Javier Tebas ha convertido la lucha contra la piratería en la gran bandera de su mandato al frente de LaLiga, pero cada nuevo capítulo de esa ofensiva deja más dañada la imagen de quien la dirige. El último lo ha destapado este jueves El Español, que desvela que LaLiga habría incorporado sin autorización las firmas de tres de sus inspectores a 1.352 informes contra bares acusados de emitir partidos sin licencia. Ninguno de los tres había revisado esos expedientes, que acabaron como prueba en más de cien juzgados.
El 16 de enero de 2025, en las oficinas de LaLiga en la calle Torrelaguna de Madrid, el director del departamento HORECA, Alberto Díaz Lorente, pidió a tres verificadores veteranos que firmaran juntos un folio en blanco y añadieran su número de DNI. La explicación que recibieron, según su testimonio, fue que lo hicieran "por si acaso hacía falta para algo". A partir del 13 de marzo de 2025, ese bloque de firmas empezó a aparecer en los informes bajo el epígrafe de supervisores de expedientes, y de todos los documentos solo 73 correspondían a inspecciones que uno de esos empleados había hecho en persona.
Los informes llegaron a más de un centenar de juzgados de instrucción, con bares de hasta 17 comunidades autónomas. El diario apunta a posibles delitos de falsedad documental, uso judicial de documentos falsos y estafa procesal, aunque serán los tribunales quienes determinen si existieron y quién debe responder por ellos.
LaLiga lo niega y asegura que es "categóricamente falso" que usara firmas sin conocimiento de sus dueños. Sin embargo, en una respuesta por escrito enviada en septiembre a uno de los afectados, admitió que su rúbrica figuraba también en expedientes ajenos.
El episodio sería grave por sí solo, pero pesa más porque se suma a una larga lista. La patronal puede presentar cifras llamativas, como una caída de casi el 60 % en el consumo pirata en España durante la temporada 2024-25, pero el problema es el precio que están pagando por esa estrategia ciudadanos, empresas y aficionados que no tienen nada que ver con el fraude... y el desgaste que eso provoca en una competición que vive precisamente de su relación con el público.
Los bloqueos que pagan quienes no ven fútbol
El ejemplo más visible llega cada fin de semana. Desde febrero de 2025, LaLiga se apoya en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona para ordenar bloqueos de direcciones IP durante los partidos. La resolución mantiene su vigencia hasta la temporada 2026-27. Como muchas webs comparten la misma dirección, el corte arrastra a páginas que no tienen relación alguna con el fútbol. Algunas jornadas llegaron a dejar sin servicio incluso a OpenAI.
Lejos de rebajar la tensión, Tebas ha optado por menospreciar a los afectados. El presidente de LaLiga ha atribuido las quejas a unos pocos "frikis" y ha sostenido que los bloqueos solo perjudican a "cuatro gatos". Llegó incluso a advertir a la Real Academia Española de que podría acabar demandada si no exigía a Cloudflare que dejara de compartir su dirección IP con servicios ilegales. Ese tono ha alimentado la percepción de una organización que antepone su negocio audiovisual al funcionamiento normal de internet.
La pelea con Cloudflare ha llevado ese desgaste fuera de España. Su consejero delegado, Matthew Prince, alertó de que los cortes podían afectar a servicios de emergencia y dijo rezar "para que nadie muera". Tebas le respondió en enero llamándole "Narco Maduro de internet". La empresa ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional, igual que la asociación de ciberseguridad RootedCON, y ha denunciado ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que España permite cortar servicios digitales en beneficio de intereses comerciales locales. Entre los perjudicados figuró una aplicación de farmacias de guardia de Zaragoza, cuyo desarrollador acabó ganando su pulso a la patronal.
Cartas de LaLiga a las casas de los usuarios
La ofensiva ha alcanzado también a los aficionados de a pie. Desde 2024, LaLiga envía cartas a titulares de conexiones a internet en las que identifica su IP y los partidos vistos, y les exige cifras como 450,16 euros para evitar un juicio. Tebas presumió de que la mayoría de los destinatarios pagaba. En febrero de este año, tras una resolución de un juzgado de Córdoba que permitió identificar a usuarios, la patronal reclamó 262 euros a cada uno de 2.000 consumidores, y calcula que las reclamaciones podrían superar las 8.000 esta temporada. Para lograrlo necesita los datos personales que las operadoras le ceden por orden judicial, algo que ha generado inquietud por la privacidad de los clientes.
En los bares, la presión se ejerce a través de un ejército de verificadores. Cerca de un centenar se hacen pasar por clientes para recorrer miles de locales. Sobre su trabajo se han acumulado sospechas desde hace tiempo. En abril de 2025, El Español documentó que uno de ellos firmó un informe contra un bar de Barcelona, cuyo abogado demostró que el local descrito era otro. En julio, el mismo diario reveló que un proveedor de LaLiga pagaba a sus empleados 100 euros por cada declaración como testigo en estos juicios. A todo ello se sumó en enero una recompensa de 50 euros para los ciudadanos que denuncien a hosteleros.
LaLiga presume de haber superado las 2.000 sentencias contra establecimientos hosteleros, con 317 causas en instrucción y 488 pendientes de juicio. Si los informes que sostienen esas acusaciones llevaban firmas de supervisores que no supervisaron nada, la duda alcanza a buena parte de su estrategia judicial. En septiembre, Miguel Galán ya había denunciado un presunto fraude masivo en las denuncias por piratería, poco después de que la patronal despidiera a 22 inspectores, según Crónica Global.
El desgaste ha llegado a la política, porque incluso en los grandes partidos han admitido que los bloqueos dañan a terceros inocentes y han prometido regularlos. Mientras tanto, LaLiga y Telefónica buscarán una nueva autorización judicial para mantenerlos a partir de 2027, en un clima muy distinto al de hace dos años. La patronal seguirá exhibiendo victorias, como la condena a una red de IPTV con más de 2 millones de usuarios y más de 40 millones de euros en indemnizaciones y multas. Pero los recursos ante el Constitucional siguen pendientes, y el caso de las firmas ya está sobre la mesa de los juzgados que juzgaron a cientos de bares.
