz ha explicado que, para elaborar la nueva estrategia de políticas activas empleo, se ha conformado un grupo de trabajo multidisciplinar entre las 17 comunidades autónomas para "tratar, fundamentalmente, este problema y este colectivo de personas con discapacidad vinculado a los Centros Especiales de Empleo". "Le anticipo ya que las modificaciones que se hagan en el seno de la Conferencia Sectorial tendrán en cuenta las conclusiones de los grupos de trabajo de todas las comunidades autónomas", ha indicado.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmado que la idea de implantar una EBAU única en toda España es una "respuesta simplona a un problema complejo" y ha reprochado al PP que lo pida ahora cuando no eran partidarios de ello en los siete años que estuvieron gobernando.

Celaá ha intervenido este martes en el Pleno del Senado para responder al diputado 'popular' Pablo Ruz, que le ha preguntado si el Gobierno tiene previsto implantar una EBAU única e igual para todo el territorio nacional.

"Sorprende profundamente que ustedes tengan esta propuesta en este momento, porque han gobernado siete años la educación española y jamás propusieron una prueba única, sino todo lo contrario, propusieron una prueba a realizar en centros educativos y pruebas para que todas las universidades de España hicieran su selección", le ha afeado la ministra.

Durante su intervención, el diputado del PP ha enseñado tres modelos de exámenes, cada uno de una comunidad autónoma diferente: uno de Castilla-La Mancha, otro de Murcia y uno de la Comunidad de Madrid. "En Murcia se pregunta desde la romanización a los Reyes Católicos, en Castilla-La Mancha desde la revuelta de los comuneros hasta la revolución liberal de Cádiz, en Madrid desde el neolítico hasta la implantación de las comunidades autónomas; ¿Esto es lógico? ¿Esto es de recibo?", ha cuestionado.

En este sentido, Ruz ha planteado qué pasaría si para acceder a un puesto en la Administración General del Estado hubiera 17 pruebas distintas en función de los territorios a los que los ciudadanos estuvieran adscritos. "Ustedes están contribuyendo a la devaluación del sistema educativo español", ha dicho a la ministra.

Por su parte, Celaá, además de recriminar al 'popular' que pidan una EBAU única en estos momentos, cuando se encuentran en la oposición, ha recordado que si hay una prueba diferente en cada región se debe a las competencias que tienen estas en el ámbito de los contenidos educativos. "Usted desconoce que hay una distribución competencial, las comunidades autónomas tienen competencias en el currículo, no me diga que no", le ha recordado la ministra.

Además, la titular del Departamento de Educación ha puesto de relevancia los "tres importantes factores" que, a su juicio, justifican la existencia de una EBAU diferente por territorio: la distribución competencial de las comunidades autónomas, la autonomía de las universidades y "todo lo que es el sistema propio de lo que es el desarrollo de toda una trayectoria vital compleja del alumno".

En todo caso, Celaá ha admitido la necesidad de "mejorar" la Selectividad en términos de "equidad". "La prueba única no es el resultado, es una respuesta simplona a un problema complejo", ha aseverado.

Y ha concluido su intervención afirmando que desde el Gobierno se está trabajando en "establecer igualdad de oportunidades" y "contenidos curriculares que permitan una armonización mayor".

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con la oposición de los grupos parlamentarios del PP y Vox, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos en la que se insta al Gobierno a recuperar el sistema de jurisdicción universal y a ampliar la competencia de los tribunales españoles para perseguir delitos cometidos en otros países.

La propuesta, defendida este martes en la Comisión de Justicia del Congreso por Martina Velarde, ha obtenido 22 votos a favor y 14 en contra. Busca "reforzar la Justicia Universal" al retrotraer la norma al momento inmediatamente anterior a la reforma realizada por el PP en 2014, cuando derogó de facto el sistema que hasta ese momento había permitido la persecución y enjuiciamiento por parte de los tribunales españoles de delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad y los cometidos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, según ha recordado la diputada.

También ha recordado que la reforma de 2014 impuso que las causas en tramite quedaran sobreseídas hasta que no se acreditase el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella, lo que supuso que casos graves de crímenes contra la humanidad, como los casos del cámara de Telecinco José Causo, los vuelos de la CIAD o Guantánamo, entre otros, quedaran archivados.

ACUERDO DE GOBIERNO

En el acuerdo de gobierno que Unidas Podemos firmó con el PSOE se incluyó como medida regeneración democrática recuperar esa justicia universal, razón por la que los portavoces de algunos grupos, como Mikel Legarda (PNV) y María Jesús Moro (PP), han calificado la propuesta de sorprendente, ya que debería ser exigida por el partido morado a sus socios de gobierno.

La portavoz de Bildu, Bel Pozueta, ha manifestado su apoyo a la iniciativa con el fin de "garantizar iniciativas para impulsar la tutela judicial efectiva", mientras que durante su turno de palabra, Legarda ha recordado que la quiebra del principio universal no se produjo con la reforma del 2014, sino la reforma del PSOE de 2009 que introdujo los puntos de conexión con España necesarios para acreditar la legitimidad de la justicia española en esos casos. "¿Por qué se para en la reforma de 2014, porque no lo amplia a la reforma del 2019?", ha inquirido el parlamentario vasco a la diputada morada, si bien ha manifestado su apoyo a la propuesta.

Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha señalado que el principio de universalidad que preside la propuesta "choca con e principio de la realidad", dada la falta de recursos y medios de la justicia española, lo que puede generar frustración en estos casos; y ha defendido que lo que debe hacerse es "dotar a la justicia con medios materiales y humanos antes de exprimirla hasta el límite".

Josep Pagés, del Grupo Plural, ha señalado que "la justicia española tiene un problema con impunidad del franquismo y la monarquía", si bien pese a ello apoyarían la propuesta de Unidas Podemos, mientras que Carolina Telechea, de ERC, ha recordado que su partido se opuso a las dos reformas de esta jurisdicción y que, por el contrario reivindica "una república catalana que tenga jurisdicción universal".

Una de las posiciones en contra de estas reformas han sido argumentadas por el diputado José María Sánchez García, de Vox, que ha reprochado las manifestaciones de los grupos independentistas por no tener nada que ver con la reforma propuesta, que ha afirmado parece que "sólo busca darle más trabajo" al que fuera juez de la Audiencia Nacional inhabilitado por el Tribunal Supremo Baltasar Garzón.

"La jurisdicción universal en sentido absoluto es un problema, porque choca con jurisdicción de otros estados soberanos", ha defendido Sánchez García, que cree que "lo razonable es que España sea competente para perseguir esos delitos cuando lo dispongan así los tratados internacionales".

Igualmente se ha posicionado en contra de la vuelta de la jurisdicción universal María Jesús Moro, del PP, que ha pedido a los proponentes de la reforma que "antes de la justicia universal deberían respetar a la justicia española", en alusión a las reciente reformas que han sido cuestionadas por las autoridades europeas. Ha añadido que su grupo no es proclive "a una justicia 'urbi et orbi' y sin límites, al ser esta jurisdicción universal una excepción del principio de territorialidad".

Finalmente la diputada María Dolores Narváez, del PSOE, ha recordado que esta reforma está en el acuerdo de gobierno para contrarrestar la situación actual, "aprobada por el rodillo del PP".

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, han escenificado la unidad de la coalición para "dar lo mejor de sí mismo" en las medidas para propiciar la recuperación ante la crisis del Covid, frente a aquellas "voces de la oposición" que a veces representa "lo peor" del país".

De esta forma, la también ministra de Trabajo ha trasladado a la oposición que han desplegado muchas medidas pero ahora "lo mejor esta por llegar" mientras que la titular de Hacienda ha proclamado "larga vida" al Gobierno de coalición.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha recalcado que el Gobierno en coalición afronta este contexto histórico con "unidad" y "entusiasmo" tras pasar el "peor momento" de la pandemia.

De esta forma y desde la "humildad", ha advertido a aquellas voces, que desde "el minuto menos uno" hablaron de Gobierno "ilegítimo", que van a desplegar multitud de reformas en el marco del plan de recuperación.

Concretamente, ha citado también actuaciones importantes en materia de memoria democrática, de modificación de la enseñanza de Formación Profesional (FP) o regular la situación de las camareras de pisos, conocidas coloquialmente como 'kellys' de cara a terminar con situaciones de "precariedad".

Por tanto, ha censurado que frente a la actuación del Gobierno, la oposición no ha aportado "ideas" y ha demostrado "lo peor de sí misma", pues si fuera por ellos el país no tendría ahora el sistema de protección de los ERTE a empleados.

Mientras, Montero ha corroborado las palabras de la vicepresidenta y ha dicho que el atravesar momentos de adversidad, como la crisis del Covid-19, "une mucho". Por tanto, ha augurado que habrá incluso más cohesión a la hora de avanzar en la reactivación económica y que este Ejecutivo tiene "larga vida" por delante al entender que su labor es buena para el interés general.