El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado, con 12 votos a favor (PP, Cs y Vox), 12 abstenciones (PSOE) y el voto en contra de Unidas Podemos, la moción presentada por la formación naranja para instar al Gobierno de España a que no conceda el indulto a los condenados por el juicio del ‘procés’.

Una moción que ha defendido la portavoz de Cs, Olga Villanueva, y que recoge también, instar al Gobierno a «defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley» y por ello, «no conceder indultos a los políticos del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de los fondos públicos, que además, no han dado muestras de arrepentimiento».

Casi una hora de debate con una moción en la que la portavoz de Cs ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez «no puede premiar a los que incumplen la ley, ni darles un cheque en blanco», apoyando esta propuesta tanto el PP como Vox.

«Esto no es cuestión de colores», ha dicho el portavoz de Vox, Iván Sánchez, mientras que desde las filas del PP, el diputado Jesús Herranz, aludiendo a las bienaventuranzas, ha tachado de «cobardía» la actitud de quienes «están dispuestos a vender España para seguir haciendo equilibros en la cuerda floja», ha dicho en alusión al actual Gobierno.

Por contra, para el portavoz de Unidas Podemos, Daniel Touset, la única vía para solucionar un problema político es usar las herramientas que permita la política y en este sentido se ha mostrado a favor de que estos indultos pueden favorecer una situación de la «relajación» en Cataluña y en el resto de España.

De su lado, el portavoz del grupo socialista, Rubén García ha justificado su abstención a la moción de Cs tras señalar que si el Gobierno concede finalmente los indultos será «buscando lo mejor para España». «La concordia tiene que ser la guía para tomar esta decisión», ha refrendado.

CONSEJO DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES

Por otro lado, el pleno ha acordado por unanimidad la designación del presidente de la Institución, José Luis Vega, y de la vicepresidenta tercera, Susana Alcalde, como suplente, en este órgano creado por el Gobierno regional para el fomento de la inversión, el empleo y la mejora de la productividad empresarial.

El pleno ha designado a Vega como representante titular de la Institución Provincial en el pleno del Consejo de Captación de Inversión Extranjera de Castilla-La Mancha y a Alcalde como suplente.

El Consejo de Captación de Inversión Extranjera es un órgano colegiado, creado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del plan de medidas extraordinarias para la recuperación económica de la región con motivo de la crisis del COVID-19.

El objetivo fundamental del Consejo es fomentar la inversión empresarial en la región para reducir el impacto económico de la crisis del COVID-19. Las funciones a desarrollar son la cooperación en el desarrollo de acciones de captación de inversión extranjera, efectuar propuestas sobre normativa o directrices de actuación, recibir información sobre planes, programas y medidas relacionadas con la captación de inversión extranjera y evaluar los programas de captación.

Además, en este pleno se ha aprobado el arreglo del camino que une San Andrés del Congosto con Membrillera, «dando respuesta a una demandada histórica en esta zona», ha apuntado la portavoz de Cs en la institución provincial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso de apelación del condenado a 22 años y medio tras ser declarado culpable por un jurado del asesinato de su compañera sentimental, en agosto de 2018 en Dúrcal, en la comarca de El Valle de Lecrín, clavándole un cuchillo «al menos hasta en cuatro ocasiones», de tal modo que ha rebajado esta pena en dos años, quedándose en 20 años y medio.

La sentencia, mantiene el resto de pronunciamientos de la condena impuesta, y contra ella cabe recurso ante el Supremo. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada contempló la agravante mixta de parentesco en la condena a este varón marroquí con permiso de residencia comunitaria, que mantenía una relación con la víctima, que estaba a punto de cumplir 21 años cuando falleció, desde 2013, y convivía con ella en Dúrcal desde que ella fue mayor de edad, habiendo tenido un niño, inscrito solo como hijo de la madre.

Asimismo, lo inhabilitó para ejercer la patria potestad y habrá de cumplir orden de alejamiento de al menos 500 metros y de prohibición de comunicación por 30 años al niño, señalaba la sentencia de la Audiencia.

Los miembros del jurado consideraron probado que el condenado conducía un vehículo sobre las 00,00 horas de ese día por los alrededores de Dúrcal, con su pareja en el asiento de copiloto, y que, en un momento dado, «con el evidente propósito de causarle la muerte a su pareja, esgrimió un cuchillo con un filo de 13,5 centímetros de largo y 2,9 centímetros en su parte más ancha, y se lo clavó» a ella «al menos hasta en cuatro ocasiones».

La víctima «no pudo en forma alguna defenderse por lo repentino e inesperado de la acción», al encontrarse dentro del coche, y «eliminando la forma de proceder del acusado toda posibilidad de reacción» por su parte. Una de las heridas le perforó el pulmón izquierdo, «provocando pérdida masiva de sangre hacia cavidad torácica izquierda y hacia el exterior del cuerpo», y, como consecuencia, su muerte.

Fue sobre las 0,30 horas cuando el condenado llegó con ella en el vehículo al centro de salud de Dúrcal, «tocando el claxon», y «gritó» al médico y celador de guardia «cúrala». «A preguntas del facultativo sobre el origen de las lesiones», habría esbozado la palabra «puñalada» para marcharse luego corriendo.

Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que «ya había fallecido», detalló en su momento la fiscal, que pidió también, una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad del menor, así como la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros, así como de comunicarse con el mismo, durante 30 años. La defensa interesaba la libre absolución o, alternativamente, una condena por homicidio imprudente, según las fuentes del caso.

En la declaración con que dio comienzo el lunes 8 de marzo el juicio, el procesado mantuvo que ella habría caído encima de la navaja que portaba en el transcurso de una discusión dentro del coche que él conducía en torno a las 00,00 horas de aquel 14 de agosto de 2018.

Negó, asistido por un traductor, desavenencias en la pareja hasta que, unas dos semanas antes de los hechos, ella «empezó a tomar drogas», por lo que empezaron a hacerse frecuentes las discusiones y los «gritos» de ella. Asimismo, pidió, en el inicio de su declaración, «perdón» a la familia y manifestó su «dolor» por lo sucedido.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Vox del trato de la izquierda y le ha tendido la mano para buscar acuerdos a lo largo de la legislatura.

Así lo ha expresado al tomar la palabra en la segunda sesión del Pleno de investidura, que se celebra en la Asamblea de Madrid, después del rifirrafe vivido en la Cámara regional al acusar la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, al diputado de Podemos Serigne Mbayé de entrar de forma «ilegal» en España y recibir los abucheos de la bancada de la izquierda.

Ayuso ha comenzado su intervención agradeciendo que Vox vaya a prestar sus votos para que su gobierno pueda salir adelante. «Por supuesto recojo su mano tendida a la colaboración, que seguro que tendremos a lo largo de toda la legislatura. Claro que diferimos en muchas cuestiones pero estoy convencida de que esto no va a ser ningún obstáculo para buscar propuestas comunes y, además, propuestas más allá del debate porque nosotros no somos como los de Ciudadanos, nosotros no somos de ahora me has dado los votos y si te he visto no me acuerdo», ha declarado.

La dirigente madrileña quiere que «más allá de los votos» se busquen «espacios comunes». En este punto, ha indicado que le gustaría que también sucediese con otros grupos de la Cámara regional pero ha indicado que es «absolutamente imposible a tenor de sus declaraciones y de lo que han ido manifestando durante estos meses».

A su parecer, quienes son verdaderamente «radicales y sectarios» en el Parlamento son «los partidos políticos de la izquierda». «No hay más que ver el trato que le han dado señora Monasterio. Quiero decirle que a mí me ha abochornado que tengan que tratar a su partido político y a su grupo parlamentario de esa manera. Tengo que recordar que si esos escaños están ahí es porque los ciudadanos de Madrid les han dado sus votos en las urnas», ha defendido.

En este punto, ha trasladado que no hablará de EH Bildu para justificar la presencia de Vox porque considera que «no tienen absolutamente nada que ver» y están «en panoramas absolutamente distintos». «Bildu es el brazo político de ETA, herederos de ETA, que están con ustedes en las instituciones gobernando: gente que ha matado, gente que ha secuestrado, que ha extorsionado y que nada tiene que ver con el partido político de Vox. Podría hablar para equipararlo pero no se me ocurre nada parecido», ha dicho.

Eso sí, ha hecho hincapié en que no en todas las cuestiones están de acuerdo con Vox. Una de las diferencias que ha apuntado es que ella sí cree en que «hay que buscar soluciones para acabar con el acoso por muchos motivos, y también por una cuestión de identidad o de orientación sexual» aunque a su vez apuesta por «proteger a la familia». «Creo es una comunidad en la que todo cabe», ha dicho.

En lo que sí está de acuerdo, tal y como ha explicado, es en poner de manifiesto que existe un problema de «17 sistemas educativos y muy especialmente en pruebas como la EvAU». Así, ha censurado que haya diferentes evaluaciones y diferentes oportunidades también para los de Madrid. Así, se ha mostrado consciente de que muchos alumnos de la región encuentran dificultades para encontrar plazas en las universidades madrileñas por este motivo.

Eso sí, Ayuso ha defendido que sí cree en el Estado autonómico porque «de no haber existido hubiera gestionado la pandemia el Gobierno de España». A su juicio, «un proyecto nacional no exime del respeto a la pluralidad autonómica que tiene España».

Mientras que, en materia de seguridad, ha recordado que no tiene competencias para tomar las medidas que quiere Vox pero ha apuntado que «las cifras no son negativas»: la criminalidad ha bajado un 13% en la Comunidad en el primer trimestre de 2021 y Madrid es una de las más seguras capitales.

Además, Ayuso ha apuntado que difiere del partido de Monasterio en las cifras de delincuencia. «El 74,6% de los condenados en 2019 eran españoles y el 25,4% extranjeros. Entre menores esta cifra aún aumenta más: el 79,71% de los delitos fueron cometidos por jóvenes españoles frente al 20,29% de los extranjeros», ha desgranado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación no ve relevante que miembros de Podemos hayan acudido a una manifestación en favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui este viernes en Madrid, según fuentes diplomáticas que han recordado que compete al departamento que dirige Arancha González Laya fijar la hoja de ruta en política internacional.

«La agenda se fija aquí», han asegurado las fuentes, poco después de que confluyeran una serie de marchas en la Puerta del Sol y de que a dicho evento acudiesen miembros de Podemos, en concreto una delegación encabezada por la responsable de política exterior de la formación, Idoia Villanueva, y el diputado Antón Gómez-Reino.

El Ministerio ha restado importancia a esta asistencia, por entender que Podemos es «un partido político independiente» y que la posición del Gobierno español sigue siendo igual de «clara y consistente» que en las últimas décadas, tal como viene comunicando «en público y en privado».

En este sentido, fuentes diplomáticas han recordado que es Exteriores el que fija la agenda en materia de política exterior en connivencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por tanto no han considerado que la marcha pueda tener «relevancia» a la hora de mover posiciones oficiales.

SIN INVITACIÓN AL EMBAJADOR

La manifestación ha tenido lugar con la crisis política con Marruecos aún abierta y en la misma semana en que el embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, se ha quedado fuera de un encuentro convocado en el Ministerio de Exteriores marroquí para presentar directrices en materia de desarrollo del reino alauí.

La reunión tuvo lugar el martes y, en ella, el presidente de la Comisión Especial sobre el Modelo de Desarrollo (CSMD), Chakib Benmoussa, presentó las conclusiones del informe sobre el Nuevo Modelo de Desarrollo ante representantes del cuerpo diplomático.

Dicho informe deriva de una directriz del rey Mohamed VI de 2017 y, según Benmoussa, refleja «un diagnóstico franco y lúcido sobre los logros, las insuficiencias y la manera de poder fijar el rumbo para el Marruecos del mañana», informa la agencia de noticias oficial MAP.

Sin embargo, entre los asistentes a dicha presentación no estuvo el embajador español, por motivos sobre los que el Gobierno español prefiere no especular. «Nuestra Embajada en Rabat no recibió invitación a este evento», han aclarado las fuentes consultadas, que de esta forma han descartado cualquier tipo de «comunicación formal» en uno u otro sentido.

A Exteriores, sin embargo, no le consta oficialmente que exista una «congelación» de las relaciones entre las autoridades de Marruecos y la Embajada de España, como sí reconoció públicamente Rabat en el caso de la Embajada de Alemania, país con el que el reino alauí también tiene abierta una crisis política. La legación diplomática alemana incluso admitió esta semana tener problemas para brindar asistencia consular.

Sobre las conversaciones que puede haber entre Madrid y Rabat para resolver el actual pulso político, por ahora la parte española se limita a apelar a la discreción, si bien sí reconoce contactos «a distintos niveles», sin entrar en más detalles.

La relación con Marruecos figuraría también en los contactos abiertos con Estados Unidos –«forma parte de las conversaciones que tenemos»–, al igual que otros «muchos otros» temas. En este sentido, desde Exteriores han insistido en que la relación con Washington es «muy fluida» y que corresponde a la Administración de Joe Biden «rendir cuentas» de su política exterior.

Los presos de ETA en primer grado en las cárceles de los Estados español y francés se han reducido de 78 a seis en el último medio año, mientras que 157 están en segundo grado, frente a los 100 del primer mes de 2021, según ha dado a conocer este viernes el Observatorio Behatokia.

El abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y la representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, han presentado este viernes el tercer número de la publicación semestral del ‘Observatorio de la política penitenciaria’.

Asla ha apuntado que los datos señalan que solo quedan seis reclusos en primer grado, «el más duro», y de ellas, tres están con aplicación del artículo 100.2, que «lo suaviza». En enero, según ha recordado, eran 78 las personas en primer grado, de ellas 34 con artículo 100.2.

Además, ha indicado que, en la actualidad, «la mayoría de este colectivo, 157 personas, está en segundo grado, de ellas cinco con el artículo 100.2», mientras que «en enero eran 100, y tres con el artículo 100.2».

El letrado ha explicado que «la modificación más pequeña está en el tercer grado, ya que si en enero eran 11 las personas así clasificadas (5 de ellas en prisión atenuada), hoy son 13 (8 de ellas en prisión atenuada)».

Actualmente, según el estudio, son 210 los presos que se identifican con los planteamientos de EPPK: 30 mujeres y 180 hombres. De estos, 57 se encuentran en las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 128 en otras prisiones del Estado español y 25 en las del Estado francés.

En porcentajes, ha indicado Alsa, estas cifras indican que «el 13% de este colectivo está ahora en el ‘kilómetro 0’, cerca de sus familiares y entorno social», que el 61% se encuentra en prisiones situadas entre 150 y 400 kilómetros de Euskadi y Navarra, y que «el 7% continúa en cárceles entre 400 y 600 kimómetros, y el 1% a más de 600 kilometros. Así, ha dicho que se está cerca de que «cierre la primera fase de este proceso de cambio, con los traslados y acercamientos».

«Podemos constatar, por tanto, que el cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo. Eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar», ha manifestado.

Sin embargo, se ha referido a las «dificultades» que plantea «la legislación excepcional para la progresión de grado o la libertad condicional, yendo más allá de la legislación ordinaria». «Ahí está también la no acumulación de condenas cumplidas en otros estados, con todo lo que supone. Son 50 las personas afectadas por esta norma en el Estado español y son 60 las condenadas con la ley 7/2003», ha precisado.

Por otro lado, ha destacado la actitud de «las personas presas del EPPK» que, según ha dicho, están «desarrollando el camino que el colectivo abrió en 2017, es decir, dar los pasos que plantea la legislación penitenciaria ordinaria para la progresión de grado, pese a las dificultades que ponen algunas Juntas de Tratamiento y la Audiencia Nacional».

Estas personas, ha indicado, «han presentado escritos individuales reflexionando sobre su trayectoria, reconociendo el daño causado y empatía con las víctimas». «Sabemos que el camino no va a ser fácil, pero tenemos la seguridad de que los pasos dados no caen en el vacío», ha afirmado.

UN AÑO DEL REINICIO DE LOS TRASLADOS

Por su parte, Teresa Toda ha recordado que este sábado, 19 de junio, se cumplirá «un año exacto desde que se reiniciaron los traslados efectivos de los anuncios realizados durante los meses de pandemia de abril y mayo», y ha constatado «el cambio que en política penitenciaria ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de los traslados el aspecto más visible».

Tras destacar que ya no hay presos de ETA ni en Levante ni en Galicia, solo tres en Andalucía y ninguna en aislamiento, ha indicado que «la inmensa mayoría está en prisiones limítrofes con la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra».

No obstante, ha advertido que aún quedan por resolver puntos de la «Agenda Urgente de Resolución» que planteó el Foro Social en septiembre 2018, entre ellos, «la cuestión de la acumulación de penas, que sigue pendiente y afecta gravemente a más de medio centenar de personas».

Toda ha dicho que es «indudable que se va avanzando, que en este terreno, las cosas no están como estaban hace tres años», y ha añadido que, «pese a la existencia de un ‘lobby’ bastante poderoso contrario al cambio, se está a punto de completar una primera fase», aunque ha insistido en que «no todo está hecho» y «ciertos pasos aún se quedan cortos».

La representante del Foro Social Permanente ha considerado que se van «asentando» tres aspectos necesarios para abordar la cuestión penitenciaria, como son «la voluntad manifiesta del Gobierno español para superar la anterior fase de excepcionalidad penitenciaria, la implicación clara de las personas presas afectadas, dando pasos importantes que aportan a esa perspectiva, y la voluntad de los gobiernos vasco y navarro, así como de las organizaciones de la sociedad civil implicadas, para aportar a los procesos de reintegración».

En ese sentido, Toda ha considerado «positivo» el anuncio por parte del Gobierno Vasco, tras recibir la transferencia de la gestión de prisiones, de una forma de gestión de las competencias penitenciaras «más humana y abierta, dentro de la normativa vigente».

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de que «los itinerarios de reintegración cuenten con garantías suficientes para que quienes los inicien los puedan completar sin tropezar con trabas imprevistas, cuestiones que no están e la legislación ordinaria, la que debería aplicarse con normalidad a estas personas presas».

ONG humanitarias han reclamado a los responsables políticos, coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado que se celebra este domingo 20 de junio, que protejan el derecho al asilo de las personas migrantes y, especialmente, el de los menores.

Cáritas Europa ha mostrado su preocupación por una situación en la que, a su juicio, el asilo «está amenazado», con el cierre «cada vez mayor» del acceso a los territorios o con la práctica de «rechazos ilegales y de manera violenta» en las fronteras a personas que, advierten, «buscan protección y una vida mejor en Europa.

«Todas las fronteras exteriores de la UE están siendo escenario de vulneraciones de derechos humanos», denuncia la ONG, que ha denunciado prácticas violentas hacia los migrantes, como desnudarlos, abandonarlos en bosques, darles palizas o practicarles torturas, propiciar el ataque de los perros o destruir sus pertenencias, entre otras muchas que se han recogido del testimonio de sus protagonistas.

«Como subraya acertadamente el Papa Francisco, la globalización de la indiferencia debe cesar y los países europeos deben respetar los derechos y la dignidad de las personas en movilidad», ha señalado la secretaria general de Cáritas Europa, Maria Nyman. A su juicio, las «acciones concretas tienen que reemplazar las meras intenciones para poner fin a los rechazos y la violencia, y respetar y defender la Convención sobre los Refugiados, así como los valores en los que se basa la UE».

En este sentido, la ONG recuerda que la migración «puede contribuir positivamente al desarrollo socioeconómico» del continente, al «reto demográfico y al enriquecimiento» de las comunidades. Por eso, pide a los gobiernos que «repiensen su indiferencia» hacia este tema y pongan en marcha medidas que «protejan, promuevan, acojan e integren a las personas en situación de movilidad».

LA VIOLENCIA DEL HAMBRE

También Acción Contra el Hambre ha denunciado la situación de estas personas y, especialmente, sobre «la violencia que genera el hambre y mitigar los efectos de los conflictos a través de la seguridad alimentaria».

El director de Relaciones Institucionales de Incidencia de la entidad, Manuel Sánchez-Montero, ha explicado que, la correlación entre violencia y hambre supone que, en la actualidad, haya más de 26 millones de personas refugiadas en el mundo, y que tres de cada cuatro estén atrapadas en situaciones de desplazamiento prolongado, dependiendo de la ayuda humanitaria para alimentarse y tener las condiciones mínimas de saneamiento.

«Cuando esta situación se alarga en el tiempo, a menudo se generan tensiones con la población de acogida. Además, en numerosas ocasiones, las partes en conflicto utilizan los cultivos como táctica militar, aplicando una política de ‘tierra quemada’ o practicando el robo de ganado», ha advertido la ONG.

A ello se une la destrucción de las vías de comunicación, uno de los primeros objetivos militares en una guerra, lo que interrumpe el abastecimiento de poblaciones enteras. Los campesinos tampoco pueden sacar sus productos a la venta en entornos amenazados por la violencia. Por todo ello, es habitual que las guerras disparen también la inflación, rompiendo los mercados nacionales», explica Sánchez-Montero.

Ante esta situación, Acción contra el Hambre llama a promover la seguridad alimentaria como factor que contribuye a la estabilidad y construcción de paz.

En el caso de Accem, argumentan que hacer efectivas las vías seguras reduciría sensiblemente el sufrimiento asociado a la dureza y la peligrosidad de las rutas migratorias, que se cobran cada año miles de muertes y desapariciones por lo que piden que las vías legales y seguras sean una realidad ya que, como señalan, la ruta migratoria atlántica hacia las Islas Canarias y la ruta del Mediterráneo Central, ambas desde las costas de África, fueron las que provocaron más personas muertas y desaparecidas en 2020.

Junto a la habilitación urgente de vías seguras, ven necesario reforzar el acceso al procedimiento de asilo para asegurar la posibilidad de solicitar protección internacional a las personas que llegan a las mismas puertas de Europa.

En su opinión, este acceso al procedimiento debe producirse con todas las garantías de un asesoramiento jurídico personalizado con la asistencia de un servicio de traducción e interpretación y deben disponerse los medios necesarios que permitan la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades en los flujos migratorios, situaciones que deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos.

PETICIONES ESPECÍFICAS PARA MENORES

Otro de los puntos que más preocupan a las organizaciones es la de los menores. En este caso, Save the Children ha pedido a las autoridades que dediquen más recursos para que exista personal capaz de aplicar un enfoque de infancia en la atención a personas recién llegadas al país.

«Con ello se podrá identificar las necesidades de protección internacional de la infancia susceptible de recibir asilo», han señalado.

La organización pide además que haya un equipo de profesionales especializados que acompañe a los niños y las niñas durante todo el procedimiento y que se incluyan servicios que los ayuden a superar las vivencias que han condicionado su desarrollo personal y su bienestar psicosocial.

Del mismo modo, Save the Children reclama que los niños y las niñas que llegan a Ceuta, Melilla o Canarias con sus familias puedan acceder al sistema de acogida peninsular en igualdad de condiciones y con la mayor brevedad posible.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha pedido coordinación y unidad, especialmente entre los países de la Eurozona, para lograr una «recuperación exitosa» de la crisis provocada por la pandemia, y además ha llamado a fortalecer las instituciones europeas e incrementar la confianza mutua entre países.

Lo ha dicho este viernes en Barcelona tras recibir el I Premio Círculo de Economía a la construcción europea que se le ha otorgado en la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía y que ha recibido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la entidad, Javier Faus.

Draghi ha subrayado que los ciudadanos europeos deben mantenerse unidos «para combatir los retos» a los que se enfrentan, como el cambio climático y las desigualdades, entre otros.

También ha defendido que una política fiscal expansiva es «esencial» para preservar el crecimiento, ya que eso permitirá reducir la carga de la deuda, tanto pública como privada, y que habrá que asegurar a los inversores que se volverá a la prudencia fiscal cuando la recuperación sea autosostenida.

«Es por eso que nuestro énfasis ahora está en el gasto fiscal no recurrente y por qué debemos concentrarlo cada vez más donde los efectos sobre el crecimiento son mayores. Un ancla a largo plazo ayudará a mantener bajas las tasas de interés y permitirá a los gobiernos continuar impulsando la inversión«, ha afirmado.

SOBRE DEMOCRACIA Y POPULISMO

Draghi ha pedido asegurar que la recuperación sea equitativa y sostenible, porque considera que en el pasado reciente se ha olvidado la importancia de la cohesión social: «Dimos por sentada la democracia e ignoramos el riesgo del populismo».

Draghi ha añadido que las sociedades pasan por significantes cambios y hay que «acompañar a los trabajadores con políticas activas de empleo, lo que para él significa la apertura de nuevas oportunidades para las mujeres y los jóvenes, y reentrenar y volver a dotar de habilidades a todos los que han perdido sus trabajos.

«Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que durante este repunte prestamos una mayor atención al clima. No podemos dejar esta crisis de salud solo para caminar sonámbulos hacia una crisis ambiental», ha añadido.

INFLACIÓN

En cuanto a la inflación, ha explicado que los países deben «permanecer vigilantes» ante la posibilidad de que se incremente en el futuro, ya que hasta el momento no ha aumentado en exceso, exceptuando la energía y otros productos con precios volátiles.

En este sentido, ha asegurado que el comportamiento de las autoridades monetarias «es especialmente relevante» debido a los altos niveles de deuda que se han alcanzado en todo el mundo.

Entre los asistentes al acto han estado los ministros italianos de Exteriores, Luigi de Maio; para la Innovación Tecnológica y la Transición Digital, Vittorio Colao, y para la Transición ecológica, Roberto Cingolai, además del directivo del Círculo de Economía José Manuel González-Páramo y la fundadora de Nina Capital, Marta Gaia-Zanchi.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

La nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha emplazado a la organización a redoblar su presencia en la sociedad civil como condición necesaria para que el partido crezca, puesto que para cumplir el objetivo primordial de ser la fuerza política que lidere el Ejecutivo, «no basta con estar en el Gobierno».

También ha destacado que el «gran reto» de Podemos, como organización política, son las próximas elecciones autonómicas y municipales y, por ello, ha emplazado a los miembros de la formación morada a «poner a punto la organización» para que, con «mirada larga», construir las «mejores candidaturas posibles» con las fuerzas aliadas de cara a vencer en dichos comicios.

Para ello, ha exhortado a robustecer la alianza con IU y el resto de fuerzas territoriales «hermanas» para que dicha «alianza estratégica» se reproduzcan también en cada localidad de España. Y es que ha subrayado que «Unidas Podemos tiene que ser mucho más fuerte».

Así se ha expresado durante su intervención en el primer Consejo Ciudadano estatal tras su proclamación como nueva líder del partido, relevando en el cargo a Pablo Iglesias, durante la cuarta Asamblea Ciudadana, en la que ha desgranado las principales directrices que marcarán la nueva etapa del partido.

PODEMOS CRECERÁ SI ESTÁ AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO POPULAR

En este sentido, ha ahondado en que la fuerza de Podemos para conseguir ser la primera fuerza progresista no basta solo con la labor institucional, dado que Podemos crecerá si es una «herramienta» al servicio del «movimiento popular».

«Nuestro objetivo es ser la fuerza que lidere el gobierno. Para ello no basta con estar en el Gobierno. Es imprescindible estar en muchos más sitios: en los movimientos sociales, en los conflictos laborales (…) tejiendo alianzas con otras fuerzas y movimientos a nivel internacional, ha destacado para aseverar que cada militante de la formación morada debe ser también un «activista social. Unas referencias que se enmarcan en el planteamiento de transitar hacia un ‘partido movimiento’.

VOLCAR TODA SU FUERZA EN CUMPLIR «CADA LETRA DEL ACUERDO DE GOBIERNO»

Para este ciclo, la también ministra de Derechos Sociales ha pedido a los cuadros del partido ser «humildes» y «conscientes» de lo que «sí pueden cambiar desde las instituciones y el Gobierno, y de lo que todavía no».

De esta forma y para lograr «el Podemos más fuerte posible» y seguir «empujando los cambios» que necesita el país, Belarra ha recetado que hay que «trabajar desde todos los lugares». «Porque hay muchas cosas que en nuestro país sólo van a cambiar si Podemos lidera el Gobierno y tenemos una sociedad civil fuerte y organizada», ha detallado.

Por tanto, ha reclamado «redoblar los esfuerzos para llegar mucho más lejos», lo que implica por un lado seguir empleando toda su fuerza para «hacer cumplir cada letra del acuerdo de gobierno», con «todas y cada una de las medidas» que se comprometieron a poner en marcha.

De esta forma, ha apremiado a conseguir la derogación de la reforma laboral y la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’, además de implementar «medidas ambiciosas de justicia fiscal», que ahora ya comparten incluso el presidente estadounidense Joe Biden o el G7. Con ello, hacía alusión al acuerdo para aplicar un tipo mínimo del 15% a las multinacionales.

Por tanto, ha apremiado a seguir demostrando que frente a una derecha «absolutamente carente de rumbo», que solo «agita el odio entre los pueblos de España, la «política de verdad» se va a seguir haciendo en el Consejo de Ministros, muchas de ellas a propuesta de Unidas Podemos.

«No vamos a renunciar a ninguna de las medidas firmadas con el PSOE y de ninguno de los objetivos políticos», ha apuntando en referencia concreta a metas de la formación morada como la redistribución justa de la riqueza, avanzar hacia una República plurinacional y una democracia «mejor».

TRABAJAR DESDE YA EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

Pero por otro lado deben encarar otro «gran reto» no ya como socio en el Gobierno de coalición o como grupo parlamentario, sino como partido y no es otro que las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023.

Al respecto, ha pedido a los miembros del Consejo Ciudadano Estatal, a los círculos, a la militancia y al conjunto de los inscritos de Podemos que se pongan a «trabajar desde ya, con mirada larga, para poner la organización a punto para afrontar ese proceso electoral».

Crecer en cada ciudad y en cada pueblo, seguir enraizándonos y sumando gente en los territorios, seguir caminando de la mano de los movimientos sociales y los sindicatos, construir candidaturas lo más fuertes posible para salir con todo en 2023 y conseguir tener más fuerza en los ayuntamientos y las comunidades autónomas de nuestro país», ha emplazado Belarra durante su intervención.

IGLESIAS HIZO EL ACTO DE «HUMILDAD MÁS PROFUNDO»

También ha tenido un recuerdo para el exsecretario general, al asegurar que Iglesias hizo el «acto de humildad más profundo que se ha visto en la historia política reciente», dado que nunca antes un vicepresidente dejó su cargo para pasar a ser candidato de Unidas Podemos en las pasadas elecciones madrileñas, para enfrentar a «la derecha y ultraderecha».

En esta línea, ha loado que «un líder sin el que Podemos no se entendería como fuerza política» dio un paso a un lado al entender que hacían falta nuevos liderazgos, por lo que Belarra ha destacado que todos los miembros del partido deben fijarse en ese «profundo compromiso» de Iglesias por el partido.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado este viernes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a partir del 26 de junio ya no será obligatorio llevar mascarilla en los espacios al aire libre, pero ha criticado que dos días antes el PSOE votara en contra de la medida planteada por Cs en el Senado.

«Llevábamos semanas pidiéndolo y ayer mismo el PSOE votó en contra de nuestra propuesta para eliminar la mascarilla obligatoria en exteriores. Celebramos que el Gobierno de Sánchez rectifique y aplique por fin la evidencia científica y el sentido común en este sentido», ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

También la diputada María Muñoz, portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo haya esperado a este viernes para hacer el anuncio. «¿Por qué votar a favor de una propuesta de la oposición cuando puedes hacerla tuya, generar expectación, protagonizar titulares y montar un Consejo de Ministros extraordinario con más expectación aún a costa de los españoles? Así funcionan los Gobiernos, queridos míos», ha indicado.

IGEA CREE QUE SÁNCHEZ FALTA EL RESPETO A LAS CCAA

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, cree que, en la práctica, la cogobernanza del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con las comunidades autónomas «es solo para las malas noticias».

«La falta de respeto al Interterritorial y a los responsables de salud publica es inaudita. Una vez más, el presidente aparece solo para las buenas noticias. Sonrojo y vergüenza es poco», ha afirmado en Twitter, refiriéndose al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades deben consensuar las medidas.

La formación naranja lamenta que este miércoles, en la Comisión de Trabajo del Senado, el PSOE, Unidas Podemos, el PP y Más País rechazaran su propuesta para modificar el proyecto de ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente al Covid-19 con el fin de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla cuando se está al aire libre.

El vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, señaló el jueves que «España es uno de los pocos países de Europa donde aún es obligatoria la mascarilla al aire libre» y que «debería dejar de serlo si se garantiza la distancia de seguridad» porque así está avalado por «la evidencia científica». «Ayer nos quedamos prácticamente solos defendiéndolo», manifestó.

LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS «NO HA CAMBIADO» DESDE EL MIÉRCOLES

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Guillermo Díaz, ha declarado en una rueda de prensa en Málaga que «no ha cambiado nada» en la situación epidemiológica ni ha variado significativamente el nivel de inmunización de la población frente al coronavirus para que los partidos del Gobierno hayan cambiado de postura desde que se votó la propuesta de Cs en el Senado, que fue planteada previamente en el Congreso el 9 de junio.

A su juicio, «están utilizando este anuncio» sobre las mascarillas «como cortina de humo para tapar los indultos» que el Ejecutivo va a conceder a los líderes independentistas catalanes condenados por el ‘procés’ de 2017.

«Es una vergüenza que los españoles hayan tenido que llevar la mascarilla dos semanas más al aire libre, con el calor que hace y con la sensación de libertad que da ir sin mascarilla», porque «el señor Sánchez decide que tiene que encubrir los indultos con esto», ha afirmado el dirigente de la formación naranja.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este viernes de que ahora comienza «el fin del sanchismo» y le ha sugerido al PSOE que «se olvide del cinturón rojo» porque «su discurso de lo social y los pobres ha caído».

Así lo ha expresado Ayuso durante su turno de réplica tras escuchar los discursos de la oposición en el segundo día del Debate de Investidura en la Asamblea de Madrid. «Yo he empezado una nueva Lgeislatura, no he terminado nada. Aquí lo que termina es el fin del sanchismo en España, que después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear. Lo que empieza es una nueva etapa de ilusión en España y de que otra forma de hacer las cosas es posible y que hay luz al final del túnel», ha lanzado.

Para Ayuso, el Gobierno de España «ha destruido RTVE, el prestigio del CIS y han puesto a los altos cargo del PSOE en los más relevantes puestos en administración», pero después de esto, a su juicio, viene el «mantra del socialismo con la igualdad».

«Todos somos iguales, pero ¿igualdad es que te ocupen la casa? Que te vayas unos días y que al volver te hayan ocupado tu vivienda y que luego el ocupa sea el beneficiado. ¿Eso es igualdad? ¿Igualdad es que te regalen el aprobado? Esto es igualdad, socialismo», ha arremetido contra los socialistas.

En esta línea ha criticado que «igualdad, socialismo» signifique para ellos que los que han roto la convivencia en Cataluña, y que tratan a los catalanes de primera y segunda, y que a los que han cometido «esos graves delitos hoy van a irse de patitas a la calle por igualdad, socialismo».

«¿Por qué ya que estamos no imputamos a los Pujol y a todos los cabecillas de los ERE? Igualdad, socialismo», ha ironizado al tiempo que ha criticado que quieran «arruinar a todos los mayores por igual subiéndoles los impuestos».

Cree que en las urnas del 4M los madrileños han castigado las políticas de Pedro Sánchez y le ha acusado de haber perjudicado a Madrid con sus políticas, porque «han insultado una y otra vez a la Comunidad».

«Despídanse del cinturón rojo, se ha acabado lo de los social y los pobres es nuestro. Ese discurso ha caído. No sé si han visto el mapa de la Comunidad en estas elecciones pero los madrileños quiere respeto, libertad y futuro, algo que el PSOE ha abandonado», ha concluido Ayuso.

Podemos ha mostrado su «apoyo claro y firme» a una solución «pacífica y duradera» a la situación del pueblo sahararui, que pasa por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y la puesta en marcha de un referéndum de autodeterminación.

Así lo han manifestado la eurodiputada de la formación morada, Idoia Villanueva, y el diputado de Unidas Podemos en el Congreso y vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Antón Gómez-Reino, tras asistir a la recepción en la Puerta del Sol a la ‘marcha por la libertad del pueblo saharaui’, que reclama visibilización para su causa.

Villanueva, responsable del área Internacional de Podemos en funciones, ha ensalzado la acción de estas marchas en favor del pueblo sahararui que llevan más de un mes recorriendo el país pidiendo «algo muy simple, justicia».

«Una justicia que lleva demasiado tiempo sin hacerse real y que tiene que estar basada en una solución pacífica, duradera y dentro de las resoluciones de Naciones Unidas», ha proclamado.

Por tanto, ese apoyo «claro y firme» también se extiende a la necesidad de que España trabaje en esa solución, basada también en el referéndum de autodeterminación para el pueblo sahararui.

A su vez, ha detallado que pronto se conocerá la sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre el tema pendiente del uso de los recursos que está haciendo Marruecos en el territorio saharaui, por lo que en Europa se «mira también con mucho interés ese momento, esperando que sea posible esa mesa de negociación pacífica y duradera».

LO OCURRIDO EN LA FRONTERA DE CEUTA ES «INADMISIBLE»

Mientras, Gómez-Reino ha agradecido el apoyo «masivo» de la sociedad civil a la demanda del pueblo saharaui, dado que pese al momento político «difícil» era importante «articular» una marcha sobre esta reivindicación.

En la misma línea que Villanueva, ha considerado «imprescindible» que se den pasos adelante para una «salida» a la cuestión del Sáhara Occidental en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.

También ha querido dejar claro que lo sucedido en la frontera en Ceuta, en el marco del conflicto diplomático con Marruecos, es «inadmisible» y ha instado a trabajar para que se «respete» la libre autodeterminación del pueblo saharaui.

El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha solicitado unas políticas planificadas y coordinadas con las instituciones canarias, la sociedad civil y la ciudadanía para gestionar la crisis migratoria en las islas.

De esta manera, ha reclamado que se eviten medidas reactivas y de emergencia al entender que sólo ofrecen respuestas cortoplacistas y reduccionistas frente a una realidad que es poliédrica y que requiere de una perspectiva temporal más larga.

Al respecto, el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, reconoció que ha habido un cambio de criterio en los traslados desde el archipiélago «agilizando y desbloqueando las políticas de contención».

«Pero esto no debe depender del Gobierno de turno, se necesitan políticas planificadas y coordinadas», dijo este viernes durante la presentación del informe ‘Las personas refugiadas en España y en Europa’.

Por su parte, el Comité ha hecho especial hincapié en la necesidad de activar los mecanismos de solidaridad territorial, diseñando una redistribución de las personas entre todas las comunidades autónomas.

GARANTIZAR UNA POLÍTICA DE TRASLADOS ÁGIL Y TRANSPARENTE

Asimismo, CEAR ha reclamado garantizar una política de traslados ágil, transparente y sistematizada desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península para las personas llegadas a estos territorios, en especial a los perfiles más vulnerables.

El objetivo aquí es evitar que las islas y los territorios ultraperiféricos de la UE vuelvan a convertirse en grandes campos de retención.

UN TOTAL DE 1.842 PETICIONES DE ASILO EN CANARIAS

España volvió a ser el tercer país en 2020 de la UE que atendió a un mayor número de solicitantes de asilo, con Venezuela y Colombia como principales países de origen. En este caso, Canarias fue la cuarta CCAA con mayor número de solicitudes con 1.842.

Sin embargo, solo el 5% de las casi 115 000 personas cuyo expediente se resolvió en el conjunto del país logró la protección internacional (muy lejos del 33% de la medida comunitaria), mientras que el 45% obtuvo una autorización de residencia por razones humanitarias y el 60% quedó en desamparo.

Lorenzo expuso en este punto que a pesar del descenso generalizado en el número de solicitantes de asilo a nivel estatal –un 25% debido al cierre de fronteras por el Covid–, en el caso de Canarias la tendencia es inversa con un aumento del 28,32%.

CANARIAS RECIBIÓ 23.023 MIGRANTES, MÁS DE LA MITAD DE TODA ESPAÑA

Mientras, durante el pasado año la llegada irregular de migrantes a la UE descendió un 23% respecto a 2019. De las 99.475 personas registradas, el 86% lo hicieron por vía marítima (85.809)

De éstas, 40.106 (el 47%) arribaron a las costas españolas y más de la mitad de ellas (23.023) a Canarias, ruta migratoria que se reactivó con fuerza a partir de septiembre de 2019.

De igual modo, el año pasado, 1.417 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, de las que 330 navegaban hacia España. A estos fallecimientos se unieron los de 539 personas en la costa noroccidental de África, que principalmente se dirigían hacia Canarias.

EL MUELLE DE ARGUINEGUÍN, LO MÁS PREOCUPANTE DE 2020

El informe resalta que en materia migratoria, lo más preocupante ocurrido en España el año pasado fue lo ocurrido a partir de agosto en el muelle de Arguineguín que se convirtió en un campamento improvisado en el que se hacinaban centenares de migrantes en condiciones infrahumanas.

CEAR matiza que «especialmente dramática» fue la decisión de separar a las familias llegadas, incluso a niños y bebés de sus padres, en algunos casos durante más de un mes.

Además, el Comité añadió que una vez desmantelado el campamento de Arguineguín a fines de noviembre, la solución propuesta por el Gobierno, el denominado Plan Canarias, que contempla la creación de 7.000 plazas de acogida, «la mayoría de ellas en condiciones muy precarias, ha sido claramente insuficiente».

Ante esta situación, la entidad ha visto imprescindible redimensionar el programa de acogida humanitaria y dotarlo de una estructura estable y flexible y complementarlo, además, con una política de traslados de migrantes ágil y transparente y con unos protocolos adecuados de atención a los menores.