La fiscal Pilar Santos Echevarría ha expuesto en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que el delito de falsedad documental del que se le acusa está acreditado, manifestando que la exdirigente popular era «la única, la primera y la última beneficiaria» del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se confeccionó con la finalidad de «salvar su reputación y su carrera política».

El juicio quedará hoy visto para sentencia. A lo largo de la sesión, las partes expondrán sus conclusiones finales, con lo que se dará paso a la última palabra de las tres acusadas. La defensa de la exlíder madrileña, el abogado José Antonio Choclán, solicitará la libre absolución de su patrocinada apuntando a la responsabilidad de la universidad.

Con voz firme y contundente, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado cada una de las irregularidades que a su juicio enervan la presunción de inocencia de Cifuentes para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses por la citada infracción penal.

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

«SALVAR SU REPUTACIÓN»

En su exposición, la fiscal ha relatado que la expresidenta regional conoció el máster de la URJC a través de Dionisio Ramos, quien le puso en contacto con el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde –fallecido–. Álvarez Conde «le dio todas las facilidades necesarias» para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura.

«Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema», ha señalado.

«IRREGULARIDADES DEMASIADO NOTORIAS»

Tras ello, ha indicado que hay «ciertas irregularidades demasiado notorias». En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio de 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería «algo incompatible» dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.

Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas –la de Pablo Chico y la del TFM– por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.

«Siempre aparecen los mismos protagonistas», ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado «clarísimo» que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del TFM.

La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer «una petición expresa» por parte del alumno y no consta.

«El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible», ha señalado.

Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas «reiteradas» que recibió ese 21 de marzo del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del TFM dado que estaba «en entredicho» la reputación de las universidades públicas madrileñas.

«Pero que yo sepa no hubo ningún comunicado respaldando a la universidad», ha subrayado Santos Echevarría indicando que la insistencia se produce a partir de la rueda de prensa ofrecida por el rector y Álvarez Conde, junto a varios de los profesores del máster.

CONSECUENCIAS «NEFASTAS»

«Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster», ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que está acreditado que fue la inductora del acta «a la vista de que se quería salvar su reputación», por lo que el acta debía «responder a las exigencias» del entorno de la expresidenta regional.

En cuanto a la acusada Cecilia Rosado ha apuntado que reconoció el delito de falsedad documental como autora material para hacer «frente a la crisis mediática» tras saltar el caso, recibiendo «numerosas llamadas» de Álvarez Conde y la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito.

«Actuó bajo presiones a sabiendas de que no se había defendido», ha señalado la fiscal, quien ha apuntado que del juicio se desprenden que Álvarez Conde «daba todas las facilidades para que se cursara el máster y hacer crecer el numero de alumnos», ha dicho. Además, ha insistido que la instrucción acredita «la falta de seriedad» y las «importantes irregularidades de este martes del curso 2011/2012».

A Feito la sitúa «en el epicentro» de lo ocurrido al quedar constatadas las retiradas llamadas a Cecilia Rosado y al rector Javier Ramos por su relación con el entorno de Cifuentes y su evidente conexión con la universidad al ser funcionaria.

«A cuenta de qué se producen esas llamadas. Sea cual fuera el motivo, Feito estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió. Tenía un pie en uno y en otro sitio. Reconoció llamadas con la jefa del Gabinete de Cifuentes y con la secretaria de Cifuentes. Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba», ha recordado.

Así, ha insistido en que «el número de las llamadas era prueba de que se exigía una solución», agregando que Pablo Chico manifestó en su comparecencia que «no tenía duda de que es actuó por el interés de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».

A continuación, ha expuesto su informe el abogado de la acusación particular ejercida en nombre de la URJC, quien ha reprochado que no se haya pedido perdón a pesar del «cúmulo de despropósitos» ocurridos con el caso.

El letrado ha apuntado que en su día la Delegación de Gobierno en Madrid manifestó que la agenda de la exdelegada había sido destruida a pesar de que al inicio de la vista el abogado de Cifuentes presentó como prueba una cita extraída de esa misma agenda en relación al día en que debía entregar ese trabajo. Finalmente, el letrado renunció a la prueba al exigir el tribunal que se pudiera acceder a todos los datos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno central un cambio de rumbo con el fin de que asuma «su liderazgo» y apueste por una «coordinación efectiva», al tiempo que ha defendido las medidas adoptadas por la Comunidad para paliar la expansión del coronavirus pese a ser «duras y difíciles».

En su comparecencia ante el Pleno de las Cortes, el presidente ha insistido en que es necesario que el Ejecutivo central «mueva ficha» ante la situación de pandemia actual que requiere «la unidad y el esfuerzo de todos».

El presidente ha lanzado este mensaje antes de defender un decálogo de acciones que pide al Gobierno central entre las que se encuentra la necesidad de convocar una nueva Conferencia de Presidentes desde donde se coordinen actuaciones. «Debemos reforzarnos para hacer frente con más eficacia» en esta pandemia, ha defendido Mañueco, quien ha insistido en que el coronavirus sigue y «seguirá aún mucho tiempo».

«Nos hubiese gustado contar con más instrumentos jurídicos para actuar con eficacia y un mayor liderazgo coordinador del Gobierno de España», ha señalado.

Durante su intervención, el presidente ha defendido las medidas impulsadas desde la Junta y ha asegurado que la pandemia ha enseñado que «las medidas son más útiles y eficaces si se aplican con anticipación».

Así, ha recordado que ya el pasado 1 de enero se anunció la subida al nivel de alerta 4 en Segovia y en esas mismas fechas se adoptó un cambio de criterio para aplicar antes las medidas restrictivas, tomando como referencia la incidencia acumulada a 7 días, en vez de a 14 días como hasta entonces.

De este modo, en el Consejo de Gobierno del 7 de enero, con la participación de los expertos, se aprobaron medidas restrictivas en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia, con cierres similares a los que mostraron su eficacia en la segunda ola, y ante el crecimiento de la incidencia a 7 días en el resto de provincias, el martes 12 de enero se ampliaron estos cierres a todas las provincias.

Por último, el día 15 de enero, ante el avance de la tercera ola, se anunciaron las medidas de limitación de los grupos de no convivientes a 4 personas; la limitación al 25 por ciento el aforo de celebraciones religiosas, el cierre perimetral de todas las provincias y el adelantando del toque de queda a las 20.00 horas.

Según ha afirmado Fernández Mañueco, «son medidas duras, difíciles de tomar, pero necesarias para frenar la escalada del coronavirus, para proteger la salud de las personas causando el menor daño a la economía«, medidas que se tomaron tras escuchar a los expertos, a representantes de sectores económicos, a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los alcaldes de los principales municipios y a los presidentes de Diputación.

VACUNAS

El presidente ha subrayado la apuesta de la Junta por una política de actuación basada en la «prevención y anticipación», tanto en el ámbito de las vacunas, como la realización de pruebas de detección, el rastreo de casos o el refuerzo de los servicios sanitarios.

En cuanto a las vacunas, la Junta de Castilla y León continúa con el plan de vacunación al ritmo que permite la actual recepción de dosis, que están siendo menos de las comprometidas por el Gobierno de España. «El sistema público está funcionado y podremos aumentar el ritmo considerablemente, llegar más rápido a más personas, si el Gobierno de España incrementa la distribución y fija un calendario con garantías», ha señalado Mañueco, quien ha considerado que Castilla y León «es la segunda Comunidad con mayor porcentaje de población vacunada».

Como ha defendido el presidente, también se está aplicando la misma prevención y anticipación en la estrategia de antígenos, cuyo objetivo es detectar lo antes posible a contagiados asintomáticos y romper la cadena de contagios. «Castilla y León ha duplicado el número en el último mes y duplica la media nacional, siendo también la primera en número de pruebas diagnósticas», ha explicado.

A esto ha sumado también el incremento del número de test rápidos de antígenos de segunda generación en los centros de salud y salas de urgencias; y los cribados masivos en poblaciones con gran incidencia que actualmente suman más de 80 desde el 1 de enero, con varios más en curso y varios más programados.

Como ha detallado, en estos cribados se han hecho pruebas a más de 253.967 personas y han detectado más de 2.771 positivos, que son 2.500 «cadenas de contagio rotas».

Igualmente, el presidente ha destacado la prevención y anticipación que se lleva a cabo con los más de 1.240 rastreadores que trabajan en Castila y León, casi el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, o con las propias medidas de vigilancia. Hasta la fecha, Castilla y León ha realizado más de 51.800 inspecciones, con más de 5.700 expedientes sancionadores, a las que se suma la vigilancia de las policías locales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el ámbito escolar, Fernández Mañueco ha destacado que las aulas confinadas suponen menos del 2 por ciento del total y no ha habido que cerrar ningún colegio por el coronavirus. En la actualidad acaba de empezar a dotarse a todos los centros con medidores de CO2 para compatibilizar una correcta ventilación con el adecuado confort térmico en las aulas.

Asimismo, Mañueco ha reforzado los servicios sanitarios: con el aumento de las Ucis a más de 550, la adquisición de respiradores, la contratación de personal y con la mejora de los protocolos de actuación. Claros ejemplos son la mejora del sistema de funcionamiento de los hospitales en red, de la cita previa o la reserva estratégica de Epis.

IMPACTO ECONÓMICO

Por otro lado, el presidente también ha explicado que para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía, en Castilla y León se han puesto en marcha dos planes de choque, en marzo y noviembre, para apoyar a familias, trabajadores, empresarios y autónomos. Como ha detallado, se trata de planes de choque con ayudas directas que suman cerca de 70 millones de euros y con medidas de crédito y liquidez para movilizar casi 700 millones de euros.

A estas ayudas se ha sumado recientemente un plan de ayuda al sector turístico y la hostelería, muy golpeado por la pandemia, con 20 millones de euros en ayudas directas, ampliable otros 10 millones.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha recomendado este viernes, ante la posible falta de personas para formar mesas electorales el 14F, recolocar a los suplentes que finalmente no deban formar parte de la mesa asignada en otras donde falten miembros, «preferentemente» en colegios del mismo municipio.

Lo ha manifestado en un acuerdo del jueves, y lo expresa como sugerencia para las Juntas Electorales de Zona, que en toda Cataluña ya han recibido recursos de al menos el 25% de personas citadas para las mesas electorales: el 14F habrá en total 9.139 mesas, 6.694 en la provincia de Barcelona.

La Junta Electoral Provincial señala que la ley electoral prevé que, a falta de las personas citadas paras las mesas, las formen los primeros en llegar al colegio electoral, y ordena no hacerlo de esta forma porque «es esperable la afluencia de electores de edad avanzada» siguiendo la recomendación del Govern para votar cada colectivo en distintas franjas horarias.

Así, remarca que la ley también otorga a las juntas electorales la potestad de designar «libremente a las personas que habrán de constituir la mesa electoral».

Usando esa posibilidad, «se sugiere que el criterio a seguir» en la provincia de Barcelona sea el de reasignar a los suplentes que no deban estar en la mesa electoral que se les ha asignado inicialmente porque se haya constituido con los primeros citados.

«POTENCIALES MOMENTOS CRÍTICOS» PARA EL 14F

El acuerdo de los magistrados destaca que el contexto de pandemia del 14F «supone la aparición de diferentes problemas e impedimentos a los cuales las juntas electorales de zona deben dar respuesta a partir» de la ley electoral.

Señala que en los comicios del 14 de febrero «la configuración de las mesas electorales se está revelando como uno de los potenciales momentos críticos para el éxito de la constitución» de las mesas.

Detallan que, tras consultar a la Junta Electoral Central (JEC) por el asunto, esta ha recordado que las juntas electorales de zona tienen la competencia para resolver los recursos a las citaciones para las mesas y se ha referido a lo que fija la ley ante posibles ausencias.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que si el PP es «clave» tras las elecciones catalanas no investirá al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat sino que apostará por un «líder constitucionalista», como ha ocurrido en Italia, que pueda «dar carpetazo al procés». Según ha dicho, su partido no puede apoyar «al peor ministro de Sanidad de Europa» con la pandemia y que, además, defiende «una mesa por la amnistía y la autodeterminación».

En una en entrevista en la cadena Cope, Casado ha afirmado que si el PP es «influyente» tras los comicios del 14 de febrero, Pedro Sánchez «tendrá más difícil seguir sobreviviendo a costa de ERC y JxCat».

«El 14F lo que se decide es si queremos que Sánchez tenga patente de corso para seguir haciendo lo que quiera o si queremos que tenga que depender de fuerzas moderadas o incluso que no tenga garantizada su permanencia en el poder toda la legislatura», ha declarado.

Ante la posibilidad de que Vox supere al PP como recogen algunas encuestas, Casado ha señalado que la posición de su partido es «clave» en Cataluña. «Lo que queremos es que el Gobierno no dependa de la Cup sino que dependa del PP», ha manifestado.

Aunque ha reconocido que el PP tuvo una representación «muy pequeña» en las últimas elecciones catalanas –solo 4 escaños– «después del procés» y la aplicación del 155, pero ha subrayado que eso «no quiere decir que no sea importante» porque es una formación que preside ahora Europa, ha gobernado España 15 años y gobierna ya en una gran ciudad catalana como Badalona.

Además, ha destacado que el PP es «el único partido» que está haciendo una campaña con «propuestas reales» para Cataluña, con bajadas de impuestos «poniéndolo a la altura de Madrid; planteando «acabar con la ocupación» ilegal de viviendas; y apostando por «la libertad educativa» y por mejorar la sanidad.

Casado ha criticado que ahora el PSOE presente a Illa, «el peor ministro de Sanidad de Europa», como «un supuesto salvador» cuando, a su juicio, ya se sabe que los socialistas «van a pactar con ERC» como «ha hecho siempre».

«IR A VOTAR ES TAN SEGURO COMO IR A COMPRAR EL PAN»

Al ser preguntado si cree que la logística de las elecciones puede dar al traste si hay muchas bajas de las personas que tienen que estar en mesas electorales el día 14, Casado ha señalado que el PP lleva pidiendo desde hace un mes conocer «toda la información sanitaria» y sobre «posible imposibilidad» de votar.

«Ni el Govern nos dio la información ni nos lo ha dado el Gobierno de España», ha manifestado, para añadir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado «más pendiente de contar votos que de traer vacunas» para hacer frente a la pandemia, algo que ha calificado de «profunda irresponsabilidad».

«Ahora lo que esperamos es que los funcionarios y la administración como tal no politizada preserve esa seguridad. Yo estoy convencido de que podrán hacerlo», ha manifestado, para añadir que ir a votar es «tan seguro como ir a comprar el pan».

ALERTA CONTRA LA DESMOVILIZACIÓN DEL VOTANTE CONSTITICIONALISTA

Casado ha llamado a acudir a votar y a la movilización ante esas elecciones porque, según ha reconocido, están viendo en todas las encuestas «mucha desmovilización del votante constitucionalista». A su juicio, es un votante que está «harto» y que «no confía en el PSC porque siempre pacta con ERC».

Pero hay que salir a votar y lo que pedimos es votar un cambio real. El único cambio no ensayado en Cataluña es que el PP sea clave, un PP con Alejandro Fernández», ha manifestado el presidente de los ‘populares’.

Además, ha destacado que el propio Fernández ya ha anunciado que el PP no va a investir a Illa como presidente de la Generalitat. «Como en Italia, si somos clave elegiremos a un líder constitucionalista que pueda presidir Cataluña y dar un carpetazo al procés después de diez años», ha explicado.

Casado ha justificado esta posición alegando que su partido no es «comparsa de nada» ni «del PSC», que «ha gobernado con Puigdemont». Además, ha subrayado que Pedro Sánchez «le debe los votos a ERC y JxCat».

«Nosotros no podemos investir a quien está en Moncloa gracias a los independentistas y a los que ayer votaron una mesa por la amnistía y la autodeterminación», ha proclamado, para añadir que la amistía «sólo se hace en los tránsitos de la dictadura a la democracia».

En este punto, el presidente del PP ha preguntado a los socialistas «si están asumiendo que España es una dictadura» porque la amnistía «no existe en el ordenamiento jurídico de una democracia». Además, ha subrayado que «la autodeterminación solo existe en las Naciones Unidas para territorios colonizados».

«¿Qué insinua el señor Sánchez y el señor Illa? ¿Qué Cataluña es una colonia de España?», se ha preguntado, para criticar que se retrate a Illa como una persona «muy amable y amable» cuando «lo que quiere es a Cataluña como moneda de cambio para que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa».

EL CIS Y LA VICTORIA DE ILLA

Ante la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves y que recoge una victoria del PSC, Casado ha dicho que al director de ese órgano, José Féliz Tezanos, «ya no le cree nadie». A su entender, las personas en esos puestos que ha situado el PSOE evidencia les «intentan perseguir con todos los aparatos del Estado».

Casado ha asegurado que el CIS es «un ejemplo de la estrategia» del Gobierno. «Espero que alguien recapacite y considere si es ético estar apoyando a un Gobierno que usa todos sus resortes contra la prensa libre, la oposición e incluso contra los jueces, que llevan ya tres comunicados públicos pidiendo respeto al Gobierno», ha indicado.

MARCA DISTANCIAS CON VOX

Además, el líder del PP ha arremetido contra Vox y ha dicho que ese partido y Sánchez son los «mangos de una pinza que intenta aprisionar la parte central de la vida pública en España». A su juicio, Sánchez está en el Gobierno gracias al partido de Santiago Abascal porque ha «fragmentado eficazmente el electorado de la derecha».

«Y Vox ahora con este real decreto de los fondos europeos le da vida a Sánchez», ha asegurado, para añadir que si ese partido no se hubiera abstenido en la votación de esa norma en el Pleno del Congreso Sánchez tendría «muy difícil la supervivencia con Podemos».

Tras acusar a Vox y el Gobierno de intentar «polarizar» el escenario en España, Casado ha marcado distancias con los de Abascal porque el PP «es europeísta» y «autonomista» a diferencia de Vox. «No entendemos por qué están tan contentos con Sánchez en el poder y le dan ahora un salvavidas con la gestión de 140.000 millones de euros para comprar voluntades», ha finalizado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a Pedro Sánchez que convoque una nueva Conferencia de Presidente par coordinar medidas para paliar la tercera ola de Covid-19 en el país, al tiempo que ha reclamado también un Consejo de Política Fiscal y Financiera para reequilibrar el reparto «injusto» de fondos de la UE.

«España es un proyecto común que exige lealtades mutuas, lealtad que las Comunidades ofrecemos», ha defendido Mañueco en su comparecencia ante las Cortes para analizar las actuaciones impulsadas desde la Junta en esta tercera ola de coronavirus, donde ha pedido que Gobierno central y autonomías «vayan de la mano» desde una «dirección unificada nacional»

Así, en este foro, el presidente ha defendido un decálogo con peticiones al Gobierno de España. El primer punto del mismo incluye actualizar los criterios comunes del acuerdo del 22 de octubre del Consejo Interterritorial de Salud, ya que, a su juicio, el actual cuadro de niveles, conocido como semáforo, deja arbitrariedad por encima del umbral de 250 de incidencia acumulada.

En este sentido, Fernández Mañueco ha reclamado además que se establezcan otros umbrales con medidas comunes para elevadas tasas de incidencia, incluida la posibilidad de un confinamiento total o selectivo en municipios, provincias o comunidades autónomas con una especial incidencia.

El presidente ha vuelto a reclamar una herramienta jurídica, intermedia entre el estado de alarma y la actual normativa sanitaria, que, como ha señalado, «está desfasada», para actuar con eficacia desde las comunidades autónomas.

En cuanto a las vacunas, el presidente ha pedido que se incremente la distribución de dosis de vacunas para acelerar el ritmo de vacunación y garantizar un calendario. «Solicitamos al Gobierno que utilice todas las herramientas a su alcance para hacer cumplir los contratos de suministro, tiene nuestro apoyo ante la Unión Europea y la industria farmacéutica», ha señalado.

En su decálogo, el presidente también ha pedido el establecimiento de pautas comunes en materia profesionales sanitarios para todos los servicios de salud públicos del sistema nacional; la agilización de los procesos de homologación de títulos de medicina y especialidades de terceros países para facilitar la contratación de profesionales y el aumento de las plazas de formación de especialistas en las próximas convocatorias previstas.

Asimismo, ha reclamado aprobar un paquete económico adicional para ayudar a los sectores más afectados, como el comercio, el turismo o la hostelería, algo que, como ha señalado, ya se ha hecho en Castilla y León, lo que ha sumado a un replanteamiento del reparto de los fondos europeos.

«Debe convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, consultar a las comunidades autónomas y reconsiderar el reparto, que es desequilibrado e injusto, especialmente con Castilla y León», ha reclamado.

Por último, el presidente ha insistido en la necesidad de aplicar el IVA reducido a todo tipo de mascarillas homologadas. «Es algo que le pedimos desde el mes de abril, cuando nos sumamos a la petición del presidente de la Xunta en Conferencia de Presidentes», ha recordado.

Son peticiones razonables que ayudarán a mejorar la coordinación, a proteger la salud de las personas y a reducir el impacto en la economía, España es un proyecto común que exige lealtades mutuas. Lealtad que las Comunidades ofrecemos», ha insistido.

En su intervención el presidente de la Junta ha insistido en que Castilla y León no es «competidora ni antagonista» del Gobierno de la nación y ha reseñado que su objetivo es ser «firme colaborador del Gobierno» con el fin de «aunar esfuerzos para que España funcione mejor».

«La respuesta a esta pandemia exige claramente que, desde las responsabilidades y funciones de cada uno, Comunidades y Estado vayan de la mano», ha manifestado Mañueco, a lo que ha añadido que «la gestión autonómica precisa de una dirección unificada nacional en todas las cuestiones esenciales».

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha planteado una consulta ante la Comisión Ética del Gobierno Vasco sobre el caso de las vacunaciones irregulares contra el coronavirus, según ha anunciado este viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien en todo caso ha reafirmado su respaldo a la consejera y ha afirmado que esta continuará en el cargo.

Urkullu se ha referido de esta forma, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a la polémica por la administración irregular de la vacuna contra la covid-19 a varios cargos sanitarios y a personas ajenas a Osakidetza, que han recibido el fármaco al margen del protocolo y del orden de prioridades establecido por el Servicio Vasco de Salud.

El lehendakari ha respondido a varias preguntas de la oposición referidas a este caso, por el que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox han reiterado que Sagardui debe dimitir por lo ocurrido.

En su respuesta a los grupos, Urkullu ha asegurado que Sagardui «ha dicho toda la verdad» sobre lo ocurrido y, en referencia a las peticiones de dimisión, ha explicado que «lamentablemente» está «acostumbrado» a esta actitud por parte de la oposición.

Frente a esas demandas, ha reiterado su «apoyo» a la consejera, sobre la que ha subrayado que ha actuado «con total transparencia». Urkullu ha afirmado que una vez que tuvo conocimiento de las vacunaciones irregulares, Sagardui adoptó medidas «inmediatamente», reclamando a los directores de los hospitales de Santa Marina y Basurto que abandonaran el cargo tras salir a la luz que habían recibido la vacuna.

Además, ha subrayado que la responsable de Salud ha comparecido en dos ocasiones ante el Parlamento Vasco para aportar «toda la información» sobre este caso, y que «de ninguna manera» ocultó el problema. De hecho, ha destacado que Sagardui ha reconocido que en el proceso de vacunación se han producido «algunos fallos», y que ha anunciado algunos cambios organizativos para evitar que se pueda repetir lo acontecido.

El lehendakari ha destacado, por todo ello, que Sagardui «está en condiciones» de seguir en el cargo y que «así lo hará». «La actuación ha sido rápida y contundente; informó al Parlamento con total transparencia; ha dicho la verdad», ha manifestado Urkullu, quien ha expresado su «rechazo» a las «acusaciones falsas» que se están realizando «a sabiendas» en torno a este tema.

En todo caso, ha explicado que Sagardui ha elevado una consulta a la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco, un organismo dedicado a analizar el cumplimiento del Código Ético y de Conducta establecido por el Ejecutivo autonómico para sus cargos.

La consejera, según ha informado el lehendakari, ha informado a la referida comisión sobre «hechos y decisiones» relacionados con las vacunaciones irregulares. En este sentido, Urkullu ha afirmado que «todos los cargos» del Gobierno autonómico «estamos comprometidos con un código ético» cuya evaluación –según ha recordado– corresponde a la Comisión de Ética Pública.

Urkullu ha recordado que en Euskadi se han administrado ya cerca de 50.000 dosis de la vacuna, y que los protocolos «se están cumpliendo», con la excepción de las «dos irregularidades graves» –en referencia a las vacunas administradas a los ya exdirectores de Basurto y Santa Marina– que se han detectado.

El lehendakari, además, ha afirmado que la estrategia de vacunación por la que ha optado el Gobierno Vasco, destinando una parte significativa de las vacunas a mantener una «reserva estratégica» frente a posibles problemas de abastecimiento, se ha revelado como «muy adecuada».

El máximo responsable del Gobierno Vasco ha afirmado que «a quien más daño está ocasionando esta situación es a la propia estructura de Osakidetza y a sus profesionales por el proceder de dos directores con responsabilidad pública». Asimismo, ha señalado que «el factor humano debe ser considerado», y ha reconocido que «no se puede garantizar que no haya errores o comportamientos irregulares».

«No hemos ocultado o negado errores o disfunciones; sabemos que se pueden volver a producir y espero que no sea en el cumplimiento de los protocolos establecidos», ha indicado, antes de señalar que sí puede garantizar que si hay fallos «habrá una reacción rápida y clarificación transparente»; y que si fueran «situaciones graves», como en este caso, habrá una «depuración de responsabilidades y rectificación».

Urkullu ha defendido la «buena labor» de «los profesionales y de los cargos con responsabilidad» en Osakidetza y el Departamento de Salud, y ha insistido en que se trata de «dos irregularidades graves» entre 50.000 vacunaciones, y que «no existe» ninguna crisis en el Departamento de Salud ni en Osakidetza.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha vuelto a denunciar las «medidas verdades», la «falta de transparencia», y las «mentiras» de la consejera, así como el «descontrol» del proceso de vacunaciones. Ubera ha asegurado que los responsables del hospital Santa Marina de Bilbao, en el que se realizó una vacunación masiva a toda la plantilla, incluido el propio director del centro, contaron el «permiso» de los responsables de Osakidetza y del Departamento de Salud para obrar de esa manera.

Por ese motivo, ha denunciado que Sagardui está «inhabilitada» para continuar al frente del Departamento de Salud. «¿Un lehendakari puede proteger a una consejera que ha mentido al Parlamento y a los ciudadanos?», ha preguntado a Urkullu.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha acusado al Gobierno de utilizar los «incidentes callejeros y criminalizar las luchas sindicales» como «cortinas de humo» para «no hablar del escándalo de las vacunas privilegiadas». «En Euskadi se ha vacunado ilegalmente y se han vacunado exconcejales de su partido político y altos cargos médicos», ha asegurado.

Asimismo, ha defendido que su formación no va dejar que se «cierre en falso» este asunto, y ha insistido en que la campaña de vacunación se ha desarrollado con «irregularidad y opacidad» en Euskadi, por lo que ha pedido a Urkullu que suspenda a Sagardui de su cargo, trabaje con la oposición, e investigue lo sucedido. «Yo creo que usted no se ha vacunado, pero nos surgen dudas sobre cuántas personas se han podido vacunar de su partido y sobre si algún miembro de su Gobierno lo habrá hecho», ha afirmado, dirigiéndose al lehendakari.

Desde la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz ha pedido a Urkullu que «no mezcle la buena labor de los profesionales sanitarios con lo que está ocurriendo con las vacunaciones irregulares para relativizar el tema, como hace el PNV». Iturgaiz ha criticado que el lehendakari hable de dos vacunas irregulares, «cuando se trata de decenas» y ha insistido en que Urkullu «debe actuar» porque la consejera «debería ser ya exconsejera».

«Es un momento crucial; la consejera no ha estado a la altura, ha faltado a la verdad; está bajo sospecha e inhabilitada para dirigir la lucha contra la pandemia», ha subrayado. Asimismo, ha acusado a Urkullu de mantener una actitud «negacionista ante este escándalo», y se ha preguntado «dónde está la ejemplaridad del lehendakari y del Gobierno».

Por su parte, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha denunciado que la campaña de vacunación es un «desastre» y que no existe un protocolo «claro» sobre los colectivos a los que se ha de administrar el fármaco en primer lugar. Martínez ha reiterado que la consejera debe dimitir por el «terremoto» que ha supuesto este caso.

Aprovechando la celebración, este sábado, del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGT), la organización Entreculturas ha alertado de que la pandemia del Covid19 está «frenando» los avances que se habían dado hasta ahora para proteger a las niñas de esta práctica.

Según Naciones Unidas, al menos 200 millones de mujeresy niñas en 30 países han sido sometidas a MGF, una cifra «esperanzadora» que supone una reducción de las tasas de niñas entre 15 y 19 años sometidas a mutilación en estos países, pasando de una de cada dos niñas a una de cada tres desde 2000 hasta 2017.

Sin embargo, alerta la ONG, esta tendencia está siendo frenada por la pandemia y podría recalar, según ha advertido también la UNESCO, en décadas de pérdidas para los derechos de las niñas, si no se actúa de manera urgente.

Los motivos de esta situación son, principalmente, la invisibilidad de este problema al estar todas las atenciones puestas en la crisis del Covid-19, además del confinamiento, que ha agudizado la situación de violencia, exclusión y vulnerabilidad de miles de niñas y mujeres.

‘LUZ DE LAS NIÑAS’

La pandemia, también ha supuesto las interrupciones en los programas de prevención que, según Entreculturas, podría tener como consecuencia 13 millones de matrimonios forzados adicionales en los próximos diez años, 20 millones de niñas sin escuela o 2 millones de mutilaciones adicionales que podrían ser evitadas.

La organización tiene en marcha el programa ‘La Luz de las Niñas’, junto a sus organizaciones socias el Servicio Jesuita a Refugiados y Fe y Alegría. Según ha explicado la responsable técnicoCooperación, Ciudadanía y Campaña Luz de las Niñas, Isabel Menchero, esta iniciativa está presente «en diferentes países sensibilizando a la comunidad, a través de la educación, para cambiar actitudes y creencias que generan violencia contra las niñas y mujeres y concienciar sobre las graves consecuencias de estas prácticas dañinas».

Este programa, explica la entidad, ha atendido ya a más de 48.000 niñas, con nombre y apellidos, con las que Entreculturas lleva trabajando ya 5 años en 17 países de América Latina y África como Chad, Congo, República Centroafricana, Honduras, Haití o Guatemala y en contextos de extrema exclusión, comunidades indígenas, periferias urbanas, campos de personas refugiadas.

«Pienso que la mutilación genital femenina es una forma de tortura, pues se hace contra la voluntad de las niñas y les causa gran daño. La educación es importante en la lucha contra la mutilación genital femenina porque permite a las niñas conocer sus derechos, sus responsabilidades y su importancia en la sociedad», ha señalado Erbye Deepe, monitora comunitaria de Fe y Alegría Chad en Mongo, capital de la región.

FORMACIÓN

Tal y como señala la ONG, gracias al programa, hasta el 2019, la escolarización de las niñas en Guéra ha aumentado aproximadamente en un 3%-4% cada año y se ha logrado reducir el abandono escolar. Los espacios de formación en salud sexual e higiene menstrual, además de capacitar a niñas y mujeres, han permitido que se hable de temas como la pubertad, la menstruación o la mutilación genital femenina, algo que hasta ahora era completamente tabú.

Desde Entreculturas, quieren expresar, además, su preocupación y reivindicar la necesaria erradicación de este tipo de tortura. Preocupación, señala, que comparten también a través de la coalición ‘NO Quiero’, de la que forman parte la entidad junto con Amnistía Internacional, Save the Children y Mundo Cooperante con el objetivo de que las niñas puedan crecer libres de violencia.

La restauración y el comercio de Cataluña han pedido al Govern que salga de las elecciones medidas urgentes para que los negocios puedan «sobrevivir», así como ayudas económicas directas, y que relaje las restricciones estipuladas para contener los brotes de coronavirus.

En una entrevista, el director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, ha afirmado que el Govern debe «afrontar de manera decidida la ruina económica que ha comportado el Covid-19» porque los restauradores solo han trabajado con una mínima normalidad durante junio desde el inicio de la pandemia, afirma.

«El Govern debe ser adulto y asumir que la crisis económica está a la altura de la sanitaria», por lo que pide un plan de estabilización de la restauración, y ha advertido textualmente de que cerrar restaurantes no es excesivamente eficiente para frenar los contagios.

Ha acusado al actual Ejecutivo de desatender la crisis económica durante la lucha contra la pandemia, lo cual «está abocando a la pobreza colectiva», y ha defendido que la solución pasa por inyectar dinero de forma directa a los negocios, y crear un plan ambicioso en que participen también el Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona.

«PELIGRO INMINENTE»

El presidente de Comertia, David Sánchez, ha declarado que el nuevo Govern debe tener una «percepción objetiva del peligro inminente para miles de compañías» si no se toman medidas tales como dar compensaciones directas o reducir impuestos proporcionalmente a la caída de las ventas, o incluso eliminarlos transitoriamente.

Ha recordado que la Generalitat «tiene capacidad para endeudarse» y ha defendido que debe presionar al Gobierno central para que también utilice los fondos europeos para dar ayudas directas a los sectores afectados, así como alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sí está satisfecho con el Govern por la normativa sobre pago de los alquileres en el contexto actual, lo que les protege si no se llegue a un acuerdo con el propietario del local, pero cree que entra en contradicción con la del Gobierno central, que «hace muchas excepciones, de tal forma que, en la práctica, nadie se puede beneficiar».

UN GOVERN QUE SE ENDEUDE

En declaraciones, el presidente de RetailCat, Joan Carles Calbet, ha animado al próximo Govern a escuchar a los sectores al tomar decisiones para gestionar la pandemia, y a que ayude directamente a los más afectados; «si conviene, endeudándose como nunca antes había hecho».

También ha pedido la reducción de impuestos, tiene las esperanzas puestas en los fondos de recuperación de la UE; y ha defendido «agilizar» el programa de vacunación contra el Covid-19 para superar la pandemia cuanto antes.

Ha reclamado programas de digitalización masivos, más control y regulación de los canales de venta, sobre todo de las plataformas que comercializan por Internet y que tienen la sede fiscal fuera del país, porque «hacen una competencia totalmente desleal».

«SEGUIR AL PIE DEL CAÑÓN»

El secretario general de Agrupament de Botiguers i Comerciants de Cataluña, Emiliano Maroto, espera del nuevo Ejecutivo «unas medidas justas, que inviten a los comerciantes a seguir al pie del cañón» y que no comporten cierres.

«Está demostrado que no somos uno de los sectores más peligrosos, que nos están criminalizando», y ha calificado de ridículas las ayudas y subvenciones que reciben los negocios.

Para Maroto, es necesario «sentarse con representantes reales», que tengan conocimientos del sector, y llegar a acuerdos, porque, de otra forma, será difícil que los negocios más afectados sobrevivan dos o tres meses más.