El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado un real decreto-ley que habilita partidas presupuestarias de hasta 509,5 millones de euros para resarcir aquellos daños provocados por la borrasca ‘Filomena’ que puedan ser cubiertos mediante las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

El real decreto-ley precisa los tipos de ayuda a repartir para compensar los daños provocados por la borrasca, añade una serie de bonificaciones de tipo fiscal y laboral, amplía el territorio amparado por la declaración de zona afectada por la emergencia y extiende su vigencia a cualquier emergencia de protección civil en el periodo del 1 de abril de 2020 al 31 de junio de 2021.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de enero la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC) para las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra, y puso en marcha el proceso de evaluación de los daños provocados por la tormenta, a los efectos de determinar las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

El grueso de esta evaluación de daños ha sido realizada por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que han revisado 6.643 expedientes de siniestros provocados por el episodio ‘Filomena’ entre los días 7 y 18 de enero y referidos en exclusiva a daños que hayan podido afectar a particulares, a corporaciones locales y a infraestructuras públicas. Esos 6.643 siniestros incluyen unos daños totales que, en una primera revisión de elegibilidad, alcanzan un importe de 493,6 millones de euros.

AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY

La cuantificación de los daños provocados por el episodio ‘Filomena’ directamente resarcibles por el Estado asciende a un máximo de 435,3 millones de euros. Durante este proceso de evaluación, los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Agricultura, Pesca y Alimentación han documentado daños áreas de su competencia en territorios no contemplados en la ZAGEPC del 19 de enero.

Por esta razón, el real decreto-ley aprobado este martes amplía su ámbito de aplicación a las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, y eleva los daños evaluados en infraestructuras públicas e intereses privados en un montante global de 44,3 millones de euros. Además, el real decreto-ley añade daños detectados en edificios e instalaciones dependientes de diferentes departamentos ministeriales, que cuantifica en 30 millones.

La suma de todos estos conceptos eleva a 509,5 millones de euros la disponibilidad presupuestaria habilitada por el Gobierno para resarcir los desperfectos ocasionados por la borrasca ‘Filomena’, de los cuales 435 millones se corresponderían con daños provocados en las comunidades autónomas incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de enero de 2021; otros 44 millones en aquellas comunidades no incluidas entonces, y 30 millones por daños en edificios e instalaciones de los diferentes departamentos ministeriales.

A partir de ahora, los delegados y subdelegados del Gobierno podrán, previo informe de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros las valoraciones de los daños no personales definidos en el artículo 2 del propio real decreto-ley, para lo que la Administración cubrirá los honorarios de sus técnicos.

En el caso de daños a establecimientos industriales, mercantiles, marítimo- pesqueros, turísticos y de otros servicios, la persona que haya sido indemnizada por el Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia podrá percibir una subvención de hasta el 7 por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos, hasta el importe máximo de 9.224 euros siempre que la suma de la subvención y la indemnización no supere el valor de los daños.

OTRAS AYUDAS

Además de la ampliación de las comunidades autónomas beneficiadas por la declaración de la ZAGEPC, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha recibido solicitudes por daños causados por otros episodios de naturaleza catastrófica acaecidos a partir del día 1 de abril de 2020.

Por ello, el real decreto incorpora una cláusula que prevé que el Gobierno podrá cualquiera de las medidas en él recogidas a otros sucesos de características similares que hubieran acaecido desde el 1 de abril de 2020 o que pudieran acaecer hasta el 30 de junio de 2021.

Además, el real decreto añade otras medidas como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados en cualquier siniestro catastróficos ocurrido en ese lapso.

Otras medidas son posibles exenciones y bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social, que se concretarán en una orden ministerial posterior. A los trabajadores autónomos que perciban prestaciones por cese de actividad cuya causa inmediata sean los efectos de la borrasca ‘Filomena’ no se les computará, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los cuatro primeros meses de percepción de la prestación, y se considerará cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación por cese de actividad, el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses continuados anteriores a la situación legal de cese de actividad.

Además, los autónomos que tuvieran alguna bonificación o reducción de las cuotas de la Seguridad Social, y que como consecuencia de la borrasca solicitasen la baja, no perderán el derecho a esas bonificaciones o reducciones por el tiempo que hubiese quedado de disfrute al solicitar el alta.

El real decreto-ley establece un régimen de ayudas a corporaciones locales y entidades locales para la recuperación de las zonas siniestradas, así como actuaciones de restauración forestal y medioambiental, así como en el dominio público hidráulico y marítimo terrestre.

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha articulado por su parte, medidas destinadas a paliar daños en las producciones agrícolas y ganaderas, reducciones fiscales para actividades agrarias y financiación de avales.

En el primer caso, se trata de ayudar a los titulares de explotaciones agrarias que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción. Existen varios supuestos como explotaciones que, teniendo pólizas de seguro en vigor, hayan sufrido daños que no estuvieran garantizados; o explotaciones para las que en la fecha del siniestro no se hubiera iniciado el periodo de garantías del seguro. Las medidas fiscales especiales para actividades agrarias consisten en reducciones de índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de personas físicas.

En cuanto a la financiación de avales, el MAPA podrá poner a disposición de los operadores económicos cuya actividad se haya visto afectada por la concurrencia de situaciones de alteración de condiciones habituales de actividad líneas de financiación en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de préstamos.

Por último, todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública. El Gobierno creará una comisión interministerial para la aplicación y seguimiento de las medidas de apoyo previstas en este real decreto-ley.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla no ha ratificado la pena de prisión preventiva ordenada el pasado 6 de mayo, contra los tres detenidos por los altercados originados como consecuencia del homicidio que tuvo lugar a comienzos de mayo en Jumilla (Murcia), al entender que, actualmente, ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva.

La medida de privación de libertad se sustituye por otras medidas menos gravosas como la obligación de comparecer quincenalmente del juzgado, prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte, para evitar el riesgo de fuga, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Cabe recordar que todos ellos estaban investigados por los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos (ambos en la modalidad agravada de uso de armas u otros objetos peligrosos, así como lanzamiento de objetos contundentes y líquido inflamable), lesiones leves a 11 agentes de policía y daños.

UN HOMICIDIO, ORIGEN DE LOS ALTERCADOS

El homicidio se produjo sobre las 2.00 horas de la madrugada del viernes, 30 de abril, al sábado, 1 de mayo, cuando se desencadenó una discusión entre una joven, novia de fallecido, y la familia del presunto autor de los hechos. A la discusión se fueron sumando progresivamente más familiares.

Finalmente, el detenido como presunto autor del homicidio asestó supuestamente una puñalada al fallecido, también de 20 años, nacionalidad española y vecino de Jumilla.

En concreto, un joven de 20 años fue detenido en la misma noche de los hechos, a las 6.00 horas, como presunto autor de un delito de homicidio. Más tarde, entre el domingo y el lunes, han sido detenidos el padre, la madre y el hermano pequeño –menor de edad– del presunto autor, según las mismas fuentes.

Los tres detenidos por la muerte ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Cabe recordar que los tres mayores de edad detenidos son el presunto autor del homicidio –un joven de 20 años–, su padre y su madre. La juez investiga un delito de homicidio doloso/asesinato, atentado a agentes de la autoridad, lesiones y amenazas.

Además, en el caso del detenido que mantuvo una relación sentimental la pareja del fallecido, la juez investiga un delito de maltrato habitual y lesiones (violencia de género). Y, por último, la juez investiga dos delitos de acoso que podría haber cometido este individuo y la detenida (madre del anterior).

Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo a una cuarta persona, hermano pequeño del presunto autor de los hechos, menor de edad, según fuentes cercanas al caso.

Así, el titular del juzgado de Menores 1 de Murcia ordenó el ingreso cautelar en régimen semiabierto para el menor respecto del que se investiga un delito de atentado contra agentes de la autoridad y tres delitos de lesiones.

Todo ello, sin perjuicio de una calificación posterior de los tipos delictivos según avance la investigación de los hechos.

Gran parte de las Comunidades Autónomas se han ido posicionando a largo de estos días respecto a la posibilidad de relajar el uso de la mascarilla en las próximas fechas, lo que ha provocado una discrepancia entre varios Ejecutivos autonómicos. Galicia y Cataluña han planteado abiertamente la posibilidad de abordar el uso de la mascarilla, mientras que Andalucía, Madrid y País Vasco critican el debate sobre eliminar la mascarilla en algunos lugares.

En el Ministerio de Sanidad avanzan que es posible que en los próximas fechas se pueda reconsiderar el uso de la mascarilla en ciertos espacios. En concreto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguró este lunes que resulta «muy probable» que en «no muchos días» se pueda relajar el uso de la mascarilla.

Simón avanzaba esta posibilidad ante la buena marcha de la campaña de vacunación contra la Covid-19 y la situación epidemiológica, aspectos que también han reivindicado Ejecutivos autonómicos como Galicia y Cataluña para hablar abiertamente sobre la posibilidad de replantear el uso de la mascarilla.

No obstante, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, que fue de los primeros en posicionarse a favor de replantear el uso de la mascarilla, cree que más que cuestión de días, como dijo Simón, sería «cuestión de semanas». De hecho, él había pronosticado recientemente que esto podría suceder en julio o agosto.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ya anunció este domingo que en las próximas semanas, según avance el proceso de vacunación y de inmunidad colectiva, se podrán replantear el uso de las mascarillas. Según el Ejecutivo catalán, esta decisión se basará en otros países que ya han alcanzado niveles de inmunización más altos.

«ES LA MEJOR ARMA QUE TENEMOS»

En el lado opuesto de estos posicionamientos se encuentran autonomías como Andalucía, que ha criticado el debate sobre el uso de la mascarilla porque, según ha defendido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se trata de el «arma más potente» con el que se cuenta para luchar contra la pandemia.

En parecidos términos se ha expresado el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en funciones, que no considera una prioridad en estos momentos prescindir del uso de la mascarilla. «La pandemia no ha terminado», señalan desde el Gobierno madrileño.

En el caso del Gobierno Vasco, consideran que solo se podrá flexibilizar el uso de la mascarilla cuando gran parte de la población haya recibido el ciclo completo de vacunación. Por ello, rechazan hacer «especulaciones» y llaman a la «prudencia».

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que se ha mostrado partidario de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en algunos espacios abiertos, naturales o playas, cree que esas decisiones se tienen que tomar «cuando corresponda». «Por ahora es absolutamente obligatoria la mascarilla, la distancia y ventilar, si continuamos así este verano será mucho mejor que el pasado y con la perspectiva de la reactivación», ha sentenciado.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha instado a los partidos políticos a regular los microcréditos y definir mejor los gatos de campaña que deben considerarse electorales y subvencionables, y ha adelantado que la institución aprobará en junio una moción con sus propuestas al respecto.

De la Fuente ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar los dos últimos informes de fiscalización relativos a partidos políticos, los referidos a las elecciones locales y generales de 2019.

Sólo en el informe de las generales de noviembre de ese año el Tribunal de Cuentas destapó casi un millón de euros de gastos que no tenían la consideración de electoral o que directamente no debieron de haberse hecho. Y al no ser admitidos, no pudieron acogerse a subvención.

En sus informes, la institución recomienda al Legislativo especificar las categorías de los gastos electorales contemplados en la LOREG, así como las imputables a la subvención de los gastos electorales por el envío directo y personal de sobres y papeletas o de propaganda electoral.

También ve oportuno evaluar la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en medios privados a los nuevos soportes de publicidad existentes (prensa digital y otros usos en Internet) para precisar cuáles se incluyen a efectos de comprobar la limitación legal establecida. Propone además que el tope de gasto en campaña se vincule con el número de electores y no con el numero de habitantes de la circunscripción como se viene haciendo.

LA DEFINICIÓN ACTUAL DE GASTO ELECTORAL ES INSUFICIENTE

La presidenta del Tribunal ha insistido en la necesidad de afinar la definición de los gastos electorales pues considera que el artículo 130 de la Ley Electoral es «insuficiente». En todo caso, ha animado a aprovechar la doctrina de la institución a la hora de considerar electorales unos gastos y no otros.

A tal fin, el Tribunal ya tiene programada para este año la aprobación de una «moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas», y De la Fuente ya ha adelantado que verá la luz en junio.

Y en esa moción se hablará también de los microcréditos, pues la institución viene pidiendo, por lo menos, fijar una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, que éstos sean ingresados en las cuentas bancarias electorales y que tengan que ser devueltos antes que de se cumpla un año natural de la celebración de las elecciones para las que se concedieron. Asimismo, pide que para renunciar a su devolución y que pasen a ser una donación, los prestamistas lo tengan que especificar por escrito.

Según ha recordado la presidenta, los microcréditos son una fórmula nueva de financiación de los partidos que no está regulada, pues no es una donación, ya que la aportación hay que reintegrarla, y tampoco es un crédito bancario, por lo que es inaplicable la normativa del sector financiero.

De momento, el Tribunal se ocupa de asegurar que estos microcréditos no exceden del tope de 10.000 euros establecido para las donaciones particulares y, más adelante, en el informe anual de cada partido, comprueba si efectivamente ese dinero fue devuelto al ciudadano.

LA FISCALÍA NO HA PEDIDO ACTUACIONES PENALES

La portavoz del PP, Pilar Marcos, ha preguntado por el caso de Unidas Podemos, investigada judicialmente por el ‘caso Neurona’ y que habitualmente recurre a estos microcréditos, pero De la Fuente ha dicho que, respecto a estos dos informes, la Fiscalía del tribunal de Cuentas no ha pedido ninguna actuación penal contra los ‘morados’.

En cuanto al ‘mailing’ de los partidos, la presidenta del tribunal ha vuelto a recomendar que se evalúe «la eficiencia material y económica» de estos envíos generalizados de sobres y papeletas, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos en las mesas electorales. Su consejo es buscar un sistema más acorde a las nuevas tecnologías con garantías, que permita reducir costes, pero en todo caso ha garantizado que, mientras esté en la legislación, no va a proponer que se deniegue la subvención.

En este punto, el diputado del BNG, Néstor Rego, se ha quejado de que su partido y otras formaciones nacionalistas como Coalición Canaria, Junts y Compromís no hayan recibido subvención pese a haber formado grupo parlamentario en el Congreso y ha acusado a la institución cambiar el criterio. «El BNG no se va a quedar quieto ante este atropello», ha avisado.

Pero la presidenta ha replicado que no se ha cambiado de opinión, sino que viene aplicando este principio al menos desde 2015. Según ha recordado, la ley establece que sólo se abonará la subvención a quien tenga «el número de votos suficiente para formar grupo parlamentario en el Congreso», y eso no incluye a quienes, como el BNG, no alcanza ese mínimo. Otra cosa es, ha añadido, que el BNG pueda constituir grupo uniéndose a otros partidos.

POSIBLE SANCIÓN A CIUDADANOS Y VALLS

Por último, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha preguntado por qué no se ha recortado la subvención a la coalición de Barcelona por el Cambio que Ciudadanos formó con la plataforma de Manuel Valls en Barcelona pese a que en el informe se habla de un exceso de gasto de 190.000 euros, algo que constituye una infracción sancionable.

De la Fuente ha aclarado que los informes de fiscalización se limitan a señalar una irregularidad, pero sin prejuzgar si debe sancionarse, una tarea de la que se ocupa el Pleno del tribunal en una fase posterior, avisar al partido afectado y escuchar sus alegaciones.

Y esa posibilidad de sanción sigue estando sobre la mesa: «En todos los casos en los que el informe de las elecciones locales se habla de concurrencia de irregularidades, se abre un procedimiento sancionador –ha explicado–. Pero antes hay un trámite de información previa, de remisión de una resolución a la formación llamándole la atención y dando la posibilidad de alegaciones, y al final se resolverán las posibles infracciones y se deducirá sanción correspondiente».

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que las elecciones madrileñas han provocado un «cambio de ciclo» aparejado de un proceso de «reagrupación del centroderecha», aún «incompleto», que es «muy importante» para la gobernabilidad de España. Además, ha señalado que se ha producido un proceso de fragmentación de la izquierda «muy peligroso» que va a llevar a que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se vaya a «radicalizar más».

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Aznar ha subrayado que se ha producido «un cambio muy importante» en las elecciones en la Comunidad de Madrid. «Han cambiado yo creo que un ciclo político», ha resaltado.

Según ha explicado, en este momento «se produce un fenómeno de reagrupación del centroderecha que para la estabilidad y la gobernabilidad de España es muy importante». Eso sí, ha indicado que ese proceso es «incompleto» –en alusión a Vox– pero es un movimiento «muy relevante». «En eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente determinantes», ha apostillado.

Aznar ha lanzado como segunda reflexión el hecho de que se haya producido un «proceso de fragmentación de la izquierda muy peligroso». «Lo que creo que va a pasar ahora es que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Esta mayoría de Gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más», ha pronosticado.

«SE JUGARÁ AL SEPARATISMO»

En este punto, el expresidente ha recalcado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez gobierna con «comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes». De hecho, ha augurado que en Cataluña, tras anunciarse el principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern, no va a suceder «nada bueno».

«Cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno separatista, se jugará al separatismo. Es lo que va a pasar», ha manifestado, para añadir que ya se está diciendo que el Gobierno de Sánchez «va a acelerar los indultos».

En este punto, ha criticado que a aquellos políticos condenados por el ‘procés’ que dieron «un golpe» el Gobierno de España pueda indultarlos. «Hay otra política: el que quiere cargarse la Constitución y la unidad de España, lo paga», ha proclamado.

«OJALÁ VOLVIESEN LOS GRANDES PACTOS»

El expresidente del Gobierno ha defendido la Constitución de 1978, uno de los «grandes éxitos» de España junto a la convergencia en el euro, y ha pedido recuperar el «respeto al pacto constitucional», la «alternancia política», el «respeto al Estado de Derecho y la ley» y gobernar con sentido común». A su entender, son cuestiones que están siendo «hoy maltratadas» en España.

«Ojalá volviesen los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centroderecha y de centroizquierda, que resultaron muy positivas y supusieron la transformación de España», ha manifestado el expresidente del Gobierno.

Aznar ha aludido a dirigentes políticos del «socialismo moderado» como Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, y ha criticado que el PSOE vaya a echar al expresidente de la Comunidad de Madrid «por defender que lo natural es pactar» entre el PSOE y el PP. «Son dos nombres de altura y como son de altura, les van a echar», ha enfatizado.

ANIVERSARIO DEL 15M

Ante el aniversario del nacimiento del movimiento del 15-M hace una década, Aznar ha señalado que él «nunca» tuvo «ninguna esperanza en el 15M» ni de que «allí saliera nada bueno». A su entender, de la ruptura del bipartidismo no ha salido «prácticamente nada bueno».

A su entender, España «no ha ganado nada» con el multipartidismo sino que hay más «inestabilidad, fragmentación y confrontación», al tiempo que hay un «descenso del nivel político y económico». «¿Eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país», ha apostillado.

Además, Aznar ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de estar centrado en los problemas actuales con crisis como la de Ceuta, esté pensando en planes para el año 2050. «He leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050 el jueves que viene», ha ironizado.

El expresidente del Gobierno ha solicitado a Pedro Sánchez que «no abdique de su responsabilidad» como, a su juicio, ha hecho en la pandemia al «transferir» esa responsabilidad a las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, una vez finalizado el estado de alarma.

SITUACIÓN EN CHILE Y COLOMBIA

Tras asegurar que la situación política Latinoamericana es «extraordinariamente compleja y muy preocupante», se ha centrado en países como Chile, donde a su juicio, «se confirman los peores temores» porque «el populismo es un fenómeno creciente y no decreciente».

Aznar, que ha recordado que la estabilidad que había vivido Chile estos años, ha resaltado que a raíz de la «revuelta social» con el «pretexto» de la subida de las tarifas de metro, se va a desarrollar ahora «un proceso constituyente en la izquierda radical». A su entender, esta situación «en el mejor de los casos abre un periodo de incertidumbre enorme para el país» y «en el peor de los casos puede abrir un proceso seudorevolucionario».

«Y Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, está pasando exactamente lo mismo», ha advertido, para añadir que «las tácticas» para desestabilizar este país «son las mismas» que se han empleado en Chile.

Sobre Venezuela, ha dicho que ahora «se va a intentar una fórmula negociadora», algo que, en su opinión, «no es más que perder el tiempo otra vez» porque «no es más que intentar administrar humo». Además, ha destacado el hecho de que Nicolás Maduro «haya tomado» el diario nacional, el «órgano que quedaba de libertad de expresión» en el país.

El cuerpo de la viguesa Déborah Fernández-Cervera, que apareció en 2002 en una cuneta de O Rosal (Pontevedra) unos días después de su desaparición, ha sido exhumado este martes, tras la autorización del juzgado de instrucción de Tui, para que los peritos forenses analicen los restos en busca de posible indicios que arrojen luz sobre su muerte.

Así, en presencia de la familia, de sus abogados y peritos de parte, así como de forenses del Imelga (entre ellos Fernando Serrulla, de la Unidad de Antropología Forense de Verín), la secretaria del juzgado e investigadores de Policía Nacional, se ha procedido a la extracción del féretro del panteón familiar, en el cementerio de Pereiró. Los restos de la joven han sido trasladados a dependencias de una empresa fúnebre y está previsto que luego sean llevados al hospital Meixoeiro de Vigo para unas primeras pruebas y, finalmente, al hospital Nicolás Peña, también en la ciudad olívica.

Según ha explicado uno de los abogados de la familia, Ignacio Amoedo, los forenses buscarán alguna pista que lleve a aclarar las circunstancia de su muerte, como ADN bajo las uñas o indicios de alguna fractura ósea, ya que en la autopsia que se le hizo hace casi dos décadas, solo se radiografió el cuerpo de cuello para arriba.

En todo caso, el letrado ha reconocido que es posible que «tantísimos años después» los restos no estén en condiciones para obtener información relevante, y ha lamentado que «esto se esté haciendo en 2021, cuando tenía que haberse hecho en 2002». «Si estamos ahora aquí es porque se han hecho mal las cosas, y a lo mejor ahora ya no hay solución», ha señalado.

Asimismo, ha precisado que, incluso aunque puedan obtenerse pruebas de ADN que impliquen a alguna persona en el crimen, dichas pruebas tampoco serían definitivas porque «no derivarían necesariamente en una acusación de asesinato». «Ha sido esperpéntico todo el proceso hasta aquí, una chapuza en muchos aspectos, y la familia tiene sensación de frustración», ha proclamado.

«AFERRARSE» A POSIBLES NUEVAS PISTAS

En ese sentido, ha recordado que, en algún momento de la instrucción, se llegó a valorar incluso la posible «muerte súbita», un extremo que la familia y sus peritos han negado siempre, y ha vuelto a insistir en que «hay que aferrarse» a las posibles pistas que salgan de los nuevos análisis del cuerpo, así como del disco duro (ya en posesión de la empresa Lazarus Technology) y de la agenda personal de la víctima.

«Tenemos un año por delante, hay que seguir luchando, tenemos que agarrarnos a la esperanza», ha señalado Ignacio Amoedo, en alusión al plazo de prescripción de este caso, que finaliza en 2022. No obstante, ha expresado su convencimiento de que, independientemente de lo que pase en los próximos meses, la familia «seguirá luchando más allá del plazo de prescripción».

En opinión de este abogado, lo ocurrido con el crimen de Déborah Fernández, «es un caso de libro» de responsabilidad patrimonial del Estado «por un deficiente funcionamiento de la administración de Justicia».

«DÍA DURO PARA LA FAMILIA»

Por su parte, tanto la madre como la hermana de Déborah han agradecido el apoyo recibido, especialmente por los medios de comunicación, y han constatado que, «si no llega a ser por la presión mediática», no hubieran llegado hasta donde lo han hecho, hasta la exhumación del cuerpo de la joven.

«Es un día muy duro para mi familia, por vernos en la obligación de levantar el cuerpo de mi hermana después de 19 años», ha lamentado Rosa Fernández-Cervera, quien ha señalado que, de no ser por la atención mediática que ha tenido el caso, no habrían podido avanzar. «Parece mentira que tengamos que vender nuestra piel al diablo», ha añadido.

«ESTAMOS CERCA»

En el proceso de exhumación de este martes ha estado también presente el criminólogo Óscar Tarruella, perito de la familia, quien ha señalado que se hará un estudio «muy minucioso» de los restos tanto por parte de los forenses del Imelga, como del experto contratado por la familia, Aitor Courel. «La de hoy es una jornada dura pero necesaria, y es el reconocimiento de que hubo un error institucional que debe ser reparado», ha afirmado.

Además, ha señalado que el análisis de los restos, así como del disco duro del ordenador de Déborah y de su agenda, «junto con otras piezas del puzzle» permitirán «dar caza al asesino» de la joven. «Estamos cerca, si yo fuera esa persona, de la que ha sospechado siempre la Policía, no estaría tranquilo», ha afirmado.

Al respecto, Tarruella ha mostrado su esperanza de que el avance de la ciencia y la tecnología permitan obtener información adicional para este caso, e incluso que, si hay restos de ADN, se puedan cotejar con muestras indubitadas que fueron extraídas en el marco de la investigación.

Déborah Fernández-Cervera desapareció en 2002, cuando tenía 21 años de edad, después de salir de su casa para hacer deporte. Su cadáver fue localizado diez días después, rodeado de pistas falsas, en una cuneta de O Rosal, y nunca hubo nadie detenido ni formalmente imputado por este crimen.

La investigación de esta muerte se archivó en 2010, pero el juzgado emitió un auto para su reapertura a finales de 2019. Desde entonces, se ha tomado declaración a varios testigos y se han autorizado diversas pruebas periciales, una de ellas ha sido la exhumación de su cuerpo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que va a viajar a Ceuta y Melilla para abordar la crisis migratoria y humanitaria, y ha garantizado que el Ejecutivo trabaja para restablecer el orden y la seguridad en las ciudades autónomas con la «máxima celeridad», y que defenderá con «firmeza» la «integridad de España». Además, ha recordado a Marruecos que para poder resolver esta crisis, es fundamental la «cooperación» y «siempre» el «respeto a las fronteras mutuas».

«Para resolver provechosamente esta cooperación, para que resulte efectiva, debe basarse siempre, siempre, en el respeto; en el respeto a las fronteras mutuas. Es la base sobre la que se construye la vecindad entre países amigos», ha asegurado.

Así lo ha afirmado en una declaración institucional que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros, y en la que ha advertido de que la llegada masiva de inmigrantes en Ceuta es una grave crisis para España pero también para la Unión Europea.

«Mi prioridad como presidente en estos momentos es garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente», ha aseverado.

El presidente ha evitado responsabilizar directamente a Marruecos de la situación, y ha asegurado que es «un país socio y amigo de España» y que así debe seguir siendo, pero sí ha querido destacar la importancia de «cooperar y trabajar juntos» para resolver esta crisis.

«Mi deseo es estrechar aún más esta relación de amistad con nuestros vecinos. Los lazos humanos, históricos, culturales, económicos, estratégicos, nos llaman a ambos países a cooperar y trabajar juntos para progresar conjuntamente», ha enfatizado, antes de recordar que esa cooperación debe basarse en el «respeto».

Sánchez ha comenzado su mensaje trasladando a los españoles y a los habitantes de Ceuta y Melilla que va a ser «firme» para restablecer el orden en las fronteras y para garantizar la seguridad frente a «cualquier desafío, cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia».

En este sentido, ha dejado claro que la «integridad» va a ser defendida con todos los medios necesarios y con el respaldo de la Unión Europea. «La integridad de Ceuta, como parte de nuestra nación, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas allí está garantizada por la acción del Gobierno», ha enfatizado.

Así, ha informado de que el Ejército ya ha sido desplegado esta madrugada, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «han sido reforzadas, y que él mismo se va a desplazar a Ceuta y a Melilla este mismo martes para conocer de primera mano la situación».

CONVERSACIÓN CON EL REY Y CON CASADO

También ha informado de que ya ha hablado con el Rey Felipe VI para ponerle al tanto de la situación, y de que el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un comité que hará seguimiento de la situación.

Asimismo, ha mantenido conversaciones con el líder de la oposición, Pablo Casado, con quien seguirá en contacto hasta que la tranquilidad vuelva a Ceuta y a la frontera; con el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell; con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

«Los españoles en cualquier punto de nuestra nación deben saber que la integridad de España, sus fronteras y sobre todo y ante todo la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios», garantizado.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno concede el indulto a los condenados por el ‘procés’ porque, según ha recalcado, la ley exige arrepentimiento.

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Casado ha asegurado que «el viaje a ninguna parte» del independentismo catalán que dura ya «una década» solo ha creado «pobreza, fragmentación, confrontación» e incluso «una crisis judicial». «Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico», ha enfatizado.

Además, ha recalcado que las «arengas» del nuevo gobierno para «retomar la vía hacia la independencia» al asegurar que «lo volverán a hacer» es «incompatible» con la Constitución y la legislación vigente en España.

Casado ha criticado que desde el Gobierno no se haya descartado la concesión de indultos y ha recordado que la ley que los regula «requiere de arrepentimiento». «Y si se conceden indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador. Lo quiero dejar muy claro para que no haya ningún tipo de equívoco», ha resaltado, para añadir que «esto no es diálogo sino que es ley».

VE LA AMNISTÍA «ILEGAL» Y «ANTIDEMOCRÁTICA»

Ante los que «ya hablan de amnistía», el líder del PP ha subrayado que en España la amnistía es «ilegal, anticonstitucional yantidemocrática» porque rige solo con «Códigos Penales injustos, es decir, en regímenes totalitarios».

«No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las personas que han sido condenadas en base a un supuesto Código Penal que es injusto o vulnera algún tipo de Convención de Derechos Humanos«, ha afirmado, para resaltar que ese «no es el caso de España desde hace más de 40 años».

Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez «tiene todo el apoyo del PP para abandonar la vía del apaciguamiento en torno a la autodeterminación» pero tendrá «todo el reproche del PP si intenta una vez más decir que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución a la crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana» que hay en Cataluña.

El presidente de los ‘populares’ ha pedido «recuperar la Cataluña del seny, de la concordia, del progreso y del empleo», así como de «la España unida y de los gobiernos que gobiernan y no hacen ingeniería social».

DEFIENDE EL PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO DEL PP

En su conferencia bajo el título ‘Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el planeta’ en el marco del Congreso de CEAPI, Casado ha contrapuesto el discurso «triunfalista» del Gobierno con el «drama económico y social» que vive España y ha reivindicado el plan de choque presentado por su partido.

Además, el jefe de la oposición ha propuesto que los fondos europeos se utilicen para proyectos de recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y eficiencia en el sector público.

Tras afirmar que la relación de España con Latinoamérica es «claramente mejorable», ha criticado también la pérdida de peso específico de España en el exterior, como demuestra a su juicio que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleve casi cuatro meses después de su toma de posesión sin llamar a Pedro Sánchez.

La Fiscalía de Valencia ha recurrido la absolución de los tres internautas que en octubre de 2016 publicaron mensajes ofensivos hacia Adrián, el niño de ocho años enfermo de cáncer que de mayor quería ser torero y que acabó falleciendo en 2017: «hubo lesión al espíritu de la víctima».

Así se desprende del recurso que ha presentado el ministerio público ante la Audiencia contra la absolución del Juzgado de lo Penal número 2 de València de los tres internautas. Estas tres personas fueron juzgadas y absueltas, Fiscalía recurrió y la Audiencia ordenó repetir el juicio con otro órgano distinto. La pasada semana se decretó una segunda absolución.

La segunda jueza absolvió a los acusados al entender que las expresiones que utilizaron en redes sociales no tenían la suficiente gravedad ni la suficiente carga ofensiva para integrar el delito.

Fiscalía discrepa. A su entender, desear la muerte a un niño enfermo, decir que debe morir o que el Estado no debe invertir dinero en su tratamiento, o manifestar que «ójala mate a vuestra madre y se muera» entrarían en la «lesión al espíritu» de la víctima o al ataque a la integridad física de un niño de ocho años «que se encontraba gravemente enfermo, circunstancias ambas conocidas de sobra por los acusados y que, por tanto, integrarían el dolo del ataque psíquico».

«A nadie se les escapa que la gravedad viene en este caso determinada por las circunstancias concretas del menor, que son conocidas por los acusados y aprovechadas para atacarle», afirma la fiscal Susana Gisbert, motivo por el que discrepa de la juzgadora.

UNO A UNO

Respecto a uno de los acusados, sobre el que la magistrada no entendió que sus expresiones fueran delictivas al ser colaborador contra el cáncer y tener 18 años, la Fiscalía subraya que hay un dolo «claro» que concurre por cuanto el joven conocía la edad y enfermedad del menor y el dolor que por ello podían causar sus palabras «y efectivamente causaron».

A su juicio, «el hecho de que estuviera especialmente sensibilizado con la enfermedad por haber perdido por ella a su abuela debería haberle sensibilizado respecto al niño enfermo en lugar de proferir expresiones despreciables respecto a él». «Sus palabras, sin duda, exceden del ámbito de la crítica política», añade.

Respecto de la conducta de otro acusado, la magistrada vio expresiones «reprochables» pero «en un ámbito social», y el ministerio público insiste en ese «dolor de alma» que ya ha recogido alguna sentencia del Tribunal Supremo.

Sobre la última acusada, la jueza recogía que hizo las manifestaciones en su cuenta de Facebook, que era «privada» y por eso no existía la trascendencia suficiente para cometer el delito. Al respecto, la fiscal advierte de que se comete el «error» de confundir una cuenta en una red social con un chat privado.

Por último, en su recurso, Fiscalía hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que advierte de que la libertad de expresión no es ilimitada en relación con el recurso de una exconcejal de Catarroja condenada por llamar «asesino» al torero Víctor Barrio a las pocas horas de fallecer.

Con todo, el ministerio fiscal pide que se anule la sentencia del juzgado y que se dicte una nueva o, subsidiariamente, que se revoque la misma y se condene a los acusados por un delito contra la integridad moral a un año de prisión.